Con el mayor de los secretismos e intentando no ofrecer detalles, la Comisión Europea recibió este martes en Bruselas a una delegación de talibanes afganos, la primera que pisa la capital comunitaria, para tratar posibles acuerdos migratorios con los que aumentar las deportaciones a Afganistán de nacionales de ese país que se encuentren en algún Estado miembro de la Unión Europea. Lo hizo bajo la premisa de "una reunión técnica" en la que participaron también representantes de 15 países, pero no de España.

El encuentro estuvo pilotado por "los servicios de la Comisión y Suecia", según Bruselas. La antigua embajadora afgana en Noruega y jurista Shukria Barakzay denunció la invitación en términos muy duros: "No es diplomacia. Lo que está haciendo la Unión Europea es normalizar un apartheid de género". Las palabras de la actual presidenta de la Women’s Coalition for Justice resonaron en el Parlamento Europeo el mismo día en que la delegación talibán pisaba la capital comunitaria y reflejan la polémica desatada por la reunión.

La Unión Europea todavía no ha reconocido al régimen de los talibanes como gobierno legítimo de Afganistán. De ahí la encrucijada del equipo de Von der Leyen, que argumenta su negativa a hablar abiertamente de los participantes y de los detalles de la reunión "por motivos de seguridad", aunque admite que "los contactos con representantes del gobierno de facto de Afganistán han tenido lugar desde hace un tiempo. La primera reunión fue en Afganistán en enero y desde entonces la Comisión se ha estado preparando para esta reunión técnica en Bruselas", explica el portavoz Markus Lammert.

La visita de la delegación afgana se esperaba desde hacía semanas, pero se retrasó por problemas con los visados. Finalmente, estuvo liderada por el jefe de comunicación de su ministro de Exteriores. Estuvo liderada por el jefe de comunicación del Ministerio de Exteriores talibán y formada por cinco representantes, a los que solo se permitió permanecer un día en Bélgica, sin posibilidad de desplazarse a otros países comunitarios aprovechando el espacio Schengen. Desde el Ministerio de Exteriores belga aseguran que el visado especial se concedió "después de los análisis de seguridad llevados a cabo por el Servicio de Seguridad del Estado y la inteligencia militar".

La Comisión no dudó en recoger el guante lanzado en octubre de 2025, cuando 20 países de la UE pidieron en una carta "a la Comisión que coordine contactos técnicos sobre retornos". "El objetivo de estos 20 países es devolver a personas que han cometido graves crímenes o que supongan amenazas a la seguridad", explicaron funcionarios comunitarios en su misiva. La ministra de Exteriores belga estuvo detrás de la iniciativa junto a su colega sueco, y congregaron a socios de norte a sur y de este a oeste del continente, de Alemania a Italia y Malta, hasta Polonia, República Checa o Irlanda.

La presidenta del Comité de Derechos de las Mujeres del Parlamento Europeo, Lina Gálvez, cree que este paso de una mayoría de Estados miembros "es una irresponsabilidad total y absoluta, plegarse a unos tiempos que nos retrotraen a décadas atrás en lo que habíamos avanzado en derechos humanos y en un marco internacional en su defensa". La eurodiputada socialista advierte de que, como se está viendo con el reciente Reglamento de Retornos o los debates dentro del Consejo, "el mensaje internacional que se envía es de hipocresía: una vez más se toma una deriva muy transaccional de lo que son las relaciones exteriores de la UE, donde se pone por delante el control migratorio frente a los valores fundamentales de la Unión".

Bruselas dio este martes continuidad a un "enfoque coordinado y amplio" centrado solo en cuestiones migratorias para "llevar a cabo los retornos de personas" sin "ofrecerles nada a los talibanes a cambio de aceptar", pero en ningún caso para hablar de derechos humanos y, especialmente, de la situación de las mujeres, como le pide una reciente resolución del Parlamento Europeo. El texto denuncia "la persecución sistemática de mujeres y niñas en Afganistán" ante un régimen que "institucionaliza violaciones masivas de los derechos fundamentales, incluyendo el apartheid de género, la esclavitud y los castigos corporales".

Al mismo tiempo que se celebraba esta reunión, en la Eurocámara se denunciaba esta omisión en los intercambios con los talibanes. En conversación con infoLibre, Lina Gálvez reprocha los términos de la Comisión. "Lo técnico también es político, no hay reunión técnica en estos temas. Reunirse con una delegación talibán es una decisión política en sí misma y encierra una incoherencia muy grande: la UE afirma que los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la democracia son valores fundamentales de su acción exterior, pero al mismo tiempo se sienta con los talibanes. Una cosa no es compatible con la otra".

La reunión de comienzos de año ya estuvo capitaneada por el subdirector del Departamento de Asuntos Interiores de la Comisión, y no por miembros del Servicio Exterior, el cuerpo diplomático de la UE. Ahora, "se ha dado seguimiento a esas conversaciones técnicas, en particular a lo relativo a la identificación de las personas objeto de retorno y la expedición de documentos de viaje", obviando las cuestiones de derechos humanos. Y eso que, como denuncia la jurista afgana Shukria Barakzay, "las leyes de los talibanes no decrecen, hay uno de los mayores ataques sistemáticos a los derechos de las mujeres en la historia moderna", mientras pide a "la comunidad internacional decidir si apoyará a las víctimas o está con aquellos que las oprimen".

Irene Montero, también eurodiputada en el Comité de Derechos de las Mujeres, coincide en preguntarse "si ahora los derechos de las mujeres en Afganistán ya no importan" y en poner a la UE y a las fuerzas políticas dirigentes ante el espejo. "Es importante asumir nuestra responsabilidad, la mayoría de los grupos parlamentarios dan soporte a la Comisión Europea que se está reuniendo con los talibanes", dice la dirigente de Podemos. "Esto es una hipocresía criminal y, peor, complicidad".

Los talibanes aprovecharon la visita a Bruselas para dejar una primera reclamación tras este pequeño avance en su reconocimiento internacional: quieren empezar por acceder de nuevo a las delegaciones afganas repartidas en los Estados miembros, todavía gestionadas por diplomáticos y funcionarios nombrados antes de su vuelta al poder en 2021, para retomar la prestación de servicios consulares a los afganos presentes en los Veintisiete. Esta decisión corresponde a cada país europeo y hay 20 países dispuestos desde hace año y medio a sentarse a negociar con ellos.

No habrá sanciones a los productos procedentes de los asentamientos israelís ilegales ni tampoco un nuevo régimen de herramientas de coerción comercial contra China. Los 27 se dividen en bandos sobre la política migratoria y a Antonio Costa, presidente del Consejo, le llueven críticas de varios líderes por abrir canales de comunicación con el Kremlin.

La última Cumbre Europea antes del parón de vacaciones estivales evidenció los intereses contrapuestos, las distintas percepciones políticas y las varias velocidades existentes entre los Estados miembros de la Unión. Una Cumbre destinada a discutir los retos económicos, geopolíticos y el futuro presupuesto de la UE donde saltaron chispas dentro de la sala y fuera de ella.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, echaron un jarro de agua fría al contacto diplomático del gabinete de Costa con representantes de Vladimir Putin para abrir una vía de diálogo para cuando termine la guerra en Ucrania. Criticaron el movimiento porque el político portugués no puede actuar entre Kiev y Moscú como un mediador pese a su cargo y privilegiaron las recientes conversaciones de sus Gobiernos junto al del Reino Unido con el Kremlin. Polonia e Italia criticaron ser excluidas mientras otros líderes, como el irlandés o el belga, sí validaban el movimiento de Costa.

Para España, según las fuentes consultadas, se trata de “una toma de contacto inicial que no plantea ningún problema” y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cercano a Costa, también se posicionó a favor asegurando tras la Cumbre que “es abrir un canal diplomático, simplemente, no negociaciones, un matiz importante” al tiempo que calificaba como “necesario” lo hecho por el equipo del presidente del Consejo. Mientras, otros, como el primer ministro estonio, Kristen Michael, se enfadaban. El líder de Estonia llegó a afirmar que “sugerir que canales alternativos o la diplomacia por la puerta de atrás son necesarios es equivocado”. La división europea quedó expuesta públicamente para ser escrutada por el Kremlin, Washington o Pekín.

Dos puntos clave centraban la agenda del jueves y el viernes: la situación en Oriente Medio y el reto de la competencia de China. Hubo una discusión sobre “los esfuerzos puestos en marcha para fortalecer la competitividad y la autonomía estratégica de la UE” dentro de un “debate estratégico sobre la cuestión de los desequilibrios macroeconómicos”.

Cada vez son más los países que piden un endurecimiento de la posición de Bruselas ante los desequilibrios que genera la relación comercial con China. Entre las medidas que se discuten figura la posibilidad de imponer tarifas a determinados productos importados desde ese país para corregir un déficit comercial que alcanzó los 360.000 millones de euros el año pasado y que rozó los 100.000 millones solo en el primer trimestre de este ejercicio. Un problema que ya afecta a todos los Estados miembros, incluida Alemania. “Con todos nuestros grandes socios el diálogo debe ofrecer resultados y cuando no los producen debemos mirar a nuestros instrumentos, ahí es donde está ahora la discusión”, reconoce una fuente europea. 

El debate no está maduro, no hay unanimidad entre los 27 sobre cómo atajar los desequilibrios que produce China en la economía europea, por mucho que Francia presione en favor de una guerra comercial y arrastre a parte de los socios en un bando ya calificado como “beligerante”. Aunque el propio presidente Antonio Costa habló al finalizar la Cumbre de la necesidad de “desarrollar y eventualmente complementar los instrumentos en el área de la defensa comercial y de la política industrial” y “reducir los riesgos de sus relaciones económicas”, la realidad es que no se pactó un llamamiento a la Comisión para que trabaje en futuras medidas que condujesen a sanciones o tarifas.

España es uno de los países que más apuesta por el diálogo con China y no la confrontación. Lo explica una fuente diplomática, que no ve urgente o prioritario avanzar en nuevos instrumentos de coerción ante China. Y lo dijo en público el presidente Pedro Sánchez con un elocuente “necesitamos amigos, necesitamos relaciones equilibradas, necesitamos ser pragmáticos y tender puentes”. España es uno de los países que frenó la confrontación gala dentro de la reunión.

Un freno semejante al que impone un grupo de unos siete socios liderados por Alemania, donde también están Austria o Hungría, pese al cambio de Gobierno, para endurecer la posición de la UE contra Israel. De la Cumbre no salieron nuevas sanciones a los ministros que están incitando a la violencia contra la población palestina o a la ocupación del sur del Líbano. Tampoco la prohibición de que a territorio comunitario lleguen los productos procedentes de los asentamientos ilegales, o una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel.

Durante la Cumbre saltó la polémica sobre un supuesto enfrentamiento entre la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente Sánchez, a cuenta de la política migratoria. La italiana reprochó al español la reciente regularización decretada por el Gobierno asegurando que “afecta a los vecinos”. La caracterización aparecida en cierta prensa bruselense y posteriormente en la italiana fue desmentida por fuentes diplomáticas españolas.

Una fuente diplomática ajena a ambos países y conocedora del debate interno dentro de la sala del Consejo, desmiente para infoLibre que hubiese una fuerte discusión, pero sí reconoce un debate sobre líderes que son verdaderos políticos. Desde Moncloa también hablan de un debate con diferentes posiciones pero sin llegar al enfrentamiento personal.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, socialdemócrata, celebró la reciente aprobación de las normas de deportaciones en la Eurocámara y demandó –confirma la fuente diplomática– la celebración entre los líderes de los 27 de un debate estratégico sobre la política migratoria de la UE. Ahí fue donde Pedro Sánchez tomó la palabra para rechazar de nuevo los centros de expulsión y poner en valor la reducción de las llegadas irregulares gracias a acuerdos de colaboración con los países de origen o tránsito, rechazando la importancia de una reunión centrada en cuestiones migratorias. Meloni argumentó que sí es necesaria ante las implicaciones que para el resto de socios pueden tener decisiones como la reciente regularización española.

En la discusión, según pudo saber este medio, también participaron líderes como el canciller alemán o el nuevo primer ministro húngaro. Sin embargo, Friedrich Merz, a diferencia de Peter Magyar, no está entre los 19 dirigentes que durante la Cumbre firmaron una carta dirigida a las presidencias de la Comisión y del Consejo exigiendo “mostrar resultados concretos que ofrezcan una diferencia real para nuestros ciudadanos y avanzar con soluciones basadas en terceros países lo antes posible”. España, Francia, Portugal, Irlanda o Luxemburgo se desmarcan de este endurecimiento migratorio del que se vanaglorian Dinamarca e Italia por haber “redefinido la conversación europea sobre migración”.

La importancia de esta cuestión es creciente en el debate europeo. No sólo quedó reflejada esta pasada semana con la aprobación definitiva del Reglamento de Retornos en el Parlamento Europeo. De la Cumbre sale una petición formal para que los 27 “mantengan una discusión estratégica sobre migración en su reunión de octubre”, demanda que no estaba inicialmente en los borradores de conclusiones como pudo comprobar infoLibre. La UE partidaria del endurecimiento migratorio es cada vez más visible.

El Parlamento Europeo ha dado luz verde definitiva al nuevo reglamento que acelerará las expulsiones de migrantes en situación irregular en territorio comunitario y permitirá financiar con dinero de la Unión Europea centros de deportación en terceros países. Familias con menores podrán ser recluidos en estos centros, aunque se encuentren en territorios por los que nunca hayan pasado ni sean su lugar de procedencia.

Dos años después de que el gobierno ultra de la italiana Giorgia Meloni pactase estas polémicas medidas con Albania; un año después de que la Comisión Europea las avalase calificándolas como soluciones “innovadoras” e incluidas en una propuesta legislativa formal; y tras un debate entre los Veintisiete en el que España se mostró como la excepción en contra de las deportaciones, el nuevo modelo es ya son una realidad. Se trata de un sistema de expulsiones migratorias que recuerda al tristemente conocido ICE estadounidense.

Con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, la Eurocámara han sacado adelante nuevas normas que se incorporan al Pacto Migratorio de la UE para acelerar las devoluciones de migrantes. La amplia mayoría de legisladores favorables estuvo formada por el Partido Popular europeo y los tres grupos parlamentarios de la extrema derecha, pero no solo. Nueve eurodiputados socialdemócratas, 37 liberales y hasta dos representantes de Los Verdes se unieron al bloque ultra, generando este último movimiento la repulsa dentro de las filas ecologistas.

Entre gritos de “Send them back” —"devolvedlos"—  vociferados por la extrema derecha, y con el eurodiputado socialista Javi López contando los votos como vicepresidente de la Cámara en un verdadero mal trago, la Unión Europea aprobó el mayor endurecimiento migratorio en décadas. El nuevo reglamento de retornos creará centros de deportación mediante acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y terceros países, financiados con fondos del presupuesto de la UE, a los que expulsar a migrantes después de una decisión dictada por las autoridades nacionales competentes, aunque esa persona no se encuentre en su Estado. Esa decisión conllevará la obligación de abandonar el territorio comunitario.

La expulsión se realizará después de la detención de los migrantes, incluso en sus centros de trabajo, para proceder a una reclusión que podrá alargarse hasta 24 meses, prorrogables otros seis si las autoridades administrativas o judiciales consideran que existe un riesgo de fuga o para la seguridad. La expulsión a terceros países conllevará la prohibición de entrar en territorio comunitario, incluso de por vida. La eurodiputada de Sumar Estrella Galán denuncia “la normalización de acuerdos con gobiernos que no respetan los derechos humanos” y sostiene que la UE “ha externalizado sus responsabilidades y fronteras” al facilitar lo que considera que serán “Guantánamos europeos donde la gente podrá ser deportada fuera de cualquier supervisión judicial”.

En el PP europeo justifican el reglamento porque califican de “realidad insostenible” la situación migratoria del continente y ponen como ejemplo que “actualmente sólo uno de cada cinco inmigrantes en situación irregular sobre los que pesa una orden de retorno abandona efectivamente el territorio de la Unión”. El eurodiputado del PP español y presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, cree que "Europa está enviando un mensaje claro: la inmigración debe ser legal, ordenada y compatible con la capacidad de acogida de nuestras sociedades” y que “sin retornos eficaces no existe una política migratoria creíble y sin control de la inmigración irregular no puede haber confianza de los ciudadanos en las instituciones".

La disidencia en el centro izquierda fue escasa pero destacada. Uno de los dos eurodiputados verdes que respaldaron las deportaciones es el antiguo comisario europeo de Medio Ambiente y Océanos, Virginijus Sinkevicius, criticado entonces por los populares y conservadores por estar supuestamente del lado de las organizaciones ecologistas y en contra del sector pesquero. Más esperados fueron los nueve votos a favor de socialdemócratas daneses, malteses o de Chipre, en línea con los duros planteamientos de sus gobiernos y con las posiciones que ya habían defendido durante los debates parlamentarios.

Fuentes del Gobierno español consultadas por infoLibre sobre si ahora esperan un mayor endurecimiento migratorio desde Bruselas, ante el estado actual del debate europeo, prefieren no especular ni criticar las posturas de gobiernos de su propia familia política. Sí confirman desde Moncloa a este medio que España mantiene su negativa a los centros de deportaciones y a la aceleración de las expulsiones de migrantes en situación irregular, como ya hizo durante los debates entre los ministros de Interior y Justicia de los Veintisiete. No son soluciones por las que apueste el Gobierno ante un reto migratorio de toda la Unión que califican como oportunidad, por su potencial de crecimiento demográfico, contribuciones al mercado laboral y al Estado de bienestar y sus aportaciones tributarias.

El debate migratorio ha mostrado la profunda división existente en el seno del grupo de los liberales, que orbita en torno a los representantes del partido de Emmanuel Macron. Mientras Valerie Hayer, jefa de filas y persona de máxima confianza del presidente francés, se abstenía junto con otros 20 legisladores, además de guardar un escrupuloso silencio sobre la aprobación del reglamento, la mayoría de los diputados de su grupo votaba a favor. En total, 37 liberales secundaron el reglamento impulsado por la mayoría de derechas.

En contra, dentro del grupo parlamentario de Renew, votaron sólo 21 representantes de diferentes nacionalidades, entre ellos la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia, liderados por uno de los pesos pesados de la bancada, Sandro Gozi. El italiano se ha mostrado muy crítico tras la aprobación el reglamento de devoluciones. 

“La verdadera cara de la extrema derecha europea: el odio interiorizado, celebrado en el hemiciclo después de la aprobación. El texto abre la puerta a la expulsión de migrantes a centros fuera de la Unión. Mujeres, hombres, niños... Una falsa solución que no ha funcionado en Albania, ni en Ruanda y que tampoco funcionará este vez aquí”, ha denunciado Gozi. También reprochó a "la derecha/PP, antaño demócrata y cristiana", su responsabilidad en un "texto propaganda" por el cual la UE "subcontrata sus deberes y traiciona sus propios valores".

Entre los 37 liberales que respaldaron unas normas migratorias más estrictas hubo eurodiputados de distintas procedencias. Además de una importante bancada francesa, también votaron a favor portugueses, daneses, alemanes, lituanos y rumanos. El grupo parlamentario que hace solo una legislatura hacía gala de su lucha contra la extrema derecha gracias a la victoria de su referente, Emmanuel Macron, frente a Marine Le Pen, ha terminado apoyando las posiciones migratorias de sus rivales.

Será el mayor presupuesto en la historia de la Unión Europea, un gigantesco pastel cercano a los dos billones de euros a distribuir entre los 27 Estados Miembros de 2028 a 2034. Con un cambio sustancial en su estructura por primera vez en décadas, desde la Política Agraria Común de los 60 o la Política de Cohesión y sus fondos estructurales a finales de los 80, los dos ejes sobre los que hasta ahora ha pivotado el Marco Financiero Plurianual (MFF).

Los nuevos tiempos geopolíticos, con guerras en las fronteras orientales o la renovada carrera espacial, el cambio de peso de los sectores económicos del continente, el mundo digital y la irrupción de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, la transición ecológica... son factores que demandan una UE más autónoma, reindustrializada y capaz de relanzar sustancialmente sus inversiones internas. Ahora empieza la negociación de verdad sobre cuánto y en qué. La Comisión Von der Leyen habla de unas cuentas para “las realidades de hoy y también para los desafíos de mañana”.

El próximo presupuesto comunitario va a disparar sus recursos. Se parte de la base presentada hace un año por la Comisión Europea de 1,76 billones de euros. Chipre, como presidencia rotatoria del Consejo, acaba de realizar una primera contraoferta que espera de consenso entre los 27 para luego negociar con el Parlamento. 1,73 billones de euros, un 2% menos respecto a las cuentas de la Comisión, tocando principalmente las partidas de competitividad o para la acción exterior, 28.000 millones de euros cada una. La negociación va a ser guerra política.

“Hemos escuchado atentamente a todos los Estados Miembros de la UE, reflexionado mucho sobre sus prioridades, sensibilidades y líneas rojas para actuar como un negociador honesto”, explicaba este jueves la viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, Marilena Raouna, reconociendo la dificultad de poner de acuerdo ahora a los 27. “Desde el principio, y esto es un hecho, ha habido posturas muy fuertes desde todos los lados y, con mucha frecuencia, opuestas”.

Los países tradicionalmente austeros, contribuyentes netos del presupuesto comunitario, ya están objetando las cifras. Para el ministro de Finanzas neerlandés, Eelco Heinen, acercarse a los dos billones de euros “no se puede permitir, es desequilibrado y equivocado. El volumen conjunto sigue siendo demasiado alto”, reaccionó el político, quien ni siquiera se ve satisfecho por la reducción chipriota, “un marco a donde no ir”.

Países Bajos, Alemania, Austria, Suecia o Finlandia exigen hasta un recorte del 20% en el importe del MFF sin tocar las partidas destinadas a defensa, seguridad, I+D o control migratorio, reduciendo las transferencias para el sector agrícola, ganadero y pesquero y a regiones, los fondos de cohesión y estructurales, y eso que en la propuesta de la Comisión estos pagos bajan del 60% actual a cerca del 45%.

La Defensa será sí o sí la gran ganadora en las negociaciones presupuestarias, pese a los cambios de mero maquillaje que consiga introducir el Parlamento Europeo durante los próximos meses, tras el año de tanteo durante el que los países han marcado sus posiciones, como España, Francia e Italia junto a Grecia y Portugal en el conocido como Grupo de los Amigos de la Cohesión o las críticas procedentes de Alemania, Países Bajos y Austria en favor de unas cuentas más austeras.

La Comisión informa oficialmente que habrá como mínimo 130.000 millones de euros en partidas directamente militares, para seguridad o espacio, cinco veces más que en el actual, sin embargo realmente la cifra es mucho mayor porque el Fondo Europeo de Defensa, que pasará de tener sólo 8.000 millones de euros a 130.000 millones.

Bruselas intenta disimular este importante aumento de los fondos militares dentro de la segunda gran partida: el Fondo de Competitividad Europea, que incluirá las inversiones para ciencia, investigación e innovación. Este segundo pilar incorpora el Fondo Europeo de Defensa. “Sabemos que la seguridad es una gran preocupación para nuestros ciudadanos y gobiernos. La inversión fortalecerá nuestra base industrial y capacidades”, ha justificado la presidenta Von der Leyen.

Desde el grupo parlamentario de La Izquierda denuncian que la Comisión apuesta deliberadamente por canalizar fondos desde las partidas sociales y medioambientales hacia la militarización. El eurodiputado Joao Oliveira, del PCP portugués, habla de que mismo dentro del Parlamento Europeo “no se está cambiando fundamentalmente la dirección negativa ya establecida por la Comisión” en la que “cohesión, agricultura o pesca son marginadas mientras se financia la militarización y la llamada competitividad”.

En paralelo, la Comisión quiere potenciar los recursos de la política migratoria moviendo esos fondos cogestionados por autoridades locales, regionales y la sociedad civil hacia los nuevos Programas Nacionales y Regionales de cada país. La migración, el asilo, la gestión fronteriza y la seguridad interna estarán controlados por los gobiernos centrales en un diálogo bilateral con Bruselas. Las propuestas del MFF actuales, tanto de la Comisión como de Chipre, contemplan unos 38.000 millones para lo que se denuncia como “Europa fortaleza”.

La gestión migratoria exterior que pivotaba sobe los fondos de la la cooperación pasarán al también nuevo Instrumento Global Europeo, más flexible a la hora de adaptar las inversiones hacia las prioridades políticas que señale la Comisión, sin objetivos fijos de gasto para ayuda humanitaria, gestión de crisis, desarrollo internacional o preservación de los derechos humanos.  

El actual Marco Financiero Plurianual cuenta con un total de 52 programas de inversión de los que salen los fondos distribuidos a cada país, para la construcción de carreteras o líneas férreas, los programas de inversión científica, los subsidios agrícolas, el empleo juvenil o el intercambio universitario Erasmus. La Comisión Von der Leyen propone simplificarlos en sólo dieciséis, organizados en cuatro grandes pilares, como explicó en su momento el comisario europeo de Presupuestos, Piotr Serafin.

La mitad de los cerca de 1,7 billones de euros que plantea Bruselas entre 2028 y 2034, concretamente el 48%, serían para los Planes Nacionales y Regionales, el primer gran pilar. Ahí entrarían 300.000 millones de agricultura y 218.000 millones para cohesión, cifras inferiores a las actuales. La tercera partida sería el programa Erasmus, que se dispara hasta los 40.000 millones, aunque represente sólo un 3% del total, y el cuarto pilar iría destinado Cooperación al Desarrollo y Política Exterior, el 11%.

Recientemente un grupo de dieciséis países suscribieron un documento exigiendo a Bruselas un aumento de la inversión para los fondos regionales, agrícolas y pesqueros. España es uno de los firmantes, así como tradicionales socios de estas demandas como Italia, Grecia o Portugal a los que se sumaron la totalidad de los socios del este liderados por Polonia y Hungría. Demandas que chocan con la postura de los países frugales del norte y centro Europa.

Los líderes de los 27 se reunirán en unos días en Bruselas para la, posiblemente, última Cumbre antes del verano. “Deberíamos centrar nuestra discusión en los principales elementos —del Marco Financiero Plurianual— para facilitar un acuerdo a finales de año”, les acaba de escribir por carta el presidente del Consejo, Antonio Costa. “Y esto incluye progresar en nuevos recursos, que serán decisivos para cumplir nuestras ambiciones con los medios necesarios”, pide el portugués.

Nuevos recursos significa que la UE introduzca nuevas tasas, impuestos, gravámenes en áreas de su competencia o cogestionados junto a los Estados Miembros para financiar el presupuesto europeo. Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo están reclamando una tasa al juego online que recaude el 1% de los ingresos generados por estas empresas, con capacidad para financiar la totalidad de los siete años del programa Erasmus. Desde Los Verdes presionarán en favor de iniciativas con recorrido en el debate comunitario como la tasa a los servicios digitales o a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, una demanda de varios países a la que ahora la Comisión sí está abierta.

Las negociaciones acaban de abrirse oficialmente, tras un año de tanteo entre Bruselas, las capitales y el Parlamento Europeo. La batalla no sólo estará en el importe final de los próximos presupuestos de la UE o en las ligeras modificaciones en favor de la cohesión o las inversiones medioambientales. El gasto en defensa ya ha salido ganador, ahora falta por ver si se financiará a costa completamente del contribuyente o si la Unión se atreve a introducir nuevos impuestos.

La migración vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política de Bruselas. De la primera Comisión Von der Leyen, marcada por el Pacto Verde, las energías renovables y la descarbonización, se ha pasado a una segunda Comisión con las inversiones militares, el control fronterizo y el endurecimiento de las normas de asilo como protagonistas. A ello se suma la protección de los sectores industriales en nombre de una competitividad económica que ya no quiere verse limitada por las exigencias de la sostenibilidad.

A finales de mes, la Comisión Europea tiene previsto presentar un plan de acción sobre el Canal de la Mancha, un paso migratorio por el que, entre enero y finales de mayo, cruzaron cerca de 8.500 personas en pequeños botes desde la costa francesa hacia la británica. Esa cifra es un 37% inferior a la del mismo periodo de 2025, según los datos del Home Office, el Ministerio de Interior británico. En los últimos meses, además, se ha producido un cambio en el origen de algunas salidas, con embarcaciones que parten también desde Bélgica.

Sin embargo, esta cuestión menor en términos numéricos vuelve a la palestra política justo después del acuerdo casi cerrado sobre las nuevas reglas de la UE para deportar a centros de detención en terceros países a migrantes en situación irregular en territorio comunitario. El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado ya su pacto provisional sobre la base de la propuesta de la Comisión, que permitirá acelerar y hacer más efectivas las devoluciones de migrantes mediante la creación de esos hubs de retorno. El ministro de Migración de Chipre, Nicholas Ioannides, responsable de llevar las negociaciones, sostiene que “la migración es una prioridad principal” y que el acuerdo entre el Consejo y la Eurocámara “fortalece la credibilidad de la política migratoria de la UE”. 

Ioannides es un político independiente, pero pertenece a un Gobierno conservador y las visiones de esta corriente ideológica, del Partido Popular Europeo y de las formaciones de ultraderecha sobre la migración están ya plenamente implantadas en el debate comunitario. Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP español, celebró el principio de acuerdo al considerar que “Europa avanza para recuperar el control de su política migratoria” y que el nuevo marco será “más eficaz, más creíble y más justa”.

La Comisión Europea y el PP europeo que la sostiene —Von der Leyen pertenece a esa familia política, la mayoría de los comisarios europeos proceden de sus filas, dirige los gobiernos de 12 Estados miembros, ostenta la presidencia de la Eurocámara y es allí la formación mayoritaria— justifican el futuro reglamento con el argumento de que el sistema migratorio de los Veintisiete “perdía credibilidad ante los ciudadanos”, calificando las devoluciones como retornos efectivos.

En la Eurocámara, el PP se alió con los Consevadores y Reformistas, liderados por el partido de Giorgia Meloni y los ultracatólicos polacos; con los Patriotas de Le Pen, Orbán y Vox; y con el grupo de la Europa de las Naciones donde hay legisladores filonazis, saltándose la propuesta de compromiso del ponente liberal. Ese texto pactado provisionalmente incluye también la prohibición de que un migrante expulsado pueda volver a territorio comunitario como mínimo en diez años, frente a los cinco actuales, y la posibilidad de que esa exclusión sea de por vida. 

Parte de la clase política del continente se revuelve contra esas políticas. La eurodiputada Mélissa Camara, de los Verdes franceses, negociadora del dosier migratorio en el Parlamento, califica el texto pactado como “el resultado de un acuerdo vergonzoso entre los Estados Miembros y la mayoría del PP y la extrema derecha” y como “un retroceso histórico en los derechos fundamentales de la gente exiliada”. También advierte que “la legislación de los hubs de retorno fuera de la Unión Europea, la luz verde para la detención de menores o las visitas a hogares inspiradas en prácticas del ICE” son “un arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba”. Es una posición compartida por el grupo de La Izquierda y por parte de los socialdemócratas. 

Dentro del Consejo, hace seis meses España fue el único país que se opuso a de las propuestas de la Comisión Europea para acelerar las deportaciones, crear centros de detención fuera de la UE mediante acuerdos bilaterales entre países comunitarios y terceros Estados, y permitir que las expulsiones afectasen también a menores. La socialdemócrata Dinamarca, paradójicamente, fue una de las garantes de esta nueva legislación, mano a mano con la Italia de Meloni, como informó infoLibre.

El último eurobarómetro, realizado entre 26.000 ciudadanos de los 27 Estados miembros, muestra que los conflictos internacionales, como la guerra en Oriente Medio y la invasión rusa en Ucrania, están entre las principales preocupaciones de la ciudadanía europea. Junto a ellos aparecen problemas asociados como la inflación, la seguridad energética y la defensa.

Pese al impulso normativo de las instituciones hacia políticas migratorias más estrictas, la migración aparece solo como la séptima cuestión más relevante y con un peso menor que el año pasado. Según los datos del eurobarómetro, por debajo se sitúan el medio ambiente y los riesgos asociados al cambio climático. Recientemente, con motivo de la Green Week organizada en Bruselas por la Comisión Europea con empresas biotecnológicas y agroalimentarias, ONG y representantes de la sociedad civil, se publicó una nueva encuesta entre la ciudadanía europea en la que la gran mayoría de los encuestados “reconoce la importancia de frenar la pérdida de la biodiversidad como una una cuestión de responsabilidad, bienestar, apoyo al desarrollo económico a largo plazo y para atajar el cambio climático”. 

Frente a lo desarrollado durante su primera Comisión, el actual Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen ha emprendido una ola desregularizadora con los llamados paquetes Omnibus, orientados a relajar las normas medioambientales en favor de la competitividad económica, especialmente la industrial. Así, Bruselas ha suavizado la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad, eximiendo a miles de empresas de informar sobre su huella medioambiental; ha flexibilizado la prohibición de vender vehículos con motores de combustión a partir de 2035; y ha rebajado también las exigencias de la UE contra la deforestación global.

Durante la Green Week de esta semana, la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessica Roswall, se pronunció a favor de la restauración de los ecosistemas, con ejemplos de lo realizado en humedales de Países Bajos, Alemania, Lituania o Finlandia, y defendió la necesidad de que “las empresas, las instituciones financieras y los entes públicos puedan invertir en estas acciones”. Roswall, una conservadora liberal sueca, destacó que “primero, nuestros negocios y economías necesitan el mundo natural”; “segundo, no existe tal economía competitiva en un planeta moribundo”; y “tercero, invertir en los ecosistemas está entre las decisiones económicas más inteligentes que podemos realizar”.  

En su discurso no hubo ni una sola mención a las emisiones de CO2 causantes del cambio climático, ni al retraso o incumplimiento de los objetivos para reducirlas. Tampoco defendió cambios estructurales en los modelos productivos para frenar el deterioro de esos mismos ecosistemas que pidió restaurar.

Bruselas empieza a cumplir con las promesas que jugaron a favor de un cambio de Gobierno en Hungría. Este viernes, el nuevo primer ministro, Péter Magyar, fue recibido en la Comisión Europea por la presidenta Ursula von der Leyen y regresó a su país con 16.400 millones de euros en el bolsillo.

El abultado cheque está compuesto principalmente por los 10.400 millones correspondientes a fondos Next Generation, los de recuperación de la pandemia, y el resto es dinero de las partidas de cohesión y educación. Más de lo que inicialmente se esperaba luego de varias semanas de negociaciones entre Bruselas y Budapest, aunque Magyar deberá corresponder con importantes reformas que desmonten la arquitectura legal de la era Orbán.

“Nuestros equipos han trabajado duro día y noche juntos para encontrar puntos en común”, explicó Von der Leyen tras la reunión con Magyar, especialmente para financiar “proyectos muy concretos que apoyarán sectores clave como la energía, la vivienda, el transporte o las pequeñas empresas”.

El encuentro en la sede central de la Comisión Europea no fue el único de alto nivel mantenido por el nuevo dirigente ministro húngaro en Bruselas. Antes de verse con la política alemana visitó la sede de la OTAN y también la residencia del primer ministro belga. El viaje abre una nueva etapa en las relaciones de Hungría con la UE, la Alianza Atlántica y un importante socio europeo como Bélgica, pero también deja claroscuros.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó, tras verse con Magyar, la contribución de este país a la defensa colectiva y la disuasión en el este del continente, especialmente por liderar una de las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la Alianza, albergar un cuartel general de una división en la ciudad húngara de Székesfehérvár y apoyar la seguridad en los Balcanes Occidentales a través de la fuerza de pacificación en Kosovo.

Sin embargo, más allá de las buenas palabras, el primer ministro húngaro mantuvo uno de los vetos polémicos de su antecesor, Viktor Orbán. Y dejó claro “al secretario general que Hungría no va a enviar ni armas ni equipamiento de combate a la guerra de Rusia-Ucrania”.

La negativa a ayudar militarmente a Kiev no gusta en Bruselas. Ni a los socios europeos, que llevan movilizados ya unos 75.000 millones de euros en equipamiento de defensa y han concedido un préstamo de 90.000 millones para que Ucrania pueda financiar su gasto militar, por ejemplo comprando armas a Suecia, ni a la OTAN, que acaba de pedir a sus miembros asignar un 0,25% de su PIB en asistencia militar para el país invadido.

Otro punto conflictivo del viaje que quedó pendiente de resolución tiene también como protagonista la relación entre Hungría y Ucrania. El primer ministro húngaro mantiene su negativa a abrir negociaciones para la incorporación de Kiev como Estado miembro de la UE hasta que “se alcance un acuerdo sobre los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia”, una región ucrania fronteriza. La reclamación exige reconocer y oficializar, por ejemplo, los derechos lingüísticos de ese colectivo. El conflicto podría desbloquearse cuando se produzca un encuentro entre Magyar y el presidente Volodymyr Zelensky, todavía sin fecha, pero mientras tanto Budapest seguirá bloqueando la futura adhesión.

Se trataba de una cuestión capital para Bruselas que durante las últimas semanas ha sido negociada entre los equipos de la Comisión y del nuevo gobierno húngaro. Para la UE, acercar más a Ucrania a su espacio es clave en la guerra de supervivencia que libra contra Rusia, una forma de garantizar su papel en futuras negociaciones de paz de las que la Administración Trump trata de apartarla. Y, por ahora, Hungría sigue sin poner las cosas sencillas. O de evitar que el país vuelva a la esfera de influencia rusa.

En dos semanas, la Comisión Europea propondrá formalmente abrir negociaciones de los primeros capítulos sobre la adhesión de Ucrania a la UE. Será el 16 de junio, dos días antes de una Cumbre en Bruselas entre los 27. Tiempo para que Kiev y Budapest acerquen posturas y el estreno de Magyar ante sus homólogos europeos no se vea ensombrecido. Por el momento, el político que derrotó a Viktor Orbán mantiene uno de los bloqueos más controvertidos de su antecesor. Y que le supusieron enfrentamientos con el resto de líderes comunitarios. En todo caso, el actual primer ministro insiste en que su postura sobre Ucrania es independiente del desbloqueo de fondos europeos a su país.

Los 16.400 millones de euros en fondos de recuperación, de cohesión y educativos desbloqueados por la Comisión Europea representan un botín alto que Magyar no esperaba, pero, como él mismo explicó tras la reunión, han “sido unos socios negociadores duros”. “La presidenta lo puede atestiguar, hemos luchado por cada último céntimo”. Von der Leyen se limitó a reconocer que “es una cifra importante, pero los húngaros lo merecen”.

La partida con la que el primer ministro regresó a Budapest es jugosa, aunque las arcas comunitarias no vayan a desembolsar el dinero hasta que las reformas prometidas no empiecen a aplicarse. Así lo explican en privado fuentes comunitarias y así lo confirmó en público la propia Von der Leyen al asegurar que “en el momento en que la reforma del Estado de derecho sea aprobada en el Parlamento, el dinero vinculado con ese hito podrá ser distribuido”.

El tiempo apremia para Budapest porque de estos cambios legislativos depende el monto principal del dinero prometido, 10.400 millones de los fondos Next Generation que deben entregarse antes de finales de agosto o se perderán, como estipula la regulación de ese programa nacido durante la pandemia. De ellos, 6.500 millones corresponden a transferencias que no deben devolverse y que aliviarán la débil situación presupuestaria de Hungría, con un déficit oficial del 4,7% del PIB en 2025 y que este año superará el 5%.

Los fondos de cohesión o para educación también tienen deberes aparejados. Budapest debe en las próximas semanas empezar a desmontar la legislación anti LGBTIQ+ de la era Orbán que, por ejemplo, impide distribuir en librerías cercanas a centros educativos libros o material audiovisual con contenido de ese estilo. El nuevo Gobierno de Péter Magyar cuenta con la mayoría parlamentaria para ello. Ahora debe demostrar a Bruselas la seriedad de sus promesas.

Italia es el último Estado miembro de la UE en incorporarse al nuevo impulso de la energía nuclear. Se suma así a un grupo creciente de países que, en los últimos tiempos, han roto con la tendencia favorable al cierre de estas plantas surgida tras la catástrofe japonesa de Fukushima. Polonia construye sus primeras instalaciones nucleares, mientras Francia, Suecia, Bulgaria o Chequia impulsan planes para ampliar su parque con nuevos reactores y Bélgica ha dado marcha atrás en su calendario de desmantelamiento.

Una nueva era de la energía nuclear emerge en la Unión Europea. Para este verano, el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, prevé introducir el marco legal que permitirá el regreso de la nuclear a Italia, desaparecida del país desde que un referéndum celebrado en 1987, tras la catástrofe de Chernobyl. aprobó el cierre de sus reactores. La coalición ultra liderada por Meloni se centrará en los llamados SMR, pequeños reactores nucleares modulares, la tecnología que ahora mira con interés Bruselas.

La Comisión Europea presentó hace unos meses la Estrategia Inversora en Energía Limpia en la que, además de movilizar millones hacia las renovables e incentivar la autogeneración de los propios consumidores, se decantó claramente por el desarrollo de pequeños reactores nucleares modulares a principios de 2030 en los países de la UE. Bruselas prometió 200 millones de euros en los próximos tres años para apoyar estas tecnologías.

Son reactores construidos en fábricas y transportados hasta su punto de instalación, que pueden producir de 10 a 300MW de electricidad, empleando diferentes refrigerantes como la sal fundida, metales líquidos o gas a altas temperaturas. Con un coste inferior al de los reactores tradicionales, sobre los 1.000 y 4.000 millones de euros frente a los 9.000 o 15.000 millones, la Comisión los considera un “componente clave” para los países que quieran mantener la nuclear dentro de su mix energético, especialmente en distritos urbanos o grandes industrias, como la química, la siderúrgica o la refinera.

Una intervención de Ursula von der Leyen hace dos meses en París, durante la Cumbre de la Energía Nuclear, resume la posición actual de la Comisión. La presidenta del Ejecutivo comunitario argumentó que "Europa no es un productor de petróleo o gas" y que, en materia de combustibles fósiles, depende por completo de "importaciones volátiles y caras", lo que sitúa al continente en una desventaja estructural frente a otras regiones. "Tenemos fuentes energéticas propias de bajas emisiones de CO2: la nuclear y las renovables", prosiguió la política alemana ante el presidente francés, Emmanuel Macron, equiparando ambas energías como garantes conjuntos de la independencia y la competitividad europeas.

Mientras que en los años 90 un tercio de la electricidad producida en el continente procedía de la nuclear, en la actualidad representa alrededor del 15%. Para Von der Leyen, esa evolución fue "un error estratégico" que alejó a Europa de fuentes bajas en emisiones, asequibles y seguras. Actualmente, 12 Estados miembros, entre ellos España, operan plantas nucleares, con cerca de un centenar de reactores en funcionamiento en el conjunto de la UE. La situación, sin embargo, difiere mucho según los países.

A ese grupo se sumarán Polonia y, si la oposición o la sociedad civil no frenan los planes de Meloni, también Italia. Incluso Alemania, que completó el cierre de sus centrales, ha reabierto el debate político: su canciller, Friedrich Merz, considera, como Von der Leyen, que abandonar la nuclear fue "un grave error estratégico". En Baviera, los dirigentes regionales presionan además al Gobierno federal para construir pequeños reactores modulares en la región.

España avanza en sentido contrario a este nuevo impulso nuclear. El país mantiene el calendario de cierre de sus centrales y el actual Gobierno rechaza las llamadas del sector y de partidos como el PP o Vox a prolongar la vida de esta energía. La apuesta del Ejecutivo es clara: la autosuficiencia energética y la transición hacia fuentes no emisoras de CO2 pasan por las renovables —especialmente la solar y la eólica— y, a medio plazo, por el hidrógeno verde.

En esa estrategia se enmarcan los siete grandes valles industriales de hidrógeno verde que han obtenido 1.200 millones de euros de los fondos Next Generation. La potencia esperada superará los 2.000 MW, una capacidad muy superior a la de un pequeño reactor nuclear por un coste similar.

Estas inversiones profundizarán el mix energético verde español, que ya obtiene más de un 50% de su electricidad consumida desde fuentes limpias. La eólica y la solar son los principales motores de esta transición, aunque la hidroeléctrica generada en los embalses mantiene una considerable aportación. En la actualidad, sólo un 25% de la energía que consumen hogares, industrias, comercios o edificios procede de hidrocarburos.

La transición renovable en España empuja fuera del mercado al petróleo y al gas, mientras que el carbón es ya prácticamente inexistente y la nuclear genera algo menos de la quinta parte de la electricidad consumida. Este mix contrasta con el italiano, donde casi el 60% de la electricidad consumida procede de combustibles fósiles, según datos de Eurostat y la Agencia Internacional de la Energía. Aunque desde 2023 se han instalado más de 200 kWh de potencia solar, la energía eólica sigue representando en Italia una fuente ínfima de la electricidad consumida, apenas una décima parte de la procedente de combustibles fósiles en 2025.

Italia, por tanto, podría aprovechar y apostar con decisión por las inversiones renovables para reducir su dependencia exterior de los hidrocarburos, procedentes de Oriente Medio o del norte de África, con Argelia como su mayor proveedor de gas y Libia en aumento. Sin embargo, Meloni ha situado también la nuclear en el centro de su estrategia. Recientemente, en el Senado italiano, la primera ministra destacó que "el Gobierno, desde el principio, ha trabajado sobre la cuestión energética, empezando por el gas y por la energía nuclear", y anunció que este verano se aprobarán los procedimientos necesarios para reintroducir la producción nuclear.

Mientras tanto, fuentes de la Comisión Europea destacaban en privado, tras la publicación este jueves de las previsiones económicas de primavera, que España  “tiene una posición privilegiada a la hora de lidiar con el conflicto de Oriente Medio”, gracias a “su posición de crecimiento bastante fuerte y la diversificación de sus fuentes energéticas”. Esta crisis, según estas fuentes, afectará a España “a través de la inflación de los costes energéticos y su transmisión a los alimentos y a los servicios si la crisis energética no se soluciona”, pero en menor medida que a países mucho más dependientes de la importación de hidrocarburos, como Italia.

Los datos macro validan la apuesta renovable española ya que su PIB crecerá un 2,4% este año, el triple que una economía italiana dominada en pleno 2026 por los combustibles fósiles y por encima también que la francesa, donde la nuclear aporta sobre el 65% de la electricidad.

La guerra desatada contra Irán por Estados Unidos e Israel ha cambiado de golpe el escenario económico europeo. La UE ha pasado de crecer, reducir la inflación y empezar a reducir sus niveles de endeudamiento a enfrentarse a un escenario de ralentización económica, crisis energética, fuerte aumento de los precios e incertidumbre en sectores claves como el turismo, la aviación o el transporte de mercancías. Pese a ese panorama, Bruselas reconoce que España mantiene “una posición privilegiada” y será el único de los grandes países comunitarios que seguirán creciendo con fuerza en 2026 y 2027 pese a la crisis en Oriente Medio.

“El conflicto ha cambiado materialmente el escenario, provocando una de las interrupciones de suministro de energía más significativas en el mundo en la historia reciente”, señala con evidente preocupación el documento de previsiones económicas de primavera de la Comisión Europa presentado este jueves. Ese deterioro explica que Bruselas rebajase tres décimas su previsión de crecimiento para el conjunto de la UE en 2026, hasta dejarla en apenas el 1,1%, y extendiese el recorte a 2027, año para el que anticipa una expansión limitada al 1,4%.

El mayor golpe provocado por la crisis de los hidrocarburos, a raíz del bloqueo en el Estrecho de Ormuz, llega por la vía de la inflación. Ahí reside el principal riesgo para la economía europea: los precios se disparan tanto en los Veintisiete, un punto porcentual por encima de lo previsto en otoño, como en la zona euro, donde la inflación escalará hasta el 3% frente al 1,9% inicialmente contemplado. En 2027, la inflación de la zona euro seguirá por encima del objetivo del 2%, aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo para que suba los tipos de interés ante un problema de precios que Bruselas ya no considera pasajero.

“En vez de tocar máximos en este trimestre, los precios del petróleo y del gas lo harán en el último trimestre del año y sólo empezarán a bajar el próximo año”, advierte una fuente comunitaria a infoLibre. “Estamos ante una combinación de shocks, el primero energético. Es una disrupción más prolongada, con algún tipo de resolución en 2027”, añade este funcionario.

La Comisión Europea no se anda con rodeos y atribuye directamente a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el deterioro de sus previsiones. “Antes del final de febrero de 2026, la economía de la UE estaba lista para seguir expandiéndose a un ritmo moderado junto a una caída de la inflación, pero la previsión ha cambiado sustancialmente desde el estallido del conflicto” en Oriente Medio, escriben los economistas de la Comisión.

“La inflación energética está en aumento y se espera que se traslade el resto de sectores”, reconoció el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, al evaluar el incierto escenario abierto por la guerra contra Irán y los ataques de Teherán contra infraestructuras petrolíferas de sus vecinos en represalia. Los precios de la energía seguirán, lamentó el político letón, seguirán encareciéndose de manera significativa durante el verano.

España, sin embargo, “tiene una posición privilegiada a la hora de lidiar con el conflicto de Oriente Medio”, destaca una segunda fuente europea con amplio conocimiento sobre el análisis macro realizado por la Comisión a la economía española. Bruselas destaca “su posición de crecimiento bastante fuerte y la diversificación de sus fuentes energéticas” como dos factores que le permiten afrontar la crisis desde una situación más favorable que otros socios europeos.

La crisis, admite a infoLibre este funcionario, “le va a afectar a través de la inflación de los costes energéticos y su transmisión a los alimentos y a los servicios”, y también puede tener impacto en el transporte si la crisis energética se prolonga. Pero el diagnóstico comunitario es claro: “El impacto de la crisis en Oriente Medio llega a España en una posición más favorable que a otros Estados Miembros”.

España es una de las pocas notas positivas en las previsiones económicas de la Comisión. Su evolución apenas se verá alterada por las turbulencias provocadas por la guerra. Bruselas incluso mejora una décima su previsión de crecimiento para este año: el PIB crecerá un 2,4%, y solo recorta una décima la de 2027, hasta el 1,9% . Con estas cifras, España se mantiene como el gran país del crecimiento en la UE: su economía avanzará dos veces más rápido que la de Países Bajos, tres veces más que la francesa y más del triple que la alemana o la italiana.

“La idea global que vemos en nuestras previsiones es que España creció por encima de la Unión Europea el año pasado. El nivel irá decreciendo poco a poco, pero de todas maneras seguirá por encima de la UE”, resume la segunda fuente comunitaria a este medio. Los fondos de recuperación Next Generation serán, según las cuentas de Bruselas, una de las principales palancas de crecimiento en los próximos años por su impulso a la inversión.

El crecimiento español resiste pese a que los precios también se dispararán en el país, en línea con el conjunto de la zona euro y con el resto de grandes economías comunitarias. La inflación alcanzará el 3% en 2026 y bajará cinco décimas el próximo año. Aun así, la Comisión considera que la demanda interna, el dinamismo del consumo privado, la inversión y un mercado laboral “robusto” permitirán compensar “el impacto adverso del conflicto en Oriente Medio”. A esa resistencia contribuye, según el análisis económico, también el bajo endeudamiento de los hogares, mientras el paro seguirá reduciéndose hasta el 9,9% en 2026 y el 9,6% en 2027, por debajo del 10% por primera vez desde 2008.

España, no obstante, no es inmune a la crisis energética desatada por la operación militar de las administraciones Trump y Netanyahu en Irán. “Los principales riesgos que afronta la economía afectan al debilitamiento potencial de la actividad turística”, advierte el documento de previsiones. Bruselas alerta de una caída de las llegadas internacionales, especialmente desde destinos de larga distancia, “debido a costes más altos en los desplazamientos y otras disrupciones relacionadas con los viajes”. 

A las puertas de la temporada de verano, la incertidumbre en el segundo mayor destino turístico del planeta es máxima, y así lo reconoce Bruselas. Se trata de un riesgo que la Comisión no destaca individualmente para otras potencias turísticas como Francia o Italia, pero sí para Grecia o Chipre, esta última muy cercana al foco geográfico de las tensiones. Una tercera fuente comunitaria matiza, en conversación con infoLibre, que el turismo “sí es un riesgo común a todos los países” por el impacto de la crisis en las aerolíneas y en los viajes procedentes “especialmente desde Asia, con una reducción de las llegadas”. 

En Bruselas confían en que el turismo local europeo compense este verano, en países como España, Italia o Chipre, la caída de los viajeros internacionales provocada por el encarecimiento de los vuelos, según explica esta fuente. Pero esa previsión, como todo el escenario económico de primavera, está atravesada por la incertidumbre y la imprevisibilidad de la Casa Blanca, capaz de cerrar altos el fuego con Irán y romperlos pocos días después mientras su socio, Israel, mantiene sus bombardeos sobre el Líbano.

Bruselas romperá un tabú en pocas semanas cuando reciba a una delegación talibana, acabando con el aislamiento diplomático e internacional de ese gobierno desde que en 2021 los integristas islámicos asaltaron el poder en Afganistán y volvieron a aplicar su régimen de apartheid a las mujeres. La Comisión Europea y los ejecutivos de Bélgica y Suecia son los impulsores de un movimiento oculto durante semanas en la capital comunitaria hasta que finalmente ha estallado.

El ejecutivo liderado por Úrsula von der Leyen confirma ahora que los preparativos están en marcha después de un primer encuentro a principios de año en Kabul, que existen “contactos exploratorios” y que se discute la participación de algunos Estados miembros en unas conversaciones para las que todavía no hay formato oficial. Se descarta su celebración en instalaciones de las instituciones europeas.

Los portavoces de la Comisión explican que se “ha enviado una carta a las autoridades de facto de Afganistán para preguntarles sobre su disponibilidad para un encuentro a nivel técnico en Bruselas” y que “la UE tiene el mandato de mantener una relación operacional” con esos gobernantes, aunque la visita “no constituya de ninguna manera un reconocimiento”.

Suecia es uno de los impulsores de este acercamiento al régimen talibán. Pese al secretismo con el que se llevan las negociaciones para el encuentro a varias bandas, el gobierno sueco reconoce su papel en la iniciativa. Dirigido por un primer ministro conservador, “el país se unirá a la Comisión en la invitación a una delegación de Kabul para continuar el diálogo a nivel técnico en Bruselas”. Su ministro de migración está personalmente involucrado en la iniciativa.

Bélgica es el otro socio comunitario que trabaja en este movimiento diplomático. En enero, una delegación técnica de estos países y de funcionarios de la UE visitó la capital afgana y sentó las bases de las negociaciones a principio de junio en Bruselas. El papel de Bélgica es todavía más relevante, ya que ejercerá como país anfitrión del encuentro y debe ofrecer visados o permisos de estancia a la delegación talibana.

Si controvertida es la presencia de los talibanes en Bruselas y el que vayan a sentarse en una misma mesa con diplomáticos y funcionarios europeos o de varios países, todavía lo es más el principal asunto que se abordará, facilitar la repatriación de migrantes afganos a su país, una iniciativa sobre la que llevan presionando desde hace meses numerosos gobiernos conservadores y de extrema derecha de la UE.

“Estamos también convencidos de que los retornos a países políticamente sensibles suponen desafíos que necesitan se afrontados completamente y de una manera coordinada”, reconocen dentro de la Comisión, “así que nos coordinamos con los Estados miembros”.

En el ejecutivo comunitario califican las deportaciones de migrantes en situación irregular como retornos y no entran en la controversia política de entregar eventualmente a miles de personas a un régimen dictatorial basado en la aplicación estricta de la sharia, que cercena los derechos de las mujeres hasta recluirlas en la oscurantismo. Una situación denunciada por el propio Tribunal de Justicia de la UE tras las consultas de cortes nacionales sobre la protección como refugiados que ofrecer a mujeres de ese país.

Desde el ECRE, el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados, Reshad Jalali denuncia que “es profundamente alarmante celebrar discusiones sobre la deportación de afganos a un Afganistán controlado por los talibanes mientras la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra los líderes talibanes y millones de afganos, especialmente mujeres y niñas, viven bajo una persecución institucionalizada”.

La alianza de 125 ONGs centradas en la defensa de los derechos humanos y la protección de las minorías, pertenecientes a 40 países europeos, ya había advertido sobre “la clara regresión para los estándares de los derechos fundamentales y el riesgo de erosionar los principios fundamentales de las normas de la UE” que supone la Regulación de Retorno impulsada por la Comisión Europea, recientemente aprobada dentro del Consejo con el voto en contra de España. Son estas nuevas normas migratorias las que legitiman ahora las conversaciones con el régimen talibán para deportar de la UE a miles de afganos.

Los países europeos dirigidos por gobiernos de derecha o extrema derecha llevan meses presionando en favor de este acercamiento a Kabul con fines migratorios. En octubre, veinte de estos gobiernos escribieron a la Alta Representante Exterior, Kaja Kallas, y al comisario de Migración, Magnus Brunner, apremiando en favor de una coordinación conjunta de toda la UE para deportar a criminales y migrantes en situación irregular de Afganistán. Entre sus argumentos, que en 2024 algo más de 22.000 afganos habían recibido órdenes de expulsión y sólo 435 habían vuelto a su país, un porcentaje de apenas el 2%.

“La organización de retornos voluntarios y forzosos a Afganistán es un desafío común europeo que requiere de una respuesta coherente y colectiva. Es, por lo tanto, esencial que la Unión Europea afronte esta cuestión”, demandaron los veinte países. Tras varios meses de presiones y la visita exprés en enero de funcionarios de la Comisión y belgas, ahora el ejecutivo de Von der Leyen finalmente accede a las demandas de gobiernos populares y ultras, sin prestar atención a las vulneraciones de los derechos humanos, especialmente contra las mujeres y las niñas, que practican los talibanes, recogidas incluso por la justicia europea.

El TJUE sentenció ya en octubre de 2024 que las medidas de los integristas islámicos afganos, sistemáticas, discriminatorias y restrictivas contra las mujeres de su país constituyen “actos de persecución”, según las normas de asilo comunitarias, abriendo la posibilidad de que los Estados miembros pudiesen considerar a toda esa población como susceptibles de obtener el estatus de refugiado por los “matrimonios forzados, que son comparables a una forma de esclavitud”, o “la falta de protección ante la violencia de género y la violencia doméstica, que constituyen formas de trato degradante e inhumano”.

Haciendo caso omiso a esta sentencia, países como Alemania, Austria, Suecia o Bélgica llevan ya más de dos años deportando a ciudadanos afganos. Desde 2024, Berlín ha expulsado a más de cien de estas personas bajo la premisa de que están sujetos a cargos criminales, empleando vuelos facilitados por Qatar. Afganistán ocupa, tras Argelia, Marruecos y Turquía, el cuarto país a donde más personas se han deportado durante los dos últimos años en la UE, según los datos de Eurostat.

*En una versión anterior de esta información, por un error de edición, se incluía la forma "talibán" tanto para el plural "talibanes" como para el femenino "talibana". Se ha corregido después de la advertencia de una socia.

La investigación abierta contra Meta por no impedir el acceso a sus redes sociales a los menores de 13 años es la última de las acciones emprendidas por la Comisión Europea para poner coto a las prácticas abusivas de las tecnológicas, que van desde las brechas a la privacidad de sus usuarios y la difusión de bulos, desinformación o contenido pornográfico ilegal hasta acciones monopolísticas y contra la competencia.

Desde que en otoño pasado los 27 pactaron una declaración conjunta donde se reconocía la adicción que las redes sociales, las plataformas online y la Inteligencia Artificial generaban en los menores por sus contenidos diseñados específicamente, los Estados de la UE han ido introduciendo leyes y normas para limitar la edad de acceso, mientras la Comisión Europea, aprovechando la nueva Directiva de Servicios Digitales, abre investigaciones contra las grandes tecnológicas por su funcionamiento.

Instagram y Facebook, propiedad de Meta, aplicaron medidas para restringir el acceso de los niños y niñas que “no parecen estar siendo efectivas”, reprocha el Ejecutivo comunitario, para denunciar que “no prevén adecuadamente el acceso de los menores de 13 años a sus servicios ni los identifican rápidamente ni los retiran si han conseguido acceso”. Meta “está claro que ahora mismo no está haciendo lo suficiente” en la protección de la infancia, reprocha la vicepresidenta de la Comisión al frente del departamento de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. Una denuncia pública desde Estrasburgo, con motivo de la sesión plenaria del Parlamento Europeo, que se suma a otras, como las dos abiertas contra la plataforma de X.

Grok, la inteligencia artificial de la antigua Twitter, está siendo investigada formalmente por los riesgos asociados con la difusión de contenido ilegal en la UE relacionado con imágenes sexuales explícitas manipuladas de mujeres y hasta de abuso de menores. Un proceso sumado al que está en marcha desde 2023 por las obligaciones supuestamente incumplidas por X para mitigar el contenido relacionado con material terrorista.

La eurodiputada socialista Laura Ballarín califica estas investigaciones como actuaciones necesarias y urgentes ante “la alarmante falta de control por parte de las plataformas” digitales. La política, voz en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, cree aun así que estas investigaciones llegan en muchos casos tarde, ya que mientras los procesos de Bruselas avanzan con lentitud, la plataforma de Elon Musk opera “sin asumir responsabilidades reales”.

Las llamadas para que la UE ponga coto a los desmanes digitales de las plataformas de Internet, redes sociales o la Inteligencia Artificial han ido en aumento en los últimos tiempos. El grupo parlamentario de Los Verdes escribió en una carta abierta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que los escándalos de Grok sobre imágenes falsas de abuso a menores o violencia sexual contra mujeres eran “una desgracia” y “un comportamiento inimaginable” que exigían “apoyar alternativas europeas frente a las plataformas sociales dominantes” con fondos comunitarios, además de que Bruselas y los Estados miembros “investiguen de forma rigurosa y refuercen nuestras leyes, incluyendo cualquier ley criminal que sea violada”.

Precisamente los ministros europeos de Telecomunicaciones discutieron este jueves en Chipre el futuro europeo de la Inteligencia Artificial y su regulación. Óscar López, el titular español, asegura que la posición del Gobierno al respecto es “muy sólida”, que “España no quiere retroceder” y que la Unión necesita “una regulación para que Europa consiga una IA fiable”. En todo el continente, señala el ministro López, “han surgido voces a favor de proteger a nuestros menores, especialmente en redes sociales, y la mayoría de edad. Ahora mismo hay dos países, Francia y España, que tienen una ley de protección del menor, pero los demás no la tienen y están discutiendo cómo hacerlo”.

Antes que España, a principios de año, la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley que modificaba la existente sobre protección del menor e introducía los 15 años como límite para acceder a las redes sociales. Por debajo de esa edad, tendrían prohibido ser usuarios en esas plataformas, como también quedaría prohibido el uso de los teléfonos móviles en los institutos. Francia se convirtió en el pionero europeo de esta regulación después de que la ANSES, su Agencia de Seguridad Sanitaria, declarase que aplicaciones como TikTok, Snapchat o Instagram provocan severos efectos negativos en los adolescentes. Hasta ese momento, sólo Australia tenía una prohibición semejante en el planeta.

Los estudios de la Comisión Europea tras la introducción de la Directiva sobre Servicios Digitales hablan de que el 97% de los jóvenes de la UE emplean a diario Internet y que las redes sociales son la principal fuente de información para el 65% de ellos. El departamento que dirige la comisaria Virkkunen “reconoce que Internet tiene mucho que ofrecer a la infancia y a la juventud, desde el aprendizaje hasta la exploración del mundo”, pero que “también están aumentando los riesgos online para la juventud que necesitan atajarse”.

La eurodiputada Laura Ballarín insiste en que el avance tecnológico no puede producirse a costa de la seguridad de los colectivos más vulnerables, “la tecnología no puede avanzar dejando atrás la protección de menores y mujeres. Regular no es frenar el progreso: es garantizar derechos”. Los países europeos están tomando nota de estos llamamientos y el coto a las redes sociales y la Inteligencia Artificial avanza.

Dinamarca está introduciendo estrictas normas para la protección online de los menores, incluyendo la prohibición de usar las redes sociales por debajo de los 15 años si no existe un control parental específico. El gobierno de la primera ministra Mette Frederiksen ha adoptado esta medida después de que bajo su impulso como presidencia rotatoria del Consejo Europeo, los ministros de los 27 pactasen el pasado otoño la Declaración de Jutland donde se afirma que “los diseños adictivos mantienen colgados” a los menores en el mundo online, “en riesgo a contenido ilegal, contenido extremista y dañino y expuestos a contactos inapropiados”. El documento, pactado por todos los gobiernos sin excepción, reconoció “la necesidad de requerir una verificación privada y efectiva de la edad en las redes sociales”.

El gobierno austríaco trabaja en una prohibición semejante incluso con una edad aún más baja, los 14 años, como medio para combatir la adicción, las enfermedades mentales y el contenido dañino por Internet. En Alemania, democristianos y socialdemócratas también está elaborando una regulación que fuerce a las redes sociales a introducir sistemas de verificación de edad, con el mínimo de los catorce años y la obligatoriedad de versiones juveniles para los menores de dieciséis.

En otros países estas iniciativas también se abren paso. El debate ya está en el seno de la coalición de gobierno italiano, con el objetivo de adaptar las regulaciones existentes hacia un uso más restrictivo para los adolescentes más jóvenes en las redes sociales, con límites como los catorce o quince años, y en Bélgica, la región de Flandes, aprovechando sus competencias sobre protección de menores, ha introducido el mínimo legal de 13 años para acceder a plataformas como TikTok o Instagram.

España vuelve a estar en el ojo de la polémica de los Estados Unidos de Donald Trump y con la OTAN como telón de fondo. Un correo electrónico interno del Pentágono filtrado sugiere tomar medidas contra los aliados que no atiendan las peticiones de ayuda o colaboración de Washington en su campaña militar en Irán. Países de la Alianza Atlántica presuntamente calificados como “difíciles” y a los que penalizar con una variedad de medidas políticas.

Entre esas represalias, la de mayor calado sería buscar su expulsión de la OTAN. Aunque el documento no menciona a ningún país, España estaría entre los afectados, en una lista en la que podrían entrar otros como Reino Unido, Italia o Francia, que también han frenado el uso de su espacio aéreo o bases a las fuerzas armadas estadounidenses para sus operaciones militares contra Irán. Sin embargo, el propio Tratado de Washington de 1949, fundacional de la Alianza Atlántica, no recoge la expulsión de un país aliado, únicamente la salida voluntaria de sus miembros.

Desde Chipre, donde los líderes de la Unión Europea se reunieron en una Cumbre informal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desmintió la posible amenaza implícita a España con un “no hay debate” y afirmando que “cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal, comprometidos y desplegados en muchísimas áreas que han sido solicitadas por los propios países y, por tanto, absoluta tranquilidad”.

Antes de verse por segundo día con sus homólogos europeos, Sánchez había señalado: “No trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el Gobierno de Estados Unidos”, con una postura clara de España, la “absoluta colaboración con los aliados, pero dentro del marco de la legalidad internacional”.

Las altas autoridades de la UE se mostraron una vez más prudentes con las amenazas procedentes del otro lado del Atlántico, más si cabe al ser la OTAN. En Nicosia, el presidente del Consejo, Antonio Costa, prefirió no entrar en la polémica abierta. “Tenemos nuestras sedes en la misma ciudad que la OTAN —Bruselas— pero somos instituciones diferentes, cooperamos con la OTAN, pero no discutimos sus cuestiones internas”, dijo con pies de plomo el dirigente portugués, para sí aclarar que ningún Estado miembro, tampoco España, verá amenazada en solitario su seguridad, ya que “hay un proceso en marcha para discutir cómo operar la cláusula de mutua defensa, cómo activarla, usarla. Estamos diseñándola”.

En el encuentro informal de Chipre, los líderes de los 27 junto a la Comisión Europea debatieron precisamente sobre su mutua defensa sin el paraguas estadounidense, el que pondría en cuestión el documento interno del Pentágono. La Alta Representante Exterior de la UE, Kaja Kallas, expuso los escenarios de ataques híbridos, convencionales o terroristas que permitirían activar el artículo 42.7 del Tratado de la Unión, donde se declara que “si un Estado miembro es víctima de una agresión armada sobre su territorio, los otros Estados miembros tendrán la obligación de prestarle ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance”. Una redacción y cobertura semejante a la que ofrece el artículo 5 de la OTAN, la que critica la Administración Trump.

Sólo una vez en la historia de la UE, igual que sólo una vez en la historia de la Alianza Atlántica, el artículo 42.7 fue invocado. Lo hizo Francia después de los atentados de noviembre de 2015, cuando un comando yihadista bajó desde Bélgica y sembró el terror en París. Hubo colaboración militar para al control fronterizo desde Alemania, Bélgica o Reino Unido al mismo tiempo que otros socios europeos ponían a disposición sus servicios secretos para cercar a la célula fugada que reivindicó los atentados en la sala Bataclán, el Stade de France y las calles de la capital gala en nombre del ISIS.

El debate abierto en Chipre fue solicitado por el propio anfitrión, al no pertenecer a la OTAN y sufrir el impacto de misiles y drones iraníes en respuesta a las acciones militares de Estados Unidos e Israel. Nicosia recibió la ayuda voluntaria e individual de países como Grecia, Italia, Francia, España o Reino Unido, que cuenta con una base militar en la isla, en forma de aviones y navíos de guerra para ofrecerle protección antiaérea, pero su presidente Nikos Chistodoulides quiso que Bruselas preparase “la base sobre cómo responder en caso de que un Estado miembro active el artículo 42.7”.

“Todos los Estados miembros que son aliados de la OTAN pero también aquellos que no lo son, sienten la necesidad de que tengamos un plan operacional”, afirmó Chistodoulides. El contexto geopolítico y las guerras en sus fronteras apremian a la UE ante las dudas sobre el paraguas de seguridad estadounidense en la Alianza Atlántica, de ahí que Antonio Costa insistiese que los ataques sufridos por Chipre han sido un “primer test” sobre la defensa colectiva europea a la que respondieron varios países “movilizando equipamiento militar y fuerzas para ayudar a Chipre en su defensa ante ataques externos”

Los europeos no están sólo asumiendo su defensa colectiva en el ámbito de la UE, sino también en la OTAN con la hoja de ruta pactada para una transferencia de responsabilidad que se plasmará en la Cumbre de Ankara de este mes de julio. En esa reunión se exigirá a los aliados europeos que aceleren su producción en defensa y fomenten la innovación en investigaciones con usos militares y el propio secretario general de la Alianza, Mark Rutte, quiere que el viejo continente asuma competencias hasta ahora casi exclusivas de los estadounidenses.

“En tiempos de gran inestabilidad, a medida que aumenta la importancia de la disuasión nuclear, debemos garantizar que la disuasión nuclear de la OTAN siga siendo creíble, segura y eficaz", viene de decir Rutte durante una visita en Turquía. Todavía se desconoce si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acudirá a la cita de julio o la boicoteará como muestra de su descontento con los países que no están cumpliendo con el gasto militar deseado por Washington.

Pese a todas las presiones desde los Estados Unidos, sean en ruedas de prensa directas de su presidente o con filtraciones como la del documento interno del Pentágono, el Tratado de Washington de la Alianza Atlántica sólo recoge en su artículo 13 la salida voluntaria de cualquier país tras notificarlo oficialmente al resto de aliados y con un año de preaviso. No existe una cláusula que regule la expulsión de un miembro y cualquier otra sanción política, como limitar el acceso de un país aliado a puestos de responsabilidad, excluirlo de misiones o reducir su peso en la estructura de mando, requiere la unanimidad del resto, lo que frenaría el unilateralismo de la Administración Trump.

Este contexto es el que lleva a Luis Simón, director de la oficina del Instituto Elcano en Bruselas, a poner el foco no tanto en las amenazas de Washington contra terceros países sino a que “Trump puede torpedear la OTAN, retirar a su embajador, quitarle el sombrero OTAN al Comandante Supremo Aliado en Europa —cargo que ocupa un general estadounidense— y eso sería un lío monumental”. Para llegar a este situación límite con el objetivo de imponer sus objetivos militares o de gasto a otros, los Estados Unidos tampoco tendrían que amagar con su salida, cree Simón, ya que “Trump no necesita denunciar el Tratado de Washington y salirse de la OTAN para dejarla tocada de muerte, lo puede hacer con una política de silla vacía”.

De ahí que, aunque la OTAN sea una institución alternativa e independiente a la UE, el mantra en Bruselas, como reconoció desde Chipre la Alta Representante Kaja Kallas, sea insistir que los países europeos sí están cumpliendo con las peticiones de ayuda de Estados Unidos pese a no involucrarse en su guerra contra Irán, con ofertas para poner sus marinas de guerra a trabajar en el desminado del Estrecho de Ormuz, la escolta de barcos o la disponibilidad de las bases militares en muchos Estados miembros. Todo, para que las amenazas de Washington se queden sólo en eso.

Las divisiones internas y las diferentes posiciones entre los países de la Unión Europea vuelven a frenar la adopción de sanciones contundentes contra Israel por las constantes vulneraciones de los derechos humanos en Gaza o Cisjordania o la violación del derecho internacional y la integridad territorial de Líbano. La credibilidad de la UE vuelve a quedar en entredicho al comparar su respuesta y sus políticas hacia Rusia con el apaciguamiento continuo, cuando no el silencio, frente a Tel Aviv.

La petición de España, Eslovenia e Irlanda no fue aprobada en la reunión de los ministros europeos de Exteriores “dado que la suspensión del Acuerdo de Asociación necesita unanimidad y no hubo el apoyo suficiente dentro de la sala”, explicó la Alta Representante, Kaja Kallas, tras concluir el encuentro de este martes. Tampoco salieron adelante sanciones comerciales parciales o directas contra el Gobierno israelí ya que “la mayoría cualificada requerida exigiría que los Estados cambiasen sus posiciones”.

Unos diez países, encabezados por Alemania y donde están socios importantes como Italia o Polonia, consideran que las sanciones contra Israel son inapropiadas y que este país, como aliado principal en Oriente Medio, no debe ser penalizado en medio de una guerra contra Irán, pese a las flagrantes violaciones de los derechos humanos y el genocidio denunciado por los expertos de la ONU. La cumbre informal de líderes europeos a finales de semana en Chipre se presenta como una nueva oportunidad para discutir esta cuestión, aunque la Alta Representante rebaja el optimismo ya que “no he visto un cambio de posición dentro de la sala sobre la suspensión del acuerdo” con Israel y sólo promete llevar las “nuevas propuestas comerciales a la Comisión Europea para su discusión”.

Antes de la reunión de Exteriores, en una carta abierta a Kaja Kallas, España, Irlanda y Eslovenia habían denunciado “las severas medidas del gobierno israelí, incluyendo decisiones ejecutivas, militares y leyes adoptadas por la Knesset -el Parlamento del país- que contravienen los derechos humanos y violan el derecho internacional y las leyes humanitarias internacionales”. Nombraban la aprobación de la pena de muerte contra la población palestina, “las condiciones insostenibles en Gaza”, los ataques contra civiles y lugares santos cristianos y musulmanes o la ampliación de asentamientos ilegales en Cisjordania, además de las recientes operaciones en Líbano, para exigir sanciones contra Israel suspendiendo el Acuerdo de Asociación bilateral.

“Dado el nivel de violencia y la gravedad de la situación actual, existe la necesidad de revisitar urgentemente la cuestión de la respuesta de la UE, incluyendo las propuestas planteadas por la Presidenta de la Comisión”, explicitaron estos tres países en referencia a la suspensión de beneficios comerciales a las exportaciones de Israel, concretamente frutas, verduras, maquinaria industrial o bienes farmacéuticos que disfrutan de arancel cero por un impacto de 230 millones, de la colaboración en proyectos científicos o del programa Horizonte, medidas planteadas en septiembre.

“España junto con Eslovenia e Irlanda ha solicitado la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel”, informó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, porque exigió que la “UE sólo puede tener una relación con Israel basándose en el respeto de los derechos humanos y vemos que Israel no ha hecho más que avanzar y agrandar la espiral de violencia y de guerra”.

Bélgica, Suecia y, ahora también, Países Bajos con su nuevo gobierno se han sumado al grupo de los tres países más críticos con Tel Aviv. Suecia y Francia propusieron vetar la entrada en la UE de los productos procedentes desde territorios ocupados y asentamientos ilegales, como forma para condicionar la política israelí, una línea con la que Países Bajos se sintió cómoda. Bélgica, por su parte, defendió una suspensión parcial del acuerdo partiendo de las medidas propuestas por la Comisión hace meses porque, como reconoció su ministro, Maxime Prévot, era necesario ser “conscientes de que la suspensión total está fuera de lugar, vistas las posiciones de los países europeos”.

Los defensores de Israel

Frente a ese bloque, al que se han ido adhiriendo otros países como Italia, Portugal, Luxemburgo o Grecia, una parte de Europa sigue sin considerar prioritario frenar las guerras abiertas en Oriente Medio por Israel, condenar claramente las vulneraciones de los derechos humanos y de las normas internacionales, ni adoptar sanciones en consecuencia. Las repúblicas bálticas y otros socios del este de Europa como Bulgaria o Rumanía, perciben esa profunda inestabilidad como un problema lejano y ajeno a sus prioridades. Su atención en la región se centra, sobre todo, en el impacto de la guerra desatada por Estados Unidos contra Irán sobre el comercio marítimo y los mercados energéticos.

“Creo que la prioridad, también en lo que respecta a mis ciudadanos, es poder reducir la presión sobre los precios de la energía. Y que la prioridad actual de la comunidad internacional y de la comunidad diplomática es la desescalada de los conflictos en la región”, señaló antes de la reunión con sus homólogos europeos la ministra de Exteriores rumana, Oana-Silvia Țoiu. Esta posición, compartida por otros socios, pone de relieve las diferencias de enfoque con países como España, que califican la situación actual en Oriente Medio como la mayor crisis global de este siglo y la más grave en la región desde la Guerra del Golfo.

Por afinidad ideológica con el gobierno de Benjamin Netanyahu, pero también por el peso del pasado nazi y de las persecuciones y crímenes sufridos por la población judía en sus propios territorios, socios como Alemania, Austria o Polonia siguen sin posicionarse claramente contra Tel Aviv. Para el ministro de Exteriores alemán, la propuesta de España, Irlanda y Eslovenia de suspender temporalmente el Acuerdo de Asociación con Israel resulta “inapropiada”. Frente a ello, defiende “mantener conversaciones con Israel sobre cuestiones críticas, un diálogo constructivo”.

Entre los 27, varios países, una minoría importante, comparten los planteamientos del Gobierno Netanyahu o de la Administración Trump y consideran más urgente frenar el programa de enriquecimiento de uranio de Irán que las políticas belicistas y expansionistas de Israel en Oriente Medio, aunque estas sigan incendiando la región y la UE sufra sus consecuencias en forma de una crisis energética, aumento de la llegada de personas refugiadas e inestabilidad crónica en su frontera suroriental.

Lituania o Letonia, Austria, Polonia, Bulgaria y la República Checa comparten esta postura y rechazan sanciones de gran calado contra Tel Aviv, empezando por la suspensión completa temporal del Acuerdo de Asociación de la UE. En la reunión de ministros europeos de este martes quedaron patenten las diferentes percepciones entre los 27: cerca de la mitad de los Estados miembros siguen priorizando en política exterior el aumento de la presión sobre Rusia y el refuerzo de la ayuda a Ucrania, ahora que el cambio de gobierno en Hungría lo permitirá.

El distanciamiento entre Israel y los países de la Unión Europea es lento pero progresivo desde que España, Irlanda y Noruega —este último país aliado no comunitario— reconocieron a Palestina como Estado en mayo de 2024. Entonces, aquella era aún una postura minoritaria y controvertida entre los Veintisiete que levantó críticas, pero pronto otros países como Eslovenia, y posteriormente Francia, Bélgica, Luxemburgo y Malta, la imitaron.

Ahora, Italia ha decidido suspender el acuerdo de cooperación militar con Tel Aviv, vigente desde 2025 y que debe renovarse cada cinco años. Guido Crosetto, ministro de Defensa, notificó en una carta formal a su homólogo israelí que el pacto se pondrá en cuarentena, afectando a 11 artículos de un memorándum de entendimiento sobre cooperación en defensa, investigación militar o desarrollo de capacidades conjuntas.

La realpolitik, en un contexto internacional cada vez más tensionado donde los conflictos bélicos van en aumento desde hace un lustro, está trastocando las posturas tradicionales de países y partidos políticos europeos. Tras las críticas de gobiernos progresistas o liberales, como el español, el esloveno o el irlandés, ahora es Italia, con un Ejecutivo de extrema derecha, o son formaciones y políticos ultras quienes empiezan a distanciarse de Israel.

Giorgia Meloni ha asumido personalmente la decisión de cortar amarras con Israel. “En consideración de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel”, anunció la primera ministra italiana. La semana pasada, Roma convocó al embajador israelí después de que las fuerzas armadas hebreas dispararan contra un convoy de cascos azules trasalpinos en Líbano. A ello se sumaron los “ataques inaceptables” contra civiles libaneses denunciados por el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, que provocaron una protesta formal de Tel Aviv.

Italia podría modificar ahora su postura sobre la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, algo que ha solicitado formalmente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En septiembre de 2025, la Comisión Europea propuso una suspensión parcial de sus disposiciones tras concluir que las fuerzas armadas israelíes habían vulnerado los derechos humanos en Gaza. Desde entonces, la iniciativa sigue bloqueada, pero si Italia cambia el sentido de su voto alteraría las mayorías dentro del Consejo al ser uno de los países más poblados de la Unión.

El próximo martes, los ministros de Exteriores de los 27 estudiarán imponer nuevas sanciones al Gobierno de Benjamin Netanyahu por la expansión de sus asentamientos en Cisjordania, los ataques indiscriminados en el sur del Líbano y la posibilidad de adoptar también sanciones comerciales. La Comisión tiene además desde este semana una petición ciudadana firmada por más de un millón de europeos para suspender ese acuerdo bilateral, y no sólo las partes comerciales o de colaboración en proyectos de I+D.

La suspensión del acuerdo de defensa por parte de Italia afecta al tercer proveedor de armas a Israel, por detrás de Estados Unidos y Alemania, aunque este negocio sólo supone un 1,3% de las importaciones de armas de ese país. En agosto de 2025, Eslovenia se convirtió en el primer país europeo en formalizar un embargo total de armas a Israel. Un mes después lo hizo España, Bélgica lo aplicó para las exportaciones desde la región de Valonia y, posteriormente, prohibió cualquier movimiento de material militar con dirección Israel desde el puerto de Amberes.

El pasado fascista de la extrema derecha trasalpina, —ya sea en Fratelli d'Italia, heredero del Movimiento Social Italiano, o de forma menos explícita en La Lega—, así como el colaboracionismo nazi del lepenismo francés, distancian a estos movimientos de un apoyo cerrado a Israel, más habitual en la democracia cristiana y en el conservadurismo europeos. Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano explica a infoLibre “que es bastante ambiguo” sostener que la extrema derecha haya sido más proisraelí. “Muchas veces lo han sido precisamente por apoyar a la Administración Trump”. García Encina añade además que ese distanciamiento, o al menos esas dudas respecto a Israel, “es incluso anterior al Gobierno de Netanyahu” y a la guerra abierta en Oriente Medio.

La reorientación que Marine Le Pen realizó del Front National para convertirlo en el Rassemblement National posibilitó al partido abandonar sus posturas antisemitas para presentarse como defensor del Estado de Israel. Su delfín, Jordan Bardella, llegó a visitar ese país hace un año. Pero recientemente la líder ultra francesa ha exigido a Tel Aviv que “respete las reglas del derecho internacional, especialmente en los conflictos armados”, en un reproche claro a su actuación en Gaza y Líbano, al tiempo que ha pedido al Gobierno de Macron que proteja a Israel, “a su población y su soberanía”.

En Polonia, el distanciamiento entre elementos de su extrema derecha e Israel también es visible. El diputado Konrad Berkowicz, uno de los líderes de la formación ultra KORWiN, Nueva Esperanza, ha mostrado en su Parlamento una bandera del Estado judío con la Estrella de David reemplazada por la esvástica mientras acusaba a ese país de ser un “nuevo tercer Reich” por los crímenes de guerra y el genocidio cometidos en Gaza. En Hungría, el cambio de Gobierno sustituirá un aliado incondicional como era Viktor Orbán por un nuevo primer ministro también de derechas, que deberá posicionarse en el debate europeo.

A preguntas de infoLibre, el también investigador de Elcano, Federico Molina, señala la división ideológica entre formaciones de extrema derecha en la UE, “una paradoja interesante, porque además es muy difícil juntar el agua y el aceite de derechas nacionalistas húngaras, eslovacas o francesas” al explicar la diferente posición sobre Israel o la Administración Trump y cómo, ante la actual coyuntura internacional, estos partidos vuelven a enfocarse en los problemas internos domésticos y mismo europeos ya que “vender a tu electorado una globalización o cosas que son completamente ajenas a su agenda tiene, a mi juicio, muchas limitaciones y creo que la europeización de estos grupos va a seguir avanzando”.

“Hay quien interpreta la elección del domingo en Hungría como la prueba de que Orbán se había vuelto demasiado globalista y había abandonado el discurso conservador húngaro tradicional para abrazar agendas llegadas de Estados Unidos o de Israel”, dice Molina, que enmarca también en esa lógica “la reacción de las últimas horas en Italia, con un Gobierno cerrando filas” frente a Trump o Israel. Esa renacionalización de los ultras europeos los está alejando del belicismo y de las ambiciones territoriales de Tel Aviv en Oriente Medio y, por tanto, de un apoyo sin fisuras.

“El nuevo Gobierno debe estar en marcha, estaremos en contacto inmediatamente” celebró Ursula von der Leyen con sonrisa pero sin excesivo triunfalismo la derrota de Viktor Orbán en Hungría y la llegada de un nuevo primer ministro, del que destacó su compromiso “muy claro con una senda europea”. “Para mí”, dijo Von der Leyen, “es muy importante que trabajemos de una manera intensa con el nuevo Gobierno húngaro sobre los fondos que deben entregarse, reformas que deben hacerse, pero, sobre todo, los fondos a entregar porque lo merecen los húngaros”.

Sin mojarse, la presidenta de la Comisión Europea aludía a frentes como los de la independencia judicial, la libertad académica, la lucha contra la corrupción o la cooperación intracomunitaria policial y de la fiscalía que tiene por delante el futuro mandatario Péter Magyar y su formación Tisza. Reformas necesarias para desbloquear los 10.000 millones de euros que Hungría no ha recibido de los Next Generation por la deriva iliberal contra el Estado de derecho de Viktor Orbán. Es la partida más jugosa, pero no la única guardada en un cajón de Bruselas.

En el día después de que Magyar y su Tisza obtuviesen 138 de los 199 escaños en juego en las elecciones generales al Parlamento húngaro, poniendo punto y final a la hegemonía de 16 años del Fidesz de Orbán y haciéndose con el control de las dos terceras partes de esa cámara, margen suficiente para revertir el sistema construido por el todavía actual primer ministro, la felicidad es evidente en Bruselas. El alivio por deshacerse del enfant terrible que lleva años bloqueando la UE se nota en el ambiente y los mensajes de la Comisión son optimistas, aunque marcados por la dificultad política que se avecina, y con respeto a los tiempos y la soberanía de los húngaros.

El nuevo Parlamento del país debe estar constituido para el 13 de mayo, justo cuando vence el estado de emergencia declarado por Orbán desde 2022 debido a “un conflicto armado en un país vecino”, es decir, la guerra en Ucrania. Posteriormente, con la cámara salida de las elecciones ya formada, se configuraría el nuevo Gobierno. Y entonces sí, Budapest y Bruselas pisarían el acelerador de la cooperación.

“Me gustaría decir que hoy Europa es húngara, los húngaros han hablado y han demandado una senda europea”, felicitó Von der Leyen, al tiempo que mostraba la disposición del Ejecutivo comunitario para “empezar a trabajar con el Gobierno elegido lo antes posible, para hacer un rápido y completo progreso en beneficio de los húngaros. Hay mucho que hacer”.

El tiempo apremiará al nuevo Gobierno húngaro cuando esté plenamente operativo si quiere obtener los 10.000 millones de euros que le corresponden del Fondo de Recuperación y Resiliencia, el instrumento creado durante la pandemia. Tiene una fecha límite para solicitarlos, el 31 de agosto, y para ello debe elaborar un plan específico de reformas económicas, administrativas, judiciales o digitales junto con medidas concretas y un calendario de aplicación, como han hecho todo las capitales.

Acceder a ese dinero exige implementar 27 grandes condiciones exigidas por la UE, según la decisión del Consejo de diciembre de 2022 que denunciaba “la vulneración de los principios del Estado de derecho en Hungría”. Ese mandato concluía que el Gobierno de Viktor Orbán estaba incurriendo en “irregularidades sistemáticas, deficiencias e insuficiencias en los procedimientos de contratación pública” y que no había una “detección, prevención y corrección de los conflictos de intereses”. Además, denunciaba “una incapacidad, insuficiencia o falta de voluntad sistemáticas por parte de las autoridades húngaras” para solucionar esos problemas y validaba los análisis de la Comisión sobre “problemas relativos a la investigación y enjuiciamiento, así como al marco de lucha contra la corrupción, la organización de los ministerios fiscales” y de “vulneraciones de los principios del Estado de derecho. En particular de los principios de seguridad jurídica, de prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo y de tutela judicial efectiva”.

La Hungría de Orbán no cumplía unos mínimos estándares democráticos y garantistas en los relativo a la independencia de poderes –con el Gobierno asaltando al judicial–, ni tampoco sobre imparcialidad, transparencia o lucha contra la corrupción. Esta deriva iliberal es la que ahora deberá corregir Péter Magyar. Para ello, tendrá que incorporar al país a la Fiscalía Pública Europea , emprender una reforma judicial para limitar las injerencias en el Tribunal Supremo, aumentar los poderes de la independiente Corte Nacional Judicial y restar poderes del Supremo para intervenir en las cuestiones prejudiciales a la UE de los magistrados son claves para Bruselas. Con estas medidas llegarían también otros 7.000 millones vinculados a fondos regionales pendientes.

Si Magyar cumple con estos hitos, Bruselas abrirá también otro dossier en su favor: el plan de 16.000 millones destinados a financiar inversiones en seguridad y defensa dentro del nuevo fondo SAFE (por sus siglas en inglés, Security Action for Europe) de la UE. La Comisión mantiene paralizado desde hace meses este documento con inversiones y compras concretas de armamento sin más explicación que la de que su análisis está en marcha.

El cambio de Gobierno en Hungría refuerza la posición del PP europeo en la UE, una formación a la que se sumó Tisza en 2024 tras conseguir el 30% de los votos de su país en las elecciones europeas. Con 13 primeros ministros o jefes de Estado entre sus filas, los populares son amplia mayoría en el Consejo Europeo y ahora suman un miembro más. También controlan la Comisión con Von der Leyen y el Parlamento Europeo con su presidenta Roberta Metsola.

Los liberales sólo cuentan con cinco líderes, uno de ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con cuatro los socialdemócratas, encabezados por el presidente Pedro Sánchez y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Los populares dominan absolutamente la UE y presumieron de ello tras destronar a Orbán. “Es la victoria del pueblo de Hungría. Confirma que nuestras políticas de centroderecha y centradas en la gente ganan elecciones”, celebró el presidente del PP Europeo, Manfred Weber.

Con la derrota de Orbán, la extrema derecha y los ultranacionalistas pierden en la UE a su principal baluarte. El eslovaco Robert Fico se queda solo entre los euroescépticos prorrusos dentro del Consejo y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con posturas atlantistas y alineadas con Bruselas en el apoyo a Ucrania, no contará con un firme apoyo para empujar en favor de políticas migratorias más estrictas o del desmantelamiento parcial del Pacto Verde. El grupo de Patriots, donde está la formación francesa de Le Pen, la neerlandesa de Geert Wilders o Vox, sufre un varapalo inmenso en su objetivo de asaltar los debates de la Unión.

“El ciclo populista será pasajero. La derrota de Orbán es un fracaso para quienes subestiman la UE y la democracia liberal. La libertad está más de moda de lo que muchos pensaban en Budapest, España o Moscú”, analiza en clave comunitaria el eurodiputado del PP, Adrián Vázquez Lázara, sobre el resultado de las elecciones húngaras.

Con Péter Magyar sentado en la Cumbre Europea de junio en Bruselas y Robert Fico en una minoría total fácilmente superable con ofertas concretas en debates de interés para Eslovaquia, la UE tiene camino expedito para acelerar nuevas medidas contra Rusia por invadir Ucrania. En cuanto el nuevo Gobierno de Tisza esté operativo entre mediados y finales de mayo, los 27 podrían desbloquear ya a nivel interno de Consejo los 90.000 millones de euros en ayuda para Kiev, una medida paralizada hasta ahora por Viktor Orbán.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sigue pendiendo de un hilo tras el fracaso de la negociación abierta en Pakistán y esa incertidumbre se traslada a la apertura del Estrecho de Ormuz. Donald Trump no quiere ni oír hablar de que Teherán cobre peajes de paso a los buques en la autopista marítima por la que navega una quinta parte de los hidrocarburos del planeta. El bloqueo permanece como principal riesgo económico global en las próximas semanas y meses, proyectando su sombra a los flujos comerciales entre países, a sectores industriales y a la actividad diaria de empresas y familias.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advierte que "incluso en el mejor de los casos, no habrá un retorno limpio y claro al statu quo anterior” por culpa de la espiral alcista de los precios energéticos, la destrucción en la infraestructura petrolífera, refinadora y gasista o las interrupciones en las cadenas de suministro que se están experimentando durante las últimas semanas. El FMI está preparando una rebaja en sus previsiones de crecimiento global y para regiones como Oriente Medio, Norteamérica o Europa, como ya ha hecho el BCE para la zona euro.

Las cuentas de la institución dirigida por la economista búlgara, que antes dirigió el Banco Mundial o fue vicepresidenta de la Comisión Europea, hablan de un aumento de la inflación provocado por los shocks en los precios del crudo o de los fertilizantes. El escenario es de estanflación, estancamiento o desaceleración de la actividad en paralelo a la subida de los precios. “La economía europea permanece en riesgo de shock estanflacionista”, ha asegurado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, quien ha añadido que “las perspectivas a largo plazo siguen oscurecidas por una profunda incertidumbre”.

La Unión Europea está en el ojo del huracán al que el belicismo de Israel ha arrastrado en Oriente Medio a unos proclives Estados Unidos de Trump. En la Comisión Europea temen que esta coyuntura reste al menos cuatro décimas al crecimiento del PIB de la UE este año y dispare un 1% la inflación, según lo explicado esta semana en la Eurocámara por Dombrovskis, el responsable de todo el departamento económico.

Este es el escenario base que manejan en Bruselas, el que ya estaría sucediendo en el conjunto de los Estados miembros, pero si continúan el conflicto bélico y el cierre del Estrecho de Ormuz los problemas serán “más sustanciales”, señaló el político letón, con una caída del PIB comunitario más pronunciada y también un impacto mayor en los precios, tanto este año como previsiblemente en 2027.

Los gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Hungría, Irlanda o Portugal ya han activado medidas excepcionales y temporales para sus empresas y ciudadanos ante el encarecimiento de los precios de los hidrocarburos, con la gasolina un 15% más alta en abril respecto a comienzos de febrero y el diésel un 30%. Según el Boletín Semanal de Precios del Crudo de la Comisión Europea, publicado hace unos días, la gasolina Euro95 escaló ya de media hasta los 1,871 euros el litro y el gasóleo superó ligeramente los dos euros.

Este aumento de los precios del combustible es más pronunciado en Países Bajos, Dinamarca, Alemania y Finlandia, mientras que España se encuentra en el rango bajo de la horquilla. Sólo en Malta, Hungría, Eslovenia, Bulgaria y Eslovaquia es más barato, de acuerdo con los datos del informe de la Comisión. Por el momento, la respuesta de los gobiernos europeos ante esta situación se basa principalmente en aplicar topes a los precios y retirar o rebajar impuestos como el IVA, aunque ya se abren paso los cheques o ayudas fiscales a las familias más necesitadas. La Comisión ha pedido por carta a los 27 que estudien la viabilidad de aplicar medidas adicionales de ahorro energético mientras sus propias propuestas e iniciativas siguen esperándose desde hace dos semanas. Por eso, varios gobiernos han preguntado a Bruselas sobre la posibilidad de introducir algún tipo de gravamen a los beneficios extraordinarios que están disfrutando las compañías energéticas gracias a los altos precios en el mercado de los combustibles y, con esos recursos, financiar el gasto público adicional de las medidas de apoyo lanzadas sólo desde el ámbito estatal.

Es lo que quieren Alemania, Austria, Italia, Portugal y España. “Los que se benefician de las consecuencias de la guerra deben hacer su parte para aliviar la carga del interés público”, señala la carta firmada por los ministros de Economía de los cinco países y enviada a Bruselas. Ahora, la Comisión Europea ha aceptado estas tesis.

“No hay nada que prevenga a los Estados miembros de aplicar esto”, detalló durante su comparecencia en el Parlamento Europeo el comisario Valdis Dombrovskis. “Estamos analizando si podemos presentar algún tipo de enfoque más coordinado a nivel europeo. Es lo que estamos valorando actualmente”, reconoció el político europeo, basándose en la experiencia previa de lo sucedido en 2022 cuando, tras la invasión de Ucrania por Rusia, los precios de la energía se dispararon y la Comisión permitió este tipo de fiscalidad temporal con la que paliar las medidas anticrisis introducidas.

Medidas más radicales como suspender las reglas de déficit para que los Estados incumplan esos límites proyectando su gasto público en favor de los hogares o las Pymes están, por el momento, descartadas. En la Comisión explican que esa decisión sólo se activaría en caso de “tener una desaceleración económica severa y actualmente no estamos en ese escenario”. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no quiere descartarla si empeora la situación en los mercados energéticos. En Bruselas confían en la mejoría de las tensiones geopolíticas para no tener que aplicar una medida que provocaría tensos debates en la UE entre los halcones de la austeridad, como Alemania, Austria o Finlandia, y las palomas del endeudamiento que habitan en los gobiernos del sur europeo, sea cual sea su color político.

Las elecciones generales que este domingo se celebrarán en Hungría acaparan la atención y los esfuerzos de la alta clase política en Europa, pero también al otro lado del Océano Atlántico. El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, aterrizó este martes en Budapest para apoyar la campaña del actual primer ministro, Viktor Orbán, con motivo del Día de la Amistad Húngara-Americana, poniendo de manifiesto que en esos comicios no sólo está juego la jefatura de gobierno de un importante socio europeo para Washington sino la necesidad de contar con un estrecho y fiable aliado que reme en la misma dirección que la Administración Trump. Un rumbo opuesto a los intereses de la UE, de la que Hungría es Estado miembro.

La posición de Bruselas y la mayoría de Estados miembros es totalmente diferente. Ningún gobierno ni alto dirigente comunitario, como la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, o el del Consejo, Antonio Costa, se han manifestado públicamente sobre las elecciones húngaras para evitar que se vea como una mínima injerencia de la UE. La consigna es clara, no dar combustible a Orbán. Al mismo tiempo, el ejecutivo comunitario mantiene en un cajón fondos para Budapest como los de su plan nacional para acceder al programa de rearme militar europeo SAFE.

En privado, las críticas al primer ministro húngaro sí emergen y son claras. Una alta fuente diplomática reprocha su actitud en los debates recientes en la Cumbre Europea y denuncia, por ejemplo, “las derivadas cortoplacistas” de la postura de Orbán sobre Ucrania y Rusia, con la vista puesta sólo en sus intereses electorales de este domingo, pero también otras derivadas que proyecta hacia toda la UE como “el precio de la energía, la dependencia de los hidrocarburos rusos” en medio de la tensión bélica que enciende Oriente Medio.

El bloqueo de los 90.000 millones de euros a Ucrania es reprochado en Bruselas mientras en Washington se obvia. Antonio Costa lo calificó como “inaceptable” y exigió a Orbán en una conversación telefónica privada que respetase “el compromiso asumido en el Consejo Europeo”, pero el veto no se ha levantado y la Alta Representante Exterior, Kaja Kallas, amenaza ahora con sortear a Budapest trabajando de nuevo en el plan inicial de la UE, financiar el préstamo a Kiev con los activos rusos congelados.

Las críticas son más feroces por la última polémica provocada por el gobierno de Orbán en la capital comunitaria, la conversación entre el ministro de Exteriores húngaro y su homólogo ruso en la que el primero se mostraba “siempre a disposición” de Sergei Lavrov y le ofrecía ayuda con las sanciones contra Moscú. Para los líderes de Polonia e Irlanda son acciones “repulsivas” y “siniestras”. Y lo que ya se sabe en Bruselas es que durante los debates sobre Rusia o Ucrania en las Cumbres hay dirigentes, especialmente del este, que prefieren guardar silencio o aportar poca información sobre su posicionamiento hasta que Orbán abandona la sala.

La visita de Vance es la segunda en poco tiempo de un peso pesado del gobierno estadounidense, tras la del secretario de Estado, Marco Rubio, a finales de febrero. Hace sólo unos pocos días, Orbán y su partido, Fidesz, organizaron también en su país la Conferencia de Acción Política Conservadora en la que estuvo presente el líder de Vox, Santiago Abascal, agradeciendo al anfitrión ser el “protector de Europa” ante “los disparates de la Comisión”, y también otros líderes de la extrema derecha europea como la francesa Marine Le Pen, el italiano Matteo Salvini o el neerlandés Geert Wilders.

Este mensaje contra el proyecto europeo es el mismo portado por Vance a su llegada a Budapest. “Querría enviar de verdad una señal a todo el mundo, en particular a los burócratas de Bruselas”, afirmó el vicepresidente estadounidense, “que han hecho todo lo posible para mantener el pueblo húngaro bajo presión porque ellos no aman al líder que defiende al pueblo de Hungría”, en referencia a Orbán.

La franca oposición de Washington contra el proyecto comunitario y el uso de caballos de Troya como el húngaro para debilitarlo acercan a los Estados Unidos a la Rusia de Putin en su relación con la UE, y son las que debilitan su rol como socio fiable a ojos de Bruselas y de una gran parte de las capitales. “La estrategia que Europa debe tener con Estados Unidos no es sencilla, los canales desde luego están abiertos pero no es una administración sencilla a la hora de saber qué quiere”, explica la alta fuente diplomática.

La internacional ultra se vuelca con Orbán, sabedora de que si pierde las elecciones ante el conservador Péter Magyar, su fuerza en el viejo continente se verá debilitada, con una menor capacidad para influir en el rumbo de la Unión Europea, dejando a la primera ministra Giorgia Meloni más dispuesta aún a participar en políticas comunitarias como el apoyo a Ucrania, las sanciones contra Rusia, las críticas a Estados Unidos por su unilateralismo belicista y, quizás, a rebajar la presión sobre las políticas del Pacto Verde, y quedando sólo como líder euroescéptico el eslovaco Robert Fico, a la espera de lo que deparen las presidenciales francesas de 2027.

Esta agenda une a la internacional ultra y así lo destacó JD Vance en Budapest. A ojos de la Administración Trump, el primer ministro húngaro es el mayor defensor de las energías fósiles, un sector al que Washington no piensa renunciar en favor de las renovables. El vicepresidente norteamericano habló de que gracias a sus políticas en Hungría “los precios de la energía son bastante menos altos que en casi ninguna parte de Europa”. Datos desmontados en el mercado mayorista eléctrico europeo, donde el megawatio hora rozó en marzo los 120 euros en Hungría frente a los 42 de España, los 50 de Suecia, los 64 de Francia o los 99 euros de Alemania.

Más importante para todos los líderes de esta extrema derecha europea, estadounidense y latinoamericana es “la defensa de la civilización occidental, donde los niños deben poder ir a la escuela para ser enseñados y no adoctrinados”, según JD Vance. Las críticas a la igualdad de genero, a los derechos LGTBI+ o a la pérdida de los valores cristianos supuestamente por culpa de la inmigración son comunes en los actuales gobiernos de Washington y Budapest.

Y en medio de las públicas muestras de apoyo de la internacional ultra y el apoyo callado de los dirigentes de la UE en favor de Magyar, la tensión no deja de crecer en el país. Orbán acaba de redoblar sus ataques contra Ucrania y ahora la acusa de estar detrás de un intento de ataque contra un gasoducto de gas ruso entre Serbia y Hungría. El ejército serbio ha rechazado la implicación de Kiev en el dispositivo explosivo desactivado, mientras la oposición húngara habla claramente del intento de perpetrar un atentado de falsa bandera como pretexto para posponer la celebración de elecciones. Sin duda, este domingo 12 de abril los comicios de Hungría representan la cita electoral más importante del año en Europa.

La respuesta conjunta de la Unión Europea contra la crisis económica desatada por la covid abrió un nuevo camino para las políticas comunitarias. Y ahora, el viejo continente se asoma al abismo de un crac que podría acercarse al petrolero del 73. Bruselas y los Estados miembros tienen claro que la senda explorada en 2020 puede ser parte de la respuesta económica. El presidente estadounidense, Donald Trump, acaba de prometer la reapertura del Estrecho de Ormuz en “dos o tres semanas”, cuando espera terminar la guerra contra Irán, una predicción sin fundamento confiando en que así terminen los problemas en el mercado de crudo y derivados, gas o fertilizantes.

La incertidumbre del vaticinio hace que la Comisión ya pida a los 27 que trabajen en seguir reduciendo el consumo de hidrocarburos que vienen acometiendo desde la invasión de Ucrania, empezando por el sector del transporte. En paralelo, el ejecutivo comunitario y los gobiernos europeos estudian, tras la reciente cumbre de marzo, la introducción de ayudas para los hogares, transportistas, agricultores y ganaderos, empresas de distribución o industrias de alto consumo energético. Y aunque la demanda todavía no existe, la sombra de los fondos comunes Next Generation es alargada y la UE contaría con instrumentos dentro de su presupuesto actual para derivar financiación de apoyo a los países. Igual que tampoco se descarta, como durante la pandemia, dar barra libre al gasto público sin afectar a las normas de déficit.

Francia, Hungría, Alemania, Portugal, Bélgica o Irlanda son algunos de los socios que, como España, anuncian sus primeras medidas y la Comisión Europea trabaja en contrarrestar los efectos económicos de una crisis energética cuyo impacto en los mercados no prevé de corta duración. Escenario compartido por el BCE con una inflación como mínimo del 2,6% este año, que podría llegar hasta el 3,5% y, en el escenario más preocupante, al 4,4% en la eurozona. En Bruselas, el rumor de que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, convoque una cumbre extraordinaria ante la delicada situación en Oriente Próximo por sus repercusiones energéticas y económicas cobra fuerza.

El canciller alemán, Friedrich Merz, se encuentra entre los más agoreros entre los líderes europeos con lo que pueda suceder y recientemente declaró que el corte de Ormuz y la continuación de la guerra en Oriente Medio tendrán unas consecuencias “tan grandes como las recientemente experimentadas durante la pandemia de covid o el inicio de la guerra en Ucrania”. Sería un escenario más preocupante que el esbozado por el Banco Central Europeo.

La primera potencia continental ya ha aprobado parlamentariamente límites en el aumento de los precios que las compañías de electricidad o gas aplican a familias y empresas y también a las estaciones de servicios para la gasolina y el diésel. El gobierno de Merz estudia rebajas en los impuestos de las facturas energéticas y la medida más polémica que no descarta es reactivar temporalmente las plantas de carbón para aliviar en situaciones de emergencia el aumento de los precios eléctricos en el mercado mayorista.

Austria y Hungría son otros dos países de Europa central que también han aplicado esos límites al aumento en el precio de los carburantes en las gasolineras. En Budapest, además, el Gobierno de Viktor Orbán mantiene una regulación sobre los precios de las energéticas y existen techos máximos que no se pueden superar para familias y empresas.

Escribe el analista Alistar Keep en la publicación euperspectives.eu que, aunque “el conflicto en Oriente Medio está llevando a precios energéticos desorbitados en toda Europa, Bruselas todavía tiene que acordar una respuesta coordinada, dejando a los gobiernos nacionales actuar solos”. Para este autor, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció “una de las respuestas europeas más amplias, con un paquete de 5.000 millones para ayudar a 20 millones de familias y 3 millones de compañías”.

Italia ha adoptado medidas semejantes a las españolas con descuentos de 25 céntimos por litro para el combustible gracias a rebajas fiscales que asumirá el Estado por un importe de 600 millones de euros. Carga que repercutirá en las cuentas públicas de uno de los países más endeudados de toda la Unión. Irlanda ha ido un poco más allá y aplicará reducciones al IVA de la gasolina, del diésel de los automóviles o también de varios céntimos por litro al petróleo y el gas en el mercado mayorista. Además, se mantendrán los cupones de ayuda que disfrutan durante el invierno casi medio millón de hogares para el combustible de calefacción.

Un rumbo distinto al de rebajar la fiscalidad de los carburantes o controlar los precios de la energía es el que está tomando Francia. París impulsará nuevos permisos para la instalación de plantas fotovoltaicas y de molinos de viento, tanto en tierra como en mar, buscando “el objetivo 2035 de quince gigavatios suplementarios” de producción eléctrica, señala el ministro de Economía, Roland Lescure, con los que reducir a futuro las importaciones de combustibles fósiles. Visión a largo plazo, al tiempo que se pide a las refinerías instaladas en el país evaluar la capacidad para aumentar rápida y temporalmente la producción de los derivados del crudo. El gobierno de Emmanuel Macron todavía estudia si aplicar suspensiones en los pagos de las cotizaciones sociales a sectores vulnerables ante un alza de los combustibles, como la agricultura, la pesca o el transporte.

Si en dos o tres semanas, como promete Trump, el bloqueo del estrecho de Ormuz no se levanta y la actividad petrolera y gasística no retoma la normalidad en toda la región de Oriente Medio, los problemas de los países europeos se agravarán porque la UE tiene una dependencia del Golfo Pérsico especialmente relevante en sectores como el diésel para camiones y barcos o el fuel consumido por aviones. Según los datos oficiales, estas importaciones ascienden al 40%, ya que por ese estrecho navega cerca de una quinta parte del tránsito global de petróleo y su cierre afecta las importaciones de esos derivados a Europa. 

El comisario de Energía, Dan Jorgensen, es claro sobre el riesgo que afronta el continente y en una reciente carta a los diferentes ministerios ha advertido que “aunque la exposición directa de la UE a la oferta de la región antes de este conflicto era limitada, dependemos de los mercados globales para nuestro aprovisionamiento de combustibles fósiles en competencia directa con otros consumidores”. Cuando estalló la crisis del petróleo en 1973 las economías de los países occidentales dependían más del oro negro que hoy en día gracias a la irrupción e implantación progresiva de las renovables, pero no tenían que competir con gigantes como China, India y todo el sudeste asiático por ese combustible. Ahí está, según Bruselas, otra fuente de riesgo ante las guerras de Trump.

“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no necesitan ayuda de España ni de nadie más” para cumplir los objetivos de la guerra emprendida contra Irán. La Casa Blanca responde al Gobierno español por el cierre del espacio aéreo a los aviones estadounidenses que participan en ese conflicto y presume sobre sus capacidades, hasta el punto de rechazar que dependa logísticamente de sus aliados para desarrollar sus planes.

La afirmación oculta, sin embargo, la verdadera realidad del despliegue estadounidense en Europa, en Oriente Medio y el Golfo Pérsico, en el noreste de África y el Océano Índico con decenas de bases gestionadas directamente o en colaboración con el país anfitrión y que juegan un papel trascendental en la actual intervención militar.

La mayor de las instalaciones en los países vecinos de Irán se sitúa en Qatar, la base aérea de Al Udeid, sede del Comando Central de los Estados Unidos que ya ha sido objetivo de las represalias con misiles y drones por parte de la República Islámica. Otro de los pequeños estados bañados en petrodólares, Bahrein, alberga el cuartel general la V Flota de la Marina estadounidense y un poco más al sur, en Emiratos Árabes Unidos, tienen su base de operaciones los modernos cazas de combate furtivos F-22, uno de los pilares de la ofensiva. Sin embargo, las numerosas instalaciones militares con las que cuenta por Europa siguen jugando un papel central y sólo España ha ido tan lejos como para, además de impedir su uso, coartar ahora su actividad al negarles el espacio aéreo.

Italia acaba de prohibir a los bombarderos estadounidenses armados para la guerra de Irán operar desde la base aérea de Sicilia porque, según los acuerdos de la década de los 50, su uso es para propósitos logísticos y de entrenamiento, pero no como centro de tránsito desde el que transportar bombas y armamento hacia conflictos bélicos, salvo permiso expreso en situaciones de emergencia que debe aprobar el gobierno trasalpino tras pasar por el Parlamento.

En un efecto dominó semejante al de hace apenas tres semanas, Giorgia Meloni imita parcialmente las decisiones de España. Fue el 11 de marzo cuando la primera ministra protestó delante de su Parlamento porque “Italia está haciendo” lo mismo que España con su acuerdo bilateral con Estados Unidos sobre la utilización de las bases. Roma, como Madrid, rechaza verse arrastrada a la guerra contra Irán pese a la sintonía ideológica de Meloni con Donald Trump.

Italia intenta evitar cualquier tipo de roce diplomático y político con los Estados Unidos como los que vive España, de ahí que su ministro de Defensa, Guido Crosetto, intente minimizar el impacto de la decisión. “Algunos están intentando lanza el mensaje de que Italia ha decidido suspender el uso de las bases por activos estadounidenses”, afirma Crosetto, “es simplemente falso porque las bases siguen activas, en uso y nada ha cambiado”. Al mismo tiempo, el ministro italiano confirma el bloqueo al señalar que su gobierno “continua haciendo lo que todos los gobiernos italianos siempre han hecho en pleno cumplimiento de los compromisos en el Parlamento. Los acuerdos internacionales regulan claramente y distinguen lo que requiere una autorización específica del Gobierno”.

La acción unilateral de los Estados Unidos e Israel contra Irán sin consultar a los socios europeos está detrás de los recelos para permitir el uso de medio centenar de grandes instalaciones, una red de bases aéreas, puertos para barcos de guerra y centros de internamiento en gran parte heredada de la Guerra Fría y luego expandida al este tras la caída del Muro de Berlín. Según los propios datos del Comando Europeo de los Estados Unidos con cuartel general en Stuttgart albergan cerca de 84.000 soldados, tropa de marinería y de las fuerzas aéreas y demás personal.

Alemania, Italia, Reino Unido y España albergan la mayor concentración de militares estadounidenses y la presencia es creciente en Polonia o Rumanía. Hay bases también en Bélgica, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Hungría, Bulgaria, Malta o Turquía. Las instalaciones son en muchos casos también centros de la OTAN con sistemas de vigilancia centrados en controlar el paso de los estrechos de Gibraltar y Bósforo, la presencia rusa en el Mar Báltico y en la frontera oriental europea o la lucha antiterrorista en Oriente Próximo.

El empleo, igual que en el caso de España e Italia, está regulado por acuerdos bilaterales y en situaciones sensibles exige expresa autorización del país anfitrión. En 1986, cuando el entonces presidente norteamericano Ronald Reagan ordenó ataques aéreos contra Libia, España e Italia negaron los vuelos sobre su territorio y el uso de las instalaciones. El Reino Unido de Margaret Thatcher fue el único país que sí lo autorizó. Las rencillas con los europeos son coyunturales y ya entre 1966 y 1967 las Fuerzas Armadas estadounidenses cerraron sus bases en Francia después de que el presidente galo, Charles de Gaulle, retirase a su país de la estructura de mando conjunta de la OTAN y exigiese la salida de las tropas extranjeras.

En una decisión similar a la de España, pero con otro actor estatal como sujeto, la Francia del actual Emmanuel Macron acaba de prohibir a Israel el uso de su espacio aéreo para transportar armas estadounidenses que puedan emplearse contra Irán. Es la primera vez que París adopta una decisión similar y la diplomacia francesa aclara, ante las acusaciones de Trump este martes por redes sociales, que el veto no afectaría al resto de vuelos militares de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, que sí deben recibir autorización francesa individualmente para sobrevolar el hexágono.

Reino Unido se mantiene como el gran liado de los Estados Unidos y sigue siendo hoy uno de los centros logísticos y puntas de lanza para esas fuerzas armadas pese a la tensión política evidente con el gobierno de Keir Starmer. Al menos dos docenas de superbombaderos norteamericanos están aterrizando y despegando desde el sur de Inglaterra para participar en los ataques contra Irán, operaciones que el primer ministro británico define sólo como “defensivas y limitadas”. 

El otro gran aliado estadounidense en Europa, Alemania, tampoco se plantea aplicar medidas similares a las de España, Italia o Francia aunque el gobierno del canciller Friedich Merz tiene en su mesa desde hace días un informe de los expertos legales del Parlamento Federal que considera que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán viola el derecho internacional y alerta ante posiciones implicaciones legales a Alemania ante el uso de las bases estadounidenses en su territorio.

Bruselas acaba de lanzar un nuevo instrumento de inversiones militares entre los países de la UE. Dotado con apenas 115 millones de euros, está diseñado para impulsar programas de tecnologías disruptivas desarrollados por pequeñas empresas y startups que puedan aplicarse en pocos meses en el campo de batalla. La inteligencia artificial, la informática cuántica o los vehículos no tripulados centrarán estas subvenciones.

Hace menos de un año la Comisión Europea puso a disposición de los Estados miembros el Fondo SAFE con 150.000 millones de euros. Préstamos de largo vencimiento a los 27 con los que financiar grandes programas de defensa y compras de material militar mientras se aseguraba que la industria de defensa europea pueda aportar el equipamiento bélico que las fuerzas armadas nacionales exijan.

El nuevo programa Agile es mil veces más pequeño que el SAFE, pero es complementario de este último porque el Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen tiene claro que no debe levantar el pie del acelerador de la remilitarización europea, con la guerra de Ucrania muy presente en la frontera oriental de la UE y con el objetivo de impulsar las capacidades industriales de defensa propias frente a unos Estados Unidos imperialistas y agresivos con sus tradicionales aliados atlánticos.

SAFE no deja de ser el pilar de inversión de la Estrategia ReArm Europe (Rearme Europa) para 2030, rebautizada con ese nombre por la propia Comisión Europea tras las quejas de países como España o Italia, con el objetivo de edulcorar ante la opinión pública su verdadera finalidad. Esta estrategia se suma al Fondo Europeo de Defensa, a las normas que apoyan la producción de munición y las compras conjuntas de equipamiento militar o al programa para el Refuerzo de la Industria Europea de Defensa. “Representan”, explican un reciente trabajo del importante think tank bruselense Bruegel, “un progreso hacia el fortalecimiento de la oferta de bienes militares” porque, según el texto firmado por Guntram Wolff, ex director del German Council of Foreign Relations, y Armin Steinbach, economista jefe en el ministerio de Finanzas alemán, “Europa afronta una grave amenaza de seguridad” y “debe acelerar el rearme a través de una mayor cooperación e innovación en su gobernanza”.

Este mantra está plenamente interiorizado en la capital comunitaria, de ahí que los gobiernos de la Unión también acaben de aprobar el desvío de 34.600 millones de euros de los fondos de cohesión hacia “prioridades estratégicas más urgentes”. Entre ellas, de nuevo, las inversiones bélicas, que recibirán un tercio de esos fondos, 11.900 millones, para “fortalecer capacidades industriales de defensa, movilidad militar y la preparación civil”. Son cuatro veces más que la partida redirigida a vivienda sostenible y asequible e inclusión social o a iniciativas de descarbonización y medioambientales.

“Se están sacrificando las inversiones sociales o en favor de los derechos de los trabajadores, todo a puerta cerrada”, para “destinar dinero público a los fabricantes de armas” con “programas industriales que unen nuestras economías futuras a la guerra”, reprocha el eurodiputado del grupo de la Izquierda, Marc Botenga.

El fondo de 150.000 millones de euros dirigido a inversiones militares creado específicamente por la Comisión Europea empieza a agotar sus recursos. Francia y Croacia son los últimos países en sumarse a esa iniciativa y el instrumento SAFE habrá destinado en próximas semanas 130.000 de esos millones. España, Portugal o Bélgica estuvieron entre los primeros países que solicitaron dinero, Italia, Polonia y la mayoría de socios del este se lanzaron a por los fondos en la segunda tanda. 

Alemania ha declinado participar al contar con mejores condiciones de endeudamiento en los mercados mientras que Hungría presentó hace semanas su plan de inversiones por 16.000 millones, pero su programa parece guardado en un cajón como represalia por el continuo bloqueo que su primer ministro, Viktor Orbán, aplica en los debates europeos, en la ayuda a Ucrania y las sanciones a Rusia y a la espera de ver qué sucede en las elecciones generales del país a mediados de abril.

Las empresas alemanas o húngaras de tecnología militar sí recibirán dinero del fondo Agile, igual que las de los otros 25 socios comunitarios. El objetivo principal de este nuevo instrumento es que tecnologías emergentes salten cuanto antes del laboratorio al campo de batalla, como explicaron en Bruselas los responsables de la Comisión, gracias a subvenciones cuyo plazo de concesión se reducirá a sólo cuatro meses para apoyar a entre veinte y treinta proyectos.

Para los académicos de Bruegel —un think tank que aporta documentos de estudio y posicionamiento político, económico o industrial que sirven de base para futuras iniciativas de la Comisión—, la partida de SAFE, de otros programas militares o partidas más pequeñas como el nuevo Agile no bastarían. Wolff y Steinbach piden crear un Mecanismo de Defensa Europeo a imitación del MEDE entre gobiernos con el que se rescataron los países de la UE durante la crisis de deuda a cambio de austericidas recortes.

Este MEDE militar estaría, por tanto, al margen del escrutinio y supervisión de la Eurocámara, basado en un tratado entre gobiernos y financiado con aportaciones nacionales con las que salir a endeudarse en el mercado y así, explican los autores, aliviar las cargas presupuestarias del rearme. Su cometido sería financiar grandes programas conjuntos de defensa, creando así un mercado único europeo para esta industria y permitiendo la participación de actores no comunitarios como Reino Unido.

Estamos, en palabras de eurodiputados de izquierdas como el alemán de Die Linke, Ózlem Demirel, o Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, ante una verdadera carrera de armamentos en la UE en la que se “redirigen fondos desde donde más se necesitan” como el gasto social o en la lucha contra el cambio climático “a alimentar la capacidad de producir armas”.

Los últimos datos de la OTAN publicados este jueves ejemplifican con cifras esta denuncia. En 2025, Polonia gastó en defensa el 4,3% de su PIB, las tres repúblicas bálticas entre el 3,4 y el 4%, países con economías pequeñas como Finlandia o Grecia en el entorno del 2,8% de su PIB y España saltó del 1,3%-1,4% al 2% para cumplir por primera vez con un objetivo fijado hace una década. Pese a las críticas continuas de Donald Trump y aunque sigue a la cola de la Alianza Atlántica en términos relativos de gasto militar, España está entre los países donde éste más aumentó el año pasado, un 44%, sólo superada por Luxemburgo, Bélgica, Eslovenia, Albania y Dinamarca.

La alianza del Partido Popular europeo con la extrema derecha está a punto de dar la puntilla definitiva a la garantista protección humanitaria que hasta ahora la UE prestaba a refugiados, demandantes de asilo y migrantes en situación irregular. Este jueves la Eurocámara autorizó abrir las negociaciones con el Consejo y la Comisión para aprobar el Reglamento de Retorno, la propuesta del ejecutivo comunitario que permitirá la expulsión de extranjeros a terceros países.

La Unión Europea impulsará también la construcción de centros en territorios no comunitarios a los que deportar a esas personas. Países como Uganda o Ruanda, igual que Albania donde la primera ministra italiana, Giorgia Meloni ya cerró un acuerdo en 2024, acogerán estas instalaciones propuestas en marzo de 2025 por la Comisión Europea, que también planteó eliminar el requisito de que los migrantes tuviesen un vínculo con el tercer país de los centros de deportación.

Son las medidas más polémicas votadas en el Pleno del Parlamento Europeo por 389 eurodiputados. Fueron legisladores populares, ultraconservadores del grupo ECR, de Meloni o los polacos del PIS, Patriotas de Vox, Le Pen u Orbán y neofascistas de la bancada ESN liderada por los alemanas de la AfD. Enfrente poco más de 200 eurodiputados socialdemócratas, verdes y de izquierdas. La legisladora de los Verdes, Mélissa Camara, destaca precisamente esa alianza derechista para endurecer la política migratoria. “El PP europeo ha estado trabajando mano a mano con la extrema derecha para perseguir políticas migratorias racistas y populistas a nivel de la UE”.

El reglamento esta ya totalmente encaminado para su futura entrada en vigor. Dentro del Consejo, una mayoría de gobiernos populares a los que se suman la Hungría de Viktor Orbán, la Italia de Meloni o la Eslovaquia de Robert Fico respaldan esta expulsión. Sólo España a finales del año pasado las rechazó, quedándose en absoluta minoría. Entonces, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, manifestó en Bruselas sus “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los calificados como hubs de retorno, que para la Comisión son soluciones innovadoras.

En las bancadas progresistas de la Eurocámara se habla de que este Reglamento de Retornos está inspirado más por las políticas de la Administración Trump y el régimen de deportaciones del ICE que por los valores europeos, ignorando derechos fundamentales recogidos en los Tratados de la UE o la Carta de las Naciones Unidas, como el derecho a la dignidad humana, a la libertad o el derecho al asilo. “Se confirma el peor de los pronósticos”, reaccionó la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, calificando el texto como “siniestro” y “pieza clave de la maquinaria de deportaciones”.

Los centros de deportación son la herramienta más polémica de este futuro reglamento migratorio. Se implantarán en países supuestamente considerados seguros, Marruecos, Túnez, Egipto, Colombia, Kosovo, la India o Bangladesh están dentro de esa lista aunque en alguno de ellos existan verdaderas dictaduras, gracias a acuerdos bilaterales con los socios de la Unión.

La deportación a un tercer país dependerá del origen del migrante, de si supuestamente ha pasado por ese territorio de camino a la UE y el Reglamento “también permitiría la posibilidad del retorno a un país que acepte a ese persona basándose en los acuerdos alcanzados con un Estado miembro de la UE”. Como en el caso de los deportados por Italia a Albania, el extranjero podrá ser obligado a terminar en un territorio contra su consentimiento. Frente a esta realidad, el eurodiputado liberal Malik Azmani, del partido neerlandés VVD, asegura que “siempre ha sido mi objetivo alcanzar un reglamento eficiente y factible”.

La futura norma comunitaria recoge que las autoridades de un país emitan órdenes de expulsión a cualquier no nacional de la UE que resida irregularmente en ese Estado miembro e imponerle la obligación de abandonar el territorio. El sistema informático del Espacio Schengen, compartido por 29 países, mostrará esas órdenes a cualquier otro socio para que sean de obligado cumplimiento. Deportaciones que no serán “efectivas, sostenible y dignas”, reprocha la socialista portuguesa Ana Catarina Mendes, quien cree que el mandato negociador aprobado por el Parlamento Europeo “nos mueve en dirección contraria al remover las garantías y desmantelar derechos fundamentales”.

Si la persona extranjera no cooperase en ese proceso de expulsión a terceros países, calificado en el reglamento como retorno voluntario, podrá “se detenido”, “si presenta un riesgo de fuga, un riesgo de seguridad o cualquier otra factor relevante impide su traslado a tiempo” y sufrir sanciones como la prohibición de entrar en territorio comunitario de por vida. En otra muestra del abandono garantista en la política migratoria, la futura norma permitirá que “se ordenen las detenciones de menores no acompañados y de familias con niños” como una medida de último recurso y durante un plazo de hasta veinticuatro horas. En el caso de los adultos las detenciones podrán durar hasta un máximo de 12 meses prorrogables por un periodo semejante.

“Es vergonzoso ver a eurodiputados del PP europeo celebrando sus esfuerzos para encerrar a niños y lanzar lejos la llave”, critica la francesa Camara. La ecologista, ponente en la sombra de la posición de la Euocámara, denuncia que son “los mismos eurodiputados que vergonzosamente han estado haciendo acuerdos secretos en la sombra con la extrema derecha, principalmente ECR, los Patriots y ESN, sólo para hacer la vida miserable de aquellos que están buscando la seguridad en nuestras costas”.

Aunque una de las medidas más denigrantes, la detención de los migrantes en sus propios domicilios, finalmente quedó fuera del texto aprobado por el Parlamento, que empezó a negociarse con la Comisión y el Consejo este mismo jueves por la tarde, la UE sí rechazará que un recurso judicial de la persona extranjera paralice de forma automática su proceso de expulsión, a no ser que el juez así lo dictamine expresamente.