"Con Almeida, Madrid Central se acaba el 26 de mayo", fue el eslogan del alcalde de Madrid que imprimió en las marquesinas de la capital en 2019 antes de ganar la alcaldía de la ciudad. Seis años después, el Ayuntamiento ha publicado un extenso informe en el que justifica la necesidad de la zona de bajas emisiones (ZBE) por "racional, necesaria, imprescindible y proporcional para la protección de la salud pública". El informe de Medio Ambiente calcula que para cumplir con la nueva directiva europea de calidad del aire, la capital tendrá que reducir un 60% las emisiones NOx (óxidos de nitrógeno) de los coches de aquí a 2030.
Los nuevos informes del ayuntamiento son la respuesta a la ofensiva judicial de Vox, que trató de tumbar las restricciones de paso al centro de la ciudad con el argumento de que no estaban debidamente justificadas. Esta misma estrategia es la que utilizó el PP en el pasado contra el proyecto Madrid Central de la exalcaldesa Manuela Carmena.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al partido ultra en septiembre de 2024 y tumbó las limitaciones de tráfico establecidas por el alcalde del PP alegando irregularidades en su tramitación, entre ellas una insuficiente justificación de su necesidad. Almeida recurrió la decisión al Tribunal Supremo para evitar la suspensión de Madrid 360 y todavía está a la espera de un dictamen, pero para evitar sorpresas va a modificar la normativa y ha aportado estudios que avalan su implantación.
Borja Carabante, delegado de Movilidad y Medio Ambiente, justifica la ZBE de Madrid citando a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el organismo que lleva treinta años reclamando medidas drásticas contra la contaminación de las ciudades, y subraya que recortar el tráfico contaminante "puede reducir la carga de morbimortalidad por accidentes cardiovasculares, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias crónicas". También recuerda que uno de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas es mejorar la calidad del aire, la conocida como Agenda 2030 que Isabel Díaz Ayuso calificó de "locura y fanatismo" hace apenas un mes, a raíz de los incendios.
Estos nuevos informes forman parte del Proyecto de Modificación Parcial de la Zona de Bajas Emisiones de Madrid, que inició su periodo de alegaciones el 3 agosto. En esa documentación, sin embargo, no se incluyen cambios para las limitaciones actuales de tráfico, ni en su tamaño ni en las prohibiciones.
"Lo único que se hace es una mera reorganización técnica de los artículos de la Ordenanza de Movilidad que las regulan, eliminando la mención de ciertos periodos transitorios que ya expiraron. Es decir, tras la aprobación de este proyecto, las zonas de bajas emisiones quedarán como están actualmente", critican desde Ecologistas en Acción.
El propio proyecto reconoce que las medidas que va a ejecutar el ayuntamiento, junto con el resto de medidas ya implementadas en los últimos años "son las mínimas necesarias para cumplir con los nuevos valores límite de NO2 en 2030, logrando el menor impacto económico y social posible". La "conclusión" que saca de los estudios recogidos en el proyecto, y que firma José Amador Fernández, director general de Sostenibilidad y Control Ambiental, es que "la ciudad de Madrid debe mantener todas las medidas implementadas hasta ahora, incluidas las Zonas de Bajas Emisiones y sus limitaciones a los vehículos más contaminantes", pero no añade nuevos compromisos.
Dos de cada tres municipios obligados por ley no disponen aún de Zona de Bajas Emisiones
Juan Bárcena, experto de calidad del Aire en Madrid de Ecologistas, señala que el nuevo proyecto es una profunda contradicción porque apunta al problema, pero no aporta soluciones. "Es un intento de resolver el problema jurídico, pero hace falta ir mucho más allá. La directiva de calidad del aire redactada en 1999 se cumplió en 2022 y no podemos volver a caer en esto en 2030", señala el portavoz. Se refiere a que Almeida sacó pecho en 2022 de no superar los valores máximos de contaminación –y publicó su campaña Madrid, por fin, Respira–, pero lo hizo cuatro años tarde y con estándares que se discutieron a finales del siglo pasado.
En 2024, la Unión Europea aprobó unos nuevos límites legales de concentraciones de gases nocivos para la salud, que deberán cumplirse a partir del 1 de enero de 2030, pero la ciudad está en las antípodas de esos niveles. El nuevo informe del ayuntamiento, en el que ha participado la Universidad Politécnica de Madrid, considera que hace falta reducir un 60% las emisiones de NOx respecto a 2023. Este gas tiene "efectos casuales significativos en el riesgo de 14 tipos de cáncer".
En concreto, hace falta recortar de aquí al final de la década 3.310 toneladas de NOx al año, de las que 2.683 toneladas corresponderían al tráfico rodado y 627 toneladas al sector residencial. Con las medidas planteadas hasta ahora en Madrid –incluida la prohibición de 2026 de entrar con etiqueta A en todos los vehículos, y B para vehículos industriales solo en Distrito Centro– solo se recortarían las emisiones en 1.707 toneladas al año en tráfico, un 63% de lo necesario, de manera que será indispensable incluir nuevas medidas más estrictas. Esa previsión de 1.707 toneladas es en la horquilla más optimista del informe y supone que Madrid reduzca un 20% su tráfico de aquí a 2030 por el impacto del transporte público (-793 toneladas al año de NOx).
"Con Almeida, Madrid Central se acaba el 26 de mayo", fue el eslogan del alcalde de Madrid que imprimió en las marquesinas de la capital en 2019 antes de ganar la alcaldía de la ciudad. Seis años después, el Ayuntamiento ha publicado un extenso informe en el que justifica la necesidad de la zona de bajas emisiones (ZBE) por "racional, necesaria, imprescindible y proporcional para la protección de la salud pública". El informe de Medio Ambiente calcula que para cumplir con la nueva directiva europea de calidad del aire, la capital tendrá que reducir un 60% las emisiones NOx (óxidos de nitrógeno) de los coches de aquí a 2030.