José María Aznar volvió a pronunciar esta misma semana esa frase que ya forma parte del repertorio político más inquietante de la derecha española: “el que pueda hacer, que haga”. No fue una ocurrencia improvisada, sino una reafirmación. Una llamada a filas. Un mensaje dirigido a todos aquellos centros de poder con capacidad y disposición a erosionar, desgastar y derribar a un Gobierno legítimo.
Desde hace siete años —y especialmente desde la llegada de Feijóo al liderazgo del PP, tras no alcanzar la Presidencia del Gobierno en 2023— asistimos a una estrategia sincronizada, política, mediática y judicialmente para recuperar el poder a toda costa, aun cuando las urnas emitieron un veredicto claro.
En una democracia consolidada y, en general en cualquier país normal, una frase como la de Aznar, cargada de virulencia política y bilis antidemocrática, habría provocado un escándalo institucional de primer orden. Aquí, apenas generó un leve murmullo. Un “runrún” pasajero. Porque en España, con la connivencia de algunos, se ha normalizado algo extremadamente peligroso: la idea de que contra quienes no pertenecen a las derechas extremas del PP y Vox todo vale. Contra la izquierda y el movimiento progresista no hay tregua ni líneas rojas.
En una democracia consolidada y, en general en cualquier país normal, una frase como la de Aznar, cargada de virulencia política y bilis antidemocrática, habría provocado un escándalo institucional de primer orden. Aquí, apenas generó un leve murmullo
En un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, la crítica democrática es necesaria. Pero desde que Pedro Sánchez es presidente, y especialmente desde la llegada del “moderado” Feijóo, lo que vivimos es otra cosa. Es una estrategia descarnada y despiadada de deslegitimación total del sistema democrático. Una dinámica en perfecta sincronía de presión judicial, intoxicación mediática, hostigamiento económico, polarización emocional, deshumanización y violencia política.
Se trata de un ecosistema entero funcionando de forma acompasada, con un guion predefinido que despliega sus efectos fotograma a fotograma.
La derecha española —en alianza cultural y política entre PP y Vox, ya sin complejos ni vergüenza— ha dejado de tratar al adversario como un competidor democrático para convertirlo en un enemigo moral. Los progresistas hemos pasado de ser conciudadanos a objetivos a batir. Se pretende expulsarnos del espacio público, electoral, mediático y social, señalando al Gobierno progresista como ilegítimo mediante consignas como “la antiEspaña”, “los traidores”, “los corruptos”, “los okupas del poder” o “la mafia”.
El lenguaje nunca es inocente. Y en política no existen casualidades, sino causalidades. En las prácticas totalitarias el lenguaje sufre una profunda mutación, y se convierte en un arma de ingeniería social y control político para expulsar al adversario del espacio público.
Ese clima de ataque organizado contra el Gobierno progresista y las fuerzas de izquierda lleva años preparándose. Ahora comienzan a desplegarse sus consecuencias más visibles. Cuando durante tanto tiempo se inocula la idea de que Pedro Sánchez y su Gobierno representan una amenaza existencial, se prepara también el terreno para justificar cualquier mecanismo de excepción.
Por eso determinados agentes actúan ya sin pudor. El odio ha sido sembrado con la suficiente intensidad como para que todo parezca justificable. Ahí aparecen algunos jueces convertidos en actores políticos, proliferan las investigaciones prospectivas interminables, se multiplican las filtraciones interesadas y las causas abiertas sin pruebas concluyentes, y determinadas líneas editoriales se acomodan al relato dominante. Todo ello, además, con enorme rentabilidad mediática.
Y también económica. Porque si siguiéramos la pista del dinero —si investigáramos quiénes son los propietarios de grandes grupos mediáticos, qué vínculos existen con determinados sectores policiales y judiciales, o para quién influyen determinados “ex” convertidos en conferenciantes y lobistas— comprenderíamos quién financia esta operación de desgaste. Hablamos de sectores empresariales y financieros que llevan décadas actuando como actores políticos de facto, incluso desde antes de la Transición.
Y en ese contexto aparece un caso paradigmático: el proceso fabricado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Dos años después, una causa que partió de una denuncia basada en recortes de prensa, algunos falsos, y que ha estado salpicada de tropiezos y reveses judiciales, se mantiene más viva que nunca. Este mismo lunes el juez Peinado ha citado para el próximo día 9 a la esposa del presidente del Gobierno que, de no presentarse, "será conducida por la fuerza pública", El magistrado podría acordar ese mismo día la apertura de juicio oral.
La causa, aventuro, quedará en nada. Pero el objetivo nunca fue tanto una condena judicial, como el desgaste político, personal y psicológico. El daño reputacional. La presión sobre la familia. Para acabar con Sánchez parecía aceptable arrasar también con su entorno. Con su mujer, con su hermano, con el fiscal general y con lo que se ponga por delante.
Hablamos de un aparato de amplificación perfectamente sincronizado: determinadas togas y placas policiales, portadas, tertulias, pseudomedios apesebrados adecuadamente, filtraciones selectivas y editoriales calcados. Ruido constante. Violencia política permanente. Una maquinaria cuyo objetivo no es informar, sino erosionar.
España no necesita unanimidades, pero sí límites democráticos. Necesita preservar las bases de la convivencia y entender que la disputa política no puede destruir el propio sistema democrático
Quizá uno de los fenómenos más significativos sea observar cómo determinados espacios mediáticos, que durante décadas representaron cierto consenso progresista, han ido desplazándose lentamente hacia posiciones cada vez más compatibles con este clima. No hace falta señalar nombres: basta observar algunas líneas editoriales recientes, ciertos silencios y determinadas prioridades informativas. Hay conversiones que no se anuncian; simplemente se ejecutan con elegancia corporativa mientras se invoca la moderación y el centrismo.
Todo ello revela un problema más profundo: la incapacidad de una parte de las élites españolas para aceptar plenamente la legitimidad de la izquierda cuando gobierna. Hay alternancias que se toleran y otras que se consideran anomalías históricas que deben ser corregidas por otros medios.
Por eso la frase de Aznar es tan grave e importante de recordar. Porque funciona como una auténtica doctrina de activación. “El que pueda hacer, que haga” significa exactamente eso: que cada cual utilice su posición de poder —mediática, judicial, económica, policial o institucional— para contribuir al desgaste del adversario político.
Y cuando esa lógica se normaliza, la democracia entra en una zona de deterioro silencioso. Ya no hacen falta golpes clásicos. Basta con una erosión permanente de la legitimidad del rival, una sospecha infinita y un clima emocional de guerra civil fría.
España no necesita unanimidades, pero sí límites democráticos. Necesita preservar las bases de la convivencia y entender que la disputa política no puede destruir el propio sistema democrático.
Necesitamos unidad en lo esencial frente a quienes pretenden convertir al adversario en enemigo. Porque no se detendrán hasta expulsar del espacio público a quienes no piensan como ellos ni ocupan el modelo de país que desean controlar.
Cuando todo vale contra el adversario, termina por no valer nada la democracia. Y eso es precisamente lo más peligroso. Porque cuando la democracia se vacía, lo que avanza es la barbarie. Y ahí es donde mejor se mueven quienes nunca aceptaron plenamente las reglas democráticas.
--------------------------------------------------------
Rafaela Romero es diputada por Gipuzkoa, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSE-EE (PSOE) y coordinadora de los Socialistas Vascos en el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
José María Aznar volvió a pronunciar esta misma semana esa frase que ya forma parte del repertorio político más inquietante de la derecha española: “el que pueda hacer, que haga”. No fue una ocurrencia improvisada, sino una reafirmación. Una llamada a filas. Un mensaje dirigido a todos aquellos centros de poder con capacidad y disposición a erosionar, desgastar y derribar a un Gobierno legítimo.