La jornada comenzó en un taxi camino del Tribunal Supremo y terminó en un furgón de la Guardia Civil dirección Soto del Real. El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se ha convertido este lunes en el primer investigado por la supuesta trama de amaños de contratos de obra pública a cambio de mordidas que ingresa en prisión provisional. El instructor de la causa ha decidido enviarlo a la cárcel tras una primera declaración en la que el exdirigente socialista lo ha negado todo. El magistrado, Leopoldo Puente, considera que existe riesgo de destrucción de pruebas. E insinúa que podría haber más implicados en una trama que solo Santos Cerdán podría desenmarañar por completo.
El ex número tres de los socialistas se sentó en el Alto Tribunal tres semanas después de aquel demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que puso punto final a su carrera política. Y tras haber visto cómo desfilaban ante el magistrado los otros principales investigados: el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García. Dos comparecencias que generaban mucha expectación mediática pero en las que se evitó el choque de trenes. El segundo guardó silencio. Y el primero lo negó todo. La misma estrategia de defensa que ahora ha desplegado Cerdán en el Supremo.
El exdirigente socialista sólo ha respondido a las preguntas de su abogado. Y no ha asumido nada de lo que le atribuyen los investigadores. Así, ha negado haber cobrado mordidas y haber influido para que se adjudicaran contratos a determinadas compañías. Sobre aquellos en suelo navarro, ha dicho que él ni hizo ni podía hacer ningún tipo de "gestión": "Estaba en la oposición de 2015 a 2019, así que difícilmente he podido ayudar". Y en relación a los estatales, ha señalado que se ha "interesado" por "muchas obras" porque como secretario Territorial del PSOE –puesto que desempeñó antes de convertirse en número tres– su "función" era "conectar los territorios" con el Ministerio de Transportes.
Cerdán ha dejado en todo momento al margen a la formación socialista, negando pagos y cualquier tipo de financiación irregular del partido. Durante su comparecencia, se ha referido a la relación mantenida con, entre otros, el exministro, su exasesor y el empresario Joseba Antxon, propietario de Servinabar 2000, firma a la que los investigadores sitúan en el epicentro de la trama. Sobre Koldo ha negado que mantuvieran una relación "jefe-subordinado": "Era la de dos compañeros de partido". Y en relación al empresario, ha dicho que durante años les ha unido una "amistad intensa", llegando a vivir incluso juntos cuando Cerdán dio el salto a Madrid.
El instructor considera que existe un "verdaderamente extraordinario" conjunto de indicios contra Cerdán. Uno de ellos es un documento hallado por los investigadores en el registro de la casa de Antxon. Se trata de un contrato privado por el cual el empresario se comprometía a transferir a su amigo casi la mitad de las participaciones de Servinabar por 6.000 euros. El exdirigente socialista no ha negado su veracidad. Ha explicado que esa posibilidad se abordó cuando, tras una fallida campaña, quiso abandonar la política. Sin embargo, tras hablar con su mujer, decidió dar marcha atrás y pedir al empresario que rompiera el contrato. En resumen, que la operación nunca llegó a completarse y que, por eso, el documento no se elevó a escritura pública.
Y luego están las grabaciones incautadas a Koldo García, que suponen el principal pilar sobre el que se apoya el informe de la Unidad Central Operativa que dio inicio a esta nueva línea de investigación. Cerdán aparece en cinco. En algún caso, hablando de dinero. "De allí eran 50 y 10 para ti", se le escucha decir en una de ellas. Ante el juez, el ex secretario de Organización no ha reconocido el "contexto" de unas conversaciones que "no son íntegras", de ahí que haya querido dejar claro que lo que la Guardia Civil recoge en su informe sobre estos audios es "completamente incierto".
La declaración de Cerdán también ha sido muy política. Sobre todo, al final, cuando se ha presentado como víctima de una "persecución" por haber sido uno de los arquitectos de "gobiernos progresistas", algo en lo que jugó también un papel clave Antxon, quien hizo de nexo de unión con PNV o EH Bildu. Y hasta ha dejado caer que el próximo "objetivo" podría ser el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien también ha tenido un importante papel negociador. En este sentido, ha señalado que un Gobierno como el actual, "sin ataduras con el pasado", molesta "mucho" a "los poderes" del país, "de dentro y fuera del Estado". "Uno que fue presidente dijo: 'el que pueda hacer, que haga", ha señalado parafraseando al expresidente del Gobierno José María Aznar.
Otros implicados
Tras concluir la comparecencia, y a diferencia de lo que hizo en el caso de Ábalos y Koldo, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, una petición a la que se unieron las acusaciones populares. El representante del Ministerio Público alegó, con dureza, que las explicaciones que había dado Cerdán, al que situó en la cúspide de una trama que se encargó de trasladar de Navarra al Ministerio de Transportes, habían sido "pobres", "sesgadas" y con una "ofensiva insinuación" de que es víctima de una cacería política. Habló de riesgo de fuga. Y de destrucción de fuentes de prueba.
Un ingreso en prisión que el instructor finalmente terminó decretando. Lo hizo a través de un auto en el que rechazaba el riesgo de reiteración delictiva o de fuga, pero advertía el de ocultación, destrucción o alteración de fuentes de prueba. Algo que contrasta con lo decidido por el juez Puente el 20 de junio, cuando rechazó ordenar el registro del domicilio del exdiputado al entender que sería una diligencia inútil porque el investigado conocía desde hace días la existencia de la investigación y, por tanto, si hubiera querido ya habría destruido todas las pruebas que pudiese haber en su casa. Para la defensa de Cerdán, su envío a la cárcel tiene un objetivo claro: intentar forzar una confesión.
Para el instructor existe un "homogéneo y consistente" conjunto de indicios contra el exdirigente socialista, suficientes como para "considerar indiciariamente justificada" su participación en la trama "con eficacia ejecutiva". De ahí que en la resolución por la que ordena el ingreso en prisión trate de apuntalar todos aquellos elementos que la defensa de Cerdán intenta derribar para desactivar la causa. Así, defiende la veracidad de los audios incautados a Koldo: "No se advierte, en definitiva, razón alguna [...] para cuestionar que las mencionadas grabaciones se corresponden con conversaciones efectivamente producidas".
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En este sentido, recuerda que el exasesor no ha negado en ningún momento la autenticidad de los citados audios, que también resultan incriminatorios para él mismo. Un blindaje de indicios que también despliega en el caso del contrato de compraventa relacionado con Servinabar. El instructor sostiene que el hecho de que el documento no se elevase a público no "privaría" al mismo "de valor y eficacia entre las partes". "Y, desde luego, subraya el vínculo que don Santos mantuvo con la mencionada mercantil", completa Puente, quien considera que la versión dada por el exdirigente socialista choca con el hecho de que el empresario navarro "conservara todavía el citado documento".
Más implicados
En su resolución, además, el magistrado insinúa que en la trama podría haber más implicados. "El botín indiciariamente obtenido o comprometido para Ábalos y García (en el entorno de un millón de euros) representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas", señala. El instructor señala que si el importe de la mordida hubiera supuesto tan solo un 1% –porcentaje "muy contenido" si se compara con otras operaciones semejantes– del valor de las adjudicaciones, el "premio" ascendería a cinco millones. "Ello refuerza, en términos indiciarios, la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las adjudicaciones", apunta.
Y quien estaría en una mejor "posición" para conocer esto último, en caso de que así fuera, sería el ex secretario de Organización, quien habría sido el encargado de "realizar los cobros indebidos a las empresas favorecidas" y, posteriormente, distribuirlos, lo que le haría "inequívocamente conocedor" de los importes y de la forma de abonar las mordidas. "Es este particular y decisivo conocimiento el que podría permitir desvelar en toda su dimensión las concretas responsabilidades penales no solo de los tres investigados, sino en el marco también de las empresas corruptoras, así como el que podría permitir identificar el importe global de las cantidades indebidamente satisfechas y recuperar, al menos parcialmente, lo que aún fuera posible", concluye.
La jornada comenzó en un taxi camino del Tribunal Supremo y terminó en un furgón de la Guardia Civil dirección Soto del Real. El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se ha convertido este lunes en el primer investigado por la supuesta trama de amaños de contratos de obra pública a cambio de mordidas que ingresa en prisión provisional. El instructor de la causa ha decidido enviarlo a la cárcel tras una primera declaración en la que el exdirigente socialista lo ha negado todo. El magistrado, Leopoldo Puente, considera que existe riesgo de destrucción de pruebas. E insinúa que podría haber más implicados en una trama que solo Santos Cerdán podría desenmarañar por completo.