Muface: Privilegios de minorías y negocios privados subordinan la coherencia y la ideología

La desgraciada historia comienza con la Ley 29/1975, de 27 de junio, en la que se crea el organismo Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), que entonces tenía las características de ser el único mecanismo para conseguir atención sanitaria y además ser de adscripción obligatoria para dichos trabajadores.

Además de esta decisión, en el caso de otros funcionarios del Estado (militares, docentes, judiciales, etc.) se generan otras mutualidades similares (ISFAS, MUGEJU, MUNPAL, …) y con los mismos objetivos: conceder el teórico privilegio a todos los funcionarios para ser atendidos con una pretendida mejoría con respecto a la exigua Seguridad Social franquista, con el agravante de que se trataba de contratar para ello a entidades de medicina privada, es decir, un importante presupuesto económico público terminaba siendo un negocio privado.

La desvergüenza institucional con Muface era privilegiar a los trabajadores propios en lugar de preocuparse por la ciudadanía en general. Es cierto que estamos hablando todavía del período de dictadura franquista, con un Sistema de Seguridad Social para la población muy desorganizado y con unos niveles de calidad muy bajos. En lugar de mejorar la asistencia universal se “decide” premiar a los que trabajan para el Estado.

Recalcar la mentira franquista, que incluso hoy llega a ser invocada, cuando se narra que en tiempos de Franco ya existía Sanidad Pública. La realidad era que sólo aquellas personas que trabajaban y cotizaban tenían derecho a la atención de la Seguridad Social, que por cierto era lamentable en cuanto a calidad. Los amplios sectores que no trabajaban, sobre todo en Andalucía, la única posibilidad que tenían era la beneficencia, con una implantación nula fuera de las ciudades. La realidad entonces era que la población del ámbito rural no contemplaba la opción de acudir a ser atendidos sanitariamente. Podemos asegurar por experiencias propias, que muchas personas de cualquier pueblo andaluz no acudían a un médico en su vida. Para rematar el escenario, lo mismo ocurría con la educación o la protección social de las personas discapacitadas. Las mujeres se constituían de forma obligada en los servicios sociales y en las cuidadoras universales. 

Con la llegada de la transición política y con el fuerte impulso de múltiples colectivos sociales y profesionales en su mayor parte integrados en la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se consigue el Servicio Nacional de Salud (SNS) gracias a la Ley General de Sanidad en 1986. Esto dio lugar al desarrollo de una Sanidad Pública de gran calidad en los años posteriores. 

A partir de esa fecha, y ante las críticas de colectivos sociales que reivindicaban ese modelo de Sanidad Pública, la respuesta política fue que la situación de privilegio teórico de las mutualidades debía desaparecer. Es decir, la intención política era que Muface (y el resto de las mutualidades similares) fueran absorbidas, en los tiempos que fueran precisos, por la Sanidad Pública general. Pero eso hoy aún no ha ocurrido.

Desde todo este tiempo, la FADSP y posteriormente las Mareas Blancas, han denunciado que, con un Sistema de Sanidad Pública desarrollado no tenía ningún sentido mantener que la asistencia sanitaria de los funcionarios de un estado fuera atendida por entidades privadas, por la consiguiente distorsión funcional, además del importante montante económico que este hecho significaba. Pero es que, además, este sistema perpetúa unos privilegios y desigualdades entre sectores sociales, lo cual es incompatible con un Servicio Nacional de Salud al que se le exige una atención equitativa a toda la población.

El mejor modelo sanitario para el país es el de un Sistema Sanitario universal, gratuito, de calidad y 100% público. Este es el modelo que la FADSP y las Mareas Blancas defienden y reivindican

En los últimos años, del millón y medio de posibles mutualistas de Muface, solo queda un millón, ya que el medio millón restante ha decidido pasarse a la Sanidad Pública general. Son sobre todo los mutualistas más jóvenes. Hay varias causas que han conducido a esta disminución. Por un lado, está la percepción general de que la calidad que ofrece el aseguramiento privado se limita, en muchos casos, a la relativa libertad de visita con especialistas, pero carece de la calidad contrastada que ofrece la Atención Primaria pública.

Por otro lado, recientemente se ha comprobado que existen más diagnósticos de cáncer en personas provenientes de Muface que en la población general cuando se analizan las altas hospitalarias de hospitales públicos españoles. Esto puede ser una evidencia indirecta de riesgo de selección por parte de las mutualidades y/o pone de manifiesto el doble aseguramiento de los mutualistas de Muface. Para problemas menores utilizan las instalaciones más cómodas de las aseguradoras y para los problemas graves eligen las instalaciones y los recursos del Sistema Nacional de Salud con mejores dotaciones e infraestructuras para ello. Un doble privilegio financiado con dinero público, lo cual resulta inaceptable por la inequidad que supone con el resto de los ciudadanos.  

Y llegamos al momento actual. Las ganancias económicas de Muface (que son en la práctica sobre todo Adeslas, Asisa y DKV) no les son suficientes. ¿Qué significa en cifras el conflicto presente? Muface supone un gasto de 4.478 millones de euros de presupuestos públicos dirigidos directamente a compañías privadas , para los tres próximos años. Pero ahora quieren que aumente la cuantía en un 40%. Por ese motivo, a la convocatoria pública de renovación no se han presentado y ha quedado desierta . Y posteriormente Adeslas comunica a sus mutualistas que dejara de prestarles asistencia a partir del 31 de enero.

Este hecho ha generado lógicamente una preocupación generalizada en los funcionarios civiles. Este es el chantaje de las aseguradoras privadas: si no se aumenta en un 40% la cuantía del concierto, dejan la atención sanitaria de este colectivo. Para el gobierno central es una obligación mantener a todos los ciudadanos bajo la cobertura del SNS. Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha estudiado el problema y ha presentado un plan que hace viable el trasvase total de los funcionarios a la Sanidad Pública. Posteriormente el gobierno ha aprobado una segunda licitación para Muface con una subida del 33,5%. Y el ministro de Administración Pública, Óscar López, se da tres años para “repensar el modelo Muface”. Las contradicciones están servidas.

En cuanto a los sindicatos, CSIF exige la continuidad del modelo Muface mientras que USTEA, claramente opta por el paso de todos los mutualistas al sistema general. Y lamentamos que los sindicatos de clase, como CCOO y UGT, también estén apoyando el mantenimiento de Muface. La coherencia no es gratis, pero es muy aconsejable para no perder credibilidad o generar descrédito y desafección. Los sindicatos de clase deben tener ideología social por encima de defender privilegios para algunos trabajadores.

El dilema de siempre. Entendemos que el mejor modelo sanitario para el país es el de un Sistema Sanitario universal, gratuito, de calidad y 100% público (no sólo la financiación, sino también los servicios). Este es el modelo que la FADSP y las Mareas Blancas defienden y reivindican por muchas razones. Es más eficaz y más eficiente (mejores resultados a menor coste) , es más equitativo, lleva integrado la Promoción de la Salud con programas Comunitarios Preventivos y la atención a la Salud Mental y su eje central es la Atención Primaria. Lo que ocurre, cuando poderosos intereses económicos y/o ideológicos privatizan en distintas formas los sistemas sanitarios también está demostrado. En el Reino Unido la externalización de los servicios a entidades con ánimo de lucro se ha asociado con un aumento de la mortalidad evitable y el National Health Service en el momento actual está prácticamente destrozado . El modelo liberal de asistencia sanitaria en Estados Unidos ha situado a la Sanidad de ese país en una situación desastrosa cuando se compara con el resto de los estados occidentales.  

El Sistema Nacional de Salud en nuestro país es uno de los pilares básicos del Estado de bienestar, un logro social extraordinario, aprobado como muy necesario por una gran mayoría de ciudadanos, está en la actualidad en proceso de ser absorbido por un mercantilismo insaciable donde el objetivo fundamental es la rentabilidad empresarial. Los ciudadanos votan a alternativas de gobierno progresistas para que lo potencien y lo consoliden, no para que sea privatizado y desmantelado. Es que la coherencia ahora, no es que la consolidación de la Sanidad Pública sea deseable, sino que es imprescindible. Así, con un Sistema Nacional de Salud de calidad los funcionarios civiles y de todo tipo, deben recibir la misma y buena atención que toda la población. La inclusión de todos ellos en el sistema público será compleja, pero supondrá un impulso económico y funcional para recuperar una Sanidad Pública de la mayor calidad para toda la población sin excepción.

___________________________

Antonio Vergara de Campos es ex Jefe de Sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

José Antonio Brieva Romero es ex Jefe de Servicio (jubilado) de Inmunología Clínica en el Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

Manuel Torres Tortosa es ex Jefe de Sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.