La investigación abierta contra Meta por no impedir el acceso a sus redes sociales a los menores de 13 años es la última de las acciones emprendidas por la Comisión Europea para poner coto a las prácticas abusivas de las tecnológicas, que van desde las brechas a la privacidad de sus usuarios y la difusión de bulos, desinformación o contenido pornográfico ilegal hasta acciones monopolísticas y contra la competencia.

Desde que en otoño pasado los 27 pactaron una declaración conjunta donde se reconocía la adicción que las redes sociales, las plataformas online y la Inteligencia Artificial generaban en los menores por sus contenidos diseñados específicamente, los Estados de la UE han ido introduciendo leyes y normas para limitar la edad de acceso, mientras la Comisión Europea, aprovechando la nueva Directiva de Servicios Digitales, abre investigaciones contra las grandes tecnológicas por su funcionamiento.

Instagram y Facebook, propiedad de Meta, aplicaron medidas para restringir el acceso de los niños y niñas que “no parecen estar siendo efectivas”, reprocha el Ejecutivo comunitario, para denunciar que “no prevén adecuadamente el acceso de los menores de 13 años a sus servicios ni los identifican rápidamente ni los retiran si han conseguido acceso”. Meta “está claro que ahora mismo no está haciendo lo suficiente” en la protección de la infancia, reprocha la vicepresidenta de la Comisión al frente del departamento de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. Una denuncia pública desde Estrasburgo, con motivo de la sesión plenaria del Parlamento Europeo, que se suma a otras, como las dos abiertas contra la plataforma de X.

Grok, la inteligencia artificial de la antigua Twitter, está siendo investigada formalmente por los riesgos asociados con la difusión de contenido ilegal en la UE relacionado con imágenes sexuales explícitas manipuladas de mujeres y hasta de abuso de menores. Un proceso sumado al que está en marcha desde 2023 por las obligaciones supuestamente incumplidas por X para mitigar el contenido relacionado con material terrorista.

La eurodiputada socialista Laura Ballarín califica estas investigaciones como actuaciones necesarias y urgentes ante “la alarmante falta de control por parte de las plataformas” digitales. La política, voz en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, cree aun así que estas investigaciones llegan en muchos casos tarde, ya que mientras los procesos de Bruselas avanzan con lentitud, la plataforma de Elon Musk opera “sin asumir responsabilidades reales”.

Las llamadas para que la UE ponga coto a los desmanes digitales de las plataformas de Internet, redes sociales o la Inteligencia Artificial han ido en aumento en los últimos tiempos. El grupo parlamentario de Los Verdes escribió en una carta abierta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que los escándalos de Grok sobre imágenes falsas de abuso a menores o violencia sexual contra mujeres eran “una desgracia” y “un comportamiento inimaginable” que exigían “apoyar alternativas europeas frente a las plataformas sociales dominantes” con fondos comunitarios, además de que Bruselas y los Estados miembros “investiguen de forma rigurosa y refuercen nuestras leyes, incluyendo cualquier ley criminal que sea violada”.

Precisamente los ministros europeos de Telecomunicaciones discutieron este jueves en Chipre el futuro europeo de la Inteligencia Artificial y su regulación. Óscar López, el titular español, asegura que la posición del Gobierno al respecto es “muy sólida”, que “España no quiere retroceder” y que la Unión necesita “una regulación para que Europa consiga una IA fiable”. En todo el continente, señala el ministro López, “han surgido voces a favor de proteger a nuestros menores, especialmente en redes sociales, y la mayoría de edad. Ahora mismo hay dos países, Francia y España, que tienen una ley de protección del menor, pero los demás no la tienen y están discutiendo cómo hacerlo”.

Antes que España, a principios de año, la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley que modificaba la existente sobre protección del menor e introducía los 15 años como límite para acceder a las redes sociales. Por debajo de esa edad, tendrían prohibido ser usuarios en esas plataformas, como también quedaría prohibido el uso de los teléfonos móviles en los institutos. Francia se convirtió en el pionero europeo de esta regulación después de que la ANSES, su Agencia de Seguridad Sanitaria, declarase que aplicaciones como TikTok, Snapchat o Instagram provocan severos efectos negativos en los adolescentes. Hasta ese momento, sólo Australia tenía una prohibición semejante en el planeta.

Los estudios de la Comisión Europea tras la introducción de la Directiva sobre Servicios Digitales hablan de que el 97% de los jóvenes de la UE emplean a diario Internet y que las redes sociales son la principal fuente de información para el 65% de ellos. El departamento que dirige la comisaria Virkkunen “reconoce que Internet tiene mucho que ofrecer a la infancia y a la juventud, desde el aprendizaje hasta la exploración del mundo”, pero que “también están aumentando los riesgos online para la juventud que necesitan atajarse”.

La eurodiputada Laura Ballarín insiste en que el avance tecnológico no puede producirse a costa de la seguridad de los colectivos más vulnerables, “la tecnología no puede avanzar dejando atrás la protección de menores y mujeres. Regular no es frenar el progreso: es garantizar derechos”. Los países europeos están tomando nota de estos llamamientos y el coto a las redes sociales y la Inteligencia Artificial avanza.

Dinamarca está introduciendo estrictas normas para la protección online de los menores, incluyendo la prohibición de usar las redes sociales por debajo de los 15 años si no existe un control parental específico. El gobierno de la primera ministra Mette Frederiksen ha adoptado esta medida después de que bajo su impulso como presidencia rotatoria del Consejo Europeo, los ministros de los 27 pactasen el pasado otoño la Declaración de Jutland donde se afirma que “los diseños adictivos mantienen colgados” a los menores en el mundo online, “en riesgo a contenido ilegal, contenido extremista y dañino y expuestos a contactos inapropiados”. El documento, pactado por todos los gobiernos sin excepción, reconoció “la necesidad de requerir una verificación privada y efectiva de la edad en las redes sociales”.

El gobierno austríaco trabaja en una prohibición semejante incluso con una edad aún más baja, los 14 años, como medio para combatir la adicción, las enfermedades mentales y el contenido dañino por Internet. En Alemania, democristianos y socialdemócratas también está elaborando una regulación que fuerce a las redes sociales a introducir sistemas de verificación de edad, con el mínimo de los catorce años y la obligatoriedad de versiones juveniles para los menores de dieciséis.

En otros países estas iniciativas también se abren paso. El debate ya está en el seno de la coalición de gobierno italiano, con el objetivo de adaptar las regulaciones existentes hacia un uso más restrictivo para los adolescentes más jóvenes en las redes sociales, con límites como los catorce o quince años, y en Bélgica, la región de Flandes, aprovechando sus competencias sobre protección de menores, ha introducido el mínimo legal de 13 años para acceder a plataformas como TikTok o Instagram.

España vuelve a estar en el ojo de la polémica de los Estados Unidos de Donald Trump y con la OTAN como telón de fondo. Un correo electrónico interno del Pentágono filtrado sugiere tomar medidas contra los aliados que no atiendan las peticiones de ayuda o colaboración de Washington en su campaña militar en Irán. Países de la Alianza Atlántica presuntamente calificados como “difíciles” y a los que penalizar con una variedad de medidas políticas.

Entre esas represalias, la de mayor calado sería buscar su expulsión de la OTAN. Aunque el documento no menciona a ningún país, España estaría entre los afectados, en una lista en la que podrían entrar otros como Reino Unido, Italia o Francia, que también han frenado el uso de su espacio aéreo o bases a las fuerzas armadas estadounidenses para sus operaciones militares contra Irán. Sin embargo, el propio Tratado de Washington de 1949, fundacional de la Alianza Atlántica, no recoge la expulsión de un país aliado, únicamente la salida voluntaria de sus miembros.

Desde Chipre, donde los líderes de la Unión Europea se reunieron en una Cumbre informal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desmintió la posible amenaza implícita a España con un “no hay debate” y afirmando que “cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal, comprometidos y desplegados en muchísimas áreas que han sido solicitadas por los propios países y, por tanto, absoluta tranquilidad”.

Antes de verse por segundo día con sus homólogos europeos, Sánchez había señalado: “No trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el Gobierno de Estados Unidos”, con una postura clara de España, la “absoluta colaboración con los aliados, pero dentro del marco de la legalidad internacional”.

Las altas autoridades de la UE se mostraron una vez más prudentes con las amenazas procedentes del otro lado del Atlántico, más si cabe al ser la OTAN. En Nicosia, el presidente del Consejo, Antonio Costa, prefirió no entrar en la polémica abierta. “Tenemos nuestras sedes en la misma ciudad que la OTAN —Bruselas— pero somos instituciones diferentes, cooperamos con la OTAN, pero no discutimos sus cuestiones internas”, dijo con pies de plomo el dirigente portugués, para sí aclarar que ningún Estado miembro, tampoco España, verá amenazada en solitario su seguridad, ya que “hay un proceso en marcha para discutir cómo operar la cláusula de mutua defensa, cómo activarla, usarla. Estamos diseñándola”.

En el encuentro informal de Chipre, los líderes de los 27 junto a la Comisión Europea debatieron precisamente sobre su mutua defensa sin el paraguas estadounidense, el que pondría en cuestión el documento interno del Pentágono. La Alta Representante Exterior de la UE, Kaja Kallas, expuso los escenarios de ataques híbridos, convencionales o terroristas que permitirían activar el artículo 42.7 del Tratado de la Unión, donde se declara que “si un Estado miembro es víctima de una agresión armada sobre su territorio, los otros Estados miembros tendrán la obligación de prestarle ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance”. Una redacción y cobertura semejante a la que ofrece el artículo 5 de la OTAN, la que critica la Administración Trump.

Sólo una vez en la historia de la UE, igual que sólo una vez en la historia de la Alianza Atlántica, el artículo 42.7 fue invocado. Lo hizo Francia después de los atentados de noviembre de 2015, cuando un comando yihadista bajó desde Bélgica y sembró el terror en París. Hubo colaboración militar para al control fronterizo desde Alemania, Bélgica o Reino Unido al mismo tiempo que otros socios europeos ponían a disposición sus servicios secretos para cercar a la célula fugada que reivindicó los atentados en la sala Bataclán, el Stade de France y las calles de la capital gala en nombre del ISIS.

El debate abierto en Chipre fue solicitado por el propio anfitrión, al no pertenecer a la OTAN y sufrir el impacto de misiles y drones iraníes en respuesta a las acciones militares de Estados Unidos e Israel. Nicosia recibió la ayuda voluntaria e individual de países como Grecia, Italia, Francia, España o Reino Unido, que cuenta con una base militar en la isla, en forma de aviones y navíos de guerra para ofrecerle protección antiaérea, pero su presidente Nikos Chistodoulides quiso que Bruselas preparase “la base sobre cómo responder en caso de que un Estado miembro active el artículo 42.7”.

“Todos los Estados miembros que son aliados de la OTAN pero también aquellos que no lo son, sienten la necesidad de que tengamos un plan operacional”, afirmó Chistodoulides. El contexto geopolítico y las guerras en sus fronteras apremian a la UE ante las dudas sobre el paraguas de seguridad estadounidense en la Alianza Atlántica, de ahí que Antonio Costa insistiese que los ataques sufridos por Chipre han sido un “primer test” sobre la defensa colectiva europea a la que respondieron varios países “movilizando equipamiento militar y fuerzas para ayudar a Chipre en su defensa ante ataques externos”

Los europeos no están sólo asumiendo su defensa colectiva en el ámbito de la UE, sino también en la OTAN con la hoja de ruta pactada para una transferencia de responsabilidad que se plasmará en la Cumbre de Ankara de este mes de julio. En esa reunión se exigirá a los aliados europeos que aceleren su producción en defensa y fomenten la innovación en investigaciones con usos militares y el propio secretario general de la Alianza, Mark Rutte, quiere que el viejo continente asuma competencias hasta ahora casi exclusivas de los estadounidenses.

“En tiempos de gran inestabilidad, a medida que aumenta la importancia de la disuasión nuclear, debemos garantizar que la disuasión nuclear de la OTAN siga siendo creíble, segura y eficaz", viene de decir Rutte durante una visita en Turquía. Todavía se desconoce si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acudirá a la cita de julio o la boicoteará como muestra de su descontento con los países que no están cumpliendo con el gasto militar deseado por Washington.

Pese a todas las presiones desde los Estados Unidos, sean en ruedas de prensa directas de su presidente o con filtraciones como la del documento interno del Pentágono, el Tratado de Washington de la Alianza Atlántica sólo recoge en su artículo 13 la salida voluntaria de cualquier país tras notificarlo oficialmente al resto de aliados y con un año de preaviso. No existe una cláusula que regule la expulsión de un miembro y cualquier otra sanción política, como limitar el acceso de un país aliado a puestos de responsabilidad, excluirlo de misiones o reducir su peso en la estructura de mando, requiere la unanimidad del resto, lo que frenaría el unilateralismo de la Administración Trump.

Este contexto es el que lleva a Luis Simón, director de la oficina del Instituto Elcano en Bruselas, a poner el foco no tanto en las amenazas de Washington contra terceros países sino a que “Trump puede torpedear la OTAN, retirar a su embajador, quitarle el sombrero OTAN al Comandante Supremo Aliado en Europa —cargo que ocupa un general estadounidense— y eso sería un lío monumental”. Para llegar a este situación límite con el objetivo de imponer sus objetivos militares o de gasto a otros, los Estados Unidos tampoco tendrían que amagar con su salida, cree Simón, ya que “Trump no necesita denunciar el Tratado de Washington y salirse de la OTAN para dejarla tocada de muerte, lo puede hacer con una política de silla vacía”.

De ahí que, aunque la OTAN sea una institución alternativa e independiente a la UE, el mantra en Bruselas, como reconoció desde Chipre la Alta Representante Kaja Kallas, sea insistir que los países europeos sí están cumpliendo con las peticiones de ayuda de Estados Unidos pese a no involucrarse en su guerra contra Irán, con ofertas para poner sus marinas de guerra a trabajar en el desminado del Estrecho de Ormuz, la escolta de barcos o la disponibilidad de las bases militares en muchos Estados miembros. Todo, para que las amenazas de Washington se queden sólo en eso.

Las divisiones internas y las diferentes posiciones entre los países de la Unión Europea vuelven a frenar la adopción de sanciones contundentes contra Israel por las constantes vulneraciones de los derechos humanos en Gaza o Cisjordania o la violación del derecho internacional y la integridad territorial de Líbano. La credibilidad de la UE vuelve a quedar en entredicho al comparar su respuesta y sus políticas hacia Rusia con el apaciguamiento continuo, cuando no el silencio, frente a Tel Aviv.

La petición de España, Eslovenia e Irlanda no fue aprobada en la reunión de los ministros europeos de Exteriores “dado que la suspensión del Acuerdo de Asociación necesita unanimidad y no hubo el apoyo suficiente dentro de la sala”, explicó la Alta Representante, Kaja Kallas, tras concluir el encuentro de este martes. Tampoco salieron adelante sanciones comerciales parciales o directas contra el Gobierno israelí ya que “la mayoría cualificada requerida exigiría que los Estados cambiasen sus posiciones”.

Unos diez países, encabezados por Alemania y donde están socios importantes como Italia o Polonia, consideran que las sanciones contra Israel son inapropiadas y que este país, como aliado principal en Oriente Medio, no debe ser penalizado en medio de una guerra contra Irán, pese a las flagrantes violaciones de los derechos humanos y el genocidio denunciado por los expertos de la ONU. La cumbre informal de líderes europeos a finales de semana en Chipre se presenta como una nueva oportunidad para discutir esta cuestión, aunque la Alta Representante rebaja el optimismo ya que “no he visto un cambio de posición dentro de la sala sobre la suspensión del acuerdo” con Israel y sólo promete llevar las “nuevas propuestas comerciales a la Comisión Europea para su discusión”.

Antes de la reunión de Exteriores, en una carta abierta a Kaja Kallas, España, Irlanda y Eslovenia habían denunciado “las severas medidas del gobierno israelí, incluyendo decisiones ejecutivas, militares y leyes adoptadas por la Knesset -el Parlamento del país- que contravienen los derechos humanos y violan el derecho internacional y las leyes humanitarias internacionales”. Nombraban la aprobación de la pena de muerte contra la población palestina, “las condiciones insostenibles en Gaza”, los ataques contra civiles y lugares santos cristianos y musulmanes o la ampliación de asentamientos ilegales en Cisjordania, además de las recientes operaciones en Líbano, para exigir sanciones contra Israel suspendiendo el Acuerdo de Asociación bilateral.

“Dado el nivel de violencia y la gravedad de la situación actual, existe la necesidad de revisitar urgentemente la cuestión de la respuesta de la UE, incluyendo las propuestas planteadas por la Presidenta de la Comisión”, explicitaron estos tres países en referencia a la suspensión de beneficios comerciales a las exportaciones de Israel, concretamente frutas, verduras, maquinaria industrial o bienes farmacéuticos que disfrutan de arancel cero por un impacto de 230 millones, de la colaboración en proyectos científicos o del programa Horizonte, medidas planteadas en septiembre.

“España junto con Eslovenia e Irlanda ha solicitado la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel”, informó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, porque exigió que la “UE sólo puede tener una relación con Israel basándose en el respeto de los derechos humanos y vemos que Israel no ha hecho más que avanzar y agrandar la espiral de violencia y de guerra”.

Bélgica, Suecia y, ahora también, Países Bajos con su nuevo gobierno se han sumado al grupo de los tres países más críticos con Tel Aviv. Suecia y Francia propusieron vetar la entrada en la UE de los productos procedentes desde territorios ocupados y asentamientos ilegales, como forma para condicionar la política israelí, una línea con la que Países Bajos se sintió cómoda. Bélgica, por su parte, defendió una suspensión parcial del acuerdo partiendo de las medidas propuestas por la Comisión hace meses porque, como reconoció su ministro, Maxime Prévot, era necesario ser “conscientes de que la suspensión total está fuera de lugar, vistas las posiciones de los países europeos”.

Los defensores de Israel

Frente a ese bloque, al que se han ido adhiriendo otros países como Italia, Portugal, Luxemburgo o Grecia, una parte de Europa sigue sin considerar prioritario frenar las guerras abiertas en Oriente Medio por Israel, condenar claramente las vulneraciones de los derechos humanos y de las normas internacionales, ni adoptar sanciones en consecuencia. Las repúblicas bálticas y otros socios del este de Europa como Bulgaria o Rumanía, perciben esa profunda inestabilidad como un problema lejano y ajeno a sus prioridades. Su atención en la región se centra, sobre todo, en el impacto de la guerra desatada por Estados Unidos contra Irán sobre el comercio marítimo y los mercados energéticos.

“Creo que la prioridad, también en lo que respecta a mis ciudadanos, es poder reducir la presión sobre los precios de la energía. Y que la prioridad actual de la comunidad internacional y de la comunidad diplomática es la desescalada de los conflictos en la región”, señaló antes de la reunión con sus homólogos europeos la ministra de Exteriores rumana, Oana-Silvia Țoiu. Esta posición, compartida por otros socios, pone de relieve las diferencias de enfoque con países como España, que califican la situación actual en Oriente Medio como la mayor crisis global de este siglo y la más grave en la región desde la Guerra del Golfo.

Por afinidad ideológica con el gobierno de Benjamin Netanyahu, pero también por el peso del pasado nazi y de las persecuciones y crímenes sufridos por la población judía en sus propios territorios, socios como Alemania, Austria o Polonia siguen sin posicionarse claramente contra Tel Aviv. Para el ministro de Exteriores alemán, la propuesta de España, Irlanda y Eslovenia de suspender temporalmente el Acuerdo de Asociación con Israel resulta “inapropiada”. Frente a ello, defiende “mantener conversaciones con Israel sobre cuestiones críticas, un diálogo constructivo”.

Entre los 27, varios países, una minoría importante, comparten los planteamientos del Gobierno Netanyahu o de la Administración Trump y consideran más urgente frenar el programa de enriquecimiento de uranio de Irán que las políticas belicistas y expansionistas de Israel en Oriente Medio, aunque estas sigan incendiando la región y la UE sufra sus consecuencias en forma de una crisis energética, aumento de la llegada de personas refugiadas e inestabilidad crónica en su frontera suroriental.

Lituania o Letonia, Austria, Polonia, Bulgaria y la República Checa comparten esta postura y rechazan sanciones de gran calado contra Tel Aviv, empezando por la suspensión completa temporal del Acuerdo de Asociación de la UE. En la reunión de ministros europeos de este martes quedaron patenten las diferentes percepciones entre los 27: cerca de la mitad de los Estados miembros siguen priorizando en política exterior el aumento de la presión sobre Rusia y el refuerzo de la ayuda a Ucrania, ahora que el cambio de gobierno en Hungría lo permitirá.

El distanciamiento entre Israel y los países de la Unión Europea es lento pero progresivo desde que España, Irlanda y Noruega —este último país aliado no comunitario— reconocieron a Palestina como Estado en mayo de 2024. Entonces, aquella era aún una postura minoritaria y controvertida entre los Veintisiete que levantó críticas, pero pronto otros países como Eslovenia, y posteriormente Francia, Bélgica, Luxemburgo y Malta, la imitaron.

Ahora, Italia ha decidido suspender el acuerdo de cooperación militar con Tel Aviv, vigente desde 2025 y que debe renovarse cada cinco años. Guido Crosetto, ministro de Defensa, notificó en una carta formal a su homólogo israelí que el pacto se pondrá en cuarentena, afectando a 11 artículos de un memorándum de entendimiento sobre cooperación en defensa, investigación militar o desarrollo de capacidades conjuntas.

La realpolitik, en un contexto internacional cada vez más tensionado donde los conflictos bélicos van en aumento desde hace un lustro, está trastocando las posturas tradicionales de países y partidos políticos europeos. Tras las críticas de gobiernos progresistas o liberales, como el español, el esloveno o el irlandés, ahora es Italia, con un Ejecutivo de extrema derecha, o son formaciones y políticos ultras quienes empiezan a distanciarse de Israel.

Giorgia Meloni ha asumido personalmente la decisión de cortar amarras con Israel. “En consideración de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel”, anunció la primera ministra italiana. La semana pasada, Roma convocó al embajador israelí después de que las fuerzas armadas hebreas dispararan contra un convoy de cascos azules trasalpinos en Líbano. A ello se sumaron los “ataques inaceptables” contra civiles libaneses denunciados por el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, que provocaron una protesta formal de Tel Aviv.

Italia podría modificar ahora su postura sobre la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, algo que ha solicitado formalmente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En septiembre de 2025, la Comisión Europea propuso una suspensión parcial de sus disposiciones tras concluir que las fuerzas armadas israelíes habían vulnerado los derechos humanos en Gaza. Desde entonces, la iniciativa sigue bloqueada, pero si Italia cambia el sentido de su voto alteraría las mayorías dentro del Consejo al ser uno de los países más poblados de la Unión.

El próximo martes, los ministros de Exteriores de los 27 estudiarán imponer nuevas sanciones al Gobierno de Benjamin Netanyahu por la expansión de sus asentamientos en Cisjordania, los ataques indiscriminados en el sur del Líbano y la posibilidad de adoptar también sanciones comerciales. La Comisión tiene además desde este semana una petición ciudadana firmada por más de un millón de europeos para suspender ese acuerdo bilateral, y no sólo las partes comerciales o de colaboración en proyectos de I+D.

La suspensión del acuerdo de defensa por parte de Italia afecta al tercer proveedor de armas a Israel, por detrás de Estados Unidos y Alemania, aunque este negocio sólo supone un 1,3% de las importaciones de armas de ese país. En agosto de 2025, Eslovenia se convirtió en el primer país europeo en formalizar un embargo total de armas a Israel. Un mes después lo hizo España, Bélgica lo aplicó para las exportaciones desde la región de Valonia y, posteriormente, prohibió cualquier movimiento de material militar con dirección Israel desde el puerto de Amberes.

El pasado fascista de la extrema derecha trasalpina, —ya sea en Fratelli d'Italia, heredero del Movimiento Social Italiano, o de forma menos explícita en La Lega—, así como el colaboracionismo nazi del lepenismo francés, distancian a estos movimientos de un apoyo cerrado a Israel, más habitual en la democracia cristiana y en el conservadurismo europeos. Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano explica a infoLibre “que es bastante ambiguo” sostener que la extrema derecha haya sido más proisraelí. “Muchas veces lo han sido precisamente por apoyar a la Administración Trump”. García Encina añade además que ese distanciamiento, o al menos esas dudas respecto a Israel, “es incluso anterior al Gobierno de Netanyahu” y a la guerra abierta en Oriente Medio.

La reorientación que Marine Le Pen realizó del Front National para convertirlo en el Rassemblement National posibilitó al partido abandonar sus posturas antisemitas para presentarse como defensor del Estado de Israel. Su delfín, Jordan Bardella, llegó a visitar ese país hace un año. Pero recientemente la líder ultra francesa ha exigido a Tel Aviv que “respete las reglas del derecho internacional, especialmente en los conflictos armados”, en un reproche claro a su actuación en Gaza y Líbano, al tiempo que ha pedido al Gobierno de Macron que proteja a Israel, “a su población y su soberanía”.

En Polonia, el distanciamiento entre elementos de su extrema derecha e Israel también es visible. El diputado Konrad Berkowicz, uno de los líderes de la formación ultra KORWiN, Nueva Esperanza, ha mostrado en su Parlamento una bandera del Estado judío con la Estrella de David reemplazada por la esvástica mientras acusaba a ese país de ser un “nuevo tercer Reich” por los crímenes de guerra y el genocidio cometidos en Gaza. En Hungría, el cambio de Gobierno sustituirá un aliado incondicional como era Viktor Orbán por un nuevo primer ministro también de derechas, que deberá posicionarse en el debate europeo.

A preguntas de infoLibre, el también investigador de Elcano, Federico Molina, señala la división ideológica entre formaciones de extrema derecha en la UE, “una paradoja interesante, porque además es muy difícil juntar el agua y el aceite de derechas nacionalistas húngaras, eslovacas o francesas” al explicar la diferente posición sobre Israel o la Administración Trump y cómo, ante la actual coyuntura internacional, estos partidos vuelven a enfocarse en los problemas internos domésticos y mismo europeos ya que “vender a tu electorado una globalización o cosas que son completamente ajenas a su agenda tiene, a mi juicio, muchas limitaciones y creo que la europeización de estos grupos va a seguir avanzando”.

“Hay quien interpreta la elección del domingo en Hungría como la prueba de que Orbán se había vuelto demasiado globalista y había abandonado el discurso conservador húngaro tradicional para abrazar agendas llegadas de Estados Unidos o de Israel”, dice Molina, que enmarca también en esa lógica “la reacción de las últimas horas en Italia, con un Gobierno cerrando filas” frente a Trump o Israel. Esa renacionalización de los ultras europeos los está alejando del belicismo y de las ambiciones territoriales de Tel Aviv en Oriente Medio y, por tanto, de un apoyo sin fisuras.

“El nuevo Gobierno debe estar en marcha, estaremos en contacto inmediatamente” celebró Ursula von der Leyen con sonrisa pero sin excesivo triunfalismo la derrota de Viktor Orbán en Hungría y la llegada de un nuevo primer ministro, del que destacó su compromiso “muy claro con una senda europea”. “Para mí”, dijo Von der Leyen, “es muy importante que trabajemos de una manera intensa con el nuevo Gobierno húngaro sobre los fondos que deben entregarse, reformas que deben hacerse, pero, sobre todo, los fondos a entregar porque lo merecen los húngaros”.

Sin mojarse, la presidenta de la Comisión Europea aludía a frentes como los de la independencia judicial, la libertad académica, la lucha contra la corrupción o la cooperación intracomunitaria policial y de la fiscalía que tiene por delante el futuro mandatario Péter Magyar y su formación Tisza. Reformas necesarias para desbloquear los 10.000 millones de euros que Hungría no ha recibido de los Next Generation por la deriva iliberal contra el Estado de derecho de Viktor Orbán. Es la partida más jugosa, pero no la única guardada en un cajón de Bruselas.

En el día después de que Magyar y su Tisza obtuviesen 138 de los 199 escaños en juego en las elecciones generales al Parlamento húngaro, poniendo punto y final a la hegemonía de 16 años del Fidesz de Orbán y haciéndose con el control de las dos terceras partes de esa cámara, margen suficiente para revertir el sistema construido por el todavía actual primer ministro, la felicidad es evidente en Bruselas. El alivio por deshacerse del enfant terrible que lleva años bloqueando la UE se nota en el ambiente y los mensajes de la Comisión son optimistas, aunque marcados por la dificultad política que se avecina, y con respeto a los tiempos y la soberanía de los húngaros.

El nuevo Parlamento del país debe estar constituido para el 13 de mayo, justo cuando vence el estado de emergencia declarado por Orbán desde 2022 debido a “un conflicto armado en un país vecino”, es decir, la guerra en Ucrania. Posteriormente, con la cámara salida de las elecciones ya formada, se configuraría el nuevo Gobierno. Y entonces sí, Budapest y Bruselas pisarían el acelerador de la cooperación.

“Me gustaría decir que hoy Europa es húngara, los húngaros han hablado y han demandado una senda europea”, felicitó Von der Leyen, al tiempo que mostraba la disposición del Ejecutivo comunitario para “empezar a trabajar con el Gobierno elegido lo antes posible, para hacer un rápido y completo progreso en beneficio de los húngaros. Hay mucho que hacer”.

El tiempo apremiará al nuevo Gobierno húngaro cuando esté plenamente operativo si quiere obtener los 10.000 millones de euros que le corresponden del Fondo de Recuperación y Resiliencia, el instrumento creado durante la pandemia. Tiene una fecha límite para solicitarlos, el 31 de agosto, y para ello debe elaborar un plan específico de reformas económicas, administrativas, judiciales o digitales junto con medidas concretas y un calendario de aplicación, como han hecho todo las capitales.

Acceder a ese dinero exige implementar 27 grandes condiciones exigidas por la UE, según la decisión del Consejo de diciembre de 2022 que denunciaba “la vulneración de los principios del Estado de derecho en Hungría”. Ese mandato concluía que el Gobierno de Viktor Orbán estaba incurriendo en “irregularidades sistemáticas, deficiencias e insuficiencias en los procedimientos de contratación pública” y que no había una “detección, prevención y corrección de los conflictos de intereses”. Además, denunciaba “una incapacidad, insuficiencia o falta de voluntad sistemáticas por parte de las autoridades húngaras” para solucionar esos problemas y validaba los análisis de la Comisión sobre “problemas relativos a la investigación y enjuiciamiento, así como al marco de lucha contra la corrupción, la organización de los ministerios fiscales” y de “vulneraciones de los principios del Estado de derecho. En particular de los principios de seguridad jurídica, de prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo y de tutela judicial efectiva”.

La Hungría de Orbán no cumplía unos mínimos estándares democráticos y garantistas en los relativo a la independencia de poderes –con el Gobierno asaltando al judicial–, ni tampoco sobre imparcialidad, transparencia o lucha contra la corrupción. Esta deriva iliberal es la que ahora deberá corregir Péter Magyar. Para ello, tendrá que incorporar al país a la Fiscalía Pública Europea , emprender una reforma judicial para limitar las injerencias en el Tribunal Supremo, aumentar los poderes de la independiente Corte Nacional Judicial y restar poderes del Supremo para intervenir en las cuestiones prejudiciales a la UE de los magistrados son claves para Bruselas. Con estas medidas llegarían también otros 7.000 millones vinculados a fondos regionales pendientes.

Si Magyar cumple con estos hitos, Bruselas abrirá también otro dossier en su favor: el plan de 16.000 millones destinados a financiar inversiones en seguridad y defensa dentro del nuevo fondo SAFE (por sus siglas en inglés, Security Action for Europe) de la UE. La Comisión mantiene paralizado desde hace meses este documento con inversiones y compras concretas de armamento sin más explicación que la de que su análisis está en marcha.

El cambio de Gobierno en Hungría refuerza la posición del PP europeo en la UE, una formación a la que se sumó Tisza en 2024 tras conseguir el 30% de los votos de su país en las elecciones europeas. Con 13 primeros ministros o jefes de Estado entre sus filas, los populares son amplia mayoría en el Consejo Europeo y ahora suman un miembro más. También controlan la Comisión con Von der Leyen y el Parlamento Europeo con su presidenta Roberta Metsola.

Los liberales sólo cuentan con cinco líderes, uno de ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con cuatro los socialdemócratas, encabezados por el presidente Pedro Sánchez y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Los populares dominan absolutamente la UE y presumieron de ello tras destronar a Orbán. “Es la victoria del pueblo de Hungría. Confirma que nuestras políticas de centroderecha y centradas en la gente ganan elecciones”, celebró el presidente del PP Europeo, Manfred Weber.

Con la derrota de Orbán, la extrema derecha y los ultranacionalistas pierden en la UE a su principal baluarte. El eslovaco Robert Fico se queda solo entre los euroescépticos prorrusos dentro del Consejo y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con posturas atlantistas y alineadas con Bruselas en el apoyo a Ucrania, no contará con un firme apoyo para empujar en favor de políticas migratorias más estrictas o del desmantelamiento parcial del Pacto Verde. El grupo de Patriots, donde está la formación francesa de Le Pen, la neerlandesa de Geert Wilders o Vox, sufre un varapalo inmenso en su objetivo de asaltar los debates de la Unión.

“El ciclo populista será pasajero. La derrota de Orbán es un fracaso para quienes subestiman la UE y la democracia liberal. La libertad está más de moda de lo que muchos pensaban en Budapest, España o Moscú”, analiza en clave comunitaria el eurodiputado del PP, Adrián Vázquez Lázara, sobre el resultado de las elecciones húngaras.

Con Péter Magyar sentado en la Cumbre Europea de junio en Bruselas y Robert Fico en una minoría total fácilmente superable con ofertas concretas en debates de interés para Eslovaquia, la UE tiene camino expedito para acelerar nuevas medidas contra Rusia por invadir Ucrania. En cuanto el nuevo Gobierno de Tisza esté operativo entre mediados y finales de mayo, los 27 podrían desbloquear ya a nivel interno de Consejo los 90.000 millones de euros en ayuda para Kiev, una medida paralizada hasta ahora por Viktor Orbán.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sigue pendiendo de un hilo tras el fracaso de la negociación abierta en Pakistán y esa incertidumbre se traslada a la apertura del Estrecho de Ormuz. Donald Trump no quiere ni oír hablar de que Teherán cobre peajes de paso a los buques en la autopista marítima por la que navega una quinta parte de los hidrocarburos del planeta. El bloqueo permanece como principal riesgo económico global en las próximas semanas y meses, proyectando su sombra a los flujos comerciales entre países, a sectores industriales y a la actividad diaria de empresas y familias.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advierte que "incluso en el mejor de los casos, no habrá un retorno limpio y claro al statu quo anterior” por culpa de la espiral alcista de los precios energéticos, la destrucción en la infraestructura petrolífera, refinadora y gasista o las interrupciones en las cadenas de suministro que se están experimentando durante las últimas semanas. El FMI está preparando una rebaja en sus previsiones de crecimiento global y para regiones como Oriente Medio, Norteamérica o Europa, como ya ha hecho el BCE para la zona euro.

Las cuentas de la institución dirigida por la economista búlgara, que antes dirigió el Banco Mundial o fue vicepresidenta de la Comisión Europea, hablan de un aumento de la inflación provocado por los shocks en los precios del crudo o de los fertilizantes. El escenario es de estanflación, estancamiento o desaceleración de la actividad en paralelo a la subida de los precios. “La economía europea permanece en riesgo de shock estanflacionista”, ha asegurado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, quien ha añadido que “las perspectivas a largo plazo siguen oscurecidas por una profunda incertidumbre”.

La Unión Europea está en el ojo del huracán al que el belicismo de Israel ha arrastrado en Oriente Medio a unos proclives Estados Unidos de Trump. En la Comisión Europea temen que esta coyuntura reste al menos cuatro décimas al crecimiento del PIB de la UE este año y dispare un 1% la inflación, según lo explicado esta semana en la Eurocámara por Dombrovskis, el responsable de todo el departamento económico.

Este es el escenario base que manejan en Bruselas, el que ya estaría sucediendo en el conjunto de los Estados miembros, pero si continúan el conflicto bélico y el cierre del Estrecho de Ormuz los problemas serán “más sustanciales”, señaló el político letón, con una caída del PIB comunitario más pronunciada y también un impacto mayor en los precios, tanto este año como previsiblemente en 2027.

Los gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Hungría, Irlanda o Portugal ya han activado medidas excepcionales y temporales para sus empresas y ciudadanos ante el encarecimiento de los precios de los hidrocarburos, con la gasolina un 15% más alta en abril respecto a comienzos de febrero y el diésel un 30%. Según el Boletín Semanal de Precios del Crudo de la Comisión Europea, publicado hace unos días, la gasolina Euro95 escaló ya de media hasta los 1,871 euros el litro y el gasóleo superó ligeramente los dos euros.

Este aumento de los precios del combustible es más pronunciado en Países Bajos, Dinamarca, Alemania y Finlandia, mientras que España se encuentra en el rango bajo de la horquilla. Sólo en Malta, Hungría, Eslovenia, Bulgaria y Eslovaquia es más barato, de acuerdo con los datos del informe de la Comisión. Por el momento, la respuesta de los gobiernos europeos ante esta situación se basa principalmente en aplicar topes a los precios y retirar o rebajar impuestos como el IVA, aunque ya se abren paso los cheques o ayudas fiscales a las familias más necesitadas. La Comisión ha pedido por carta a los 27 que estudien la viabilidad de aplicar medidas adicionales de ahorro energético mientras sus propias propuestas e iniciativas siguen esperándose desde hace dos semanas. Por eso, varios gobiernos han preguntado a Bruselas sobre la posibilidad de introducir algún tipo de gravamen a los beneficios extraordinarios que están disfrutando las compañías energéticas gracias a los altos precios en el mercado de los combustibles y, con esos recursos, financiar el gasto público adicional de las medidas de apoyo lanzadas sólo desde el ámbito estatal.

Es lo que quieren Alemania, Austria, Italia, Portugal y España. “Los que se benefician de las consecuencias de la guerra deben hacer su parte para aliviar la carga del interés público”, señala la carta firmada por los ministros de Economía de los cinco países y enviada a Bruselas. Ahora, la Comisión Europea ha aceptado estas tesis.

“No hay nada que prevenga a los Estados miembros de aplicar esto”, detalló durante su comparecencia en el Parlamento Europeo el comisario Valdis Dombrovskis. “Estamos analizando si podemos presentar algún tipo de enfoque más coordinado a nivel europeo. Es lo que estamos valorando actualmente”, reconoció el político europeo, basándose en la experiencia previa de lo sucedido en 2022 cuando, tras la invasión de Ucrania por Rusia, los precios de la energía se dispararon y la Comisión permitió este tipo de fiscalidad temporal con la que paliar las medidas anticrisis introducidas.

Medidas más radicales como suspender las reglas de déficit para que los Estados incumplan esos límites proyectando su gasto público en favor de los hogares o las Pymes están, por el momento, descartadas. En la Comisión explican que esa decisión sólo se activaría en caso de “tener una desaceleración económica severa y actualmente no estamos en ese escenario”. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no quiere descartarla si empeora la situación en los mercados energéticos. En Bruselas confían en la mejoría de las tensiones geopolíticas para no tener que aplicar una medida que provocaría tensos debates en la UE entre los halcones de la austeridad, como Alemania, Austria o Finlandia, y las palomas del endeudamiento que habitan en los gobiernos del sur europeo, sea cual sea su color político.

Las elecciones generales que este domingo se celebrarán en Hungría acaparan la atención y los esfuerzos de la alta clase política en Europa, pero también al otro lado del Océano Atlántico. El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, aterrizó este martes en Budapest para apoyar la campaña del actual primer ministro, Viktor Orbán, con motivo del Día de la Amistad Húngara-Americana, poniendo de manifiesto que en esos comicios no sólo está juego la jefatura de gobierno de un importante socio europeo para Washington sino la necesidad de contar con un estrecho y fiable aliado que reme en la misma dirección que la Administración Trump. Un rumbo opuesto a los intereses de la UE, de la que Hungría es Estado miembro.

La posición de Bruselas y la mayoría de Estados miembros es totalmente diferente. Ningún gobierno ni alto dirigente comunitario, como la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, o el del Consejo, Antonio Costa, se han manifestado públicamente sobre las elecciones húngaras para evitar que se vea como una mínima injerencia de la UE. La consigna es clara, no dar combustible a Orbán. Al mismo tiempo, el ejecutivo comunitario mantiene en un cajón fondos para Budapest como los de su plan nacional para acceder al programa de rearme militar europeo SAFE.

En privado, las críticas al primer ministro húngaro sí emergen y son claras. Una alta fuente diplomática reprocha su actitud en los debates recientes en la Cumbre Europea y denuncia, por ejemplo, “las derivadas cortoplacistas” de la postura de Orbán sobre Ucrania y Rusia, con la vista puesta sólo en sus intereses electorales de este domingo, pero también otras derivadas que proyecta hacia toda la UE como “el precio de la energía, la dependencia de los hidrocarburos rusos” en medio de la tensión bélica que enciende Oriente Medio.

El bloqueo de los 90.000 millones de euros a Ucrania es reprochado en Bruselas mientras en Washington se obvia. Antonio Costa lo calificó como “inaceptable” y exigió a Orbán en una conversación telefónica privada que respetase “el compromiso asumido en el Consejo Europeo”, pero el veto no se ha levantado y la Alta Representante Exterior, Kaja Kallas, amenaza ahora con sortear a Budapest trabajando de nuevo en el plan inicial de la UE, financiar el préstamo a Kiev con los activos rusos congelados.

Las críticas son más feroces por la última polémica provocada por el gobierno de Orbán en la capital comunitaria, la conversación entre el ministro de Exteriores húngaro y su homólogo ruso en la que el primero se mostraba “siempre a disposición” de Sergei Lavrov y le ofrecía ayuda con las sanciones contra Moscú. Para los líderes de Polonia e Irlanda son acciones “repulsivas” y “siniestras”. Y lo que ya se sabe en Bruselas es que durante los debates sobre Rusia o Ucrania en las Cumbres hay dirigentes, especialmente del este, que prefieren guardar silencio o aportar poca información sobre su posicionamiento hasta que Orbán abandona la sala.

La visita de Vance es la segunda en poco tiempo de un peso pesado del gobierno estadounidense, tras la del secretario de Estado, Marco Rubio, a finales de febrero. Hace sólo unos pocos días, Orbán y su partido, Fidesz, organizaron también en su país la Conferencia de Acción Política Conservadora en la que estuvo presente el líder de Vox, Santiago Abascal, agradeciendo al anfitrión ser el “protector de Europa” ante “los disparates de la Comisión”, y también otros líderes de la extrema derecha europea como la francesa Marine Le Pen, el italiano Matteo Salvini o el neerlandés Geert Wilders.

Este mensaje contra el proyecto europeo es el mismo portado por Vance a su llegada a Budapest. “Querría enviar de verdad una señal a todo el mundo, en particular a los burócratas de Bruselas”, afirmó el vicepresidente estadounidense, “que han hecho todo lo posible para mantener el pueblo húngaro bajo presión porque ellos no aman al líder que defiende al pueblo de Hungría”, en referencia a Orbán.

La franca oposición de Washington contra el proyecto comunitario y el uso de caballos de Troya como el húngaro para debilitarlo acercan a los Estados Unidos a la Rusia de Putin en su relación con la UE, y son las que debilitan su rol como socio fiable a ojos de Bruselas y de una gran parte de las capitales. “La estrategia que Europa debe tener con Estados Unidos no es sencilla, los canales desde luego están abiertos pero no es una administración sencilla a la hora de saber qué quiere”, explica la alta fuente diplomática.

La internacional ultra se vuelca con Orbán, sabedora de que si pierde las elecciones ante el conservador Péter Magyar, su fuerza en el viejo continente se verá debilitada, con una menor capacidad para influir en el rumbo de la Unión Europea, dejando a la primera ministra Giorgia Meloni más dispuesta aún a participar en políticas comunitarias como el apoyo a Ucrania, las sanciones contra Rusia, las críticas a Estados Unidos por su unilateralismo belicista y, quizás, a rebajar la presión sobre las políticas del Pacto Verde, y quedando sólo como líder euroescéptico el eslovaco Robert Fico, a la espera de lo que deparen las presidenciales francesas de 2027.

Esta agenda une a la internacional ultra y así lo destacó JD Vance en Budapest. A ojos de la Administración Trump, el primer ministro húngaro es el mayor defensor de las energías fósiles, un sector al que Washington no piensa renunciar en favor de las renovables. El vicepresidente norteamericano habló de que gracias a sus políticas en Hungría “los precios de la energía son bastante menos altos que en casi ninguna parte de Europa”. Datos desmontados en el mercado mayorista eléctrico europeo, donde el megawatio hora rozó en marzo los 120 euros en Hungría frente a los 42 de España, los 50 de Suecia, los 64 de Francia o los 99 euros de Alemania.

Más importante para todos los líderes de esta extrema derecha europea, estadounidense y latinoamericana es “la defensa de la civilización occidental, donde los niños deben poder ir a la escuela para ser enseñados y no adoctrinados”, según JD Vance. Las críticas a la igualdad de genero, a los derechos LGTBI+ o a la pérdida de los valores cristianos supuestamente por culpa de la inmigración son comunes en los actuales gobiernos de Washington y Budapest.

Y en medio de las públicas muestras de apoyo de la internacional ultra y el apoyo callado de los dirigentes de la UE en favor de Magyar, la tensión no deja de crecer en el país. Orbán acaba de redoblar sus ataques contra Ucrania y ahora la acusa de estar detrás de un intento de ataque contra un gasoducto de gas ruso entre Serbia y Hungría. El ejército serbio ha rechazado la implicación de Kiev en el dispositivo explosivo desactivado, mientras la oposición húngara habla claramente del intento de perpetrar un atentado de falsa bandera como pretexto para posponer la celebración de elecciones. Sin duda, este domingo 12 de abril los comicios de Hungría representan la cita electoral más importante del año en Europa.

La respuesta conjunta de la Unión Europea contra la crisis económica desatada por la covid abrió un nuevo camino para las políticas comunitarias. Y ahora, el viejo continente se asoma al abismo de un crac que podría acercarse al petrolero del 73. Bruselas y los Estados miembros tienen claro que la senda explorada en 2020 puede ser parte de la respuesta económica. El presidente estadounidense, Donald Trump, acaba de prometer la reapertura del Estrecho de Ormuz en “dos o tres semanas”, cuando espera terminar la guerra contra Irán, una predicción sin fundamento confiando en que así terminen los problemas en el mercado de crudo y derivados, gas o fertilizantes.

La incertidumbre del vaticinio hace que la Comisión ya pida a los 27 que trabajen en seguir reduciendo el consumo de hidrocarburos que vienen acometiendo desde la invasión de Ucrania, empezando por el sector del transporte. En paralelo, el ejecutivo comunitario y los gobiernos europeos estudian, tras la reciente cumbre de marzo, la introducción de ayudas para los hogares, transportistas, agricultores y ganaderos, empresas de distribución o industrias de alto consumo energético. Y aunque la demanda todavía no existe, la sombra de los fondos comunes Next Generation es alargada y la UE contaría con instrumentos dentro de su presupuesto actual para derivar financiación de apoyo a los países. Igual que tampoco se descarta, como durante la pandemia, dar barra libre al gasto público sin afectar a las normas de déficit.

Francia, Hungría, Alemania, Portugal, Bélgica o Irlanda son algunos de los socios que, como España, anuncian sus primeras medidas y la Comisión Europea trabaja en contrarrestar los efectos económicos de una crisis energética cuyo impacto en los mercados no prevé de corta duración. Escenario compartido por el BCE con una inflación como mínimo del 2,6% este año, que podría llegar hasta el 3,5% y, en el escenario más preocupante, al 4,4% en la eurozona. En Bruselas, el rumor de que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, convoque una cumbre extraordinaria ante la delicada situación en Oriente Próximo por sus repercusiones energéticas y económicas cobra fuerza.

El canciller alemán, Friedrich Merz, se encuentra entre los más agoreros entre los líderes europeos con lo que pueda suceder y recientemente declaró que el corte de Ormuz y la continuación de la guerra en Oriente Medio tendrán unas consecuencias “tan grandes como las recientemente experimentadas durante la pandemia de covid o el inicio de la guerra en Ucrania”. Sería un escenario más preocupante que el esbozado por el Banco Central Europeo.

La primera potencia continental ya ha aprobado parlamentariamente límites en el aumento de los precios que las compañías de electricidad o gas aplican a familias y empresas y también a las estaciones de servicios para la gasolina y el diésel. El gobierno de Merz estudia rebajas en los impuestos de las facturas energéticas y la medida más polémica que no descarta es reactivar temporalmente las plantas de carbón para aliviar en situaciones de emergencia el aumento de los precios eléctricos en el mercado mayorista.

Austria y Hungría son otros dos países de Europa central que también han aplicado esos límites al aumento en el precio de los carburantes en las gasolineras. En Budapest, además, el Gobierno de Viktor Orbán mantiene una regulación sobre los precios de las energéticas y existen techos máximos que no se pueden superar para familias y empresas.

Escribe el analista Alistar Keep en la publicación euperspectives.eu que, aunque “el conflicto en Oriente Medio está llevando a precios energéticos desorbitados en toda Europa, Bruselas todavía tiene que acordar una respuesta coordinada, dejando a los gobiernos nacionales actuar solos”. Para este autor, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció “una de las respuestas europeas más amplias, con un paquete de 5.000 millones para ayudar a 20 millones de familias y 3 millones de compañías”.

Italia ha adoptado medidas semejantes a las españolas con descuentos de 25 céntimos por litro para el combustible gracias a rebajas fiscales que asumirá el Estado por un importe de 600 millones de euros. Carga que repercutirá en las cuentas públicas de uno de los países más endeudados de toda la Unión. Irlanda ha ido un poco más allá y aplicará reducciones al IVA de la gasolina, del diésel de los automóviles o también de varios céntimos por litro al petróleo y el gas en el mercado mayorista. Además, se mantendrán los cupones de ayuda que disfrutan durante el invierno casi medio millón de hogares para el combustible de calefacción.

Un rumbo distinto al de rebajar la fiscalidad de los carburantes o controlar los precios de la energía es el que está tomando Francia. París impulsará nuevos permisos para la instalación de plantas fotovoltaicas y de molinos de viento, tanto en tierra como en mar, buscando “el objetivo 2035 de quince gigavatios suplementarios” de producción eléctrica, señala el ministro de Economía, Roland Lescure, con los que reducir a futuro las importaciones de combustibles fósiles. Visión a largo plazo, al tiempo que se pide a las refinerías instaladas en el país evaluar la capacidad para aumentar rápida y temporalmente la producción de los derivados del crudo. El gobierno de Emmanuel Macron todavía estudia si aplicar suspensiones en los pagos de las cotizaciones sociales a sectores vulnerables ante un alza de los combustibles, como la agricultura, la pesca o el transporte.

Si en dos o tres semanas, como promete Trump, el bloqueo del estrecho de Ormuz no se levanta y la actividad petrolera y gasística no retoma la normalidad en toda la región de Oriente Medio, los problemas de los países europeos se agravarán porque la UE tiene una dependencia del Golfo Pérsico especialmente relevante en sectores como el diésel para camiones y barcos o el fuel consumido por aviones. Según los datos oficiales, estas importaciones ascienden al 40%, ya que por ese estrecho navega cerca de una quinta parte del tránsito global de petróleo y su cierre afecta las importaciones de esos derivados a Europa. 

El comisario de Energía, Dan Jorgensen, es claro sobre el riesgo que afronta el continente y en una reciente carta a los diferentes ministerios ha advertido que “aunque la exposición directa de la UE a la oferta de la región antes de este conflicto era limitada, dependemos de los mercados globales para nuestro aprovisionamiento de combustibles fósiles en competencia directa con otros consumidores”. Cuando estalló la crisis del petróleo en 1973 las economías de los países occidentales dependían más del oro negro que hoy en día gracias a la irrupción e implantación progresiva de las renovables, pero no tenían que competir con gigantes como China, India y todo el sudeste asiático por ese combustible. Ahí está, según Bruselas, otra fuente de riesgo ante las guerras de Trump.

“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no necesitan ayuda de España ni de nadie más” para cumplir los objetivos de la guerra emprendida contra Irán. La Casa Blanca responde al Gobierno español por el cierre del espacio aéreo a los aviones estadounidenses que participan en ese conflicto y presume sobre sus capacidades, hasta el punto de rechazar que dependa logísticamente de sus aliados para desarrollar sus planes.

La afirmación oculta, sin embargo, la verdadera realidad del despliegue estadounidense en Europa, en Oriente Medio y el Golfo Pérsico, en el noreste de África y el Océano Índico con decenas de bases gestionadas directamente o en colaboración con el país anfitrión y que juegan un papel trascendental en la actual intervención militar.

La mayor de las instalaciones en los países vecinos de Irán se sitúa en Qatar, la base aérea de Al Udeid, sede del Comando Central de los Estados Unidos que ya ha sido objetivo de las represalias con misiles y drones por parte de la República Islámica. Otro de los pequeños estados bañados en petrodólares, Bahrein, alberga el cuartel general la V Flota de la Marina estadounidense y un poco más al sur, en Emiratos Árabes Unidos, tienen su base de operaciones los modernos cazas de combate furtivos F-22, uno de los pilares de la ofensiva. Sin embargo, las numerosas instalaciones militares con las que cuenta por Europa siguen jugando un papel central y sólo España ha ido tan lejos como para, además de impedir su uso, coartar ahora su actividad al negarles el espacio aéreo.

Italia acaba de prohibir a los bombarderos estadounidenses armados para la guerra de Irán operar desde la base aérea de Sicilia porque, según los acuerdos de la década de los 50, su uso es para propósitos logísticos y de entrenamiento, pero no como centro de tránsito desde el que transportar bombas y armamento hacia conflictos bélicos, salvo permiso expreso en situaciones de emergencia que debe aprobar el gobierno trasalpino tras pasar por el Parlamento.

En un efecto dominó semejante al de hace apenas tres semanas, Giorgia Meloni imita parcialmente las decisiones de España. Fue el 11 de marzo cuando la primera ministra protestó delante de su Parlamento porque “Italia está haciendo” lo mismo que España con su acuerdo bilateral con Estados Unidos sobre la utilización de las bases. Roma, como Madrid, rechaza verse arrastrada a la guerra contra Irán pese a la sintonía ideológica de Meloni con Donald Trump.

Italia intenta evitar cualquier tipo de roce diplomático y político con los Estados Unidos como los que vive España, de ahí que su ministro de Defensa, Guido Crosetto, intente minimizar el impacto de la decisión. “Algunos están intentando lanza el mensaje de que Italia ha decidido suspender el uso de las bases por activos estadounidenses”, afirma Crosetto, “es simplemente falso porque las bases siguen activas, en uso y nada ha cambiado”. Al mismo tiempo, el ministro italiano confirma el bloqueo al señalar que su gobierno “continua haciendo lo que todos los gobiernos italianos siempre han hecho en pleno cumplimiento de los compromisos en el Parlamento. Los acuerdos internacionales regulan claramente y distinguen lo que requiere una autorización específica del Gobierno”.

La acción unilateral de los Estados Unidos e Israel contra Irán sin consultar a los socios europeos está detrás de los recelos para permitir el uso de medio centenar de grandes instalaciones, una red de bases aéreas, puertos para barcos de guerra y centros de internamiento en gran parte heredada de la Guerra Fría y luego expandida al este tras la caída del Muro de Berlín. Según los propios datos del Comando Europeo de los Estados Unidos con cuartel general en Stuttgart albergan cerca de 84.000 soldados, tropa de marinería y de las fuerzas aéreas y demás personal.

Alemania, Italia, Reino Unido y España albergan la mayor concentración de militares estadounidenses y la presencia es creciente en Polonia o Rumanía. Hay bases también en Bélgica, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Hungría, Bulgaria, Malta o Turquía. Las instalaciones son en muchos casos también centros de la OTAN con sistemas de vigilancia centrados en controlar el paso de los estrechos de Gibraltar y Bósforo, la presencia rusa en el Mar Báltico y en la frontera oriental europea o la lucha antiterrorista en Oriente Próximo.

El empleo, igual que en el caso de España e Italia, está regulado por acuerdos bilaterales y en situaciones sensibles exige expresa autorización del país anfitrión. En 1986, cuando el entonces presidente norteamericano Ronald Reagan ordenó ataques aéreos contra Libia, España e Italia negaron los vuelos sobre su territorio y el uso de las instalaciones. El Reino Unido de Margaret Thatcher fue el único país que sí lo autorizó. Las rencillas con los europeos son coyunturales y ya entre 1966 y 1967 las Fuerzas Armadas estadounidenses cerraron sus bases en Francia después de que el presidente galo, Charles de Gaulle, retirase a su país de la estructura de mando conjunta de la OTAN y exigiese la salida de las tropas extranjeras.

En una decisión similar a la de España, pero con otro actor estatal como sujeto, la Francia del actual Emmanuel Macron acaba de prohibir a Israel el uso de su espacio aéreo para transportar armas estadounidenses que puedan emplearse contra Irán. Es la primera vez que París adopta una decisión similar y la diplomacia francesa aclara, ante las acusaciones de Trump este martes por redes sociales, que el veto no afectaría al resto de vuelos militares de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, que sí deben recibir autorización francesa individualmente para sobrevolar el hexágono.

Reino Unido se mantiene como el gran liado de los Estados Unidos y sigue siendo hoy uno de los centros logísticos y puntas de lanza para esas fuerzas armadas pese a la tensión política evidente con el gobierno de Keir Starmer. Al menos dos docenas de superbombaderos norteamericanos están aterrizando y despegando desde el sur de Inglaterra para participar en los ataques contra Irán, operaciones que el primer ministro británico define sólo como “defensivas y limitadas”. 

El otro gran aliado estadounidense en Europa, Alemania, tampoco se plantea aplicar medidas similares a las de España, Italia o Francia aunque el gobierno del canciller Friedich Merz tiene en su mesa desde hace días un informe de los expertos legales del Parlamento Federal que considera que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán viola el derecho internacional y alerta ante posiciones implicaciones legales a Alemania ante el uso de las bases estadounidenses en su territorio.

Bruselas acaba de lanzar un nuevo instrumento de inversiones militares entre los países de la UE. Dotado con apenas 115 millones de euros, está diseñado para impulsar programas de tecnologías disruptivas desarrollados por pequeñas empresas y startups que puedan aplicarse en pocos meses en el campo de batalla. La inteligencia artificial, la informática cuántica o los vehículos no tripulados centrarán estas subvenciones.

Hace menos de un año la Comisión Europea puso a disposición de los Estados miembros el Fondo SAFE con 150.000 millones de euros. Préstamos de largo vencimiento a los 27 con los que financiar grandes programas de defensa y compras de material militar mientras se aseguraba que la industria de defensa europea pueda aportar el equipamiento bélico que las fuerzas armadas nacionales exijan.

El nuevo programa Agile es mil veces más pequeño que el SAFE, pero es complementario de este último porque el Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen tiene claro que no debe levantar el pie del acelerador de la remilitarización europea, con la guerra de Ucrania muy presente en la frontera oriental de la UE y con el objetivo de impulsar las capacidades industriales de defensa propias frente a unos Estados Unidos imperialistas y agresivos con sus tradicionales aliados atlánticos.

SAFE no deja de ser el pilar de inversión de la Estrategia ReArm Europe (Rearme Europa) para 2030, rebautizada con ese nombre por la propia Comisión Europea tras las quejas de países como España o Italia, con el objetivo de edulcorar ante la opinión pública su verdadera finalidad. Esta estrategia se suma al Fondo Europeo de Defensa, a las normas que apoyan la producción de munición y las compras conjuntas de equipamiento militar o al programa para el Refuerzo de la Industria Europea de Defensa. “Representan”, explican un reciente trabajo del importante think tank bruselense Bruegel, “un progreso hacia el fortalecimiento de la oferta de bienes militares” porque, según el texto firmado por Guntram Wolff, ex director del German Council of Foreign Relations, y Armin Steinbach, economista jefe en el ministerio de Finanzas alemán, “Europa afronta una grave amenaza de seguridad” y “debe acelerar el rearme a través de una mayor cooperación e innovación en su gobernanza”.

Este mantra está plenamente interiorizado en la capital comunitaria, de ahí que los gobiernos de la Unión también acaben de aprobar el desvío de 34.600 millones de euros de los fondos de cohesión hacia “prioridades estratégicas más urgentes”. Entre ellas, de nuevo, las inversiones bélicas, que recibirán un tercio de esos fondos, 11.900 millones, para “fortalecer capacidades industriales de defensa, movilidad militar y la preparación civil”. Son cuatro veces más que la partida redirigida a vivienda sostenible y asequible e inclusión social o a iniciativas de descarbonización y medioambientales.

“Se están sacrificando las inversiones sociales o en favor de los derechos de los trabajadores, todo a puerta cerrada”, para “destinar dinero público a los fabricantes de armas” con “programas industriales que unen nuestras economías futuras a la guerra”, reprocha el eurodiputado del grupo de la Izquierda, Marc Botenga.

El fondo de 150.000 millones de euros dirigido a inversiones militares creado específicamente por la Comisión Europea empieza a agotar sus recursos. Francia y Croacia son los últimos países en sumarse a esa iniciativa y el instrumento SAFE habrá destinado en próximas semanas 130.000 de esos millones. España, Portugal o Bélgica estuvieron entre los primeros países que solicitaron dinero, Italia, Polonia y la mayoría de socios del este se lanzaron a por los fondos en la segunda tanda. 

Alemania ha declinado participar al contar con mejores condiciones de endeudamiento en los mercados mientras que Hungría presentó hace semanas su plan de inversiones por 16.000 millones, pero su programa parece guardado en un cajón como represalia por el continuo bloqueo que su primer ministro, Viktor Orbán, aplica en los debates europeos, en la ayuda a Ucrania y las sanciones a Rusia y a la espera de ver qué sucede en las elecciones generales del país a mediados de abril.

Las empresas alemanas o húngaras de tecnología militar sí recibirán dinero del fondo Agile, igual que las de los otros 25 socios comunitarios. El objetivo principal de este nuevo instrumento es que tecnologías emergentes salten cuanto antes del laboratorio al campo de batalla, como explicaron en Bruselas los responsables de la Comisión, gracias a subvenciones cuyo plazo de concesión se reducirá a sólo cuatro meses para apoyar a entre veinte y treinta proyectos.

Para los académicos de Bruegel —un think tank que aporta documentos de estudio y posicionamiento político, económico o industrial que sirven de base para futuras iniciativas de la Comisión—, la partida de SAFE, de otros programas militares o partidas más pequeñas como el nuevo Agile no bastarían. Wolff y Steinbach piden crear un Mecanismo de Defensa Europeo a imitación del MEDE entre gobiernos con el que se rescataron los países de la UE durante la crisis de deuda a cambio de austericidas recortes.

Este MEDE militar estaría, por tanto, al margen del escrutinio y supervisión de la Eurocámara, basado en un tratado entre gobiernos y financiado con aportaciones nacionales con las que salir a endeudarse en el mercado y así, explican los autores, aliviar las cargas presupuestarias del rearme. Su cometido sería financiar grandes programas conjuntos de defensa, creando así un mercado único europeo para esta industria y permitiendo la participación de actores no comunitarios como Reino Unido.

Estamos, en palabras de eurodiputados de izquierdas como el alemán de Die Linke, Ózlem Demirel, o Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, ante una verdadera carrera de armamentos en la UE en la que se “redirigen fondos desde donde más se necesitan” como el gasto social o en la lucha contra el cambio climático “a alimentar la capacidad de producir armas”.

Los últimos datos de la OTAN publicados este jueves ejemplifican con cifras esta denuncia. En 2025, Polonia gastó en defensa el 4,3% de su PIB, las tres repúblicas bálticas entre el 3,4 y el 4%, países con economías pequeñas como Finlandia o Grecia en el entorno del 2,8% de su PIB y España saltó del 1,3%-1,4% al 2% para cumplir por primera vez con un objetivo fijado hace una década. Pese a las críticas continuas de Donald Trump y aunque sigue a la cola de la Alianza Atlántica en términos relativos de gasto militar, España está entre los países donde éste más aumentó el año pasado, un 44%, sólo superada por Luxemburgo, Bélgica, Eslovenia, Albania y Dinamarca.

La alianza del Partido Popular europeo con la extrema derecha está a punto de dar la puntilla definitiva a la garantista protección humanitaria que hasta ahora la UE prestaba a refugiados, demandantes de asilo y migrantes en situación irregular. Este jueves la Eurocámara autorizó abrir las negociaciones con el Consejo y la Comisión para aprobar el Reglamento de Retorno, la propuesta del ejecutivo comunitario que permitirá la expulsión de extranjeros a terceros países.

La Unión Europea impulsará también la construcción de centros en territorios no comunitarios a los que deportar a esas personas. Países como Uganda o Ruanda, igual que Albania donde la primera ministra italiana, Giorgia Meloni ya cerró un acuerdo en 2024, acogerán estas instalaciones propuestas en marzo de 2025 por la Comisión Europea, que también planteó eliminar el requisito de que los migrantes tuviesen un vínculo con el tercer país de los centros de deportación.

Son las medidas más polémicas votadas en el Pleno del Parlamento Europeo por 389 eurodiputados. Fueron legisladores populares, ultraconservadores del grupo ECR, de Meloni o los polacos del PIS, Patriotas de Vox, Le Pen u Orbán y neofascistas de la bancada ESN liderada por los alemanas de la AfD. Enfrente poco más de 200 eurodiputados socialdemócratas, verdes y de izquierdas. La legisladora de los Verdes, Mélissa Camara, destaca precisamente esa alianza derechista para endurecer la política migratoria. “El PP europeo ha estado trabajando mano a mano con la extrema derecha para perseguir políticas migratorias racistas y populistas a nivel de la UE”.

El reglamento esta ya totalmente encaminado para su futura entrada en vigor. Dentro del Consejo, una mayoría de gobiernos populares a los que se suman la Hungría de Viktor Orbán, la Italia de Meloni o la Eslovaquia de Robert Fico respaldan esta expulsión. Sólo España a finales del año pasado las rechazó, quedándose en absoluta minoría. Entonces, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, manifestó en Bruselas sus “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los calificados como hubs de retorno, que para la Comisión son soluciones innovadoras.

En las bancadas progresistas de la Eurocámara se habla de que este Reglamento de Retornos está inspirado más por las políticas de la Administración Trump y el régimen de deportaciones del ICE que por los valores europeos, ignorando derechos fundamentales recogidos en los Tratados de la UE o la Carta de las Naciones Unidas, como el derecho a la dignidad humana, a la libertad o el derecho al asilo. “Se confirma el peor de los pronósticos”, reaccionó la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, calificando el texto como “siniestro” y “pieza clave de la maquinaria de deportaciones”.

Los centros de deportación son la herramienta más polémica de este futuro reglamento migratorio. Se implantarán en países supuestamente considerados seguros, Marruecos, Túnez, Egipto, Colombia, Kosovo, la India o Bangladesh están dentro de esa lista aunque en alguno de ellos existan verdaderas dictaduras, gracias a acuerdos bilaterales con los socios de la Unión.

La deportación a un tercer país dependerá del origen del migrante, de si supuestamente ha pasado por ese territorio de camino a la UE y el Reglamento “también permitiría la posibilidad del retorno a un país que acepte a ese persona basándose en los acuerdos alcanzados con un Estado miembro de la UE”. Como en el caso de los deportados por Italia a Albania, el extranjero podrá ser obligado a terminar en un territorio contra su consentimiento. Frente a esta realidad, el eurodiputado liberal Malik Azmani, del partido neerlandés VVD, asegura que “siempre ha sido mi objetivo alcanzar un reglamento eficiente y factible”.

La futura norma comunitaria recoge que las autoridades de un país emitan órdenes de expulsión a cualquier no nacional de la UE que resida irregularmente en ese Estado miembro e imponerle la obligación de abandonar el territorio. El sistema informático del Espacio Schengen, compartido por 29 países, mostrará esas órdenes a cualquier otro socio para que sean de obligado cumplimiento. Deportaciones que no serán “efectivas, sostenible y dignas”, reprocha la socialista portuguesa Ana Catarina Mendes, quien cree que el mandato negociador aprobado por el Parlamento Europeo “nos mueve en dirección contraria al remover las garantías y desmantelar derechos fundamentales”.

Si la persona extranjera no cooperase en ese proceso de expulsión a terceros países, calificado en el reglamento como retorno voluntario, podrá “se detenido”, “si presenta un riesgo de fuga, un riesgo de seguridad o cualquier otra factor relevante impide su traslado a tiempo” y sufrir sanciones como la prohibición de entrar en territorio comunitario de por vida. En otra muestra del abandono garantista en la política migratoria, la futura norma permitirá que “se ordenen las detenciones de menores no acompañados y de familias con niños” como una medida de último recurso y durante un plazo de hasta veinticuatro horas. En el caso de los adultos las detenciones podrán durar hasta un máximo de 12 meses prorrogables por un periodo semejante.

“Es vergonzoso ver a eurodiputados del PP europeo celebrando sus esfuerzos para encerrar a niños y lanzar lejos la llave”, critica la francesa Camara. La ecologista, ponente en la sombra de la posición de la Euocámara, denuncia que son “los mismos eurodiputados que vergonzosamente han estado haciendo acuerdos secretos en la sombra con la extrema derecha, principalmente ECR, los Patriots y ESN, sólo para hacer la vida miserable de aquellos que están buscando la seguridad en nuestras costas”.

Aunque una de las medidas más denigrantes, la detención de los migrantes en sus propios domicilios, finalmente quedó fuera del texto aprobado por el Parlamento, que empezó a negociarse con la Comisión y el Consejo este mismo jueves por la tarde, la UE sí rechazará que un recurso judicial de la persona extranjera paralice de forma automática su proceso de expulsión, a no ser que el juez así lo dictamine expresamente.

El miedo a una guerra energética con ecos de la crisis del petróleo del 73 y la dramática situación humanitaria en Gaza y Líbano, junto a la que puede abrirse en Irán, provocan un giro sustancial en la posición de la Unión Europea sobre Oriente Medio. Todavía no de 180 grados como para condenar las operaciones militares ilegales de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, pero sí muy distanciada del cuestionamiento al orden internacional basado en reglas que pronunció hace apenas diez días la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

La cumbre europea deja una llamada clara en favor del multilateralismo y en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, esa organización tan atacada por el estadounidense Donald Trump. El propio secretario general de la ONU, António Guterres, estuvo en Bruselas y dentro de la reunión agradeció personalmente a “los líderes de la UE por su decidido apoyo al multilateralismo y el derecho internacional”, en medio de una discusión continuada luego sobre la situación en Oriente Medio.

El Consejo Europeo declaró que “los acontecimientos en Irán y en la región amenazan la seguridad regional y global” y pidió claramente “una desescalada y la máxima contención a todas las partes”, en una llamada no sólo a la República Islámica sino también a los Estados Unidos e Israel, mientras “deplora la pérdida de vidas de civiles” y pedía “vigilar estrechamente el impacto de amplio alcance de las hostilidades, incluyendo la estabilidad económica”. Críticas a la guerra y sus consecuencias que no se habían escuchado, por ejemplo, a Von der Leyen, al tiempo que reconocimiento explícito de un fuego en Oriente Medio muy peligroso para los intereses europeos.

“Esta cumbre se celebra en un momento muy trascendental”, alertó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido a la guerra en Irán “ilegal" y que "ya empezamos a sufrir" no solo "en términos de vidas humanas, de desplazados y refugiados, sino también desde el punto de vista del bolsillo de nuestros ciudadanos”. La gran mayoría de los líderes comparten este mensaje, convencidos de que “la UE no quiere verse arrastrada a un conflicto sobre el que no fuimos consultados”, criticó Luc Frieden, primer ministro de Luxemburgo. “Sólo nos involucraremos una vez que el conflicto termine”, recalcó el canciller alemán, Friedrich Merz, ante la posibilidad de que su país participe en una operación como la de garantizar el paso en el Estrecho de Ormuz. “Necesitamos hablar de los precios de la energía” porque “hemos visto una rápida subida en Europa y en todo el mundo”, expresó el canciller.

Ese debate era uno de los dos platos fuertes de una cumbre inicialmente destinada a empezar la negociación sobre el presupuesto comunitario para 2028-2034 y a potenciar la competitividad de los 27 con medidas industriales, ayuda financiera a la inversión e innovación y simplificación administrativa. Sin embargo, las crisis políticas y las guerras internacionales rodean a la Unión como los romanos la aldea gala de Astérix y Obélix. Por ello, la agenda tuvo que enmendarse.

El segundo plato fuerte fue la discusión sobre Ucrania, ante el bloqueo húngaro del préstamo ya aprobado en diciembre de 90.000 millones de euros para Kiev. El primer ministro Viktor Orbán no dio su brazo a torcer en medio de acusaciones de mantener una actitud “inaceptable”. “No voy a apoyar aquí ninguna decisión en favor de Ucrania mientras los húngaros no sean capaces de obtener el petróleo que nos pertenece”, se enrocó Orbán en referencia a la falta de suministro a su país por culpa del roto oleoducto de Druzhba, en Ucrania, una causa que para él “es un cuento de hadas”. Tal fue el voltaje de este debate interno, que Orbán recabó el apoyo de otro euroescéptico, el eslovaco Robert Fico, y sólo 25 socios comunitarios pudieron aprobar un comunicado de solidaridad y respaldo a Kiev.

Por esperada, la división de la familia europea no enturbió el crucial debate sobre Oriente Medio, una región en la que las guerras y conflictos se suceden, puerta trasera mediterránea, importante fuente de suministro de hidrocarburos y potencial emisor de refugiados hacia el viejo continente. El miedo a una doble crisis, energética, con el petróleo en máximos de los últimos cuatro años, y migratoria, por los miles de desplazados fruto de las bombas israelíes, centró gran parte del debate de la cumbre, de ahí que se discutiesen “posibles formas de mejorar la situación en la región, especialmente en Líbano, Gaza e Irán”, según una fuente comunitaria.

Las tesis de España, que condenan la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel, han ido calando en las cancillerías europeas. Aunque todavía no existe una condena explícita, sí se aprecia “una convergencia creciente de todos los Estados miembros”, en palabras de una fuente diplomática. Ese acercamiento se basa, según la misma fuente, en el convencimiento de que, en defensa del interés europeo, es necesario preservar elementos clave como el respeto a las reglas internacionales. En el caso del Estrecho de Ormuz, además, "las preguntas que se plantean son muchas, como cuáles son los siguientes pasos de EEUU".

“Lo que es importante para todos nosotros en la Unión Europea, lo que queremos ver, es el fin de la guerra”, lamentó la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, que añadió: “Estamos definitivamente viendo el caos que se está causando en Oriente Medio, pero también las ramificaciones que tiene en el resto del mundo”. El 85% de lo hidrocarburos que navegan por el Estrecho de Ormuz llevan destino Asia, lo que implica que potencias como China, Japón, Corea del Sur o India saldrán al mercado en busca de otras fuentes de petróleo y gas, añadiendo más presión a los envíos que recibe Europa.

Europa responsabiliza explícitamente a Irán de la actual situación por atacar a los países del Golfo, pero también implícitamente a la acción militar de Estados Unidos e Israel, como causa directa de esta respuesta. “Ayer por la noche hablé con el presidente Trump y él mismo habló de cesar los bombardeos contra las infraestructuras civiles”, reconoció el presidente francés, Emmanuel Macron, quien demandó “una moratoria sobre los bombardeos a las infraestructuras y los civiles” ya que “el precio del gas y petróleo ha aumentado desde que empezó la guerra, pero también si las capacidades de producción son destruidas tendrá un impacto duradero”.

Europa teme que la escalada continuada de los precios del petróleo y del gas termine por trasladarse desde las gasolineras a la cesta de la compra de los hogares y a las cadenas de suministro de las empresas, provocando una onda inflacionista. Dentro de la cumbre, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, informó que ya prevé como mínimo una inflación del 2,6% este año, siete décimas más que lo informado en diciembre, “porque los precios energéticos serán más altos debido a la guerra en Oriente Medio”. Es, aun así, una predicción optimista. Ese marco se calcula suponiendo que la normalización del suministro de hidrocarburos del Golfo empiece ya, pero si no fuera así, el BCE habla de un escenario adverso del 3,5% y de otro severo con una inflación del 4,4% en la eurozona. Cualquiera de las previsiones implica la subida de tipos de interés este año, lo que frenará la economía del continente para disgusto de los líderes reunidos en Bruselas.

Dos meses de cierre del estrecho de Ormuz supondrán consecuencias devastadoras para las economías del golfo y las ondas sísmicas impactarían en forma de una inflación disparada en Europa, mientras Estados Unidos se salvaría parcialmente del terremoto provocado por su guerra y la de Israel contra Irán.

Los ministros europeos de Energía se reunieron este lunes en Bruselas con este sombrío escenario, el provocado por un barril de petróleo que toca máximos de tres años, y la necesidad de abrir ya una discusión sobre cómo responder, orientada por la Comisión Europea hacia medidas a corto plazo que estabilicen los precios sin condicionar las medidas de transición energética, como pidió infructuosamente Italia en referencia a la suspensión del sistema ETS, el que impone derechos de pago por emitir a las grandes compañías y sectores económicos como el químico, acerero o cementero.

El cierre del estrecho de Ormuz impuesto por Irán como represalia a los ataques que desde hace dos semanas está sufriendo puede provocar esta nueva crisis energética, cuando la Unión Europea todavía está cicatrizando las profundas heridas en el poder adquisitivo y el bienestar de las familias y pequeñas empresas causada por el alza imparable del gas al invadir Rusia a Ucrania. “No es la guerra de Europa”, reconoce la Alta Representante Exterior de la UE, Kaja Kallas, “pero los intereses europeos están directamente en juego”. Sin embargo, la UE no enviará barcos de guerra para proteger el tránsito de petroleros, metaneros y grandes buques de mercancías como exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hemos estado en contacto con la OTAN anteriormente, pero esto está fuera del área de acción de la OTAN, por eso tenemos la operación Aspides y hay Estados miembros dispuestos a contribuir, pero eso está fuera de los territorios de la OTAN, no hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz”, descartó Kallas sobre la participación de los europeos en una misión militar de la Alianza Atlántica diseñada para desbloquear el estrecho de Ormuz como exige el estadounidense.

No fue la única voz autorizada en Bruselas que dio un portazo a los deseos de Donald Trump de arrastrar a los europeos a la guerra en Oriente Medio. Los ministros de Exteriores también se reunieron en la ciudad belga y durante el encuentro, el español José Manuel Albares reiteró el rechazo de que España se involucre militarmente porque “está en la desescalada, no en hacer nada que aumente la escalada” y apostó por una salida basada en “el  diálogo, la diplomacia y la vuelta a la mesa de negociación” ya que una “solución puramente militar nunca trae democracia ni prosperidad”. 

También el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se negó a atender los deseos de Washington. “Nosotros no hemos provocado esta situación. Esta guerra comenzó sin ninguna consulta previa”, reprochó el germano, en alusión a los bombardeos y ataques aéreos iniciados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, que no fueron avisados a Bruselas o a los 27. Pistorius va más allá y verbaliza la renuencia común europea ya que “los próximos pasos amenazan con meternos a nosotros en este conflicto. ¿Qué espera Trump que puedan lograr un puñado de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que no pueda lograr la poderosa armada estadounidense?”.

La UE rechaza involucrarse militarmente contra Irán, aunque sea de manera indirecta con una operación naval para desbloquear la estrecha lengua de agua que separa ese país de los Emiratos Árabes Unidos y Omán, pese a sus importantes repercusiones económicas y a contar con una misión naval en la zona, la Aspides, limitada al mar Rojo y no al golfo Pérsico para proteger a los barcos mercantes o pesqueros de los ataques de las milicias hutíes. Una fuente europea antes de la reunión entre los ministros destacaba el problema de esa misión, para “el mandato de poder proteger a los barcos por Ormuz... geográficamente puede operar, pero necesita el mandato ejecutivo de los Estados miembros para proteger físicamente a los barcos”. Y los 27 no autorizaron ese cambio operativo.

Hasta Italia, entre los más afectados ante el corte del suministro del petróleo de Ormuz, es reacia a una solución militar. Su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, prefiere “reforzar” la operación Aspides en la que su país está involucrado, pero “la misión sigue siendo la que es y con el mandato que ya existe” e insistió “en un refuerzo del diálogo y en hacer todo lo posible para que los americanos y los iraníes puedan hablar y encontrar un acuerdo que garantice la libertad de navegación”.

Por el estrecho de Ormuz circula el 20% del transporte de gas y petróleo mundial, así que un largo bloqueo aunque “Europa ha diversificado sus proveedores energéticos” en comparación con la crisis del 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, “pondría las nuevas relaciones comerciales de Europa a examen”, explica en una nota Carsten Brzeski, responsable de análisis para Europa del banco ING. “La zona euro es la gran economía más expuesta”, advierte Brzeski, quien cree que “la economía global vive de nuevo un momento crucial”.

El Banco Central Europeo ya pronostica que un aumento del 20% en los precios del gas por culpa del cierre de ese canal marítimo podría rebajar una décima el PIB de la zona euro este año, en medio de una economía ya deprimida en socios como Alemania, Austria, Países Bajos o Bélgica, a la que habría que sumar otra décima contractiva si el petróleo se encarece otro 14%.

Es en este contexto en el que los ministros europeos de Energía se comprometieron a empezar a diseñar “medidas inmediatas para las empresas y los ciudadanos más vulnerables” ante esta posible crisis, con “opciones de emergencia por si empeora la situación”, según el comisario de Energía, Dan Jorgensen. Bruselas ofrecerá a los Estados miembros la posibilidad de introducir rebajas fiscales en las facturas de la luz o a la generación eléctrica, como se hizo en 2022 o 2023, posibilidades que los líderes europeos estudiarán este jueves en la capital comunitaria durante la Cumbre.

Las que no salen adelante son las presiones lideradas por Italia para suspender el sistema de derechos de emisiones contaminantes ETS bajo la premisa de que perjudica la actividad empresarial. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, descartó esa medida la semana pasada en Estrasburgo advirtiendo que sin ese sistema “ahora consumiríamos 100.000 millones de metros cúbicos más de gas, haciéndonos de nuevo más vulnerables y más dependientes”.

En el debate energético europeo provocado por la guerra en Irán de momento se están imponiendo las tesis defendidas por España, Portugal, Dinamarca, Finlandia y Suecia, un grupo que escribió una carta a la Comisión con una exigencia para la Cumbre Europea de finales de semana, no debilitar el ETS, petición a la que se sumaron Países Bajos, Luxemburgo y Eslovenia.

Cuarenta y ocho horas después de cometer un importante error político delante del cuerpo diplomático extranjero, Ursula von der Leyen rectificó en Estrasburgo y subordinó la actuación internacional de la UE al respeto de un orden global basado en normas y los derechos humanos.

“La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable en favor de la paz, a los principios de la Carta de Naciones Unidas y al derecho internacional es hoy tan central como lo fue en nuestra creación, y siempre defenderemos esos principios”, destacó al principio de su intervención en la Eurocámara la presidenta de la Comisión.

Los aplausos en el Pleno del Parlamento Europeo fueron tímidos y muy moderados, apenas de la bancada popular, su partido. Von der Leyen intentó cerrar la brecha abierta el lunes cuando delante de los embajadores internacionales presentes en Bruselas aseguró que “no podemos depender más de un sistema basado en reglas como la única forma para defender nuestros intereses o asumir que esas reglas nos protegerán de complejas amenazas” y pidió “construir nuestro propio camino europeo”. Pero sólo lo consiguió a medias.

Su enmienda y rectificación fue parcial y con la boca pequeña, derivando un debate centrado en la situación en Oriente Medio y en la próxima Cumbre Europea hacia las necesidades energéticas del continente y defendiendo de nuevo la nuclear. Tampoco contribuyó a su giro político que justificase sus polémicas palabras con un “ver al mundo como es de ninguna manera minimiza nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos”. De nuevo, como había alertado el eurodiputado Mounir Satouri, los intereses por delante de los principios.

Las críticas recibidas y el malestar generado no se han mitigado porque, además, la presidenta de la Comisión evitó presenciar la totalidad del debate en el Parlamento Europeo para no escuchar así las críticas que le llovían. Von der Leyen está tocada y la sangría de los apoyos con los que se garantizó un segundo mandato no se ha taponado.

El enfado entre los socialdemócratas sigue sin aplacarse. Su líder en el Parlamento, Iratxe García, defendió ante Von der Leyen el “no a la guerra y sí al derecho internacional” y le reprochó una postura de “complacencia, con apaciguamiento” ante el estadounidense Donald Trump porque se “está abriendo la puerta a que autócratas pisoteen sin consecuencias” el orden mundial.

La condena de la presidenta de la Comisión a la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel contra Irán sin cobertura de la legalidad internacional y la ausencia de una mención a las muertes de civiles en Teherán o Beirut, incluidas 150 personas, la mayoría niñas, en una escuela iraní, tampoco ayudaron a que la Izquierda o Los Verdes rebajasen sus críticas ni quedasen contentos con la intervención. La líder de la Francia Insumisa, Manon Aubry, recuperó en Estrasburgo el eslogan enarbolado por el presidente Pedro Sánchez para oponerse a Trump, “No a la guerra”, porque, justificó la gala, “la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel en Irán y en el Líbano es plenamente ilegal en el derecho internacional”.

La herida abierta por el error de Von der Leyen al justificar un orden internacional basado en la ley del más fuerte sigue sangrando y actuales rivales políticos como Los Verdes hurgan en ella. Su líder, Terry Reinke, alemana como la presidenta de la Comisión, reprochó que la población de Irán, que ha mostrado “coraje contra un régimen brutal”, se vea “ahora inmersa en una guerra”. “Su protección y seguridad deben estar en el centro de la respuesta europea ante esta crisis”, pidió Reinke, “guiándose por el derecho internacional y no por una lógica de más escalada” en un claro dardo a la metedura de pata del lunes. Lejos queda el afectuoso abrazo con el que Reinke se levantó de su bancada para felicitar a Von der Leyen tras su investidura por segunda vez en 2024.

La posición de Von der Leyen es más frágil que hace una semana por la equivocación ante los embajadores, pero sus causas son profundas y vienen de lejos. Además, la metedura de pata diplomática ha revelado que uno de sus principales Gobiernos sostenedores, el francés del presidente Emmanuel Macron, ya no lo es tanto.

Las elecciones presidenciales galas de 2027 alteran totalmente el escenario. Sin un candidato para el relevo, el movimiento político de Macron podría jugarse su desaparición en medio de una contienda polarizada entre la izquierdista France Insumise y la ultraderecha de Le Pen. Bruselas y las políticas que salen de la UE son un blanco fácil que atacar. Jean-Noel Barrot, ministro de Exteriores y hombre fuerte del Gobierno, critica el sobreprotagonismo de Von der Leyen en política internacional, exigiendo que “la Comisión cumpla con la observancia estricta a la subsidiariedad”, es decir, que no se entrometa en las competencias de los Estados miembros.

España es otro de los Gobiernos que viene apoyando la presidenta de la Comisión desde que fue elegida en 2019. De diferente color político, Von der Leyen ha trabajado con el socialista Pedro Sánchez de manera fluida igual que con el liberal Macron, a diferencia de otros Gobiernos de su propia familia política o del líder de los populares en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, con el que mantiene una soterrada e intensa rivalidad política. Ahora, tras el affair sobre el imperio de la ley y el orden mundial, el presidente español fue claro asegurando que “nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo, António Costa”, en favor del derecho internacional. Sánchez y Costa son las dos figuras clave de la socialdemocracia europea; sin sus pronunciamientos habría sido impensable que en la Eurocámara los socialistas hayan cargado contra la presidenta de la Comisión.

En otro calculado movimiento que revela la influencia de Bruselas en las políticas nacionales –y cómo el traspiés de Von der Leyen ha abierto una brecha que aprovechar–, otro sostén de la alemana, también de diferente color político, ha evitado criticarla, aunque sí se ha desmarcado de ella. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, rechazó la creciente tendencia de intervenciones militares “fuera del alcance del derecho internacional” y condenó el bombardeo de la escuela iraní de niñas como “una masacre”. Términos semejantes a los empleados por el nuevo primer ministro neerlandés, el liberal Rob Jetten, pero que la jefa de la Comisión evita pronunciar, quizás para no enfrentarse con Trump.

Gravísimas. Así califica una fuente parlamentaria las palabras de Ursula von der Leyen ante los embajadores extranjeros en Bruselas, un discurso en el que aseguró que “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá”, alejándose de la defensa del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos o a la soberanía territorial de los países al tiempo que legitimaba con sus palabras las intervenciones militares de las grandes potencias contra terceros.

“Hay quien se está ganando una moción de censura a pulso”, publicó por redes sociales el socialista Jonás Fernández, eurodiputado veterano que se mostró muy crítico con la presidenta de la Comisión. El comentario tuvo un importante eco entre sus colegas de bancada y muestra el importante malestar entre el grupo de los Socialistas y Demócratas, segunda fuerza de la Eurocámara y segunda pata de la coalición que refrendó la actual Comisión.

Este martes, los ánimos siguieron igual de caldeados en el Parlamento Europeo. La española Iratxe García, jefa de toda la bancada socialista, le exigió que “pueda clarificar esas declaraciones” porque “desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi grupo han causado y generado sorpresa y descontento”. Sus críticas van al fondo también de ese discurso por “poner en duda la necesidad de defender el orden internacional”, una postura “no asumible” por los socialdemócratas europeos ni que se pueda “plantear que el orden viejo internacional y el derecho internacional fuera algo naif”. “La música” de la actual presidenta de la Comisión Europea “no suena bien” a los oídos de su sostenedor en el Eurocámara, si es que el PP europeo no quiere dar ya un volantazo definitivo y abrazar lo que queda de legislatura comunitaria de la mano de los tres grupos de extrema derecha.

Las sucesivas crisis y guerras en las fronteras de la UE están resquebrajando la coalición parlamentaria que sustenta a Von der Leyen, como ya había puesto de relieve la diferente posición de Bruselas entre la guerra de Ucrania y el genocidio en Gaza. Los liberales dudan y evitan desafiar a la Comisión. Su líder parlamentaria, Valérie Hayer, calificó el análisis de la alemana sobre el orden mundial como “un hecho, desafortunadamente” y lejos de criticarlo sólo pidió que “como europeos sigamos defendiendo el derecho internacional, no porque seamos naif sino porque es nuestro interés” o “qué diríamos mañana a Donald Trump si quiere atacar Groenlandia”.

Las aguas bajan revueltas entre las filas socialistas. La reacción del eurodiputado Jonás Fernández contaría con el respaldo implícito de la dirección del grupo, de ahí que pocas horas después Iratxe García desde Estrasburgo fuese crítica con Von der Leyen y exigiese explicaciones. Otra de sus eurodiputadas, Hana Jalloul, vicepresidenta del Comité de Asuntos Exteriores, insiste que Bruselas debe “defender el derecho internacional, porque es lo que somos, sino no creemos en la Unión Europea y esto es algo muy peligroso”

La bancada socialista empieza a asumir las críticas que hasta hace poco tiempo sólo salían de La Izquierda o Los Verdes. Contactado por infoLibre, el eurodiputado Mounir Satouri califica como “profundamente preocupante” el discurso de Von der Leyen porque “supone un giro peligroso en cómo la Unión Europea ve el derecho internacional y el orden global”. El ecologista francés reprocha a la presidenta de la Comisión que sobre Irán primero no realice una demanda clara en favor del derecho internacional y que, además, diga defender el orden internacional basado en reglas al tiempo que asume que ya no es válido. “En otras palabras”, denuncia Satouri, miembro del Comité de Asuntos Exteriores y presidente del Subcomité de Derecho Humanos, “las normas internacionales son válidas siempre que nos sirvan, pero se volverán secundarias en cuanto limiten nuestras decisiones”.

En el grupo de La Izquierda sitúan las palabras de Von der Leyen delante de los embajadores extranjeros como un paso más en la deriva vivida tras “su silencio cómplice ante el genocidio en Gaza o cuando se doblegó ante Trump en un campo de golf en Escocia”. Así lo explica a este medio la eurodiputada Estrella Galán, quien no acepta que ahora la alemana “ha escalado aún más y propone que la UE opere sin seguir el derecho internacional”, algo que la también representante del Comité de Asuntos Exteriores, considera “inadmisible”. Según las fuentes consultadas, socialistas, verdes e izquierda preparaban durante el martes su estrategia para cargar con dureza contra Von der Leyen en el debate que mantendrán con ella este miércoles en la Eurocámara.

La autonomía creciente asumida por la líder de la Comisión en cuestiones de política internacional también está generando un malestar dentro el Consejo. Un día después de las palabras de Von der Leyen, el presidente de esta segunda institución, António Costa, realizó una enmienda a esa visión sobre el orden internacional en el mismo foro ante el cuerpo diplomático.

“Un mundo multipolar requiere de soluciones multipolares”, pronunció el luso, descartando las intervenciones unilaterales de grandes potencias como las emprendidas por los Estados Unidos de Donald Trump, “sin esferas de influencia, donde las políticas de poder reemplazan a las leyes internacionales”. A la pregunta de cuál es la misión de la Unión Europea, Costa cree que “debemos defender el orden internacional basado en reglas” y “defender los principios consagrados en la carta de las Naciones Unidas y destacados en nuestros Tratados”.

La posición del presidente del Consejo contradice a la de la Comisión, quien este miércoles deberá dar explicaciones en la Eurocámara y ha visto como su número dos, la vicepresidenta Teresa Ribera, también discrepaba, insistiendo en la importancia de “recordar que el respeto al derecho internacional es una premisa básica” y consideraba “muy peligroso entrar en un debate en el que parece cuestionarse”.

Fuentes del Gobierno español evitan entrar en una polémica pública con Von der Leyen, pero sí insisten que “hay un orden internacional sujeto en reglas”. El titular de Exteriores, José Manuel Albares, mostró su identificación con las palabras de Costa porque “la alternativa al orden internacional es el desorden”. Albares contrapuso entre “optar entre el derecho o la alternativa que es la fuerza, o la paz y las relaciones pacíficas entre estados o el uso de la guerra como instrumento de política exterior”.

El malestar viene de lejos, porque hace sólo unas semanas la presidenta de la Comisión tomó la decisión de enviar unilateralmente y sin mandato de los 27 Estados Miembros a la responsable para el Mediterráneo, Dubravka Suica, a la reunión de la Junta de Paz para Gaza de Donald Trump, con la excusa de que Washington había invitado personalmente a Von der Leyen. España como Francia o Bélgica reprocharon entonces esa decisión.

Además de las aristas con Costa y Ribera, dos de las más altas autoridades en la capital comunitaria, de fondo también está el enfrentamiento entre Von der Leyen y la Alta Representante Exterior, Kaja Kallas, la política escogida por los 27 para dirigir y coordinar entre las capitales las relaciones internacionales de la UE. Las dos llevan tiempo chocando y la alemana con su agenda y reuniones con líderes extranjeros, la presencia en Cumbres y un refuerzo continuado de las unidades de la Comisión centradas en las relaciones internacionales ha ido laminando a la estonia.

El silencio cómplice del canciller alemán durante el ataque de Donald Trump a España por no permitir el uso de las bases de Morón y Rota para bombardear Irán y la amenaza de suspender las relaciones comerciales, sumadas a las palabras posteriores de Friedrich Merz asegurando que “están intentando convencer a España para alcanzar el 3,5% [del PIB en gasto militar], acordado en la OTAN... España tiene que cumplir con ello”, inciden en la ya de por sí dañada unidad europea ante cualquier crisis internacional.

Francia, segunda potencia de la UE y el otro vértice del gran eje sobre el que pivota el proyecto comunitario, sí ha salido en apoyo de España y de la postura reafirmada este miércoles por el presidente Pedro Sánchez. Emmanuel Macron le telefoneó para “expresar la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica”. Los exabruptos de Trump generaron más apoyos de líderes comunitarios. El presidente del Consejo, Antonio Costa, confirmó también una conversación telefónica con el jefe del Ejecutivo porque “la UE siempre garantizará que los intereses de sus Estados miembros estén plenamente protegidos” a la vez que reafirmaba el “firme compromiso con los principios del derecho internacional y con el orden internacional basado en normas en todo el mundo”. 

En la Comisión Europea, el mismo día de los duros reproches de la Casa Blanca, el portavoz de Comercio declaraba que se solidarizaban “totalmente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos”, reafirmando a la vez que Bruselas “siempre garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea”, al tiempo que rechazaba un embargo individual a España debido al acuerdo arancelario firmado este verano entre la UE y los Estados Unidos. “Esperamos que EEUU cumpla sus compromisos en virtud de nuestra declaración conjunta”, añadió. Y el propio vicepresidente de la Comisión, Stéphane Sejourné, el hombre de Macron en Bruselas, recordó a Washington que “cualquier amenaza comercial dirigida contra un Estado miembro es por definición una amenaza contra la Unión Europea” y quiso ser “muy claro” en que las amenazas de Trump a España no eran sólo “una amenaza a un país en particular”.

Sin embargo, estas muestras de solidaridad contrastaron con el silencio de otros líderes de la Unión, en una evidencia de la división entre los 27 ante las crisis internacionales que rodean el continente, en este caso el incendio prendido en Irán por Estados Unidos e Israel que se extiende por Oriente Medio. Una división patente en las primeras reacciones a los ataques aéreos, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló de “acontecimientos” para referirse a su inicio militar y apostó por una “transición creíble en Irán” como “urgentemente necesaria”, mientras la Alta Representante Exterior, Kaja Kallas, pactó un comunicado con los 27 en un tono más moderado donde pedía “la máxima contención”.

Tras la reunión en la Casa Blanca, el canciller Merz debió enmendar ligeramente sus palabras sobre España ante la obviedad de que un socio europeo no puede ser sancionado individualmente a nivel comercial por un tercer país, aunque se trate de los Estados Unidos. “Llevamos a cabo las negociaciones con Estados Unidos de manera conjunta o no las llevamos a cabo en absoluto”, reconoció el alemán.

Berlín, pese a todo, no está liderando como principal potencia continental el debate ni la respuesta política de la UE. Merz no es la canciller Angela Merkel ni Gerhard Schröder que se opuso a la guerra de Irak junto al presidente Jacques Chirac. El actual Gobierno alemán todavía estudia si involucrarse en la defensa de Chipre, como ya han confirmando Francia o Grecia. Aviones de combate, fragatas y sistemas antiaéreos galos y helenos están siendo desplegados hacia la isla para frenar los misiles o drones de Irán, como el que explotó contra una base militar británica instalada allí. Lo que sí ha hecho Alemania es ofrecer a Estados Unidos su base en Ramstein para sus operaciones áreas contra Irán.

España, además de cerrar sus bases militares para la ofensiva, es el único socio comunitario que abiertamente ha criticado la guerra iniciada por los Estados Unidos e Israel contra Irán, abogando por una solución diplomática para frenar el programa nuclear de ese país y no por una militar. El 'No a la Guerra' declarado por el presidente Sánchez es una isla en la UE, aunque otros países tampoco se muestren favorables a la escalada bélica en Oriente Medio.

Theo Francken, ministro de Defensa del Gobierno de derechas de Bélgica, ha rechazado que su país vaya a ofrecer apoyo militar a la operación estadounidense e israelí, al tiempo que insistía en que “Ucrania sigue siendo la prioridad militar”. Bélgica sí ayudará a Chipre, como Estado de la UE, si necesita más medios para su defensa o a países como Jordania o Emiratos Árabes Unidos, bajo la premisa de que la ley internacional permite asistir a territorios agredidos.

Sin tampoco condenar la intervención militar, Irlanda es otro de los socios comunitarios que apuesta por una salida diplomática y no por avivar las ascuas bélicas en Oriente Medio. Su primer ministro prefiere “el multilateralismo, el orden internacional basado en reglas” y pidió “una desescalada del conflicto en Oriente Medio y particularmente en Irán”. La postura a favor de reducir el conflicto para evitar una proliferación regional es también compartida por pequeños países como Luxemburgo, Croacia o Eslovenia.

Fuera de las fronteras comunitarias, aunque todavía en el continente europeo, es otro aliado de Estados Unidos el que gestiona una situación compleja: Reino Unido. Los británicos suscribieron un comunicado con Francia y Alemania condenando “los ataques con misiles desproporcionados e indiscriminados lanzados por Irán contra varios países en la región”, porque la respuesta de la República Islámica iba contra “aquellos no inicialmente involucrados en las operaciones militares de Estados Unidos e Israel”, en una clara alusión a las bases norteamericanas en Oriente Medio. Londres, además de prometer junto a París y Berlín “tomar medidas para defender nuestros intereses”, se ofrecía a trabajar conjuntamente con los Estados Unidos. Sin embargo, el Gobierno del laborista Keir Starmer niega a Washington el uso de la base conjunta en la isla de Diego García en el Índico para bombardear Irán. Y por ello, el británico, igual que Sánchez, sufrió las críticas públicas de Trump desde el Despacho Oval.

La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán es ya totalmente regional después de que las defensas antiaéreas de la OTAN en Turquía destruyesen este miércoles un misil balístico iraní. Ankara no ha solicitado activar la cláusula de mutua defensa recogida en el artículo 5 del Tratado de la Alianza, pero en su territorio hay tropas y equipamiento militar de países como España protegiendo precisamente esa frontera. Los bombardeos de Washington y Tel Aviv y la respuesta de Teherán pueden arrastrar aún más a toda Europa hacia un conflicto no deseado.

España, Eslovenia, Dinamarca, Suecia y Estonia han mostrado su apoyo público en Bruselas a la iniciativa My Voice, My Choice: for Safe and Accesible Abortion European Citizens Initiative, firmada por más de un millón de ciudadanos y a la que la Comisión Europea da la bienvenida al considerar que “los abortos inseguros son una cuestión de sanidad pública, que puede conducir a varios tipos de daño físico y severo estrés mental y por lo tanto poner en riesgo la vida de las mujeres”.

La demanda popular de 'Mi Voz, Mi Elección, en favor de un aborto seguro y accesible' es la duodécima iniciativa de este tipo gratificada con respuesta oficial de la Comisión desde el año 2012, una muestra del apoyo que el Ejecutivo comunitario ofrece a la propuesta frente a las exigencias recientes en el Parlamento Europeo por parte de la internacional ultraderechista en contra de regular y apoyar este derecho de las mujeres.

El Gobierno español ha trabajado para que cinco gobiernos europeos se uniesen en la carta liderada por Eslovenia con la que se buscaba respaldar en Bruselas la iniciativa ciudadana. Y la Comisión recoge el guante poniendo a disposición el Fondo Social Europeo, con una potencia de miles de millones en su cartera, para que los Estados miembros “mejoren el acceso igualitario a servicios sanitarios legalmente disponibles y accesibles”. De manera voluntaria, Bruselas permitirá a partir de ahora que cada país distribuya o redirija fondos de ese instrumento a garantizar el aborto.

Pese al apoyo financiero mostrado para un aborto incorporado a los sistemas de salud nacionales por las mujeres en condiciones de seguridad y legalidad, la Comisión está atada de pies y manos para imponer a los países la legalización del derecho. Según el propio artículo 168(7) del Tratado de Funcionamiento de la UE, cada capital tiene libertad para organizar su sanidad pública y, por lo tanto, la regularización del aborto es un área de responsabilidad estatal. Así que, como reconoce el Ejecutivo comunitario, cualquier “acción de la UE que impactase en la decisión de un Estado miembro sobre si permitir el acceso al aborto y en qué condiciones está excluida”.

España, explican fuentes diplomáticas sobre la disponibilidad de financiación comunitaria para garantizar el aborto, usará la vía que se habilite para ello, comprometida con el acceso efectivo a ese derecho. Pero no todos los Gobiernos de Estados miembros tienen este nivel de compromiso ni están dispuestos a legalizar el ejercicio de las libertades por parte de las mujeres. 

En un continente donde al año, según la Organización Mundial de la Salud, se practican cerca de 480.000 abortos y casi todos los Estados miembros de la UE lo han legalizado, Malta y Polonia son los únicos donde las leyes son abiertamente restrictivas. En la pequeña república mediterránea el aborto está completamente prohibido salvo si la vida de la mujer está en riesgo inmediato por complicaciones médicas, mientras que en Polonia el acceso de las mujeres a este derecho está restringido y sólo se permite si la vida o la salud de la mujer está en riesgo, el embarazo es resultado de una violación o existen severas anomalías en el feto.

Las últimas reformas legislativas en Malta datan de 2023 y declaran el aborto como ilegal en la mayoría de circunstancias, incluso en casos de violaciones o anomalías en el feto, con penas de cárcel de hasta tres años para la mujer y de entre 18 meses y cuatro años para quienes lo practiquen. La venta de la conocida como píldora del día después está, por supuesto, terminantemente prohibida. Debe ser un equipo de profesionales médicos el que apruebe la interrupción del embarazo sólo en caso de ese riesgo vital para la mujer.

La reforma legal del 2023 fue muy pequeña con la intención de incluir únicamente ese supuesto y sólo después de que una ciudadana estadounidense, Andrea Prudente, estuviese a punto de morir tras encontrarse de vacaciones en la isla y sufrir una complicación extrema en su embarazo. La imposibilidad legal de practicar una operación provocó que Prudente fuese evacuada a España, donde finalmente sí se le practicó un aborto. La ciudadana estadounidense denunció el código criminal de Malta por vulnerar la Convención Europea de Derechos Humanos y forzó el cambio normativo.

Muy diferente es la realidad para las mujeres en gran parte de la UE. En Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia el aborto está garantizado a petición de la mujer embarazada. Son 24 países, una amplia mayoría de la Unión, donde este derecho con diferentes matices y una gradualidad de limitaciones sí está permitido.

En la mayoría, esta decisión debe tomarse durante el primer trimestre de la gestación, con límites que van entre las 18 y las 24 semanas, pero en circunstancias específicas como el riesgo para la salud o la vida de la mujer el aborto puede practicarse a posteriori. Y por supuesto en estos Estados, las mujeres, sean adultas, adolescentes o niñas, que se hayan quedado embarazadas fruto de una violación tienen garantizado el acceso a la interrupción.

Sin embargo, hay también sombras en países como Alemania, Bélgica, España, Hungría, Irlanda, Países Bajos o Portugal, donde existen plazos obligatorios de mayor o menor duración desde que la intervención es solicitada por la mujer hasta que es efectiva. “Estos periodos de espera”, según el Center for Reproductive Rights, “socavan el acceso a tiempo y asequible a la atención y restringen los derechos de los mujeres y sus autónomas decisiones”.

El último informe de este centro sobre la situación de Europa sitúa también a Polonia por mantener “leyes altamente restrictivas” al aborto, destaca “tendencias positivas” como la retirada de las prohibiciones desde 2018 en Chipre, Finlandia, Irlanda y, fuera del espacio comunitario, Islandia, Irlanda del Norte o San Marino, pero también advierte “amenazas regresivas” en Hungría, Italia y la citada Polonia.

Y en Alemania, principal potencia de la UE y abanderada en muchos frentes de los derechos civiles, técnicamente el aborto sigue siendo ilegal, regulado por una ley de 1871 que lo criminaliza hasta con penas de cárcel de cinco años, aunque se han ido introduciendo excepciones y enmiendas para permitirlo durante los primeros doce semanas de gestación. En la década de los 70  en ese país nació la campaña 'Mi vientre me pertenece' y cincuenta años después las iniciativas ciudadanas en la UE se imponen, aunque crece la contestación. La actual de 'Mi Voz, Mi Elección' recibió 358 votos a favor como resolución favorable en el Parlamento Europeo y 202 en contra. No sólo se opusieron los tres grupos de extrema derecha, también 68 eurodiputados del PP y hubo otras 30 abstenciones de ese grupo.

Una polémica diplomática enturbia la política federal belga desde hace días, con ramificaciones crecientes que se extienden por el Océano Atlántico desde las costas continentales del Canal de la Mancha hasta los Estados Unidos y con réplicas similares pocos cientos de kilómetros al sur, en los barrios decimonónicos de París. Sus protagonistas son los embajadores nombrados por Donald Trump para la capital francesa y Bruselas.

Existen varias similitudes entre estos emisarios del presidente estadounidense, Bill White y Charles Kushner. Dos hombres de negocios del área de Nueva York, ciudad de procedencia de Trump, sin formación ni experiencia previa diplomática e involucrados en el pasado en escándalos financieros. Dos antiguos donantes en las campañas electorales del Partido Demócrata que gracias al cambio en el destino de su dinero (apostando por los republicanos) han obtenido prestigiosos destinos.

En el siglo II d.C. el procónsul Quinto Servilio Cepión no recompensó a los asesinos del luso Viriato, enemigo entonces del Imperio, porque Roma valoraba la lealtad y no pagaba a los traidores. El imperio del mundo actual sí gratifica a quienes retiraron su apoyo económico de los enemigos internos para financiar la carrera presidencial de Donald Trump.

Bill White viene de romper los mínimos códigos diplomáticos en Bélgica después de entrar públicamente como un elefante en una cacharrería en la investigación abierta por la policía sobre las circuncisiones practicadas por tres mohel, los expertos judíos que según las tradiciones de esa religión realizan intervenciones quirúrgicas menores, en Amberes, la segunda ciudad del país y donde esa comunidad controla la importante industria de los diamantes. Las autoridades acusan a los tres mohel de llevar a cabo circuncisiones sin formación médica ni la presencia de un doctor o las debidas condiciones higiénicas, como exigen las leyes del país.

El embajador defendió en redes sociales una práctica desarrollada “durante siglos” en la que “la saliva era el desinfectante”, aseguró apoyar “lo que hagan los rabinos en cualquier país civilizado” y cuestionó la investigación belga con un “por qué se hace esto ahora” al tiempo que exigía al Gobierno intervenir porque “no hacer nada será percibido como antisemita”. White hablaba de “desconfianza de la comunidad judía” hacia las autoridades del país, abriendo un conflicto político al incorporar importantes acusaciones religiosas y ataques al ministro de Sanidad.

Las palabras del embajador se sumaron a otra polémica suya: se enfrentó al líder de los socialistas flamencos por sus críticas a las deportaciones de la Administración Trump comparándolas con medidas de la Alemania nazi, por lo que llegó a pedir que Washington prohibiese su entrada en los Estados Unidos.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica ha tenido que mediar para reconducir las relaciones con la embajada estadounidense y, finalmente, Bill White ha retirado su propuesta de veto al político socialista, pero esto no ha evitado que el propio ministro Máxime Prevot pusiese el dedo en la llaga de la actuación de White ya que “el rol de un embajador es regulado por códigos y normas, incluido el mutuo respeto y la no interferencia en los asuntos domésticos”.

La injerencia del embajador White en cuestiones domésticas del país donde cumple misión saltándose unos mínimos códigos es parecida a la que también acaba de realizar su homólogo en Francia, Charles Kushner. Sin embargo, en este caso la pequeña crisis diplomática sigue sin resolverse porque el Gobierno galo acaba de bloquear el acceso y contactos del embajador en París a cualquiera de sus ministros. La brecha entre los gobiernos de Francia y Estados Unidos se acrecienta después de los recientes enfrentamientos entre Trump y el presidente Emmanuel Macron.

“Ante los errores evidentes de atender los requerimientos básicos de una misión diplomática y honrar la representación de su país, el ministro ha solicitado que él no pueda tener más acceso directo a los miembros del Gobierno francés”, sentenció en un comunicado el titular de Exteriores galo, Jean-Noel Barrot.

La embajada dirigida por el padre del yerno de Donald Trump publicó en redes sociales que la muerte de Quentin Deranque, militante de extrema derecha asesinado tras ser apaleado en las calles de Lyon, mostraba que “la violencia del extremismo de izquierdas está en aumento” en Francia. Tras sus palabras, el Ministerio de Exteriores galo reaccionó asegurando que no tenían “ninguna lección que aprender, particularmente sobre la cuestión de la violencia, desde el movimiento de la internacional reaccionaria”. Y convocó a Kushner al Ministerio. Pero este, desoyendo de nuevo los códigos de representación, declinó la invitación y envió a un funcionario de segundo nivel. De ahí el bloqueo decretado por Exteriores.

Charles Kushner es el consuegro de Trump, padre de Jared, marido de Ivanka Trump y persona de la máxima confianza del presidente, hasta el punto de ser uno de sus dos enviados para pilotar en Oriente Medio negociaciones entre Israel, Qatar o los representantes palestinos. El actual embajador en Francia, igual que el responsable ante Bélgica, es un hombre de negocios sin experiencia previa en labores diplomáticas. Su puesto, además de por los vínculos familiares, está comprado gracias al millón de dólares que aportó para la campaña presidencial de Trump en 2023.

Es el más claro ejemplo del nepotismo que impregna muchas decisiones de la actual Administración estadounidense al asignar jugosos puestos de designación directa en la política exterior, libres de cualquier control parlamentario o límite regulatorio. Kimberly Guilfoyle, expresentadora de la televisión Fox, es la nueva embajadora en Grecia y la antigua pareja de Donald Trump Jr. Vínculos familiares que llegan al norteamericano de origen libanés Massad Boulos, asesor senior de la Casa Blanca para Asuntos Africanos y Árabes, y también consuegro de Trump. Como Bill White y Charles Kushner, empresario y gran donante de las campañas presidenciales del actual mandatario.

Casi una quinta parte de la población de Bélgica está en riesgo de pobreza. Son 1,9 millones de personas las que sufren ese grave problema y el de la exclusión social aparejada, en parte porque un 10% de los belgas perciben unos ingresos inferiores al nivel de pobreza, situado en 18.780 euros por año. Se trata de familias donde atender necesidades básicas como el pago de las facturas energéticas, de agua y comida, reemplazar el mobiliario de sus hogares o realizar viajes regulares se convierte en una recurrente cuesta de enero.

El reciente informe European Consumer Payment sobre los hábitos financieros de los belgas explica que en 2025 ocho de cada diez ciudadanos pagaron a tiempo sus facturas, el nivel más alto desde 2019. Pero el documento elaborado por la sociedad financiera Intrum también advierte de la creciente preocupación por la evolución de la economía, de que un tercio de la población posterga importantes decisiones de gasto y de que los planes de austeridad desarrollados por el Gobierno federal amenazarían aún más estas perspectivas familiares.

Bélgica, pese a estas cifras, es uno de los países con menores índices de pobreza de la Unión Europea, con caídas sostenidas durante los últimos seis años, en parte gracias a aplicar medidas como el aumento del salario mínimo o las ayudas energéticas durante la crisis del precio del gas y la luz, desarrolladas por el anterior Gobierno federal, de Alexander De Croo. Sin embargo, este progreso se ve amenazado por el actual Ejecutivo de Bart De Wever, liderado por una formación de ultraderecha, que en el último año viene aplicando recortes presupuestarios.

Esta semana las calles de Bruselas han vivido nuevas manifestaciones de miles de personas contra los ajustes aplicados en el sector educativo. Sindicatos de profesorado, asociaciones de madres y padres y movimientos estudiantiles rechazan el aumento de las horas de trabajo de los docentes, la reducción de las partidas para la gratuidad escolar o el aumento de las tasas en la educación superior. Fue la tercera jornada de una serie de protestas que culminará en una manifestación nacional a mediados de marzo. En paralelo a estos recortes en la educación, la menor revalorización de los salarios o el endurecimiento en el acceso a la pensión mínima son otras medidas criticadas por los sindicatos belgas FGTB (Federación General del Trabajo de Bélgica, por sus siglas en francés), CSC (Confederación de Sindicatos Cristianos, por sus siglas en francés) y CGSLB (Confederación General de Sindicatos Liberales de Bélgica, por sus siglas en francés) como factores de riesgo para un empobrecimiento de la población.

Las demandas de las tres grandes plataformas sindicales del país coinciden con la propuesta recién aprobada por el Parlamento Europeo para que la UE desarrolle una nueva Estrategia contra la Pobreza y que declara este problema como “una violación de la dignidad humana” y pide a la Comisión y a los Gobiernos de los 27 “trabajar urgentemente para erradicar la pobreza como muy tarde en 2035”.

Los datos de la Comisión Europea muestran que en toda la UE hay cerca de 93 millones de personas que viven en la pobreza o están en riesgo de caer en esa situación o en exclusión social, es decir, aproximadamente el 20,8% de la población, y de ellos, veinte millones son niños y niñas. Esta última cifra supone que una cuarta parte de la infancia en los 27 está afectada por la pobreza. El Pilar de los Derechos Sociales de Bruselas comprometió en el 2021 a que la UE redujese en quince millones las personas en riesgo de pobreza para el 2030, un objetivo que no se está cumpliendo.

Las prioridades de los Estados miembros en el gasto público están en el origen de este desfase entre realidad y voluntad. Un reciente análisis del think tank Friedrich Ebert Stiftung sobre los recortes del Gobierno rumano en su sistema educativo detalla que en el año lectivo 2025-2026 se han reducido las becas para miles de estudiantes, se han fusionado 500 escuelas, se ha incrementado el tamaño de las aulas y se ha endurecido el acceso al transporte escolar gratuito. Como resultado, según la fundación política más antigua de Alemania, 345.000 estudiantes perdieron sus becas en los dos primeros meses del curso, cerca de 440.000 niños se han visto completamente fuera del sistema educativo y Rumanía tiene la tasa de abandono escolar más alta de la UE, del 16,8% frente a la media del 9,4%. “Se están repitiendo errores de la pasada década en una política que golpea a los niños más vulnerables... los niños pobres y aquellos que no destacan ya no son una prioridad”, denuncia el Friedrich Ebert Stiftung.

El texto de la Eurocámara en favor de una estrategia común, aprobado por una amplia mayoría de los legisladores, es “también una llamada en favor de recursos presupuestarios adecuados para las medidas antipobreza en el Marco Financiero Plurianual de la UE y de una coordinación apropiada entre la UE y los Estados miembros”.

El Parlamento Europeo demanda mejor apoyo de Bruselas a los países para implementar la Garantía Infantil Europea, el programa comunitario que cofinancia inversiones a nivel local y regional con el objetivo de garantizar a la infancia acceso a la sanidad gratuita, educación, cuidados infantiles o nutrición. Los eurodiputados exigen al menos 20.000 millones de euros en el presupuesto de la Unión para ese programa y que los Estados miembros aporten el 5% de las partidas del Fondo Social Europeo a proyectos específicos que combatan la pobreza infantil.

El reto que afrontan la Comisión y los Estados miembros es incrementar las inversiones públicas en políticas que garanticen precisamente el acceso universal a la vivienda, comida y agua, atención sanitaria, energía y transporte como forma de reducir la pobreza en el continente. Según el texto del Parlamento, “esto podría ayudar a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza y potenciar la inclusión social y laboral”.

El ponente de la resolución fue el portugués João Oliveira, para quien “la estrategia antipobreza debe ser ambiciosa” y “afrontar las causas estructurales de la pobreza, promover una distribución más justa de la riqueza, mejorar las condiciones de trabajo, asegurar una inversión robusta de los servicios públicos y garantizar el acceso a una vivienda justa para todos”. El diputado del grupo de La Izquierda apuesta por “una activa participación de la gente que ha experimentado la pobreza en el diseño de estas políticas” y cree que “un presupuesto adecuado es esencial para alcanzar” la erradicación de la pobreza en la UE.

Antes del verano la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió a lanzar la Estrategia Europea contra la Pobreza, ahora con deberes claros de inversión pública tanto en el presupuesto comunitario como para los Estados miembros. Von der Leyen prometió ante la Eurocámara que en 2050 esa lacra ya no existiría en toda la Unión, un objetivo cada vez más lejano.

Este jueves los líderes europeos mantendrán una Cumbre informal en el castillo de Alden Biesen, a cien kilómetros de Bruselas y a muy pocos de Maastricht, ciudad fundacional del actual diseño de la UE. No habrá agenda cerrada con puntos por escrito pactados antes por los máximos diplomáticos de los 27. Tampoco habrá a su término conclusiones formales legalmente vinculadas. Pero la reunión se presenta como una cita de importancia para la economía del continente.

La competitividad será el gran tema de discusión entre los líderes, guiada por las propuestas que realice la Comisión Europea y la exposición de dos antiguos jefes de Gobierno italianos, Mario Draghi y Enrico Letta. También se hablará sobre la posibilidad de deuda conjunta europea para financiar sectores estratégicos, una idea que nace muerta por la fuerte oposición que genera en muchas capitales, empezando por Berlín.

El Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen quiere que los Estados miembros eliminen barreras económicas consideradas “inútilmente complejas” en sectores empresariales, principalmente industriales como el químico, el energético, la Inteligencia Artificial o la computación. Von der Leyen planteará en Alden Biesen incluso una UE a dos velocidades si hay países que no quieren avanzar en esta desregulación, bajo la premisa de que el mercado único es disfuncional y necesita una fuerte revitalización. Sobre esta idea, fuentes de Moncloa aseguran que “es clave la integración y más en el contexto actual” y que también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparte “esa necesidad de avanzar en la integración europea en el ámbito de la seguridad y defensa”.

La fragmentación de las normas en sectores económicos entre los diferentes países supondría, según los cálculos del ejecutivo comunitario, barreras comerciales equiparables a unos derechos aduaneros del 45% sobre los bienes y del 110% para los servicios. El Gobierno español se alinea con las tesis francesas de apostar, explican estas fuentes, por el “made in Europe, la idea de la preferencia europea” a la hora de financiar con fondos comunitarios inversiones no sólo en el ámbito militar, también tecnológico, digital o aeronáutico, para potenciar a la economía de la UE y “el establecimiento de condiciones a inversión extranjera productiva en sectores clave”.

Este miércoles, delante del Parlamento Europeo,Von der Leyen reafirmó su postura con un “si realmente queremos simplificar las cosas, debemos aplicar mano dura contra la sobre reglamentación y la fragmentación... es tiempo de proceder a una gran limpieza reglamentaria, a todos los niveles”. Lo dijo justo antes de verse con veinte líderes europeos en la ciudad belga de Amberes en la European Industry Summit, un cónclave entre grandes empresas del continente que desde hace dos años apuesta por la simplificación o desregulación normativa, precisamente la senda marcada por la alemana.

Las palabras de Von der Leyen y las propuestas que expondrá en la reunión informal de líderes comunitarios coinciden con las reclamaciones que desde hace meses realizan las grandes empresas europeas, sus patronales y asociaciones en Bruselas. Un lobby que ha permeado en la Comisión Europea, como están denunciando organizaciones que controlan la influencia de los grupos de presión, ONGs y representantes de la sociedad civil.

“Este tendencia recurrente de compromisos exclusivos plantea una cuestión fundamental: ¿está la política europea siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los más grandes lobbies industriales del continente?”, han escrito en una carta 16 importantes organizaciones sociales como Transparencia Internacional, Friends of the Earth Europe, el Sindicato de Servicios Públicos Europeos o Corporate Europe Observatory.

Las reuniones que desde 2024 celebra CEFIC, la gran patronal de la industria química, en Amberes con los principales dirigentes europeos funcionarían, denuncian estas organizaciones, “como una hoja de ruta oculta para la Unión Europea” en la que las propuestas para “potenciar la economía se han convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las garantías democráticas europeas” con una “sistemática marcha atrás en las protecciones vitales climáticas, medioambientales o sociales”.

En la carta de invitación a Alden Biesen para los líderes de los 27, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, parece posicionarse en favor de las ideas de la industria europea. “En 2026 me gustaría que nosotros ofreciésemos el mismo impulso político al área de la competitividad” que el conseguido para los proyectos de de defensa, escribe el portugués. Según Costa, “en el actual contexto geopolítico, fortalecer el mercado único es, más que nunca, un imperativo estratégico urgente”, y en la misiva apoya las bases sobre las que se mueve la Comisión Europea, “un fuerte motor de simplificación para los ciudadanos y las compañías”.

Desde que Ursula von der Leyen asumió la presidencia de la Comisión Europea en 2019, las reuniones con las grandes asociaciones empresariales se han ido incrementando. Business Europe, la patronal de patronales en el continente, es claramente el gran interlocutor escogido por el Ejecutivo comunitario de la alemana. En 2014 el luxemburgués Jean Claude Juncker dirigía la Comisión y hasta 2023, un periodo de nueve años, hubo un total de 145 encuentros al más alto nivel con comisarios europeos, pero de ellos más de la mitad, 87, fueron en el primer mandato de Von der Leyen, entre 2019 y 2023.

Los cálculos de The Good Lobby, que también reacciona en un comunicado público al encuentro de Amberes, son que “el 40% de las reuniones mantenidas por miembros del gabinete de los comisarios fueron con compañías individuales, mientras que con asociaciones empresariales contabilizaron un 29%”. En total, casi un 70% son este tipo de encuentros privados, cuando las “ONG representan un 16% de las reuniones mantenidas en el mismo periodo”, es decir, durante el segundo mandato de la Comisión Von der Leyen, desde el verano de 2024.

Datos a los que ha accedido infoLibre muestran que entre 2019 y 2024, primera Comisión Von der Leyen, los encuentros con representantes empresariales contabilizaban un 62% del total y con la sociedad civil un 22%. Además, hay apuntes llamativos sobre la importancia de ciertos sectores en esta actividad. En su primer mandato, cerca de 900 reuniones de comisarios europeos o altos funcionarios de sus equipos fueron con lobistas de la industria de los hidrocarburos. En el periodo 2019-2024, los lobistas de Google se reunieron 125 veces con comisarios o altos funcionarios de la Comisión, más que ninguna otra compañía, patronal o asociación civil inscrita en el registro oficial de la UE. Airbus, el gigante aeronáutico europeo, mantuvo una cifra de encuentros similar.

“Este nuevo desglose indica contactos incluso más frecuentes y más desequilibrados con actores corporativos al más alto nivel político, pese a la narrativa pública de un compromiso equilibrado con las partes involucradas” en los procesos legislativos, critica un representante de una organización que se dedica en Bruselas a controlar la actividad de los lobbies.

Según el informe Lobby Report 2024, elaborado por Lobby Control, “en general, las entidades que representan intereses comerciales se reunieron con tres veces más frecuencia que aquellos que representan intereses no comerciales, destacando el acceso desproporcionado de los lobistas empresariales a los responsables de decisiones en la UE”.

Hay sectores donde esta disparidad fue más que evidente en el anterior mandato de Von der Leyen: “Los lobistas empresariales dominan las reuniones directas con los responsables de decisiones en la UE. Por ejemplo, durante las discusiones sobre la regulación de la Inteligencia Artificial, 93 de las 120 reuniones mantenidas con altos funcionarios de la Comisión Europea fueron con compañías o sus asociaciones, mientras que sólo 21 reuniones involucraron a representantes de la sociedad civil”, según el documento. Una tendencia que va en aumento en su segunda Comisión y que ha conseguido su objetivo: permear y condicionar sus propuestas políticas.