Cuando José Luis Escrivá tomó posesión de su cargo como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el 13 de enero de 2020, tenía tres objetivos claros: asegurar la solvencia del sistema de pensiones a largo plazo, moderar el déficit de la Seguridad Social y gestionar flujos migratorios de forma ordenada. La realidad es que este último factor era la piedra angular de su estrategia, ya que el exministro siempre entendió la inmigración como oportunidad de crecimiento económico.
Gestionar los flujos migratorios de forma ordenada requería de dos acciones complementarias. Por un lado era indispensable eliminar toda la irregularidad sobrevenida durante 16 años de política de puerta estrecha. Por otro, había que cambiar la legislación española de extranjería para permitir una movilidad humana ordenada y segura. Existiendo la voluntad política, parecía que el principal problema para llevar todo esto a cabo era la narrativa: ¿cómo hacer para que estos procesos se pudieran llevar a cabo sin terminar inmersos en un debate polarizado y estéril? En una reunión de trabajo con el gabinete del ministro y la Fundación porCausa, llegamos todos a la conclusión de que lo mejor era no hacer mucha comunicación al respecto. Y así ha sido como se han ido aprobando varios cambios en el conjunto de las normas de extranjería que han permitido la regularización de varios colectivos, como el de los menores extranjeros no acompañados o de personas afectadas por la dana. Pero la regularización extraordinaria, acción indispensable para acabar con la irregularidad preexistente, era un tiro más largo.
El golpe de gracia a esta posible iniciativa lo asesta la covid. Cuando en marzo de 2020 se inicia la pandemia, se pierde la gran oportunidad de llevar a cabo el proceso extraordinario. A los argumentos económicos que justifican una regularización extraordinaria se sumaron inmediatamente el argumento sanitario y el productivo. Es casi temerario tener una población fuera del radar, sin asistencia sanitaria con miedo a acudir a los centros de salud por su condición de irregularidad. Además queda patente que mucha de esa población desarrolla trabajos esenciales de cuidado, de atención al público, de servicios productivos primarios que, lejos de parar durante la pandemia, se convirtieron en indispensables. Trabajos que sin estas personas no se pueden llevar a cabo. Portugal e Italia responden inmediatamente con sendas regularizaciones extraordinarias parciales pero bastante cuantiosas.
En ese momento en España suceden dos cosas. Por un lado, las personas migrantes en situación irregular se organizan en la plataforma denominada Regularización Ya. Esta es la primera organización representativa de migrantes sin papeles de nuestro país. Al mismo tiempo, la Fundación porCausa y la Universidad Carlos III publican el primer estudio en 15 años que cuantifica las magnitudes y composición de la irregularidad. El informe, publicado en mayo de 2020, estima que más de medio millón de personas estaban fuera del sistema, que 8 de cada 10 procedían de América Latina y que su condición administrativa suponía un coste de oportunidad inmenso para el fisco español. Este es el punto de giro en una historia que acaba de sublimar en un éxito sin precedentes de la comunidad migrante, la acción civil y la sociedad española.
Es difícil saber qué truncó la voluntad del ministro Escrivá de llevar a cabo la regularización extraordinaria durante la pandemia. Quizás fue la presión de Alemania durante la negociación de los fondos de rescate y de una Comisión Europea empeñada en atar en corto la política migratoria de los Estados miembros. Quizás fue el desgaste emocional del presidente Pedro Sánchez durante los primeros meses de pandemia.
Tras el anuncio, cientos de miles de personas se abrazaron emocionadas. Porque al final se trata de eso: de la vida, la real, la del día a día de cientos de miles de personas
En 2022 el Reglamento de Extranjería se empieza a enmendar, cambiar, ampliar, pero la regularización extraordinaria parece imposible. En ese momento resurge con fuerza el segundo envite de la plataforma Regularización Ya. El mérito de las personas que componen este movimiento es indescriptible. La mayoría son trabajadoras que se encuentran en condiciones laborales y legales muy precarias. Reunirse, trabajar en las propuestas, participar en las acciones... representa un sobreesfuerzo en personas cuya carga vital y laboral es ya excesiva. Regularización Ya se convierte en un sindicato informal, en una estructura activista y en un espacio de acogida. Alrededor de mil organizaciones de todos los tamaños y todos los colores del espectro político, desde el soviet de Getafe hasta la Conferencia Episcopal, nos reunimos para apoyar aportando lo que sabemos hacer mejor. Una voz migrante liderando un empuje colectivo.
En 2023 se organiza esta iniciativa bautizada con el nombre de Esenciales. El 12 de marzo de 2024 se presenta la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con más de 700.000 firmas recogidas –600.000 aceptadas–, y consigue irrumpir en el Congreso de los Diputados. Durante dos años hemos vivido un tira y afloja inaceptable a cargo sobre todo de los dos partidos mayoritarios de nuestro país. PSOE y PP –con la colaboración necesaria de un Junts escorado hacia la antinmigración– han teatralizado en este debate la disputa de egos absurda y cansina haciendo un ejercicio de irresponsabilidad política. Tras superar varios baches, la posibilidad de aprobar la ILP en el congreso murió hace unos meses.
Finalmente la regularización extraordinaria llega por Real Decreto Ley. La vía legislativa hubiese sido más sólida jurídicamente y aún estamos a tiempo de agotarla, pero esta decisión reglamentaria era urgente y necesaria.
Tras el anuncio, cientos de miles de personas se abrazaron emocionadas. Porque al final se trata de eso: de la vida, la real, la del día a día de cientos de miles de personas. No tener papeles es no tener derechos. En términos absolutos, la razón más importante por la que nodebemos tener a gente en situación irregular en ningún sitio es esa. Ese espacio que se abre para la vulneración de derechos es lo más peligroso de la irregularidad. Ese es el hueco por el que se ha colado Trump en Estados Unidos. Ese es el espacio por el que puede entrar la ultraderecha en los países europeos. Los derechos tienen que ser universales para poder ser. Y, por supuesto, también las obligaciones que vienen asociadas a ellos. En eso consiste un sistema verdaderamente ordenado, en que todas las personas estén en situación regular.
Esta regularización extraordinaria es un hecho histórico por quienes han liderado la lucha por conseguirla y por lo que significa en estos momentos. Y el Gobierno ha vuelto a sorprender con un golpe de efecto, mezclando narrativamente varias cosas y volviendo loco al espacio de debate público. Tenemos que ver ahora cómo se lleva a cabo todo el proceso cuando estructuralmente faltan manos y recursos para atender a las más de 800.000 personas en condición irregular que van a solicitar sus papeles en los próximos meses.
Pero, en cualquier caso, la regularización extraordinaria es la buena noticia del mes. Es ese chorro de esperanza que nos representa como sociedad. Y nos da aliento para seguir creyendo y para seguir luchando por lo que creemos que es justo. Porque somos muchas más las personas que apoyamos esta medida que las que no.
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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.
Cuando José Luis Escrivá tomó posesión de su cargo como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el 13 de enero de 2020, tenía tres objetivos claros: asegurar la solvencia del sistema de pensiones a largo plazo, moderar el déficit de la Seguridad Social y gestionar flujos migratorios de forma ordenada. La realidad es que este último factor era la piedra angular de su estrategia, ya que el exministro siempre entendió la inmigración como oportunidad de crecimiento económico.