A veces pensamos que, si Orwell estuviera vivo, le dedicaría un capítulo entero a la Comunidad de Madrid. Porque lo que está pasando con la educación aquí tiene mucho de distopía. Sí, sabemos que no vivimos en un régimen totalitario al uso, pero algo más sutil y perverso parece haberse instalado: lo que Sheldon Wolin llamaría un "totalitarismo invertido": los sistemas democráticos son capturados por intereses corporativos, dejando a la ciudadanía indefensa y las opciones políticas reducidas.
No hace falta que nos vigilen desde una torre o nos tapen la boca; el sistema se ocupa solito de moldear lo que pensamos, hasta convencernos de que "no hay alternativa". ¿Les suena? Pues eso es lo que está pasando con la educación pública, y de paso con nuestras expectativas sobre qué significa "libertad" y "justicia".
La comunidad de Madrid, triste líder en segregación escolar de la OCDE
Déjennos explicarnos. En Madrid se habla mucho de libertad educativa, esa palabra mágica que suena tan bien pero que en realidad significa algo muy distinto a lo que parece. Bajo el mantra de la "libertad de elección", se esconde un modelo que ha convertido a esta región en una de las más desiguales de Europa en términos educativos: la Comunidad de Madrid es la triste líder en segregación escolar de toda la OCDE.
Y no es casualidad; esto no ha pasado de la noche a la mañana ni por accidente. Es el resultado de políticas que han privilegiado la enseñanza concertada y privada, dejando la pública relegada al último lugar. Los números no mienten: en Madrid, la privada ya alcanza el 16% y la concertada cerca del 30%, llegando ambas al 46% del estudiantado. La pública, mientras tanto, la quieren convertir en refugio de quienes no tienen otra opción. Porque esa es la visión del Partido Popular de lo que es la educación.
No podemos resignarnos a que la educación se convierta en un privilegio cuando debería ser el mayor igualador social
Claro que hay que respetar las decisiones de las familias. Quizá lo primero que deberíamos preguntarnos es qué criterios tienen y qué información reciben las familias antes de tomar la tan importante decisión de en qué centro matriculan a sus hijos e hijas. Pero la pregunta incómoda es: ¿realmente es libertad si las opciones están marcadas por la cuenta corriente? Porque, seamos sinceros, eso es lo que pasa. Los colegios concertados tienen sus famosas "aportaciones voluntarias" –que de voluntarias tienen lo que nosotros de astronautas–, y además aplican criterios de admisión que, con toda elegancia, segregan a los niños de familias más vulnerables. ¿El resultado? Centros públicos mayoritariamente en barrios desfavorecidos que poco a poco se van convirtiendo en guetos educativos, mientras que otros brillan como falsos escaparates de homogeneidad y privilegio. Todo muy bonito de cara al folleto, pero profundamente injusto.
Y aquí es donde entra la ventana de Overton. ¿Recuerdan esa idea de Joseph Overton? Esa que dice que lo que consideramos políticamente posible depende de cómo nos lo han ido vendiendo poco a poco. Pues bien, en Madrid, la ventana ideológica y sociológica se ha movido tanto que lo que antes era inaceptable ahora parece normal. Hace unas décadas, privatizar la educación pública habría sido impensable. Hoy, sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lo presenta como un triunfo de la "libertad". Y lo peor es que muchos lo compran. Es brillante, en un sentido retorcido: han logrado convencernos de que el desmantelamiento progresivo de lo público es una cuestión de derechos individuales, cuando en realidad es el negocio de unos pocos con la garantía del presupuesto de la Comunidad de Madrid.
Hablemos un momento de números. Mientras la privada (subvencionada con cheques-copago) y la concertada siguen creciendo, los centros públicos –especialmente los de barrios periféricos– tienen menos recursos, menos personal y más dificultades. ¿Sabían que en muchos colegios públicos faltan orientadores y especialistas para atender a niños con necesidades especiales o en situación de desventaja socioeducativa? ¿O que las ratios de alumnos por profesor están por las nubes en escuelas infantiles e institutos públicos mientras que en los centros privados se perciben como notablemente mejores? Es una desigualdad que se siente en las aulas, en los pasillos y, por supuesto, en los resultados académicos.
Pero claro, el discurso oficial dice otra cosa. Según Ayuso, aquí todo es maravilloso porque las familias pueden elegir. ¿Elegir qué, exactamente? Si vives en un barrio donde los únicos centros públicos están masificados y la concertada te pide una aportación que no puedes pagar, ¿es eso elección? Suena más a resignación.
En barrios de nuevo desarrollo, como Montecarmelo, desde la Comunidad de Madrid se ha frenado durante años la creación de aquellos centros educativos públicos necesarios para el nuevo alumnado, y así la iniciativa privada ha tenido todo el "mercado" disponible. La supuesta libertad de elección que da el Gobierno del Partido Popular en ese caso es evidente: o pagas o cambias de barrio.
No queremos pecar de pesimistas, pero la educación pública en Madrid parece haber sido puesta en una trinchera. Cada curso escolar es una nueva batalla para sobrevivir entre la asfixia presupuestaria y el desprestigio mediático. Porque no se engañen: hay una campaña sutil pero constante para hacernos creer que lo público es de segunda. Lo vemos en los discursos, en los titulares, en cómo se premia a lo privado y se deja morir lentamente a lo que es de todos.
Devolver la centralidad a lo público
¿Es reversible esta situación? Creemos que sí. Pero no va a ser fácil, porque estamos luchando contra un sistema muy bien engrasado. La clave, como siempre, está en devolver la centralidad a lo público. Y no hablamos solo de dinero, aunque claro que hace falta. Hablamos de algo más profundo: de recuperar el orgullo por la educación pública, de entender que no es solo una opción más, sino el referente de la educación de calidad y la base de una sociedad justa.
Imagínense esto: un plan de rescate educativo en Madrid. Aumentar la inversión en los colegios públicos más desfavorecidos, reducir las ratios, garantizar material gratuito, becas comedor para todos los que lo necesiten. Pero también medidas más valientes: una moratoria en la creación de nuevos centros concertados y la revisión de los existentes. Porque si un centro concertado no cumple con criterios de inclusión y equidad, no debería recibir ni un euro público. Tampoco deberían recibir financiación aquellos centros educativos con ánimo de lucro que abusen de las familias con inventos comerciales.
Y, sobre todo, necesitamos voluntad política. Porque la educación no es solo una cuestión de números, sino de valores. No podemos aceptar que haya niños que empiecen con desventaja solo porque nacieron en el lado equivocado de la ciudad. No podemos resignarnos a que la educación se convierta en un privilegio cuando debería ser el mayor igualador social.
Así que aquí estamos, en esta trinchera, luchando por algo que no debería necesitar defensa: la idea de que todos los niños merecen la misma oportunidad. La ventana de Overton no se mueve sola; la mueven las ideas y las personas que las defienden. Si Madrid quiere ser realmente libre, necesita entender que la libertad educativa no consiste en privatizar la esperanza, sino en construir una escuela pública fuerte, inclusiva y orgullosa de ser el pilar de nuestra democracia. ¿Es difícil? Claro que sí. Pero si no empezamos ahora, ¿cuándo?
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Esteban Álvarez León y Horacio Díez Contreras son portavoces del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de la Asamblea de Madrid.
A veces pensamos que, si Orwell estuviera vivo, le dedicaría un capítulo entero a la Comunidad de Madrid. Porque lo que está pasando con la educación aquí tiene mucho de distopía. Sí, sabemos que no vivimos en un régimen totalitario al uso, pero algo más sutil y perverso parece haberse instalado: lo que Sheldon Wolin llamaría un "totalitarismo invertido": los sistemas democráticos son capturados por intereses corporativos, dejando a la ciudadanía indefensa y las opciones políticas reducidas.