tribunal constitucional
Macías se niega a acatar su recusación en la amnistía y obliga al TC a apartarlo de todos los recursos

El empeño del magistrado conservador José María Macías en no acatar su recusación en los procesos contra la ley de amnistía que se siguen en el Constitucional ha vuelto a poner al tribunal en una situación límite. Hasta el punto de que el órgano de garantías prepara ya una nueva resolución que se aprobará previsiblemente en el pleno de la próxima semana que lo apartará de la veintena de recursos pendientes sobre esa norma. Fuentes del órgano aseguran que la situación que el ariete del PP ha provocado es insólita, hasta el punto de que, en cualquier otro tribunal, llevaría aparejada una posible sanción disciplinaria. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que rige también para los magistrados del TC, establece como falta muy grave "la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas previstas".
El tribunal estimó el pasado 15 de enero a petición de la Fiscalía la recusación de Macías en la cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía planteada por el Supremo. El motivo fueron dos acuerdos –una declaración institucional y un informe sobre la norma– que suscribió cuando era vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial, en los que se aseguraba que la ley era inconstitucional por afectar al principio de igualdad, la seguridad jurídica o la separación de poderes. La resolución del TC de la semana pasada apreciaba, por ello, dos causas de abstención y recusación recogidas en la LOPJ: la "participación directa o indirecta en el asunto objeto del pleito o causa", ya que uno de los informes, reclamado por el Senado, se adjuntó al proceso legislativo de la ley del perdón, y "tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad", al haberse pronunciado previamente sobre su constitucionalidad.
Fuentes del Constitucional aseguraron entonces que la decisión se extendía al resto de recursos: el del PP, del que Macías, en caso de no salir del tribunal, sería ponente, y el de los parlamentos y gobiernos autonómicos de ese mismo partido en los que el Ministerio Público o la Abogacía del Estado también lo han recusado. Macías adelantó en medios de comunicación que, pese a la decisión de sus compañeros, no tenía intención de apartarse del resto de procesos. Ante su silencio, el presidente del Tribunal, el progresista Cándido Conde-Pumpido, le ha preguntado si, dado el criterio establecido por el resto de sus compañeros sobre su salida del tribunal, tenía intención de abstenerse, pero el magistrado conservador lo ha rechazado, es decir, no ha acatado la decisión del TC.
La postura de Macías ha obligado al presidente a introducir un nuevo punto en el orden del día del próximo pleno para apartarlo del resto de procedimientos. La redacción de la nueva resolución corresponde a la ponente de su recusación, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que elaborará un nuevo auto que se someterá a votación y que, con toda probabilidad, será acordado. En él, la magistrada reproducirá previsiblemente los argumentos de la resolución que lo apartó de la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo advirtiendo de que son de aplicación al resto de procesos, ya que la ley cuya constitucionalidad se enjuicia es la misma en todos ellos, la de amnistía. Su decisión de no apartarse obligaría a sus compañeros, en caso contrario, a tramitar recusaciones idénticas en la veintena de casos pendientes, lo que impediría al tribunal entrar en el análisis de la constitucionalidad de la ley hasta después del verano, según fuentes del organismo.
El hecho de no aceptar la decisión del tribunal de la semana pasada –que salió adelante solo con los votos del sector progresista– es algo que, según fuentes del órgano, jamás había ocurrido en la historia del tribunal. Fuentes progresistas consideran que con su actitud, Macías ha adoptado una posición "antisistema", la de no aceptar que las resoluciones se aprueban por mayoría. Esas mismas fuentes aseguran que, en un tribunal ordinario, una decisión semejante hubiera provocado la apertura de un expediente disciplinario contra el magistrado porque la existencia de una causa de abstención o recusación ya ha sido apreciada por el pleno. En el Tribunal Constitucional, la responsabilidad disciplinaria corresponde a su presidente, pero nunca se ha aplicado. El artículo 217 de la LOPJ establece que "el juez o magistrado en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente se abstendrá del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse".
El anterior CGPJ, del que formaba parte Macías como vocal del sector conservador, prestó su colaboración al proceso legislativo de la ley de amnistía el pasado 21 de marzo. Con el voto a favor del ahora magistrado del Constitucional, el órgano de gobierno de los jueces concluyó en un informe solicitado por el Senado que la proposición de ley no tenía encaje en la Constitución porque la norma fundamental había dejado fuera de su articulado la amnistía de forma consciente. También sostenía que el texto era contrario al derecho de igualdad y al principio de separación de poderes. Así pues, el ahora juez del tribunal de garantías, durante la tramitación de la proposición de ley de amnistía, auxilió como consejero del Poder Judicial a la Cámara con su parecer, al advertir de que consideraba inconstitucional su contenido de la misma manera que lo hace ahora el PP.
La reticencia del magistrado conservador a abstenerse en casos en los que se cuestiona su imparcialidad ya generó perplejidad en el Constitucional el pasado 6 de noviembre. Ese día se debatió la constitucionalidad de la reforma impulsada por el Gobierno en 2022 que permitió al CGPJ, entonces en funciones tras cuatro años de bloqueo del PP, elegir a los dos magistrados que le corresponde proponer para el órgano de garantías. Los dos miembros del tribunal elegidos gracias a esa modificación legal —el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano— decidieron abstenerse y no participar en la deliberación ante el conflicto de interés de ambos. Macías, que justo antes de llegar al TC era vocal a propuesta del PP y participó entonces con su voto en la designación de Tolosa y Segoviano, decidió permanecer en el pleno, intervenir y firmar un voto particular.