La derecha culmina con García Ortiz un asedio sin precedentes inspirado en los ataques a Conde-Pumpido

Vivimos inmersos en una época de momentos inéditos. Sobre todo, desde que la polarización ha pasado a ser algo cotidiano. Choques institucionales sin precedentes. Tomas de declaración en el Palacio de la Moncloa nunca antes vistas. Y un fiscal general del Estado investigado en el Tribunal Supremo. Hace tiempo que la derecha convirtió al jefe del Ministerio Público en una pieza clave a derribar en su labor de oposición al Gobierno. Ya lo intentó hace dos décadas con Cándido Conde-Pumpido, ahora presidente del Tribunal Constitucional. Pero ahora, las maniobras han alcanzado niveles sin precedentes.

Conde-Pumpido cogió las riendas del Ministerio Público tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa. Y al frente del mismo se mantuvo durante dos legislaturas. Venía de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y era uno de los referentes de la progresista Jueces para la Democracia. Pero eso no provocó cisma alguno. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló por unanimidad su nombramiento. Y del mismo modo respaldó, pese a las continuas críticas de la derecha política y jurídica, su reelección para un segundo mandato.

Lo del aval en bloque al jefe del Ministerio Público siempre fue tradición en el seno del órgano de gobierno de los jueces. Todos los fiscales generales del Estado que sucedieron a Conde-Pumpido, desde Eduardo Torres-Dulce hasta María José Segarra recibieron el apoyo unánime –o casi unánime en el caso de José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar– de los vocales. Pero todo cambió con Dolores Delgado, a la que rechazó el núcleo duro de los conservadores del ya caduco Poder Judicial. Y, sobre todo, con Álvaro García Ortiz, al que la derecha judicial acabó convirtiendo en el primer fiscal general no respaldado por el órgano de gobierno de los jueces.

Conde-Pumpido estuvo sometido desde su llegada a la Fiscalía General del Estado a un desgaste continuo. Apenas había pasado un año y el PP ya exigía abiertamente su cabeza. "Nuestra petición responde a una trayectoria incalificable de sectarismo, parcialidad y sometimiento al Gobierno y al PSOE", señalaban desde las filas conservadoras. Unas críticas que ahora se repiten en términos similares con García Ortiz. "[Debe ser cesado] por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones, por falta de transparencia y por su servilismo al Gobierno", sostenían el pasado mes de mayo en el Senado.

Aquella sesión de la Cámara Alta, controlada por el PP, se cerró con la reprobación del fiscal general. Algo que los conservadores buscan ahora también en el Congreso. Ya lo intentaron en su día con Conde-Pumpido. Entonces, le afearon que no recurriese el archivo del caso abierto contra el expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa por no disolver el grupo de Batasuna, carpetazo que luego revocaría el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. O su "pasividad" en la ilegalización de partidos que no condenaran la violencia. Pero el PP se quedó solo.

La derecha también justificaba el asedio al entonces jefe del Ministerio Público poniendo el foco en su política de nombramientos. "Ha desplazado los principios de mérito y capacidad por los de coincidencia ideológica, pertenencia a una agrupación determinada de fiscales y confianza y afinidad personal. Solo así se entiende la promoción de algunos miembros de la carrera fiscal", decían desde el PP. Una ofensiva a la que también se sumó la Asociación de Fiscales (AF), que criticaba por activa y por pasiva la "falta de pluralidad" en las designaciones.

Intentos de tumbar nombramientos

El conservador y mayoritario colectivo profesional, de hecho, llegó a poner sobre la mesa del Consejo Fiscal una petición de dimisión del jefe del Ministerio Público, algo que hasta entonces nunca se había hecho. Aquella solicitud, que se impulsó tras la renuncia forzada del que fuera fiscal jefe de la Audiencia Nacional –Eduardo Fungairiño–, partió en dos el órgano pero no salió adelante. Algo que, dos décadas después, ha vuelto a repetirse con García Ortiz. Aunque en este caso, la mayoría del Consejo Fiscal, en manos de la AF y APIF, ha exigido la dimisión.

La política de nombramientos, como entonces, sustenta ahora también la ofensiva de la derecha contra el jefe del Ministerio Público. Tanto es así que el bloque conservador del Poder Judicial la utilizó para, por primera vez en la historia, negar el aval del órgano al nombramiento del fiscal general. "Se constata que la designación de fiscales para cargos discrecionales adolece, cuando menos, de falta de transparencia y coherencia", apuntaba el informe, que recogía datos sobre el supuesto favorecimiento de García Ortiz a fiscales de su cuerda que luego se han demostrado falsos.

Los conservadores también se apoyaban en aquella sentencia del Supremo que acusaba al fiscal general de "desviación de poder" en el ascenso de su predecesora, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal. Una resolución con la que el PP intentó llevar a García Ortiz ante el Alto Tribunal por prevaricación y con la que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) trató de anular su nombramiento como jefe del Ministerio Público. Pero ni uno ni otro logró su objetivo. Ambos naufragaron en el Tribunal Supremo.

La impugnación de las designaciones parece haberse convertido en otro frente de ataque recurrente. La derecha y la ultraderecha ya intentó sin éxito en su momento tumbar también el decreto que ponía a Delgado al frente del Ministerio Público. Hasta entonces, sólo había un precedente: la impugnación en los noventa de de Eligio Hernández, si bien en aquel caso se ponían en cuestión los años de servicio contabilizados, no la idoneidad personal del candidato. Ni siquiera en la etapa de Conde-Pumpido se buscó, pese a las críticas, derribar judicialmente la designación.

Querellas por revelación antes y ahora

Sí que se interpusieron, sin embargo, querellas contra el magistrado cuando estuvo al frente de la Fiscalía General. Y una de las primeras salió, precisamente, del PP de Madrid. En marzo de 2005, el secretario general del partido, Francisco Granados, le denunció en el Supremo por prevaricación y revelación de secretos. El escrito se centraba en un decreto con el que había dado traslado a Anticorrupción de una denuncia de dos concejales socialistas en Majadahonda que afectaba al PP. Y en la posterior divulgación del mismo en los medios. Una denuncia que, sin embargo, se archivó de plano: "Cumplía con el deber de información a la opinión pública".

El fiscal general justificó en el TS la urgencia de la nota: "En las tertulias debía haber información oficial veraz"

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El mismo delito con el que ahora, dos décadas después, se está cercando a García Ortiz. Desde hace cuatro meses, el fiscal general está encausado en el Alto Tribunal por una supuesta revelación de secretos en relación con la filtración de información relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Bajo el foco del juez, la publicación de la denuncia contra el empresario por fraude fiscal y de un correo y una nota que desmintieron que la Fiscalía buscase un pacto con él, como trataba de imponer mediáticamente el jefe de Gabinete de Ayuso.

Se trata de un caso con acusaciones particulares y populares. Y, entre estas últimas, se encuentra Manos Limpias, representado por un asesor del PP en el Senado. Un pseudosindicato ultra que también trató en su día de llevar a Conde-Pumpido a los tribunales. Igual que lo intentaron, sin éxito, varios sindicatos policiales. O la Asociación de Víctimas del Terrorismo por la decisión del Ministerio Público de retirar la acusación contra el entonces portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, en un juicio por enaltecimiento del terrorismo.

Esta decisión fue respondida con concentraciones del Foro de Ermua y Nuevas Generaciones a las puertas del Ministerio Público. Algo a lo que Conde-Pumpido dio respuesta en la radio: "[Cuando la Fiscalía] toma una decisión que no es la que la oposición quiere que tome, inmediatamente se presiona al fiscal con la amenaza de que, o que se hace lo que nosotros decimos, o se acusará al fiscal de estarse sometiendo al gobierno. [...] Se descalificará a todos los magníficos profesionales diciendo que son unos instrumentos del Gobierno que destrozan el Estado de Derecho".