Expertos piden pluralismo en el CGPJ ante el corporativismo de las asociaciones conservadoras

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial son una suerte de "comisarios políticos" de los partidos, según el portavoz de la asociación conservadora Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo. El sistema de elección parlamentaria de los vocales es "partitocrático", lo que "afecta a la independencia" de los jueces y magistrados, en palabras de Sergio Oliva, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (FdV). El Consejo es un órgano constitucional "enfermo" y "sin credibilidad", por su "dependencia del poder político", según María Pilar Astray, dirigente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Esos han sido algunos de los argumentos esgrimidos por las tres asociaciones judiciales conservadoras en una jornada de debate organizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre el sistema elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esos tres colectivos defienden una reforma en la que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales de la institución procedentes de la magistratura (los otros ocho deben ser elegidos por el Parlamento por mandato constitucional). A esa posición, la mayoritaria en la carrera judicial, solo se opone la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.

Frente a ellos, dos exministros de Justicia, un exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y catedráticos de Derecho Constitucional han coincidido, en su mayoría, en la necesidad de evitar un modelo de Consejo que solo refleje los intereses corporativos de los jueces y defienden que su órgano de gobierno refleje el pluralismo de la sociedad española y no solo el de sus colectivos profesionales. Los expertos, que han participado en el encuentro denominado El sistema de elección de los vocales del CGPJ han afirmado que, con el sistema actual, la independencia judicial en España está garantizada, aunque han reclamado mecanismos legales para evitar bloqueos en la renovación, como el provocado por el PP.

La jornada se ha organizado con motivo del mandato que las Cámaras impusieron al CGPJ de redactar un informe con una propuesta de reforma del sistema de renovación de los 12 vocales de procedencia judicial "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine" que sea acorde "con los mejores estándares europeos". Progresistas y conservadores no se ponen de acuerdo. Mientras que los primeros mantienen que la elección debe ser parlamentaria, como hasta ahora, los conservadores exigen que sea la carrera la que los seleccione sin ninguna intervención de las Cortes. El informe debe ser enviado al Gobierno y a las Cámaras el próximo 6 de febrero. Con toda probabilidad, el documento que se elabore recogerá sendas propuestas de ambos grupos ante la falta de consenso.

Ante las reclamaciones de las tres asociaciones conservadoras, varios expertos recordaron ayer que las recomendaciones de la Comisión de Venecia o el Greco (organismos del Consejo de Europa) de que una parte de los vocales sean elegidos por sus pares no son obligaciones. En primer lugar, porque no todos los países del entorno europeo cuentan con un órgano similar al español -algunos, como Alemania, no tienen-. Pero también porque no hay una norma concreta del derecho europeo que imponga ese sistema de elección a los Estados miembros ni tampoco sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tanto esas recomendaciones como las del informe del Estado de derecho de la Comisión Europea tienen su origen en las crisis judiciales de Polonia y Hungría, en las que sus gobiernos pusieron en riesgo la independencia judicial, algo que, según los expertos, en España siempre ha estado garantizado.

Entre los participantes se encontraba el presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo y candidato inicial del sector conservador a la presidencia del Consejo, Pablo Lucas, que se ha declarado partidario de la elección parlamentaria, en contra del criterio mayoritario de la carrera judicial. También el exmagistrado del TEDH y del TC, Luis López Guerra, que aseguró que el derecho europeo deja "una amplia libertad de actuación en el sistema de elección de vocales" a los Estados miembros y no únicamente el corporativo. "Si solo se permitiera la elección de los vocales judiciales por sus pares, muchos países quedarían fuera del estándar europeo", ha afirmado.

La abogada del Estado jefa ante el TJUE, Andrea Gavela, ha explicado que la intervención de la Comisión Europea en el último proceso de renovación "no se debió tanto al sistema de elección de los vocales como al bloqueo" de más de cinco años al que el PP sometió al órgano de gobierno de los jueces. Y recordó que en el último informe sobre España, de julio de 2024, se constataron "avances significativos" en las recomendaciones.

El que más ha insistido en la necesidad de que el futuro sistema de renovación garantice el pluralismo político en el CGPJ ha sido el exministro y catedrático de Derecho Administrativo Tomás de la Quadra-Salcedo. El profesor ha identificado la calidad de la justicia con "el pluralismo de los órganos judiciales" y ha asegurado que debe ser el Consejo el que lo garantice. "La elección de los vocales por los jueces no lo hace", ha concluido. La catedrática de Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha María Luz Martínez Alarcón, ha defendido que la elección parlamentaria "es la que mejor se corresponde con la naturaleza del Consejo como órgano constitucional", aunque propuso medidas para evitar el bloqueo, como la elección por sorteo en caso de que los partidos no se pongan de acuerdo.

Solo una de las constitucionalistas invitadas se ha mostrado favorable al sistema corporativo de elección de los 12 vocales. Se trata de la catedrática de la Universitat de València, Rosario Serra, que, además, ha propuesto que el órgano se renueve por partes -como el Constitucional, que lo hace por tercios- para evitar la prórroga del mandato. Su colega de la Universidad Complutense, Javier García Roca, ha recordado que hay muchos más jueces en las asociaciones conservadoras que en la progresista JJpD. También ha recomendado mecanismos que obliguen a la renovación en plazo, como la insaculación si los grupos políticos no actúan, impedir el reparto de las vocalías por lotes entre asociaciones judiciales y evitar que el Consejo se convierta en un ascensor de sus miembros hacia el Tribunal Supremo o el Constituicional.