El día del accidente ferroviario de Adamuz, Alberto Núñez Feijóo compareció con un tono medido, casi institucional. No habló de dimisiones ni señaló culpables. Dijo que no tenía información directa del Gobierno, que se habían enterado “por la Junta y por los medios”, y pidió conocer las causas “cuanto antes”. Incluso llegó a reconocer que la gestión de una tragedia así no es fácil y que los profesionales estaban actuando.

Ese fue el Feijóo del primer día: cautela, exigencia de información y una apariencia de respeto a los tiempos de investigación.

Pero duró poco.

Días después, el discurso empezó a mutar. La falta de información pasó a ser “caos”, la prudencia se transformó en acusación, y el foco se desplazó con rapidez hacia el Gobierno central. 

El siguiente escalón fue explícito: la petición de dimisión del ministro de Transportes. Ya no se trataba de esclarecer lo ocurrido, ya no importaba el dolor de las víctimas, se trataba de instalar un marco político claro: el accidente como consecuencia de una mala gestión del Gobierno. 

Pero no sucedió lo mismo con el accidente del Alvia en Santiago de Compostela. Ahí el dedo acusador hacia la gestión del gobierno del PP nunca apareció. Al contrario.

Tenemos que retrotraernos algo más de 12 años para tomar perspectiva. 

La mayoría de las víctimas del accidente de Angrois eran gallegas. Personas que vivían, trabajaban o regresaban a casa en la víspera del día grande de Galicia. Porque cuando una tragedia golpea de forma tan directa a una comunidad, la responsabilidad política no se limita a la gestión técnica ni a la coordinación administrativa. Existe también una responsabilidad moral: escuchar, investigar, proteger y no despreciar a quienes han perdido a los suyos. En el caso de Angrois, esa responsabilidad recaía de manera directa sobre el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como máxima autoridad política del territorio más afectado.

Para muchas víctimas, lo ocurrido después de ese día es casi tan doloroso como el propio accidente.

El accidente y el relato inmediato

El 24 de julio de 2013, el tren Alvia que cubría la línea Madrid–Ferrol descarriló en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago de Compostela. Murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Galicia quedó conmocionada.

Desde las primeras horas se impuso un marco explicativo claro: error humano. El maquinista circulaba a una velocidad muy superior a la permitida. El dato era cierto, pero incompleto. Inmediatamente, el nombre y apellidos del maquinista salieron a la luz, imágenes de su rostro ensangrentado, también. Es algo que él mismo se preguntaba, años después, con extrañeza: “¿Quién filtró mi nombre y apellidos, fotos mías…? No me había bajado del Alvia y ya estaba todo en la prensa”.

Y ese encuadre temprano tuvo consecuencias duraderas. Marcó el rumbo de la investigación, delimitó el debate público y convirtió en secundarias, cuando no invisibles, otras preguntas esenciales: la transición entre sistemas de seguridad, la evaluación de riesgos o las decisiones administrativas que permitieron que un fallo individual derivara en una catástrofe colectiva.

En paralelo, desde la Xunta de Galicia se apelaba a no “politizar” la tragedia. El mensaje se repetía una y otra vez. Para las víctimas, aquello no era una llamada a la prudencia, sino una advertencia: investigar responsabilidades políticas era cruzar una línea.

A medida que pasaban los meses, las asociaciones de víctimas, especialmente la “Plataforma Víctimas Alvia 04155”, comenzaron a exigir comisiones de investigación, transparencia y respuestas claras. La reacción institucional fue el bloqueo. En el Parlamento gallego, el PP vetó reiteradamente cualquier intento de investigación política. Feijóo llegó a afirmar que pedir explicaciones dañaba la “marca España”.

Ese llamamiento inicial al respeto y a no convertir la tragedia en un debate político se hizo explícito años después: en julio de 2017, Feijóo acusó al PSOE de ‘politizar’ Angrois por apoyar una comisión parlamentaria y sostuvo que ‘mezclar’ política y justicia ‘no beneficia a las víctimas’.” 

Ese fue el punto de ruptura. Para las víctimas, investigar no era desprestigiar, era una exigencia democrática básica. Negarse a hacerlo, en cambio, sí era una decisión política.

La desconfianza se convirtió en conflicto abierto en 2014, cuando la Xunta anunció la concesión de la Medalla de Oro de Galicia a las víctimas y a los servicios de emergencia. Las asociaciones respondieron con una carta contundente: “No nos ofenda, señor Feijóo”. El mensaje era claro, el problema no era el homenaje, sino la ausencia de verdad y justicia. El reconocimiento simbólico no podía sustituir a la investigación.

Un año después del accidente, la Xunta organizó el acto oficial de entrega de la Medalla de Oro de Galicia en la Cidade da Cultura, exactamente el 24 de julio. Para el Gobierno gallego era un gesto de cierre. Para muchas víctimas, una apropiación institucional del duelo.

La mayoría no fue invitada. Ocho personas, entre víctimas y familiares, accedieron al recinto. El resto se quedó fuera. Se encontraron con un cordón policial que les impidió el acceso. Un homenaje a las víctimas celebrado sin las víctimas. Feijóo protagonizó todo el acto, desde la entrada acompañado por el sonido de las gaitas, hasta su discurso, como si las víctimas que gritaban desde las puertas de la Cidade da Cultura no existiesen.

Dos días después, la Plataforma 04155 envió una carta demoledora, que documenta con detalle lo ocurrido: exclusión, vigilancia, presión policial y un trato que califican de indigno. “Váyase, Sr. Feijoo, las víctimas, el pueblo gallego, los españoles de bien y toda la Humanidad se lo agradecerán”. Nunca obtuvieron respuesta.

A partir de ese momento, las víctimas dejaron de ser tratadas como interlocutores incómodos y pasaron a ser gestionadas como un problema de orden público.

La fractura política dio paso a una cuestión aún más delicada: la credibilidad de la instrucción judicial. En un accidente ferroviario complejo, los peritos no son un detalle técnico. Orientan la mirada del juez y determinan qué se investiga y qué queda fuera.

Durante la instrucción judicial, ocurrió algo muy grave. El juzgado solicitó peritos para analizar el accidente. Lo que se esperaba era un procedimiento habitual, selección de expertos independientes con perfiles técnicos específicos en seguridad ferroviaria, señalización y análisis de riesgos.

Lo que ocurrió fue distinto. Dos de los tres peritos clave que acabaron interviniendo procedían de la propia Administración autonómica. Fueron designados a propuesta de la Xunta de Galicia, es decir, de la institución presidida por Alberto Núñez Feijóo.

Tras rechazar a ingenieros independientes con experiencia en materia ferroviaria como peritos de la causa judicial por el accidente del tren Alvia, los peritos que propuso la Xunta eran funcionarios propios con dudoso bagaje en cuestión de trenes: un ingeniero de Caminos experto en urbanismo y un ingeniero Industrial que era jefe del servicio autonómico de energías renovables.

Este hecho, en sí mismo, no implicaba ilegalidad automática. Pero introduce un problema evidente de apariencia de independencia. La Xunta no era una parte ajena. Ana Pastor, con vínculos en Galicia y amiga de Rajoy, era la ministra de Fomento. EL PP había vetado investigaciones parlamentarias y Feijóo era objeto de críticas constantes por parte de las víctimas.

¿Cómo puede una Administración señalada por su falta de colaboración en el esclarecimiento de los hechos colocar a sus propios funcionarios como peritos judiciales sin ser expertos en la materia?

Las víctimas no acusaban a los peritos de actuar por consigna política. Lo que denunciaban es algo más estructural: que la mirada técnica que se imponía en la causa volvía a estrechar el foco hacia el error humano y dejaba fuera el análisis profundo de las causas sistémicas.

Los informes periciales refuerzan la idea de que el accidente se explica fundamentalmente por la conducta del maquinista, mientras que cuestiones como la evaluación de riesgos, el diseño del trazado o la gestión de la seguridad quedan en segundo plano o son tratadas de forma superficial.

Para las asociaciones, esto no es casual. Es coherente con todo lo ocurrido desde 2013. Un proceso que, paso a paso, va cerrando puertas a cualquier responsabilidad que no sea individual. La culpa siempre al maquinista, como bien señaló Feijóo desde el principio.

La credibilidad del proceso pericial sufre un daño mayor cuando se conoce que uno de los peritos puestos a dedo por la Xunta plagió partes sustanciales de su informe. No se trata de una cita mal atribuida ni de un error menor, sino de la incorporación de contenidos ajenos sin reconocimiento adecuado. El perito acusado de plagio, el ingeniero experto en urbanismo, imputa el accidente de la curva de Angrois en exclusiva a un despiste del maquinista. En su informe incluye numerosos párrafos idénticos, hasta en las erratas, a lo escrito previamente por otro de los peritos judiciales de la causa y por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento, sin citar su origen y atribuyéndoselos como propios. Un corta y pega de manual.

Este hecho tiene un impacto devastador por varias razones. Primero, porque se trata de un peritaje judicial en una causa de enorme trascendencia pública. Segundo, porque ese informe había sido utilizado para apuntalar el relato técnico dominante: la culpa era del maquinista. Y tercero, porque confirma, a ojos de las víctimas, que el proceso estuvo lejos del rigor y la independencia exigibles.

Para las asociaciones, la cuestión de los peritos se convierte en uno de los argumentos más sólidos de su denuncia. Ya no hablan solo de desprecio institucional o de gestos simbólicos vacíos. Hablan de interferencia estructural en la búsqueda de la verdad.

Este episodio refuerza su convicción de que el caso Angrois fue conducido hacia un cierre controlado, en el que cada elemento, relato político, veto parlamentario, trato policial y enfoque pericial, encaja en una misma lógica: proteger al gobierno del PP.

En ese proceso de control del relato hay un episodio especialmente perturbador, porque rompe una de las últimas líneas rojas: la presión directa sobre una víctima. Y no una cualquiera, sino una víctima que además era diputada del propio Partido Popular.

La exdiputada Teresa Gómez-Limón, superviviente del accidente de Angrois, relató públicamente que Rafael Catalá, entonces secretario de Estado de Transportes, se puso en contacto con ella cuando los cadáveres “aún estaban calientes”. No para interesarse por su estado, sino para orientarla políticamente sobre cómo debía expresarse en público. El mensaje, según su propio testimonio, apelaba a los “negocios de España” y a la necesidad de no dañar una imagen que el Gobierno quería preservar.

No fue un consejo inocente ni una conversación informal entre compañeros de partido. Para la víctima, y así lo ha contado reiteradamente, fue una presión indebida. Un aviso claro de que determinadas palabras no debían pronunciarse. Que determinadas preguntas no convenían. Que, incluso siendo víctima directa, había límites que no se podían cruzar.

El episodio es demoledor porque confirma lo que las asociaciones llevaban años denunciando, que el problema de Angrois no fue solo cómo se investigó el accidente, sino cómo se intentó silenciar a quienes podían romper el relato desde dentro del propio sistema.

La sombra de Angrois volvió a proyectarse con fuerza años después, cuando el debate ya no era el accidente pasado, sino la seguridad ferroviaria presente y futura. Y lo hizo de la mano de una afirmación realizada en sede parlamentaria, imposible de despachar como una opinión interesada.

En marzo de 2020, durante un debate en el Senado, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, afirmó que Alberto Núñez Feijóo había presionado para acelerar la llegada del AVE a Galicia aceptando la puesta en servicio con un sistema de seguridad más débil (ASFA) en lugar del sistema más avanzado (ERTMS), con el objetivo de inaugurar antes.

Las víctimas exigieron explicaciones a Feijóo. La acusación no era menor. ASFA es un sistema claramente inferior en términos de protección automática frente a errores humanos. Precisamente el tipo de sistema cuya insuficiencia quedó dramáticamente expuesta en Angrois. Que el mismo dirigente político señalado por las víctimas por haber bloqueado investigaciones y minimizado responsabilidades apareciera años después vinculado a presiones para rebajar exigencias de seguridad encajaba, para ellas, como una pieza más del mismo patrón.

El desenlace judicial del caso Angrois la semana pasada ha confirmado, punto por punto, el guion que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular defendieron desde el primer momento: toda la responsabilidad concentrada en el maquinista. Ningún responsable político. Ningún cargo intermedio.

La exculpación definitiva del cargo de seguridad de ADIF y el cierre del caso dejan una sola condena penal. Y ese resultado no llega como una sorpresa para las víctimas, sino como la confirmación de una estrategia sostenida durante más de una década: reducir Angrois a un fallo individual para blindar al sistema y evitar que la responsabilidad ascendiera.

Eso fue exactamente lo que defendió Feijóo desde 2013. Primero, apelando a no “politizar” la tragedia, todo lo contrario a lo que ha hecho con Adamuz. Después, vetando comisiones de investigación en el Parlamento gallego, cunado ahora es el primero en exigirlas. Más tarde, deslegitimando a las víctimas críticas. Y finalmente, aceptando como inevitable un cierre judicial que deja intactas todas las decisiones estructurales previas al accidente.

Más de una década después, Angrois sigue siendo una herida abierta y lo demuestran las recientes declaraciones de las asociaciones de víctimas. Feijóo no supo estar a la altura, pero eso es algo que jamás reconocerá. —

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Cristina P. Marcote es autora del libro 'Feijóo y el narco'.

La magistrada Ana López-Suevos intenta reconstruir el rastro del dinero que recibió El Correo Gallego en su etapa de mayor deterioro económico. En la causa se analizan las ayudas públicas concedidas por la Xunta durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y los pagos procedentes de la Televisión de Galicia, que según los informes policiales pudieron acabar integrándose en una operativa de desvío y ocultación de fondos. La investigación se inicia en 2022 y sigue abierta, ya que la UDEF continúa aportando nuevos indicios. Feijóo llega a Madrid ese mismo año.

Con una trayectoria de línea editorial conservadora, El Correo Gallego ha funcionado durante décadas como uno de los principales respaldos mediáticos a las políticas del Partido Popular en Galicia, primero bajo Manuel Fraga y después bajo Alberto Núñez Feijóo.

José Manuel Rey Novoa no llegó a El Correo Gallego como un inversor externo que compra un medio para reforzar su influencia; se hizo con él desde dentro, mediante una progresión lenta, silenciosa y sostenida en el tiempo. Su carrera arranca como trabajador de la casa, pero pronto escala posiciones clave hasta consolidarse como figura central del periódico. En 1987 ya era director, y en los años siguientes amplía su poder en la estructura de Editorial Compostela hasta convertirse en administrador único, controlando tanto la línea editorial como la gestión económica de la empresa.

Es durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo cuando Rey Novoa consolida su condición de propietario de facto del principal periódico de la capital gallega. En ese periodo, su posición accionarial se refuerza y El Correo Gallego intensifica su papel como apoyo editorial al Partido Popular, heredando una larga tradición iniciada en tiempos de Manuel Fraga.

La confirmación de su control total llega en 2020, cuando Rey Novoa negocia la venta del 60% de Editorial Compostela a otro empresario. En todas las informaciones aparece ya descrito como “primer accionista” del grupo, señal inequívoca de que, antes de esa operación, tenía en sus manos la mayoría decisiva del capital y el mando absoluto sobre la empresa.

Ese poder interno, acumulado durante décadas bajo el manto del Partido Popular, es el que ahora examina la justicia: la gestión financiera bajo su control terminó en un concurso de acreedores declarado culpable, en una inhabilitación de cinco años dictada por un juzgado mercantil y en una investigación penal abierta por la jueza Ana López-Suevos, titular del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Santiago de Compostela por presunto blanqueo de capitales, administración desleal y movimientos opacos de fondos procedentes de administraciones públicas.

Los investigadores de la UDEF centraron su atención en un crédito de 2,5 millones de euros que la Xunta de Galicia nunca debía haber concedido y en la creación de una serie de empresas pantalla para evitar pagar a los trabajadores y a los acreedores, además de una red familiar que se dedicaba a comprar propiedades inmobiliarias.

La UDEF sospecha que El Correo Gallego seguía recibiendo dinero público mientras sus trabajadores llevaban más de dos años sin cobrar. De hecho, a los agentes que investigan el caso les ha llamado la atención la facilidad del empresario para conseguir dinero público, y así lo han reflejado en sus informes, en manos ya de la jueza que instruye la causa. Además de ese crédito de la Xunta, también está bajo el foco un acuerdo por medio del cual la Televisión de Galicia era cómplice de los regates que el empresario le hacía también a Hacienda. 

Cuando El Correo Gallego entró definitivamente en barrena, con trabajadores sin cobrar durante meses y una deuda que ya no podía ocultarse, no se trataba de una crisis repentina ni imprevisible. El deterioro económico del grupo editor, Editorial Compostela, era conocido desde hacía años. Sin embargo, en ese contexto, la Xunta de Galicia presidida por Alberto Núñez Feijóo no solo mantuvo su relación económica con el periódico, sino que dio un paso más: le concedió financiación pública directa cuando la empresa ya hacía aguas. La UDEF destaca la “facilidad” con la que Editorial Compostela obtuvo el crédito de 2,5 millones de euros.

A través de XesGalicia, el brazo inversor de la Xunta, el Gobierno gallego, en 2018, aprobó un préstamo de 2,5 millones de euros a la empresa editora de El Correo Gallego. No se trataba de publicidad institucional ni de una subvención cultural, sino de un crédito público otorgado a una compañía privada que ya arrastraba impagos, conflictos laborales y una situación financiera extremadamente delicada. Aquel dinero no evitó el naufragio: la empresa acabaría entrando en concurso de acreedores y el periódico perdería gran parte de su estructura.

El préstamo no fue un hecho aislado. Antes y después de esa operación, la Xunta siguió firmando convenios y acuerdos económicos con Editorial Compostela. Bajo distintos conceptos: difusión informativa de la capitalidad de Santiago, promoción institucional o fomento del uso del gallego (aunque usasen castellano), el grupo recibió ingresos públicos recurrentes en los años previos al colapso. En la práctica, esos convenios funcionaron como una vía de oxígeno financiero para un medio que ya no era viable por sí mismo.

La cuestión clave no es solo cuánto dinero público recibió El Correo Gallego, sino cuándo lo recibió. Según la documentación y las informaciones publicadas, parte de esos fondos llegaron cuando la empresa ya acumulaba deudas con la plantilla, con la Seguridad Social y con Hacienda. Los trabajadores denunciaban impagos mientras la Xunta seguía aprobando convenios y, finalmente, un préstamo millonario. El resultado fue demoledor: el dinero público no salvó el proyecto, pero sí prolongó artificialmente una agonía empresarial que acabó dejando a decenas de empleados en una situación límite.

Años después, ese flujo de dinero público ha adquirido una dimensión judicial. La justicia mantiene abierta una investigación contra el exdirector y expropietario del diario, José Manuel Rey Novoa, y otros exdirectivos, por presuntos delitos económicos. La causa se centra en un posible desvío u ocultación de fondos, el uso de un entramado de cuentas y sociedades y maniobras para eludir el pago a acreedores y trabajadores tras el hundimiento del grupo. La investigación cuenta con informes de la UDEF y ha dado lugar a decisiones relevantes: en octubre de 2025, la jueza impuso una fianza de más de un millón de euros y advirtió de embargos si no se consignaba esa cantidad.

La causa penal sigue viva. Son ya tres años de instrucción. Con la UDEF entregando todavía informes y la jueza tomando declaración a los investigados, los tiempos judiciales no invitan al optimismo: la apertura de juicio oral no será inmediata. En causas económicas de esta complejidad, entre sociedades pantalla, cesiones de créditos y dinero público de varias administraciones, la fase de instrucción suele prolongarse de tres a cinco años. Con estos precedentes, la fecha más probable para un eventual juicio se sitúa entre finales de 2026 y 2027.

A ello se suma un antecedente clave: en 2024, un juzgado mercantil declaró culpable el concurso de acreedores de Editorial Compostela y condenó a Rey Novoa a cinco años de inhabilitación por irregularidades en la gestión de la empresa. No es una sentencia penal, pero sí una resolución judicial que describe una administración gravemente dañina del grupo.

Pero si hubo un actor decisivo en la supervivencia artificial del entramado dirigido por Rey Novoa fue la Televisión de Galicia (CRTVG). Según la investigación policial, la TVG garantizaba a El Correo Gallego una “cuota fija” de producción externa cercana a los dos millones de euros anuales, un sistema de reparto interno que asignaba a cada grupo mediático un trozo del pastel de contratos pagados con dinero público. Esa cuota —que debía servir para financiar programas y contenidos— se convirtió, en manos del empresario, en una vía para obtener liquidez fuera del alcance de Hacienda, de los trabajadores y de los embargos judiciales. Con las cuentas de Editorial Compostela embargadas, Rey Novoa procedió a ceder a sociedades intermediarias los derechos de cobro que tenía frente a la TVG, convirtiendo esos pagos públicos en dinero rápido fuera del alcance de los embargos. Vendía anticipadamente esos pagos a productoras “intermediarias” por apenas una fracción de su valor real, y estas, posteriormente, cobraban íntegramente de la cadena pública.

La CRTVG no puso ninguna objeción a ese tipo de operaciones hasta que la UDEF descubrió el juego.

El crédito concedido por la Xunta a la editora de El Correo Gallego tampoco tuvo el final que se esperaría de una operación “rigurosa”. Nunca fue devuelto, pese a que se trataba de financiación pública canalizada a través de XesGalicia. La empresa entró en concurso de acreedores y acabó colapsando sin haber reintegrado el dinero. Hoy en día, no consta que la Xunta haya recuperado esos fondos, lo que convierte el préstamo en una de las decisiones más controvertidas del apoyo institucional al periódico: dinero público concedido a una empresa ya en crisis, sin retorno conocido y hoy bajo el foco de una investigación penal por posible desvío y blanqueo.

La Policía considera este mecanismo un “acuerdo incomprensible” que permitió al empresario esquivar obligaciones fiscales y laborales mientras seguía recibiendo dinero público articulado desde la propia Xunta. La Federación de Sindicatos de Periodistas resume el funcionamiento del sistema de forma lapidaria: la TVG acabó actuando como “autopista financiera” que facilitó que Rey Novoa moviera fondos de administraciones como la Xunta, y la propia CRTVG mientras mantenía nóminas sin pagar.

La Xunta de Galicia, presidida entonces por Alberto Núñez Feijóo, decidió invertir dinero público en un medio privado en crisis, sin que hasta hoy se haya explicado con claridad qué informes de viabilidad justificaron ese préstamo ni qué garantías reales se exigieron para proteger el interés general. Tampoco se ha aclarado por qué se siguieron firmando convenios mientras la empresa dejaba de pagar a sus trabajadores. ¿Qué controles fallaron para que ese dinero acabara, presuntamente, formando parte de un circuito opaco hoy bajo investigación judicial?

La operación no solo llegó al Parlamento, sino que fue defendida por la propia Xunta. La respuesta oficial está publicada en el Boletín del Parlamento. Para el Gobierno de Feijóo la empresa era “operativamente viable” cuando recibió 2,5 millones de euros, pese a los impagos de nóminas y las múltiples deudas que arrastraban y que hoy investiga un juzgado.

En condiciones ordinarias, una empresa con deudas con Hacienda y la Seguridad Social no puede recibir dinero público. Por eso el crédito de 2,5 millones de euros que XesGalicia otorgó a El Correo Gallego resulta tan anómalo: exige explicaciones políticas porque se concedió a una empresa que, según la UDEF y los autos judiciales, ya arrastraba impagos y deudas que habrían bloqueado cualquier ayuda pública normal.

La justicia investiga si parte del dinero público recibido por Editorial Compostela fue desviado u ocultado, mientras la Xunta, pese a conocer el deterioro económico de la empresa, no activó mecanismos de control ni nadie exigió responsabilidades por el uso de esos fondos.

Solo con los datos oficiales conocidos, Editorial Compostela recibió durante los años de Feijóo al frente de la Xunta al menos entre 5,5 y 6 millones de euros en convenios, subvenciones directas sin ningún tipo de control y un préstamo público de XesGalicia. A esa cifra habría que añadir, además, la publicidad institucional y los contratos con la Televisión de Galicia, que no están completamente cuantificados.

La causa penal abierta investiga si el gestor de El Correo Gallego utilizó de forma irregular fondos procedentes de dinero público, sin que Feijóo haya dado hasta hoy explicaciones sobre por qué siguió financiando a la empresa ni qué controles ejerció sobre ese dinero.

Si se confirma judicialmente que hubo desvío u ocultación de fondos públicos, la pregunta ya no será solo qué hizo el empresario, sino por qué se permitió que Rey Novoa siguiera recibiendo dinero público cuando los impagos a los trabajadores y las deudas con Hacienda y la Seguridad Social lo ahogaban y la empresa ya era inviable.

Somos todo oídos, señor Feijóo.

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Cristina P. Marcote es autora del libro 'Feijóo y el narco'.

La comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia durante la pandemia —creada por el Pleno el 21 de marzo de 2024 y formalmente constituida el 2 de abril de 2024— incluyó entre sus primeras actuaciones un requerimiento exhaustivo de documentación a la Xunta de Galicia. Este requerimiento abarcaba los expedientes de Universal Support, Sum Talk Iniciativas y Nervo Group, empresas vinculadas al entorno familiar de Alberto Núñez Feijóo, presidente autonómico durante los años investigados.

La comisión pidió contratos, adjudicaciones, comunicaciones internas y cualquier documento acerca de la relación entre la Xunta y el entramado empresarial del cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas Botas. Sin embargo, como ya había sucedido en la comisión de investigación del Parlamento gallego, la documentación remitida fue calificada de ‘parcial e incompleta’.

Faltan documentos, más de 1.100 contratos menores adjudicados al Grupo Eulen —donde la hermana de Feijóo desempeña un cargo directivo— no fueron enviados a la comisión. En los contratos que sí se remitieron, el objeto aparece en muchos casos bajo la etiqueta genérica de ‘otros’, imposibilitando conocer qué bienes o servicios se estaban financiando con dinero público. Esta opacidad alimentó las sospechas de un intento deliberado de limitar el alcance del control parlamentario.

La comisión de investigación del Congreso continuó con peticiones adicionales y comparecencias centradas en los contratos realizados durante la pandemia, situando el caso gallego entre los más cuestionados por su volumen, urgencia y vínculos familiares.

En Galicia, la oposición reclamó en varias ocasiones que la Xunta completara la entrega de documentación, incluidos los más de 1.100 contratos menores omitidos, pero la mayoría absoluta del PP bloqueó cualquier nuevo requerimiento.

Sesenta millones de euros. Esa cifra incluye contratos de material sanitario, servicios de rastreo, call centers y otros encargos de emergencia que el Gobierno gallego tramitó por la vía rápida en los meses más duros de la Covid-19.

En el centro de esa trama aparece el nombre de Ignacio Cárdenas Botas, directivo del grupo Konecta y director comercial y de retail de Universal Support S.A., una empresa coruñesa de telemarketing propiedad de Konecta.

Cárdenas es, además, hermano de Eva Cárdenas, pareja de Feijóo, lo que convierte cada euro público adjudicado a las compañías que dirige o con las que colabora en un caso de potencial conflicto de intereses que en cualquier democracia exigente dispararía todas las alarmas. ¿Se lleva algo Feijóo por adjudicar contratos públicos a su cuñado? Es una pregunta que lanzo al aire. No lo sabemos.

Universal Support no es una pyme local que pasara casualmente por allí: es la empresa que, según un informe del Consello de Contas de Galicia, más dinero recibió de la Xunta por servicios vinculados directamente a la gestión de la pandemia.

Entre 2020 y 2021, esta filial de Konecta facturó a la administración gallega 15,2 millones de euros procedentes de fondos Covid por servicios de atención telefónica, rastreo de contactos y otros encargos ligados a la emergencia sanitaria.

El detalle es todavía más incómodo: de esos 15,2 millones, 9,76 millones proceden de 12 contratos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) tramitados por la vía de urgencia, sin concurso abierto competitivo. 

Universal Support se convirtió así en la principal beneficiaria de los contratos de call center y rastreo impulsados por la Xunta, concentrando una parte desproporcionada del negocio público en plena crisis sanitaria.

En paralelo a los contratos de emergencia, Universal Support dio un salto cualitativo: en abril de 2022 ganó un concurso del Sergas para gestionar el servicio telefónico de información sobre la covid por 4.058.533,72 euros, pese a presentar la oferta más cara de las finalistas.

Además, la compañía del cuñado de Feijóo carecía de experiencia previa en servicios sanitarios cuando comenzó a recibir estos encargos millonarios.

Si se suman los 15,2 millones en contratos de emergencia y fondos covid a los más de 4 millones del concurso de 2022, Universal Support alcanza ya los 19,2 millones de euros adjudicados por la Xunta solo en el ámbito de la pandemia, sin contar otros contratos anteriores o ajenos a la covid.

Esta cifra, que se repite en diversas investigaciones periodísticas, dibuja una relación continuada y estructural entre el Gobierno gallego y la empresa del cuñado del hoy líder de la oposición.

Pero la historia no se agota en los grandes números. Universal Support obtuvo además unos 200.000 euros en contratos menores y adjudicaciones directas "a dedo" de la Xunta mientras Feijóo era presidente, sin concurrencia pública y con un retraso de cuatro meses a la hora de publicar esos expedientes en el portal de transparencia.

El Gobierno gallego incumplió así los plazos de la Ley de Transparencia precisamente cuando se trataba de contratos especialmente sensibles por sus vínculos familiares.

La documentación presentada en la comisión de investigación del Congreso eleva todavía más el número de contratos: en el Diario de Sesiones de junio de 2024 se habla de hasta 42 contratos relacionados con la Covid concentrados en Universal Support, buena parte de ellos en el año 2021.

Esta concentración de adjudicaciones en una sola empresa, vinculada familiarmente al presidente autonómico de entonces, resulta difícil de compatibilizar con los principios de libre concurrencia y de prevención de conflictos de interés que marcan tanto la legislación europea como la estatal.

El argumento oficial de la Xunta, defendido por el exconselleiro de Sanidade Julio García Comesaña ante la comisión de investigación, es que todos los contratos se firmaron con arreglo a la ley y en un contexto de urgencia extrema, y que Universal Support ya trabajaba para el Samur en Madrid y fue capaz de poner 75 teleoperadores a disposición del Sergas en cuestión de días.

Pero la legalidad formal de un procedimiento no elimina por sí sola la sombra de trato de favor cuando el beneficiario es el cuñado del máximo responsable político que decide la contratación.

Los contratos con Universal Support se enmarcan además en un ecosistema empresarial más amplio, donde aparecen otras sociedades vinculadas al grupo Konecta y al propio Ignacio Cárdenas. La comisión del Congreso ha exigido a la Xunta toda la documentación sobre contratos, comunicaciones, subvenciones y ayudas concedidas entre 2008 y 2023 a Universal Support S.A., Sum Talk Iniciativas S.A. y Nervo Group Investment, todas ellas relacionadas con el mismo entramado empresarial

La solicitud incluye no solo los expedientes de contratación sino también correos, actas de reuniones y cualquier rastro de interlocución con esos grupos empresariales.

Varios medios gallegos han explicado que Ignacio Cárdenas ha ocupado cargos de dirección o apoderamiento en sociedades como Sum Talk Iniciativas S.A. o STD Multiopción, además de su posición en Universal Support, lo que refuerza la idea de un grupo de empresas que actúan en red para concurrir a diversos contratos públicos.

La documentación pedida por el Congreso pretende aclarar si esa red de sociedades operó de forma coordinada para maximizar la facturación pública en Galicia durante los años de gobierno de Feijóo.

El caso de Telemark‑Coremain, la UTE que gestiona el 112 en Galicia, añade otra capa de opacidad al cuadro. Telemark‑Coremain, vinculada también al entorno de Ignacio Cárdenas, recibió más de 15 millones de euros de la Xunta para la gestión del número único de emergencias.

Esta cifra incluye, entre otros, un contrato de 7.417.289,26 euros adjudicado en 2018 para el servicio de gestión del Centro Integrado de Atención de Emerxencias 112 Galicia.

La propia empresa Coremain reconoce en su web corporativa que participa en UTE con Telemark en el proyecto de gestión operativa del 112 de la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA), lo que confirma el peso de este consorcio en la externalización de un servicio tan crítico como la atención a emergencias.

La combinación de altas cuantías, contratos de larga duración y vínculos empresariales con el entorno del poder político de Alberto Núñez Feijóo dibuja un mapa de riesgos que, de nuevo, cualquier sistema serio de integridad pública debería haber analizado y mitigado.

La oposición gallega ha denunciado que, tanto en el caso de Universal Support como en el de Telemark‑Coremain, la Xunta construyó un sistema de externalización masiva de servicios públicos sin controles suficientes y con una clara puerta giratoria entre lo privado y lo institucional.

Ese modelo habría permitido a un puñado de empresas afines o vinculadas al entorno familiar de Feijóo concentrar decenas de millones de euros en contratos, mientras la administración reducía capacidad propia y se blindaba tras la excusa de la “gestión eficiente” y de la urgencia sanitaria.

En paralelo a la investigación parlamentaria estatal, el Parlamento de Galicia aprobó la creación de una comisión sobre contratación pública cuya ponencia final, recogida en el Boletín Oficial de enero de 2025, constata problemas de transparencia y control en el conjunto del sistema, aunque evita entrar a fondo en la dimensión familiar y de posible conflicto de intereses de los contratos vinculados a Universal Support o Eulen 

La lectura de ese dictamen sugiere una voluntad de cerrar en falso el debate en Galicia mientras el foco político se desplaza a Madrid.

La comisión del Congreso, sin embargo, ha ido más allá al exigir no solo contratos y expedientes, sino también todas las comunicaciones y relaciones laborales, comerciales o mercantiles entre el hermano de la pareja de Feijóo y cualquiera de las empresas del grupo Konecta con la Xunta. Esa ampliación apunta a aclarar si hubo un uso sistemático de la posición de poder para favorecer a empresas del entorno familiar, más allá de la estricta literalidad de la legislación de contratos.

La Xunta también pagó en 2020 sobreprecios de hasta el 37% por la compra de material sanitario a Mape Asesores, la empresa gallega que propició ese año la comisión de 2 millones de euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por intermediar en la compraventa de ese tipo de material en lo peor de la pandemia.

En este contexto, la estrategia defensiva del PP se ha centrado en dos ideas: que todo fue legal y que, en plena pandemia, no había tiempo para más garantías procedimentales. Pero los hechos recogidos por las investigaciones periodísticas y por la propia documentación oficial —concentración de contratos, retrasos en la publicación, empresas sin experiencia sanitaria previa que se convierten en proveedores casi exclusivos— apuntan a un patrón de captura de lo público que excede con mucho las necesidades de urgencia.

Quedan, en todo caso, demasiadas zonas oscuras: no se conocen aún en detalle todos los importes y contratos con filiales como Sum Talk Iniciativas S.A. o Nervo Group Investment, aunque la documentación pedida por la comisión de investigación incluye expresamente esos nombres. Tampoco se ha esclarecido públicamente cuál ha sido exactamente el papel personal de Ignacio Cárdenas en la negociación de los contratos ni qué canales informales se utilizaron para que su empresa se situara siempre en la pole position de las adjudicaciones.

Lo que sí sabemos ya es que la Xunta de Feijóo levantó un ecosistema de contratos públicos en el que la línea entre el interés general y el interés familiar se volvió peligrosamente borrosa.

Y que, una vez estalló el escándalo, la reacción del aparato político no fue abrir ventanas y entregar toda la información, sino retrasar publicaciones, minimizar cifras y refugiarse en la coartada de la emergencia.

Frente a esa cultura del favor y de la opacidad, la exigencia democrática es clara: auditorías independientes, publicación íntegra y accesible de todos los expedientes, identificación de los beneficiarios últimos de las empresas adjudicatarias y, si se confirman las sospechas de trato de favor, depuración de responsabilidades políticas además de las eventuales responsabilidades penales. 

Porque lo que está en juego no son solo los contratos de la Covid, sino la confianza de la ciudadanía en que los recursos públicos no se convierten en un negocio privado para el entorno familiar de algunos representantes del poder político.

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Cristina P. Marcote es autora del libro 'Feijóo y el narco'.

El líder del PP presume de mérito y esfuerzo a lo largo de toda su trayectoria, pero su plaza fija de funcionario nació de una ley diseñada a medida por el Parlamento gallego bajo la mayoría absoluta de Manuel Fraga. La carrera política de Alberto Núñez Feijóo tiene un origen que rara vez ocupa titulares, o suscita preguntas al líder del Partido Popular: su acceso a la condición de funcionario de carrera en la Xunta de Galicia. No hacía falta aprobar en sentido estricto; bastaba con se presentaran las tres oportunidades. Oficialmente, el PP de Fraga justificó la medida como una “regularización” de interinos con años de servicio. En la práctica, fue una amnistía encubierta para convertir a muchos interinos en funcionarios fijos sin superar realmente unas oposiciones competitivas.

Solo se aplicó aquel año. Y fue en ese contexto cuando Feijóo consiguió su plaza en el Cuerpo Superior de la Administración (grupo A1).

Pero la historia arranca antes. En los años ochenta, mientras trabajaba como interino en los servicios jurídicos de la Xunta, Feijóo encabezó la Agrupación de Funcionarios Interinos y Contratados Administrativos (AFICA). Desde esta plataforma, organizó encierros, huelgas y protestas en San Caetano reclamando la estabilidad laboral y pasarelas hacia la fijeza. Según recuerda Ansía, miembro de la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato de Feijóo tuvo un recorrido breve: “desapareció cuando consiguieron sus plazas de funcionarios”. “Más que un sindicato era un lobby que peleaba por unas oposiciones a la carta para aprobar con facilidad y pasar al grupo A de la administración”. “En realidad, tanto Feijóo como Carlos Negreira (también del PP y que fue alcalde de A Coruña) eran ya unos trepas. Nosotros exigíamos mejoras sociales y laborales que ellos apoyaban porque lo que buscaban era acceder a la carrera de funcionarios, pero no porque les interesaran lo más mínimo aquellas reivindicaciones"

Entre las reclamaciones que Feijóo defendió en aquellos meses se encontraba el derecho a realizar el examen para obtener la plaza hasta tres veces, en caso de suspender en los dos primeros intentos. Un instrumento coyuntural que sirvió de trampolín para transformar a interinos en funcionarios de carrera.

El socialista Fernando González Laxe fue presidente de la Xunta de Galicia entre 1987 y febrero de 1990, los años de “sindicalismo” de Feijóo. Pero no fue hasta 1991, con la presidencia de Manuel Fraga, que pusieron en marcha la oposición “ad hoc”.

La oposición de 1991 no ha dejado de generar críticas en Galicia. La oposición política y parte de la prensa la calificaron como una “oposición a medida”, diseñada para regularizar a determinados colectivos y con un grado de discrecionalidad en la configuración de tribunales que levantó sospechas. En aquel proceso, los méritos acumulados en la Xunta contaban casi tanto como los ejercicios de la oposición. No es anecdótico: en un sistema en el que el acceso a la función pública debe garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, la excepcionalidad de la ley de 1991 abrió un atajo difícil de justificar con criterios de transparencia. Y ese atajo es el que utilizó Feijóo, quien hoy se presenta como el adalid de la meritocracia y la transparencia. 

Aquella oposición fue una excepcionalidad, un sistema extraordinario y único, que solo se aplicó en 1991. Resumiendo: sí, era posible suspender las tres veces y aun así entrar fijo, porque la ley lo garantizaba.

Popularmente en Galicia aquella convocatoria de la primera era Fraga, se conoció como “la ley de las tres oportunidades”.

Con la plaza asegurada, la carrera de Feijóo en la administración fue meteórica. La oposición le dio el título de funcionario de carrera A1 del Cuerpo Superior de la Xunta, pero nunca ejerció como tal en un puesto ordinario; enseguida saltó a cargos de libre designación con peso político. 

En 1991 ya era secretario general técnico de la Consellería de Agricultura. Un año después, Romay Beccaria, su mentor, lo nombró secretario general del Sergas, el máximo cargo administrativo de la sanidad gallega, con apenas 31 años. Desde entonces, Feijóo nunca volvió a ocupar un puesto “ordinario” como funcionario: su trayectoria se desarrolló siempre en despachos de confianza política y cargos de alta dirección.

El debate no es si Feijóo aprobó o no algún examen: El debate es qué tipo de oposición fue aquella y qué papel jugó la mayoría absoluta del PP en su diseño. La de 1991 fue una convocatoria irrepetible, con reglas distintas a las ordinarias y con un resultado claro: la consolidación de interinos que, como Feijóo, encontraron en aquella puerta abierta su pasaporte a la función pública. 

Legal, sí. Ético, no. Así empezó la carrera de quien hoy exige transparencia a los demás. Feijóo es el ejemplo de cómo desde el PP manipulan ciertos engranajes para legislar el enchufe, convertirlo en norma y llamarlo mérito. Otra forma de corrupción.

¿Dará explicaciones algún día, Alberto Núñez Feijóo? Como político que aspira a ser Presidente del Gobierno, no debería dejar estos claroscuros de su currículo sin dilucidar. ¿Hubo trato de favor? Los hechos así lo demuestran.

La historia de su plaza de funcionario de carrera es también la historia de un sindicato creado para ese objetivo, de un atajo administrativo, y de una rápida conversión de interino rebelde en alto cargo institucional. 

Un episodio que merece revisitarse porque arroja luz sobre la forma en que se construyen las élites del Partido Popular en Galicia, donde la frontera entre meritocracia y nepotismo es más difusa de lo que se reconoce. Es un “modus operandi” para un “modus vivendi” que Feijóo lleva poniendo en práctica toda su carrera política.

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

En la larga sombra que proyecta la gestión de servicios públicos en Galicia durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo hay nombres que se repiten como bisagras entre decisiones políticas, contratos millonarios y procedimientos administrativos delicados. Uno de esos nombres es el de Francisco José Vidal-Pardo y Pardo: alto cargo clave en la Consellería do Mar y después letrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su trayectoria traza un arco entre la gestión de la Xunta de Galicia en la adjudicación del servicio aéreo contra incendios y la arquitectura administrativa de la Justicia.

La independencia judicial no se mide solo en sentencias, sino también en las trayectorias de quienes ocupan los órganos encargados de vigilar a los jueces. La reciente consolidación de Francisco José Vidal-Pardo y Pardo como Letrado Jefe de Recursos de la Inspección Fiscal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un caso paradigmático de esa difusa frontera entre lo ético/político y lo judicial en España. 

Entre 2009 y 2013, Vidal-Pardo fue secretario xeral técnico de la Consellería do Mar y después de Medio Rural e do Mar, bajo el gobierno de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Desde esa posición gestionó la contratación de helicópteros de salvamento y extinción de incendios, con adjudicaciones millonarias a la empresa Inaer. El BOE recoge su firma en contratos por más de 15 millones de euros, y la Fiscalía llegó a investigarlo en 2017 por un contrato sin expediente ni concurso público. El caso se archivó en 2018, porque no hubo “capricho” pero quedó demostrado en el auto del juez que hubo ilegalidad en la contratación. 

“Existe un hecho objetivo e incontrovertible consistente en que dicha adjudicación carece de la cobertura contractual que, en situación de normalidad, debiera existir y adecuarse a los parámetros de contratación común” afirmaba.

Francisco José Vidal‑Pardo y Pardo llegó al núcleo de la Xunta al inicio de la era Feijóo, cuando fue nombrado secretario xeral de la Consellería do Mar en abril de 2009. Es un puesto de máxima responsabilidad jurídica y de contratación dentro de la consellería. El nombramiento figura en el Diario Oficial de Galicia (DOG).  [DOG 24/04/2009 | Corrección 29/04/2009]

En 2010, la Secretaría Xeral do Mar hizo pública la adjudicación del servicio de operatividad y mantenimiento de los helicópteros adscritos al Servizo de Gardacostas de Galicia a Inaer. La resolución acredita su papel ejecutivo en la contratación y fue publicada en el BOE, junto con una corrección posterior. BOE-B-2010-13709 | Corrección 24/04/2010

La operación helicópteros: en 2012 la Xunta vendió sus dos helicópteros de salvamento (Pesca I y Pesca II) a la adjudicataria privada que ya operaba el servicio, por aproximadamente la mitad de lo que habían costado en 2005. El Consello de Contas criticó que la venta se hiciese sin estudio previo sobre su repercusión en futuros contratos. [ElDiario.es 09/06/2017 | ElDiario.es 13/07/2017]

Cuando venció el periodo de cobertura, la Xunta tuvo que licitar de nuevo el servicio y el primer concurso quedó desierto; el Gobierno gallego lanzó luego una consulta al mercado para conocer el coste real tras la venta. [Concurso desierto 2017 | Consulta al mercado 12/06/2017]

En 2017, la Fiscalía denunció un 'grave quebranto' de los principios de igualdad, publicidad y legalidad en la contratación de helicópteros, por un encargo sin expediente a la empresa adjudicataria en el verano de 2012. La investigación judicial alcanzó a responsables de Medio Rural, e incluyó a Vidal-Pardo, el entonces secretario xeral técnico. [20minutos 09/11/2017 | Europa Press 09/11/2017]

El Consello de Contas jugó un papel clave en la fiscalización de las adjudicaciones a Inaer; su crítica a la operación y a los procedimientos alimentó la investigación penal posterior. Fue el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago a instancias de la Fiscalía, y abierta la causa a raíz de una denuncia que presentó en 2012 la CIG por la adjudicación a dedo por 6,6 millones del servicio de transporte aéreo en helicópteros antiincendios a la empresa Inaer-Babcock España, ahora Avincis, responsable de la mayoría de las aeronaves de salvamento marítimo, guardacostas o emergencias de la Xunta. Entonces, el Ejecutivo alegó que la cercanía de la época de incendios le impedía convocar un concurso público o pedir otras ofertas, por lo que se lo encargó directamente a Inaer a través de una encomienda de gestión.

Tras su salida de la Xunta, Vidal-Pardo no desapareció del mapa. En 2020 ingresó en el CGPJ como letrado, y en 2024 fue adscrito a una jefatura de la Inspección Fiscal, área encargada de revisar recursos y quejas disciplinarias contra jueces y magistrados. Dicho en claro: la misma persona que gestionó contratos polémicos y fue investigada por la Fiscalía en Galicia hoy tiene capacidad para informar sobre la conducta de jueces y orientar decisiones disciplinarias en el órgano de gobierno judicial. 

“Adscribir orgánicamente a Francisco José Vidal-Pardo Pardo, letrado del Consejo General del Poder Judicial, a una Jefatura de Sección en la Secretaría General, quien continuará desempeñando sus funciones en la Sección de Recursos del Gabinete Técnico”. [CGPJ – Acuerdos 15/02/2024]

El caso muestra una arquitectura de privatizaciones y atajos administrativos con impacto millonario, y una continuidad de poder que conecta la gestión de contratos sensibles con posiciones de influencia en la justicia. 

A todo esto se suma que Cayetana Lado Castro-Rial, casada con Vidal-Pardo, fue directora de la Asesoría Xurídica Xeral de la Xunta. Desde ese puesto, su oficina elaboró en 2009 un informe que declaró ilegales aspectos del Decreto eólico 242/2007, permitiendo a Feijóo tumbar el concurso eólico del bipartito y rediseñar la política energética gallega.  

En julio de 2009, la Asesoría Xurídica Xeral de la Xunta, emitió un informe sobre el Decreto eólico 242/2007. Dicho informe señalaba 'vicios de ilegalidad' y calificaba de 'nulidad de pleno derecho' la participación de sociedades públicas, Sogama, Xestur, Xacobeo, en los consorcios empresariales del concurso eólico.

Ese informe sirvió de base para que el gobierno de Alberto Núñez Feijóo anulara el concurso eólico heredado del bipartito en agosto de 2009 y anunciara la elaboración de un nuevo marco normativo. La Xunta paralizaba el proceso apoyándose en la Asesoría Xurídica que dirigía la pareja de Vidal-Pardo, que ocupaba el cargo de secretario xeral de la Consellería do Mar.

Ese informe proporcionó cobertura legal a Feijóo para anular el concurso del bipartito. Invalidó la participación de empresas públicas, favoreciendo un nuevo marco más alineado con la privatización, pero al mismo tiempo, generó inseguridad jurídica. Supuso pérdidas de inversión y aumento de litigios con empresas adjudicatarias. Galicia perdió competitividad en la transición energética frente a otras comunidades.

En 2012, una nueva sentencia del TSXG "demuestra que suspender el concurso eólico en 2009 fue ilegal" 

El informe fue beneficioso para el gobierno de Feijóo en términos políticos, pero muy perjudicial para la Xunta como institución en su papel de promotora de un desarrollo eólico estable y seguro.

Legalmente, no hay traba alguna: Vidal-Pardo superó su oposición a letrado del CGPJ y tiene derecho a ocupar esa plaza. Pero el problema es otro: la apariencia de imparcialidad. Cuando alguien que fue alto cargo de confianza de un presidente autonómico del PP, que ahora es el jefe de la oposición en España, pasa a controlar expedientes disciplinarios en el CGPJ, la frontera entre justicia y política se difumina. 

La confianza en la justicia es uno de los pilares de la democracia. Que los ciudadanos crean que los jueces son controlados por quienes ayer firmaban contratos sospechosos desde un despacho político es una erosión lenta pero constante del Estado de derecho. El archivo judicial de la causa de los helicópteros evitó responsabilidades penales, pero queda constancia de que se realizaron de manera ilegal.

La trayectoria de Vidal-Pardo es un espejo incómodo: muestra cómo el PP de Feijóo tiene vínculos con el órgano de control de la justicia, que debería ser garantía de independencia.

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'

Lo que empezó siendo un operador más de helicópteros se transformó, al amparo de Feijóo y la Xunta de Galicia, en un contratista casi exclusivo del servicio aéreo contra incendios. La misma empresa que cada verano factura millones por apagar fuegos fue elegida además como socia estratégica del Polo Aeroespacial de Rozas, en la provincia de Lugo, la llamada Civil UAVs Initiative. El gran proyecto tecnológico con el que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo quiso situar a Galicia en el mapa de la innovación europea.

El ascenso de Inaer-Babcock en Galicia se consolidó a partir de 2008, cuando la Xunta adjudicó la gestión de 14 helicópteros en cuatro lotes. Inaer se quedó tres de ellos. Desde entonces, su peso en el dispositivo contraincendios fue creciendo hasta convertirse en el operador dominante.

El episodio más controvertido se produjo en 2012: el Consello de Contas de Galicia documentó que la empresa siguió operando helicópteros sin contrato en vigor, tras expirar las adjudicaciones anteriores. En vez de convocar un concurso abierto, la Consellería de Medio Rural optó por un procedimiento negociado, limitando la concurrencia y garantizando, en la práctica, que Inaer siguiera prestando el servicio.

En 2013, la Xunta de Feijóo firmó un contrato de 12,3 millones de euros con Inaer, con una rebaja testimonial de apenas 8.000 euros respecto al precio inicial. Para la oposición y los sindicatos aquello fue la prueba de que la contratación estaba dirigida a asegurar la continuidad de un único operador.

La Fiscalía abrió diligencias por prevaricación contra altos cargos del Gobierno gallego. En 2018, el juez archivó la causa: reconoció que había sido ilegal operar sin contrato, pero lo justificó por la “necesidad excepcional” de mantener los helicópteros en plena campaña de incendios.

Nadie fue condenado, pero quedó acreditado que la Xunta había vulnerado la legalidad en la contratación.

Los datos confirman la exclusividad. Una investigación de Civio basada en el análisis de 52 contratos (ver metodología) demuestra que, desde 2015, el grupo Babcock ha ingresado de las arcas públicas un total de 137,5 millones de euros, bien sea por la adjudicación de contratos a los que se ha presentado de forma individual o con otras empresas formando una Unión Temporal de Empresas (UTE). Concretamente en Galicia, ganó 12 de los 13 lotes licitados durante la última década. Su cuota superaba el 80% de los contratos de medios aéreos.

Este dominio se reforzaba con la práctica de declarar concursos desiertos para luego recurrir a procedimientos negociados, o con adjudicaciones en las que Inaer-Babcock era la única oferta presentada. La oposición parlamentaria denunció reiteradamente esta situación, mientras que los sindicatos hablaban de un servicio “privatizado a medida” y alertaban de que se estaba construyendo una industria del fuego.

La expresión no era casual: al pagarse por horas de vuelo y medios desplegados, el modelo generaba un incentivo perverso. Cuanto más fuego, más horas, y más ingresos para la empresa.

En 2015, Feijóo quiso dar un giro a la imagen de una Galicia que ardía cada verano y presentarla como una comunidad avanzada en tecnología en la lucha contra los incendios. La Xunta lanzó la Civil UAVs Initiative (CUI), un programa de innovación con base en el aeródromo de Rozas (Lugo). La idea: convertir la región en referente europeo en drones civiles.

El mecanismo elegido fue la Compra Pública de Innovación. La Xunta financiaría proyectos de I+D de grandes empresas que, a su vez, se comprometían a invertir fondos privados. Los seleccionados fueron dos gigantes: Indra y de nuevo Inaer-Babcock.

El acuerdo inicial destinó 40 millones de euros de dinero público (20 para cada empresa), a los que se sumaban 75 millones de inversión privada comprometida. El proyecto, además, contó con 24 millones de fondos europeos FEDER en el llamado Programa de Soluciones, destinado a aplicar drones en servicios públicos como sanidad, mar, territorio o incendios.

Los resultados fueron presentados como un éxito. Se desarrollaron prototipos como el LÚA de Babcock, un dron para detección nocturna de incendios, y el Targus de Indra. Se hablaba de más de 120 empleos creados y de la participación de una treintena de pymes gallegas como proveedoras.

Pero la crítica no tardó en llegar: muchos proyectos quedaron en fase de demostración. No se produjo una transferencia real a la lucha contra incendios. Los UAV (Vehículo Aéreo No Tripulado) de gran tamaño solo podían volar en espacio aéreo segregado y bajo permisos especiales de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), lo que limitaba su uso en emergencias reales. Y mientras tanto, Galicia seguía sufriendo olas de incendios devastadoras, como la de 2017 o la de 2022, sin que los drones y los millones de euros públicos invertidos en ellos marcaran la diferencia.

Hoy, incluso técnicos próximos a la Xunta reconocen que los drones de Rozas han tenido un papel más expositivo que operativo. Sirvieron para atraer titulares y fondos europeos, pero no han reducido la superficie quemada ni cambiado la dinámica estructural de los incendios. A la vista está.

En paralelo, la empresa que desarrollaba los drones —Babcock— seguía siendo la misma que cobraba por horas de helicóptero. La confusión de roles es evidente: la compañía que gana dinero apagando fuegos recibe también millones para investigar cómo prevenirlos.

El balance económico es contundente:

- 40 millones de euros de la Xunta para Indra e Inaer en la primera fase de la CUI.

 - 24 millones de euros adicionales, cofinanciados en un 80% por fondos FEDER, para el Programa de Soluciones Initiative.

- 20 millones más en la segunda fase (2021–2025), con Babcock, Airbus y Telespazio como socios.

El CEO de Babcock para España y Portugal, Ángel Rodero, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó en diciembre de 2022 que “Rozas se convertirá en un centro de referencia donde se desarrollarán otras iniciativas, como por ejemplo un sistema de gestión de tráfico aéreo o de control de incendios”.

Las voces críticas señalan que la Civil UAVs Initiative nació hecha a medida de dos multinacionales, dejando a las pequeñas empresas gallegas relegadas al papel de subcontratistas. Además, no ha habido una auditoría independiente que evalúe con rigor los resultados de las inversiones.

En el frente de los incendios, la dependencia casi exclusiva de Inaer-Babcock genera una fragilidad estructural: si la empresa falla o sube precios, la Xunta tiene pocas alternativas reales. La confusión de roles —proveedor del servicio y beneficiario de la innovación pública— refuerza esa dependencia.

En diciembre de 2023, la Xunta licitó un nuevo paquete de 38 millones de euros para medios aéreos, prorrogable hasta 2029. 

¿Dónde están todos esos helicópteros, aviones de carga en tierra y brigadas?

Un esquema continuista que consolida el mismo modelo que ha sido cuestionado por su falta de transparencia y por alimentar un negocio donde los incendios se convierten también en fuente de ingresos. La historia de Inaer-Babcock es la de una empresa que, con el respaldo de Feijóo y la Xunta, ha logrado estar en los dos lados del negocio: en la extinción de incendios y en la innovación tecnológica para prevenirlos. Un doble rol que le ha permitido concentrar contratos millonarios y fondos europeos, pese a que los resultados efectivos siguen siendo más que discutibles.

Los tribunales no encontraron delito, pero sí ilegalidad en la contratación de 2012. Los drones no han demostrado eficacia real en la prevención Y, sin embargo, la compañía sigue siendo el socio preferente de la Xunta.

Galicia arde cada verano y la respuesta institucional sigue dependiendo de una sola empresa. Una empresa que, al calor del fuego, se ha convertido en la gran vencedora de la política forestal y tecnológica de los últimos quince años gracias a Alberto Núñez Feijóo.

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'

En Galicia, cada verano parece repetirse un guion trágico: columnas de humo, aldeas evacuadas, brigadistas exhaustos y miles de hectáreas reducidas a ceniza. Este 2025 no ha sido la excepción. El incendio de Chandrexa de Queixa, Ourense, con más de 4.000 hectáreas arrasadas y un despliegue tardío de medios, ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿Qué dejó Alberto Núñez Feijóo tras 14 años al frente de la Xunta en materia de prevención y gestión de incendios? La respuesta, según técnicos forestales, ecologistas y datos oficiales, es demoledora: un sistema opaco, reactivo y estructuralmente ineficaz.

Entre 2009 y 2022, la Xunta gestionó más de 3.000 millones de euros en políticas contra incendios. Sin embargo, la transparencia sobre el uso real de estos fondos es mínima. Iniciativas anunciadas a bombo y platillo —desde redes de cámaras de vigilancia hasta flotas de drones— acabaron convertidas en material inoperativo o directamente abandonadas. Pura propaganda, una vez más.

La Sociedade Galega de Historia Natural y el Colegio Oficial de Ingeniería Técnica Forestal han señalado repetidamente la ausencia de un plan coherente de gestión forestal. Mientras tanto, la superficie de eucalipto creció sin control, alimentando el riesgo de incendios explosivos. El abandono de las zonas rurales, sin incentivos reales para el cuidado del monte, ha hecho el resto.

Durante los mandatos de Feijóo, la política se centró en la extinción y no en la prevención. Brigadas temporales, personal mal pagado y pocas contrataciones que comenzaban tarde y en plena temporada alta fueron la norma. Una estrategia de “apagar fuegos” que, paradójicamente, nunca logró frenar la escalada de hectáreas quemadas.

Un ejemplo es el reciente incendio en Chandrexa de Queixa en Ourense, que puso a prueba la capacidad de reacción de la Xunta. Mas de seis mil hectáreas arrasadas por las llamas, casi una tercera parte de la superficie municipal. El resultado: evacuaciones apresuradas, desde las casas hasta la residencia de mayores de la localidad, falta de medios en las primeras horas y una sensación generalizada de improvisación y miedo.

Aunque no hay, afortunadamente víctimas mortales, sí hay heridos graves y el daño ambiental y económico es severo. Para muchos vecinos y expertos, la gestión actual es la consecuencia directa de años de políticas erráticas y ausencia de planificación estructural bajo el gobierno de Alberto Núñez Feijóo, quién, suponemos, está de vacaciones en su casa de Moaña. 

Recordemos que hay ya casi doce mil hectáreas que ha devorado el fuego en Galicia en pocos días.

Feijóo, ya como líder del PP en Madrid, no ha dudado en acusar al Gobierno central de “inacción” y “falta de sensibilidad” ante los incendios. Sabe perfectamente que la gestión es autonómica. Sin embargo, su propia trayectoria al frente de la Xunta está marcada por la falta de reformas profundas y la preferencia por operaciones mediáticas.

La imagen que dio la vuelta a España en 2006 —Feijóo con una manguera de jardín en mano, y náuticos, apagando un fuego para la foto— se ha convertido en símbolo de una gestión más estética y propagandística que efectiva. Hoy, mientras Galicia sigue ardiendo, la pregunta es si algún dirigente del PP gallego está dispuesto a asumir responsabilidades y romper con este ciclo de negligencia institucional. ¿El mismo Feijóo, o Miguel Tellado?

Durante catorce años, Alberto Núñez Feijóo gobernó Galicia presumiendo de “operativos históricos” y “modernización” de la lucha contra incendios. La realidad, respaldada por datos, testimonios y resoluciones parlamentarias, es que su gestión debilitó de forma sistemática la capacidad preventiva y de respuesta ante el fuego.

Lo hizo con recortes presupuestarios, supresión de brigadas, privatización de medios aéreos y una estrategia comunicativa diseñada para desviar la responsabilidad hacia supuestas “tramas de incendiarios” que nunca se han probado. En política forestal, Feijóo no dejó un modelo eficaz: dejó un modelo frágil, caro y orientado al negocio privado.

Desgranamos en varios puntos su nefasta política mediomabiental:

1. Recortes y supresión de efectivos en plena temporada de riesgo

En octubre de 2017, con Galicia ardiendo y decenas de aldeas evacuadas, la Xunta de Feijóo había despedido a 436 brigadistas apenas días antes. Él lo defendió como un “ajuste normal” pero el ajuste dejó zonas enteras sin equipos en un mes crítico.

En 2013 dinamitó los GRUMIR —brigadas municipales rápidas— y los sustituyó por GES dejando meses de vacío operativo.

2. Privatización y precariedad en los medios aéreos

Feijóo inició una externalización masiva de los helicópteros y brigadas helitransportadas, adjudicando millones a empresas como Inaer y Natutecnia.

En diciembre de 2012, Alberto Núñez Feijóo decidió la privatización “del servicio integrado de helicópteros y brigadas helitransportadas con destino a la prevención y defensa contra incendios forestales”.

La medida incluía la externalización del mantenimiento y puesta a disposición de las aeronaves y también de los equipos de brigadistas que viajarían en ellas. La privatización, con un coste para las arcas públicas de más de 12 millones de euros en dos años, dio lugar de inmediato a denuncias sindicales, que incluso llegaron hasta la Fiscalía, y que señalaban que con esta decisión la Xunta buscaba “beneficiar a ciertas empresas”. Inaer y Natutecnia se hicieron con las adjudicaciones, en un proceso sin concurso público.

La externalización del servicio de helicópteros se ganó la oposición frontal del colectivo de brigadistas del sector público. "Se convierte en un negocio la prevención y extinción de incendios"

En 2014, brigadas enteras denunciaron que trabajaban sin helicópteros.

3. Abandono de la prevención y de los convenios con los concellos

Durante su presidencia, Feijóo recortó de raíz los convenios para financiar brigadas municipales de limpieza y control de biomasa. En 2013, muchos concellos no recibieron fondos a tiempo para sus cuadrillas. Tras el incendio de As Fragas do Eume en 2012, la oposición denunció un recorte de 22 millones de euros en prevención. 

4. El discurso de la conspiración para tapar negligencias

Ante cada gran ola de fuegos, Feijóo repitió la tesis de una “trama de terroristas incendiarios”. Nunca hubo pruebas ni condenas. El entonces fiscal de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, afirmó: 'No hay ni una sola condena por terrorismo incendiario' 

5. Voces desde la primera línea de fuego

En junio de este mismo año, 2025, la situación de los brigadistas era de suma preocupación ya que el período de máximo riesgo había comenzado sin que se hubiesen cubierto la totalidad de las plazas estructurales, poniendo en jaque la capacidad de respuesta de los efectivos.

Desde CSIF lamentaban que el verano estaba ya a las puertas y es cuando se dispara el riesgo de incendios. Las deficiencias en la planificación eran evidentes: "Un año más, llegamos tarde". En Galicia, la falta de cobertura de las plazas estructurales se sumaba a un escenario de por sí complejo, donde los profesionales se ven obligados a trabajar con medios limitados.

'Galicia inicia la temporada en cuadro… sin cubrir las plazas necesarias'

6. Un balance devastador

Lo que Feijóo deja tras catorce años no es un sistema moderno, sino una estructura debilitada. En lugar de invertir en prevención, concentró recursos en contratos privatizados; en lugar de reforzar plantillas, recortó y precarizó. En lugar de asumir errores, culpó a fantasmas incendiarios.

El cambio climático y la transformación del paisaje gallego exigen un cambio radical en las políticas forestales y en inversión: diversificación de especies, incentivos en limpieza y en mantenimiento del monte, recuperación de usos tradicionales y una inversión estable en brigadas y equipos profesionales permanentes.

Todo lo contrario a lo que fue la herencia de Feijóo: una Galicia más vulnerable, más “eucaliptada”, menos preparada, y con menos implicación institucional del gobierno del PP. El miedo y el fuego extremo ya son, por desgracia y cada verano, parte de nuestra nueva normalidad.

Durante años, Alberto Núñez Feijóo ha cultivado una imagen de gestor riguroso, moderado y pragmático, pero nada más lejos de la realidad. Además, en el terreno político, no hay nada más revelador que un enemigo coherente. Y para el actual líder del PP, ese enemigo ha sido, casi en silencio, casi sin enterarnos, el hoy fiscal general del Estado: Álvaro García Ortiz. Una figura discreta, de carrera fiscal sólida, de perfil progresista, que desde Galicia llevaba más de una década desmintiendo, con hechos y datos, algunas de las narrativas más inflamables e infumables del galleguismo político conservador.

La enemistad entre ambos no es nueva, ni tampoco superficial. 

Entre 2004 y 2021, Álvaro García Ortiz actuó como fiscal especialista en Medio Ambiente de la Fiscalía del TSXG. Desempeñó un papel decisivo en la acusación pública del “caso Prestige”, el desastre medioambiental del petrolero hundido frente a la costa gallega en noviembre de 2002. Un proceso que el propio García Ortiz calificó como “fracaso absoluto de la justicia” debido a la demora del juicio. En 2015, durante una entrevista criticó duramente la gestión del Partido Popular en la catástrofe medioambiental: “El Gobierno intentó ocultar información sobre el Prestige; el reproche de los gallegos era comprensible” 

El enfrentamiento entre Feijóo y García Ortiz también se extendió al ámbito de la minería. Ángel Bernardo Tahoces, director xeral de Enerxía e Minas durante la presidencia de Feijóo en la Xunta, compareció en varias ocasiones como investigado por supuestos delitos relacionados con la mina de San Finx, en el ayuntamiento de Lousame, durante su gestión en la Consellería de Economía e Industria.

Tahoces ya había sido investigado previamente en un proceso que estuvo a cargo del fiscal García Ortiz en su primera etapa. En 2021, el juzgado archivó provisionalmente el caso, pero en abril de 2023, la Audiencia de A Coruña ordenó reabrirlo, al encontrar posibles delitos en las actuaciones del exdirector general.

Este caso generó gran preocupación en el Ejecutivo de Núñez Feijóo, quien temía que la ampliación de esa investigación pudiera implicar otros expedientes polémicos, como el de otra mina, la de Varilongo en Santa Comba o los procedimientos vinculados al controvertido concurso eólico del año 2010.

Al señor Tahoces, con el procedimiento todavía abierto hoy, lo han cambiado de puesto. Lo cesaron como director xeral de Enerxía e Minas y lo recolocaron como gerente de la Axencia da Industria Forestal. Trabaja para la Xunta de Galicia. ¿No decía Feijóo que no tenía a nadie imputado en sus gobiernos? Pues ahí tienen a uno de tantos.

El acoso al fiscal general del Estado se enmarca en una ‘guerra’ institucional iniciada en Galicia entre Feijóo y García Ortiz. Como han visto, la enemistad entre ambos se remonta al conflicto del Prestige y a las diferencias en torno a los incendios forestales y la minería. La declaración de guerra del Partido Popular contra el fiscal general refleja no solo la animadversión personal, sino también una guerra sucia de Feijóo por el control de los órganos judiciales en un momento crítico para la política española.

Tiene también raíces hondas en los incendios forestales que asolaron Galicia en 2017. Mientras Feijóo agitaba el discurso de un supuesto "terrorismo incendiario", García Ortiz —fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia durante casi dos décadas— desmontaba esa teoría con frialdad técnica: “no hay ni una sola condena por terrorismo incendiario”, repitió más de una vez. 

Otros miembros del PP gallego reafirmaron la teoría de Feijóo sin presentar pruebas concluyentes, eludiendo así cualquier responsabilidad por la nefasta gestión gubernamental y los terribles recortes en materia de prevención y extinción de incendios.

Meses después, el informe de la Fiscalía Superior de Galicia, dirigido por Álvaro García Ortiz, derrumbó la narrativa de Feijóo “No tenemos evidencia de la existencia de ninguna trama”, afirmó el fiscal de Medio Ambiente, dejando en entredicho la estrategia comunicativa del Ejecutivo gallego. Feijóo había gastado setenta y siete mil euros de dinero público en un anuncio de la Xunta que apareció insertado en varios periódicos de tirada nacional. Propaganda al servicio del Partido Popular gallego. 

Este desencuentro quedó retratado con crudeza en el programa “Salvados” (2018), cuando Jordi Évole los puso frente a frente. El fiscal explicó, con claridad meridiana, que no existía ningún indicio de trama organizada tras los incendios. La cara de Feijóo era un poema: serio, tenso, sorprendido por la intervención del fiscal en el programa. Respondió que escuchaba “con mucha atención” al fiscal, pero el contraste entre relato político y la evidencia judicial ya era irrefutable. Fue una escena breve, pero definitoria: la verdad encendía más que el fuego.

Feijóo quedó en evidencia, quedó además como un mentiroso. No soporta que lo corrijan.

Alberto Núñez Feijóo nunca le perdonó esa exposición pública, ni tampoco su participación en la huelga de fiscales y jueces de 2018, donde García Ortiz defendió públicamente la necesidad de dotar al Ministerio Fiscal de mayor autonomía y medios. Aquella huelga, convocada por asociaciones profesionales —tanto progresistas como conservadoras—, fue utilizada por sectores del PP gallego para acusarlo de “activismo político”, pese a que muchos fiscales compartieron el mismo manifiesto. Una postura de defensa institucional fue retorcida hasta convertirla en sospecha ideológica. Y en Galicia, donde la carrera judicial no debe mezclarse con lo mediático, su firmeza fue vista como un desafío.

"Da la sensación de que esto es una guerra de desgaste" dijo García Ortiz en aquel momento. Premonitorio, ¿no les parece?

Cuando en 2022 el Gobierno lo nombró fiscal general del Estado, la campaña de acoso y derribo desde sectores conservadores y mediáticos no se hizo esperar. Lo acusaron de ser “el fiscal del PSOE”, sin más prueba que haber actuado en Galicia con profesionalidad durante dos décadas. 

Pero el punto de no retorno ha llegado en 2025, con el procesamiento judicial de García Ortiz por la supuesta filtración de un correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un caso que no existiría sin la maquinaria política que busca su cabeza desde hace años. Porque, como ha señalado uno de los magistrados del Supremo, Andrés Palomo del Arco, en un voto particular que recalca que no aparece suficientemente justificado que el fiscal general fuera el autor de la revelación de la información. El delito atribuido carece de base jurídica sólida, y el contenido ya era público en medios antes de cualquier actuación fiscal.

Este magistrado, Andrés Palomo del Arco, tuvo que renunciar a la ponencia del auto por el que se ha resuelto el recurso al quedarse en minoría frente a los otros dos miembros del tribunal.

En su voto particular, de 39 páginas, el magistrado considera que no cabe atribuirle un delito de revelación de secretos derivado de la nota informativa que difundió la Fiscalía porque la misma "obedece a un desmentido, pero no incorpora o revela dato alguno que no fuese ya conocido públicamente con generalidad, al haberse publicado en medios informativos"

También critica que el juez Hurtado no otorgara credibilidad a los periodistas que exculparon al fiscal general de la filtración o que no se analizaran pruebas que llevarían a archivar la causa.

El Partido Popular ha exigido la dimisión de García Ortiz con vehemencia. Feijóo lidera ahora esa ofensiva con el mismo énfasis con el que antes defendía el “terrorismo incendiario”. Pero el trasfondo es el mismo: quien se atreve a cuestionar los marcos de poder conservadores desde dentro, se convierte en objetivo a batir. 

El juez Ángel Hurtado ha preguntado a acusaciones y defensas si debe suspender a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado cuando, previsiblemente, abra juicio oral contra él. Lo nunca visto.

Mientras tanto, la ciudadanía asiste atónita a este duelo como si fuera una partida más del ajedrez institucional. Pero no lo es. Es un combate entre un relato construido con mentiras y la realidad. Entre una política construida desde el miedo y una fiscalía que, con sus errores o aciertos, se ha atrevido a ponerle límites.

García Ortiz no es perfecto. Pero su peor pecado ha sido no plegarse ante una falsedad nacida del entorno más directo de la presidenta Ayuso para salvar a su pareja. Y eso, para algunos, sigue siendo imperdonable y motivo de castigo. Todo sea porque Feijóo alcance su venganza largo tiempo escondida o por crear una realidad paralela y desgastar con falsedades al gobierno progresista. Todo vale para este Partido Popular.

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

En 2021, Alberto Núñez Feijóo vendió su chalé en la zona alta de A Fanequeira (Meira, Moaña) por una cantidad estimada de más de un millón de euros, obteniendo un beneficio neto de 600.000 euros tras cancelar su hipoteca. La operación le permitió incrementar su patrimonio líquido declarado en 611.379 euros respecto a su última declaración como presidente de la Xunta de Galicia. Hasta aquí los hechos económicos. Pero las circunstancias que rodearon la operación —la cronología de su declaración, la identidad del comprador y el silencio parlamentario— alimentan una sospecha que su propio partido ayudó a mantener.

Feijóo había adquirido la parcela de 1.040 m² en la zona alta de A Fanequeira (Moaña) —una de las más caras de la ría por sus vistas a las islas Cíes— a mediados de la década de 2010, cuando ya estaba calificada como suelo urbano consolidado en el PXOM de Moaña aprobado parcialmente en 2011 y definitivamente en 2016.

El proyecto, firmado por los arquitectos coruñeses José Abeijón y Miguel Fernández Carreiras, planteaba una vivienda de 354,75 m² en tres plantas, con un presupuesto de ejecución de 215.000 euros y licencia municipal sin oposición. En su declaración de bienes en 2019, Feijóo reconocía una hipoteca de 238.000 euros sobre la finca. Pero todavía con las secuelas de la pandemia, en 2021, decidió vender la propiedad. La operación se saldó con un beneficio neto próximo a los 600.000 euros, según sus propias declaraciones, cancelando su hipoteca y triplicando su patrimonio líquido.

Pero, la venta y los beneficios se ocultaron hasta 2022.

Como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo estaba obligado a declarar su patrimonio ante el Parlamento de Galicia. Pero la normativa autonómica sólo obliga a presentar resúmenes parciales y no exige desglose público de operaciones concretas. Por eso, pese a que la venta se produjo en 2021, sus declaraciones en Galicia no reflejaron el aumento patrimonial.

En cambio, al ser designado senador en 2022, estaba obligado a incluir en su declaración de bienes en la Cámara Alta el aumento de 611.379 euros, atribuible a la venta del chalé.

La oposición en Galicia exigió a Feijóo comparecer para dar cuenta de las constantes ocasiones en las que el expresidente de la Xunta no le dijo al Parlamento cuánto valían sus propiedades ni informó de los cambios en su patrimonio cuando estos se produjeron. El PSdeG y el BNG plantearon su citación en la Comisión de Transparencia, pero la mayoría absoluta del PP bloqueó la petición. El argumento oficial fue que la operación era privada y ya estaba incluida en su declaración pública. Esta negativa a dar explicaciones, como en otras tantas ocasiones, alimentó la sospecha sobre un posible conflicto de intereses y falta de transparencia.

La identidad del comprador nunca fue confirmada oficialmente. Medios como Moncloa.com sostienen que fue José Vicente de los Mozos, ex alto ejecutivo de Renault y actual consejero delegado de Indra. Según esta publicación la venta y el posterior nombramiento de De los Mozos en Indra en 2023 podrían estar relacionados, como parte de un acuerdo político-empresarial: “Feijóo vendió su casa en Moaña a José Vicente de los Mozos y poco después el PP lo impulsó para liderar Indra”

 “Los más cautos están convencidos de que De los Mozos tendrá un papel fundamental en el PP de Feijóo, pero no se atreven a ponerle nombre. Sin embargo, fuentes de Génova han confirmado que hay más de uno dentro de la formación que considera que José Vicente de los Mozos podría llegar a coquetear con ser «ministrable». Al menos es lo que se desliza en más de una comida y en más de un encuentro en los bares que rodean Génova 13. De Renault al Ministerio de Industria. O al menos es lo que desde este medio se ha escuchado en boca de algún peso pesado del Partido Popular”. Eso es lo que afirmaban en este artículo, no exento de polémicas.

Si la versión de que De los Mozos compró el chalé de Feijoo es cierta, entonces ambos ya tenían una relación personal y económica en 2021 por eso su llegada a Indra en 2023 aunque impulsada formalmente por la SEPI no incomodó a Feijoo ni al PP. Al contrario, según aparece en este artículo, “De los Mozos recibe el apoyo de Feijóo y podrá seguir en Indra en 2024, aunque cambie el Gobierno. El líder del PP considera ‘persona fiable’ al nuevo consejero delegado de la empresa nombrado con apoyo del Ejecutivo actual”.

El precio de venta estimado —en torno a 1,1 Meuros— superó de largo el precio habitual para viviendas similares en Moaña. En 2021, chalés unifamiliares en la zona rara vez alcanzaban los 600.000, u 800.000 euros, incluso con vistas a la ría. Aunque la singularidad del inmueble —por su tamaño, ubicación y proyecto arquitectónico— pudo justificar parte del sobreprecio, la operación sigue resultando atípica.

Cuatro años después de la venta, sigue sin confirmarse documentalmente el comprador ni aclararse si hubo algún vínculo entre esa operación y la relación de Núñez Feijóo con De los Mozos. La falta de transparencia en sus declaraciones autonómicas, el silencio del PP en el Parlamento gallego y la negativa a aclarar la operación en sede pública han contribuido a que las dudas persistan. Todo lo que rodea al señor Feijoo está envuelto en un manto de opacidad total. Todavía no sabemos hoy en día quién le paga la vivienda de lujo que utiliza en El Viso o cuáles son sus retribuciones como presidente del Partido Popular.

Los documentos registrales señalan que, sobre el piso de Chamberí, propiedad de Feijóo, próximo a Nuevos Ministerios, pesaba desde 2001 una hipoteca de 270.455,45 euros que vencía en julio de 2026. Todo apunta a que ya se ha liquidado al completo: en su declaración de bienes aparece vacía la casilla destinada a los préstamos ya en junio de 2022.

A todo este patrimonio hay que sumarle la vivienda y la plaza de garaje que ha comprado en el año 2023 en la ciudad de A Coruña, donde su pareja, Eva Cárdenas ya tiene otra casa no muy lejos de la de Feijóo. No sabemos si cuando coinciden en la ciudad cada uno vive en la vivienda de su propiedad, o si por el contrario comparten el mismo techo.

Lo que está claro es que Feijóo no tiene deudas de ningún tipo. Cero hipotecas. Goza de unas cuentas saneadas y de un gran patrimonio inmobiliario con otra vivienda en Vigo, con garaje, el ático de Chamberí, y una finca rústica en Ames. En su declaración de bienes de 2022 y 2023, como senador, aparecen una inversión de más de 400.000 euros en un fondo de inversión gestionado por Abanca, además de un plan de pensiones por cerca de 200.000 euros. Aunque no posee acciones directas, como sí tiene de Inditex, su implicación económica con la entidad que él mismo permitió consolidar es evidente. Esta relación no ha sido suficientemente cuestionada ni por el Parlamento ni por los medios afines. Abanca es también el principal apoyo financiero de la Xunta de Galicia. ¿Puede un político que favoreció institucionalmente a un banquero convertirse luego en su cliente privilegiado sin suscitar conflicto de intereses?

¿Por qué oculta quién compró su chalé de Moaña y por cuánto? ¿Lo sabremos algún día? La transparencia brilla por su ausencia.

La polémica en torno al otro chalé que aparece sólo a nombre de su pareja en la misma localidad, en Moaña, que linda con la playa de O Con, continúa. Invade la línea de costas con un muro con orden de derribo. Está a nombre de Eva Cárdenas, pero muchas voces apuntan a que fue Feijóo quien insistió en su compra para veranear y poder desprenderse así del chalé de A Fanequeira.

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

En las elecciones autonómicas de 2009, Galicia vivió una de las campañas más broncas de su historia reciente. El entonces líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, sustituyendo a Manuel Fraga como candidato que aspiraba a arrebatar la Xunta al bipartito PSdeG-BNG, desplegó una estrategia que combinó un discurso de 'austeridad' de la derecha y gasto desmedido de la izquierda, en Audis o en mobiliario. Falsedades que, sumadas a los sucios ataques personales a sus rivales, consiguieron que Feijóo alcanzase su primera mayoría absoluta. 

Uno de los episodios más recordados —y polémicos— fue protagonizado por José Luis Baltar, histórico barón de Ourense y aliado de Feijóo, cuando desde un mitin insinuó que el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, maltrataba a su pareja.

En aquel momento, Anxo Quintana era vicepresidente encargado del área de Igualdade de la Xunta y máximo dirigente del BNG. Aunque había sido clave en 2005 para echar al PP del poder, en 2009 llegaba muy debilitado por las tensiones internas del bipartito, la crisis económica y una intensa campaña mediática en su contra. 

Con que el BNG perdiese un escaño, perderían la mayoría absoluta y pasaría de nuevo al PP.

Por eso, Feijóo aprovechó para atacar directamente al líder nacionalista y presentarse él como el candidato del orden y la moderación, pero en paralelo alentó ataques mucho más personales por parte de dirigentes locales del PP.

El 21 de febrero, en un mitin en el municipio ourensano de Punxín, José Luis Baltar lanzó la bomba:

“El que maltrata a su mujer no puede ser quien hable en nombre de las mujeres gallegas”, dijo, en clara alusión a Quintana.

En primera fila, militantes del PP aplaudieron. Y aunque Feijóo no repitió la acusación, tampoco desautorizó públicamente a Baltar ni pidió disculpas en su nombre.

Las palabras provocaron un auténtico escándalo. Quintana y su pareja, Cristina Cid —alcaldesa de Allariz por el BNG—, negaron rotundamente las insinuaciones, calificaron la acusación de 'miserable' y presentaron una querella por injurias y calumnias contra Baltar.

Aunque Feijóo cultivó en los medios una imagen de gestor moderado, la campaña de 2009 mostró un PP gallego que no dudó en instrumentalizar a los llamados 'caciques' provinciales para desgastar personalmente a sus adversarios. Baltar era, en aquel momento, el epítome del poder caciquil en Ourense: presidente de la Diputación desde 1990, controlaba la provincia con mano de hierro y movilizaba a miles de votos rurales para el PP.

En paralelo, durante la campaña, el PP desplegó una narrativa que culpaba al bipartito de despilfarrar fondos públicos, abandonar al rural y dividir a Galicia, al tiempo que alimentaba rumores sobre la vida personal de Quintana y sus supuestos privilegios como vicepresidente.

Llegaron a pedirle explicaciones a Anxo Quintana de unas fotos en un yate de un constructor. Las publicó un medio cuatro días antes de que finalizase la campaña electoral, ¿casualidad? No creo. 

Sorprendentemente, Alberto Núñez Feijóo consideró que la foto "merece una explicación" y vio justificado que el presidente gallego, el socialista Emilio Pérez Touriño, lo destituyera por este motivo. ¡Increíble! El cinismo elevado a la máxima potencia.

Se da la paradoja de que no habían sido publicadas aún las famosas fotos de Feijóo y el narco navegando juntos y de vacaciones, pero el líder del PP sabía que existían porque el chivatazo se lo había dado en 2004 el entonces delegado del Gobierno en Galicia. Todo estaba bajo secreto sumarial, pero Feijóo ha reconocido públicamente que fue Arsenio Fernández de Mesa quien le filtró la información. 

Las elecciones del 1 de marzo de 2009 supusieron el principio del fin para Anxo Quintana. El BNG pasó de 13 a 12 escaños, el PSdeG aguantó sus 25 escaños, pero perdió la mayoría frente a un PP reforzado que logró 38 diputados, mayoría absoluta. La derrota precipitó la dimisión de Quintana como líder nacionalista y su retirada de la primera línea política.

El 1 de marzo de 2009, Feijóo logró recuperar para el PP la mayoría absoluta en Galicia, tras cuatro años de bipartito de socialistas y nacionalistas. Pero la campaña dejó un rastro de acusaciones que aún hoy ensombrecen su victoria y que recuerdan la sucia campaña que ahora ejecuta contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para Baltar, el episodio fue una más de sus muchas polémicas. La querella quedó en agua de borrajas.

Continuó en la Diputación de Ourense hasta 2012, cuando tuvo que ceder el testigo a su hijo, José Manuel Baltar, en medio de acusaciones de nepotismo.

Feijóo, por su parte, se consolidó como presidente y cultivó una imagen nacional de moderación gracias al férreo control sobre la radio y televisión públicas y las subvenciones a los medios afines, que no reflejaban las prácticas de su partido en Galicia. Todo eran alabanzas a su gestión y a su persona.

Baltar hijo, actualmente es senador por designación autonómica por obra y gracia de Feijóo, que, en lugar de expulsarlo del partido, consiguió así el aforamiento. Baltar estaba imputado por conducir a más de 200 km por hora un coche oficial. La sentencia es de culpabilidad. Mil ochocientos euros de multa y un año y un día sin carné de conducir. Sigue todavía como senador.

Hoy, la sombra de aquella campaña sigue proyectándose sobre la trayectoria de Núñez Feijóo. Mientras su partido y los medios insistían en presentarle como un líder centrado y moderado, episodios como el de Baltar y las estrategias sucias de 2009 revelan otra cara del PP gallego, ahora muy presente en la capital de España, en su pugna por el poder.

La Galicia que dejó tras trece años de presidencia sigue marcada por el control político de los medios públicos, la precarización de la sanidad, la educación y los servicios sociales y una cultura política donde las campañas sucias todavía encuentran espacio.

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

La historia económica reciente de Galicia no puede entenderse sin el nombre de Juan Carlos Escotet, el banquero venezolano que se hizo con las antiguas cajas gallegas bajo la bendición política de su amigo, el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En 2013, en medio de un contexto de crisis bancaria y rescates públicos, la venta de Novacaixagalicia a un precio irrisorio marcó el inicio de una relación cargada de sombras, favores mutuos y ausencia de fiscalización real. 

Una operación política disfrazada de solución financiera. La fusión de Caixa Galicia y Caixanova en Novacaixagalicia derivó en una entidad inviable que fue rescatada con más de 9.000 millones de euros del erario. Pese a este coste descomunal para los contribuyentes, la entidad se vendió a Banesco —grupo liderado por Escotet— por solo 400 millones. El resto lo cubría, de facto, el Estado. Feijóo defendió esta operación como 'la mejor posible', pero nunca se convocó una comisión de investigación parlamentaria ni se valoraron ofertas alternativas con mayor transparencia. El proceso dejó abierta la sospecha de que las condiciones de venta favorecieron deliberadamente al grupo venezolano. 

Escotet no era un desconocido en el mundo financiero latinoamericano. Fundador del grupo Banesco, su trayectoria ha estado ligada al uso de sociedades offshore, estructuras fiduciarias en paraísos fiscales como Bahamas, Panamá, Malta o Miami. Los 'Bahamas Leaks' lo señalan como propietario de cuentas millonarias en HSBC Ginebra. Sin embargo, en España no se ha confirmado si declaró estas sociedades en el Modelo 720, como exige la ley fiscal para residentes. 

El papel de Feijóo en esta historia no termina con la venta de las cajas a su nuevo amigo. Pasó de regulador a inversor. En su declaración de bienes de 2022 y 2023, como senador, aparecen una inversión de más de 400.000 euros en un fondo de inversión gestionado por Abanca, además de un plan de pensiones por cerca de 200.000 euros. Aunque no posee acciones directas, su implicación económica con la entidad que él mismo permitió consolidar es evidente. Esta relación no ha sido suficientemente cuestionada ni por el Parlamento ni por los medios afines. Abanca es también el principal apoyo financiero de la Xunta de Galicia. ¿Puede un político que favoreció institucionalmente a un banquero convertirse luego en su cliente privilegiado sin suscitar conflicto de intereses?

A pesar de su perfil opaco, Escotet fue acogido sin reservas por el Gobierno del señor Feijóo, que incluso facilitó la creación de una universidad privada bajo el paraguas de Abanca. En Galicia, la creación de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) —conocida como la universidad privada de Abanca— ha sido defendida desde la Xunta como un “proyecto de futuro”. Sin embargo, los pasos que condujeron a su aprobación reflejan más una estrategia política al servicio de intereses financieros que una necesidad educativa real.

La Xunta, bajo el liderazgo del Partido Popular gallego, impulsó desde 2021 la transformación de la antigua escuela de negocios IESIDE en una universidad con pleno reconocimiento académico. Para lograrlo, obtuvo informes favorables del Consello Galego de Universidades y de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). Incluso el Ministerio de Universidades emitió un informe positivo en 2024, aunque con muchas reservas sobre futuras exigencias legales.

No obstante, estos avales contrastan con el informe claramente desfavorable del Consello Económico e Social de Galicia, que advirtió de las graves carencias del proyecto: ambigüedad en la oferta académica, escaso encaje en la normativa universitaria vigente y una estructura más cercana a una escuela de negocios que a una universidad con vocación investigadora y pública. Abanca es un grupo financiero que ha crecido en influencia institucional en Galicia con el beneplácito de la Xunta. La creación de una universidad bajo su control afianza su posición en el tejido económico y educativo gallego.

Pese a las alertas de universidades públicas como la Universidad de Santiago y la Universidad de Vigo por la duplicación de grados como Derecho o Empresa, la Xunta sostuvo que la UIE ofrecía una “perspectiva empresarial diferenciada”. Pero detrás de esta justificación se oculta una lógica de privatización encubierta: mientras se congelan plazas públicas y se recortan medios en campus tradicionales, se facilita el desembarco de un operador privado con vínculos políticos evidentes.

No se ha celebrado una sola comisión parlamentaria para revisar el procedimiento. Las protestas del profesorado universitario fueron ignoradas. Las demandas de transparencia sobre el proceso de autorización se despacharon como ataques ideológicos. La UIE no nace del consenso ni de una necesidad del sistema universitario gallego, nace del poder de una entidad financiera con fuertes lazos con el poder político, especialmente con Feijóo y su entorno. Los informes favorables existen, pero también los que fueron desoídos. La pregunta clave no es si la UIE cumple la ley, es por qué se le construyó una ley a medida. Y para quién.

Uno de los episodios más simbólicos de la relación de Feijóo, Escotet y la compra de la fusión de las cajas gallegas, es el nombramiento de Marta Fernández Currás, exconselleira de Hacienda de Feijóo y artífice de la fusión de las cajas gallegas, como consejera del Deportivo de La Coruña, entidad controlada por Escotet desde julio de 2024. Abanca es dueña de la práctica totalidad de las acciones. 

La incorporación de Currás al consejo de administración del club de fútbol de la ciudad herculina –donde Feijóo ya posee vivienda propia, comprada en el año 2023 en una de las mejores zonas de A Coruña– tiene una remuneración de 252.000 euros anuales y es vista por muchos como una forma de retribución política por los servicios prestados. El Deportivo, lejos de su época dorada, se ha convertido en un satélite institucional de Abanca, con poca transparencia y una alta concentración de poder.

¿Por qué no se ha investigado el entramado financiero de Escotet? ¿Qué consecuencias éticas tiene la inversión personal de Feijóo en Abanca? Sin fiscalización ni rendición de cuentas, Galicia y España siguen sin saber dónde acabó realmente el dinero público, ni quién se benefició verdaderamente de su dispersión.

La figura de Marta Fernández Currás se ha consolidado en la encrucijada entre la política, las finanzas y las élites deportivas. Su trayectoria desde la Xunta gallega hasta el consejo del RC Deportivo, bajo el mando de Juan Carlos Escotet, revela una trayectoria político-técnica plagada de favores cruzados que exige un escrutinio más riguroso.

Elegida conselleira de Hacienda en 2009 por Alberto Núñez Feijóo, Currás lideró desde la Xunta la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, convertida en Novacaixagalicia en 2010. Sin embargo, el proceso no estuvo libre de sombras. Una comisión parlamentaria solicitó su comparecencia en 2013, que ella rechazó aduciendo su entonces cargo de secretaria de Estado de Presupuestos del gobierno de M. Rajoy. Mientras tanto, informes como el de KPMG apuntaban a que la operación favoreció una línea única sin contrastar alternativas ni evaluar los riesgos reales de la concentración bancaria.

La imagen de Currás al firmar el acuerdo fue elevada a símbolo de estabilidad, pese a que años después el rescate costó 9.000 millones al erario. La narrativa oficial omitió análisis sobre las consecuencias sociales, las condonaciones fiscales o los errores estructurales que precipitaron el colapso de las cajas.

Su llegada al club de fútbol se justificó como refuerzo institucional y de control financiero. Pero pocos olvidan que la misma persona que impulsó la fusión que benefició a Juan Carlos Escotet ahora ocupa un puesto en el entorno empresarial que controla. 

El caso de Marta Fernández Currás representa un ejemplo de puerta giratoria perfectamente trazada: de gestora de la operación pública que abrió las puertas a un comprador privado, a consejera retribuida del entramado societario del comprador. La falta de fiscalización y la normalización de estos movimientos convierten este tipo de dinámicas en parte estructural del poder gallego.

Currás aportó a la Xunta su experiencia como inspectora de Hacienda y su perfil técnico. Pero el uso de su posición para estructurar decisiones estratégicas en beneficio de terceros privados plantea serios interrogantes. ¿Hay separación real entre interés público y retribución futura? ¿Debe aceptarse como normal que la alta administración termine en consejos financiados por las mismas entidades a las que dio acceso institucional privilegiado?

El silencio institucional en torno a estos casos es clamoroso. Ni el Parlamento de Galicia bajo el yugo de la mayoría absoluta del Partido Popular, ni los órganos reguladores han abierto investigaciones. La ciudadanía aún no conoce los detalles reales de la operación. El caso Currás-Escotet-Feijóo exige un ejercicio de rendición de cuentas urgente por parte del líder de la oposición, antes de que estas prácticas sigan desdibujando los límites entre lo público y lo privado.

Otra amistad “peligrosa” más que añadir a la lista del señor Feijóo. 

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

En política, el relato muchas veces se impone sobre la realidad. Alberto Núñez Feijóo ha construido durante años su imagen de "gestor eficaz" al frente de la Xunta de Galicia. Pero si hay uno, de los muchos episodios que desmienten de forma rotunda esa etiqueta, es la desastrosa fusión de las cajas gallegas: Caixa Galicia y Caixanova. Un proceso que, lejos de ser una solución racional ante la crisis financiera, fue una operación políticamente dirigida, económicamente irresponsable y socialmente ruinosa.

La historia es conocida, pero conviene recordarla porque sus consecuencias todavía nos lastran: en 2009, ambas cajas estaban en una situación delicada, aunque no insalvable. Existían alternativas de fusión con entidades de fuera de Galicia, avaladas por el Banco de España, que podrían haber dado lugar a estructuras más solventes y sostenibles. Sin embargo, Feijóo se cerró en banda. Quería una fusión "gallega", a toda costa. Incluso aunque eso supusiera unir dos cajas frágiles, duplicadas y solapadas en el mismo territorio.

No lo dice un adversario político: lo dijo el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en sede parlamentaria. Calificó el caso como un "ejemplo de libro" de cómo los incentivos mal diseñados —como permitir a un presidente autonómico vetar fusiones— pueden conducir al desastre. El desastre llegó. La Xunta impuso la fusión entre las dos cajas sin atender a los criterios técnicos, ni a los datos, ni al sentido común.

Para justificarla, Feijóo se escudó en un supuesto informe externo de KPMG, presentado públicamente como si fuera una auditoría independiente que avalaba la viabilidad de la operación. Lo que en realidad era ese documento —como luego admitieron los propios autores— era un informe preliminar, basado en datos facilitados por las propias cajas y sin análisis en profundidad. Y, aun así, la Xunta pagó por él más de un millón de euros, con fondos públicos, y lo utilizó como coartada para seguir adelante con una fusión que sabía fallida. Sin escrúpulos.

El resultado fue devastador. La entidad fusionada, Novacaixagalicia, tuvo que ser rescatada por el Estado con 9.000 millones de euros del erario. Poco después, fue nacionalizada, convertida en Novagalicia Banco y vendida por 1.003 millones al grupo Banesco, propiedad del banquero venezolano Juan Carlos Escotet, amigo personal de Feijóo. Para colmo, Escotet no tuvo que desembolsar ni un euro en el momento de la compra: los pagos estaban condicionados a beneficios, que obtuvo rápidamente gracias al dinero público previamente inyectado.

¿Casualidad? Puede. ¿Negligencia? Seguro. ¿Favorecimiento deliberado? Sería temerario afirmarlo sin pruebas concluyentes. Pero lo que sí es evidente es que se diseñó una operación ruinosa para lo público y muy rentable para lo privado, orquestada con opacidad, propaganda institucional y decisiones políticas alejadas del interés general.

Abanca, propiedad ahora de su amigo Escotet, fue el principal apoyo financiero de los gobiernos de Feijóo en la Xunta, y sigue siéndolo de los de Alfonso Rueda. La Audiencia Nacional, en 2020, fue clara: Caixanova no habría necesitado ser intervenida si no se la hubiera obligado a fusionarse con Caixa Galicia. Esa decisión fue política, y su responsable tiene nombre y apellidos: Alberto Núñez Feijóo. El mismo que hoy se postula como el “salvador” de la economía nacional.

Feijóo presentó aquella fusión como un “hecho histórico”. Lo fue, pero por las razones equivocadas. Es hora de dejar de comprarle titulares y empezar a mirar las facturas. Esta en concreto costó 9.178 millones de euros. La pagamos todos. No es la única deuda que deja en Galicia. Todavía estamos esperando una explicación del “gran gestor”.

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

La fiscalía no fue informada de los pinchazos telefónicos entre Feijóo y el narco Marcial Dorado. 

El periódico El Mundo pretende contarnos por fascículos conversaciones privadas en un chat de WhatsApp entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el secretario de Organización, José Luis Ábalos. Todo en un contexto interno, orgánico, de partido. Parecen fruto, estas conversaciones, de material confiscado a Koldo García por parte de la policía y que “alguien” ha filtrado al diario.

Algo parecido ocurrió hace unos años con otra investigación policial que estaba bajo secreto sumarial, donde durante un registro policial en el domicilio del narcotraficante Marcial Dorado Baúlde se encontraron varias fotografías del actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el narco.

Arsenio Fernández de Mesa fue el que avisó a Feijóo. Hablamos del año 2004. Por tanto, antes de que El País publicase las fotografías en el año 2013, Feijóo tenía información privilegiada del delegado del Gobierno en Galicia. De Mesa fue ascendido después a director general de la Guardia civil y más tarde a consejero de Red Eléctrica. 

En el año 2001, en el marco de una operación contra el narcotráfico, el juez Vázquez Taín solicitó la intervención de las comunicaciones de Marcial Dorado. 

Entre 2001 y 2003, el narco Marcial Dorado mantuvo conversaciones con el presidente de Correos, Alberto Núñez Feijóo, al cual, como ya sabemos, le unía una amistad desde los años 90. 

No se llevó a cabo ningún tipo de atestado policial, ni existen transcripciones de las conversaciones telefónicas. Si existieron alguna vez, han desaparecido.

Feijóo había declarado públicamente que esa amistad había finalizado en 1998, y que la última vez que había visto a Marcial Dorado había sido en 1999 en el entierro de su amigo común, Manolo Cruz, fallecido en un extraño accidente. Mintió.

infoLibre se hizo eco de la noticia.

Según declaraciones del propio Dorado en la entrevista que concedió a Jordi Évole para el programa Salvados, fue Feijóo quien le telefoneó a él en alguna ocasión y que al menos una vez habían quedado para comer.

Lo normal suele ser que esas intervenciones telefónicas realizadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera hubiesen sido transcritas o constasen en algún soporte digital. En el atestado policial no constan. No hay nada. 

El juez José Antonio Vázquez Taín, extrañamente, no informó a la fiscalía ni a quien tramitó las diligencias previas sobre la existencia de estas escuchas telefónicas. ¿Por qué no constan en el sumario? ¿Son las únicas conversaciones que no hizo constar o hay más? Si el juez escuchó esas conversaciones, ¿cómo lo hizo? tendrían que existir grabaciones, ya que es la policía de Aduanas la que realiza las escuchas.

Fuentes del caso afirmaron al periódico El País que estaban “sorprendidos” al conocer la existencia de esas conversaciones años más tarde.

El juez Vázquez Taín tomó la decisión motu proprio. Consideró que esas conversaciones no eran relevantes y no las incluyó en el sumario ni informó a la fiscalía de su existencia. ¿No debería la fiscalía, como parte, poder determinar si tenían importancia o no para la causa? 

Puede que aquí esté la respuesta.

En enero de 2005, el juez Vázquez Taín ascendió a la categoría de Magistrado. Su destino ya no sería, como hasta ahora, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 Villagarcía de Arousa. Debería pasar a ocupar la plaza de Juez en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Mataró, Barcelona, a muchos kilómetros de su hogar.

Pero consiguió quedarse en Galicia. Lo evitó solicitando una excedencia. ¿Cuál fue la causa de esa excedencia? Esta: “Decreto 23/2005, do 10 de febreiro, polo que se nomea a José Antonio Vázquez Taín director do Centro de Estudos Xudiciais e Seguridade Pública de Galicia da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local”.

Curiosa casualidad.

Pasó a Servicios Especiales. Manuel Fraga Iribarne, como presidente de la Xunta de Galicia, ordena el nombramiento del magistrado como director de un nuevo organismo, recién creado, el Centro de Estudios Judiciales. Taín ya no tendría que abandonar Galicia.

También quiero resaltar, como dato, que el padre del juez Taín, Manuel Vázquez, era alcalde del PP en A Merca, un pueblo de la provincia de Ourense. 

Feijóo era el vicepresidente de la Xunta en 2005. Había vuelto de Madrid en enero de 2003 como consejero de Obras Públicas. Un año más tarde ya era el número dos de Manuel Fraga. 

En el registro del chalé de Dorado, en el año 2003, la policía encontró una fotografía que llamó especialmente su atención. “Era una foto de grupo en una embarcación en la que estaban Dorado y Feijóo. El contrabandista la tenía enmarcada y sobre una estantería del salón de su casa”. 

Esa embarcación era una de las utilizadas por el narco para transportar fardos de droga y que fue posteriormente decomisada por la Audiencia Nacional.

Cuando en el año 2013 salen a la luz las fotografías del narco y Feijóo, el juez Vázquez Taín habló públicamente de esas fotos. Aseguró que “fue la Policía la que le pidió que hablara de las fotos para evitar cualquier sospecha sobre posibles filtraciones”. Fue ahí cuando, queriendo restar importancia a la aparición de las fotos, soltó lo de las conversaciones telefónicas entre Feijóo y Dorado de las que absolutamente nadie tenía constancia. El presidente de la Xunta de Galicia quedaba como un mentiroso. Días antes había declarado que la relación con el narco se había roto en 1998.

Las fotografías que aparecieron en casa de Marcial Dorado tampoco constan en la causa. 

El entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, desmintió la versión de Taín. Dijo en el Congreso de los Diputados que “desde ninguna instancia de su Departamento se pidió al juez José Antonio Vázquez Taín que hiciese declaraciones” sobre Feijóo y el narco.

El juez Javier Gómez Bermúdez, que instruyó la causa en 2013 contra Marcial Dorado por blanqueo de capitales confirmó que había buscado esas grabaciones, “pero no había encontrado ni rastro de ellas”.

Esa causa era la pieza económica de la operación que comenzó en 2001 con los famosos pinchazos telefónicos. El teléfono del narco Marcial Dorado fue intervenido entonces y ahí comenzó su calvario judicial que le llevó a prisión. 

Son tantas las preguntas que rodean la relación de Feijóo y el narco y hay tan pocas respuestas…

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

“Feijóo tuteló el pacto de Mazón con Vox y lo avaló ante las dudas de sectores del PP”, titula El País. “El líder del PP ha tutelado el movimiento del jefe del Consell. El cuestionado presidente valenciano recibió el aval de Feijóo para cerrar otra alianza con los de Santiago Abascal para aprobar los Presupuestos autonómicos de 2025” 

Bajo la excusa de la aprobación de unos presupuestos para “la recuperación”, el PP enmascara la realidad: plegarse una vez más a los dictados de la ultraderecha. Hay sectores dentro del PP que han mostrado su incomodidad a Feijóo, pero muy bajito, sin alzar la voz. Como hacían hace algunos años con Don Manuel, sottovoce. El líder gallego ha calmado las aguas porque lo mejor es continuar gobernando y mantener el poder a cualquier precio. Así ha sido siempre en el PP. 

Alberto Núñez Feijóo mantuvo 14 años el poder absoluto en Galicia y su heredero, Alfonso Rueda, disfruta de todo lo sembrado en esas legislaturas. Manuel Fraga, ministro de Franco, pronto puso manos a la obra en la tarea de construir un partido político a su imagen y semejanza y lo principal, que ejerciese el poder. Para ello tuvo muy claro que los pactos oscuros y la maquinaria de la propaganda iban a ser dos puntales en su acción política. Si antes lo hacía con el Régimen, también podría hacerlo en la democracia, debió de pensar “Don Manuel”. 

Poder e influencia. Primero teniendo grandes amigos que financiaran su causa, y segundo, utilizando el dinero público para subvencionar a medios afines. El pequeño detalle de que sus mejores valedores fuesen contrabandistas de tabaco, prófugos de la justicia, o incipientes narcotraficantes, parece que no era un impedimento para sus fines. De hecho lo logró y salió impune.

¿Nunca se han preguntado por qué Alberto Núñez Feijóo, aquel joven con un gran futuro en política como auguró su mentor, el miembro del Opus Dei y Legionario de Cristo Romay Beccaria, inició su amistad con un narco sin importarle los negocios que todo el mundo conocía? 

La repuesta es muy sencilla. Porque tenía el visto bueno de sus jefes de filas. El mejor amigo de Fraga y principal sostenedor económico del PP de entonces era Vicente Otero, Terito, el mayor contrabandista de tabaco de Galicia. El mismo Fraga le entregó la insignia de oro y diamantes de Alianza Popular por sus generosas contribuciones. Eran uña y carne. El patriarca de Cambados mantenía un perfil de persona respetable, con empresas que hacía pasar por prósperos negocios. 

Cuando se puso en marcha la Operación Nécora, el 12 de junio de 1990, la policía no lo encontró en casa. Terito estaba al corriente de la operación, aunque el juez Garzón había puesto todos los medios para que no se filtrara la fecha de las detenciones. El “Corleone de la ría de Arousa”, a través de un chivatazo, se enteró y huyó. 

Pues bien, como cuenta Perfecto Conde en su libro La conexión gallega. Del tabaco a la cocaína, Terito era el padre del narco Marcial Dorado. ¡Oh, sorpresa! 

Muy poca gente sabe que Vicente Otero tuvo una relación extramatrimonial con la madre de Marcial Dorado. Ella había empezado a trabajar en casa del capo de Cambados por necesidad. Terito nunca lo reconoció como hijo. 

Todos hablaban del “hijo de soltera”, Marcial, que conserva hoy en día los dos apellidos maternos y por el que Terito sentía debilidad. “Ay, este Marcialiño, cada vez se parece más a su padre”. “E chuspidiño a seu pai” comentaban por las calles de Cambados por el parecido físico entre padre e hijo. 

Marcial Dorado siempre quiso imitar a Vicente Otero en todo. En todo menos en una cosa, abandonó el tabaco y dio el salto al tráfico de cocaína. Era también donante del PP, hijo del íntimo amigo de Fraga, Terito, que sin haberlo reconocido como propio, lo había instruido en el arte del contrabando. Beccaria, Fraga y Feijóo estaban al tanto del  parentesco y le correspondían con contratos de la Xunta. Dinero público para mantener la apariencia de empresa familiar, mientras Dorado blanqueaba dinero negro procedente del narcotráfico.

Quid pro quo. Así ha sido desde siempre en el PP. Feijóo ha aprendido que para sobrevivir debe alcanzar pactos hasta con el mismísimo diablo si fuese necesario y, a su vez, usar el engranaje de la propaganda para que sólo canten alabanzas a su gestión. 

Las cifras son abrumadoras. Millones de euros de dinero público que Feijóo ha gastado en la maquinaria de la desinformación. El PP  financia a los medios de comunicación afines con ayudas discrecionales sin concurso público, subvenciones camufladas, acuerdos de colaboración sin ánimo de lucro o convenios bilaterales para hacer propaganda de la actividad de sus consellerías.

Para Alberto Núñez Feijóo, en política se trata de alcanzar y mantener el poder a cualquier precio, así se lo enseñaron sus antecesores. Con pactos con contrabandistas y narcos, o pactos con la ultraderecha racista y xenófoba. Su maquinaria de desinformación y propaganda ya se ocupará de vender las virtudes del pacto. Lo único que de verdad importa es el poder.

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

El 13 de noviembre de 2002, sobre las tres de la tarde, el capitán del Prestige, un petrolero monocasco con bandera de Bahamas da la primera voz de alarma cuando se encontraba, en medio de un temporal, a 27 millas náuticas al oeste de Cabo Touriñán. Transportaba 77.000 toneladas de fuel-oil pesado.

En lugar de darle refugio en algún puerto cercano, las autoridades, en una descoordinación inédita, con órdenes contradictorias, pasearon el barco arriba y abajo por el Atlántico, en medio del temporal, mientras iba dejando un rastro de chapapote por toda la Costa da Morte.

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, decidió irse el 16 de noviembre, sábado, en plena crisis, alegando “agenda privada”, a una cacería de la que no volvió hasta el domingo 17 por la noche. El exministro de Fomento, Álvarez Cascos, también se fue de cacería ese mismo fin de semana. Un técnico de su ministerio aseguró que había sido el ministro en persona quien dio la orden de enviar el buque "al quinto pino" antes de irse de caza.

Mientras, el Gobierno de José María Aznar y la Xunta de Manuel Fraga utilizaban las televisiones públicas que dependían de ambos gobiernos para minimizar cualquier problema haciendo apreciaciones sin sentido sobre la grave situación del buque y su carga, con argumentos carentes de cualquier sustento técnico, confundiendo así a la población. 

Alrededor de las ocho de la mañana del día 19 de noviembre de 2002 y a 133 millas náuticas del Cabo Finisterre, el petrolero se parte en dos. A las 11:45 se hunde la parte de popa y, posteriormente, a las 16:18 horas y separado unos 3 km. de la popa, se hunde el pecio de proa. Las dos mitades se hunden a unos 3.600 metros de profundidad.

Cuando el buque se partió y naufragó, Mariano Rajoy, vicepresidente y portavoz del Gobierno de Aznar, negaba el peligro de una marea negra y que el pecio supusiera algún peligro ecológico: "Salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto que se han visto, cuatro regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical, deben de salir de algunas de las grietas unos hilos... Lógicamente, pues estamos todavía estudiando... Están los técnicos estudiando realmente qué es lo que significa esto".

Arsenio Fernández de Mesa era el delegado del Gobierno en Galicia cuando ocurrió la catástrofe. Junto a Rajoy, fue la imagen pública de las mentiras del gobierno de Aznar. 

Pese a la crisis, De Mesa mantuvo su cargo de delegado del Gobierno, lo que le permitió tener en el año 2003 conocimiento del registro de la policía judicial en el chalé de un conocido narcotraficante en el que se habían hallado unas comprometedoras fotografías de un joven con gafas, prometedor gestor gallego, que se había criado bajo la protección del mentor de ambos, José Manuel Romay Beccaria, y que ocupaba entonces la presidencia de la empresa Correos y Telégrafos.

Fue Fernández de Mesa quien alertó a Alberto Núñez Feijóo de la existencia de las fotos que probaban su íntima relación con Marcial Dorado. Años después, Rajoy nombraría a De Mesa director general de la Guardia Civil.

Lo peor llegó cuando la contestación social y también la interna en el PP de Galicia contra el ejecutivo central, por parte de los de la boina, encabezados por Xosé Cuíña, fue creciendo.  

El movimiento “Nunca Máis” fue imparable y comenzaba a hacer mella en la gestión del ejecutivo. La multitudinaria manifestación del 1 de diciembre de 2002, cuando cerca de 200.000 personas avanzaron por las calles de la capital de Galicia, se convirtió en un acto de repulsa nacional al Ejecutivo de Aznar. Es entonces cuando el aznarismo se desató en toda su intensidad, “el que pueda hacer que haga”. Iniciaron una campaña de descrédito hacia el movimiento desprestigiando a los líderes de “Nunca Máis” con graves acusaciones.

La carrera política de Alberto Núñez Feijóo empezó a escribirse entonces. Esa tragedia y cómo se llevó a cabo la gestión de la crisis abrió la oportunidad que el joven estaba esperando. Su liderazgo nació del chapapote.

Feijóo, como ya hemos dicho, era presidente de Correos en el gobierno de Aznar, cargo en el que le había enchufado su mentor, el exministro de Sanidad, Romay Beccaria, creador de la leyenda “Feijoo, el gran gestor”. 

Formaba y forma Romay (tiene actualmente 90 años) parte del Opus Dei, de ahí el apodo de "Romay Vicaría" u “Obispo”, con el que le han bautizado sus colegas de partido. El propio Fraga escribió en sus memorias que ese hombre que iba a alcanzarlo todo en la política española tenía además "plaza importante en la curia romana". 

La operación que hizo que Feijóo llegase a líder del PPdeG, y más tarde a presidente de la Xunta de Galicia, se inició en un lugar muy conocido por los políticos del PP gallego, en “Casa Vilas”, un restaurante de Santiago, donde era habitual ver a Don Manuel y su cohorte, celebrando enchentas (comilonas)

Allí se cerraban acuerdos al estilo de su querido amigo Terito, el contrabandista.

Fue allí, en “Casa Vilas”, donde cenaron Romay y Mariano Rajoy, también discípulo del “Obispo”, la noche en que decidieron abortar la decisión ya tomada por Fraga de nombrar a Cuíña vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Medio Ambiente para que tomara las riendas de la gestión de la crisis del Prestige y auparlo así más adelante a presidir el partido. Así lo contó Rafael Cuíña, hijo de Xosé Cuíña en una entrevista hace unos años.

Xosé Cuíña Crespo era el delfín llamado a suceder a Fraga, era su favorito.

Boinas contra birretes. Los birretes eran Romay, Rajoy y varios secuaces, entre ellos Juan Juncal. ¿Recuerdan a Juan Juncal? El exalcalde de Ferrol y jefe de Miguel Tellado. Ejerció de apoderado en una venta de una empresa al testaferro del narco Marcial Dorado, Manuel Cruz, chófer a la vez de Romay Beccaria y Juan Fernández.

Aquella cena de Romay y Rajoy en Casa Vilas diseñó la estrategia para evitar a toda costa que Cuíña fuese el sucesor de Fraga y, con la connivencia de Aznar, colocar en su lugar a Alberto Núñez Feijóo. 

Alguien “anónimo” acusó a Xosé Cuíña Crespo de haber sido él quien filtró a la prensa que Fraga se había ido de caza.

Pocos días después, Génova filtró a los medios que una empresa de la familia Cuíña Crespo, “Gallega Suministros Industriales”, había vendido a la Xunta a través de otra empresa 8.520 trajes de agua y 3.000 palas para la limpieza de chapapote. Fraga le dijo entonces a Cuíña que tenía que dimitir.

El delfín de Fraga dimitió ese mismo día, defendiendo que su familia no había hecho negocio alguno con la operación porque había donado a la Xunta contenedores para la recogida de fuel por un valor similar al de la venta del material de limpieza, pero no le sirvió de nada. Los del birrete habían hecho jaque mate.

El 18 de enero de 2003, el joven gestor, amigo de un narco, con el que todavía tenía relación, a pesar de estar ya siendo investigado, tomó posesión del despacho señalado para el sucesor de Fraga. Año y medio después era ya vicepresidente. Dos años más tarde, el disciplinado funcionario se convirtió en presidente del PP en Galicia, hasta hoy, que preside el PP nacional con una maniobra parecida por la que se cargaron a Pablo Casado. 

Cuentan que Feijóo comentó a Fraga lo de las fotos con el narco y éste, para quitarle hierro al asunto, le dijo: ¿Tú sabes quién es Ligero, el alcalde de A Guarda? le llaman así porque "corría muy rápido delante de la Guardia Civil cuando hacía contrabando con Portugal".

Mi teoría es otra. El narco Marcial Dorado era hijo de “madre soltera” como se decía en esa época. Su padre era alguien muy poderoso y cercano a Manuel Fraga, por lo que esas fotos no eran ningún impedimento para Don Manuel.

Pero esa historia la contaré otro día…

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

Marcial Dorado pretendía aparentar ser un hombre honrado, un hombre de negocios. Su pantalla eran sus empresas, las cuales, para dar una apariencia de legalidad, contrataban, entre otros, con la Xunta de Galicia.

El narco Dorado comenzó con la construcción de narcolanchas allá por el año 1994. Compró los Astilleros Hércules y Gallega Off Shore, ambas con base en Ferrol. Allí preparó el Nautilus, La Pinta y el Hércules. El Hércules es un nombre que le dio a varios barcos, hasta que uno de ellos fue intervenido en el puerto de Benalmádena, en Málaga, cuando ya había sido rebautizado con otro famoso nombre. ¿Les suena el Oratus? Era una de las embarcaciones donde paseaba Feijóo con el narco.

La Menkalina era la otra embarcación de "recreo" para pasear amistades por la ría de Vigo. El patrón de ambos barcos era José Antonio Devesa, condenado a 11 años de prisión por un alijo de 4.000 kilos de cocaína que transportaba en 2003.

Volvamos al Nautilus. En el año 2003, el narco Marcial Dorado fue detenido en relación con la captura de más de 6.500 kilos de cocaína a bordo del pesquero South Sea, el segundo mayor alijo en Galicia. Según la sentencia condenatoria, Dorado “participó en la introducción de ese alijo aportando cuarenta millones de pesetas y proporcionando a la organización una embarcación de alta velocidad, la Nautilus, construida en Astilleros Hércules, una compañía de su propiedad”.

Astilleros Hércules, SL, era una filial de Astafersa. ¿Y quién estaba detrás de Astafersa? Juan Fernández García, conselleiro de Industria con Manuel Fraga. Pero, además, tenía chófer, como corresponde a un alto cargo de la Xunta. El chófer era Manolo Cruz, ¿lo recuerdan? el testaferro de Dorado y quien presentó a Feijóo y al narco, y murió en extrañas circunstancias todavía hoy sin resolver. Alternaba el trabajo de chófer para Fernández y Romay Beccaría con los negocios del narco.

Juan Fernández comenzó como diputado en el Parlamento de Galicia en 1989 y fue Conselleiro de Industria con Manuel Fraga entre 1990 y 1994. Dimitió a regañadientes tras la polémica en la que se vio envuelto por deudas con Hacienda y porque cobraba dos sueldos públicos. No había presentado la declaración de la Renta durante cinco años.

Felipe González llegó a echarle en cara a Aznar en un debate sobre el estado de la nación este polémico caso de evasión fiscal. Por eso Aznar pidió a Fraga la cabeza de Juan Fernández. La Xunta de Fraga protegía al conselleiro y decía que eso no era un delito ya que no alcanzaba los 5 millones de pesetas. Se quedaba en 4.940.000 pesetas para que no constara como evasión fiscal... Tampoco se dio cuenta este “pobre” hombre, de que era incompatible cobrar dos sueldos públicos como estaba haciendo, el de conselleiro y el de capitán de fragata en la reserva.

Distanciado entonces del PP, al año siguiente fundó el partido Independientes por Ferrol y desde entonces no dejó la corporación ferrolana, en la que llegó a tener cinco concejales. Pese a un desencuentro abierto con la dirección local del PP, accedió a formar gobierno con el alcalde Juan Juncal tras la firma de un acuerdo con la cúpula del Partido Popular de Galicia. No obstante, y pese a meter en danza a todo el PP gallego para permitir el gobierno popular en Ferrol, Fernández se votó a sí mismo en la investidura de Juncal.

Juan Juncal es el hombre que ejerció de apoderado en una de las ventas al narco Marcial Dorado de una empresa para blanquear dinero. Es también, curiosamente, el mentor del señor Miguel Tellado, que actualmente es el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso. Fue el hombre que lo introdujo en el PP desde el Ayuntamiento de Ferrol como jefe de prensa. Todos están conectados en esta maravillosa historia del PP de Galicia.

En el astillero que vendió el conselleiro Fernández al narco Dorado, se construían narcolanchas, pero ¡ojo!, también la Xunta de Galicia otorgó subvenciones a las empresas pantalla de Marcial, una de ellas para construir una embarcación.

En 1994, la Xunta de Galicia, a través de Pesca, concede un pago de 46.528,63 euros a la sociedad Mitulo, propiedad de Marcial Dorado, para la construcción de un barco auxiliar de bateas. ¡Qué casualidad! justamente el año que Dorado había comprado el astillero donde construyó sus famosas narcolanchas o "yates de recreo" que servían para descargas de cocaína o hachís, o para pasear con amigos, como Feijóo.

Posteriormente tuvo alguna subvención más para ayudas a la contratación. Feijóo en esa época estaba dentro del organigrama de la Xunta. Primero en la Consellería de Agricultura, que, si no me equivoco, Pesca dependía entonces de Agricultura y después en la de Sanidad. Siempre al lado de su mentor, Romay Beccaría.

El tribunal que condenó a Dorado por narcotráfico explica que su pena “se debe a que posibilitó la utilización de la lancha Nautilus, esencial durante gran parte de los acontecimientos enjuiciados”. Precisa el tribunal que “mediante su relevante y consciente aportación se solucionó el problema de la búsqueda de la embarcación que recogería del buque nodriza la cocaína para transportarla a continuación a las costas gallegas”. El buque nodriza era el South Sea.

Dorado utilizó la Menkalina, de 12 metros de eslora, para pasear a sus amistades, entre ellos al que entonces era invitado en su casa de vacaciones de Baiona, donde pasó muchos días, Alberto Núñez Feijóo, que aparece a bordo de ese barco en varias fotos que publicó El País en abril de 2013. En el Oratus, de 21,40 metros de eslora, Dorado y Feijóo navegaron juntos durante un viaje a Ibiza. Esta embarcación llegó a estar balizada con un localizador por sospechas de narcotráfico, y fue seguida por Aduanas en un viaje que realizó a Baleares. Las embarcaciones fueron decomisadas por la Audiencia Nacional y puestas a la venta por el Fondo de Bienes Decomisados del Plan Nacional sobre Drogas.

Astafersa acabó en la ruina. El Juzgado de lo Social aprobó el remate de la subasta del astillero al único postor, la sociedad Áridos Pantín, S. L. en 500 euros. El comprador debía además asumir una deuda superior a los tres millones de euros y otros importantes compromisos con la plantilla de 30 trabajadores, cuya mayoría fue la que ejecutó la hipoteca por la deuda salarial. Si estos empleados no fuesen recolocados, el comprador quedaba obligado a abonar a cada uno de ellos la cantidad de 3.000 euros.

Desde Miguel Tellado, Feijóo, Fraga, Juan Juncal, Evaristo Juncal, Manolo Cruz… La historia del PP de Galicia, y ahora en el PP nacional actual, pasa entera por las manos del narco Marcial Dorado. Por mucho que insistan en que es un tema antiguo, créanme, no lo es.

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

¿Qué tendrá Manuel Fraga Iribarne que le cae tan bien a todos los contrabandistas? se preguntaba Perfecto Conde en su libro La conexión gallega. Del tabaco a la cocaína.

Vicente Otero Terito, Manuel Díaz Ligero, Celso da Ponte, José Ramón Barral Nené, Luis Falcón o los Charlín fueron quienes abrieron las puertas de lo que acabó siendo un gigantesco negocio basado en el imperio del fraude. Del estraperlo al tabaco rubio de “batea” y más tarde a la “fariña”.

Otero era el patriarca, el “capo”, amigo íntimo de Don Manuel. Cuenta Perfecto Conde en su libro que Vicente Otero era un hombre de “ideas políticas manifiestas” que nunca ostentó ningún cargo público porque no quiso, como sí hicieron Nené Barral o Manuel Ligero dentro de Alianza Popular.

Terito era militante de Alianza Popular y recibió la insignia de oro y brillantes del partido de la mano de Fraga por toda su contribución a la causa política. También era dueño en Cambados de la sede local del AP.

Era uno de los principales sostenedores económicos de lo que ahora es el Partido Popular, tanto él como todos sus “compañeros” de fechorías. Cuantos más políticos del PP alcanzasen puestos de poder, mejor les iría. Información privilegiada, tráfico de influencias, mientras sus “negocios” no se viesen alterados, serían fieles al partido de Don Manuel.

Hay que recordar que el propio Laureano Oubiña declaró ante los micrófonos de la Cadena Ser que tiene pruebas de haber financiado ilegalmente a Alianza Popular con dinero en efectivo. Pruebas que se compromete a presentar en el juzgado "si me llaman", según afirmó. 

Otro suceso ocurrido en Cambados, que también refleja Perfecto Conde en su libro, todavía resuena por toda la Ría de Arousa. Se trata de un incidente que protagoniza Terito en el Parador de Turismo de esa localidad pontevedresa, cuando sacó una pistola y puso orden en un cónclave entre contrabandistas y narcotraficantes que se habían reunido a tratar algunos temas internos y entre los que figuraba la asignación de contribuciones económicas para las campañas electorales del partido fundado por Don Manuel. Había diversidad de opiniones en cuanto a las cantidades a donar. El capo puso fin a la discusión con cuatro tiros al aire. Dicen que todavía están los agujeros en el techo.

De esos barros, estos lodos. Cuando Don Manuel alcanzó la Xunta de Galicia, el narco Marcial Dorado, amigo de Alberto Núñez Feijóo, recibía contratos para sus empresas. Empresas que demostraron ser una tapadera para blanquear dinero procedente del narcotráfico.

En los años 90, José Cuíña era el hombre fuerte del PP. Pablo Crespo fue secretario de Organización del Partido Popular en Galicia desde 1995 a 2003.

Crespo llegó a número tres del PPdG de la mano de Cuíña. Lo fichó cuando el joven Pablito era director de una sucursal bancaria en Vilagarcía de Arousa y no tenía ninguna experiencia en política. 

El propio Pepe Cuíña aparece anotado en los papeles de Bárcenas como uno de los recaudadores de dinero negro. En 1990, el extesorero anota la entrega de un talón de 10 millones de las antiguas pesetas. Los fondos los aportaba un “Pepe C”, nombre al que Bárcenas añadía entre paréntesis las letras (“gal”) para que quedase claro que el dinero procedía de Galicia.

En una entrevista con Jordi Évole en el año 2013, Pablo Crespo declara que el Partido Popular recibía dinero de manera irregular. El dinero que recaudaba anualmente el PP de Galicia era al menos de unos trescientos mil euros, los cuales se incrementaban en campaña electoral, hasta los tres o cuatro millones de pesetas, de las cuales sólo declaraban al fisco un millón. 

El 65% de la financiación del Partido Popular era irregular frente a un 35% de manera regular. También reconoció haber repartido sobres con dinero a dirigentes del PP, los considerados sobresueldos y que tampoco declaraban a Hacienda. Él mismo reconoce tener todavía recibís de la época con firmas de varios dirigentes del PP 

El ex secretario de Organización del PP de Galicia llegó a ser un hombre fuerte que entregaba personalmente los billetes al ex tesorero nacional del partido, Álvaro Lapuerta. Crespo ya no iba a Madrid a hacer entregas de dinero, sino que era el propio Lapuerta el que se desplazaba a Santiago de Compostela, para recibir los pagos, según reconoció ante el juez el propio Crespo. En una de las citadas ocasiones, Pablo Crespo entrega a Lapuerta la cantidad de veintiún millones de pesetas en efectivo dentro de una carpeta azul. Dinero negro, sin declarar. Como bien se ha conocido después, era de donantes, de grandes empresarios que recibían después contratos públicos.

De la mano de Crespo, el dinero siguió fluyendo hacia Madrid. Primero Bárcenas anotaba de manera anónima quien entregaba el dinero. En los años 1997 y 1998 había entradas en metálico bajo los epígrafes “Galicia” o “Galicia (O.C.)” pero después, en 1999, en el cuaderno aparece una entrega de 21 millones de pesetas con el nombre de “P. Crespo”.

El mismo modus operandi que el del PP de Galicia se traslada a toda España: Madrid, Valencia… 

Hemos conocido por los diferentes tesoreros que ha tenido el Partido Popular que la contabilidad en B, la contabilidad paralela, nunca había sido un problema para ninguno de sus dirigentes. Tanto Aznar como Rajoy o Feijóo, todos tenían asumido que esa era la fórmula de funcionamiento y ya estaba normalizado desde los años 80 con su fundador, Fraga Iribarne. 

Luis Bárcenas entregó al juez de la Gürtel toda la documentación de la caja B del PP que fue acumulando durante 20 años como gerente y tesorero. Entre 1990 y el 2000, la mayor parte de los fondos con los que se llenaba esa caja procedían de Galicia. La caja B del PP no se entendería a nivel nacional sin la que crearon en el PPdG, ese Partido Popular de Galicia al que pertenecían el señor Feijóo y el señor Tellado, por poner algún nombre de los actuales dirigentes del partido Popular a nivel nacional.

¿Recuerdan el caso Naseiro?

El caso Naseiro fue la primera investigación judicial originada por las sospechas de corrupción en la financiación del Partido Popular. Rosendo Naseiro era el tesorero del PP en el año 1990, con José María Aznar. 

Se autorizaron unas grabaciones telefónicas por un caso de investigación de narcotráfico y las escuchas desvelaron indicios de otros delitos, entre ellos, financiación ilegal. Las conversaciones grabadas revelaron una trama de sobornos y comisiones a cambio de recalificaciones y venta de terrenos. 

Por cierto, el hoy ya condenado y ministro de Aznar Eduardo Zaplana se desveló como un político obsesionado por enriquecerse: “Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir” desvelaban los pinchazos telefónicos.

El Tribunal Supremo anuló la principal prueba de cargo, que resultó ser la única: las grabaciones de las conversaciones telefónicas. Caso sobreseído.

El extesorero del PP Luis Bárcenas declaró ante el juez que el dictamen jurídico utilizado en la defensa de los imputados en el caso Naseiro fue encargado por Federico Trillo al abogado Manuel Cobo del Rosal y pagado con fondos del Partido Popular procedentes de la caja B. 

Trillo había sido fichado por el mismísimo Fraga para el partido ya que como miembro del OPUS siempre había hecho gala de sus contactos en el ala más conservadora de la judicatura. Movilizó todas sus conexiones para lograr que las escuchas de la policía fueran declaradas irregulares por el Tribunal y para manchar mediáticamente la trayectoria del juez Luis Manglano. 

Luis Manglano, un hombre serio y un excelente magistrado, sufrió las consecuencias de haber ordenado investigar, por primera vez en España, la presunta financiación ilegal del PP. El segundo fue el juez Garzón y ya sabemos cómo acabó.

El cierre del caso Naseiro revalorizó a Federico Trillo ante José María Aznar y le premió primero con la presidencia del Congreso y más tarde con el Ministerio de Defensa. 

El sistema de financiación irregular del Partido Popular durante casi 20 años ya quedó acreditado y fue condenado por ello. 

Estamos ante un partido corrupto. Sus cimientos y toda su estructura están infectadas de corrupción, es sistémica. Feijóo no puede mirar hacia otro lado como hace habitualmente. Alguien que navegaba con un narco, y adjudicaba contratos a empresas que servían de tapadera para blanquear dinero procedente del narcotráfico, no puede ser el que lidere la derecha en este país. Para empezar, debería presentarse en la Comisión de Investigación que se ha abierto en el Parlamento de Galicia y reconocer los contratos con Eulen, la empresa donde su hermana es directiva, los 1.311 contratos adjudicados sin concurso por un valor total de 4.832.029,85 euros, así como las 1.034.964 licitaciones a dedo por valor de 4.000 millones  de euros repartidas en poco más de una legislatura. Eso sería sólo la punta del iceberg.

El próximo domingo, 18 de febrero, es el día en el que los gallegos y gallegas estamos llamados a las urnas. Es un día para celebrar nuestra democracia. Pero también se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger.

El Síndrome de Asperger se llama así por su descubridor, Hans Asperger, un pediatra vienés que en 1944 describió patrones de comportamiento en algunos pacientes, con problemas de comunicación, coordinación y en aptitudes sociales. Hoy en día ya no se llama así, pero se sigue celebrando con ese nombre para dar visibilidad y reivindicar así los derechos de las personas con autismo. Es un trastorno perteneciente al espectro del autismo (TEA) en grado 1 según el DSM-5.

El Síndrome de Asperger (TEA 1) se caracteriza por determinadas dificultades en la utilización del lenguaje, en la comunicación y relación con otras personas, y en la existencia de una gama restrictiva de intereses y actividades. Es un trastorno del espectro del autismo en el que el cociente intelectual es completamente normal o más alto que la media, y con los apoyos adecuados se puede alcanzar una formación académica y un nivel de empleo similar al de personas sin discapacidad. Tienen una extraordinaria memoria y motivación para obtener grandes resultados cuando las condiciones del entorno son claras y predecibles.

Mi hijo menor cumplió en enero 18 años, puede ejercer ya su derecho a voto el próximo domingo. Qué curiosa casualidad, el primer año que ejercerá su derecho a voto y es justamente el Día Internacional del TEA 1. Ha llegado a segundo de bachillerato, no sin grandes dificultades y nulos apoyos por parte de la Consellería de Educación. Ha dependido solamente de la buena voluntad de sus profesores y a su férreo deseo de aprender. Es TEA1, con un TDAH asociado por el que sí tiene tratamiento para poder concentrarse, “Concerta” 54 mg. Un medicamento de sobra conocido por neuropediatras y neuropsicólogos. El trastorno del autismo suele venir acompañado de otro tipo de comorbilidades como el TDAH, TOC, trastornos de ansiedad generalizada, depresión, etc. Le han otorgado un 40% de discapacidad gracias a que el Gobierno de España subió hace un par de años los baremos para personas TEA porque antes no les otorgaban en la adultez ni un 10%.

Segundo de Bachillerato es un curso muy duro ya de por sí por la exigencia de preparar la EBAU. Él además ha escogido el Bachillerato Tecnológico, con matemáticas y física. Los alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas suelen tener algún apoyo en el aula cuando la discapacidad es visible. Las discapacidades invisibles como son el TDAH o el autismo, parece que no existen porque no se perciben a simple vista.

Como alumno con NEE, ha solicitado adaptación para realizar la EBAU en junio. Nuestra sorpresa llega cuando nos llaman del instituto y el único lugar donde puede realizar la EBAU un alumno de esas características es en Pontevedra, a 153 kilómetros de nuestro domicilio. Exámenes que se realizarán durante tres días consecutivos y que el coste de los desplazamientos corre a cargo de las familias. Pregunto cuáles son las ventajas de realizar el examen en Pontevedra, y la respuesta es: lo de siempre, le darán media hora más de tiempo y un aula con menos alumnos. NADA MÁS.

¿Eso es lo que la Xunta de Galicia entiende por inclusión? Se les llena la boca con “igualdad”, pero sin equidad no hay igualdad. Lo abocan al fracaso. La realidad es que no hay ningún tipo de adaptación, ni para él, ni para el resto de alumnado TEA. Si tuviesen el más mínimo interés, sabrían que un alumno con trastorno del espectro autista necesita anticipación y predictibilidad, necesita conocer el entorno, dónde se va a realizar el examen y los horarios, cómo va a ser ese examen, de cuántas preguntas consta, etc.

Sacar a un alumno TEA de su entorno es una bomba de relojería. Su cerebro procesa la información de una manera muy diferente al cerebro neurotípico. Por eso se llama neurodiversidad o neurodivergencia. Los posibles estímulos externos pueden hacer fracasar a un alumno que lleva trabajando contra viento y marea muchos años de su vida. Es una batalla diaria y constante que les acarrea desde problemas de ansiedad hasta sufrir dolencias físicas. Lo quieren enviar a un entorno ajeno, extraño y lesivo.

No es de extrañar que el pasado 5 de febrero, Alberto Núnez Feijóo, maestro de Alfonso Rueda, utilizase esta frase en una entrevista para El Faro de Vigo: "Galicia no es un territorio aislado del resto de la política nacional y sería de un cierto autismo no hablar en campaña de lo que pasa en España”. Todavía hoy no ha pedido disculpas.

No es la primera vez que Feijóo utiliza el autismo como una forma de insulto. Demuestra así su ignorancia. Ya en marzo de 2022, siendo todavía presidente de la Xunta de Galicia, calificó al Gobierno de España de "autista" haciendo del trastorno un grave descalificativo hacia las políticas del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

No, señor Rueda, tampoco cuente con el voto de mi hijo. Así me lo ha expresado libremente. Afortunadamente sabe quién gestiona para los más débiles de la sociedad y quién gestiona para las élites. Y usted señor Rueda, está entre los segundos.

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

José Ramón Gómez Besteiro y Elena Candia coinciden encabezando la lista por Lugo de sus respectivos partidos políticos, PSOE y PP, para las próximas elecciones autonómicas del 18F en Galicia. Esta circunstancia se produce once años después de que Candia entregase ante la Fiscalía de Lugo unos documentos anónimos que “alguien” había enviado al PP lucense en un “sobre blanco sin nombre, ni dirección", aunque el sobre nunca apareció.

Candia siempre negó su implicación en la entrega de documentos, pero la entonces diputada del PP, como consta en las diligencias pre procesales de la investigación, testificó por estos hechos y entregó los documentos. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, llegó a afirmar que "no es cierto" que Elena Candia acudiera al Ministerio Público con unos documentos para incriminar al candidato del PSdeG. Mentía. Una carta, con el logotipo del PP y firmado por la propia Candia, entraron en el registro de la Fiscalía de Lugo el 5 de marzo de 2013.

Esos documentos dieron lugar a las diligencias por las que el líder socialista fue imputado en el año 2015. José Ramón Gómez Besteiro era en ese momento candidato a la Xunta de Galicia.

Lara Méndez, ex alcaldesa de Lugo y ahora número dos de la lista con Besteiro, en declaraciones a la Cadena Ser, relataba:

“Hoy parece (por Candia) que no se acuerda, no le consta o no sabe, pero sí consta en el sumario que fue ella la que trasladó esos anónimos cuando lo que tenía que haber hecho como responsable política, actuando con rigurosidad, era haber solicitado toda la información de la institución, ver lo que hay y a partir de ahí, si no hay nada como se ha demostrado, no procede llevarlo a la fiscalía y no sólo en su máxima condición como política, sino en su condición de jurista”. Elena Candia es abogada.

Lo más tremendo de todo esto es que el sustituto de la jueza De Lara, Joaquín Brage, en sus autos, hace una afirmación demoledora: “El origen del conocimiento de tales hechos estaría en una denuncia anónima. Es sabido que las denuncias anónimas, de autoría no determinada ni determinable, no son admisibles”

Recordemos que ella, la jueza Pilar de Lara, que inició las diligencias contra José Ramón Gómez Besterio, lo hizo por el anónimo que entregó Elena Candia. El Consejo General del Poder Judicial la sancionó y fue apartada del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo. El Poder Judicial consideró acreditado que De Lara incurrió en "abandono de los más elementales deberes que deben presidir el desarrollo de la instrucción penal", poniendo de manifiesto además "un método de instrucción no ya alejado del estándar sino completamente al margen de una atención y control al que está obligado el juez de instrucción"

Y prosigue el juez Brage: “Las denuncias anónimas no deben ser atendidas por las autoridades, y menos dar lugar a actuación alguna respecto del denunciado sin previa comprobación de hechos cuando parezcan muy fundados”.

“Un anónimo no es por sí mismo fuente de conocimiento de los hechos que relata", y apunta que "quien oculta su rostro para acusar también es capaz de ocultar la verdad en lo que se acusa”.

Esclarecedor. Y a la vez lleva a preguntarnos. ¿Elena Candia, en su condición de abogada, no sabía que un anónimo antes de entregarlo en un juzgado debe ser comprobado e investigar si contiene hechos fundados? ¿Pilar de Lara, en su condición de jueza, lo desconocía o prefirió aceptarlo y abrir diligencias a sabiendas de que no podía ser admitido? “Las denuncias anónimas, de autoría no determinada ni determinable, no son admisibles”. Palabra de juez.

Queda así probado que fue Candia quien originó la persecución contra Besteiro el día que entregó los supuestos anónimos. Persecución a un inocente. ¿Por qué Rueda lo negó? A partir de ahí, ella fue ascendiendo en diferentes cargos orgánicos del PP y también institucionales. Esta última legislatura ha sido la vicepresidenta primera del Parlamento de Galicia. El ascenso meteórico de Elena Candia en el PP nacional de la mano de Feijóo, titulaba La Voz de Galicia. Él tuvo que pasar durante siete años un calvario profesional.

Los que le daban por muerto y enterrado políticamente colocan, de forma maquiavélica, a la principal ejecutora de su persecución política y judicial frente a Besteiro. Los dos van de número uno para batirse en su provincia, Lugo.

¿Podrá dormir bien por las noches Elena Candia después de hacer lo que hizo? ¿Y Alfonso Rueda? Es una pregunta que me hago a menudo. 

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

Alberto Núñez Feijóo acaba de hacer toda una declaración de intenciones. Ha nombrado portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a Miguel Tellado Filgueira, conocido por sus polémicas declaraciones de estos últimos meses. Es quizás ese verbo agresivo el que el líder del PP ha valorado para hacer frente a una legislatura que  se prevé agitada. En Galicia lo conocen como El guardaespaldas por su lealtad y la férrea defensa de su líder.  

Miguel Tellado inició su carrera política como activista de izquierdas en Santiago de Compostela como estudiante. En los noventa, su espectro ideológico estaba muy alejado del que ahora presume. Era un activista del Movemento Estudiantil Universitario, una escisión de los Comités Abertos de Facultade (CAF) que, por entonces, orbitaban en torno al ala más dura del Bloque Nacionalista Galego. Sí, sí, como leen, era muy próximo al nacionalismo de Xosé Manuel Beiras. 

Cuando finaliza sus estudios, ya licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, regresa a Ferrol, donde nació. Allí colabora con diferentes medios como Radio Fene (emisora municipal de un ayuntamiento feudo del BNG) y una publicación local liderada por el presentador de Saber Vivir, Manuel Torreiglesias.

El acercamiento de Tellado al Partido Popular ocurre progresivamente, cuando encuentra un hueco en el Ayuntamiento de Ferrol, gobernando en 2003 por el PP. Hasta 2007 fue su jefe de prensa, de la mano de Juan Juncal, su mentor y en aquel entonces alcalde y que fue apoderado de un estrecho colaborador del narco Marcial Dorado y gran amigo de Feijóo: Manolo Cruz. 

Juncal participó en la venta de una empresa inactiva al testaferro de Dorado y que terminó en manos del narco para blanquear dinero procedente del narcotráfico.

Entre 2007 y 2009 dirigió la comunicación de la Diputación de A Coruña, un puesto que encadena con la jefatura de gabinete de la Consellería de Traballo e Benestar (2009-2011). Tellado llega al Parlamento de Galicia en 2012 y solo dos años después se hace con la portavocía parlamentaria. Posteriormente fue secretario general del PPdeG.

Su meteórica carrera le lleva cinco años más tarde a ingresar en el Comité Ejecutivo Nacional del PP y, precisamente, el año pasado se convirtió en el vicesecretario de la Organización de los populares. 

Entró como senador en el año 2022 junto a Feijóo, por designación autonómica. Curiosa coincidencia que nos traslada en el tiempo. Muy poca gente sabe que Miguel Tellado, junto a Feijóo, Pedro Puy Fraga (sobrino de Manuel Fraga) y Alfonso Rueda (actual presidente de la Xunta de Galicia) tumbaron la celebración de un importante Pleno del Parlamento de Galicia tras registrar una solicitud de aplazamiento. Por primera vez en la historia, se impedía la designación de un candidato a senador autonómico en Galicia. Esa persona era José Ramón Gómez Besteiro. Les suena, ¿verdad? Contamos aquí la persecución política y judicial a la que fue sometido.

Miguel Tellado ha tenido en el pasado sonadas disputas dialécticas en la red social Twitter tanto con Pepe Blanco, vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, como con el anterior líder del PSdeG, Gonzalo Caballero.

Las más sonadas han sido recientes. Tellado ha hecho públicamente una defensa acérrima del acosador del ministro Óscar Puente. Ha defendido la actitud de una persona violenta, que  había sido detenida en varias ocasiones y con antecedentes penales, denunciado por sus propios progenitores. 

Y la última fue cuando realizó unas polémicas declaraciones sobre Pedro Sánchez, al que calificó como "el mayor peligro para la democracia" así como que "debería irse del país en un maletero".

Abróchese los cinturones que se avecinan turbulencias. El nuevo portavoz parlamentario del PP promete.