El Gobierno presume de haber suavizado una 'ley mordaza' que indigna desde los abogados a Greenpeace

No gustaba ni en el Ejecutivo, que veía un texto demasiado "policial" ni en los órganos consultivos ni en un importante número de colectivos sociales. Siete meses después de que el anteproyecto viese la luz, este viernes fue aprobado el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en el Consejo de Ministros. El Gobierno insiste en que se han escuchado las críticas. Y recurre precisamente a esos siete meses que se ha tardado en dar una versión definitiva al texto como muestra de su voluntad de diálogo y de incorporar el mayor número de observaciones posibles. Pero ya hay convocadas protestas en toda España para la tarde de este viernes. Y la tramitación parlamentaria, prevista para la vuelta del verano, también se prevé llena obstáculos.

Desde que comenzaron a circular borradores de este texto, las formación de izquierda lo calificaron de "ley mordaza" o "de patada en la boca". No pasa por alto que el Gobierno de Mariano Rajoy puso por primera vez sobre la mesa esta iniciativa en un momento en el que las protestas por las medidas de su gabinete se habían incrementado y cuando destacados dirigentes del Partido Popular habían sido víctimas de escraches, la mayor parte de ellos a cargo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

No ajeno a este malestar, el ministro del Interior fue especialmente cuidadoso en rueda de prensa con el mensaje que quería trasladar sobre una de sus leyes estrella. Respeto a la Constitución. Respeto a las libertades públicas. Respeto a la libertad de manifestación y reunión. Estos fueron los términos en los que insistía mientras desgranaba los ejes del proyecto. 

Motu proprio, sin que mediara pregunta alguna, el ministro se refirió a uno de los asuntos que más polvareda levantó hace siete meses, cuando se empezó a hablar del tema: cómo se regulan las concentraciones alrededor del Congreso, del Senado o de las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas. "En este proyecto de ley, la mera infracción de ese requisito –la solicitud de autorización a la institución competente– pasa a ser leve. Sólo pasa a ser grave si se produce la perturbación de la seguridad ciudadana por aquellos que se manifiestan", señaló.

Paralizar un desahucio: infracción grave

Pese a que desde Interior insisten en que el texto ha sido limado, las nuevas formas de protesta encuentran reproche en esta ley. Es el caso, por ejemplo, de paralizar un desahucio, que se considera una infracción grave. Así lo refleja el articulado cuando se refiere a "los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito".

Este tipo de infracciones conllevan una multa de 1.001 a 30.000 euros.

En cuanto a la cuantía de las infracciones, las muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.

Trabajo previo

El titular de Interior arrancó su intervención en la rueda de prensa señalando que la también conocida como "ley Fernández", recoge las observaciones de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Asimismo, Jorge Fernández Díaz hizo hincapié en que se han formulado observaciones desde varios departamentos ministeriales, la Federación Española de Municipios y Provincias y organizaciones y asociaciones como Amnistía Internacional y Greenpeace. Después, no obstante, reconocería que no todas las propuestas de estar organizaciones han sido acogidas en el texto definitivo.

Identificaciones

El capítulo III de la ley regula las actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Interior señala que la identificación "debe respetar los principios de no discriminación y proporcionalidad". "Por primera vez una norma con rango de ley prohíbe que se hagan identificaciones indiscriminadas por perfiles étnicos", añaden desde el ministerio.

Posible recurso de inconstitucionalidad

Antes incluso de que Jorge Fernández Díaz compareciese en rueda de prensa para dar los detalles del texto definitivo, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, mostró su confianza en que lograrán "abrir brecha" en la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso o en el Senado para que sus peticiones y alegaciones sean incluidas o, en caso contrario, avanzó que intentarán que quienes tienen la competencia "interpongan un recurso de inconstitucionalidad".

En rueda de prensa en Zaragoza, con motivo del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, Carlos Carnicer se refirió a este proyecto de ley para insistir en que "si en el Congreso" no consiguen "abrir brecha", lo intentarán en el Senado y si allí tampoco, "porque el rodillo es mucho rodillo", promoverán el recurso de inconstitucionalidad.

Horas antes, casi de forma paralela a la reunión de Rajoy con sus ministros, la asociación ecologista Greenpeace protestaba de forma pacífica desplegando una pancarta en el faro de Moncloa, a pocos kilómetros de la sede de la Presidencia del Gobierno, informa Europa Press.

La FAPE planta cara a la Ley de Seguridad Ciudadana

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Activistas de Greenpeace escalaron el citado faro para manifestar su rechazo a la ley de Seguridad Ciudadana, también conocida popularmente como ley antiprotesta o ley mordaza. 

Durante su ascenso, los activistas mostraron pancartas con el lema "NO a la Ley Mordaza" para mostrar el descontento con una ley que, a juicio de la ONG, "castigará duramente la protesta pacífica y la desobediencia civil". "Desde aquí queremos enviar al Gobierno un mensaje claro contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin conocer los últimos detalles y aunque el nuevo texto pueda haber resuelto los conflictos constitucionales e irregularidades que exhibía, no ha desaparecido su esencia intencionadamente represora", señaló Sara del Río, portavoz de la organización, a través de un comunicado.

Desde el PSOE, su secretario de Organización, Óscar López, aseguró que el proyecto “no garantiza la seguridad de los ciudadanos, todo lo contrario, lo que está es recortando derechos y haciendo que muchas competencias que hoy afortunadamente son de la Justicia pasen a ser del Gobierno”.