Este sábado, si nadie lo impide, miles de personas volveremos a ocupar las calles de Budapest con banderas arcoíris, pancartas, cuerpos visibles y orgullo. Lo haremos a pesar de la prohibición dictada por el Gobierno de Viktor Orbán, que ha invocado su tristemente célebre “ley de protección de la infancia” para impedir la marcha del Orgullo LGTBI+. Lo haremos sabiendo que, al desobedecer una ley injusta, estamos defendiendo la legalidad más profunda de la Unión Europea: la de los derechos fundamentales.
Hungría se ha convertido en un laboratorio del autoritarismo en el corazón de Europa. La prohibición del Orgullo no es un hecho aislado ni un exabrupto puntual. Forma parte de un proceso sistemático de degradación del Estado de Derecho. Desde hace más de una década, el Gobierno de Orbán ha desmantelado los contrapesos democráticos: ha capturado el poder judicial, silenciado los medios públicos, cerrado universidades autónomas y expulsado del espacio público a toda forma de disidencia. En 2021, una ley homófoba vetó cualquier contenido que “promueva” la homosexualidad, siguiendo el modelo ruso. En 2024, se intensificaron las restricciones a la libertad de reunión. Y en 2025, se prohibió por ley la celebración del Orgullo, bajo amenaza de multa y prisión. Todo ello mientras se generaliza el uso del reconocimiento facial para vigilar y disuadir la protesta.
Este año, además, grupos de extrema derecha han convocado una contramanifestación, que sí ha sido autorizada por las autoridades. En paralelo, se han difundido públicamente mensajes amenazantes y llamamientos a la violencia contra las personas LGTBIQ+, incluyendo amenazas de ataques físicos y el uso de ácidos. La pasividad del Gobierno ante estos discursos de odio, mientras se reprime el Orgullo con todo el peso de la ley, revela el doble rasero de una administración que protege a los agresores y criminaliza a las víctimas.
Cuando el poder viola la ley, quedarse de brazos cruzados no es una opción. Marchar este 28 de junio en Budapest no será solo un acto de visibilidad, será un acto de desobediencia civil. Y esa desobediencia, lejos de vulnerar la legalidad europea, la reafirma y la protege. Porque cuando una norma nacional entra en contradicción frontal con los principios del Derecho europeo —como la libertad de expresión, de reunión y la no discriminación recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales—, es legítimo desobedecerla para restaurar el orden constitucional comunitario.
La desobediencia civil no es una ruptura con el derecho, sino una apelación a su sentido más profundo. No es un capricho individual, sino una forma colectiva de interpelar a las instituciones cuando éstas fallan. Lo hemos visto en Palestina, donde la sociedad civil ha actuado cuando los gobiernos han callado. Y lo vemos ahora en Hungría, donde marchar se convierte en un acto jurídico de resistencia frente al silencio de la Comisión Europea.
Cuando el poder viola la ley, quedarse de brazos cruzados no es una opción. Marchar este 28 de junio en Budapest no será solo un acto de visibilidad, será un acto de desobediencia civil
La Comisión europea no puede limitarse a expresar “preocupación” ante la violación de los derechos fundamentales. Hay mecanismos jurídicos disponibles, previstos en los Tratados, que deben activarse si queremos preservar la credibilidad del proyecto europeo. En primer lugar, debe solicitar medidas urgentes ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la ley que prohíbe el Orgullo, por vulnerar la Carta de Derechos Fundamentales. La libertad de expresión y de reunión no pueden depender de la ideología del gobierno de turno. En segundo lugar, debe reactivarse el expediente de sanción contra Hungría, previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. En tercer lugar, debe aplicarse de modo estricto el Reglamento de Condicionalidad para suspender los fondos europeos a quienes utilizan ese poder para censurar, espiar y castigar. Y por último, deben desplegarse instrumentos específicos para proteger a las personas LGTBI+ y a las organizaciones que las defienden en contextos de represión institucional. La vigilancia del Estado de Derecho no puede limitarse a un informe anual.
Y más allá de todo eso, sería deseable un gesto político claro: que los comisarios europeos estén este sábado en Budapest, allí donde la ciudadanía les necesita. No en los pasillos de Bruselas, sino junto a quienes toman la iniciativa para que el Derecho no se vacíe de sentido.
Lo que está en juego este sábado no son solo los derechos de ciertas personas, sino el propio proyecto europeo. Cada vez que se vulnera un derecho en un Estado miembro, retrocede el conjunto de la Unión. Cada vez que una persona tiene que ocultar a quién ama para sentirse segura, Europa deja de ser Europa. Lo recordamos hoy con las palabras de Pedro Zerolo, a quien perdimos hace ahora diez años: el orgullo no se suplica, se conquista, se defiende, se celebra. Y este 28 de junio, desobedeceremos con dignidad. Porque cuando el poder legaliza la exclusión, la desobediencia es una obligación moral.
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* Jaume Asens es diputado de Comuns-Sumar en el Parlamento Europeo.
Este sábado, si nadie lo impide, miles de personas volveremos a ocupar las calles de Budapest con banderas arcoíris, pancartas, cuerpos visibles y orgullo. Lo haremos a pesar de la prohibición dictada por el Gobierno de Viktor Orbán, que ha invocado su tristemente célebre “ley de protección de la infancia” para impedir la marcha del Orgullo LGTBI+. Lo haremos sabiendo que, al desobedecer una ley injusta, estamos defendiendo la legalidad más profunda de la Unión Europea: la de los derechos fundamentales.