Dos de los tres peritos clave en el juicio de Angrois fueron designados ‘a dedo’ por la Xunta
Tras casi un mes sin sesiones por la navidad se retoma esta semana el juicio por el accidente de Angrois con la comparecencia de tres peritos clave, los encargados respectivamente de analizar el tren, las vías y los sistemas de seguridad a petición del juez instructor. Frente a los diversos peritos y testimonios elegidos por las partes, que vienen ofreciendo visiones dispares sobre la responsabilidad de los dos acusados –el maquinista del tren y un excargo de Adif–, los peritos nombrados directamente por la justicia deben tener una mayor garantía de imparcialidad. Uno de los de este caso fue elegido por sorteo de entre los tres mejores profesionales propuestos por su colegio oficial de ingeniería, pero los otros dos peritos fueron elegidos por la Xunta entre su propio funcionariado a pesar de no ser expertos en materia ferroviaria.
Esa designación por parte del Gobierno gallego ya era conocida y ha sido criticada por varias partes comparecientes en la causa, en especial por la plataforma de víctimas del siniestro, que censuran que uno de los dos peritos de la Xunta –el peritaje de otro no resultó tan relevante– asumiera las tesis de Adif y confrontara con el tercero más independiente que culpa a esa empresa pública. Pero ahora, tras una petición oficial al amparo de la ley de transparencia, Praza.gal ha comprobado que no quedó constancia administrativa del procedimiento seguido por la Xunta para elegir a los dos funcionarios en cuestión y no a otros.
Tras el accidente del 24 de julio de 2013 el primer juez instructor del caso pidió a los colegios profesionales de ingeniería de Caminos, Industrial y Telecomunicaciones que le formulasen cada uno una terna de sus mejores profesionales para realizar los peritajes judiciales sobre las vías, el tren y los sistemas de seguridad, respectivamente. De cada terna el juez eligió por sorteo un profesional y les encargó analizar las causas del accidente desde sus respectivas áreas de conocimiento en materia ferroviaria. Pero en ese momento, al conocer a la Xunta, como encargada de dotar a la justicia de los recursos para su funcionamiento, que los peritos de Caminos e Industrial elegidos por sorteo habían propuesto presupuestos para realizar sus trabajos de 800.000 y 600.000 euros, comunicó al juzgado que el procedimiento para elegir a esos expertos debía ser otro.
Esgrimiendo una normativa previa en materia de justicia gratuíta y dotación de medios periciales a los juzgados, la Xunta le dijo al juez que debía comprobar si entre el personal público de la propia administración, funcionarios a los que como tales se les presupone independencia, había alguien que pudiese realizar el trabajo antes de encomendárselo a profesionales privados ajenos. Y por esa vía la Xunta eligió a dos funcionarios propios, el ingeniero de Caminos Juan Carlos Carballeira Rifón y el Industrial José Manuel Lamela Rivera, que según los currículos que ellos mismos remitieron al juzgado no eran expertos en materia ferroviaria. La Xunta no fue capaz de encontrar un funcionario que pudiese designar para el peritaje en materia de Telecomunicaciones, así que se mantuvo el ya elegido por sorteo por el juzgado de entre los propuestos por ese colegio profesional, César Mariñas, este sí con amplia experiencia en tecnología ferroviaria y cuyo presupuesto no superaba los 50.000 euros.
En aquel momento aún no existía la ley de transparencia, que ahora ha sido utilizada por Praza.gal para tener acceso a los expedientes administrativos con los que las consellerías competentes en materia de Infraestruturas e Industria eligieron respectivamente a sus funcionarios como peritos de Caminos e Industrial. En esos expedientes oficiales, formado solo por cuatro folios en el caso de Industria y alguno más pero para los mismos trámites en el caso de Infraestruturas, no quedó constancia escrita de ningún proceso formal de selección interna, convocatoria abierta de los posibles empleados públicos mejor preparados o valoración de los currículos, experiencia y especialización de las dos personas finalmente elegidas.
Según los expedientes oficiales, el 16 de octubre de 2013 el departamento de Justicia de la Xunta comunicó a las consellerías de Infraestruturas e Industria que debían designar a los respectivos peritos. En el caso de Infraestruturas, el 24 de octubre su directora general de régimen jurídico trasladó a su vez esa petición a la Axencia Galega de Infraestruturas. Y en ese mismo día el secretario general de la consellería firma ya el oficio con el que comunica el nombre de Juan Carlos Carballeira.
En el caso de Industria, tras la petición recibida el 16 de octubre, el oficio de comunicación del nombre de José Manuel Lamela es firmado por el secretario general de la consellería el 8 de noviembre, el mismo día en que se solicita y se autoriza por parte de la Consellería de Facenda una comisión de servicios para que el funcionario pudiese dejar temporalmente su puesto y dedicarse a investigar el accidente. En los dos casos los oficios dejan claro que los dos técnicos fueron “designados” por sus respectivas consellerías.
Ante la ausencia de constancia documental en los expedientes administrativos del procedimiento seguido para elegir esos dos funcionarios como peritos de Angrois, Praza.gal preguntó a los respectivos departamentos de comunicación de las dos consellerías implicadas cómo fue esa elección y si hubo algún tipo de proceso informal de valoración de candidatos.
La Consellería de Infraestruturas no respondió a la consulta. Y según la vicepresidencia primera del Gobierno gallego, ahora responsable de las competencias de Industria, “la selección del perito industrial por parte de la Xunta de Galicia se llevó a cabo como cualquier otro proceso que reúna estas características. Con el único ánimo de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos, se abrió un procedimiento para la identificación y selección de los perfiles considerados más adecuados dentro de los profesionales adscritos a la consellería. Una vez identificacod dichos perfiles, finalmente se optó por un funcionario de carrera que acreditó la experiencia necesaria para trabajar en este campo específico”. No se identifica la persona o personas responsables del “se optó”.
No hay explicación a por qué no quedó constancia documental de los procesos de selección, si es que los hubo, en los expedientes oficiales.
Tras la designación de esos peritos de la Xunta varias partes intentaron recusarlos sin éxito. El juez instructor admitió que “es cierto que la apariencia de imparcialidad puede verse empañada por el hecho de que fue la Xunta la que designó a los técnicos que han de realizar la pericial y que sería deseable que los peritos pudiesen ser elegidos por el órgano judicial entre expertos en la materia, pero existe un procedimiento regulado y cualquier evasión del mismo a lo que conduciría sería a la imposibilidad de práctica de la pericia por falta de disponibilidad de medios materiales con que hacer frente a los importantes gastos que una pericia como la de autor comporta, como evidenciaron los presupuestos en su día presentados por los técnicos privados inicialmente designados y no aprobados por la Xunta”.
El magistrado también decía que “en todo caso” las partes también podían designar sus propios peritos para cuestionar lo que dijesen los de la Xunta. E incluso decía que Carballeira y Lamela “de estimar que su vinculación con la Administración pudiese afectar a su actuación como peritos objetivos e imparciales deberían haberlo manifestado en el instante de recibir el nombramiento, y lo no hicieron, prestando juramento de proceder bien y fielmente”. “No exige la ley mayores explicaciones ni hay motivos para llamarles a darlas”, sentenciaba el juez.
En los años siguientes la Xunta siguió autorizando cientos de peritajes externos de profesionales ajenos a la administración. Y en el caso de los dos funcionarios elegidos para el accidente finalmente los estudios que ellos tuvieron que encargar a otros profesionales y expertos que les ayudasen con sus áreas de investigación elevaron el coste para las arcas públicas a más que las cuantías presupuestadas por el perito independiente de telecomunicaciones.
Además, el primer informe pericial que proporcionó el perito de Caminos de la Xunta, Juan Carlos Carballeira Rifón, contenía párrafos plagiados, según él mismo admitió a El País, del informe oficial sobre el siniestro elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del ministerio. Un análisis oficial del accidente que posteriormente sería desacreditado por la Agencia Ferroviaria de la UE.
Resultados dispares de los peritajes
Ahora los tres peritos comenzarán a comparecer en el juicio a partir de esta semana para ratificar sus peritajes y someterse a las preguntas de las partes. En los informes que entregaron en su momento al juez instructor los tres dieron visiones dispares sobre el accidente.
El perito de Telecomunicaciones, el profesional independiente elegido por sorteo, César Mariñas, concluyó que Adif incumplió la obligación que tenía de evaluar el riesgo de accidente existente en la línea Ourense-Santiago y no habilitó las medidas de seguridad que debía. Por el contrario, el de Caminos designado por la Xunta, Juan Carlos Carballeira, concluyó que Adif actuó como debió y no incumplió ninguna norma dejando la responsabilidad en manos del maquinista.
Por su banda el tercer perito, el Industrial también designado por la Xunta, José Manuel Lamela se centró en el análisis del tren, en el que dijo que no hubo ningún fallo, y obvió las cuestiones sobre la línea y la seguridad por no ser de su área de estudios. Sin embargo, en su informe cuestionó “cómo es posible” que la única “protección” que había en la curva ante un exceso de velocidad fuera el maquinista, que no pudo evitar su propio despiste. Un hecho que Adif viene defendiendo como válido según la normativa entonces existente frente a la visión contrapuesta de la Agencia Ferroviaria Europea, que coincide a su vez con el perito independiente de Telecomunicaciones. Ahora deberá ser la jueza la que decida a quién da más credibilidad.
Puedes leer el artículo original de Praza.gal en gallego en este enlace.
