El independentismo alienta dudas sobre la investidura de Illa al retener el control de la Mesa del Parlament

La legislatura catalana echó a andar este lunes con algunos de los ingredientes que han hecho ingobernable Cataluña en los últimos años. De un lado, y a pesar de estar en minoría en el Parlament, Junts, ERC y la CUP consiguieron hacerse con el control de la Mesa de la Cámara, una posición clave para controlar los debates que vendrán y, en particular, los ritmos que acompañarán cualquier intento de investidura. Del otro, la mesa de edad decidió, por mayoría, ignorar una prohibición expresa del Tribunal Constitucional y permitió votar por delegación al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exconsejero Lluís Puig, ambos diputados de Junts, huidos de la justicia desde 2017.

La unidad independentista obtuvo el fruto de la Presidencia de la Cámara —para el exconseller Josep Rull (Junts), uno de los políticos indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez— y el control de la Mesa (cuatro de sus siete puestos: habrá dos de Junts, dos de ERC y tres del PSC). En parte lo lograron gracias a la incapacidad de los socialistas a la hora de tejer acuerdos con otros grupos. En la segunda votación, cuando Rull competía con la aspirante socialista, Sílvia Paneque, para hacerse con la Presidencia, el candidato de Junts se benefició de la decisión del PP y de los Comuns de abstenerse.

ERC ocultó deliberadamente sus cartas con el objetivo de no dar margen a los partidos no independentistas para ponerse de acuerdo e impedir este resultado. Así lo explicó posteriormente la portavoz republicana, Marta Vilalta, reconociendo su preocupación porque se repitiese lo ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona, donde el PSC se hizo con la Alcaldía con el repelado del PP en perjuicio del independentismo.

La prioridad de Esquerra

La prioridad de Esquerra, explicó, fue pactar una mayoría independentista en la mesa con dos objetivos muy concretos que el PSC no compartía: asegurarse de que este órgano permita el voto de los diputados huidos de la justicia y que no va a impedir la tramitación de ninguna iniciativa, lo que implícitamente sugiere la posibilidad de impulsar propuestas al margen de la legalidad vigente.

La voluntad de desafiar el ordenamiento jurídico quedó patente con la decisión de la mesa de edad de permitir el voto de Puigdemont y de Puig, lo que abre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional anule la votación y obligue a su repetición. PP y Vox ya han anunciado que lo solicitarán oficialmente.

Vilalta subrayó que el acuerdo con Junts no les ata de cara a la investidura y dejó claro que lo que ocurra a partir de ahora dependerá de los acuerdos a los que se llegue. No obstante, la voluntad de dejar abierta la posibilidad de desafiar el ordenamiento jurídico en general y al TC en particular no parece que vaya a facilitar un acuerdo con el PSC, sin el cual la repetición electoral será inevitable. De hecho, Esquerra prefirió garantizar un Parlament con capacidad de desafiar las leyes españolas presidido por Junts que hacerse con la Presidencia de la Cámara, que es lo que les habían ofrecido los socialistas.

“Minoría de bloqueo”

A la posibilidad de que el independentismo decida bloquear la legislatura se refirió, veladamente, la portavoz del PSC, Alicia Romero, al recordar que el independentismo, pese a haberse hecho con el control de la mesa y la presidencia del Parlamento, no tiene mayoría. Como mucho, subrayó, dispone de una “minoría de bloqueo”.

Con todo, los socialistas no quisieron hacer sangre con el acuerdo independentista ni con la actitud de Esquerra. Ahora se disponen a hablar con todos los partidos, con la única excepción de Vox y Aliança Catalana, con el objetivo declarado, insisten, de alcanzar un pacto progresista con ERC y los Comuns. Todo depende de Esquerra: si los republicanos insisten en no pactar o facilitar la elección de Illa, la repetición electoral será inevitable.

La renuncia de Oriol Junqueras a la presidencia de ERC, formalizada en la mañana del lunes, no ayuda al PSC, en la medida en que aparentemente refuerza las posiciones de los republicanos que están en contra de pactar con los socialistas. Las funciones de Junqueras las asumirá la secretaria general, Marta Rovira, hasta que se celebre el Congreso Nacional de ERC, previsto para el 30 de noviembre.

La estrategia de los independentistas no se ha visto afectada por las elecciones europeas, en las que Esquerra se desplomó del 21,2% de 2019 a un exiguo 14,8%. El partido de Carles Puigdemont, que esta vez no era el cabeza de cartel, se ha quedado en un 18%, diez puntos menos que en las elecciones europeas de 2019.

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En la Cámara catalana se sientan ocho partidos: PSC (42), Junts (35), ERC (20), PP (15), Vox (11), Comuns (6), CUP (4) y Aliança Catalana (2). De momento, el único cambio relevante de la legislatura ha sido meramente simbólico. En los escaños, por primera vez desde el procés, la distribución de escaños recuperó su tradicional distribución por ideologías: los partidos progresistas ocupan el margen izquierdo del hemiciclo y los conservadores y de extrema derecha, el lado derecho. Se pone así fin a la distribución que se impuso durante el procés, con los partidos independentistas a la izquierda y los demás a la derecha.

Fuentes del Partido Popular calificaron de “duro revés” para Pedro Sánchez la elección de Josep Rull al frente del Parlament, que ellos mismos—y los Comuns— favorecieron con su abstención. “La Cámara autonómica la presidirá el mismo partido que la presidía hasta ahora: el de Carles Puigdemont. Y lo hace, junto a ERC, desafiando al TC y, por tanto, retomando el contexto de desobediencia institucional de hace siete años”. “Los socios de Sánchez ya actúan contra Sánchez en el Parlament; no será muy diferente en el Congreso de los Diputados”, vaticinan las mismas fuentes.

El PSOE, no obstante, sigue confiando en la posibilidad de que Illa saque adelante la investidura sin que esta afecte a los acuerdos que el Gobierno de Pedro Sánchez necesita para sacar delante su programa en el Congreso de los Diputados, en particular los Presupuestos Generales del Estado para 2025.