Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidente, el progresista Cándido Conde-Pumpido, alcanzarán el final de su mandato en el órgano de garantías en apenas cinco meses. A partir del próximo diciembre, será el Senado, en el que el PP cuenta con mayoría absoluta, el que tendrá que designar a sus sustitutos. De los magistrados salientes dos son progresistas —Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer— y un tercero conservador, Ricardo Enríquez. Es probable que el conservador José María Macías, que también pertenece al tercio de magistrados designados por la Cámara alta, sea reelegido, al haber accedido al puesto hace solo un año, en julio de 2024. El mandato de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional dura nueve años y se renuevan por tercios cada tres.
En las renovaciones que corresponden al Senado, como las del Congreso, PSOE y PP se han repartido tradicionalmente los cuatro puestos a ocupar, proponiendo cada partido dos magistrados. Ese tipo de acuerdo lo impone la propia Constitución, que obliga a ambos hemiciclos a aprobar las designaciones con una mayoría de tres quintos. El equilibrio entre los sectores progresista y conservador del tribunal se suele alterar a favor de una de esas sensibilidades cuando a quien corresponde la renovación parcial es al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial. En esas ocasiones, el partido gobernante se asegura la afinidad de tres miembros del órgano: dos por su designación directa por el Ejecutivo y un tercero a través de los vocales de su cuerda en el órgano de gobierno de los jueces, que también elige los dos puestos que le corresponden por mayoría de tres quintos.
En condiciones normales, la renovación que toca en diciembre no tendría por qué cambiar el reparto de mayorías y minorías en el tribunal (siete progresistas frente a cinco conservadores). Tampoco la siguiente, la del Congreso, que toca en 2028. El dominio de los magistrados a propuesta del PSOE, por tanto, estaría en principio garantizado hasta finales de 2031, cuando tocaría de nuevo designar al Gobierno y al Consejo. Sin embargo, la actual situación política de extrema crispación, la campaña para socavar la legitimidad del tribunal lanzada por el PP con ocasión de los procesos relacionados con la ley de amnistía y la debilidad en la que ha sumido al Ejecutivo de Pedro Sánchez la explosión del caso Cerdán hacen que una elección que en principio tendría que ser anodina abra ahora varias incógnitas.
Desde el ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, el PP ha dado ya por muerto a Pedro Sánchez y advierte de que, por el momento, no tiene sustituto. En esa tesitura, el partido que preside Alberto Núñez Feijóo puede tener la tentación de someter al órgano de garantías a un bloqueo similar al que provocó durante más de cinco años en el CGPJ hasta que se produzcan nuevas elecciones, ya sean anticipadas o al final del mandato, en 2027, con la esperanza de alcanzar —solo o junto a Vox— una mayoría muy cualificada en la Cámara de representación territorial. Sin embargo, es improbable que junto a su socio ultra logre los 145 escaños que necesita para decidir por sí solo sobre las cuatro designaciones sin contar con los socialistas. El PSOE, con total seguridad, hará valer sus números, para asegurarse las dos designaciones que, en los casos de las renovaciones de ambas cámaras, siempre le han correspondido.
Pero la expectativa de un buen resultado electoral no es el único incentivo del PP para provocar un nuevo bloqueo, esta vez en el órgano de garantías. También el hecho de tener que sentarse con el Gobierno para pactar unos nombres en una situación de máxima conflictividad con el PSOE y sus socios. Y sin tener la garantía de que con ello vaya a lograr una composición del tribunal más afín que la que tiene ahora mismo. Los progresistas seguirían con siete magistrados frente a cinco conservadores. Los populares también podrían exigir tres nombres en lugar de dos, aunque es muy improbable que el PSOE, si goza de representación suficiente, vaya a permitirlo. En ese caso se produciría un empate a seis entre ambas sensibilidades, lo que dejaría todo en manos del voto de calidad del presidente que, según fuentes del tribunal, casi con total seguridad sería progresista.
En caso de que los populares se negaran a pactar la renovación, Conde-Pumpido, Balaguer, Enríquez y Macías continuarían como magistrados con su mandato prorrogado hasta que se produzcan los nombramientos de sus sucesores. En el caso de Macías, exvocal del CGPJ a propuesta del PP y uno de los magistrados más próximos a los postulados de ese partido, cesaría sin posibilidad de ser renovado si transcurren tres años desde su nombramiento, plazo que se cumple en julio de 2027. Si el partido de Feijóo bloquea la renovación hasta después de esa fecha perderá la posibilidad de mantener hasta 2034 en el tribunal de garantías a uno de sus cargos más fieles.
El PP ya bloqueó la renovación del tribunal durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuatro magistrados del órgano de garantías permanecieron prorrogados durante tres años entre 2007 y 2011. La institución no se renovó entre 2004 y diciembre de 2010. Era la época del recurso de inconstitucionalidad presentado por el partido que entonces dirigía Mariano Rajoy contra el Estatuto de Cataluña. La falta de renovación que provocó esa formación, unida a las múltiples maniobras desde sectores conservadores para alterar artificialmente el reparto de sensibilidades en el tribunal mediante recusaciones, lo condujeron a una de las crisis de descrédito más profundas que ha sufrido desde su creación.
Si, como sostiene el PP que va a ocurrir, de aquí a 2027 ese partido desaloja a Pedro Sánchez de La Moncloa con la ayuda de Vox, un Tribunal Constitucional de mayoría progresista actuaría, previsiblemente, como un fuerte contrapeso frente a las políticas involucionistas que pueda imponer a Feijóo una extrema derecha que, previsiblemente, adquiriría una enorme cuota de poder. Vox plantea recortes en igualdad y de derechos de la comunidad LGTBI+, retrocesos en políticas de memoria democrática, reclama la expulsión de millones de extranjeros y es negacionista de la violencia machista y del cambio climático. Se trata de derechos que, en los últimos años, han adquirido una gran desarrollo constitucional y en cuya defensa el órgano de garantías puede convertirse en los próximos años en la última trinchera.
Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidente, el progresista Cándido Conde-Pumpido, alcanzarán el final de su mandato en el órgano de garantías en apenas cinco meses. A partir del próximo diciembre, será el Senado, en el que el PP cuenta con mayoría absoluta, el que tendrá que designar a sus sustitutos. De los magistrados salientes dos son progresistas —Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer— y un tercero conservador, Ricardo Enríquez. Es probable que el conservador José María Macías, que también pertenece al tercio de magistrados designados por la Cámara alta, sea reelegido, al haber accedido al puesto hace solo un año, en julio de 2024. El mandato de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional dura nueve años y se renuevan por tercios cada tres.