La FAPE planta cara a la Ley de Seguridad Ciudadana

La reelección de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, no ha estado exenta de polémica. Su posición contra la Ley de Seguridad Ciudadana Ley de Seguridad Ciudadanay la decisión de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de investigar el polémico falso documental sobre el 23-F de Jordi Évole han protagonizado la entrada de la nueva junta directiva. 

La misma asamblea general que nombró de nuevo a González como su máxima representante el pasado sábado día 5, aprobó por unanimidad la resolución presentada por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en la que pide al Gobierno que elimine del anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana los límites a la libertad de información. "Esperamos que el Ministerio de Justicia sea sensible a nuestras peticiones y retire todos los puntos que afectan a la libertad de expresión", explica la reelegida presidenta a infoLibre. 

Para la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Carmen del Riego, el anteproyecto de ley del Ejecutivo oculta "artículos que suponen un menoscabo de otro derecho tan importante como el de manifestación, como es el derecho a la información, consagrado en el artículo 20 de la Constitución". La reforma de la ley sanciona el uso de imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que "atenten gravemente contra su derecho al honor la intimidad o la propia imagen o puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de la operación", explicó Del Riego durante su intervención en la asamblea. Sin embargo, la presidenta de la APM recordó que estos principios ya aparecen recogidos en la Ley Orgánica del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la propia imagen, donde se establece cuándo las imágenes suponen o no una intromisión ilegítima.

El polémico anteproyecto de ley establece, además, que serán los delegados del Gobierno o el secretario de Estado de Seguridad quienes sustituyan a los jueces a la hora de determinar "si una manifestación a través de un medio de difusión tiene como finalidad las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos cuando no constituya delito –remarcó Del Riego–, porque si no constituyen delito, consideramos que no pueden ser objeto de sanción, y menos por parte de la autoridad administrativa". Los argumentos defendidos por la APM son avalados unánimamente por la FAPE, ambas asociaciones consideran que la nueva normativa atenta directamente contra la libertad de expresión y el derecho a la información. "Confiamos en que seamos escuchados y prime el sentido común", afirma González.

'Salvados', un "programa donde prima la información"

La petición de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) de la apertura de un expediente a Atresmedia y a Jordi Évole por posible incumplimiento de las normas deontológicas del periodismo fue admitida a trámite por la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE. La decisión de este organismo, "que cuenta con absoluta independencia de actuación y funciona de manera independiente a la FAPE", remarca González, ha sembrado la polémica en las redes. Usuarios y espectadores han criticado la decisión de la comisión y han recordado que el presentador de La Sexta no es periodIsta. 

Si bien Évole no es periodista, la emisión del falso documental en Salvados "tuvo lugar en un programa donde prima el contenido informativo", apunta la presidenta de la FAPE. "Como experimento de laboratorio este ensayo es hasta apetitoso", remarca González, "sin embargo, también pone en riesgo la credibilidad de la información".

"En cualquier caso, la denuncia de la AUC ha sido admitida a trámite, será la comisión quien decida y valore si hay algo que juzgar o no", puntualiza. Las resoluciones de la Comisión de Arbitraje no conllevan ninguna sanción, sino que "apuestan por la autorregulación para elevar la calidad de los medios". González marca distancias entre la federación de la que es presidenta y la comisión que se encargará de juzgar el polémico programa y a su presentador: "No tenemos nada que ver, pero sí consideramos muy interesante el análisis ético y de calidad que pueda resultar".