Geometría variable. Unas veces mirando a la derecha, otras a izquierda y algunas más a los independentistas. Nunca con Vox, aseguran. Esa es la estrategia que maneja el PSC y el nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para tratar de sacar adelante la ciudad. Dure lo que dure el actual ejecutivo, porque no hay que descartar que el resultado de las elecciones generales cambien el tablero y reabran la primera intención de los socialistas: reeditar una coalición con los comunes.

Collboni no lo tendrá nada fácil. Logró la vara de mando en un movimiento de última hora, literal, para desbancar al ex alcalde Xavier Trias, que con Junts consiguió ser la fuerza más votada en estas elecciones municipales del 28 de mayo. Además, los posconvergentes amarraron los votos de ERC, con un pacto de gobierno avalado por las bases de las dos formaciones. Para frenar al independentismo, Collboni se valió de los votos de los comunes y del PP. Una suma alternativa inédita, aunque hay quien le ve futuro. Aún digiriendo el asunto, hay que empezar a gobernar.

La receta consiste en “mano tendida, acuerdos de ciudad y Barcelona siempre por delante”, resumen fuentes socialistas a infoLibre. No hacen ascos a nadie. La realidad es que, ahora mismo, tampoco están en disposición de poner muchas líneas rojas. Sus movimientos han indignado a uno de sus potenciales aliados: Junts. De hecho, fue tal la sorpresa que ni el mismo Trias tenía el discurso de líder de la oposición preparado. Solo se veía de alcalde. Por eso había invitado a buena parte de su familia, de sangre y política, con el ex president convergent Artur Mas a la cabeza.

Los de Trias no se lo pondrán nada fácil a los socialistas. “Haremos una oposición clara y contundente”, prometen fuentes del grupo municipal a este diario. Mucho más que la de ERC, puntualizan, en un comentario nada inocente. Al final de cuentas, los republicanos han sido los grandes facilitadores de la gobernabilidad en Barcelona.

“Collboni ha expresado de forma clara y pública su voluntad de repetir la fórmula de gobierno con los comunes y eso no es nada más que continuidad, cosa que va en contra de la voluntad de cambio que la ciudadanía de Barcelona expresó el 28 de mayo”, añaden. Sin embargo, el ex alcalde convergente ya dijo que participarán de aquello que consideren que sea bueno para los vecinos y vecinas de la capital catalana.

Una vez echada a andar la legislatura y con el grupo municipal encarrilado, Trias lo dejará para volver a su jubilación. El líder de la candidatura Trias per Barcelona ya ha puesto fecha límite a su última etapa en la política institucional: se irá antes de que termine el año. Es por eso que el grupo municipal también tendrá que cambiar de nombre, pues lleva el apellido de su cabeza de cartel.

Los comunes se posicionan, por tanto, como el potencial aliado en esta legislatura. Junto con ellos, los socialistas compartieron gobierno en la última legislatura, así como buena parte de la etapa 2015-2019, hasta que los comunes decidieron expulsar al PSC del ejecutivo, tras la aprobación del artículo 155, que suspendió la autonomía de Cataluña en 2017, durante el momento álgido del procés.

Colau ya le manifestó a Collboni que la confianza está bajo mínimos y que lo tendrá “imposible” para sacar adelante el día a día de la ciudad, con tan solo 10 regidores. Lo dijo durante el mismo pleno de investidura, donde dejó claro que habrá que trabajar para restablecer los lazos.

“Trias como alcalde nos ponía los pelos de punta, porque se había presentado para deshacer nuestro legado. La foto a posteriori [con Collboni gobernando] tampoco nos gusta, pero no teníamos alternativa. La importancia es tener la máxima influencia y continuar lo hecho hasta ahora”, justifica a infoLibre la hasta ahora teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, de los comunes.

Los grandes proyectos de ciudad, con la movilidad y el urbanismo a la cabeza, no darán un giro de 180 grados en esta nueva etapa. Como mínimo, por ahora. Collboni es partidario de la unión del tranvía por la Diagonal y el fomento de la vegetación, así como de más espacios para el peatón. Eso sí, quiere dejar de hacer Superilles [supermanzanas] y ejes verdes, políticas clave de los comunes, para pisar el acelerador en recuperar interiores de islas para la ciudadanía. De hecho, se ha comprometido a habilitar 30 nuevos espacios en ocho años, con una política que consiste en abrir al conjunto de los ciudadanos zonas que hasta ese momento estaban cerradas, como consecuencia de la unión de bloques de pisos en forma de cuadrado.

Así mismo, el PSC está a favor de la limitación de los precios de los alquileres, de regular el turismo, con especial énfasis en el centro de la ciudad, y estudiar el actual negocio de los cruceros en la capital catalana. Todo ello, medidas que comparten con los comunes. De todos modos, BComú está en una situación incierta, tras la pérdida de poder y la ex alcaldesa pendiente de decidir qué hacer con su futuro.

Esquerra está a la expectativa, empezando por ver qué papel adopta el PSC para intentar sacar adelante las iniciativas que planteaba en su programa electoral, cuentan fuentes de la formación a infoLibre. Los republicanos hacen hincapié, además, en que las relaciones con los comunes se han enfriado en los últimos días, después de que decidieran frenar el paso a un gobierno de coalición de Junts y ERC, con el alcaldable republicano, Ernest Maragall, como número dos del ejecutivo.

Las elecciones generales ya están a la vuelta de la esquina, queda menos de un mes para los comicios, y tras lo ocurrido en la investidura en la capital catalana nadie se atreve a hacer cábalas de qué es lo que va a suceder. Lo cierto es que todos los escenarios están abiertos y una victoria de la derecha y la extrema derecha en España puede provocar un cambio de chip en las fuerzas de izquierdas.

En Barcelona suman una mayoría absoluta de 24 concejales, tres más de los necesarios. Los números dan, así que no habría que descartar ninguna opción, como la de hacer un frente progresista contra políticas de regresión de derechos humanos. “Después de las generales estará todo abierto, si el PSC trabaja y busca a ERC, que lleva en la oposición desde 2007… hay que ver qué pasa en España, porque eso hará que los partidos se muevan. A mí, por ejemplo, me ha influenciado muchísimo lo que ha pasado en Ripoll [donde ha ganado la extrema derecha catalana e independentista, por la negativa de Junts a entenderse con las fuerzas de izquierdas]”, cuenta la que ha sido la mano derecha de Colau y que ha impulsado la transformación urbanística de la ciudad. “Si ganan la derecha y la extrema derecha, un frente antifascista en Barcelona y Cataluña tiene sentido”, remata.

Badalona inicia un camino que nadie sabe hasta dónde puede llegar. Xavier García Albiol ya es alcalde de Badalona. Como lo fue de 2011 a 2015 y de 2020 a 2021. La novedad, sin embargo, es que estará al frente de la cuarta ciudad más poblada de Cataluña (223.506 habitantes) gozando de una mayoría absoluta. A la novena fue la vencida. Albiol, al que parte de la oposición y algunos expertos en ciencia política equiparan con líderes de la extrema derecha como Trump, Bolsonaro o Salvini, promete mano dura para garantizar la seguridad, atizando el fantasma de las ocupaciones y la delincuencia, hechos que vincula a las personas migrantes. Esta vez nadie se lo podrá impedir.

El PP cosechó un apoyo enorme en las elecciones municipales del 28 de mayo: 18 concejales de un total de 27. Cinco más de los necesarios para gobernar en solitario. Lo nunca visto allí. Ni ellos mismos se lo esperaban, reconoce Albiol a infoLibre.

La inestabilidad política desde 2015, con investiduras en el último minuto, mociones de censura, dimisiones, comunicados urgentes, rencillas personales entre los partidos de izquierdas e investigaciones judiciales han formado un cóctel perfecto que explica la victoria de Albiol en Badalona, tal y como cuentan varias fuentes consultadas por este periódico.

Las recetas del nuevo alcalde en materia de seguridad, convivencia y derechos van desde postulados de la derecha hasta la extrema derecha, con una fuerte carga de populismo, como han señalado en multitud de ocasiones distintos expertos en ciencia política. Como ejemplo de ello, el lema que usó para las elecciones municipales de 2015: Limpiando Badalona. A pesar de las matizaciones y las explicaciones que dio en su día, buena parte de la sociedad entendió que Albiol vinculaba la suciedad con la delincuencia y las personas de origen extranjero.

“Es una nueva etapa y con mi experiencia nos permitirá transformar el Ayuntamiento y tomar decisiones para darle la vuelta a la situación actual de la ciudad, porque se evitan los bloqueos políticos y tener que estar pendientes del estado de humor o los intereses políticos del resto de partidos”, cuenta el flamante alcalde.

Las encuestas internas que manejaba el PP en Badalona auguraban un 28M —fecha de las municipales— de celebración: “Un sondeo del 10 de mayo, antes del inicio de campaña, nos daba una mayoría amplia, con el 51% de intención de voto, pero sacar el 56% y 18 regidores, que son dos tercios del pleno municipal, nos ha sorprendido de forma positiva, porque pensábamos que un buen escenario eran los 14-16 concejales”, admite Albiol.

Sin imprevistos y con todo bajo control, el PP traza un plan que vaya más allá de la legislatura. “Esta mayoría tan absoluta nos garantiza a nosotros y a Badalona un ciclo de 8 años de estabilidad”, aventura el nuevo alcalde, que promete “eficiencia administrativa, seguridad y un plan de choque de limpieza”.

“Hay que convertir la maquinaria municipal, porque tenemos un Ayuntamiento colapsado; quiero que los agentes de seguridad vuelvan a estar en la calle y que la Unidad Omega [policía local concebida para intervenir inmediatamente] vuelva a ser una realidad; y un plan para mejorar la limpieza, además de mejorar las instalaciones deportivas, que están en una situación precaria”, añade. Hay mucho por hacer, incide: “Ahora mismo ningún ámbito del Ayuntamiento funciona y tenemos que reactivar todas las áreas municipales”.

La oposición ha quedado reducida a la mínima expresión, con nueve concejales. Albiol no depende de nadie más que de su propio gobierno para sacar adelante su proyecto de ciudad. A pesar de ello, reconoce que “tener mayoría absoluta no significa tener la razón”. Es por eso que promete “hablar con todos aquellos partidos que quieran escuchar” y entenderse, aunque rápidamente aclara: “No perderé un minuto en discusiones absurdas”. Mientras tanto, buena parte de la oposición promete diálogo con los populares.

“El PSC hará una oposición responsable, constructiva y buscando el beneficio de los vecinos y vecinas de Badalona”, afirman fuentes del partido, que rechazan añadir nada más. Los socialistas no están para fiestas, tras perder la alcaldía y dos concejales, respecto a las elecciones de 2019. De hecho, el exalcalde Rubén Guijarro ha tomado posesión de su acta de concejal, aunque lo dejará en cuestión de meses, antes de que termine el año, señalan las mismas fuentes. De este modo, el PSC buscará un relevo que sirva para recuperar el terreno perdido.

ERC también sufrió un tremendo varapalo el 28M, logrando solo dos regidores. En el 2019 se presentaron con Guanyem (candidatura municipalista vinculada a la CUP) y sacaron siete concejales. “No nos lo esperábamos, yo me veía compartiendo la alcaldía con el PSC y los comunes”, reconoce Àlex Montornès, el cabeza de lista de los republicanos, que aún no sabe qué hará con su futuro. “Cojo el acta de concejal porque tengo un compromiso con los electores, pero tengo que tomar una decisión, junto con el partido... ya veremos cómo queda todo”, cuenta a este diario.

La figura de Albiol tiene algo de magnética, pues arrasa cada vez más entre los votantes de todos los partidos. “El 70% de la gente que nos ha votado no es del PP, pero ya buscábamos eso, nos hemos presentado con un proyecto transversal, que ha superado las fronteras ideológicas y pensado en clave de Badalona”, afirma. “Me he encontrado mucha gente que me ha dicho que nunca se hubiera imaginado coger una papeleta del PP y lo han hecho porque consideran que soy el mejor alcalde que puede tener la ciudad”, asegura. “Eso me llena de orgullo, pero es una gran responsabilidad también, porque hay personas que han hecho un esfuerzo ideológico y nos han dado su confianza”, remata.

La dirección nacional del PP está más que satisfecha con el resultado de Albiol, como él mismo admite. Incluso a pesar de una campaña marcada por un destacado personalismo, una invisibilización de las siglas de los populares y una estrategia basada en captar votantes de todos los partidos. “He tenido libertad para tomar las decisiones oportunas”, cuenta.

Toda la alegría se podría desvanecer de un plumazo. El alcalde de Badalona tiene pendiente un juicio por presunta prevaricación, después de que se instalaran unas antenas de telefonía móvil en unos terrenos públicos sin los permisos necesarios, bajo su primer mandato, en 2012. De hecho, la Fiscalía pide dos años y 10 meses de prisión para Albiol, así como 10 años de inhabilitación para cargo público. Sea como sea, y a pesar de que aún es muy pronto, Albiol se ve con fuerzas para seguir más allá de esta legislatura, en la que sería su décima cita con las urnas.

Ni la propia administración conoce la situación. Y parece negarse a estudiarla, pues descarta analizar cuántos pisos con contratos de alquiler de temporada hay en Cataluña. Mientras tanto, los movimientos en favor de un hogar digno alertan de que, desde el estallido de la pandemia de la covid-19, hay un paulatino traslado de la oferta regular a la ocasional. “La situación está fuera de control y supone la amenaza más importante para el derecho a la vivienda”, aseguran.

La Agencia de la Vivienda de Cataluña rechaza la petición de información de infoLibre, que permitiría conocer la magnitud de este fenómeno. El organismo alega que la documentación requerida es “desproporcionada, excesiva e imposible de elaborar” y cifra en 3,8 millones los contratos que debería revisar desde el año 2000 de forma manual. “Es un volumen muy elevado e inasumible”, añade.

“Es un mercado dejado de la mano de Dios”, reprocha Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres. En todo este embrollo, la Ley de Vivienda acrecentará la problemática, opina Arcarazo, pues la norma, que habilita a regular los precios de los contratos de cinco y siete años, no dice nada sobre los alquileres de duración inferior. “He conocido bastantes casos de alquileres de temporada que se pagan en negro", ejemplifica la portavoz de esta organización.

Los alquileres de temporada son aquellos que tienen una duración que va de los 32 días a los 11 meses. Están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos, también conocida como LAU, y están pensados para personas que necesitan encontrar un alojamiento temporal, por motivos laborales, médicos u otros.

La normativa especifica que debe justificarse la causa por la cual se firma un contrato de este tipo, pero el Sindicat de Llogateres denuncia que no se hacen inspecciones y, por lo tanto, nadie se encarga de verificar si hay propietarios que se acogen a este régimen para escabullirse de las obligaciones que impone un contrato de alquiler regular.

“Estamos a las puertas de que entre en vigor la regulación de los alquileres, los de temporada no entran dentro de la norma y ahora mismo no hay ningún incentivo para un especulador para poner un piso al mercado regulado cinco o siete años, cuando el alquiler de temporada es a precio libre y se puede echar al inquilino cada 11 meses”, señala la portavoz del Sindicat de Llogateres. “Cada día que pasa son más los pisos que se derivan a este mercado. Se habla de los riesgos de regular, pero el mecanismo que nos está haciendo perder oferta son los alquileres de temporada”, sigue.

Esta hipótesis que manejan las organizaciones también la suscribe Jordi Bosch, experto en vivienda. “Es muy posible que haya un aumento de este tipo de oferta, que tendrá más incidencia en ciudades como Barcelona, el litoral y zonas turísticas”, afirma.

La rentabilidad es otro de los reclamos para los inversores, que ven cómo pueden sacar más tajada con un alquiler de temporada que con uno habitual. El perfil del inquilino, además, suele ser distinto, pues está pensado, para personas con una elevada movilidad geográfica, entre otros grupos. En los últimos años ha surgido además un nuevo perfil, los llamados nómadas digitales, que se caracterizan por ser jóvenes que se ganan la vida con la tecnología y que disfrutan de un poder adquisitivo superior al de la media y, de este modo, se van moviendo por el planeta, mientras hacen estancias cortas en distintas ciudades del mundo.

Para evitar un fraude, el Sindicat de Llogateres pide poner coto a este tipo de acuerdo, empezando por prohibir que un propietario pueda firmar contratos temporales sucesivos con el mismo inquilino. Si eso ocurre, se debería considerar un fraude de ley, opinan, de modo que el arrendamiento debería transformarse de ocasional a habitual y, con ello, de larga duración, pudiendo el inquilino marcharse del piso al cabo de medio año, pero disfrutando de una serie de derechos que no disponía en la anterior modalidad contractual, como el ya mencionado tope al precio del alquiler.

Desde febrero de este año la Generalitat ha actualizado la web donde los propietarios registran las fianzas de los alquileres que han suscrito. Por eso ahora ya pueden diferenciar qué tipo de contrato han firmado. Con este sistema se podrán extraer los datos “de forma automatizada y sistematizada”, cuenta la administración. “El registro de fianzas del Incasòl [en referencia al Instituto Catalán del Suelo] es fantástico para estudiar el alquiler convencional, pero con el de temporada intuyo que hay más limitaciones”, apunta Bosch.

La Generalitat está trabajando en una nueva ley que, previsiblemente, ponga coto a los alquileres de temporada. Sin embargo, en los últimos meses ha habido pocos avances y es por eso que el Sindicat de Llogateres apremia al Govern a mover ficha y a regular lo que no hizo la ley estatal de vivienda.

El exalcalde de CiU Xavier Trias lo tiene todo de cara para volver a ser alcalde de Barcelona, como ya lo fue de 2011 a 2015, hasta que lo desalojaron los comunes, con Ada Colau a la cabeza. A pesar de ello, y con todas las reservas habidas y por haber, aún hay partido. Con los números encima de la mesa, hay alternativa a Junts: un pacto tripartito de PSC, comunes y ERC. Entre ellos suman 24 concejales, tres por encima de la mayoría absoluta y trece más de los que obtuvo la formación posconvergente el 28M. Si no logran un acuerdo, Trias gana, al ser la formación más votada.

Quien más ganas parece tener de frenar a Trias son los comunes. “Para nosotros es una prioridad que, en un contexto de retroceso de las izquierdas en toda España y Europa, Barcelona siga alzando una bandera de gobierno progresista”, ha dicho Jordi Martí, peso pesado de Barcelona en Comú y número dos en la lista de Colau en estas municipales. “Es una urgencia mantener un espacio de esperanza y de izquierdas”, ha insistido.

El líder de los socialistas en Barcelona, por su lado, no tira la toalla. “Tenemos la oportunidad y el deber de abrir una nueva etapa en Barcelona. Por eso digo de una forma muy clara que el PSC no renuncia a nada”, expresó ya ayer de madrugada Collboni. Esta mañana ha recibido el espaldarazo del primer secretario del PSC en Cataluña, Salvador Illa, que lo ha animado a “trabajar para generar un gobierno estable y progresista” en la capital catalana. 

Quien ha aguado la fiesta ha sido ERC, al rebajar las expectativas. “No tenemos ningún interés ni voluntad de ofrecer la alcaldía de Barcelona al PSC”, ha asegurado el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. Sin embargo, no ha cerrado ninguna opción, aunque ha instado a Trias a mover ficha, al ser el ganador de estos comicios. El candidato republicano, Ernest Maragall, en los próximos días se pondrá en contacto con Trias para ver qué opciones hay, como ha dicho, ante los micrófonos de RAC1.

“Encontraremos formas de entendernos entre todos los que hemos pedido el cambio, estoy convencidísimo”, ha afirmado el flamante ganador de las municipales, también en RAC1. Allí ha asegurado que tiene “buena colaboración” con los socialistas y con los republicanos y ha descartado la posibilidad de que Collboni busque una vía alternativa para frenar sus aspiraciones de gobernar.

Agotada, como mínimo por ahora, la posibilidad de una entente entre las tres fuerzas progresistas -aún escuece el movimiento del ex primer ministro francés Manuel Valls, que en los anteriores comicios comandó una operación para arrebatar la alcaldía a Maragall y dársela a Colau, con los votos del PSC-, queda una opción, aún menos plausible, por no decir irrisoria: un pacto de izquierda a derecha, entre PSC, comunes y PP.

Los números dan: 23 regidores, dos más de los necesarios. En ese hipotético escenario, Collboni se haría con la alcaldía. Un auténtico sueño para el PSOE, que ha salido magullado de estas elecciones municipales y autonómicas, que han catapultado un adelanto electoral en España, avanzando los comicios previstos para finales de año hasta el 23 de julio.

Este movimiento inédito tiene pocos visos de prosperar, a tenor de las declaraciones de uno de sus actores clave, Daniel Sirera, el candidato de los populares en Barcelona, que ya ha avanzado que ve “complicadísimo, por no decir imposible”, pactar con Collboni si eso comporta facilitar que Colau siga gobernando, aún si deja de ser alcaldesa. Sirera, que ha doblado la presencia del PP en el hemiciclo barcelonés, pasando de dos a cuatro concejales, se mantiene en stand-by y delega en las reuniones que mantengan Trias y Collboni: “En función de eso, nos sentaremos a hablar con uno y con el otro”, ha dicho, en declaraciones a los medios.

Sea como sea, los tiempos no se pueden dilatar en exceso, pues la constitución de los nuevos ayuntamientos está prevista para el 17 de junio, de aquí a menos de tres semanas.

Otra opción, poco probable, es un nuevo recuento de votos que de un vuelco al tablero. En concreto, en la segunda plaza, obtenida por el PSC por tan solo 141 votos de diferencia con los comunes, que han quedado terceros. “Lo pediremos, a ver si hay errores, en un margen tan estrecho, son decenas de votos y podría ser”, ha dicho Martí, que rápidamente ha aseverado: “A esta hora no tenemos ningún dato que apunte a esta dirección”.

Si efectivamente Barcelona en Comú desbancara a los socialistas, se podría abrir otro abanico de posibilidades, que incluso pudieran suponer un tercer mandato de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Sea como sea, de bien seguro es una posibilidad aún muy alejada de cualquier mente pensante, por mucho que quien anhele esa opción.

Lo que nadie discute es que, a pesar de la derrota de los de Colau, desde 2015 han logrado situar sus políticas en el centro del debate público. Sirven como ejemplo la limitación de nuevos hoteles, también de los apartamentos turísticos, la construcción de vivienda pública, las cooperativas como modelo alternativo para vivir lejos de los vaivenes de la especulación, el freno a las oleadas de cruceros, la reducción del turismo de masas, el verde en las calles, la pacificación de las carreteras, la reducción del tráfico, la apuesta por los carriles bici, por un dentista municipal, el psicólogo gratuito…

Han sido cuestiones, además, que han ido mucho más allá de las fronteras de la ciudad de Barcelona. Ahora, en 2023, tras unos comicios en los que todo apunta a que quedarán relegados a la oposición (ya veremos si como primera o segunda fuerza), la legislatura estará marcada igualmente por esa agenda de temas sobre los que discutir, para rediseñar una Barcelona del futuro. Como mínimo, hasta 2027.

Vuelve Convergència. Con otro nombre (Trias per Barcelona), pero parecido proyecto. El ex alcalde de CiU Xavier Trias se impone en la capital catalana y se hace con 11 concejales, derrotando a la hasta ahora alcaldesa, Ada Colau (9), y el líder del PSC, Jaume Collboni (10), que pierde un regidor y gana dos, respectivamente. La ciudad más poblada de Cataluña, si nada cambia, hará un viraje a la derecha y se desandará buena parte de las transformaciones impulsadas durante dos legislaturas entre los comunes y socialistas.

Sin embargo, nadie puede darlo todo por cerrado esta noche y madrugada. Menos aún tras la experiencia de 2019, cuando el candidato de ERC, Ernest Maragall, se veía de alcalde y no lo logró, a pesar de ganar los comicios. “Quiero felicitar al señor Trias por los buenos resultados, pero quiero decir de una forma muy clara que Barcelona ha votado iniciar una nueva etapa y también ha votado progresista”, ha defendido Collboni, que ha remachado: “Tenemos la oportunidad y el deber de abrir una nueva etapa en Barcelona de progreso y estabilidad. Por eso digo de una forma muy clara que el PSC no renuncia a nada”.

Colau, la gran derrotada de la noche, no se da por vencida, tampoco. “Esta es una ciudad progresista, hemos gobernado con acuerdos progresistas y es cierto que Xavier Trias ha quedado primero, pero ha quedado lo ha hecho con 11 concejales y las fuerzas progresistas sumamos 24 y, por tanto, creo que es una obligación interpelar a ERC y PSC para hablar y ver si esta mayoría podría tener una experiencia de gobierno. Esto se tiene que hacer”. “Nos comprometemos a hacer el máximo esfuerzo para que en esta ciudad no hagamos ni un paso atrás”, ha sentenciado, mientras ha asegurado que mañana mismo se pondrá a trabajar para lograr un acuerdo tripartito de izquierdas.

Menos claro ha sido Maragall, que ha felicitado a Trias por la victoria y lo ha emplazado a buscar un liderazgo fuerte. Sin embargo, no ha dado nada por cerrado: “Toca ponernos a disposición de la ciudad y de la voluntad mayoritaria y suficiente para construir ese gobierno estable que la ciudad necesita”. “No nos rendiremos, no nos callaremos, estaremos aquí, defenderemos la ciudad, con todas nuestras fuerzas”, ha añadido.

Trias, que ha sido de los primeros en comparecer ante los medios, se ve como alcalde. “No me podía imaginar que hace tres horas estaríamos así”. Esas han sido las primeras palabras de Trias, que ha logrado elevar la representación de su partido en el pleno de Barcelona de cinco a 11 concejales. El ex alcalde ha estado rodeado de la presidenta de Junts, Laura Borrás, el secretario general de la formación posconvergente, Jordi Turull, así como pesos pesados de la formación en la capital catalana, como Jordí Martí, visiblemente emocionado.

“En su día expliqué que me presentaba y que lo hacía para ganar las elecciones y para ser alcalde de Barcelona. Lo seré”, ha afirmado, tras cosechar 149.235 votos. “Somos conscientes de los resultados que hemos tenido y de los que han tenido otros. Mi felicitación al PSC, a los comunes, a ERC y al resto de fuerzas que han tenido representación”, ha agradecido el exalcalde.

Sea como sea, los gritos de “alcalde” no se han hecho esperar en la sede electoral de Junts, donde la noche ha empezado con dos salas y dos equipos siguiendo el recuento de votos: por un lado los de Trias y por el otro el núcleo duro del partido, con Borrás, con posiciones más extremas y unilateralistas, y Turull, más pragmático y templado.

Junts se ha impuesto en los distritos de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia y Eixample, el PSC en Sant Martí, Horta-Guinardó, Nou Barris y Sant Andreu y los comunes en tan solo Sants-Montjuïc y Ciutat Vella. ERC no ha ganado en ningún distrito, aunque ha cosechado cinco concejales, la mitad de los que obtuvo en 2019.

La extrema derecha entra en el Ayuntamiento

La otra gran noticia de la noche es la entrada, por primera vez, de la extrema derecha en el Ayuntamiento de Barcelona. Lo hace con dos concejales, Gonzalo de Oro-Pulido Plaza y Liberto Senderos Oliva. El PP, por su parte, está muy satisfecho, porque dobla su representación en el hemiciclo al pasar de dos a cuatro regidores.

Quien no tiene nada que celebrar son Ciudadanos y Valents, que desaparecen del hemiciclo barcelonés. “Colau ya no será alcaldesa de Barcelona, que es una cosa que todos celebramos. Creo que es algo de lo que todos nos tenemos que congratular, es una buena noticia”, ha dicho Eva Parera, líder de Valents. Sin embargo, en 2019 fue ella misma quien logró hacer a Colau alcaldesa, de la mano de Valls y el ex ministro socialista Celestino Corbacho, además de los votos del PSC.

El cinturón rojo del PSC resiste en el área de Barcelona

El cinturón rojo catalán, vinculado históricamente al PSC y situado en Barcelona y sus municipios colindantes, resisten. La alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad de Cataluña, además de presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, pierde la mayoría absoluta, a pesar de perder un concejal. ERC y PP logran cuatro concejales ambos (Esquerra suma uno más que en 2019 y PP entra con los cuatro regidores) Vox irrumpe con tres y l’Hospitalet en Comú Podem tres concejales más.

En Santa Coloma de Gramenet el efecto Rufián, que encabeza la lista de ERC allí, no logra frenar la mayoría absoluta socialista, que se hace con 17 concejales y reúne la mayoría absoluta en la novena ciudad con más habitantes de Cataluña. Esquerra logra cuatro concejales, uno más que en 2019 y el PP y Ciudadanos resisten con dos regidores, los mismos con los que se estrena Vox. La marca de los comunes allí desaparece. En Sant Adrià de Besòs también se impone el PSC, obteniendo la mayoría absoluta, fijada en 11 regidores. Ocurre lo mismo en Cornellà de Llobregat. Misma fotografía en Esplugues de Llobregat y Sant Boi de Llobregat.

Donde el PP tiene mucho que celebrar es en Badalona. Xavier García Albiol arrasa en la cuarta ciudad de Cataluña. Los populares logran 18 concejales y el 55,73% de los votos, siete más que en las elecciones municipales de 2019 y cuatro por encima de la mayoría absoluta, fijada en 14 concejales. El PSC, con el alcalde Rubén Guijarro a la cabeza, logra cuatro (-2), ERC dos, los comunes dos (iguala los resultados de 2019) y Guanyem (candidatura municipalista vinculada a la CUP) uno.

En el Prat de Llobregat vuelven a imponerse los comunes. Es una ciudad del área metropolitana de Barcelona especialmente significativa, pues allí se encuentra el aeropuerto de Barcelona, una infraestructura que hace meses está en debate. En concreto, por si se debe ampliar o no, a pesar de afectar a una zona medioambientalmente protegida. Los comunes apuestan por dejarlo todo como está, mientras el PSC, segunda fuerza allí, propone hacerlo crecer y aumentar el número de vuelos intercontinentales y de pasajeros.

Un partido catalán de extrema derecha se impone en Ripoll

La extrema derecha catalana gana las elecciones en Ripoll (10.641 habitantes). Con el 100% del voto escrutado, Sílvia Orriols, líder de la formación identitaria Aliança Catalana se hace con seis concejales en este consistorio de Girona. Pasa de un asiento, bajo las siglas de Front Nacional de Catalunya (FNC) en 2019, a los actuales seis.

Allí Junts logra tres asientos, los mismos que ERC, mientras el PSC y la CUP logran dos concejales. Som-hi Ripoll, una escisión de Junts, se hace con un regidor. La mayoría absoluta está fijada en nueve concejales, de modo que un pacto entre distintos partidos puede evitar que la extrema derecha independentista tome el mando de este municipio.

El primer cuatrimestre del año se ha saldado con cifras récord en el aeropuerto del Prat. Nunca antes habían llegado tantos pasajeros internacionales fuera de la Unión Europea (UE) a Barcelona: 3.624.552. Mientras la Generalitat considera que estas cifras son positivas, plataformas como ZeroPort opinan lo contrario: “Suponen más contaminación, más presión turística y la expulsión de vecinas de los barrios”. Entremedias, sigue el debate sobre si hace falta ampliar la infraestructura, en una batalla que divide al Ejecutivo español, conformado por PSOE y Unidas Podemos, y a la sociedad catalana.

“Es posible que sea un año de récord, vamos muy bien y las previsiones son buenas”, cuenta a infoLibre el director de la Agencia Catalana de Turismo, Narcís Ferrer i Ferrer, que destaca el peso de los negocios en el auge de pasajeros internacionales. “Hay un crecimiento muy grande en Cataluña en captación de inversiones internacionales, Corea está subiendo fuerte, tras la pandemia, y también lo harán China y Japón”, explica. “La reindustrialización está teniendo un efecto muy positivo en el tráfico del Prat”, añade. 

En abril se han superado el millón de pasajeros internacionales provenientes de fuera de la UE. Es una cifra que nunca antes se había dado en un mes de abril, según los datos de AENA, la autoridad competente. Igualmente, los meses de enero, febrero y marzo han pulverizado todos los registros de sus respectivos meses de otros años. A nivel global, “durante los primeros cuatro meses de 2023 se ha llegado a una recuperación del 94,3% [respecto a las cifras prepandemia], con 14.176.110 usuarios”, cuenta la empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles. “El año 2019 el aeropuerto registró 52,7 millones de pasajeros, mientras que el año pasado se recuperaron el 79% de usuarios, hasta los 41,6 millones”, sigue.

AENA quiere que el Prat disponga de más trayectos de larga distancia, en una estrategia en la que algunos quieren posicionar esta infraestructura como un hub internacional. “En 2019 tuvimos 47 rutas intercontinentales y este año la tendencia sigue siendo la de recuperar las conexiones. Por ejemplo, se han establecido las nuevas rutas a Tel-Aviv de WizzAir, a Bakú de Azerbaiyán Airlines y a Calgary de Westjet. Además, próximamente empezarán a operar las nuevas rutas de United Airlines a Chicago y de Air China a Pekín”, dice la empresa pública.

“Las cifras de vuelos internacionales son negativas, porque implican más turismo en la ciudad”, reprocha Daniel Pardo, miembro de ZeroPort, una organización medioambiental que lucha por evitar la ampliación del aeropuerto del Prat. “Los vuelos nacionales no han crecido igual y el puente aéreo está en claro declive, eso demuestra que, a pesar de que no se han tomado medidas, los vuelos con alternativa de tren van a la baja”, considera. “Este será el futuro y, por tanto, se tienen que empezar a tomar acciones para prohibir los vuelos de corto recorrido”, propone. “En relación con los internacionales, estos son más caros para la ciudadanía y acaban siendo utilizados por una élite que los puede pagar”, sostiene. “Aún así, seguimos pagando con fondos públicos la promoción del turismo a Barcelona en otros continentes y la estrategia de AENA va en esta línea”, censura, mientras pide la supresión de “privilegios fiscales” y una tasa mayor al combustible. 

Los motivos que explican el auge de pasajeros de fuera de la UE son variados, partiendo por anécdotas que generan un auténtico furor, como cuenta el director de la Agencia Catalana de Turismo. “Ha habido una explosión postpandemia con los turistas coreanos, porque dos han posicionado Cataluña, uno con una churrería de Barcelona y otro haciendo un videoclip en Tossa de Mar”, cuenta. Así es. En Youtube se encuentran vídeos recientes que acumulan millones de visualizaciones.

“Valoran nuestra gastronomía y la religión, visitando el monasterio de Montserrat y la Sagrada Família de Gaudí”, añade Ferrer. Actualmente hay programados siete vuelos diarios desde Seúl a Barcelona y se espera que en un futuro sean aún más.

Además de estos efectos, más bien inesperados, también ha habido un trabajo de años en el que Barcelona se ha convertido en una ciudad de congresos. El más reconocido, el Mobile World Congress (MWC), que tras años de renovaciones ha escogido la capital catalana como sede permanente del evento de tecnología móvil más importante del mundo. Además del MWC, la feria audiovisual ISE también se ha coronado en la ciudad condal, con más de 50.000 visitantes este año y con dos ediciones más ya cerradas en la capital de Cataluña. “Hay una explicación multifactorial: este año tenemos récord de inversiones extranjeras, que vienen de mercados lejanos, como el sureste asiático y norteamericano, que generan un tráfico aéreo importante”, concluye Ferrer.

“La sensación como barcelonés es que la densidad de visitantes será la misma que en 2019 o incluso 2022”. Es el pronóstico que hace el director de la Agencia Catalana de Turismo, aunque rápidamente puntualiza: “Lo que sí que notaremos es la diversificación de la estancia en el resto de Cataluña. Es algo que vemos con el mercado americano, que después de ir a Barcelona se va hacia la Costa Brava, pero también hacia lugares como Tarragona o el Penedès, que es un destino enoturístico”.

La Generalitat tiene una auténtica maquinaria para captar visitantes, con lo que nada es casual. “Hay una estrategia muy sofisticada, cada mes de mayo decidimos el plan del año siguiente, en el que se deciden cuáles son los mercados prioritarios”, explica Ferrer, que hace una porra: “Este año el mercado principal es el español, luego el francés y le siguen el Reino Unido y Alemania, con determinados nichos, como el turismo de autocaravana”. “Y en larga estancia está el público norteamericano y el del sureste asiático lo teníamos en observación, pero ha sido una sorpresa”, añade, a la vez que remarca que en 2022 vinieron 300.000 coreanos. 

Por estas fechas ya empieza el runrún de los turistas en Barcelona. Poco a poco va calando como uno de los temas predilectos en conversaciones de ascensor, de bar y en comidas con familiares y amigos. Lo que viene parece ser un verano de récord, de lleno absoluto, de masificación turística y de, también, el ya convertido en eslogan Tourists go home.

La Generalitat oculta información sobre la sequía. En concreto, sobre el consumo de agua que hacen los municipios. Y no es una información baladí. La administración catalana ha impuesto restricciones en el uso de este bien esencial para la vida ante una de las peores sequías del último siglo. La medida más relevante, un tope al gasto: 230 litros por agua al día. Si se rebasa ese límite, hay sanciones. O las había, más bien. Con todo, hace casi un año y medio que se desconoce cuál es la situación, pues la ciudadanía no dispone de datos publicados, a pesar de que la administración los tiene.

Junts logró aprobar la semana pasada en el Parlament una proposición de ley, junto al PSC y ERC, para que las multas no se pusieran hasta que hayan sido traspasados los fondos para las subvenciones comprometidas por el Govern, que permitirán a los pueblos y ciudades rebajar el consumo que hacen los vecinos, empresas y equipamientos públicos. Atendiendo al calendario, será un asunto que quede pendiente para pasadas las elecciones municipales del 28 de mayo.

En 365 municipios se incumple la norma, según los últimos datos publicados por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de 2021. Son el 38,5% del total. Dicho de otro modo: 1.242.982 habitantes —el 16%— viven en poblaciones en las que se supera el límite permitido. Hay que tener en cuenta que la Generalitat toma como referencia “los volúmenes totales de agua que entran al depósito municipal para el abastecimiento de la población […], incluyendo actividades económicas y comerciales”, de modo que no todo se puede atribuir al gasto doméstico.

La Pobla de Mafumet, en Tarragona, es el pueblo que más agua consume. En concreto, 9.316 litros por habitante y día de media, según los registros de hace año y medio. El complejo petroquímico que hay allí es la razón de este gasto desorbitado. Se trata del mayor polo de empresas de este ámbito del sur de Europa y reúne a compañías como BASF, Cepsa, Iqoxe o Repsol. A modo de comparación, en Barcelona, incluso con la Zona Franca, que agrupa a buena parte de la industria catalana, el consumo medio es de 154 litros por habitante y día. Hay que tener en cuenta también la diferencia de población: Barcelona cuenta con 1.636.193 habitantes, cuando La Pobla de Mafumet tiene 4.052. A esta pequeña población la siguen en el ránking de mayor gasto de agua El Morell (también en la zona de la petroquímica), La Canonja, Gualta y Castellar de la Ribera.

Los habitantes más derrochadores en casa son los que viven en Prats i Sansor, Naut Aran, Gósol, La Vall de Boí, Torrent y Josa i Tuixén. A excepción de Torrent, el resto pertenecen al Pirineo y buena parte de las primeras posiciones las ocupan pueblos de la Vall d’Arán. Todos ellos superan los 600 litros por persona y día. Se trata de lugares despoblados y con una fuerte afluencia de turistas, tanto en invierno, con la temporada de esquí, como en verano, cuando la gente busca un lugar donde escapar del calor cada vez más sofocante. Eso incrementa las cifras con respecto a otros puntos menos masificados.

En total son 79 las poblaciones en las que se rebasan los límites fijados por la Generalitat, si se mira solo el consumo doméstico. En este caso, la cifra de habitantes incumplidores, atendiendo a la forma en la que la administración toma en cuenta las mediciones, es muy inferior: 116.390.

“Es muy grave, el acceso a la información es un principio de los derechos humanos y se está vulnerando”, reprocha el portavoz de Aigua és Vida, Dante Maschio. “Es muy habitual [que suceda esto], lamentablemente”, le sigue Eli Forés, de Ecologistes en Acció. “La Generalitat está ocultando los datos porque hay elecciones en menos de un mes y a nadie le interesa salpicar a los partidos que gobiernan en los municipios, porque nos podríamos las manos en la cabeza si miráramos cómo responden a la limitación de uso del agua”, añade Maschio.

La Generalitat parece estar haciendo mal su trabajo, cuentan los expertos. “No solo hay que tener en cuenta el derecho a la información, sino que también hay que pensar en la obligación de publicidad activa que establece la ley catalana. Parece que la Generalitat incumple”, expone Juli Ponce, catedrático de Derecho por la Universitat de Barcelona (UB). El Govern alude a cuestiones de privacidad, para no revelar los datos. “Alegan temas de confidencialidad y hacen referencia a la protección de datos, pero este argumento no les generaba ningún problema hasta 2021 [fecha en la que se ha publicado el último balance]”, apunta Ponce.

Las entidades sociales hace tiempo que pelean por una mayor y mejor información. “Hace unos años mandamos cartas a los ayuntamientos para saber qué modelo de gestión del agua tenían, si era público o privado; con que operador funcionaban, cuándo se terminaba la concesión que tenían y cuántos cortes de suministro había”, recuerda el también portavoz de Enginyeria Sense Fronteres (ESF). “Por sorpresa nuestra nos dimos cuenta que muy pocos ayuntamientos sabían y eso te demuestra la capacidad que tienen las administraciones públicas para gobernar el agua”.

La información también escasea, si se quiere analizar cuánto gasta cada sector. “No sabemos lo que implica el turismo respecto a, por ejemplo, la industria”, dice Maschio. “Hemos delegado el agua en el sector privado y han escondido los datos, porque les interesa. Cuando hemos intentado remunicipalizar el servicio ha sido muy difícil, porque la información es poder”, sigue.

Otro asunto pendiente son los planes para hacer frente a la sequía, que todos los expertos apuntan a que es un fenómeno que irá a más, tanto en cantidad como en intensidad. La Generalitat estableció que las ciudades de más de 20.000 habitantes debían tener un plan anti-sequía. Y tenía que estar en vigor para junio de 2020. A menos de un mes para cumplir tres años, 37 de los 64 municipios obligados a ello aún no disponen de esta herramienta. Ante esta situación la ACA ya ha empezado a abrir expedientes a una decena de localidades.

“Nos estaremos muriendo en Cataluña y los turistas se inundarán en agua”, critica Forés, que denuncia la falta de restricciones al turismo en esta campaña de verano, en la que se prevén cifras récord. El Instituto Metrópoli ya manifestó hace años el elevado gasto de agua que hacen los visitantes hospedados en hoteles de ciudades como Barcelona. En un estudio de 2016 dictaminaron que un turista que se aloja en un hotel de cinco estrellas gasta 500 litros por día. A medida que baja la categoría del establecimiento, también lo hace el gasto: 373 litros cada 24 horas, en el caso de reposar en un hotel de cuatro estrellas; y 232, en el caso de uno de tres.

La Generalitat ha denegado a infoLibre ofrecer información más actualizada de la situación, a pesar de que fuentes del ACA admiten a este medio que tienen en su mano registros nuevos sobre el consumo que hacen los municipios, a raíz del decreto por la sequía que implementó el Govern a principios de año. Las mismas fuentes cuentan a este periódico que las cifras de 2022 se conocerán, previsiblemente, en junio. Las de 2023 siguen siendo una incógnita.

“No lo estaremos haciendo tan mal cuando en Madrid no hay charnegos ni maquetos”. Esas fueron las palabras de Ayuso en el acto del Dos de Mayo. La presidenta de la Comunidad de Madrid presume de integración a la vez que critica a Cataluña y a Euskadi por estar faltas, supuestamente, de ello. Los comentarios no se han hecho esperar: “Ayuso hace un borrado de la identidad de clase”, asegura Mikel Aramburu, profesor de Antropología de la Universitat de Barcelona (UB).

No son las únicas críticas: “Está apuntando a la dinámica que sucede habitualmente con la cuestión charnega, que es usar el concepto sin llenarlo de ningún significado, e incluso de ni permitirlo, para que quede como un saco vacío que usar como arma arrojadiza. Lo charnego es algo fetiche y que siempre sirve para señalar. Esto también forma parte de la dificultad para hacer una memoria charnega, en Cataluña y en Madrid, que incluso se niega la existencia de gente llegada de la migración interna”, dice por su parte Brigitte Vasallo, escritora e impulsora del Festival de Cultura Txarnega en Barcelona.

Isabel Díaz Ayuso defendió en su discurso que la región “es de todos y de nadie” y que está “abierta al mestizaje”. El mensaje, sin embargo, refleja una intencionalidad de hacer tabula rasa con el pasado originario de cada madrileño, según los críticos con el mensaje de Ayuso. “Se ubica en un marco neoliberal y tiende a no reconocer el papel de las clases sociales, a ningunearlas”, cuenta Aramburu. “Lo que ocurre es que no se ha puesto una palabra para definir a los que llegaron de la migración de los años 50 y 60, lo que hay en Madrid son gatos, que son los madrileños puros, que es la trampa dialéctica que ha usado Ayuso”, sigue Vasallo. “Igual no tienen charnegos pero sí gatos, lo que es el mismo proceso de capas de población a través de la expulsión del campesinado”, añade.

Charnego, históricamente, ha sido un insulto para despreciar y arrinconar en una categoría social inferior a aquellas familias humildes que entre los años 40 y los 60 llegaron a Cataluña, venidas desde todos los rincones de España, en una época en la que a muchos no les quedaba otra que ir a las grandes ciudades para buscar un futuro mejor. “Para mí es ser parte y ser descendiente de la historia de la desmantelación del mundo rural precapitalista en el estado español”, define Vasallo, que también se identifica como charnega y marimacho con antepasados gallegos. “Es una definición que yo saco de Cataluña y la propongo para todas esas poblaciones que no tienen una palabra sobre la que constituirse”, continúa.

Para la Real Academia Española (RAE) charnego es el “inmigrante en Cataluña procedente de una región española de habla no catalana”. Para el Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC), el “hijo de una persona catalana y de una no catalana, especialmente francesa, dicho despectivamente”. Igualmente lo es el “inmigrante castellanoparlante residente en Cataluña, dicho despectivamente”.

El término ha ido variando de significado a lo largo del tiempo. En un momento del pasado hizo referencia a una raza de perro que servía para cazar conejos durante la noche. Más tarde surgió para referirse a la mezcla, a lo mestizo. 

Maqueto sería el símil de charnego, pero aplicado a los inmigrantes de distintas regiones españolas llegados a Euskadi, sin conocer ni hablar euskera. “Mi experiencia personal es que [hablar de ello] está un poquito más enquistado que en Cataluña, lo reprimido todavía no ha salido, sigue siendo algo bastante incómodo”, cuenta Aramburu, experto en antropología de las migraciones.

Según diversos estudios, hasta seis millones de habitantes dejaron el campo para instalarse en las grandes urbes. 1,8 millones llegaron a Cataluña entre 1955 y 1975, dos millones más fueron a Madrid y otros 1,5 emigraron alrededor de Europa, según el historiador Borja de Riquer i Pemanyer. 

La llegada de gente a la ciudad se vivía, en el mejor de los casos, con extrañeza y, en el peor, con un profundo rechazo. Un ejemplo de ello fueron las Casas Baratas del barrio del Bon Pastor de Barcelona, que se hicieron en 1929 para acoger a las familias obreras de toda España y que participaron en la Exposición Universal de aquel año. Sus costumbres, su identidad y su forma de hacer era muy distinta a la de los vecinos del Eixample, que apenas vivían unos kilómetros más allá de donde ellos se encontraban. Al fin y al cabo, eran residentes de la misma ciudad de Barcelona, aunque unos vivieran cómodamente en el centro y otros lucharan por seguir adelante desde la periferia.

En los últimos años personalidades como Andreu Buenafuente, Jordi Évole o Gabriel Rufián han reivindicado el orgullo charnego. Más que un sentimiento identitario, de patria, se trata de un reconocimiento a los orígenes humildes, como cuentan tanto Aramburu como Vasallo. Recientemente, además, han surgido movimientos de reapropiación del término para convertirlo en algo positivo. “Hay que deshumanizar esa categoría para llenarla de un significado que la humanice de nuevo”, pide la propia escritora, que es una de las impulsoras de esta nueva corriente, que apuesta por elaborar una memoria colectiva de lo que fue un éxodo masivo.

Entre los críticos al orgullo charnego se encuentran aquellos que consideran que es una polémica fútil, ya superada. “Está más en boga ahora que hace 20 años”, rebate Aramburu. “Pero no diría que es una identidad socialmente muy extendida, sino más bien localizada en unos sectores más intelectuales”, puntualiza. Sobre el devenir y su posible auge o decrecimiento, aún es pronto para saber, apunta este antropólogo.

También hay quien considera que la defensa de dicha identidad supone, a su vez, una homogeneización de un colectivo muy diverso, pues charnego es todo aquel venido de lo rural hacia Cataluña, ya provenga del sur o del norte de España. “Yo tengo testimonios que, siendo de Lleida, vinieron a Barcelona y también los llamaron charnegos. Eso demuestra que el término se usó como alteridad, para marcar una diferencia. Todo lo que no era urbano y barcelonés era charnego”, explica Vasallo.

Lo catalán se usó durante la segunda mitad del siglo pasado como un sinónimo de ascenso social, expresa Aramburu. “Esa aspiración implicaba una catalanización, cada vez más identitaria que cultural”, cuenta.

Sin embargo, también ha sido un elemento que ha generado rechazo. Jorge Javier Vázquez, de padre murciano, madre albaceteña y criado en el barrio humilde de Sant Roc de Badalona, ha contado en varias ocasiones como, a pesar de que su padre le inculcaba la importancia de aprender y hablar en catalán, él nunca se sintió cómodo. “Me da mucha vergüenza. La época del pujolismo [en referencia al expresident Jordi Pujol] fue muy dura y el idioma era un elemento que separaba mucho a la sociedad”, contó a finales de año en una entrevista a TV3.

El cantaor Miguel Poveda, de raíces murcianas, por parte de padre, y ciudadrealeñas por parte de madre, compartió en una entrevista a El País que en el colegio sintió la imposición del catalán. Y de ahí sus reticencias. “Pasamos de dar una asignatura en catalán a darlo todo, menos una clase de castellano. No quiero echarle la culpa a eso, pero dejé de tener interés en las clases”, reconoció. “Me he enamorado del catalán cuando he sido libre”, expresó el artista, criado en el barrio de Bufalà, también en Badalona.

A nivel político, la lengua tiene mucho que ver. El 82% de los votantes del PP en Cataluña declara que el castellano es su idioma materno, según el último barómetro del CEO, conocido como el CIS catalán. En cambio, solo el 6,5% afirma que lo es el catalán. En Junts la situación es la contraria: el 88% de sus votantes apuesta por el catalán y solo el 8,7% por el castellano.

Los castellanohablantes son mayoría en las filas populares, en Ciudadanos, Vox, PSC y comunes, mientras que los catalanohablantes abundan en ERC, Junts y la CUP. Dicho de otro modo, si en casa hablas catalán hay muchas más papeletas de votar independentista que de votar a fuerzas unionistas o federalistas. Y lo mismo al contrario.

“Soy charnego e independentista”. Aún resuena la frase que Rufián pronunció en 2016 en el Congreso de los Diputados para defender la apuesta por la independencia desde una identidad que no es la de los ocho apellidos catalanes. Por otro lado, Ciudadanos ha ejercido históricamente como contrapoder a esa voluntad de canalizar el voto de un segmento muy importante de la población, blandiendo la identidad española. “Rufián y Arrimadas son las dos caras de la misma moneda, el contrarrelato somos nosotras”, asegura Vasallo.

A lo largo de las últimas décadas las salidas de tono a cuenta de la identidad han copado varios titulares de prensa que ya forman parte de la hemeroteca y de una retahíla casi infinita de desprecio hacia lo charnego. En 2008, la mujer del expresident Pujol, Marta Ferrusola, se hizo viral al confesar que le molestaba “mucho” que el entonces president fuera “un andaluz que tiene el nombre en castellano”. Se refería a José Montilla, que sucedió a Pasqual Maragall en el segundo tripartit entre ERC, PSC e ICV-EUiA. Ferrusola, insatisfecha, también cuestionó su habilidad con la lengua: "Un presidente debe hablar bien el catalán".

Pujol tuvo que salir a desacreditar a su mujer: "Siempre me he manifestado en términos distintos a ésos ya que [la presidencia de Montilla] habla muy positivamente de Cataluña y del president Montilla (...), es una prueba de la actitud integradora del país y del buen funcionamiento del ascensor social", defendió. Y de ahí su ya famoso: “Es catalán todo el que viva y trabaje en Cataluña, y quiera serlo”. 

Tres cuartos de siglo después, el término charnego, como maqueto, sigue siendo una arma arrojadiza con la que atizar al diferente, mientras algunos de los señalados, “con la seguridad de una posición social ganada”, como define Aramburu, tratan de hacerse un espacio para elaborar “parte de una memoria que no hemos podido hacer y que debemos hacer”, en palabras de Vasallo. 

Se podría haber hecho y no se quiso. Es la tesis que mantienen las fuerzas a la izquierda del PSOE, así como las entidades que luchan por el derecho a la vivienda. Dejar en el tintero la regulación de los pisos turísticos y desaprovechar la oportunidad de hacerlo con la Ley de Vivienda, aprobada el jueves pasado, con los votos de las fuerzas de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, además de ERC y EH Bildu, entre otros, deja a algunos un sabor agridulce y a otros más varias incertezas. “La norma tiene muchos agujeros”, acusa Jordi Estivill, de la CUP, formación que votó en contra del texto.

“Es una oportunidad perdida”, lamenta Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres. “Ahora pedimos que se haga desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, sigue. De hecho, son estas dos administraciones quienes formalmente tienen las competencias en materia de vivienda. La falta de regulación, avisa, puede suponer un auténtico desastre. Incluso ciudades en las que está limitada la expansión de nuevos pisos turísticos, como Barcelona, no hay suficiente, considera. “Es insostenible, hace falta reducirlas y revocar licencias. Estamos convencidos que hay maneras para hacerlo”, exige.

Unidas Podemos intentó elaborar junto al PNV una enmienda transaccional a la ley que impulsó la misma formación desde el Gobierno, junto a los socialistas, para topar los apartamentos turísticos. En concreto, proponían que en zonas tensionadas, como Barcelona, Málaga, Donostia o Cádiz, que son lugares en los que la gente tiene que hacer un sobreesfuerzo para poder pagar la vivienda, no hubiera un número de plazas superior al 2% de los habitantes de ese municipio o distrito. Finalmente no salió adelante.

“El acuerdo de coalición habla de regular los alquileres turísticos”, recuerdan fuentes de Unidas Podemos. En concreto, el pacto entre morados y socialistas estipula que “se impulsarán reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio”. De todos modos, nada hace prever que se cumpla el compromiso alcanzado entre ambas partes, puesto que la legislatura se agotará en diciembre y el margen para elaborar un texto y someterlo a la tramitación parlamentaria es estrecho.

La semana pasada la Inmobiliaria Gallardo, que se vincula a Susana Gallardo, pareja del exprimer ministro francés y exconcejal en Barcelona Manuel Valls, logró una victoria judicial que le permitió conseguir, de golpe, 120 licencias para transformar pisos en los que hasta ahora vivían familias en viviendas de uso turístico. Todo a pesar de que en la capital catalana hay una norma restrictiva en este ámbito, tras experimentar un auténtico boom en los últimos años.

En menos de una década, de 2005 a 2014, Barcelona pasó de tener 81 a tener 9.606 licencias. La Generalitat en 2012 aprobó un decreto que frenó en seco la proliferación de este tipo de viviendas y en 2017 el Ayuntamiento elaboró el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) que, entre otros, fijó por objetivo una reducción del número de permisos concedidos en buena parte de la ciudad. Sin embargo, la inmobiliaria en cuestión se valió de un resquicio legal en 2019 para torcer el brazo a la normativa.

El Ayuntamiento se encuentra en fuera de juego. “Lamentamos mucho esta situación, estamos analizando jurídicamente qué podemos hacer, y exigimos los cambios normativos que nos habiliten a actuar de forma rápida, para evitar casos como este y nuevos que puedan ocurrir”, lamentó públicamente Janet Sanz, teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad de Barcelona. De hecho, ha reconocido que el propio Ayuntamiento desconoce si en las próximas semanas habrá más casos como el de ahora.

“Lo mínimo sería un poco de autocrítica de la administración”, reprocha Estivill, número dos en estas elecciones municipales de Barcelona por la formación anticapitalista. “Si un propietario plantea una demanda de licencia del Ayuntamiento, este lo debería saber, es un poco extraño que no sea así”, insiste.

En la capital catalana hay 9.397 viviendas de uso turístico, según los últimos datos disponibles. Ahora, sin embargo, habrá que sumar las 120 de la inmobiliaria Gallardo. “Pediremos una reunión con el Govern, les habíamos hecho una propuesta, que era la posibilidad de revocar licencias, y no la han tirado adelante. No puede ser que una licencia, que en Barcelona se puede conseguir por 200 euros, perdure para toda la vida y no haya capacidad normativa para retirarla cuando genera molestias o atenta al derecho a la vivienda. En este [último] caso hemos visto vecinos de nuestra ciudad que residían de forma habitual y ahora tienen que dejar su piso”, dijo Sanz.

Otro tema aparte son los pisos de alquiler temporal, que son aquellos que tienen una duración inferior a 12 meses. Desde el Sindicat de Llogateres acusan a la Generalitat de falta de voluntad por regular una tipología de contratos que, aseguran, en muchas ocasiones son fraudulentos. “Desde la pandemia, y especialmente en el último año, vemos que cada vez hay más arrendadores e inmobiliarias que desvían el alquiler habitual al alquiler de temporada; usan un vacío [legal]”, denuncia Aragonès. “Está profundamente desregulado. No existen datos oficiales, ni de contratos, ni de precios, ni tienen una licencia, como sí la tienen los turísticos”, añade.

El Congreso aprobó, junto con la ley de vivienda, la creación de un grupo de trabajo para abordar la situación de los contratos de arrendamiento de temporada, con el objetivo de poner coto a esta modalidad y evitar usos indiscriminados.

“Puede que haya un desvío continuo de viviendas hacia un uso que no sea de residencia habitual. Y luego escucharemos que ha bajado la oferta, pero lo que pasa es que hay una parte del mercado secuestrado, porque entre pisos turísticos, de temporada y vacíos tenemos una gran cantidad de viviendas que no están destinadas a que viva la gente”, lamenta el portavoz del Sindicat de Llogateres. Con todo, para evitar un fraude, esta organización pide que si un propietario encadena contratos de temporada con un mismo inquilino la ley lo obligue a hacer un contrato usual, de cinco o siete años de duración, en función de si la propiedad es una persona física o jurídica.

Una vez el Congreso de los Diputados no ha legislado ni los pisos turísticos ni los de temporada, otras instituciones, como el Ayuntamiento de Barcelona, y entidades por el derecho a la vivienda, además de partidos políticos, esperan que sean otras instancias, como la Generalitat o el Parlament, quienes se echen manos a la obra con ello.

Menos coches, pero muy lejos de lo comprometido. Cada día circulan por las principales carreteras de Barcelona 65.000 vehículos menos que en 2015, cuando entraron a gobernar los comunes, con Ada Colau a la cabeza, que aspira a la reelección en las elecciones municipales del 28 de mayo. Sin embargo, el Ayuntamiento se había propuesto una reducción de 452.100 automóviles de 2018 a 2024.

Se ha conseguido apenas el 14,3% de lo que fija el actual Plan de Movilidad Urbana (PMU) y todo hace prever que, como ya pasó antes, no se cumplan los objetivos. ¿Entonces? “Si las cifras no se cumplen no pasa nada”, admite a infoLibre la jefa de Movilidad del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB), Núria Pérez. Mientras, la contaminación mata cada año a 1.200 vecinos y vecinas de la capital catalana de forma prematura, según un informe de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

Los comunes se felicitan por los resultados. “Los datos son concluyentes. La transformación urbana del modelo Superilla [Supermanzana, en castellano] Barcelona ha conseguido reducir un 11% el volumen de coche en la ciudad y hay 65.000 menos que cruzan l’Eixample”, aseguró en Twitter Jordi Martí, teniente de alcaldía de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad y concejal de Presidencia y Presupuestos. “Estamos avanzando en el buen camino y en el próximo mandato no podemos retroceder. Nos va la salud”, sentencia. 

Las principales vías de acceso a la ciudad experimentan una reducción generalizada del paso de los vehículos, según los datos que maneja el consistorio, que calcula la intensidad media de las vías de martes a jueves. En la Gran Vía hay un 15% menos de automóviles diarios ahora que en 2015, pasando de los 60.888 a los actuales 51.632; en la calle Diagonal, del 11%, transformando los 63.325 de antes a los 56.126 de ahora; y en la Meridiana, tras su pacificación, se ha evolucionado de los 60.765 de 2015 a los 44.097 de lo que llevamos de 2023, logrando una reducción del 27% del tráfico. A su vez, los niveles de contaminación por partículas NO2 se han reducido un 30% desde 2015, pero nuevamente se han rebasado los límites legales, al alcanzar los 42 µg/m3, 2 µg/m3 más de lo que permite la normativa europea, tal y como recoge el balance anual de 2022 de la Generalitat. Igualmente, se han más que triplicado las cifras que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La eliminación de carriles para los vehículos privados tiene buena parte de explicación en la reducción del tráfico. Son los casos de la Gran Vía o la Diagonal, que desde 2015 han reducido el espacio destinado a coches y motos de particulares para crear carriles bici, además de vías específicas para buses y taxis e incluso más espacio para los peatones, que ahora disfrutan en algunos sitios de espacios verdes, como es el caso de l’Avinguda Meridiana.

La ronda de Dalt y la calle Mallorca se sitúan al otro lado de la balanza, con un aumento del paso de vehículos. Mientras en 2015 cruzaban la ronda de Dalt 150.435 coches, ahora pasan 162.045 (8%). Misma situación, aunque más moderada, en la calle Mallorca, con una evolución de 21.512 automóviles a 22.014 (2%).

“Tienen que ser mucho más ambiciosos”, enmienda Salvador Rueda, padre del concepto Supermanzana y su impulsor en Barcelona. Califica de “tímida” la propuesta del Ayuntamiento y afirma que no se van a lograr los objetivos para los cuales fueron diseñadas en un primer momento. De hecho, asegura que en la capital catalana no hay ninguna supermanzana como tal. “Hacen ejes verdes”, dice, mientras pone como ejemplo la pacificación de Sant Antoni y cuenta que tiene pendiente prohibir la circulación de vehículos en una calle, para que sea considerada una supermanzana. Y lo mismo con la de Poblenou. “En un principio lo era, pero en el momento en que permiten que haya circulación de coches ya no lo es”, añade.

Hay que ir a Euskadi para encontrar un ejemplo exitoso, según Rueda. “En Vitoria-Gasteiz aplicaron el mismo plan de Barcelona, lo ejecutaron al completo y fue el único municipio que consiguió cambiar los porcentajes tal como se planteaba en el plan de reparto modal”. En la capital catalana, mientras tanto, “se ha limitado el alcance de la propuesta” y, con ello, “la única manera de reducir las muertes prematuras anuales y la reducción de la factura sanitaria y laboral por estar enfermo, que es de 1.700 millones de euros cada año”.

En cuanto a los ejes verdes, con la calle Consell de Cent como vía más emblemática -y polémica, por su simbología- “el pleno del Ayuntamiento hizo una apuesta por convertir más de 2.500 calles en peatonales, pero la propuesta del gobierno se rebajó a 100”, dice, el que también fue director de la Agencia de Ecología Urbana, un organismo que ya no existe y que dependía del consistorio. De todos modos, asegura que las cifras de reducción de tránsito son positivas, aunque hace falta más -en la misma línea de todos los expertos consultados por este periódico-. Entre otras medidas, encarecer el coste del aparcamiento en la ciudad. “El órgano más sensible de la sociedad humana es el bolsillo, apelar a la conciencia ecológica da resultados muy magros”, cuenta.

El RACC asegura que la ciudadanía tiene más sensación de colapso en las carreteras de Barcelona. Lo afirman ocho de cada diez ciudadanos, según una encuesta de este organismo, que defiende los intereses de los conductores y que ha sondeado a 2.000 “usuarios de la vía pública, en puntos de todos los distritos de la ciudad, complementando esta información con fuentes oficiales y estudios específicos del propio RACC”. Así mismo, asegura que la percepción del 65% de barceloneses es que en los próximos cuatro años la cosa irá a peor.

Hace falta mejorar el transporte público, haciendo también Park&Ride en las entradas de la ciudad, según el RACC. “Son necesarias acciones basadas en estudios técnicos y proyectos piloto que tengan claros unos objetivos realistas de reducción de la movilidad en vehículo privado, sin poner en riesgo la movilidad esencial (aquella que no tiene alternativa al coche)”, pide el organismo.

“No se le puede imputar todo a una medida”, afirma María Eugenia López-Lambas, subdirectora del Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid (TRANSyT UPM). “Por sí solo el hecho de peatonalizar una zona no va a hacer mucho. Siempre hablamos de las tres D: Tiene que haber densificación, diseño urbano (zonas verdes, bancos, zonas de recreo) y diversidad (mezcla de usos, tiendas, cines…). Con eso consigues que la gente ande más y no tenga la necesidad de ir en coche”, añade.

Hay que tener en cuenta otros factores que ayudan a explicar mejor la reducción del tránsito, opina López-Lambas. “Influye el cambio de mentalidad, porque la gente joven prefiere vivir en el centro y no coger el coche, la oferta de transporte, la movilidad compartida, el teletrabajo…”. “Las medidas que tienen un mayor efecto son la reducción de la capacidad [de las carreteras] y la tarificación del vehículo privado, además de la mejora del transporte público”, dice por su parte Pérez. También está la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que ha evitado desde 2017 el desplazamiento de 600.000 vehículos contaminantes, según el Ayuntamiento. Se trata de una medida, por cierto, tumbada en marzo del año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), aunque en vigor hasta que el Tribunal Supremo (TS) no emita una sentencia firme.

“Hace falta reducir los carriles y gestionarlos. Para eso proponemos un peaje urbano”, pide Genís Domínguez, d’Eixample Respira, una organización que trabaja para lograr que haya un aire más limpio en el distrito más poblado de la ciudad, por el que cada día circulan 285.000 vehículos -en 2015 eran 350.000-. Colau ya ha dicho públicamente que estudiará la medida, que deberá ser consensuada con otras administraciones. “El problema de los peajes urbanos que se han ido implantando en el mundo es que no tienen en cuenta la equidad. Yo apuesto porque el peaje sea en el destino, a través del aparcamiento”, discrepa Rueda. Así mismo, Domínguez propone la prohibición de las motos en las aceras, para desincentivar el uso de este vehículo.

La transformación urbanística que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Barcelona está provocando gentrificación, es decir, un encarecimiento del coste de la vida, empezando por los precios de la vivienda, a consecuencia de las mejoras en el espacio público, con lugares más saludables, más verdes y con mejores espacios para socializar.

“La pacificación de las calles es necesaria, pero es muy importante que eso no implique expulsar a los vecinos [de los barrios]. Se tiene que parar la gentrificación con la regulación de los alquileres o los planes de usos [que regula la concentración de comercios y otros establecimientos, para evitar desequilibrios]”. Desde la política, partidos como la CUP acusan al Ayuntamiento de hacer supermanzanas “clasistas” que “envían a las clases populares a la periferia”, como dijo este miércoles en betevé la portavoz de la formación anticapitalista en el Parlament, Eulàlia Reguant.

Para combatir los efectos indeseados de las supermanzanas y de los ejes verdes el Ayuntamiento ha comprado dos bloques de pisos en el Eixample. Una medida del todo insuficiente para buena parte de la oposición. Igualmente, el consistorio exhibe a menudo el plan de usos de este distrito, aprobado por la mínima en febrero, para "proteger el comercio de proximidad, la vida vecinal y la identidad del Eixample y evitar la especulación y la gentrificación".

“Hago un llamamiento a que todos las trabajadoras y trabajadores se movilicen en defensa del proyecto de Barcelona en Comú”. Yolanda Díaz se ha estrenado como candidata a la presidencia del Gobierno con Sumar en un acto en el que ha arropado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Desde la capital catalana, con el auditorio del Palau de Congresos lleno –tiene capacidad para 1.600 personas–, la vicepresidenta segunda y la candidata a la reelección han defendido un proyecto de ciudad opuesto, aseguran, al del candidato de Junts, el exalcalde Xavier Trias, y al del líder de la oposición en el Congreso, el popular Alberto Núñez Feijóo. “Si no gobernara Barcelona en Comú lo que habéis conseguido no sería vuestro”, ha insistido la vicepresidenta segunda.

Díaz y Colau han escenificado, una vez más, la entente y afecto mutuo que se tienen. Al ritmo de We Found Love de Rihanna y Calvin Harris, las dos han subido abrazadas al escenario, ante un público entregado que bailaba y cantaba con ellas. “El modelo de Ada Colau se emparenta con el modelo del gobierno de coalición progresista de nuestro país”, ha asegurado Díaz. “De la mano del gobierno de España y de Colau estamos mejorando la vida de la gente”, ha seguido. “Queda mucho por hacer. El municipalismo del PP, el del señor Feijóo, sigue estando en nuestras leyes”, ha dicho. “Se acabaron las leyes de austeridad, estamos radicalmente hartas”, ha reivindicado.

La vicepresidenta segunda ha aprovechado para ahondar en la tesis de Barcelona en Comú y confrontar con Trias, una estrategia con la que confían sacar rédito político: “En estas elecciones se disputan dos modelos: el del señor Trias, que es el del pasado; y el de los comunes, que es el de la esperanza y el de la ilusión”, ha dicho Díaz, que ha incluido en el bloque del supuesto retroceso al PSC de Collboni.

Colau ha asegurado que su proyecto es el del orden, en una referencia velada a otros candidatos, como Trias y el alcaldable por el PSC, Jaume Collboni, que se erigen como los garantes de la regulación y la seguridad. “Me hace gracia que nos digan que llevamos el caos, porque no paramos de poner orden. El caos es la contaminación, la especulación, la barra libre que expulsa a los vecinos del barrio. Hemos hecho políticas pioneras. Nos gusta que nos visiten, pero hace falta que se haga de forma ordenada, de forma respetuosa, sin expulsar a los vecinos, es de sentido común”, se ha defendido.

Como Díaz, Colau también ha hecho el ya clásico le voy a dar un dato: “Barcelona tiene el paro más bajo de los últimos 15 años, se genera más trabajo que nunca y en sectores diversificados. No tenemos que depender del primer especulador que venga con un talonario a comprar la ciudad. Aquellos que piensen que por llevar un talonario tendrán las puertas abiertas o las alfombras rojas, que algunos querrían poner, pues no, no las tendrán”. Nuevamente, la alcaldesa ha buscado el cuerpo a cuerpo con Trias, que este miércoles aseguró que facilitaría las cosas a los empresarios.

“Si Manuel Vázquez Montalbán hoy viviera estaría aquí, apoyando a Ada Colau para que siga siendo alcaldesa de Barcelona”, ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que ha bendecido el modelo Superilla [Supermanzana, en castellano] que impulsan los comunes en Barcelona para reducir el tránsito de coches en las calles y el aumento de la vegetación y espacio para el peatón. “Da vergüenza que consensos en el urbanismo en las grandes ciudades del mundo se estén discutiendo aquí, en esta campaña electoral”, ha opinado, criticando de esta forma las tesis de Trias y Collboni, que apuestan por paralizar estas transformaciones. “Te quedas sorprendida con quien combate el modelo urbanístico de las Supermanzanas, porque es una mirada vieja que significa que no quieres una ciudad habitable, que prime la vida y le demos todo el protagonismo a los vehículos privados”, ha insistido. Así mismo, ha criticado la apuesta de Junts y de PSC para hacer un macrocasino en Tarragona y la ampliación del Prat, a pesar de la emergencia climática: “No puedo comprenderlo, van en dirección opuesta”, ha asegurado.

“Salimos a ganar”. Es la frase que esgrimen desde hace semanas varios miembros de los comunes. Más allá del eslogan, la realidad no se aleja del objetivo que necesitan alcanzar, si quieren seguir un tercer mandato en el Ayuntamiento de Barcelona. Están convencidos de que, si los números dan, el PSC y Trias se entenderán para gobernar. Por eso mismo uno de los mensajes claves lanzados por Díaz y Colau ha sido el de la movilización, el de que nadie se quede en casa el 28 de mayo, cuando se celebren las elecciones municipales. “Tiendo la mano a toda la gente progresista, toca movilizarse para defender una Barcelona justa, valiente, verde, feminista, orgullosamente diversa”, ha dicho Colau.

Los comunes confían en que las urnas les otorguen una mayoría que les permita un pacto de izquierdas con el PSC y ERC, como ha defendido la alcaldesa este mismo sábado: “Somos la única garantía de un gobierno progresista en la ciudad, que mantenga la prioridad en inversión social, en tener un parque de alquiler social más grande, que se enfrente a la especulación, que garantice que nuestros niños y escuelas están en el centro, porque son más importantes que los coches”.

La mayoría de encuestas dibujan una victoria de los de Trias, aunque Colau le pisa los talones y el margen de error de cualquier sondeo permite situar a los comunes en primera posición. En esa pugna se sitúa muy cerca también el PSC, mientras que ERC, con Ernest Maragall de candidato, se ha deshinchado, tras el anuncio de Trias de volver a la primera línea de la política, a finales de año.

Díaz ha reconocido que la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno y pactada con ERC y EH Bildu es insuficiente. “Es mejorable, pero hemos dado un paso de gigante”, ha dicho. “No nos conformamos, queremos más, la Ley de Vivienda tiene que ser ensanchada, es una lástima que los alojamientos turísticos hayan quedado fuera”, ha añadido, mientras ha puesto Portugal como país ejemplar en esta materia.

De puertas para adentro, el proyecto Sumar no peligra en Cataluña. Nada hace prever que la trifulca encendida que hay entre el proyecto de Díaz y Podemos llegue a esta comunidad, porque desde un inicio las fuerzas autodenominadas del cambio, con sus particularidades y sus roces iniciales, fueron juntas a las elecciones municipales, catalanas y generales.

Todo a punto y mirada al cielo, a ver si llueve o no. Más de uno, seguro, está rezándole a cualquier deidad para que, ni que sea por un día, la sequía siga y no lo estropee todo en una fiesta que muchos catalanes se sienten como la suya, más aún que el 11 de septiembre, cuando se celebra el Día de Cataluña. Este es el resumen a pocas horas para que empiece formalmente Sant Jordi, la fiesta del libro y la rosa que se celebra cada 23 de abril, aunque desde el viernes ya hay librerías que ponen una pequeña parada delante de la tienda.

“Será de récord”, auguran desde el Gremi de Llibreters de Catalunya. Este año confían, ahora sí, que va a ser como los de antes, sin pandemia ni chubascos. Lo desean como agua de mayo, porque el año pasado ya tenía que ser el de la recuperación de la normalidad, pero un auténtico torrente de agua de apenas unos minutos echó por tierra la celebración, con centenares de ejemplares directamente tirados a la basura, empapados por el agua.

Los datos son halagüeños. Habrá muchas paradas, 320, 33 más que el año pasado; un aumento de los metros dedicados a los libros, casi 3,3 kilómetros, un 17% de incremento respecto a 2022; y un 25% más de autores y autoras firmando. “Somos muy optimistas, nunca habíamos tenido tantas paradas y tanto espacio”, reconoce el secretario técnico del Gremi de Llibreters, Marià Marín, aunque pone un pero: “Muchos Sant Jordis llueve, así que si hace mal tiempo el resultado será distinto”. De momento parece que no caerá gota en la capital catalana, pero nunca se sabe.

Sea como sea, lo del año pasado merece un capítulo aparte, reconoce Marín: “Lo que vivimos nunca había ocurrido en los 93 años que llevamos [de fiesta del libro y de la rosa], hubo incluso un pequeño tornado en el paseo de Gracia, así que estamos muy pendientes del cielo”. Por añadir condicionantes, el Barça jugará contra el Atlético de Madrid a las 16.15 de la tarde, aunque los organizadores de Sant Jordi confían en que los forofos del fútbol hagan una excepción y estén en las calles de la ciudad… comprando libros.

“Tenemos ganas de que sea un Sant Jordi al 100%, sin pandemia ni lluvia, porque desde que hemos abierto no hemos vivido uno normal. El primer año lo hicimos tímidamente en la librería, porque aún había restricciones, y el año pasado estábamos muy emocionadas de salir a la calle, pero nos pilló la lluvia”, cuentan desde la librería Finestres, que hace poco cumplió dos años de vida.

El Ayuntamiento de Barcelona, como ya hizo el año pasado, luce terminología política para describir el espacio de 154.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad y que estará libre de coches durante el Sant Jordi, con la salvedad de las calles Aragó y València. A este espacio, que crece un 11% en un año, lo han llamado Superilla [Supermanzana, en castellano] literaria, en referencia al urbanismo verde, con menos vehículos y con más presencia del peatón que impulsan los comunes, con el apoyo tímido del PSC, que ha validado las transformaciones urbanísticas en el gobierno y ahora su candidato, Jaume Collboni, las critica desde fuera del ejecutivo municipal que abandonó a finales de enero para preparar las elecciones.

Los visitantes tendrán para pasear desde un poco más arriba de la Diagonal hasta las Ramblas, que este año vuelve a estar presente en la fiesta, como siempre. “Recuperamos un elemento muy simbólico”, celebra el secretario técnico del Gremi de Llibreters. De esta forma, los transeúntes podrán disfrutar de miles de libros de todos los géneros habidos y por haber durante un buen rato, con el passeig de Gràcia como arteria principal de la celebración. “La oferta editorial cada vez es más diversa, hay un libro para todo el mundo y todo hace pensar que esa diversificación nos puede hacer llegar a más gente”, cuenta Marín.

Los floristas, los otros invitados principales de la fiesta, esperan vender seis millones de rosas, cada una de ellas a partir de los cuatro euros, siguiendo la tendencia de los últimos años. De hecho, confían que entre viernes y domingo se vendan el 30% de las rosas que se comercializan en Cataluña a lo largo del año.

Sant Jordi también recibe críticas. En este caso, por la organización, que supuestamente discrimina a las librerías más pequeñas y a aquellas que no están agremiadas. “No es una fiesta popular, sino una fiesta privada. No aceptamos las reglas del Gremi de Llibreters, porque la percepción que tenemos es que se premia a las grandes, cuando hace falta sentido común y no publicar por publicar y saturar el mercado”, opina José Antonio Martínez Vicario, propietario de la librería Acció Perifèria, especializada en temática transfeminsta y LGTBIA. ¿Las consecuencias de ello? No disponer de un espacio más acomodado, dice.

“Seremos la primera y única librería LGTBIA y transfeminista que habrá en Nou Barris para Sant Jordi”, afirma con orgullo el dueño de Acció Periférica, mientras con su coche va a buscar un par de mesas para este domingo. El gremio se defiende: “El 95% de las librerías en Barcelona están agremiadas y todas estarán en una de las tres opciones escogidas por ellas mismas”, defiende Marín. “El passeig de Gràcia hace poco más de un kilómetro y no cabe todo el mundo”, ilustra. “Un 15-20% se han quedado sin parada, la mayoría de fuera de la ciudad, porque tenemos peticiones de Sevilla, Madrid o incluso Portugal”, expone. Los organizadores priman que la tienda esté agremiada, aunque también se presta especial atención a que se encuentre cerca de donde quiere poner la parada.

Más allá del emblemático passeig de Gràcia y las Ramblas, donde habrá 180 y 100 paradas, respectivamente, también se pondrán puestos de venta de libros en Gràcia, con una veintena de espacios, les Corts (10), Poblenou (9), Sant Andreu (8) y Sarrià (3). “Cruzamos de mar a montaña toda la ciudad”, concluye Marín. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona cuenta a este periódico que ha otorgado 205 licencias a las librerías y editoriales que quieren poner sus libros delante de la tienda, como es el caso de las librerías Finestres y Acció Periférica.

Sant Jordi se vive como un pseudoSan Valentín para muchos catalanes. Una jornada para pasar con la pareja o con los seres queridos, en los que se celebra el amor y la cultura. La leyenda cuenta que la princesa fue entregada como presa al dragón, para evitar destrozos en la villa. Fue entonces cuando se presentó un caballero, de nombre Jordi, dispuesto a combatir al animal y salvar a la dama. Tras una ardua pelea lo logró y abatió a la bestia. De la sangre derramada salió una rosa, que fue entregada a la mujer. Es por eso que la tradición fija que es el hombre quien debe regalar una rosa roja a la mujer y la chica un libro al chico. Sin embargo, la sociedad ha evolucionado y ya no hay reglas escritas. La cuestión es celebrar y regalar a quien sea, no importa el género. Como motivo de afecto, eso sí.

En los últimos años se ha celebrado también Santa Jordina, para darle la vuelta la tradición, que algunos tildan de conservadora y machista. En este caso se reivindica el papel de una mujer fuerte, libre, independiente y capaz de salvarse ella sola del malvado dragón. 

Hace años que Badalona es la última esperanza que tiene el PP para tocar poder en Cataluña, donde son residuales –en el Parlament son la última fuerza de ocho y no tienen grupo parlamentario propio–. A mes y medio para las municipales, la fotografía en la cuarta ciudad de esta comunidad muestra un PP imbatible, que con toda probabilidad se impondrá nuevamente, como ya hizo en 2019, 2015 y 2011, mientras el resto de fuerzas batallarán por entenderse entre ellas, en una suerte de todos contra Xavier García Albiol, el exalcalde que se presenta por novena vez, desde 1991, y hombre talismán de los populares. Esta vez la independencia de Cataluña no será tema de campaña, a tenor de las palabras de las fuentes consultadas por infoLibre.

El reto del PP es lograr la mayoría absoluta, fijada en 14 concejales, algo que solo ha ocurrido una vez, en 1991, cuando el PSC se impuso. La dificultad es mayúscula, pero Albiol, que fue alcalde de 2011 a 2015 y de 2020 a 2021, se muestra confiado. “Los resultados de mayo serán muy claros, soy el alcalde que prefiere la mayoría”, asegura, en declaraciones a este medio.

El resto de partidos se juegan la segunda plaza, según todos los pronósticos. Sin embargo, la medalla de plata puede suponer el pase a la alcaldía, si se entienden partidos tan distintos como PSC, ERC, Guanyem (candidatura municipalista en la que se integra la CUP), Badalona en Comú Podem o Junts. Hasta ahora lo han logrado, en un ejecutivo multicolor de socialistas, republicanos, comunes y posconvergentes. El éxito o el fracaso de este experimento depende de a quién se pregunte: el PSC lo aprueba, mientras que PP y Guanyem lo critican.

Albiol lo tiene todo de cara. La unión del resto de partidos para echarlo de la alcaldía en 2021, tras aparecer en los Papeles de Pandora como titular de una sociedad offshore en Belice, dibuja dos bloques: o Albiol o el resto.

“Los cordones sanitarios no suelen funcionar, porque unes a partidos muy distintos y eso te puede llevar al desastre”, afirma el politólogo y profesor de la Universitat Pompeu Fabra Toni Rodon. “Eso puede hacer ganar votos al otro, porque el electorado puede ver cómo todos van en contra suya”, añade. Esa es una baza que, sin duda, va a jugar Albiol. “El resto de partidos tienen como prioridad que nosotros no gobernemos antes que elaborar un proyecto de ciudad, sienten impotencia y al final quien acaba pagando son los ciudadanos de Badalona”, declara el exalcalde popular.

En el horizonte se dibujan unos nubarrones que le pueden aguar la fiesta a Albiol. Está pendiente de un juicio por presunta prevaricación, tras la instalación sin permiso de unas antenas de telefonía en unos terrenos en los que se encuentra la policía local. La Fiscalía ve delito y pide dos años y 10 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para cargo público por esos aparatos, que estuvieron allí de forma ilegal de 2012 a 2018.

“No es casualidad que a dos meses de las elecciones la Fiscalía haga esta propuesta [de condena]”, critica Albiol. “Cualquier persona entiende que un alcalde no puede estar controlando las 500 antenas de la ciudad, cuando se detecta una irregularidad se actúa y esto pasó cuando estaba de vacaciones”, se defiende el también coordinador de candidatos a las municipales en el comité de campaña del PP, que no lo ha apartado del partido por esta causa.

El PP es Albiol, pero Albiol no es PP. No solo, al menos. El exalcalde va mucho más allá de las siglas y del compartimento estanco que supone el Partido Popular. Él mismo presume de ello. “Nadie duda del partido en el que milito, pero es cierto que en Badalona somos un proyecto político que ha desbordado las fronteras ideológicas que trascienden a los partidos. Es una propuesta que ya en las últimas elecciones animó a muchas personas”, asegura.

Es un verso suelto porque consigue resultados, incluso con un discurso bronco, más propio de la extrema derecha que de los conservadores europeos, en el que el candidato popular vincula con desenvoltura la migración con la delincuencia y la ocupación. De hecho, aún resuena el Limpiando Badalona que usó como lema de campaña en las municipales de 2015, ligando la suciedad de las calles con las personas de origen extranjero que viven en la ciudad.

Al PP le da igual que no luzcan sus siglas, tal como afirma el mismo Albiol, que cuenta con el permiso de su formación para borrarla del mapa. “Solo puedo dar las gracias a la dirección de mi partido, porque entiende perfectamente cuál es la prioridad, tenemos absoluta libertad para presentar el mejor proyecto y ellos son conscientes de que cuando hago política municipal mi única militancia es Badalona”, afirma. 

El lema de Albiol para estos comicios es Badalonisme (Badalonismo, en castellano). El alcaldable quiere circunscribir su campaña electoral en la ciudad en la que reside, sin meterse en jaleos sobre España o Cataluña, para apostarlo todo en temas como la seguridad, la delincuencia o la inmigración, aspectos que le han merecido calificativos como racista o xenófobo de parte de la sociedad badalonesa y de la oposición, con Guanyem como formación más beligerante. “Se le tiene que comparar con personajes negros de la política como Trump, Bolsonaro o Salvini”, asegura a este medio Dolors Sabater, la candidata de la formación anticapitalista, que también es diputada en el Parlament. “No tiene escrúpulos y ha generado heridas muy profundas en la población, con la promoción del odio entre vecinos”, añade. “Es un peligro”, sentencia.

Albiol responde: “A Badalona le iría mucho mejor si el resto de partidos se preocuparan menos por mí y se centraran en qué es lo que quieren los ciudadanos. Están obsesionados en criticarme. Estos calificativos son insultar a la mitad de la población, dudo que los vecinos estén instalados en las políticas de Bolsonaro o Trump, esto es tratarlos como menores de edad”.

El candidato por el PP ya ha presentado distintos carteles en los que muestra su cara sonriente, mirando al horizonte, en un fondo con distintos colores. Colores, por cierto, nada inocentes. Hay pósteres con el fondo turquesa, en referencia a Junts; en morado, haciendo un guiño al electorado de los comunes; rojo, para los socialistas; amarillo, en referencia a Esquerra; y también magenta, color de Guanyem.

“No tengo la voluntad de cambiar la forma de pensar de nadie y todo el mundo se puede sentir muy cómodo votándonos”, asegura el alcaldable popular. “Los datos muestran como gente de ideologías muy distintas lo votan, ha sido listo, porque sabe que el PP tiene un estigma muy grande en Cataluña y por eso esconde las siglas… no está muy lejos de lo que ha hecho Trias con Junts en Barcelona”, cuenta Rodon, que explica que Albiol busca atraer el votante socialista, mientras espera desmovilizar al electorado independentista, en un momento en el que ese suflé está bajo mínimos.

El resto de partidos son cautos y tiran de argumentario. “Salimos a ganar las elecciones”, afirma Rubén Guijarro, el candidato de los socialistas. “Aspiramos a tener una mayoría suficiente que nos permita llevar adelante el proyecto de futuro que Badalona necesita y poder romper con figuras como Albiol y Sabater”, añade el también alcalde de la ciudad.

“Nos gustaría poder reeditar lo que ocurrió en 2015, que es sinónimo de ilusión y de políticas de izquierda, de rescate social, desde una fuerza rupturista, soberanista y transformadora”, desea Sabater. “Somos la garantía de que Albiol no gobierne”, añade. “Lo que vemos en las encuestas es que Albiol no tiene mayoría absoluta y que hay un empate entre el PSC y ERC”, valora Àlex Montornès, el número uno de ERC. “Apostamos por un gobierno de izquierdas y queremos saber si lo lideraremos nosotros o el PSC”. 

Lo que evidencian las formaciones es que el diálogo entre partidos no es una opción, sino más bien una obligación, si se quiere evitar a un ejecutivo del PP. Las rencillas personales –una concejala de Guanyem dimitió a finales de año y ahora ha fichado por ERC como número tres– y políticas –el PSC quitó la alcaldía a Guanyem con los votos del PP, cuando antes había votado su investidura– ponen las cosas muy difíciles.

El Spain is different tiene un hermano pequeño en la cuarta ciudad de Cataluña, en forma de “Badalona es distinta”. Es algo que suena a menudo en las calles de la ciudad. Y no se dice en el buen sentido, precisamente. El Ayuntamiento trabaja a medio gas, con unas estructuras administrativas obsoletas, como reconocen dirigentes de distintos partidos, incluso varios de ellos gobernando actualmente, y eso hace que todo cueste mucho más. “Lo que en cualquier sitio se resuelve en tres meses aquí se tarda un año”, afirma Carles Sagués, portavoz de la plataforma Sant Roc Som Badalona, una entidad que lucha por sacar adelante Sant Roc, el barrio más humilde de la ciudad.

Los retos, por tanto, son varios. “Hace falta modernizar y profesionalizar el Ayuntamiento, cosa que no ha pasado en los últimos cinco años”, dice Sabater. “De 2011 a 2015 se desmanteló, no tenemos gerente, faltan trabajadores y tenemos un superávit anual de 40 millones de euros, que existe no porque el Ayuntamiento sea rico, sino porque es incapaz de ejecutar el presupuesto, tenemos 200 millones en el banco que no somos capaces de gastar”, afirma Montornès”. “Tenemos que hacer cambios para que vuelva a funcionar”, añade el candidato de ERC.

“Hemos vuelto a poner en el centro de nuestras políticas a los vecinos y vecinas, somos la Badalona que ha dejado de tener un alcalde que es el peor embajador de la ciudad a una Badalona nueva, que tiene proyecto, ambición y que ha dejado de estar aislada, que atrae proyectos y empresas, que no vende humo y que es una Badalona segura, limpia y ordenada”, exhibe el alcalde socialista, que aspira a seguir liderando tras las municipales. 

Badalona vive en un ajetreo político de calibre importante desde 2015. Investiduras bajo la bocina, mociones de censura y dimisiones tras delinquir son algunos de los capítulos recientes de la política badalonesa.

Albiol logró hacerse con la alcaldía al sexto intento, en 2011. Retuvo el mando hasta 2015, cuando se impuso Dolors Sabater con los votos de PSC, ERC, CiU e ICV-EUiA para lograr la vara de mando. Antes de tiempo la echaron. Fue en 2018, con una moción de censura impulsada por el PP, que prestó sus votos a los socialistas para hacer alcalde a Àlex Pastor.

Pastor duró aún menos que su predecesora. Se fue en 2020, tras ser pillado conduciendo de noche, saltándose el confinamiento por la pandemia… y bebido. Lejos de admitir su error, atacó a los agentes. El PSC emitió un comunicado urgente anunciando su expulsión del partido y pidiendo su dimisión inmediata. Y lo hizo. Aïda Llauradó, de los comunes, asumió la alcaldía de forma interina. En ese rato la izquierda perdió el gobierno, al ser incapaz de entenderse entre ella.

Albiol volvió a ser alcalde en 2020, al ser el partido mayoritario en el consistorio, pero lo desalojaron en 2021: aparecieron los Papeles de Pandora. Eso forzó al resto de fuerzas a arrimar el hombro para ponerse de acuerdo. Sudaron, pero lo lograron. Los socialistas volvieron a mandar, esta vez bajo la dirección de Rubén Guijarro, en una investidura de infarto que sorprendió a más de uno, empezando por el actual alcalde. Con sorpresa mayúscula, Guanyem regaló los votos a los mismos que hacía tres años y medio les echaron. En el presente, la historia marca ahora un punto y aparte, hasta de aquí a un mes y medio. 

La inflación hace tiempo que pasó de ser una anécdota para ser algo estructural. Afecta a todo el mundo. También a las entidades que atienden a personas vulnerables. “Tenemos un sobrecoste del 400%”, asegura a infoLibre Carlos Bardou Torredemer, director financiero de la Fundació Pere Mata, una organización que ofrece apoyo a personas con trastornos mentales, discapacidad y dependientes.

Esta situación trae consigo consecuencias. “Cuando te dedicas a gestionar la incertidumbre no te dedicas a la atención de las personas y a mejorar su situación”, cuenta el director de Arrels Fundació, Ferran Busquets, que reconoce que el año pasado tuvieron que hacer encaje de bolillos para no cerrar en números rojos. Con todo, la situación se aventura muy negra para una de cada cuatro organizaciones, que podrían entrar en crisis, según dice La Confederació y la Taula del Tercer Sector Social, que aglutinan 1.200 y 3.000 entidades en Cataluña, respectivamente.

281,5 millones de euros. Es el montante total que han tenido que asumir aquellos que atienden a personas y colectivos vulnerables, según lo estimado por las dos organizaciones, que aglutinan a buena parte del sector. Ante ello, el 92% han tenido que apretarse el cinturón y tomar medidas para reducir el gasto; el 63,1% han apostado por medidas que reduzcan el consumo energético, con la instalación de placas fotovoltaicas, por ejemplo; el 37% prevé cerrar en negativo, cuando se consoliden los datos económicos de 2022; y un 5% ya asume que tendrá que cerrar servicios.

“Puede que algunas entidades desaparezcan por culpa de la inflación”, afirma la directora La Confederació, Laia Grabulosa. A pesar de ello, se muestra optimista: “Cualquier organización hará malabares antes que cerrar, porque lo que la mueve es la cobertura de necesidades sociales en un territorio o colectivo”.

En noviembre, Arrels hizo una llamada de auxilio ante una inflación galopante que hizo temer lo peor a la organización: dejar de atender a más personas sin hogar. Tras el anuncio recibieron donativos que evitaron la tragedia, pero aún se resienten de aquello. “Estamos sufriendo bastante, aunque no hemos tenido que frenar la atención tenemos que ser muy prudentes”, comenta Busquets. “Como somos muy cautos no estamos llegando hasta donde nos gustaría”, reconoce.

El año pasado atendieron a 3.066 personas, a quienes ofrecieron hogar, comida, duchas o cualquier otro tipo de atención que requirieran, como un lugar donde dejar aquello más valioso y de lo que nadie se puede desprender, tampoco las personas que no tienen un techo bajo el que cobijarse. Ahora han tenido que frenar un poco. “Alojaríamos a gente sin hogar en pisos y ahora no lo podemos hacer, nunca habíamos vivido algo así, todos nuestros donantes tienen problemas”, lamenta Busquets.

Para evitar una nueva situación límite, en Arrels han tenido que recurrir a los bancos. “Hemos pedido créditos para tener un colchón ante sustos que podamos tener”, cuenta el director de la entidad. Mientras, confían que las próximas ayudas directas que reciben de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona y que les sirven para ofrecer este servicio sean algo más cuantiosas.

“En una residencia estándar estábamos pagando entre 4.000 y 5.000 euros de luz en julio y ahora hemos pasado a pagar 30.000 euros, es una barbaridad”, ejemplifica Bardou. “En total el gasto en suministros ha subido 350.000 euros más que en el ejercicio anterior”, añade, mientras que lamenta que todo este incremento extra lo hayan tenido que asumir al 100% ellos, mientras piden que las administraciones arrimen el hombro, a pesar de que el contrato entre ambas partes ya esté firmado y no se puede modificar.

Apostar por las renovables y la eficiencia energética son dos de las soluciones que vislumbran las entidades. “Estamos renegociando contratos con las eléctricas, poniendo luces de bajo consumo… esperemos que la situación cambie, pero evidentemente no volveremos a la época de 2019, aunque prevemos reducir un 40% los costes energéticos que tuvimos en 2022”, detalla el director financiero de la Fundació Pere Mata. Con todo, es pesimista: “Seguramente habrá quien cierre, porque esto no es sostenible en el tiempo”.

“Estamos negociando con las administraciones públicas para poner un mecanismo que permita compensar la inflación”, cuenta Grabulosa. “En estos momentos estamos en una posición de debilidad, porque los servicios que van vía contratación pública no se pueden modificar de precio y el incremento de costes lo asumen las entidades, aún incluso gestionando un servicio público”, detalla. Al otro lado de la mesa hay buena voluntad, reconocen las organizaciones que denuncian la situación. Falta por ver qué ocurrirá, más allá de las buenas palabras.

La Confederació y la Taula del Tercer Sector Social piden al Govern que cree un fondo extraordinario con el que nutrir a las entidades y poder paliar así los efectos de una inflación que ya es estructural, además de una línea de ayudas con las que las organizaciones puedan llevar a cabo “reformas estructurales y de transición energética”.

El índice de precios de consumo (IPC) se encuentra en un crecimiento del 3,3%, tras tocar techo en julio con un aumento del 10,8%, una cifra que no se alcanzaba desde finales de 1984. Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye los productos más volátiles, como la energía y los alimentos frescos, se encuentra en el 7,5%, una décima menos que en febrero pero igualmente en valores que no se veían desde 1986. Sin duda, los datos demuestran que el coste de vida se ha encarecido a una velocidad de vértigo y que, además, se ha convertido en un hecho estructural, que ya ha calado en la economía.

Ante tales efectos, la medicina que está adoptando el gobierno español es un aumento del gasto social, para evitar que los más vulnerables se queden atrás, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) receta subidas de tipos de interés, ahora mismo fijados en el 3,5%, para enfriar la economía. 

Cuanto más verde mejor. Lo dice la ciencia. El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) asegura que implementar ejes verdes en toda Barcelona, como se ha empezado a hacer esta legislatura en el Eixample, podría reducir hasta un 13% el consumo de antidepresivos y las consultas a médicos especialistas. También haría lo propio con el uso de tranquilizantes y ansiolíticos, que en este caso podrían caer un 8%. Igualmente, bajaría la sensación de mala salud mental autopercibida, hasta un 14%. Al final de cuentas, supondría un ahorro de 45 millones de euros anuales, estiman los estudiosos. “Tener árboles cerca evita ir tan medicado”, declara a infoLibre Evelise Pereira, investigadora de ISGlobal y coautora del estudio, publicado en la revista Environment International.

A menos de dos meses para las municipales, el informe de ISGlobal supone un balón de oxígeno para el ejecutivo de Ada Colau. En especial, para los comunes, porque el PSC, a pesar de ser el socio de gobierno y haber avalado la profunda y polémica transformación urbanística que está emprendiendo la capital catalana, ahora critica buena parte de lo acordado hasta hace prácticamente dos días, mientras sigue formando parte del gobierno municipal. Eso sí, con la salvedad de Jaume Collboni, líder del PSC en Barcelona y otra vez candidato de los socialistas a la alcaldía, que se marchó a finales de enero del ejecutivo de coalición para preparar la campaña.

Figuras como Janet Sanz, teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, ya se han apresurado a publicitar el estudio, que de bien seguro será una de las grandes armas con las que los de Colau van a defender un proyecto de ciudad que inquieta a sectores poderosos, como lo son el RACC, que vela por los intereses de los que se mueven en coche, Foment del Treball, la patronal del empresariado catalán, o partidos como Junts per Catalunya, que según las encuestas tiene muchos números de hacerse con la victoria en Barcelona, con el exalcalde de Convergència Xavier Trias como candidato.

Aumentar el verde no es garantía de nada. Hay que hacerlo con conocimiento y equidad territorial, aseguran los investigadores. “Barcelona y otras ciudades densamente pobladas tienen grandes zonas verdes que no están conectadas con la rutina de su población, porque se encuentran en la periferia. Eso genera inequidad ante la posibilidad de beneficiarse de estos espacios”, argumenta Pereira. Un ejemplo de ello, la montaña de Collserola, paseo de fin de semana por excelencia para barceloneses que no quieren salir de la ciudad pero quieren disfrutar del monte.

La OMS recomienda que todo el mundo disponga de un espacio verde de 5.000 metros cuadrados, como mínimo, a un máximo de 300 metros de casa. Actualmente solo el 20% de los barceloneses y el 40% de los europeos que viven en grandes ciudades gozan de ello, explica la investigadora de ISGlobal.

“Barcelona tiene un problema que debe solucionar de manera urgente. Actualmente, solo el 11% de la ciudad está ocupado por espacio verde, y eso contando Collserola, que aglutina el 60% del espacio verde municipal. En el Eixample, por ejemplo, tan solo el 6,5% de la superficie está destinada a espacio verde, cuando calculamos que para cumplir con la recomendación de la OMS de al menos un espacio verde de al menos 5.000 metros cuadrados a no más de 300 metros de casa, habría que llegar al 25% de la superficie”, explica Natalie Mueller, otra investigadora de ISGlobal y última autora del estudio.

Aumentar la cubierta arbórea hasta el 30% podría llegar a reducir 1,3 grados la temperatura en zonas urbanas y, por ende, reducir en un tercio las muertes prematuras atribuibles a las islas de calor que se forman en verano en las grandes ciudades, a consecuencia del hormigón y el asfalto, que atrapan las altas temperaturas, según otro informe publicado en The Lancet.

Desde el mundo académico se apuesta por cumplir la regla del 3-30-300, una teoría impulsada por el profesor Cecil Konijnendijk y que consiste en que todo el mundo que vive en una gran ciudad tenga al alcance de la vista tres árboles desde la ventana de su casa, un 30% de cubierta vegetal en su barrio y una zona verde a menos de 300 metros. De este modo, se mejoraría la vida en la urbe y, por tanto, el bienestar físico y emocional del ciudadano. En Barcelona tan solo el 4,7% de la población puede disfrutar de esos tres requisitos, afirma un trabajo de ISGlobal.

El plan Cerdà, arma arrojadiza en campaña electoral

La transformación urbanística no solo consiste en poner más árboles y vegetación, sino también en quitar coches de las carreteras, reducir los kilómetros de asfalto, aumentar los de paseo, los carriles bici y pacificar los entornos escolares, entre otros. Todo ello forma parte de un plan que el Ayuntamiento ha bautizado como Superilla [Supermanzana, en castellano] y que aspira a ser el gran reto urbanístico de los próximos años, conectando también el tranvía por la Diagonal, además de convertir la plaza de las Glorias en una suerte de nuevo centro de la ciudad, como en su día dibujó Ildefons Cerdà, el padre de la Barcelona actual.

“Si se hacen más zonas verdes, si la gente sale más a la calle, hacen más actividades y se ponen en marcha dinámicas de socialización me parece genial”, dice a este medio Jose Mansilla, antropólogo urbano y profesor del departamento de Antropología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), aunque añade: “Hay una aproximación de los comunes muy naif en este sentido, de narrativa, de hacer renders y fotos donde la gente sale muy contenta, pero esto esconde los impactos negativos que esto genera, como lo es profundizar en las dinámicas de gentrificación, crear cierta homogeneización del paisaje comercial y un incremento del presupuesto dedicado al mantenimiento”.

En campaña electoral los partidos vuelven a 1859, cuando el urbanista, ingeniero, arquitecto, jurista, economista y político Ildefons Cerdà (1815-1876) diseñó por encargo de Madrid –y con enfado mayúsculo de Barcelona, que no tuvo ni voz ni voto– la construcción de la nueva capital de Cataluña, superando la ciudad que vivía encerrada entre murallas y que hoy se ubicaría en el actual Raval, Gòtic y Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Todos se declaran los legítimos herederos de Cerdà y acusan al resto de mancillar su obra, que en un inicio fue muy criticada por los vecinos. Ahora, sin embargo, es de las pocas cosas que une tanto a gente que piensa distinto.

Cerdà dibujó la Barcelona ortogonal, con los típicos chaflanes y las grandes avenidas, como la Gran Via de les Corts Catalanes, o parques como la Ciutadella. También proyectó los edificios, que debían ser paralelos y con espacios abiertos en el centro, para que la gente pudiera socializar en medio. Su plan buscaba amplitud, descongestionar una ciudad muy densa –hoy aún lo es, porque, por poner un ejemplo, triplica el número de habitantes por kilómetro cuadrado que hay en Madrid–.

Desde el primer momento los inversores vieron la oportunidad de negocio que suponía construir dos hileras más de edificios en cada manzana y cerrar los bloques, en forma de cuadrado, porque se duplicaban las viviendas disponibles. ¿La consecuencia? Se perdieron los espacios abiertos entre edificios y se confeccionaron los interiores de isla, que de forma tímida el ejecutivo de Colau está intentando abrir al público y que el PSC pretende impulsar de forma decidida, prometiendo 30 nuevos espacios en ocho años. Todo para evitar, también, que el coche pierda tanto peso en la ecuación de la movilidad y la convivencia, a diferencia de la propuesta de los comunes, que de forma clara apuesta por su reducción drástica, en favor del peatón y el transporte público.

Actualmente hay 46 interiores de isla, ocho más que en 2015. “Lo ideal serían los ejes verdes y recuperar los interiores de isla, porque solo con los primeros no se llegan a los valores que recomienda la OMS”, dice Pereira.

“Hay especialistas que recetan pasar tiempo en la naturaleza en casos de depresión crónica, es una oportunidad increíble”, asegura Pereira. La investigadora del ISGlobal afirma que cada vez hay más estudios sobre la terapia natural y cuenta que cada vez surgen más investigaciones que prueban como algo tan simple como ver árboles produce un efecto de relajación y bienestar emocional. “La proximidad con espacios verdes está asociada a oportunidades de hacer actividad física e interacción social”, añade.

Mientras no se cumplan con las recomendaciones de los expertos, la sobremedicación está a la orden del día, considera Mansilla. “Hay un negocio muy grande de las farmacéuticas”, afirma el antropólogo, que considera que la receta consiste en la socialización y en la comunión con otra gente. “Lo que crea sociedades enfermizas es el individualismo”, concluye.

Barcelona ha reducido la delincuencia un 16,4% entre 2019 y 2022. Además, lidera la tendencia a la baja en España. Sin embargo, sus vecinos y vecinas afirman que la inseguridad es el primer problema de la capital catalana. Y lo dicen desde diciembre de 2018. De hecho, es el primer quebradero de cabeza para uno de cada cuatro habitantes. “Nos preocupa mucho la percepción ciudadana”, reconoce a infoLibre el teniente de alcaldía de Prevención y Seguridad de Barcelona, Albert Batlle.

167.698 delitos. 459 por día. Es el balance que ha registrado Barcelona en 2022. En 2019 fueron 200.512. Casi la mitad de las infracciones penales son hurtos; se cometen 219 por día, de media. “Es el delito más frecuente, no implica violencia, pero hay mucha inseguridad”, admite Batlle. Destacan también las estafas informáticas, que han crecido un 45% en tres años y ya son casi 16.000, 44 por día. Así mismo, de media se producen 36 robos con violencia e intimidación.

La capital catalana afronta la dualidad de las cifras, que son positivas, y el feeling de su ciudadanía, que asegura estar muy preocupada con este asunto. Todo a las puertas de unas elecciones municipales, que serán el 28 de mayo, de aquí a dos meses. Y la seguridad, sin duda, será uno de los grandes temas de estos comicios.

“Se hace una manipulación de la sensibilidad con fines económicos y políticos”, asegura Amadeu Recasens, que es doctor en Derecho, criminólogo, exdirector de la Escuela de Policía y excomisionado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona en la primera legislatura de Ada Colau como alcaldesa, además de exmiembro del Comité Permanente de Asuntos Éticos de INTERPOL. “Si quieres generar alarma social, por motivos económicos, por ejemplo porque tienes una empresa dedicada a la seguridad privada, venderás más si haces que la gente esté muy preocupada porque le ocupen la casa. Campañas como estas, que escuchamos cada dos por tres, especialmente antes de las vacaciones, sensibilizan, cuando la realidad es otra”, argumenta.

Tomar posición sobre lo falaz es como dispararse al pie, sostiene Recasens. “Como partimos de situaciones reales, como las ocupaciones, se incrementa una sensación y rebatir lo fake [falso, en inglés] es imposible. Hace falta criterio propio, no se puede aceptar desde una posición de izquierdas el discurso de la derecha en materia de seguridad”, sentencia.

Los partidos promueven distintas recetas para abordar la sensación de inseguridad. “Hemos aumentado la plantilla de la Guàrdia Urbana [hay 500 agentes más desde 2015], la coordinación policial con los Mossos d’Esquadra ha mejorado y nuestra policía está más cerca de la ciudadanía”, enumera el teniente de alcaldía de Seguridad, que es concejal por el PSC y que aspira a repetir en la misma área, además de tomar el mando del distrito de Ciutat Vella, donde se concentran la mayoría de infracciones graves.

“El planteamiento no puede reducirse a la cantidad de agentes que hay en la calle”, cuestiona el candidato de Esquerra Republicana a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall. “Hace falta hablar más de ocupación laboral y de vivienda, porque la ausencia de políticas vigorosas en ese terreno automáticamente se convierten en fábricas de inseguridad”, afirma a este diario. “Hay que combatir los efectos de la delincuencia, pero dediquemos algún esfuerzo también a las causas y no todo a las consecuencias”, pide Maragall.

El cambio en el código penal para acabar con la multirreincidencia es un logro del Ayuntamiento de Barcelona, según cuenta Batlle. “Los efectos se verán a medio plazo, hasta ahora los delitos menores no computaban a efectos de reincidencia y con la modificación ya lo empezarán a hacer [a partir de la tercera sentencia por hurto leve se agravará la siguiente pena, con posibilidad de ingreso a prisión]”, se felicita. En este sentido, ya empiezan a anularse juicios por delitos leves y se transforman en agravados. “De cara al verano esperemos que todos estos nuevos juicios empiecen a causar este efecto”, desea Velázquez.

Los cinco multirreincidentes más activos de la ciudad en 2022 fueron detenidos 117 veces y entre ellos acumulaban 178 antecedentes penales, cuentan los agentes. De hecho, las dos policías han establecido un plan de actuación conjunto con el que se ha logrado reducir los 385 delincuentes frecuentes que hubo en 2021 a 289 en 2022.

“Hemos incrementado la relación con Fiscalía y con la judicatura y creo que estamos yendo por el buen camino”, opina Batlle. Es por eso que con este sumatorio de medidas aspira a rebajar la sensación de inseguridad en la ciudad. “Las percepciones suben enseguida y cuestan mucho de hacer bajar”, apostilla.

Los robos con violencia en Barcelona superan los registrados en Madrid –13.236 y 12.856, respectivamente–, a pesar de que la capital española tiene 3.280.782 habitantes, el doble que la capital catalana (1.636.193). “Se producen, básicamente, en los lugares turísticos y es a consecuencia del éxito de Barcelona, de ser una capital turística, mientras que Madrid tiene más población, pero más dispersa”, dice Batlle. La concentración de población de la capital catalana, muy superior a la de Madrid, explica una parte del porqué de la situación. “Tenemos tres veces más densidad que Madrid y eso genera una presión más grande. En l’Eixample hay más gente por kilómetro cuadrado que en Bombay y con turistas es un factor añadido. Muchos robos con violencia se han iniciado con un hurto y ha terminado en robo con violencia”, argumenta Velázquez.

En casi nueve de cada diez ocasiones no hay armas de por medio, según los datos de la policía catalana y de la de Barcelona. En el 45% de las ocasiones el objeto sustraído es un móvil, seguido de un bolso o una mochila, joyas, relojes y dinero.

En Madrid se cometieron más de 400.000 infracciones penales a lo largo de 2022, más que duplicando los datos de Barcelona. En València, tercera ciudad española en número de habitantes, la cifra baja hasta las 61.000. Le siguen Sevilla (49.000) y Zaragoza (26.000). Ninguna de las cuatro grandes ciudades reduce como la capital catalana el número de infracciones penales. Madrid apenas lo hace un 1,2%, comparando los datos de 2022 con los de 2019; mientras que en el resto de urbes las cifras subieron: un 0,5% en Sevilla, un 1,9% en Zaragoza y un 24,8% en València.

Son datos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil, los cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas, como lo son la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra, así como también por aquellos cuerpos de policía local que facilitan datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como sería el caso de la Guàrdia Urbana de Barcelona y del resto de policías locales.

Los delitos contra la libertad sexual aumentan en las grandes capitales. En la de Aragón se triplican las denuncias por agresiones sexuales con penetración y en la de la Comunidad Valenciana se duplican. En Madrid suben un 59,7% y en Barcelona un 15,2%. “Hemos hecho aflorar una cifra oculta, cada vez se denuncia más”, sostiene Batlle.

“Barcelona es una ciudad segura”, se reafirma el teniente de alcaldía de Seguridad. Es una opinión que también comparten el intendente mayor de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez, y Recasens. “Hay delitos de baja intensidad, pero no graves como homicidios, asesinatos y lesiones graves”, sigue Batlle. “Todo desemboca en la cadena de la droga, para consumir y traficar, y es aquí donde está el crimen organizado”, insiste.

La seguridad no consiste solo en detener delincuentes, cuenta Velázquez. “Barcelona debe abordar la actividad delictiva, pero también está la gestión de la convivencia. Las molestias por ruido son bastante frecuentes y generan fricción y cuando le preguntas a la gente por la seguridad te dicen que tienen problemas con los patinetes eléctricos, por ejemplo”. “Estoy convencido que hay que tener un concepto global de seguridad, estamos trabajando en ello y está dando buenos resultados”, añade.

El tráfico de droga se ha triplicado en la capital catalana, muy por encima de la evolución que ha registrado cualquier otra gran ciudad. “Tenemos un problema, en noviembre ya lo detectamos y dijimos que los Mossos d’Esquadra tenían que reforzar las unidades de investigación sobre el narcotráfico, mientras que nosotros hemos aumentado un 20% las patrullas en el distrito de Ciutat Vella [en el centro de la ciudad]”, cuenta el concejal. “El negocio de la droga está en el fondo de toda la criminalidad, incluso de los hurtos”, añade.

“Cuanta más actividad policial hay más delitos detectamos”, argumenta el intendente mayor de la Guàrdia Urbana. “Hay puntos de droga en la ciudad en los que se aprovechan las ocupaciones de pisos para traficar”, explica. El resultado de la acción policial, sin embargo, es escaso. “Las cantidades de droga que requisamos no son muy altas, 30 o 40 gramos de cocaína y quizás medio kilo de marihuana… no es mucho, pero tenemos que mantener la presión, porque si no se para a tiempo se convierte en un problema mucho más grande”.

Los clubes cannábicos son una fuente de conflicto, a tenor de las palabras de Batlle. “Yo estoy por cerrarlos todos, son un negocio que no debería tener cabida”, asegura. Y va más allá. “Tenemos que endurecer el código penal para los delitos contra la salud pública. En la primera década de siglo las prisiones estaban llenas y se tomó la decisión fantástica”, ironiza el teniente de alcaldía de Seguridad, “de rebajar las penas por estas infracciones, cuando es un tema que nos tenemos que tomar muy en serio”.

La solución tiene que ser múltiple, opina por su parte Recasens. “Hace falta una estrategia, que tiene que ir más allá de los titulares que publican los medios más alarmistas, que no pasa por más policía, sino por elementos educacionales”, dice. “Hay que atacar la criminalidad con el empoderamiento de la ciudadanía. Es más, en estos momentos la policía no es ni el elemento central de la seguridad, sino que pasa por una alianza entre distintos actores sociales en los que la ciudadanía es importante. La solución no es poner rejas y alarmas en las casas, sino en la identificación del crimen y en cómo pueden participar de la detección”, añade. “Llevamos más de 100 años haciendo políticas públicas conservadoras y no ha funcionado, hacer más de lo mismo no funcionará”, concluye.

“Se tienen que dejar de construir piscinas en plena sequía”. Lo pide Ecologistes en Acció, en boca de Eli Forés, coordinadora del grupo de agua de la entidad. Y alguna administración ya se ha puesto con ello, como Baleares, que ha limitado la cantidad y tamaño de las nuevas piscinas en zona rural. La organización por el clima exige una moratoria de estas construcciones tras 30 meses sin lluvias destacables en Cataluña. 30 meses que han dejado seco el territorio, que en breve afronta la temporada de baño. La consecuencia es muy gráfica: embalses bajo mínimos. El pantano de Sau, en el 9% de sus reservas. Hace 12 meses la fotografía era muy distinta: un 52%.

En zonas como Barcelona se construyen bloques de pisos con piscinas comunitarias en las azoteas de los edificios, como reclamo para inversores. Todo en un lugar, recordemos, donde ya hay mar. “Es aberrante e injustificado”, se exclama Annelies Broekman, académica del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF). “Es un paso más de la avaricia del turismo que ha habido a lo largo de décadas en Baleares, pero que se aplica a otras comunidades autónomas”, cuenta a infoLibre el conseller de Medio Ambiente y Territorio de las Baleares, Miquel Mir.

Lo de la capital catalana no es algo paranormal. Ocurre lo mismo en Begur, uno de los municipios costeros más turísticos de la Costa Brava, que cuenta con una superpoblación de albercas. Allí hay 1.806 zonas de agua artificial y 4.177 habitantes censados, según datos oficiales. Mientras, en lugares como l’Espluga de Francolí, más al interior del territorio, sus ciudadanos subsisten a base de cortes de suministro y camiones cisterna para tener de beber. Esta es, de hecho, una de las épocas más crudas que se vive en los últimos 50 años. Y lo que queda, según pronostican todos los expertos y la propia Generalitat, que prevén más de esto, más veces y más duro.

El mapa muestra cómo el litoral catalán está infestado de piscinas. La fotografía se compone de un collage de municipios pudientes, como Sant Cugat del Vallès, hechos a base de viviendas unifamiliares con jardín y piscinas, 4.867; pueblos que lo apuestan todo al turismo de sol y cerveza, como Lloret de Mar (2.791); y municipios que juntan lo mejor de cada casa, como Sitges (1.563) o Castelldefels (2.313).

Lliçà d’Amunt es el segundo municipio de toda Cataluña con más piscinas, 2.947. Y eso que tiene menos de 16.000 habitantes. Berga, con apenas 1.000 residentes más, tiene 57, mientras que Badia del Vallès, con 13.163 personas censadas, cuenta con una cifra irrisoria de tres albercas. Barcelona, la capital y ciudad más poblada, con más de 1.600.000 vecinos, tiene 1.460.

“Las piscinas son un lujo y suponen un gasto de agua innecesario”, opina Broekman. Las albercas municipales son una buena alternativa ante las olas de calor, destaca la investigadora, porque están abiertas al público y su control está más vigilado que lo que pueda hacer cualquier persona en su casa. “El tema es dónde está; una piscina al lado del mar tiene menos justificación que en una zona donde no hay ninguna alternativa, ni río ni nada”, afirma.

Tener una zona de agua va más allá de tener donde mojarse. “Una piscina da estatus y sube el precio de la vivienda”, dice Jorge Dioni, periodista y autor del libro La España de las piscinas. “También hay una explicación cultural: una piscina es un lugar divertido, es un lugar infantil, donde va a haber niños jugando, donde uno hace comunidad con el resto, es como una playa”, añade. Y no quita que todo forma parte de una lógica aspiracional, explica Dioni, en que se trabaja para tener más, acumular más capital y más propiedades.

El modelo urbanístico y de negocio ha condicionado qué se hacía con el territorio. “Cuando un lugar es adicto a la construcción y al turismo, no puede prescindir de las piscinas. Pagan residentes por visitantes, que tienen más creación de valor que el residente, con lo cual… vecino, fastídiate un poco”, ironiza el periodista. Y eso tiene consecuencias. “Las casas con piscina y jardín gastan un 30% más que los pisos”, expone Forés.

“Nuestro modelo es incompatible con el cambio climático”, afirma la investigadora del CREAF. “No solo haría moratorias de nuevas piscinas, sino de nuevas urbanizaciones donde no haya abastecimiento garantizado, porque mantener el statu quo ya cuesta horrores”, asegura, a la vez que plantea un estudio integral que englobe las distintas necesidades poblacionales y de recursos, para tratar de encajar un puzzle que muestra señales de colapso. 

En el conjunto de España hay 1.266.259 piscinas. Dicho de otro modo, hay una por cada 37 habitantes. La comunidad autónoma que ostenta el primer puesto es Andalucía, con más de 300.000. Luego le siguen la Comunidad Valenciana, con 245.000, y Cataluña, con casi 200.000. Las tres regiones, por cierto, con mar.

Asturias, Cantabria y La Rioja se sitúan en el lado opuesto, con 3.893, 4.178 y 5.194 piscinas, respectivamente.

Baleares ya ha puesto coto a estas construcciones. “Hemos condicionado las piscinas en suelo rústico, impidiendo más de una piscina por finca, así como su magnitud, que no puede hacer más de 30 metros cuadrados y 60 metros cúbicos de capacidad”, explica el conseller de Medio Ambiente y Territorio de las Baleares. “Somos pioneros, no solo nos hemos avanzado a leyes estatales, sino que también a directivas europea”, se felicita Mir.

¿Los motivos? “Tenemos unas islas con territorio limitado, un contexto de crisis climática, unas precipitaciones que van decreciendo, con temperaturas cada vez más extremas… y a eso le tenemos que sumar otro elemento a este cóctel molotov, como es una presión antrópica muy fuerte, sobre todo los meses de verano”, señala. “Es entonces cuando Baleares tiene menos capacidad de recarga hídrica y a la vez sufre mayor llegada de turistas”, cuenta. “Eso genera una ecuación muy complicada”, dice el conseller. “Necesitamos decrecimiento turístico”, remata.

El posicionamiento político de Mir lo suscribe la investigadora del CREAF Annelies Broekman. “Hay que decrecer, hay que cambiar el sistema económico basado en la huida hacia adelante, y al mismo tiempo entender que la cultura de la limitación es la única manera para mantener un sistema económico vivo”, cuenta.

El conseller de Medio Ambiente y Territorio de las Islas Baleares ve un “absurdo tener grandes piscinas a 30 metros de la playa”. “Sería equiparable a que cada hotel de Andorra tuviera una pista de esquí propia”, dice. “La reflexión que hay que hacer es si es de sentido común que cada hotel no solo tenga una piscina, sino que tenga dos y tres, además de otra climatizada y un jacuzzi… cuando tienes el mar cruzando la carretera”.

Barcelona apuesta por la prudencia y por seguir las indicaciones que dictamine l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que depende de la Generalitat y que es el organismo que establece las medidas a aplicar en cada momento, tal y como cuentan fuentes del Ayuntamiento de la capital catalana a este diario.

Varios expertos destacan que el llenado parcial de una alberca no supone un consumo bárbaro, ya que son unos 20.000 litros al año, siempre y cuando no se eche a perder el agua cada año, con el fin del verano. Por otro lado, una ducha de cinco minutos supone 100 litros, 36.500 al año, aproximadamente.

De todos modos, los mismos académicos consultados por este medio coinciden en destacar que es un gasto prescindible, especialmente en piscinas privadas y en lugares próximos al mar o a una zona de agua. “El problema con el agua no son las piscinas, sino la explotación crónica de los recursos del país”, dice Broekman. “Hay que ver el sistema en conjunto, qué desequilibrios hay y ves que las piscinas forman parte de ello”, insiste.

“Mucha de la política verde en nuestro país está afectada por errores de base, por ejemplo el mismo concepto de eficiencia”, declara la investigadora. “Con eficiencia podemos decir que no se ahorra”, enmienda. “Critico la eficiencia porque parece lo único que se puede hacer. Hay que ir más allá del uso razonable del agua, porque se están fomentando nuevos usos con tecnología para hacer lo mismo con menos agua, pero si aumentas el número de usuarios no has ahorrado nada. En agricultura, por ejemplo, si aumenta la superficie de regadío o se hacen tres cosechas en vez de una vemos un efecto rebote en el que para financiar la mejora tecnológica que permite ahorrar hay que reinvertir el agua ahorrada”, explica. “La modernización de regadíos ha aumentado la cantidad de agua gastada, y lo mismo en urbanismo”, concluye.

Hay municipios que incumplen la normativa decretada por la Generalitat, según denuncia Ecologistes en Acció. “El 7% de municipios se pasaban de los 250 litros [ahora se pide no rebasar los 230 por persona y día] en estado de prealerta, pero lo que es más grave es que en vez de sancionarlos, como fija el decreto [del Govern], solo se les advertía”, denuncia Forés, que ha pedido a la administración actualizar la situación, para saber si hay más pueblos y ciudades que incumplen, con las nuevas restricciones.

La soluciones nunca vienen solas, sino que son múltiples y deben poner el foco en distintos ejes. “Los planes de sequía locales tienen que tener una limitación en el uso del agua antes”, pide Forés. “La área metropolitana de Barcelona y toda la primera línea de costa tiene que tener una moratoria de piscinas”, añade. Otras soluciones son promover el llenado de piscinas con agua salada o gravar más en la factura el mayor consumo. Y un consejo básico: “Si la tenemos cerca, hay que ir más a la playa que a la piscina”, dice la coordinadora del grupo de agua de Ecologistes en Acció.

Si la convicción no sienta cátedra lo hará el apuro, opina el conseller de Medio Ambiente y Territorio de las Islas Baleares. “Por necesidad imperiosa y sentido común se terminarán aplicando estas medidas [de contención de las piscinas], que no son suficientes pero son un paso importante, en otros territorios”. 

“Se cierra un ciclo”. Paquita Delgado cuenta lo que ha ocurrido este fin de semana, aunque rápido añade: “Ahora abrimos otro”. Queda aún mucho por hacer, asegura esta mujer luchadora, que siente “mucha ilusión y orgullo” por lo conseguido. Habla de las Casas Baratas del Bon Pastor, en Barcelona, el lugar en el que nació. “Porque teníamos a la comadrona que vivía en la calle de delante”. Fue en 1956. Lo que era su hogar, así como el de centenares de familias, venidas de todos los rincones de España, se ha convertido ahora en un museo. Para dignificar y rendir homenaje a las clases populares, a la lucha obrera y a las reivindicaciones vecinales, que pedían por un barrio que estaba faltado de todo cuando se edificaron estas viviendas, allá por 1929.

Tras casi un siglo de historia, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido abrir un espacio de cultura y memoria. De las 784 viviendas que se levantaron, unas pegadas a otras y puestas en línea recta, como si fuera un Tetris, el consistorio ha decidido conservar 16 de ellas. Algunas han sido adaptadas al estilo inicial, de principios de siglo XX, mientras que otras han conservado su estado actual, para ver la evolución arquitectónica que hicieron las distintas generaciones que habitaron en esas moradas, hechas a base de piedras de río, de yeso y de muchas capas de pintura que había que añadir cada dos por tres, por culpa de las molestas humedades, cuentan los vecinos.

“Mi abuelo era yesero, fue el que hizo los techos y uno de los primeros que tuvo opción a comprar una casa baja”, cuenta Paquita. Su abuela fue de las primeras de la calle en vivir allí, en unos terrenos que hasta entonces no pertenecían a Barcelona, sino Santa Coloma de Gramenet. “Mi madre vino cuando tenía dos años y aquí se criaron todos mis hijos”, añade. La casa era muy humilde. Tanto que no tenía ni un baño como Dios manda. “Era un váter, tipo comuna”, puntualiza. “Recuerdo bañarnos en verano en el lavadero y en invierno en la cocina, con un barreño grande”, rememora.

Quedan muy pocos ya de los que vivían en las Casas Baratas. Uno de los últimos es Cristóbal Baños, que se encuentra en pleno traslado. “Ya me han dado las llaves del piso, estoy haciendo la mudanza, pero ya llevo una semana durmiendo con mi mujer, pero no tenemos luz ni gas, porque aún no lo han puesto”, cuenta. Cuando haya terminado, la casa se cerrará para siempre y se echará a tierra. ¿Nostalgia? No mucha. El cambio no tiene color, dice. “El piso nuevo es una pasada, el balcón, que es una terraza, vale más que todo el piso, y mira que está bien, porque tiene tres habitaciones, con comedor y cocina abierta, pero es que el sol me entra por la mañana por un lado y por la tarde por el otro”, explica, ilusionado.

“Nos dieron las llaves el 28 de febrero, llevamos una semana y poco de mudanza y ahora estamos montando armarios”, apunta Sandra Teruel, que aún no se acostumbra al cambio. “Pasamos de una casa de 40 metros cuadrados a un piso de 80. Muchas cosas que tenemos se pueden usar, pero otras son muy pequeñas”, explica. Como Cristóbal, está maravillada con el traslado. “Es alucinante, ten en cuenta que en las casitas [en referencia a las Casas Baratas] no entra luz, en el comedor estás todo el rato con luz artificial y ahora llegamos al piso y no hace falta darle al interruptor… es impresionante, es un cambio brutal”.

“Salvaguardar la memoria histórica local es también una de las líneas de actuación”, cuenta el consistorio. El proceso ha sido largo y tedioso. El Ayuntamiento empezó a negociar en los 90 una solución con los vecinos. Las condiciones de habitabilidad eran precarias. “El Patronato Municipal de la Vivienda [actual Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona], llegó a un acuerdo con la Asociación de Vecinos. Se hizo un referéndum, que más o menos salió con 800 votos a favor y 200 en contra”, cuenta José López, aunque todo el mundo lo conoce como Pepín, que a pesar de no haber vivido en las Casas Baratas es vecino de la zona y amigo de muchos de los que sí que se han criado en ellas.

En 2003 se erigieron las nuevas construcciones, ya verticales, con bloques de pisos de protección oficial –con opción a compra, en unas condiciones muy favorables–, en los que fueron trasladados los vecinos. La cosa fue por fases: a medida que se realojaba a las familias se iban tirando a tierra las Casas Baratas y se construía un nuevo bloque, que servía para los siguientes. En total, cuatro fases ya terminadas, la primera en 2006, y una quinta por hacer aún, cuenta Delgado, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos del Bon Pastor. 

Vivir con el espacio justo y con muy poco limitaba las posibilidades. “No teníamos nada, mi casa hacía 38 metros”, cuenta Paquita. Es por eso que había que salir de las cuatro paredes. “Mi vida era la calle, era la única distracción, yo jugaba allí, recuerdo que cuando era pequeña no veía ni un coche, como mucho caballos, porque quien traía la leche venía en caballo”. “Había televisión, pero no todo el mundo tenía una, ni mucho menos. Si un vecino la tenía, íbamos todos a su casa o la sacaba a la calle, como si fuera el cine”, añade.

“Yo recuerdo aprender a ir en bici y a patinar en la calle, hemos jugado a fútbol... todo en la calle, era lo normal. Ahora sí que hay mucho coche, pero antes eran solo dos o tres y teníamos todo el espacio para jugar”, rememora Sandra. La llegada de vehículos al barrio, en la década de los 60, lo truncó todo. “Los coches y el transporte nos conectó mucho más con el resto de la ciudad, pero a los de las Casas Baratas nos fastidió”, asegura Paquita.

Se quedaron sin espacio de socialización. “Cuando la gente tuvo coche fue un rollo, porque si se juntaban dos vecinos y cada uno aparcaba a un lado no se podía pasar, porque no había espacio”, dice Pepín. “El Ayuntamiento limitó los días en que se podían dejar los coches a un lado y a otro, pero había gente que, por mala leche o porque se olvidaba, no hacía caso y te encontrabas la calle cortada y hubo muchas discusiones”, sigue. “Se formaban unos pitotes que tela”, resume Paquita.

Más allá del juego, la socialización también seguía la misma lógica. “Las puertas estaban abiertas, en las fiestas la gente se juntaba, uno sacaba el tocadiscos y bailaban, la ropa la tendían en la calle y nadie robaba nada”, recuerda Pepín. “Los vecinos de la calle hemos estado muy unidos”, dice Sandra.

Vivir tan pegados obligaba a la compañía, deseada e indeseada. Para lo bueno y para lo malo, los vecinos de las Casas Baratas compartieron sus vidas entre ellos… y sus necesidades. “En el barrio mucha gente compraba cosas robadas, pedían encargos y los traían al día siguiente”, cuenta Pepín. “La gente no tenía dinero y los ladrones se dieron cuenta”, explica.

“En mi escalera había uno que lo llamábamos el Chato, que empezó robando en el barrio, lo descubrieron, le dieron una paliza y no lo hizo más”, cuenta, sin tapujos. “Luego se fue a otros”, añade… el negocio apremiaba. “Por la noche salía con su maleta y decía que iba a trabajar, pero iba a robar”. “Incluso mi padre le pidió un tocadiscos y se lo trajo”, confiesa. “Otra vez mi madre se dejó las llaves en casa y el fuego encendido y el Chato vino con unas ganzúas y abrió la puerta”.

Todo se comentaba. “Saberse se sabía todo, decían: mira, el hijo de tal, que ha entrado en la cárcel, el otro que ha sacado muy buenas notas y ha ido a la universidad”, explica Pepín.

Con 15 años Paquita se empezó a organizar. “Lo más básico fue la lucha por tener semáforos, que no había, por cerrar una fábrica que soltaba unos humos que nos intoxicaba a todos y para tener un ambulatorio”, enumera. El balance es positivo, dice: “Todo se ha conseguido, una cosa detrás de otra”.

La presidenta de la Asociación de Vecinos del Bon Pastor ya sabe lo que es tener que pelear; viene de familia obrera. “En la guerra y posguerra se pasó bastante mal, a mi abuelo lo asesinaron justo antes de empezar la Guerra Civil y mi tío salió huyendo a Francia”. “Mi abuela nos contaba historias, en la cocina, por la noche, con mucho cuidado, porque vivían con mucho miedo y represión”, afirma.

De vuelta al presente, el corazón se le encoge a más de uno. “Es una contradicción, porque te da mucha pena [marcharse de la Casa Barata], porque mi familia ha vivido siempre aquí, desde mis bisabuelos hasta yo, desde 1929, pero por otra pare tengo una ilusión enorme, porque te vas a un piso que para mí es un pisazo”, cuenta Sandra.

Conservar las casitas, como a Sandra le gusta llamarlas, es sinónimo de alegría. “Han sido una parte importante del barrio, ha habido familias que vivían hasta 11 y 12 allí dentro y recordar cómo se vivía entonces… la verdad es que conservarlas es genial”. “Es un reconocimiento a todas las personas que hemos estado aquí, luchando. Bon Pastor ha cambiado mucho en 30 años. Y para bien”, concluye Paquita.

Primero fue en agosto –aunque antes ya hubo otras veces –: “El Ayuntamiento [de l’Espluga de Francolí, en Tarragona] ha tomado la decisión de cortar el suministro de agua […] entre las 22.00 h y las 7.00 h de forma diaria”. Dos meses más tarde, se anunciaron más: “Corte de 12 horas de suministro de agua potable por las bajas reservas en los depósitos municipales”. Y así siguen, ahora con interrupciones de suministro de diez de la noche a siete de la mañana, de lunes a viernes. El fin de semana, libre… por ahora. Esta situación, que allí ya es una realidad cotidiana, se puede extender a más municipios catalanes, como Barcelona, si la sequía acuciante no cesa.

La Generalitat ha limitado este jueves el uso del agua para 5,9 millones de habitantes de 224 municipios. O, lo que es lo mismo, para el 89% de la población catalana. Ahora se impone un tope al consumo diario por habitante de 230 litros – antes, con otras medidas, estaba en 250 –. Aún hay margen, porque el gasto es menor y, por tanto, no se tienen que aplicar cortes de suministro. Donde sí que hay restricciones más severas es en la agricultura, que tiene que reducir un 40% su uso. En el caso de la industria el porcentaje es menor, del 15%.

Se echa el cerrojo en el gasto de este recurso para el riego de zonas verdes, como parques y jardines, ya sean públicos o privados, aunque quedan exentos los usos destinados a la supervivencia de las especies, siempre que sea con el método gota a gota o con regaderas. También se impone el veto a la limpieza de las calles con agua potable y, por tanto, queda restringido al agua freática. Por otro lado, las piscinas se pueden rellenar de forma “parcial”. Las fuentes ornamentales y lagos artificiales tienen prohibido su llenado total o parcial, salvo aquellos que “hagan apoyo de soporte vital de vida acuática”.

La situación es grave, pero no es inédita. Ya pasó entre 2005 y 2008, así como en 1992. La Generalitat reconoce que todas las posibilidades están encima de la mesa, como un "corralito" al agua de boca en ciudades como Barcelona: “Hay un descenso de las reservas y el consumo es un 3% superior al habitual”, alertan fuentes de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a infoLibre. Desde 2021 las lluvias han sido muy escasas.

“Tenemos un país muy ajustado en materia de recursos y cuando tenemos un periodo largo en que no hay suficientes precipitaciones entramos en crisis”, asegura a este medio el subdirector de l'Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), Sergi Sabaté. “Es de esperar en un clima mediterráneo y cada vez pasará más” como consecuencia de la emergencia climática, añade, el también profesor de la Universitat de Girona (UdG).

Los próximos tres meses serán clave. La Generalitat admite que tienen que caer chubascos y con intensidad. De lo contrario, tocará apretarse aún más el cinturón, empezando por reducir los 230 litros de consumo diarios por habitante a los 210. “Si no llueve en primavera y en otoño, estaremos en una situación muy complicada”, cuenta Sabaté. Los pronósticos son desalentadores: “No es previsible que esta situación mejore a corto plazo, ya que la sequía se ha ido prolongando y agravando de forma generalizada”, dice por su parte la administración, en el decreto aprobado este jueves.

Los datos ponen cifras a la gravedad de la situación. “La media pluviométrica de los años 2021 y 2022 en el distrito de cuenca fluvial de Cataluña, de acuerdo con los datos de los observatorios meteorológicos, ha sido inferior a los 350 milímetros (mm) por año, situación que no se había dado ningún año de los registros que se tienen desde 1915, dado que la media se sitúa en torno a los 600 mm/año”, señala la Generalitat. A eso se suma que el 2022 ha superado en 2,5 grados la temperatura media anual, favoreciendo la evaporación del agua de los embalses. 

“Hace 20 años que tenemos este problema”, cuenta Rafa Lorca, propietario del Hotel-Restaurante L'Ocell Francolí, en l’Espluga de Francolí. Lo dice sin sobresaltarse, a pesar de las noticias de los últimos días, en las que las televisiones muestran en bucle el pantano de Sau, en Barcelona, en un estado deplorable. Apenas está al 14% de su capacidad, cuando hace doce meses estaba al 48%. “Si tenemos un año malo, en el que estas reservas no se recuperan, entramos en una situación muy complicada”, avisa Sabaté.

En las zonas con menos capacidad de abastecerse de agua ya están curtidos. “Estamos acostumbrados, siempre hemos buscado soluciones. Hace 20 años cogí este negocio e instalamos un depósito de 8.000 litros para tener agua”, dice Lorca. Lo mismo hacen los vecinos, afirma, aunque a muchos les ha pillado la situación con el pie cambiado y tienen los equipos desfasados o averiados.

Los vehículos cisterna son la solución de emergencia ante la escasez de agua. “Gastamos dinero en cubas en vez de hacer infraestructuras para que llegue el agua”, reprocha Lorca. La Generalitat ha destinado más de medio millón de euros en 2022 para traer agua a pueblos como l’Espluga de Francolí, Castellcir, Sant Esteve de la Sarga o la Llacuna. En total, más de una sesentena de actuaciones que sufragan los municipios, aunque están financiadas en buena parte por el Govern, que puede abonar hasta el 95% del coste. En 2018 la inversión no alcanzó los 100.000 euros, mientras que para este año se ha incrementado el presupuesto de 800.000 euros a dos millones, en los que también se prevén obras de emergencia.

Mientras, las desalinizadoras funcionan a pleno rendimiento. “Han aportado más de 70 hectómetros cúbicos (hm³) al sistema” entre 2022 y lo que llevamos de 2023, cifran desde el ACA. En Cataluña hay dos equipamientos encargados de transformar el agua de mar en agua potable: la planta del Prat de Llobregat, con capacidad para 60 hm³; y la de Blanes, con 20 hm³. “En los próximos seis años se prevé cuadruplicar la capacidad de la planta de la Tordera (de 20 a 80 hm³) y construir una nueva desalinizadora en el Foix, entre Cunit y Cubelles, con capacidad para 20 hm³”, apuntan las mismas fuentes.

El agua regenerada, que se destina a los acuíferos y a la garantía de los caudales ambientales, también ha supuesto un aporte de 70 hm³. La extracción de agua de pozos ha añadido otros 54 hm³, dice l’Agència Catalana de l’Aigua. Con todo, 194 hectómetros cúbicos, que equivalen a la suma de los embalses de Sau y Sant Ponç, cifran.

“No se trata solo de cerrar el grifo, sino de repensar a qué destinamos los recursos hídricos del país, que es muy ganadero, agrícola, industrial y turístico”, opina Sabaté. “Hay camino por recorrer en la reutilización de las aguas residuales”, propone. Las depuradoras en Cataluña, 545, sanean las aguas del 97,1% de la población y aportan al medio 600 hm³, dice la Generalitat.

La Generalitat ha tomado la decisión de acelerar el vaciado del pantano de Sau, con la voluntad de aprovechar la poca agua que queda, para llenar el pantano de Susqueda, que está conectado. Así se evitará desperdiciar agua. “Es una medida inteligente”, califica el subdirector del ICRA. Aún así, hay que vigilar con la estratificación, un fenómeno que consiste en la separación física del agua en dos capas, una fría y otra caliente, que no interactúan entre sí y, por tanto, la franja baja pierde oxígeno y se echa a perder.

Una de las (pocas) consecuencias positivas del vaciado progresivo de los embalses es que se abre una ventana de oportunidad para eliminar la fauna foránea de lugares como el pantano de Sau. “Hay nueve o diez especies y ocho o nueve son invasoras”, como el siluro, la carpa o el cangrejo rojo, afirma Sabaté.

“Es una buena oportunidad para eliminar especies invasoras, porque desgraciadamente nuestros embalses están llenos de ellas y generan un daño ecológico importante”, cuenta el experto. Para analizar cómo se procede, la ACA ha creado una comisión que está estudiando el plan de actuación. 

Mientras, en lugares como Badalona se pierden dos litros de agua cada segundo por culpa de una fuga. Al final del día, 180.000 litros. En 2005 se detectó y desde entonces no se ha hecho absolutamente nada. 18 años ya de eso. Y sumando. El alcalde de la localidad, el socialista Rubén Guijarro, exige a la ACA que actúe de inmediato. La Generalitat tiene previstas unas obras que solucionarán esta situación… en 2025. Para entonces, 131.400.000 litros de agua echados a perder. En plena sequía.

Ernest Maragall (Barcelona, 1943) ganó las últimas elecciones municipales en su ciudad. Por un estrecho margen y frente a una Ada Colau (Barcelona en Comú) que revalidó el bastón de mando gracias a un acuerdo con el PSC, con el que ha gobernado en coalición estos años, y el apoyo inesperado de Manuel Valls (Barcelona pel Canvi- Ciudadanos), que acabó poniendo tierra de por medio y regresando a Francia.

Asegura estar "motivado" y deseando un debate "de fondo", ajeno a los personalismos y centrado en el modelo de ciudad. Mucho ha cambiado desde 2019, entre otras cosas, la importancia del procés independentista. Tanto, que los presupuestos de la Generalitat para este año nacen de un pacto entre ERC y el PSOE, reflejo de los pactos en el Congreso de los Diputados.

Cuatro candidaturas (la suya propia, la de Colau, la de Jaume Collboni, del PSC y la de Xavier Trias, de Junts per Catalunya) parecen tener opciones de ganar unas elecciones en las que los pactos serán fundamentales. Desde su despacho en la plaza de Sant Jaume atiende a infoLibre convencido de que, ahora sí, es su momento.

En el Congreso y en el Parlament, ERC ha colaborado con el PSOE/PSC y con Unidas Podemos/Comunes. ¿Estarán unidos también sus destinos en Barcelona? ¿Es esa ya la manera de hacer política en Barcelona, Cataluña y España?

Hay que respetar la particularidad de Barcelona y hacer la distinción entre los otros tres partidos [Junts, PSC, comunes, que cotizan al alza en las encuestas]. Mi proyecto es de izquierda transformadora, inteligente, ambiciosa, con unas profundas raíces en los términos de equidad, dignidad y cohesión social, que ahora mismo están en juego. Es una creciente distinción con lo que representa un socialismo que, desde un punto de vista de proyecto de ciudad, es cada vez más conservador. Y también en relación a una izquierda [en referencia a los comunes] que ya ha dado de sí todo lo que podía. Lo que ofrezco se dirige a un amplísimo porcentaje de ciudadanía, más amplio que cualquier otra fuerza.

¿Qué ingredientes tiene su propuesta?

Incluye una dosis de crecimiento económico asociado a unas determinadas variables y sectores. Este gobierno progresista durante ocho años ha generado mayor desigualdad. Barcelona es una ciudad bipolar, con unas potencias indiscutibles y una evidente y creciente desigualdad de ciudadanos que luchan por sobrevivir más que por decidir cómo viven. Eso está asociado a un determinado modelo productivo, a una dependencia de un casi monocultivo turístico, a una cierta renuncia a una economía de mayor valor añadido. Proponemos poner sobre la mesa el concepto de salario mínimo de ciudad, que es algo que está probado, experimentado y aplicado en otros entornos, en otras ciudades.

¿Es viable?

En Barcelona los números reales nos acercarían a los 1.500 euros [brutos y en 14 pagas], si hablamos del 60% del salario medio. No defiendo privilegios, defiendo la misma capacidad, dignidad y cohesión social.

El 67% de barceloneses asegura que es difícil encontrar piso, según un informe del Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. El precio medio del alquiler en Barcelona es de 1.067 euros, cuando el SMI es de 1.080 en 14 pagas. ¿Qué hacemos con el acceso a una vivienda digna?

Ha sido el gran déficit de los gobiernos actuales. La señora Colau se comprometió a generar 8.000 nuevas viviendas en sus dos mandatos. La cifra real son 2.342 en ocho años. Ahí es donde estamos. Está pendiente la regulación [de los alquileres] del Estado; la catalana, que nos tumbaron desde el Constitucional; y están pendientes las regulaciones suplementarias que podamos adoptar en el Ayuntamiento. De las que se adoptaron, hay una muy especial, que es la del 30% [en relación a la medida que obliga a los promotores a destinar tres de cada diez pisos nuevos en Barcelona a vivienda asequible]. ¿Qué ha sucedido con esto? ¿Cuántas viviendas han aparecido al amparo de esa regulación? ¿Cuánto da el 30% de 0?

El Ayuntamiento habla de 200.

¡Caramba! [ríe] Lo que hay que hacer es decidir urbanísticamente en qué puntos de la ciudad estamos en condiciones de hacer aparecer nueva construcción.

¿Se puede?

Claro que se puede crecer, en pocas semanas se va a hacer la aprobación inicial del plan director urbanístico, que habla de más de 20.000 viviendas posibles en suelo urbano. Y esa cifra aún podría crecer más.

La Generalitat debe 1.300 pisos a la mesa de emergencia, denuncia el Ayuntamiento.

Estoy de acuerdo. La Generalitat tiene que ponerse ahí con toda la energía. Uno de los elementos de mi proyecto va a ser ese, el establecimiento de alianzas entre Ayuntamiento y Generalitat.

¿Qué ha fallado?

Hasta ahora ha habido gobiernos más bien de dominio conservador en ese ámbito concreto, pero ahora se abre una oportunidad y vamos a aprovecharlo. El 30% famoso ha conseguido paralizar la inversión inmobiliaria en Barcelona.

¿Usted lo quitaría?

No, lo adaptaría, lo pondría al día de un modo inteligente. Hay que acordar la tasa de retorno de esas inversiones y tiene que ser socialmente aceptable, compatible con la aparición de vivienda asequible. En ese terreno lo estamos haciendo mucho peor que Madrid.

Su partido en el Parlament ha pactado con fuerzas conservadoras, como Junts y Ciudadanos, además del PSC, una ley antiokupas, mientras estas han bajado un 20% en Barcelona desde 2019. Las entidades en defensa del derecho a la vivienda temen que sirva para perseguir a familias vulnerables que ocupan pisos de bancos vacíos. ¿Usted puede asegurar que no será así?

Con esa ley hacemos frente a ese fenómeno, que es complejo y que tiene algunos elementos que deben ser combatidos, porque también hay auténticas empresas…

¿Son la mayoría?

No, ¡qué va!

Han votado con el gobierno municipal para evitar revertir la supermanzana (o superilla, en catalán) que se está haciendo en estos momentos en el Eixample, la mayor transformación urbanística que propone el ejecutivo de Colau, pero a la vez han pactado con Junts evitar que se puedan construir nuevas supermanzanas. ¿Están ustedes a favor o en contra?

No me parece el modelo. La experiencia lo va demostrando día a día. Tiene efectos secundarios dentro del propio ámbito afectado y sobre todo en el entorno que ponen en cuestión la bondad del instrumento. Es mejor partir de un diseño de efectos globales, equilibrados en el conjunto de la ciudad. Las superilles están gentrificando y expulsando familias. Nosotros avisamos antes de que sucediera eso. Hay una opinión mayoritaria que coincide con la crítica.

El 4 de marzo se prevé una gran movilización en Barcelona para protestar contra las infraestructuras que ha pactado su partido con el PSC para desencallar los presupuestos de la Generalitat: el macroproyecto del Hard Rock en Tarragona y el Cuarto Cinturón en el Vallès. Además, el ejecutivo de Pere Aragonès estudia una nueva propuesta de ampliación del aeropuerto del Prat, en el que se plantea una pista flotante sobre el mar de 3,4 km de largo y con un coste de 2.100 millones de euros, 400 millones de euros más que la de Aena. Todo ello en un contexto de emergencia climática.

No está asumido, está pactado que hay que estudiar y establecer un comité de expertos. El Govern y nosotros exigimos que cualquier decisión que se tome tenga en cuenta el cambio climático. Prefiero esperar a que el informe de los técnicos diga cuáles son los equilibrios y las mejores opciones.

¿Pero qué le parece la última propuesta sobre la ampliación del aeropuerto del Prat que ha salido a la luz?

Es un problema estético, en estos momentos. Es una propuesta que tiene unos elementos de espectacularidad que parecen difíciles de encajar. Hay ocho o nueve propuestas, seguro que el comité de expertos va a aportar concreciones sobre la actualización del aeropuerto. Lo importante es cómo conectamos con Reus y Girona, cómo respetamos el medio ambiente, cómo garantizamos conexiones intercontinentales. Hay que huir del simple crecimiento turístico.

¿Entonces?

No me convence ninguna opción, pero no soy yo ni quién debe, ni mucho menos, decidir sobre cuál es buena y cuál es mala.

Defienden en Barcelona la implantación de una tasa a los cruceros, pero el presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, de su mismo partido, está en contra porque dice que eso haría que las empresas se fueran a otros puertos del Mediterraneo que no tuvieran ese tributo. ¿En qué quedamos?

El presidente del Port de Barcelona hace de presidente del Port de Barcelona, no representa ni a Esquerra Republicana ni al grupo municipal, que tendrá opinión propia sobre eso.

¿Barcelona está perdiendo pie respecto a Madrid en cuanto a su pujanza económica o cultural?

Nuestro problema no va a ser nunca competir con Madrid o estar en permanente dependencia. Hay datos en todos los sentidos y algunos son de clara ventaja de Barcelona en algunos aspectos: la tasa de paro, por ejemplo, es inferior en Barcelona. El debate que yo propongo sobre el modelo productivo en Barcelona seguramente no tiene el mismo sentido en Madrid y no tiene por qué tenerlo. Aquí tenemos carácter propio, tenemos personalidad. Barcelona tiene que volver a ser referencia como gran capital europea.

Estamos aceptando dependencias y pérdidas de personalidad como consecuencia de los modelos de globalización que se habían impuesto en los últimos 20 años y que ahora están en cuestión, afortunadamente. Nos están comprando las ciudades. Pues Barcelona no se vende y no se va a dejar comprar. Barcelona no puede seguir creciendo en el sentido de ciudad franquicia. Que otros lo acepten o no es su problema.

¿A Barcelona le ha pasado factura el procés?

Los datos y la evidencia demuestran lo contrario. Ha habido una cierta inhibición de Barcelona como institución.

¿Barcelona tiene que ser entendida como un símbolo?

Lo que no debe es inhibirse. Tiene que expresar su diversidad y mantener esa personalidad y cualidad social, de dignidad del espacio público, de calidad urbanística… la ciudad ha perdido empuje en ámbitos concretos, como vitalidad creativa.

¿Qué balance hace de la gestión del Gobierno de coalición? ¿Teme un Gobierno de Feijóo con Abascal?

El riesgo está ahí. Tenemos que preguntarnos cómo hemos llegado a esa situación, qué estamos haciendo desde la izquierda para facilitar que muchos electores que siempre han votado a la izquierda ahora se planteen votar no ya a la derecha, sino a la ultraderecha.

ERC es una fuerza decisiva en el parlamento español, condiciona muchas leyes y apoya al gobierno de coalición.

No sé si es nuestra obligación, pero es nuestra responsabilidad. Ayudamos a la gobernación desde una perspectiva progresista. Estamos ante un cambio de etapa, también en Barcelona, porque todo ese movimiento [en referencia a Unicas Podemos], que es una reacción absolutamente no sólo justificada sino absolutamente legítima y necesaria, no fue capaz de convertirse en proyecto de transformación.

Yolanda Díaz y Ada Colau están muy unidas.

Las veo cada vez más delimitadas en un ámbito concreto, que ya ha dado de sí. Ada Colau ha tenido ocho años para verificar si su proyecto de transformación llevaba alguna parte y la desigualdad está creciendo en la ciudad.

Lo que está claro es que tras el 28 de mayo habrá que elegir. ¿Se ve gobernando con Trias, Collboni o Colau?

Quiero ganar con una mayoría clara que me permita las mejores condiciones para conseguir un gobierno amplio, estable y distinto al actual en ese sentido.

Con Colau, no, ¿entonces?

He venido a sustituirla, a ganar y creo que estoy en condiciones de conseguirlo.

Pero la gente querrá saber con quién va a pactar su partido.

El elector tiene que decidir a qué partido le otorga mayor confianza y qué posibilidades de gobernación quiere. Aspiro a que el voto de los ciudadanos sea en base a la ciudad que ofrezcamos. Estas elecciones no van ni sobre una persona ni sobre un partido y aun menos sobre si volvemos al 2015 o el 2019.

¿Ve a Trias o Collboni como su primer teniente de alcalde?

Yo me veo como alcalde.

¿Y de primer teniente de alcalde?

Ya veremos, cuando tengamos el mapa completo.