LA REFORMA DEL GOBIERNO

Banca y grandes empresas colaboran con las asociaciones judiciales en un clima de opacidad

Un congreso de la asociación conservadora APM patrocinado en 2023 por el Santander.

El Gobierno ha decidido poner coto a la colaboración empresarial de la que se han beneficiado las asociaciones judiciales. El anteproyecto de reforma de la carrera judicial, aprobado en Consejo de Ministros, introduce cambios normativos para que "en ningún caso" estos colectivos puedan "aceptar o recibir aportaciones, contraprestaciones o donaciones privadas" para "su constitución, funcionamiento interno o las actividades que desarrollen". Lo hace al entender que este tipo de relación, en muchos casos mantenida con entidades financieras o multinacionales, puede "comprometer" la "apariencia de imparcialidad" que debe imperar en la carrera.

Para el Ejecutivo, y así queda plasmado en la exposición de motivos del anteproyecto, el hecho de que financiadores privados puedan relacionarse con la administración de justicia es algo que puede generar "desconfianza" en el resto de "justiciables". "La financiación pública y la proveniente de sus cuotas asociativas debe ser suficiente para que su funcionamiento y actividades puedan desarrollarse con normalidad", consideran. De ahí que pretendan limitar la financiación privada a cuotas de afiliados, productos de sus actividades o, como mucho, "créditos que concierten" con "entidades financieras" para adquirir patrimonio.

La banca ha sido, precisamente, uno de los sectores que más ha colaborado históricamente con las asociaciones judiciales. El último congreso nacional de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), por poner un ejemplo, estaba patrocinado por el Banco Santander, del mismo modo que el que celebró en 2011 en Santiago de Compostela tenía al BBVA como patrocinador. Entidades financieras que también constan, en este caso como colaboradoras, en algunos actos de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Es el caso de Abanca en su último congreso o La Caixa en el de 2009.

La entidad que preside Ana Patricia Botín lleva años manteniendo una estrecha relación con el ámbito judicial. Tanto es así que a finales de 2018 las cuatro asociaciones profesionales de jueces y la mayoritaria de fiscales tenían suscritos acuerdos de patrocinio privado con el banco, que es el que lleva desde hace años el servicio de cuentas en las que se consignan las fianzas en los procedimientos judiciales. Una entidad con la que la APM firmó en su día un acuerdo de colaboración para impulsar una serie de ayudas económicas orientadas a la preparación de las oposiciones.

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha mantenido a lo largo de este año relación con el Banco Santander. Y con Unicaja, que también figuró como colaborador en el XXX Congreso que Juezas y Jueces para la Democracia celebró en Cádiz. "Nuestra financiación privada ajena a las cuotas de los asociados, en el año 2024, fue para cursos de formación (Banco Santander y Unicaja) y ascendió al 6,3% de toda la financiación", señalan fuentes del colectivo profesional, que insisten en que ellos se financian fundamentalmente a través de sus asociados y de la subvención que anualmente reciben del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Más allá de las entidades financieras, con las asociaciones han mantenido relación multinacionales de todo tipo. En octubre de 2003, por ejemplo, la sección asturiana de JJpD organizó la jornada "La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia", en cuyo cartel figuraba el logotipo de El Corte Inglés. También Coca-Cola, Sanitas o el grupo de consultoría ESOC colaboraron en la asamblea anual de 2017 de los vitorinos, que en su cónclave de 2022, celebrado en Palma de Mallorca, contaron con Meliá, Air Europa o Halcón Viajes como patrocinadores. Y Telefónica ha colaborado en los encuentros interterritoriales de jueces organizados por la APM.

El CGPJ solo 'fiscaliza' las ayudas públicas

Ni el Consejo General del Poder Judicial ni tampoco el Tribunal de Cuentas auditan al completo las cuentas de las asociaciones judiciales. "No tenemos competencia para ello", dicen desde el órgano de gobierno de los jueces. En este sentido, la única labor de fiscalización externa se centra, como recoge el reglamento que regula su funcionamiento, en las ayudas públicas que reciben. Es decir, están obligadas anualmente a presentar "información detallada" sobre la subvención que reciben anualmente del Poder Judicial, pero no tienen por qué informar sobre la financiación privada que reciben.

Pese a ello, desde la AJFV aseguran que dan cuenta anualmente al Consejo General del Poder Judicial de "toda la financiación pública y privada". "[Nuestras cuentas] están depositadas en el CGPJ", insisten también desde la APM. El órgano de gobierno de los jueces, no obstante, solo informa anualmente del dinero que da a cada asociación para su funcionamiento y la realización de actividades de interés para la justicia y la vida asociativa. Una ayuda económica que en 2024, según los datos del CGPJ, superó los 400.000 euros.

Desde el colectivo mayoritario sostienen que se está trasladando "una idea falsa" de que reciben "financiación privada". "Pero en absoluto, lo que tenemos son convenios de colaboración puntuales", resaltan. No obstante, dicen que es algo "anecdótico" y para "cosas concretas", como "cursos específicos". Este diario ha intentado saber a cuánto asciende esa colaboración anecdótica, pero a cierre de esta edición no ha obtenido respuesta. Desde Juezas y Jueces para la Democracia, por su parte, han preferido no hacer valoración alguna hasta que analicen el anteproyecto.

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