Paremos de una vez a estos fascistas (y/o jetas)
Escribamos clarito, a ver si se entiende. Hace ya mucho tiempo que vienen actuando a su antojo en España individuos que se hacen pasar por periodistas y chiringuitos que se disfrazan de medios de comunicación para vivir del puro chantaje a grandes empresas o bien del grifo de publicidad institucional que determinados gobiernos autonómicos o municipales utilizan con el dinero de todos los contribuyentes. Ese ecosistema ha permitido crecer a cabeceras que jamás han tenido un objetivo periodístico sino puramente crematístico, eso sí, sirviendo de paso a los intereses de las derechas más o menos ultras. Hay alguno, como el tal Alvise, que ha saltado incluso a la política en los comicios europeos, con el objetivo prioritario e indisimulado de blindarse en lo posible judicialmente por sus múltiples fechorías (ver aquí).
Ahora estamos asistiendo a una escalada aún más inquietante. Esos individuos y pseudomedios utilizan una estrategia concertada de acoso directo y personal a periodistas y medios que mantienen una línea editorial progresista. Abordan a compañeras y compañeros a la entrada de actos públicos o en plena calle provocándolos con insultos, calumnias o preguntas injuriosas, con la única intención de conseguir que pierdan los estribos o simplemente que respondan a la provocación. Luego hacen un montaje de vídeo en el que evitan todo lo que a ellos mancha y seleccionan cortes que distorsionen, ridiculicen o lesionen la imagen de los acusados y acusadas para difundir ese excremento a través de las redes (ver aquí).
Hay un componente añadido de signo claramente machista y misógino. El ataque en redes lo sufrimos, insisto, desde hace tiempo, decenas de periodistas a quienes nos consideran enemigos a exterminar de la vida pública, a base de intimidarnos, calumniarnos y presionarnos con disparates que pueden ir desde el ingenioso calificativo de “hijos de puta” (que X, por cierto, no considera “ofensivo”) hasta esos tópicos que definen más bien a quien los lanza, como “pesebreros”, “subvencionados”, etc, etc. Basta una ojeada al Portal de Transparencia para conocer –en la pequeñísima porción que es posible conocer– quiénes y qué cabeceras reciben dinero público y de quién (ver aquí). Pero compañeras como Esther Palomera, Ana Pardo de Vera, Marta Monforte, Silvia Intxaurrondo o Marta Nebot, entre otras, sufren la violencia añadida de un machismo cabestro, medieval, perfectamente coherente con ese negacionismo del patriarcado maltratador que desprecia a la mujer como objeto de sumisión.
Ya no se conforman con las campañas permanentes y organizadas en redes sociales, especialmente en X, para calumniar a periodistas con principios de izquierdas, sino que hacen llamamientos expresos a ejercer un acoso físico y violento del que se hace eco sin complejos Vox y que no condena tampoco el PP, sino que algunos de sus representantes salen incluso a defender a los acosadores.
Algunos de los principales abanderados de esta máquina del fango gozan de acreditaciones de prensa en instituciones como el Congreso o el Senado, de modo que disfrutan el privilegio de poder lanzar permanentemente preguntas insidiosas o simples acusaciones falsas a representantes de todo el arco parlamentario excepto PP y Vox. No es que sean molestos para los diputados y senadores que sufren su inquina, es que además están abochornando y avergonzando constantemente a cualquiera que sienta el más mínimo respeto por el oficio del periodismo y por la política como servicio público. Este último factor debería ser suficiente para que una derecha democrática rechazara y condenara esas prácticas. Pero… Lo que hay es lo que vemos.
Debemos conseguir que el miedo (también en el ejercicio del periodismo) cambie de bando. Son los insultadores y calumniadores quienes atropellan la libertad de expresión, y toda institución democrática está obligada a protegerla
El debate está abierto desde hace tiempo. Y uno cree que ya es hora de actuar además de debatir. Ya no bastan las condenas de las asociaciones y colegios de periodistas ni la solidaridad (que se agradece) de todo tipo de organizaciones políticas, civiles y periodísticas. Creo que es hora de abordar pasos más contundentes.
El Congreso o el Senado no se han atrevido a retirar las acreditaciones a esos pseudomedios por miedo a ser acusados de violentar la libertad de expresión. Hay que superar esa trampa para elefantes tan evidente como la apropiación por las derechas más extremas de conceptos como el de “libertad”, “democracia” o “igualdad”. La única libertad de expresión que se está violando es la de periodistas y medios que tienen acreditada su profesionalidad y su compromiso, mientras que estos mafiosos con micro y cámara pisotean los mínimos principios de este oficio y ensucian la dignidad tanto del periodismo como de la política.
Propongo que no caigamos en el barro que ellos dominan sino que actuemos armados con la fuerza de la ley y la palabra. Atrévanse de una vez los partidos democráticos (ya no digo progresistas sino simplemente democráticos) a establecer unos criterios básicos para conceder acreditaciones de prensa institucionales. No basta con que uno diga que es periodista o representa a tal cabecera: un medio debe demostrar que tiene una plantilla, una sede física, una responsabilidad jurídica, un cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales, una carencia de antecedentes penales, etc. Atrevámonos de una maldita vez desde la profesión periodística a acordar un código de buenas prácticas colectivo trasladable a las instituciones para que sirva de herramienta para limpiar de fango un oficio que quiere y debe recuperar su dignidad.
Ante cada intento de acoso, presión o intimidación, propongo que todas y todos los periodistas presentes, de cualquier medio (más allá de su línea editorial), reaccionemos sin tener que arrojar micrófonos al asfalto. Que vean, noten y sientan que no vamos a permitir un intrusismo delincuencial en un oficio ya suficientemente autolesionado. Reclamo que en todos los actos públicos donde estén presentes fuerzas de seguridad públicas, actúen también en defensa de las y los acosados, en lugar de quedarse mirando como si no pasara nada. Propongo que denunciemos en los tribunales, de forma colectiva, a través de asociaciones y colegios profesionales, todo acto de presión violenta sobre colegas víctimas de esa estrategia neofascista (y no, no me parece exagerada la definición si repasamos la historia documentada de lo que fueron los fascismos y su adaptación a esta modernidad digital).
Está en marcha la aplicación del reglamento sobre libertad de prensa aprobado por el Parlamento Europeo, donde ya se establecen algunos criterios de obligada transparencia a quienes pretendan ser tratados desde el ámbito público como medios de comunicación. Quizás la inminencia de esa aplicación y el anuncio de nuevas reglas en la gestión de la publicidad institucional tengan algo que ver con esta nueva escalada de acoso a periodistas y medios que incomodan a las derechas. Ni un paso atrás. Muy al contrario. Debemos conseguir que el miedo (también en el ejercicio del periodismo) cambie de bando. Son los insultadores y calumniadores quienes atropellan la libertad de expresión, y toda institución democrática está obligada a protegerla. Y una ciudadanía responsable tampoco debería cruzarse de brazos ante un fenómeno que pretende deshumanizar y silenciar a quienes simplemente cumplen, con aciertos y errores, su compromiso de informar o su derecho a opinar.
P.D. Habrá quien se pregunte por los nombres de quienes ilustran este conglomerado de intereses en intimidar el oficio del periodismo. No son difíciles de identificar, pero aquí dejo algunos ejemplos: Vito Quiles, Alvise Pérez, Bertrand Ndongo, Javier Negre, Periodista Digital, Libertad Digital… Hay muchos más. Si tienen dudas, hagan la prueba del algodón de la transparencia: comprueben cuáles de esos autodenominados medios de información (que gozan de ingresos de dinero público y de grandes empresas y bancos) publican siquiera un 5% de los datos que cada año infoLibre facilita sobre sus cuentas (ver aquí). Hágase la luz.
