El Ministerio de Justicia considera que el responsable del error en la comisión rogatoria a Panamá del caso del ático de Ignacio González es el Gobierno del país centroamericano, según la explicación ofrecida por el departamento que encabeza Rafael Catalá.

infoLibre publicó el pasado miércoles que el Ministerio de Catalá había cometido un error al equivocar el interlocutor de Panamá al que deben remitirse las peticiones de auxilio judicial. Esta equivocación ha provocado un retraso de más de un año, según la propia documentación facilitada por Justicia.

La rogatoria a Panamá es clave para determinar si el ático de lujo que desde 2008 ocupa Ignacio González es un pago vinculado a Francisco Correa por la participación del expresidente madrileño en el mayor pelotazo de la trama Gürtel, que supera los 25 millones de euros.

Sin embargo, Justicia rechaza haber cometido un error, habida cuenta de que la comisión rogatoria fue enviada "a la autoridad central que Panamá ha designado en el convenio bilateral sobre asistencia legal y cooperación judicial en materia penal, de 19 de octubre de 1998".

Según el artículo 13 del citado convenio, la autoridad a la que España debe reclamar el auxilio judicial es "el Ministerio de Gobierno y Justicia. Es pues al Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá al que se envían las comisiones rogatorias dirigidas a dicho país, por ser ésta la autoridad competente en Panamá para ejecutar comisiones rogatorias y el interlocutor habitual del Ministerio de Justicia de España en esta materia".

Ignacio González entra a declarar como investigado en los juzgados de Estepona.

"Sin embargo", continúa la nota enviada por Justicia a infoLibre, "en este caso el Ministerio de Gobierno de Panamá contestó que el órgano concreto designado por Panamá para el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción no es el Ministerio de Gobierno (como se señala en el convenio bilateral) sino la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación".

Ya hubo una rogatoria en 2014

En este sentido, el departamento ministerial encabezado por Catalá asegura que en el marco de la misma investigación "el Juzgado de Estepona ya envió una anterior comisión rogatoria en julio de 2014 al Ministerio de Gobierno panameño, y en aquella ocasión sí fue debidamente contestada". 

La práctica habitual cuando el órgano que recibe la solicitud de auxilio judicial no es la autoridad designada, completa el Ministerio, "es que el receptor la remita directamente al destinatario adecuado con el  fin de agilizar los trámites.  No ha ocurrido así en este caso, en que el Ministerio de Gobierno no dio trámite a la Procuraduría panameña, sino que se limitó a informar de que la tramitación de esa Comisión rogatoria no era de su competencia y a devolverla".

Por todo ello, Justicia sostiene que no ha habido por tanto "en este caso error alguno" por parte del Ministerio español, "puesto que la institución designada por Panamá para la recepción de comisiones rogatorias en el tratado bilateral es el Ministerio de Gobierno y no la Fiscalía General".

Pasados once meses

El departamento dirigido por Catalá recibió el 5 de mayo de 2016 una petición de la jueza de Estepona Isabel Conejo en la que solicitaba que se tramitara una comisión rogatoria a Panamá. Según informa Justicia, el Ministerio remitió la petición a Panamá 25 días después.

Y pasados once meses, el 15 de marzo de 2017, el Ministerio de Justicia recibió en Madrid un escrito de las autoridades panameñas recordando a España que la institución designada por el país centroamericano para recibir las comisiones rogatorias no era el Ministerio de Gobierno, sino la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación.

Enrique Cerezo, Ignacio González y la esposa de este, Lourdes Cavero, al llegar a los juzgados de Estepona para declarar como imputados en el caso del ático.

Tras este nuevo revés en el auxilio judicial reclamado a Panamá, el Ministerio de Justicia volvió a remitir el 22 de marzo la solicitud a la Procuraduría panameña, sin que por el momento España haya recibido contestación alguna.

Al margen de que la equivocación tenga su origen en Madrid o en Panamá, en el caso del ático de GonzálezGonzález los errores han sido continuos a lo largo de cuatro años. Hace dos semanas, la Policía confirmó a la jueza que investiga el caso que la Justicia española no va a poder entregar al Reino Unido la información que piden las autoridades británicas para investigar el pago de la comunidad de propietarios del inmueble.

El motivo es que el Banco Popular –la entidad que recibía estos pagos– asegura no disponer de los datos que requiere Reino Unido para reunir la información que la jueza solicitó a través de una comisión rogatoria en 2015. Los datos que les faltan a las autoridades británicas son el número de la cuenta bancaria que emitía las transferencias, el IBAN y el número de sucursal de la misma.

Gracias a las conversaciones grabadas en el seno del caso Lezo se conoce que el ministro Rafael Catalá envió el 3 de noviembre un mensaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González con el siguiente contenido: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".

El 17 de marzo de 2015 el ministro Catalá, seguidor del Atlético de Madrid, fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del club madrileño, Enrique Cerezo, en un partido de la Champions League contra el Bayern Leverkusen. El ministro también viajó como invitado por el Atlético de Madrid a la final de la Champions League de Milán.

La documentación que pone de manifiesto que Everland percibió casi medio millón de euros en 14 facturas la ha suministrado Sacyr-Vallehermoso al magistrado que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Esta empresa adquirió Sufi a Rafael Naranjo en junio de 2005. Luis del Rivero, el expresidente de la constructora, está imputado como presunto donante del PP. Y según los datos del sumario, Sacyr-Vallehermoso obtuvo entre 2002 y 2012 un total de 377 contratos de las diferentes administraciones públicas por un montante de 4.786,84 millones, de los cuales 117, por un importe de 1.064,70 millones, correspondían a administraciones del PP. Lo que representa el 31,03% de sus contratos y el 22,2% de su volumen de negocio. En relación a la contabilidad b reflejada en los papeles de Bárcenas, Del Rivero habría aportado al PP 480.000 euros de forma opaca. Del Rivero ha negado haber donado dinero de forma ilegal.

La mayor parte de los conceptos incluidos en las 14 facturas de Everland a Sufi se relacionan con el "asesoramiento jurídico y la gestión comercial". Pero otras facturas justifican el pago como gastos de representación "por gestiones realizadas en las comunidades autónomas de Murcia, Castilla y León y Canarias". O por el asesoramiento jurídico y gestión comercial sobre la oferta "Red Eléctrica Proyecto Azul 2004 según contrato de 15 de marzo de 2004".

Para la Agencia Tributaria, la empresa Everland es propiedad de la mujer de Merino. No obstante, el exdiputado aparece como autorizado en una cuenta titularidad de Everland entre 2006 y 2009. El mismo documento destaca que Everland no disponía de empleados entre los años 2003 y 2006.

Por su parte, Merino ha negado haber tenido participación alguna en Everland, que pertenece a su esposa, pero en la que "nunca ha desempeñado cargo alguno, ni de hecho ni de derecho". También el exparlamentario ha negado que Everland haya tenido relación con el Grupo Correa. En cuanto a los años en los que fue apoderado de la firma de su mujer, Merino alega que este hecho fue motivado por una enfermedad de su esposa. 

Sin embargo, los diferentes informes policiales consideran a Merino, que también fue secretario de Política Autonómica del PP, como uno de los integrantes de la red corrupta presuntamente encabezada por Francisco Correa. Y su papel era el de realizar las gestiones con los cargos del PP de los que dependían las adjudicaciones de concursos millonarios. Un informe policial destaca que Jesús Merino y Luis Bárcenas recibían instrucciones del número dos de Correa, Pablo Crespo, señalando los responsables políticos y cargos de las administraciones públicas ante las que había que realizar gestiones para favorecer los intereses de la firma Ros Roca. También se refería al porcentaje de comisión que se iba a cobrar de comisión ilegal con las palabras "postura 3", en relación al 3%, y "postura 4", el 4%.

Pero también documentos del sumario explican que Merino presuntamente habría participado en el cobro de un porcentaje del dinero que pagaba el PP en las elecciones municipales, autonómicas, nacional y al Parlamento Europeo de 2003 y 2004. "Por tanto, los fondos públicos recibidos para la financiación electoral y que se destinan a pagar los gastos electorales que realiza la formación política, actos de la campaña electoral realizados por Rialgreen, revierten a los responsables políticos del PP encargados del control de los ingresos y gastos electorales, distrayendo estos recursos de forma indirecta para su lucro personal", determina la Policía, en referencia a varios políticos del PP entre los que se encontraba Jesús Merino.

Al igual que el extesorero del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino fue desimputado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira. Pero la Audiencia Nacional volvió a implicarle en el caso.

El expresidente de la Generalitat Valenciana del PP y ex número dos de Rodrigo Rato en Bankia, José Luis Olivas, ha declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que durante su etapa de presidente del Banco de Valencia no tenía capacidad ejecutiva, y por tanto no disponía de "poderes" en la entidad que encabezó entre enero de 2004 hasta su dimisión en octubre de 2011, según aseguran a infoLibre fuentes presentes en la declaración.

En su declaración como investigado en el seno de la pieza principal del caso Banco de Valencia, una entidad financiera participada primero por Bancaja y tras la fusión con Caja Madrid por Bankia, Olivas ha tratado de eludir cualquier responsabilidad en el agujero de más de 17.000 millones de euros, lo que la sitúa como la tercera entidad que más dinero público ha necesitado para evitar la quiebra detrás de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (24.4000 millones de euros) y de Bankia (22.400 millones de euros).

Olivas, que ya ha sido condenado a un año y medio de cárcel por falsificar una factura al empresario Vicente Cotino, apuntó al consejero delegado en Banco de Valencia, Domingo Parra, como el verdadero responsable del hundimiento del Banco de Valencia, una entidad privada que desapareció tras más de 100 años de historia. Parra, que declara este jueves en la Audiencia Nacional como imputado, era la persona que se reunía con los inspectores del organismo supervisor.

Sólo presidía el consejo

¿Cuál fue entonces el papel de José Luis Olivas como presidente de Bancaja y de Banco de Valencia entre 2004 y 2011? Según su testimonio ante Pedraz se limitaba a presidir el consejo de administración, que se reunía seis veces al año. Y también encabezada las comisiones ejecutivas del banco, que eran doce al año.

Por cada reunión, Olivas cobraba dietas. Y según el Banco de España, el número dos de Rodrigo Rato en Bankia percibió 3,3 millones de euros de forma "irregular". Sin embargo, Olivas dio un argumento que él consideró de peso a la hora de conocer su participación en el agujero de Banco de Valencia: no tenía despacho en el banco, participado por Bancaja, que él también presidía.

José Luis Olivas, expresidente de Bancaja.

Y pese a que Olivas presidía el consejo de administración y la comisión ejecutiva, el expresidente de la Generalitat Valenciana también ha asegurado al juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Banco de Valencia, Santiago Pedraz, que no tuvo información puntual de las inspecciones del Banco de España ni de las conclusiones de los funcionarios, que en todo momento advirtieron del agujero de la entidad valenciana.

No se analizó el agujero

En el mismo sentido, Olivas resaltó en su testimonio que el consejo de administración de Banco de Valencia no trató la situación en la que se encontraba la entidad, ni las advertencias de los inspectores del regulador. Y por ello, en todo momento estaba tranquilo con las cuentas de 2009 y 2010, ya que el Banco de España no realizó "requerimientos específicos".

Tampoco, siempre según las mismas fuentes presentes en la declaración de Olivas ante el juez, el expresidente valenciano tuvo conocimiento del informe de febrero de 2011 del Banco de España que anunciaba pérdidas de 200 millones de euros en las cuentas de 2010.

De esta forma, Olivas trata de eludir la acusación del delito de falsedad contable aduciendo que no tenía información puntual de las reuniones entre los directivos del banco y los inspectores del Banco de España, que no realizaron requerimientos.

Olivas también contó su versión sobre su inesperada dimisión de octubre de 2011, que fue el preludio de la intervención un mes después de la entidad financiera valenciana, que tuvo que ser rescatada con dinero público. Según el expresidente valenciano, que también está a un paso del banquillo de los acusados en el caso Bankia, dimitió de su cargo de presidente del Banco de Valencia porque este era incompatible con el de vicepresidente de Bankia, cuyo presidente, Rodrigo Rato, seguía encabezando Caja Madrid.

Renuncia de honores

Al final de su comparecencia, que superó la hora y media de duración, Olivas también ha explicado que considera que "todo estaba perfecto", sobre todo tras mantener una reunión con el subgobernador del Banco de España en octubre de 2010. 

En abril pasado Olivas anunció su renuncia a todos los honores y derechos que corresponden como ex jefe del Consell tras haber confirmado la Audiencia Provincial la condena de año y medio de prisión por los delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública.

Olivas remitió una comunicación al presidente valenciano, Ximo Puig, en la que explica: "Como quiera que la Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia dictada en su día por el juzgado de lo Penal número 6 de Valencia, renuncio expresa y voluntariamente a todos los honores y derechos que me pudieran corresponder en virtud de lo dispuesto en la ley 6/2002 que regula el Estatuto de Expresidentes de la Generalitat".

Un nuevo error en la comisión rogatoria reclamada por la jueza Isabel Conejo a Panamá ha provocado un retraso que ya supera el año y que impide conocer, pese a que los hechos se denunciaron hace cinco años, si el dúplex de lujo que desde 2008 ocupan en Estepona el expresidente madrileño Ignacio González y su familia forma parte de la comisión de dos millones de euros que el político madrileño, en la cárcel desde el pasado 19 de abril, habría recibido presuntamente por su participación en la adjudicación a Martinsa de varias fincas del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), cuyo alcalde en el momento del concurso era el imputado en Gürtel Ginés López (PP).

Según el sumario de Gürtel, el presunto cabecilla, Francisco Correa, pudo haber recibido hasta 25 millones de euros en Suiza por su intermediación en el caso Arganda, considerado el mayor pelotazo de la trama. Las investigaciones policiales del comisario José Manuel Villarejo apuntan que uno de los imputados en el procedimiento acusó a González de recibir dos millones de euros.

Según ha informado a infoLibre un portavoz oficial del Ministerio de Rafael Catalá, la comisión rogatoria procedente del juzgado de Estepona y dirigida a las autoridades de Panamá, que trata de determinar si la empresa de EEUU con la que compró el testaferro mexicano Rudy Valner el ático de lujo, Coast Investors, está vinculada con el caso Gürtel, llegó del Juzgado al Ministerio de Justicia el 5 de mayo de 2016. Y el departamento dirigido por Catalá remitió la petición al Ministerio de Gobierno de Panamá 25 días después.

Once meses después

Y once meses después, el 15 de marzo de 2017, el Ministerio de Justicia recibió un escrito de las autoridades panameñas que ponía de manifiesto que la institución designada por el país centroamericano para recibir las comisiones rogatorias no es el Ministerio de Gobierno, sino la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación. Tras este nuevo revés en el auxilio judicial reclamado a Panamá, el Ministerio de Justicia volvió a remitir el 22 de marzo la solicitud a la Procuraduría panameña, sin que por el momento España haya recibido contestación alguna.

La pareja formada por el jefe del Goberno regional y su mujer mantuvo arrendado el lujoso piso entre junio de 2008 y diciembre de 2012, cuando lo adquirieron de Coast Investors Llc por 770.000 euros. Y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció los hechos en octubre de 2012. Y en la misma querella el sindicato policial reclamó a la jueza de Estepona que solicitara a las autoridades panameñas información sobre la empresa que adquirió el ático de lujo en 2008.

El ministro de Justicia Rafael Catalá en un partido de la Champions junto a Enrique Cerezo.

El Ministerio de Justicia español, con Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza, tramitó la reclamación. Sin embargo, Panamá se negó a colaborar con las autoridades españolas. Según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, la secretaria general de la Procuradoría, Martha I. Gómez Solís, firmó su negativa a colaborar con España.

La Fiscalía panameña argumentó su negativa al considerar que en su legislación contra los delitos contra la Hacienda Pública "no se encuentran tipificados como delito, y por ende constituyen una conducta atípica dentro de la jurisdicción penal de la República de Panamá". Sin embargo, la jueza Isabel Conejo incluyó en su última petición de información a Panamá el delito de cohecho, por lo que las autoridades del país centroamericano ya no tenían ninguna razón para no colaborar con España.

El Banco Popular

Hace dos semanas la policía confirmó a la jueza que investiga el caso que la Justicia española no va a poder entregar al Reino Unido la información que piden las autoridades británicas para investigar el pago de la comunidad de propietarios del inmueble. El motivo es que el Banco Popular –la entidad que recibía estos pagos– asegura no disponer de los datos que requiere Reino Unido para reunir la información que la jueza solicitó a través de una comisión rogatoria en 2015. Los datos que les faltan a las autoridades británicas son el número de la cuenta bancaria que emitía las transferencias, el IBAN y el número de sucursal de la misma.

Pero estos dos errores no son los únicos detectados en el caso del ático. El primer problema se produjo en marzo de 2013, cuando la Justicia española reclamó por primera vez a las autoridades del Reino Unido su colaboración para determinar el destino del dinero del supuesto alquiler del dúplex.

La rogatoria a Londres se solicitó de forma claramente errónea, ya que se pidió vía Interpol, cuando estas reclamaciones siempre se hacen entre los Gobiernos de los países involucrados, y en concreto entre los Ministerios de Justicia. 

Gracias a las conversaciones grabadas en el seno del caso Lezo se conoce que el ministro Rafael Catalá envió el 3 de noviembre un mensaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González con el siguiente contenido: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".

El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha).

Un día antes del mensaje, el 2 de noviembre de 2016, el letrado de Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, presentaron un escrito en el Juzgado de Estepona en el que reclamaban a la jueza el sobreseimiento libre de la causa, "a falta del resultado de las comisiones rogatorias a Estados Unidos y Panamá".

En las conversaciones también aparecen los presuntos vínculos de Catalá con Enrique Cerezo. El presidente del Atlético de Madrid llega incluso a arrogarse la intención del PP de eliminar la acusación popular. Incluso en una conversación entre Cerezo y González ambos hablan de que los cambios perjudicarían a la independencia de la jueza y del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero. 

El 17 de marzo de 2015 el ministro Catalá, seguidor del Atlético de Madrid, fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del club madrileño, Enrique Cerezo, en un partido de la Champions League contra el Bayern Leverkusen. Cerezo todavía no había sido imputado en el caso del ático, aunque las investigaciones ya apuntaban a que el comprador del dúplex de lujo, Rudy Valner, un testaferro profesional, era empleado de Cerezo en la sociedad Vídeo Mercury, con vínculos con Telemadrid.

El titular de Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha imputado este martes al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir en la investigación del caso Lezo. Asimismo, ha llamado a declarar como investigadas a otras 52 personas entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre, entre los que se encuentra el expresidente de Mercasa Eduardo Amejide Montenegro.

El magistrado levanta así parcialmente el secreto del sumario de esta causa, que divide en seis piezas separadas, la cuarta referida a la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. En cinco de esas piezas está imputado el expresidente madrileño Ignacio González, que se encuentra en prisión preventiva desde el 21 de abril.

La pieza 1 engloba la causa principal sobre la expansión del Canal de Isabel II en Sudamérica, con la compra de la brasileña Emissao. La pieza dos versa sobre las irregularidades en la adjudicación en la gestión de Canal Golf. La pieza tres se fija en la adjudicación del tren de Navalcarnero, en la que constan como imputados Villar Mir y su yerno Javier López Madrid, imputado en Púnica y al que el juez ya interrogó en Lezo y le dejó en libertad bajo fianza. La pieza cuatro investiga la supuesta financiación ilegal del PP a través de Indra e ICM, y en ella figura como investigado, José Martínez Nicolás así como Beltrán Gutiérrez. En la pieza cinco se investiga el delito de blanqueo de capitales, con Ignacio González, su mujer y sus dos sobrinas Rocío y Leticia Bonet de Cavero entre los investigados. Pôr último, la pieza sexta está dedicada a las irregularidades en Mercasa, por las que también está imputado Pablo González, hermano del expresidente madrileño, y el exconsejero Alberto López Viejo, que está siendo juzgado actualmente en Gürtel.

En el mismo auto, el juez acuerda levantar el secreto de las actuaciones respecto de los tomos 1 a 19, ambos inclusive, y prorroga el secreto respecto del resto de actuaciones y piezas separadas por el plazo de un mes.

La Asociación Transparencia y Justicia, una de las dos que están personadas como acusación popular en el caso del ático de Ignacio González, ha solicitado a la jueza de Estepona Isabel Conejo que remita dos notas policiales del sumario a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el fin de que los agentes "contrasten, amplíen, complementen o al menos se instruyan del contenido de las presentes actuaciones por si pudieran dirimirse nuevas informaciones que apuntalaran, aún más si cabe, los indicios de la comisión de los delitos" que se investigan en el juzgado de Estepona, según el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.

La asociación recuerda en el escrito que el comisario del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo, retirado del servicio hace unos meses, aportó dos notas informativas elaboradas en el año 2011, "y en las que ya apuntaba a que el ático objeto de investigación podría estar vinculado a una comisión procedente de la trama Gürtel". El contenido de estos informes, que fue adelantado por infoLibre, se refiere "a la existencia de indicios de vinculación con la visita de Ignacio González a Colombia", que actualmente se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Lezo.

La acusación popular de Transparencia y Justicia, vinculada al propio Villarejo, considera que la diligencia propuesta "es necesaria, útil y pertinente en tanto que la UCO probablemente posea información sólida sobre los movimientos bancarios del investigado Ignacio González y sobre todo porque posee información mucho más amplia que puede conectar las diferentes causas y por tanto coadyuvar con la instrucción aportando sólidos indicios que apuntalen aún más si cabe las presentes actuaciones", completa el escrito dirigido a la jueza Isabel Conejo.

Utilización del Canal de Isabel II

Las dos notas informativas de Villarejo, que fueron redactadas el 11 de julio de 2011, hace casi seis años, vinculan el ático de lujo adquirido por Ignacio González con un presunto soborno que se habría pagado a cambio del mayor pelotazo de la Gürtel. En concreto, el agenteafirmaba que se estaba utilizando el Canal de Isabel II para "realizar suculentos pagos" a medios de comunicación, detallaba prácticas corruptas en la agencia pública ICM descubiertas años después en el caso Púnica, e indicaba que Enrique Cerezo entregaba presuntamente "sobres con dinero en efectivo" a González.

El comisario aludía también a una investigación judicial en el municipio madrileño de Colmenar de Oreja que se sobreseyó "de manera muy irregular" y que también afectaba al número dos de Esperanza Aguirre. En la nota policial se especificaba la existencia de cinco tramas o casos de presunta corrupción vinculados a González, al PP de Madrid o al Gobierno que presidía Esperanza Aguirre. La mayoría no fueron investigados por la Policía, hasta que la Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se hicieron con las riendas del caso Lezo, por el que Ignacio González está ahora en la cárcel.

El expresidente madrileño Ignacio González junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Villarejo, que explicaba en su escrito que la mordida de dos millones que habría recibido González coincidió con el viaje que el entonces vicepresidente madrileño hizo a Colombia, del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2008, "acompañado entre otros de José Manuel Serra Peris, consejero de Martinsa. Sus movimientos fueron grabados con cámara oculta por detectives, dando lugar al llamado caso espionaje de Madrid, en su momento investigado por la Comisaría General de Policía Judicial", completa el documento, que la Asociación Transparencia y Justicia reclama que se aporte a la Guardia Civil, al margen de que la jueza acuerde enviar el procedimiento a la Audiencia Nacional.

A Colombia con Rodríguez Sobrino

El documento policial relata también que en el viaje de González a Colombia también participaron "Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González, y por entonces gerente de la empresa pública Canal de Isabel II; Edmundo Rodríguez Sobrino, que era presidente en esa fecha de Canal Extensia, filial del Canal, abogado, experto en urbanismo y consejero de Extensia; y Enrique Sánchez, dueño de la empresa de seguridad Segurisa".

El comisario destaca que las informaciones obtenidas por los agentes policiales "señalan, sin duda, que tal viaje era para ultimar los detalles del soborno que Ignacio González recibiría por la operación de Arganda, y que parte era en efectivo y la cantidad más alta, mediante la entrega del ático".

El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional la segunda parte del caso Gürtel, José de la Mata, se ha dirigido al Gobierno de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes y a Bankia para que "en el improrrogable plazo de cuatro días" aporte, en el caso del Ejecutivo madrileño, la documentación oficial relativa a la adjudicación de unas fincas por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a la promotora Martinsa, cuyo propietario, el empresario Fernando Martín, está imputado en el procedimiento, según el auto al que ha tenido acceso infoLibre.

De la Mata alude a la operación en la que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, podría haber ingresado en sus cuentas en Suiza hasta 25 millones de euros. Al menos 13 millones tuvieron su origen, siempre según la investigación policial, en pagos del dueño de Martinsa, Fernando Martín, desde una cuenta en Mónaco. 

En concreto, el instructor reclama a la consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno madrileña la documentación relativa "a la aprobación de la desclasificación de las fincas, conforme quedaba establecido en el artículo 95.2 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid", especifica el auto, en el que también se dirige "a la Consejería competente en materia de régimen local", para que le entregue "la comunicación por parte del Ayuntamiento de Arganda, relativa a la cesión gratuita de fincas contenidas en la UE-124", de acuerdo a lo establecido en la mencionada Ley de Administración Local madrileña.

Precisamente, entre los fondos que Suiza bloqueó a los integrantes de la trama se encuentran 17,1 millones de Correa, que presuntamente tenían su origen en el pago de Fernando Martín por intermediar en la adjudicación de Arganda del Rey.

De la Mata también reclama en su auto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio "el expediente completo, tramitado y resuelto por la Comisión de Urbanismo, relativo al plan parcial de reforma interior de la UE-124".

Precisamente, en la documentación aportada en diciembre de 2016 por el Gobierno de Cifuentes se puede leer que en la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de 31 de enero de 2006, en la que se aprobó la reclasificación de las fincas de Arganda, participó el número dos de Ignacio González en el Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel. Tanto este último como González están implicados en el caso Lezo, que ha destapada la existencia de una organización criminal liderada presuntamente por el expresidente madrileño.

Según un informe del comisario José Manuel Villarejo, aportado al caso del ático de Estepona, en el que también está imputado González, el expresidente madrileño habría percibido hasta 2 millones de euros de la operación de Arganda del Rey. "Todo viene a raíz de un colaborador de la Policía que manifiesta que González había cobrado aproximadamente dos millones de euros por esa recalificación por la que está imputado el empresario Fernando Martín", explicó Villarejo a la jueza de Estepona Isabel Conejo, en referencia al propietario de la promotora Martinsa

Victoria y Porto

El acta de la reunión aportada por la Comunidad de Madrid al jueza De la Mata especifica que también acudieron a la misma el también imputado en Púnica Salvador Victoria, en representación de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno; y el entonces director general de Urbanismo, Enrique Porto. Precisamente, este último, tal y cómo publicó el diario El País el 26 de agosto de 2012, Martinsa-Fadesa adjudicó la sectorización de esta promoción a la empresa Plarquin Consultores, ligada al exdirector general de Urbanismo Enrique Porto.

Y esta firma, Plarquin, también participó en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey, con el exalcalde imputado Ginés López a la cabeza, de las fincas que investiga el juez De la Mata.

En su declaración como testigo en el juicio de la primera parte de Gürtel, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre reconoció haber participado en una reunión, en la que también estaban el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta: "Se celebró una reunión en el despacho del presidente y me advirtió de que había dos municipios, Majadahonda y Arganda, en las que había un concurso público y que querían vender parcelas a un precio fijo y que en el concurso no contara la oferta de precio", dijo la expresidenta, que negó tener conocimiento de que el empresario Joaquín Molpeceres se hubiera quejado al extesorero Álvaro Lapuerta de la existencia de irregularidades en las adjudicaciones de Arganda y Majadahonda.

Bankia financió a Martinsa

A Bankia, el instructor le pide en el auto "el expediente completo que sustentó la concesión de aval por parte de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid [bajo la presidencia de Miguel Blesa], a la mercantil Martinsa, el 21 de diciembre de 2004, para responder de la ejecución de infraestructuras y equipamientos públicos de un lote de fincas procedentes del patrimonio municipal de suelo de Arganda del Rey, sitas en la Unidad de Ejecución UE-124-Área de Centralidad, ante la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey SA, por un importe de 10.600.000 euros", especifica la resolución firmada el pasado miércoles.

En este sentido, infoLibre adelantó que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa financió de forma "irregular" la promoción de Martinsa en Arganda, según se desprende del informe realizado por dos peritos designados por el Banco de España a petición del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye el caso Bankia.

En concreto, los funcionarios del organismo regulador incluyen entre las operaciones "irregulares" de Caja Madrid la financiación para una operación urbanística en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), en la que Francisco Correa habría percibido hasta 25 millones de euros, según la Policía Judicial.

Pese a que Fernando Martín, el propietario de Martinsa-Fadesa siempre ha defendido la legalidad de la adjudicación, la operación tenía todo lo necesario para ser considerado un pelotazo. Martinsa pagó 77 millones al Consistorio por un terreno que meses después triplicó su valor. De hecho, la promotora encabezada por Fernando Martín, también imputado en el caso Gürtel, vendió un tercio de los terrenos por 73 millones.

336 millones de beneficio

Un testigo del caso, en concreto el arquitecto Gilbert Barbany, declaró ante al juez Pablo Ruz que el Ayuntamiento de Arganda modificó las condiciones del contrato de adjudicación, favoreciendo de forma clara a Martinsa. El número de casas permitidas inicialmente era de 1.580, de las que 300 eran de promoción pública. Este número de casas podrían haber supuesto unos beneficios, según el testigo, de unos 336 millones tras su comercialización.

Así, la aprobación definitiva del Consistorio y de la Comunidad modificó los parámetros previstos inicialmente, pues de 1.580 se pasa a 2.731 casas, de las que 600 eran de protección pública.

Es decir, se permitió construir 1.151 casas más. El beneficio por la venta de estas casas habría sido de 535 millones, lo que suponía un aumento de 199 millones, siempre según las conclusiones del testigo.

En el mismo auto del pasado miércoles, el juez De la Mata acordó citar a declarar el 25 de mayo como imputado a Arturo Gianfranco Fasana, el gestor de la cuenta Soleado en Suiza, en la que el presunto cabecilla de la trama corrupta recibió 25 millones de euros por su intermediación en la adjudicación de varias parcelas a la promotora Martinsa en el municipio de Arganda del Rey, al sur de la Comunidad de Madrid.

El 4 de julio de 2012, en plena crisis de la prima de riesgo española, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite la querella Fernando Andreuque interpuso el entonces abogado de UPyD, Andrés Herzog, contra el que en mayo del mismo 2012 todavía era considerado el artífice del milagro económico español, Rodrigo Rato, que en 2007 había abandonado el Fondo Monetario Internacional (FMI) para después presidir Caja Madrid, y un año después Bankia, el producto de la fusión de la entidad madrileña con Bancaja y otras cinco cajas de ahorros de menor tamaño.

Un año antes, en julio de 2011, Rato celebró junto a su entonces número dos en Bankia, José Luis Olivas, que antes que banquero había sido presidente de la Generalitat Valenciana con el PP, una salida a bolsa que según el propio Rato hacía "más fuerte a la entidad" y consolidaba su liderato: "Tenemos una premisas de gestión claras, basadas en la experiencia, en el talento y en la austeridad", completó con una copa de cava en la mano desde el parqué bursátil a los medios de comunicación el que también fuera vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar.

Los presidentes de las cajas de ahorros que formaron Bankia. En el centro (4d) José Luis Olivas y Rodrigo Rato (5d).

Pero los casi cinco años de investigación del magistrado Andreu han confirmado que Rato y su equipo, compuesto por varios expolíticos del PP, como por ejemplo el exministro Ángel Acebes,  los ex secretarios de Estado José Manuel Fernández Norniella y Estanislao Rodríguez-Ponga; el expresidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández; los exsindicalistas de CCOO Pedro Bedia y Francisco Baquero; y el exdiputado de IU José Antonio Moral Santín, engañaron a los miles de personas que invirtieron en una salida a bolsa que contó con la aprobación del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Cuentas "maquilladas"

El auto de este jueves de Andreu, en el que el magistrado propone sentar en el banquillo a Rato y su equipo como presuntos autores de los delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores, especifica que los directivos de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) "aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas, de manera que las mismas no mostraban la verdadera situación económica de la entidad, con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado".

"Y de lo aquí actuado se desprenden indicios de que no sólo se habría producido esa falsa información al inversor, sino que se habría llegado a producir el resultado lesivo para este último, dado que tal y como obra en autos, mediante la Oferta Pública de Suscripción se llegó a producir un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos", completa el instructor en su resolución.

Por todo ello, el juez sostiene que de la actuación de Rato y su equipo se desprenden indicios, "racionales y suficientes de que la situación financiera narrada en el folleto informativo y las perspectivas del emisor, no serían las reales, pues no reflejaban ni la imagen de solvencia publicitada y divulgada, ni la situación económico financiera real de la Sociedad, puesto que de la pericial practicada se desprenden indicios de la incorrección e inveracidad de la información contenida en el folleto".

Además, el instructor ataca de forma directa la gestión de Rato por "la pésima calidad del seguimiento del riesgo de crédito, pues buena parte de los expedientes carecían de estados financieros de los acreditados y de información actualizada sobre las garantías. Ello explica en parte el deterioro de la inversión crediticia, en perjuicio de accionistas y acreedores. No se saneó la participación en Bankia, que en la reformulación generó un ajuste de 5.189 millones de euros, ni se dieron de baja los activos fiscales, ajustes que debieron registrarse en la fecha de los primeros estados después de la salida a Bolsa".

200.000 afectados

En el procedimiento se mantienen como acusación 44 personas físicas y jurídicas, como por ejemplo la Confederación Intersindical de Crédito, cuyo abogado es el mismo que inició la causa en nombre de UPyD, Andrés Herzog; la Confederación General del Trabajo (CGT); y dos colectivos de afectados como 15MpaRato y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec). Sin embargo, el número de afectados por la decisión de Rato de maquillar las cuentas de Bankia, que tuvo que ser rescatada con 22.400 millones de dinero público, supera las 200.000 personas, que fueron las que compraron acciones por un valor de 3.092 millones.

Asimismo, el juez justifica su decisión de reclamar el procesamiento del exministro Ángel Acebes, pese a que fue consejero en un periodo periodo temporal (del 27 de julio de 2011 hasta el 24 de abril de 2012), en el que no intervino ni en el proceso de integración, ni en el de salida a Bolsa. "Obran en la causa datos que determinan que Ángel Acebes, miembro del consejo de administración de BFA, era a su vez el presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento de dicha entidad, y que, como tal, debía supervisar el proceso de elaboración e integridad de las cuentas anuales presentadas para su aprobación, que no expresaban la imagen fiel de la entidad debido a la existencia de ajustes de importancia material no contabilizados".

En el auto, el juez Andreu también propone el procesamiento del auditor Francisco Celma, responsable del informe de auditoría de Bankia y sociedades dependientes a 31 de marzo de 2011, que según el instructor "carece de elementos centrales de verificación, lo que supone validar unas cuentas que no reflejaban la imagen fiel de la entidad, incumpliendo así el deber específico de revelar aquellas irregularidades que puedan afectar a los intereses de los inversores, dada la extraordinaria relevancia que tiene el informe del auditor para la confianza del mercado y de los inversores".

Por el contrario, el juez Andreu ha decretado el archivo de las actuaciones respecto a las cúpulas del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al considerar que las decisiones de gestión "son exclusiva responsabilidad de los órganos de administración y dirección de las entidades, y en este caso fueron los consejos de administración de BFA y de Bankia quienes decidieron, entre las distintas alternativas posibles, cual adoptar", indica el instructor que completa que los dirigentes del regulador "no fueron quienes decidieron la salida a bolsa de Bankia, aunque no se opusieran a ella".

Directivos ya condenados

Del total de 32 personas a las que el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu pretende procesar en la causa Bankia, 14 fueron condenadas en febrero por un delito continuado de apropiación indebida por el uso que hicieron de sus tarjetas black y suman penas de prisión que van de los seis meses a los cuatro años y medio, según informa Europa Press.

Rodrigo Rato ya suma una condena de prisión de cuatro años y medio (la segunda más alta después de Miguel Blesa, de seis años) por haber hecho uso de su black y también por no haber puesto fin a la práctica que nació de un acuerdo del consejo de administración de Caja Madrid de mayo de 1988 pero se desvirtuó con la llegada de Blesa a la presidencia en 1996.

Además de Rato, el magistrado Andreu procesa al exdirector general financiero de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj Bankia por el delito de falsedad en las cuentas anuales, el mismo que atribuye al que fuera exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín.

Ambos cobraron especial protagonismo durante los cuatro meses de vista oral que acogió el juicio de las tarjetas; el primero por ser descrito por el tribunal no solo como colaborador sino también como cómplice de esta operativa con la que gastaron un total de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012. El exdirigente de Izquierda Unida, por su parte, hizo frente a la tercera condena de prisión más elevada, de cuatro años, por gastar con su plástico 456.522 euros.

Javier López Madrid

A ellos se suman el empresario Arturo Fernández y el exconsejero de Bankia y OHL Javier López Madrid, que a su vez está investigado en la causa que instruye el magistrado Eloy Velasco sobre presuntas irregularidades cometidas en el Canal de Isabel II -conocida como Operación Lezo-. Tras prestar declaración en dependencias judiciales el magistrado por este caso, el juez le dejó en libertad después de pagar una fianza de 100.000 euros.

A estos nombres se añaden José Manuel Fernández Norniella, exconsejero de Bankia y Pedro Bedía, Jorge Moreno, Mercedes Rojo y Ricardo Romero de Tejada, todos ellos exaltos cargos de BFA y que, para Andreu, son responsables de que los estados financieros individuales y consolidados de BFA a 31 de diciembre de 2010 al mismo periodo de 2011 no reflejaran la auténtica situación económica de la entidad.

En calidad de exconsejeros de Caja Madrid se procesa a Francisco Baquero Noriega, Jesús Pedroche Nieto, José María de la Riva y Estanislao Rodríguez Ponga, este último exmiembro de la Comisión Ejecutiva de la caja y todos ellos condenados por el uso indebido hecho con su tarjeta black, ya que el tribunal concluyó que su finalidad era para gastos de representación y no de carácter personal.

Cabe destacar que, entre la cúpula de Bankia que podría ser procesada por Andreu se encuentra Francisco Verdú Pons, a quien atribuye los delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores. Verdú fue una de las cuatro personas que recibieron una black y que no usó porque entendió que no era para gastos de empresa, según dijo cuando prestó declaración en calidad de testigo en la vista oral durante la cual se convirtió para muchos en el "héroe" del caso que acabó condenando a 65 exaltos cargos y directivos de la entidad.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado por concluida la instrucción del caso Bankia y ha dicta auto de transformación (equivalente al procesamiento en el sumario) por delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores contra el expresidente de la entidad financiera Rodrigo Rato y contra otros 33 administradores o consejeros de Bankia y BFA en los ejercicios de 2010 y 2011.

Además de Rato, el magistrado quiere procesar al expresidente de Bancaja José Luis Olivas, y a otros directivos como Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella, el exministro del PP Ángel Acebes y Arturo Fernández. El magistrado también pide el procesamiento como personas jurídicas de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA). Fuentes del PP indicaron que Acebes fue nombrado consejero el 27 de julio de 2011 y Bankia salió a Bolsa el 20 de julio de aquel año, por lo que "no intervino ni en la salida a Bolsa, ni en la oferta pública de acciones, ni era firmante del folleto de la OPV".

El juez también entiende que procede sentar en el banquillo al auditor externo, Francisco Celma, por sus informes favorables elaborados sobre los estados financieros de Bankia,  durante los meses de la salida a Bolsa.

En el mismo auto el juez acuerda el sobreseimiento y archivo para la auditoria Deloitte, como persona jurídica (aunque sigue como responsable civil) y para otros diez investigados, entre ellos los responsables de la CNMV y del Banco de España cuya imputación solicitó la acusación popular y que el juez, después de oírles en declaración, considera que no tuvieron participación en el hecho delictivo.

El auto, de 253 folios pone fin a una investigación de 5 años iniciada a raíz de una querella de UPyD. Ahora el Ministerio Fiscal y las 44 acusaciones y las defensas disponen de un mes para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento. Contra este auto se puede interponer recurso de reforma ante el juez o directamente de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, exculpó este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados al actual fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, del archivo en 2009 de una querella presentada por la Asociación Parque Sí en Chamberí, un barrio del centro de Madrid, contra la construcción por parte del Canal de Isabel II de un campo de golf, que benefició presuntamente a la familia del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Aunque Maza reconoció que el asunto, que ahora está incorporado en el caso Lezo como una de las posibles actividades delictivas de la "organización criminal" liderada por González, fue archivado, el fiscal general relató que el caso se cerró "hace muchos años, cuando no había los datos con los que se cuenta ahora, cuando no había ni intervenciones telefónicas y después de registros domiciliarios. Entonces se archivó, por la Fiscalía, pero es que se les informó a los ciudadanos de que fueran a los tribunales, como es su derecho, y fueron. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también archivó el asunto", se defendió Maza tras ser preguntado por los grupos de la oposición. En contra de lo afirmado por Maza, en 2009 ya estaban en posesión de la Agencia Tributaria los datos esenciales de la presunta operación corrupta de la adjudicación del Canal: en concreto, que la empresa controlada por la familia González (Tecnoconcret) había recibido de Dragados una adjudicación de 3,2 millones de euros. A pesar de que los denunciantes pidieron expresamente que se solicitaron a Hacienda esos datos, la Fiscalía no lo hizo.

Pero, además, Maza aseguró en su intervención, que superó las dos horas de duración, que el decreto de archivo del Ministerio Público "lo firmó el señor Moix, porque él era el jefe de esa Fiscalía, pero en la propuesta de esa decisión, y obra en el expediente de la Fiscalía de Madrid, fue de otro fiscal, que era el que investigaba y que él decidió, propuso el que se archivase. El señor Moix lo vió, entre los dos vieron el texto, porque está en la Fiscalía de Madrid el borrador del otro fiscal, que realmente tomó la decisión de archivar el asunto. No el señor Moix".

Asimismo, el fiscal general del Estado se refirió de forma despectiva a "la calidad informativa" de ciertas informaciones, en referencia a infoLibre aunque sin citar su nombre, ya que fue el periódico que destapó la intervención de Moix en 2009 en el asunto del Canal de Isabel II. Además, Maza incluyó entre sus argumentos a favor de Moix que esa operación "está ahora incorporada a la causa de la operación Lezo, y el señor Moix no ha puesto el más mínimo inconveniente y se ha referido a ello". Pese a sus palabras, Maza no desmintió ninguno de los datos aportados por infoLibre en sus informaciones sobre el caso.

Moix se opuso a investigar en tres ocasiones

En su intervención, el fiscal general se refirió a la decisión de Moix de archivar en 2009 la denuncia contra Ignacio González por la trama que permitió a una empresa controlada por su familia lucrarse con el campo de golf del Canal. El entonces fiscal superior de Madrid decretó el archivo sin realizar una sencilla diligencia solicitada por los denunciantes –la asociación Parque Sí en Chamberí– y que habría servido para destapar la trama corrupta. Pero en realidad, tal y como desveló este periódico, Manuel Moix no impidió en una, sino en tres ocasiones, la investigación de la adjudicaciónen tres ocasiones del campo de golf.

En 2007, Manuel Moix archivó de plano una primera denuncia de los vecinos del barrio de Chamberí donde se construyó el campo de golf. Dictó un decreto de archivo de la denuncia en tres días hábiles, sin practicar ni una diligencia y en un escrito de 11 líneas que se apoyaba en un argumento que no era cierto.

Después vino el archivo de la denuncia de Parque Sí en Chamberí en 2009, realizada a través de un decreto en el que se afirmaba que no existía ni "indicio", ni "rastro" ni "la más leve sospecha" de irregularidad por parte de Ignacio González.

Y un año después, en 2010, la Fiscalía de Madrid que dirigía Moix se opuso a la admisión a trámite de una querella, presentada también por la asociación Parque Sí en Chamberí, en la que se acusaba al entonces vicepresidente madrileño de cuatro delitos, entre ellos prevaricación y fraude.

El campo de golf del Canal fue inaugurado por Esperanza Aguirre e Ignacio González el 28 de marzo de 2007. Por tanto, las dos denuncias y la querella se presentaron después de que la obra estuviese concluida. En la fase de construcción de las instalaciones deportivas, Dragados había abonado 3,2 millones de euros a una empresa sin apenas actividad, llamada Tecnoconcret, para que instalase el césped del campo de golf. Esa sociedad estaba controlada por la familia González. La Fiscalía podría haber obtenido esos datos simplemente con pedir a la Agencia Tributaria las ventas declaradas de Tecnoconcret. No lo hizo en ninguna de las tres ocasiones en que tuvo que pronunciarse sobre el asunto, a pesar de que en la denuncia de 2009 y en la querella de 2010 se lo pidieron expresamente los denunciantes.

La operación del campo de golf del Canal sí ha sido investigada ahora por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y es una de las que se describe con detalle en el auto por el que el juez Velasco envió a prisión a Ignacio González y a su hermano Pablo. El cuñado de ambos, José Juan Caballero, logró eludir la cárcel tras pagar una fianza de 100.000 euros.

MOIX NO RESPONDE

José Manuel Maza aseguró este miércoles en el Congreso que Manuel Moix "firmó" en 2009 el decreto de archivo de una denuncia contra Ignacio González por la trama del campo de golf del Canal porque era el fiscal superior, pero que en realidad la propuesta de archivo había sido de otro fiscal, a quien no identificó.

El pasado 27 de abril, infoLibre contactó por cauces oficiales con Manuel Moix para trasladarle ocho preguntas relacionadas con su actuación en el caso González. El ahora fiscal jefe de Anticorrupción hizo un amago de trasladar la versión que ahora contó Maza en el Congreso. Este periódico le indicó que, en ese caso, reformulaba las preguntas planteadas y le envió las diez cuestiones siguientes:

1. ¿Firmó el Sr. Moix el decreto de archivo sin interesarse por las diligencias que había realizado el fiscal responsable de la investigación?

2. En concreto, y dado que figuraba en la denuncia de la Asociación Parque Sí en Chamberí, ¿no le preguntó el Sr. Moix al fiscal responsable de la investigación si había solicitado a la Agencia Tributaria el modelo 347 de las empresas Tecnoconcret y Only Golf?

3. En concreto, y dado que figuraba en la denuncia de la Asociación Parque Sí en Chamberí, ¿no le preguntó el Sr. Moix al fiscal responsable de la investigación si había solicitado a la Seguridad Social la relación de trabajadores de Tecnoconcret?

4. ¿Le pareció al Sr. Moix que se podía cerrar unas diligencias de investigación, centradas en dos empresas, sin pedir el modelo 347 de esas dos empresas?

5. ¿Le preguntó el Sr. Moix al fiscal responsable de la investigación que diligencias había realizado para averiguar si los hechos denunciados contenían indicios de delito? ¿Cuáles fueron esas diligencias?

6. En mayo de 2009, cuando la Asociación Parque Sí en Chamberí presentó su denuncia, la empresa Tecnoconcret ya había recibido más de 3,2 millones de euros de Dragados en teoría para instalar el césped de golf en las instalaciones deportivas del Canal. ¿Conocía ese dato el Sr. Moix?

7. ¿Por qué avaló con su firma el Sr. Moix un decreto de archivo en el que se afirmaba que no existía la "más leve sospecha" de irregularidades cuando una simple diligencia, como el oficio a la Agencia Tributaria para que remitiese el modelo 347, habría descubierto los presuntos delitos ahora desvelados por la Audiencia Nacional?

8. ¿Ha participado el Sr. Moix, bien directamente o bien avalando con su firma como fiscal jefe de Madrid, en alguna otra decisión que haya favorecido al Sr. Ignacio González o a cualquiera de los otros detenidos o investigados en la operación Lezo?

9. ¿Por qué no informó el Sr. Moix en la Junta de Fiscales del pasado martes 18 de abril de que en 2009 había adoptado una decisión que exculpaba a tres de las personas que iban a ser detenidas al día siguiente, precisamente por los mismos hechos por los que él los había exculpado en 2009?

10. ¿No considera el Sr. Moix que, de acuerdo con las causas de abstención que afectan a los fiscales, debería abstenerse en esta causa  a la vista de su decreto de 2009, que favoreció a tres de los ahora detenidos y en parte por los mismos hechos ahora bajo investigación judicial?

Un par de horas después de recibir estas preguntas, una portavoz de Manuel Moix indicó a infoLibre que el fiscal jefe de Anticorrupción no iba a responder a las preguntas: ni a las ocho iniciales, ni a las diez planteadas tras el amago de trasladar la responsabilidad del archivo a otro fiscal. Y tampoco sostuvo de forma oficial que él se había limitado a firmar el decreto de archivo por su cargo. El sábado 29 de abril, este periódico publicó la siguiente información: "Las ocho preguntas que Moix no responde sobre su decisión de archivar el caso González en 2009".

El pasado 3 de mayo, infoLibre desveló que Manuel Moix no se había opuesto solo en 2009 a investigar el caso González, sino que en realidad lo había hecho en tres ocasiones: en 2007 archivó otra denuncia contra el entonces vicepresidente madrileño y en 2010 se opuso a la admisión a trámite de una querella contra Ignacio González.

Los grupos de la oposición han reclamado este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la destitución del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, por la gestión del departamento que dirige en relación a la operación Lezo, por la que permanece en prisión el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Los portavoces de PSOE, Podemos, Ciudadanos, Compromís y ERC han coincidido en reclamar al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que aparte de su puesto a Manuel Moix, al considerar que ha torpedeado la investigación desarrollada por los fiscales Carlos Iañez y Carmen García Cerdá.

Además, el PSOE, Podemos y el Grupo Vasco han pedido la dimisión del propio Maza, al igual que el Partit Demócrata Europeu de Catalunya, la antigua Convergència y ERC, que han reclamado al fiscal general que asuma responsabilidades.

José Manuel Maza, que fue alertado de la predilección de González por Manuel Moix para ser nombrado fiscal jefe de Anticorrupción, también explicó que no le sorprendió el contenido de las conversaciones: "Lo que ha aparecido es que apoyan que este señor salga fiscal jefe. Claro, no me extraña, fue mi conjetura, [...] lo conocen porque han compartido con él puestos institucionales en la Comunidad de Madrid. A Moix que le conocemos, es la conjetura que yo me hice. Y nada más que eso, a mi juicio modesto, se desprende", ha explicado Maza a preguntas de la oposición.

Asimismo, Maza ha asegurado que la teniente fiscal de Anticorrupción le informó del contenido de las conversaciones grabadas por la UCO de la Guardia Civil sobre la predilección de González por Moix: "Tuve conocimiento cuando se me dio cuenta este procedimiento por la teniente fiscal de Anticorrupción y me comunicó lo que había en el contenido. Y posteriormente también, la Asociación Progresista de Fiscales (UPF), su junta directiva, vino a hablar de los nombramientos y me puso esto de relieve", ha confirmado el fiscal general del Estado.

Maza ha precisado la impresión que le produjo que le alertaran de las alusiones realizadas por González a Moix: "Por cierto, con gran sorpresa por mi parte, y de ahí que no les reconociera que lo sabía, porque estaban secretas las actuaciones. Y yo me quedé perplejo, que todos estos señores que están delante ya saben el contenido de unas investigaciones secretas que a mí hace unos días la fiscal jefe, en mucho secreto, me lo ha comunicado. Claro que tuve conocimiento", ha completado el fiscal general del Estado, que considera que en las conversaciones González y el resto de la trama no dice en ningún momento que supiera a quién iban a nombrar.

Por el contrario, Maza ha asegurado que lo que es verdaderamente "grave" son las filtraciones. "Les plantearía que me den la solución y las herramientas para poder controlar las filtraciones. Que no mejoran el conocimiento de la verdad y se perjudica a personas y va contra la propia eficacia de la justicia". El fiscal general ha explicado que siempre que se producen, la Fiscalía abre una investigación "que no suele conducir a nada". Y dirigiéndose a los diputados ha propuesto: "Pido que me den herramientas para controlarlas".

Maza considera que estas filtraciones de sumarios secretos "no mejoran el conocimiento de la verdad por los ciudadanos" perjudicando además a las personas mencionadas en las investigaciones, que ven restringido su derecho de defensa. En tercer lugar se perjudica a la propia eficacia de la justicia, según ha destacado. El fiscal general ha ilustrado su postura con el ejemplo de una información en la que se daba cuenta de que el relevo en los fiscales del tres por ciento podría afectar al pacto que los fiscales que llevaban el caso hasta el momento –José Grinda y Fernando Bermejo– estaban ultimando con algunos investigados para obtener su colaboración.

"¿No será que no se han retractado cuando se ha publicado la existencia de los pactos, no por el cambio de fiscales?", se ha preguntado. Se trata, según Maza de un ejemplo de que las filtraciones no favorecen "a nadie con intenciones limpias", por lo que convendría investigar dónde está esa intención. También ha pedido que el Parlamento emprenda de una vez la reforma procesal para dar la dirección de la investigación a los fiscales, de los que ha reconocido no obstante que "son autónomos" aunque no completamente independientes aunque pueden discutir el criterio de sus superiores y ello "les da eficacia en la lucha contra el delito".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparecerán este miércoles ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar su actuación en la Operación Lezo y el cisma surgido en el seno de la Fiscalía Anticorrupción, tras las últimas decisiones tomadas por el fiscal jefe de este departamento, Manuel Moix, relacionadas con la mencionada investigación o la sustitución de los fiscales de la presunta financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya (CDC).

Los grupos de la oposición han solicitado la presencia de los dos máximos responsables del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público tras el estallido del caso Lezo, en el que se investigan las presuntas irregularidades en el Canal Isabel II y que ha hecho que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ingresase en prisión incondicional el pasado.

Estas son las principales incógnitas que deberán despejar:

Rafael Catalá:  

1. Si el SMS que envió a Ignacio González era sobre sus "líos" judiciales, tal y como se desprende de los mensajes difundidos por laSexta.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, contestó el 3 de noviembre de 2016 a un SMS de felicitación que le había remitido previamente González en el que le daba la enhorabuena por su nombramiento como ministro de Justicia: "Gracias Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos", escribió Catalá, que rechazó que cuando hablaba de "líos" se refiriera a los procedimientos judiciales en los que está inmerso: "No me refiero en absoluto a cuestiones judiciales que tengan que ver con González. Es un mensaje de cortesía, amabilidad y en respuesta a una felicitación", se defendió Catalá.

Por el contrario, los mensajes difundidos por laSexta muestran que González sí interpretó que Catalá se refería a sus "líos" judiciales. En una de las conversaciones grabadas por la UCO de la Guardia Civil entre Cerezo y González , este último le comentó al presidente del Atlético de Madrid: "A mí me puso el otro día un mensaje encantador: a ver si terminamos con los líos'. Y tal... Bueno, vale macho, pues lo que quieras [risas]".

2. Si ha mantenido contactos con Enrique Cerezo en los que ha hablado del caso del ático o de la eliminación de la acusación popular.caso del ático

Las conversaciones grabadas por la UCO muestran las supuestas relaciones del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, con el ministro Catalá. El 17 de marzo de 2015, el ministro Catalá fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto a Cerezo. Al día siguiente, el 18 de marzo, el titular de Justicia asistió en visita de trabajo a la Audiencia Provincial de Málaga, que es la encargada de los recursos del caso del ático, que se investiga en un juzgado de Estepona. Catalá también viajó a la final de la Champions League de Milán incitado por el Atlético de Madrid.

En concreto, en una conversación González preguntó a Cerezo si tenía "alguna noticia de algo" y el empresario le respondió: "No, me encontré el otro día con Rafa y me dijo lo mismo, que lo estaban mirando, macho". Los investigadores consideran que se trata del ministro Rafael Catalá, ya que en otro momento, Cerezo asegura que le había comentado a Rafa que tenían que restringir a las acusaciones populares. Por eso Catalá deberá dar una respuesta convincente sobre sus vinculaciones con Cerezo.

3. Catalá tendrá que explicar si no renovó a la anterior fiscal general, Consuelo Madrigal, después de que ésta se negara a situar a Manuel Moix en Anticorrupción.

Fuentes del Consejo Fiscal, el organismo asesor del Fiscal General del Estado, confirmaron a infoLibre que desde el Ministerio de Justicia se sugirió a Consuelo Madrigal que llevara a cabo algunos de los movimientos que ha acabado poniendo en marcha su sucesor, José Manuel Maza. En concreto querían que relevara a Javier Zaragoza de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que designara a Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción o que destituyera al entonces fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal. En el entorno de Madrigal confirman que ella misma verbalizó su malestar por el hecho de que la negativa a acatar estas directrices le acabaran costando el puesto. Catalá tendrá que aclarar por que no renovó a Madrigal.

4. El ministro tiene que aclarar si sabía que el fiscal general del Estado nombró a Moix teniendo conocimiento de que aparecía en las conversaciones de Lezo.​​​Lezo

En febrero pasado, el fiscal general del Estado designó a Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupción, tal y como había barajado González en las conversaciones con el exministro Eduardo Zaplana, grabadas por la UCO de la Guardia Civil. En vísperas del nombramiento, integrantes de la Unión Progresista de Fiscales advirtieron a Maza de que circulaba un insistente rumor sobre una investigación de la Audiencia Nacional en la que aparecía el nombre de Moix en conversaciones grabadas a políticos que lo situaban como alguien favorable a los intereses del PP. A pesar de esa advertencia, el nuevo fiscal general eligió a Moix para el puesto sin tan siquiera motivar su decisión por escrito. El propio Maza será, con toda probabilidad, preguntado por la oposición por el motivo por el que nombró a Moix sabiendo que aparecía en las conversaciones de Lezo.

5. Catalá tiene que esclarecer si advirtió al expresidente de Murcia de que la Fiscalía no le iba a acusar en el caso Púnica.caso Púnica

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) debe determinar si admite a trámite o no la exposición razonada enviada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en la que se imputan dos delitos al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción no ha acusado a Sánchez, una decisión que conoció el propio expresidente murciano antes incluso que las fiscales encargados del caso.

laSexta emitió unas imágenes pro las que se dio a conocer que Catalá buscó a Pedro Antonio Sánchez en un congreso nacional del PP, que se celebró antes del chivatazo. Por eso, el ministro tendrá que esclarecer si advirtió a Sánchez, que anunció la decisión de la Fiscalía en una entrevista en la radio.

Asimismo, Catalá será preguntado por los diputados de la oposición sobre la destitución del ex fiscal jefe de Murcia Manuel López Bernal, en pleno caso Auditorio, por el que está imputado Pedro Antonio Sánchez.

Esperanza Aguirre y el fiscal general del Estado, Jose Manuel Maza, durante un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Estas serán las dudas que deberá despejar en el Congreso el fiscal general del Estado, José Manuel Maza:

1. Si el ministro le impuso el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupción.

Las conversaciones de la Operación Lezo muestran que el verano pasado, antes de que se nombrara al propio Maza fiscal general, la Guardia Civil grabó una conversación entre Ignacio González y el exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana, en la que el expresidente madrileño se refiere al nombramiento de Moix como una buena noticiaMoix , ya que era una persona próxima al PP, por lo que les iría mejor si era el elegido.

Por eso Maza tendrá que responder a los grupos de la oposición sobre si el Gobierno del PP, y más concretamente el ministro de Justicia, le impuso el nombramiento de Manuel Moix como máximo responsable de la lucha contra la corrupción. Precisamente, fuentes de la Fiscalía llaman la atención sobre la cronología de los hechos, y sobre la relevancia de que en verano de 2016 González ya barajara el nombre de Moix, antes incluso de que fuera nombrado José Manuel Maza. Precisamente, la negativa de Consuelo Madrigal a nombrar a Moix y a otros fiscales podría ser el motivo de que no renovara al frente de la Fiscalía General del Estado.

2. Maza tendrá que relatar su opinión sobre el fracaso de Moix en su intento de retirar a los fiscales Grinda y Bermejo del caso del 3% de Cataluña.caso del 3%

El fiscal general del Estado tendrá que explicar el motivo por el que aplazó la decisión de Manuel Moix de relevar a los dos miembros de la carreraManuel Moix que hasta ahora estaban asignados a la instrucción del denominado caso del 3 por ciento, José Grinda y Fernando Bermejo, en el que se investigan presuntas comisiones ilegales de Convergéncia Democrática (CDC) en Cataluña.

Ante el Consejo Fiscal, Maza señaló que necesitaba más información antes de refrendar este cambio, que había promovido el propio Moix. Esta decisión, de facto, se convertía en una desautorización de la decisión de Moix, que había justificado el cambio porque consideraba que los casos de Cataluña tenían que investigarlos los fiscales delegados de Anticorrupción. De esta forma, los grupos de la oposición se interesarán por la decisión final de Maza, pero también por el motivo por el que paralizó la destitución de los fiscales Grinda y Bermejo.

3. El fiscal general deberá aclarar la polémica sobre la intención de Moix de relevar a los fiscales del caso Lezo, Carlos Iañez y Carmen García Cerdá.

Este martes, la Cadena Ser informó de que Manuel Moix firmó un decreto la víspera de la detención de Ignacio González en el que alude a la próxima designación de "otros fiscales en la llevanza del presente procedimiento". Por este motivo, la cadena pública asegura que Moix "mintió" cuando negó su intención de apartar a los fiscales del caso, Carlos Iañez y Carmen García Cerdá. 

4. Maza tendrá que explicar el intento de Moix de que el registro de la sede del Canal de Isabel II no incluyera la época de Gallardón.

El intento de Moix de impedir el registro de la sede del Canal de Isabel II con la justificación de que la compra de la filial brasileña de esta empresa pública se había realizado en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid provocó un cisma en Anticorrupción, cuyos fiscales invocaron el artículo 27 del Estatuto para oponerse a las intenciones de Moix, que tuvo que dar su brazo a torcer. Por ello, Maza tendrá que explicar su opinión sobre este motín de los fiscales de Anticorrupción, que recurrieron a una iniciativa casi sin precedentes en el Ministerio Público.

5. El fiscal general tendrá que aclarar si González recurrió a gente de la Fiscalía para lograr "la impunidad de sus acciones".

El escrito conocido este martes en el que la Fiscalía Anticorrupción se opone a la salida de la cárcel de Ignacio González indica además que el expresidente de la Comunidad de Madrid recurrió a "alguna persona" de Justicia, Fiscalía y Policía para lograr la "impunidad de sus acciones". Por eso, Maza tendrá que aclarar si la persona que ayudó a González estaba relacionada con el Ministerio Público. Asimismo, en las conversaciones grabadas por la UCO por orden del juez Eloy Velasco el propio González muestra su intención de influir en la jueza de Estepona, Isabel Conejo, y en el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero.

6. Maza deberá valorar la actuación de Moix durante su etapa de fiscal jefe de Madrid, periodo en el que cerró, hasta en tres ocasiones, la investigación por la querella de una asociación vecinal contra la construcción de un campo de golf en el centro de Madrid.

Manuel Moix, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II, en el centro de la capital. infoLibre desveló que el ahora fiscal jefe de Anticorrupción había tapado el caso en 2009, al no investigar una denuncia de la asociación Parque Sí en Chamberí. Moix decretó el archivo sin realizar una sencilla diligencia solicitada por los denunciantes y que habría servido para destapar la trama corrupta.

Por eso Maza deberá explicar el motivo por el que Moix, el 18 de abril, en la reunión celebrada en Anticorrupción tras invocar los fiscales el artículo 27 del Estatuto para convencerle de que sí se desarrollar el registro del Canal de Isabel II, no informó a los fiscales de que en octubre de 2009 había decretado el archivo de una denuncia sobre la adjudicación del campo de golf del Canal. Una denuncia en la que constaban todos los datos relevantes de esa operación y que afectaba a tres personas que iban a ser detenidas al día siguiente (los hermanos González y su cuñado).

Las dos últimas ampliaciones de los informes realizados por los peritos judiciales del caso Bankia, Antonio Busquets y Jesús Sánchez Nogueras apuntalan todavía más la posible responsabilidad en la caída de la entidad financiera del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de su equipo más cercanoequipo , todos ya imputados en el procedimiento.

Los inspectores del Banco de España, que actúan en auxilio judicial del magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, sostienen en sendos informes que la decisión de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, encabezada por el mencionado Fernández Ordóñez, pero en la que también participaba el entonces subgonernador, Javier Aríztegui, también imputado, "provocó un deterioro y descapitalización del Grupo BFA cuantificado en una cifra no inferior a 456 millones de euros", según consta en el informe realizado por Jesús Sánchez Nogueras y enviado al juez Andreu.

Este perito detalla el agujero provocado, según sus conclusiones, por el equipo de Fernández Ordóñez al no hacer caso "a las cautelas fijadas por la División de Normativa Contable de la Dirección General del Regulación". En concreto, por el pago de participaciones preferentes el deterioro fue de 234,6 millones; por pagos de retribución variable de los directivos, el agujero fue de 112 millones; por dotación a la Obra Benéfico Social, otros 80,5 millones; y por impuestos, 29,7 millones.

112,6 millones en bonus

"Especialmente grave fue que se consintiera el pago de bonus a los administradores, directivos y empleados de las Cajas en el ejercicio 2010 por importe de 112 millones de euros, cuando se acababa de recibir una ayuda del Estado español, a través del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) por importe de 4.465 millones de euros", completa el inspector del Banco de España.

El perito explica que este agujero de 234,6 millones tiene su origen en la decisión de los administradores de las cajas de ahorros de diferir el reconocimiento de las pérdidas de las siete entidades financieras que crearon Bankia: "Las pérdidas acumuladas por las siete cajas en junio de 2010, al firmar el contrato de creación del SIP eran inmensas. El patrimonio conjunto de las siete cajas (15. 406 millones) no reflejaba pérdidas ocultas en el valor de sus activos de al menos 16.659 millones. Es decir, en conjunto, las siete cajas de ahorro que se integraron como Grupo BFA estaban en quiebra técnica en junio de 2010", completa el informe.

Rodrigo Rato acude al juicio de las tarjetas black en la Audiencia Nacional.

Y para solucionar este problema, según el inspector Jesús Sánchez Nogueras, "se ideó una teoría contable ajena a la legislación mercantil y contable, nacional e internacional, y se la trató de dar un barniz de legalidad con la incorporación de una consulta al Banco de España".

No era solvente

Así, este funcionario concluye que si los ajustes se hubieran registrado contablemente contra resultados, como tipificaba la Dirección General de Regulación, las siete cajas habrían declarado pérdidas en el ejercicio 2010. "De haber dado pérdidas las Cajas, difícilmente se podría haber calificado a este grupo como solvente y viable. En consecuencia, todo ello hubiera significado que las siete Cajas no podrían haber constituido el SIP y posteriormente, Bankia".

Además, el perito apunta a la responsabilidad de Fernández Ordóñez y su equipo: "No consta entre la documentación enviada por el Banco de España ningún indicio de que se discutiese en su Comisión Ejecutiva esta posible respuesta para las siete Cajas ofrecida por la División de Normativa contable, sino que esta Comisión aceptó el cargo en reservas propuesto por las Cajas sin proteger a éstas de las indebidas salidas de dinero que ello iba a provocar".

El perito Jesús Sánchez Nogueras también apunta a las posibles responsabilidades de los dirigentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): "Los responsables de la CNMV de recibir los estados financieros de las entidades emisoras (Dirección General de Mercados) admitieron las cuentas anuales de las siete cajas de ahorro con incumplimientos normativos y falsedades de esta naturaleza y relevancia en el citado ejercicio".

Falsedad contable

"Los peritos judiciales ratificamos nuestras conclusiones sobre la falsedad de la información contable", asegura el perito Antonio Busquets Oto en la ampliación definitiva de su informe sobre las cuentas de Bankia bajo la presidencia de Rodrigo Rato.

Rodrigo Rato y su sucesor en Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el día del relevo, el 9 de mayo de 2012.

Asimismo, el inspector, que junto a su compañero en el Banco de España Víctor Jesús Sánchez Nogueras actúa en auxilio judicial, indica en su trabajo que no está de acuerdo con el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que justificó su decisión de reformular las cuentas que había presentado Rato por la situación de la economía en mayo de 2012: "Los peritos no compartimos esta tesis porque los motivos aducidos para justificar la reformulación (recomendaciones del FMI, cambios legislativos de 2012, crisis económica y cambios de estimaciones) serían de obligado registro contable prospectivo en 2012 y porque hay numerosas evidencias de que los deterioros se habían producido y conocido mucho antes de marzo de 2012".

Entre estas evidencias, Antonio Busquets Oto apunta a los deterioros en los activos adjudicados de Bancaja Hábitat y Cisa, que tuvieron un informe de auditoría de 2010 con salvedades por falta de información, al concurso de Martinsa-Fadesa con una quita del 70% en marzo de 2011, y al acta del consejo de administración de Bankia de 12 de diciembre de 2011 señalando quebrantos en activos de Bankia por 1.484 millones y 700 millones en la matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA).

Deterioro paulatino

"Los peritos judiciales entendemos que decenas de miles de préstamos y activos inmobiliarios no se deterioran a la vez en la medianoche del 31 de diciembre de 2011, sino que lo hacen de forma paulatina a lo largo de todo el ejercicio", completa el inspector del Banco de España adscrito al Juzgado del juez Fernando Andreu.

En sus conclusiones, el perito incluye un párrafo demoledor para los intereses de Rodrigo Rato y del resto de imputados en el caso Bankia: "Es falsa la información contable contenida en el resumen del folleto de emisión para la salida a bolsa de Bankia".

Además, Antonio Busquets Oto completa que también fue "falsa" la información contable contenida en el folleto de emisión para la salida a bolsa de Bankia, "donde consta que Deloitte, como auditor de cuentas de Bankia, prestó servicios de asesoramiento en relación con la oferta de suscripción. Como consecuencia de la falsedad de las cuentas de Bancaja y Caja Madrid, son falsos los estados pro forma y los estados agregados, que se forman por agregación de las cuentas de las Cajas fundadoras".

Por tanto, los inspectores del Banco de España que actúan como peritos de la Audiencia Nacional aseguran que "son falsas las cuentas de BFA y Bankia incluidas en el folleto. Son falsos los ratios de solvencia y los ratios de mora, puesto que es falsa la información de base para el cálculo de estos índices. Igualmente falsas son las provisiones de insolvencias declaradas".

"Los peritos judiciales ratificamos nuestras conclusiones sobre la falsedad de la información contable", asegura el perito Antonio Busquets Oto en la ampliación definitiva del informe sobre las cuentas de Bankia bajo la presidencia de Rodrigo Rato, al que ha tenido acceso infoLibre.

Asimismo, el inspector, que junto a su compañero en el Banco de España Víctor Jesús Sánchez Nogueras actúa en auxilio judicial, indica en su trabajo que no está de acuerdo con el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que justificó su decisión de reformular las cuentas que había presentado Rato por la situación de la economía en mayo de 2012: "Los peritos no compartimos esta tesis porque los motivos aducidos para justificar la reformulación (recomendaciones del FMI, cambios legislativos de 2012, crisis económica y cambios de estimaciones) serían de obligado registro contable prospectivo en 2012 y porque hay numerosas evidencias de que los deterioros se habían producido y conocido mucho antes de marzo de 2012".

Entre estas evidencias, Antonio Busquets Oto apunta a los deterioros en los activos adjudicados de Bancaja Hábitat y Cisa, que tuvieron un informe de auditoría de 2010 con salvedades por falta de información, al concurso de Martinsa-Fadesa con una quita del 70% en marzo de 2011, y al acta del consejo de administración de Bankia de 12 de diciembre de 2011 señalando quebrantos en activos de Bankia por 1.484 millones y 700 millones en la matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA).

"No se deterioraron a la vez"

"Los peritos judiciales entendemos que decenas de miles de préstamos y activos inmobiliarios no se deterioran a la vez en la medianoche del 31 de diciembre de 2011, sino que lo hacen de forma paulatina a lo largo de todo el ejercicio", completa el inspector del Banco de España adscrito al Juzgado del juez Fernando Andreu.

En sus conclusiones, el perito incluye un párrafo demoledor para los intereses de Rodrigo Rato y del resto de imputados en el caso Bankia: "Es falsa la información contable contenida en el resumen del folleto de emisión para la salida a bolsa de Bankia". 

Además, Antonio Busquets Oto completa que también fue "falsa" la información contable contenida en el folleto de emisión para la salida a bolsa de Bankia, "donde consta que Deloitte, como auditor de cuentas de Bankia, prestó servicios de asesoramiento en relación con la oferta de suscripción. Como consecuencia de la falsedad de las cuentas de Bancaja y Caja Madrid, son falsos los estados pro forma y los estados agregados, que se forman por agregación de las cuentas de las Cajas fundadoras".

Por tanto, los inspectores del Banco de España que actúan como peritos de la Audiencia Nacional aseguran que "son falsas las cuentas de BFA y Bankia incluidas en el folleto. Son falsos los ratios de solvencia y los ratios de mora, puesto que es falsa la información de base para el cálculo de estos índices. Igualmente falsas son las provisiones de insolvencias declaradas".

El abogado Javier Carnerero, como representante legal primero del Sindicato Unificado de Policía (SUP), y después de la Asociación de Afectados por el ERE de Telemadrid, ha sido la persona que desde un principio ha mantenido la acusación popular sobre la compra irregular por parte de Ignacio González del ático de lujo de Estepona que desde 2009 habita el expresidente de la Comunidad de Madrid y su familia. En esta entrevista, este letrado sevillano lamenta la lentitud de las peticiones de información a EEUU, Panamá y Reino Unido: "Las comisiones rogatorias están paradas y no hay forma de saber el destino del dinero que pagó González".

Pregunta. ¿Por qué interpuso el Sindicato Unificado de Policía (SUP) una querella por el caso del ático de González?caso del ático

Respuesta. El entonces presidente del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, tuvo conocimiento de que se había sancionado a a un comisario por las investigaciones oficiales que había desarrollado en Estepona. A dos agentes se les encargó la misión de investigar si el ático de lujo de Estepona que había comprado una empresa de Estados Unidos era en realidad de Ignacio González y de su mujer. Sin embargo, los policías fueron apartados de sus puestos e incluso sancionados. El SUP y su presidente, Sánchez Fornet, actuaron en defensa de los agentes que estaban siendo perseguidos por realizar su trabajo, y la mejor defensa de los funcionarios era demostrar que el motivo de su acoso no era otro sino investigar un caso de corrupción.

P. Han pasado cinco años desde la denuncia y el SUP se ha retirado, pero sin embargo usted se ha mantenido al frente de la la acusación de los extrabajadores de Telemadrid, que recogieron el testigo y continuaron con sus servicios.

  R. Nosotros desde un primer momento vimos indicios suficientes para mantener una acusación. Y mi postura como letrado ha sido, desde el minuto uno, intentar obtener respuestas. Y si hay base para acusar, acusaremos. No actuamos por venganza. Y una prueba de ello es que en un primer momento, cuando la jueza quiso imputar a Ignacio González, nos opusimos, porque pensábamos que no había base suficiente para hacerlo. Y la segunda vez, la imputación se produjo a instancias de la Fiscalía. Nosotros lo que queremos es que se clarifique el recorrido del dinero. Y si al final existen esos nexos seguiremos hacia adelante. Nuestra intención ha sido siempre  evitar daños innecesarios, pero los indicios están ahí, y con el paso del tiempo se ha alimentado, cada vez con más datos, la existencia de una situación totalmente anómala e irregular. Aunque estamos a la espera de unos datos más concretos del exterior, que tardan en llegar, pero que terminaran por acreditar la existencia, o no, del ilícito penal que perseguimos.

P. Las comisiones rogatorias no llegan al juzgado de Estepona. ¿Es normal que hayan pasado cuatro años y no se haya recibido la información requerida desde el primer día?

R. El retraso no es normal. La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha limitado los plazos de investigación, pero sin embargo lo que debería hacerse es exigir que las diligencias de investigación se realicen en un plazo determinado. Y si se retrasan habría que plantear una queja y depurar responsabilidades. Lo que no es normal es que se tarde cuatro meses en traducir diez folios al inglés, y que las peticiones se realicen con graves fallos. Por ejemplo las autoridades del Reino Unido se han quejado de que los números de las cuentas de las que se piden información están mal, y que incluso no se incluyen en las peticiones. Eso no es normal y si eso no ocurriese, el plazo de instrucción será el que deba de ser sin limitación alguna. Las limitaciones solo favorecen a quien pretenda eludir la ley. Todo retraso en las comisiones rotatorias sólo se traduce en dilaciones indebidas ya anunciadas por las defensas y en la posibilidad de que se manipulen o se pierdan  datos. Así nunca se hará justicia tanto si hay como si no hay ilícito penal. Hay que hacer una justicia más flexible y menos formal.

P. Ahora tras la detención de Ignacio González mucha gente que antes estaba callada ha alzado la voz asegurando que se veía venir...

R. La verdad es que en este caso hemos estado muy solos, aunque también nos ha acompañado en la acusación la Asociación Transparencia y Justicia. Pero nosotros no estamos en una cruzada contra Ignacio González, ni mucho menos. Eso serán historias de otros. Nosotros, lo único que queremos es acreditar los indicios por los que iniciamos este procedimiento, de que el ático pudo ser un regalo de Enrique Cerezo o cualquier otro empresario.

P. Pero no sólo las comisiones rogatorias a Panamá, EEU y el Reino Unido no han conseguido aportar ninguna información, sino que hasta hace unos meses la Policía no ha investigado nada sobre la titularidad del dúplex de lujo.

  R. Pese a que la denuncia se presentó hace cinco años, la Policía Nacional no ha logrado ningún avance. De hecho, la cúpula policial mantuvo reuniones con el presidente del SUP, Sánchez Fornet, en las que le llegaron a pedir que abandonara la acusación del caso del ático. Por eso no me extraña que hasta hace unos meses no se hayan obtenido los resultados esperados. Sin embargo, en el caso Lezo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha actuado muy bien. Son cosas sin sentido desde la perspectiva de un ciudadano. Como letrado… perfectamente comprensibles. Este caso muestra, de forma clara, que las dificultades oficiales experimentadas en el asunto del ático justifican la labor de investigación de las acusaciones populares.

P. La investigación del SUP y de los extrabajadores de Telemadrid ha demostrado que el presunto testaferro que compró el ático, Rudy Valner, trabajaba para Enrique Cerezo en una de sus empresas.

  R. Esto es sin duda lo más llamativo del caso del ático. Que un testaferro profesional, como es Rudy Valner, compre un inmueble sin verlo es sin duda increíble. Y sobre todo que a la semana se lo alquile a un político, eleva todavía más las sospechas. Además, gracias a la instrucción hemos sabido que Valner tiene muy buenas relaciones con Enrique Cerezo. Al final, resulta que el que compra el piso sin verlo y se lo alquila a Lourdes Cavero e Ignacio González mantiene relaciones laborales con Cerezo, que es íntimo amigo del político.

Además, y también es muy relevante, el testaferro compra el ático días después de visitarlo la mujer del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Lourdes Cavero. Está claro que el ático puede constituir una dádiva. Y por eso nosotros buscamos el origen y el destino del dinero. Cuando lleguemos al final podremos relacionar el dúplex con uno de los negocios en los que haya intervenido Ignacio González. Y si ese negocio es calificado de ilícito habremos cerrado el círculo.

O para ordenarlo cronológicamente, la señora de Ignacio Gonzalez, Lourdes Cavero, visita en varias ocasiones un ático en concreto que le gusta, que ese inmueble y no otro lo compra un testaferro profesional, amigo y colaborador de Enrique Cerezo, que se llama Rudy Valner. Este a su vez lo compra a través de una empresa offshore sin actividad llamada Coast Investors LLC, a la que alguien le inyecta el dinero para la compra, que se realiza por teléfono. El fiduciario compra el inmueble sin haberlo visto, y justo después se lo alquila a Lourdes Cavero, a quien no conoce. Y además, tras saltar el escándalo, Ignacio González y su esposa proceden a comprarlo con una significativa indemnización por despido que abonan a Lourdes Cavero, junto con un pequeño préstamo al expresidente madrileño.

P. ¿También les parece sospechoso que una vez conocido que el dueño del ático era la sociedad offshore Coast Investors, González comprara supuestamente en diciembre de 2012 el ático de lujo?offshore 

R. Creo que la compra del ático fue un intento de legalizar una situación que a todas luces era totalmente irregular. Y al mismo tiempo que compran el ático, casualmente la mujer de González es despedida de su trabajo y se le abona una importante indemnización. Fue despedida de la patronal de las eléctricas para acto seguido entrar a trabajar en la filial madrileña de la CEOE, que es la CEIM que presidía Arturo Fernández, amigo de Esperanza Aguirre. Nosotros lo que queremos saber ahora es a dónde se ha ido el dinero que pagó el matrimonio, para saber exactamente quién era el propietario del inmueble, ya que la empresa offshore será de quien ostente la titularidad de sus participaciones. Pero las comisiones rogatorias están paradas y no hay forma de saber el destino del dinero que pagó González.

P. Por eso también han pedido que la investigación se traslade a la Audiencia Nacional, ya que ahí las comisiones rogatorias irían más rápido...

R. Lo primero que pedimos era el origen y el destino del dinero, tanto de la primera compra, que hizo el testaferro, como de la segunda, que realizaron directamente González y Lourdes Cavero. Nosotros tenemos claro que si las comisiones rogatorias llegan limpias, pues se cierra todo y se acabó. Pero lo que no es normal es que hayan pasado cinco años sin saber nada. Todo son problemas. Y por eso esperamos ahora, con la investigación de la Guardia Civil en el caso Lezo, que se pueda acceder a la información bancaria y se relacione con los negocios ilícitos que puedan existir. Aunque también somos conscientes de que algunos empresarios han podido ejercer una labor de puente, para que no apareciera el nombre de González. No obstante, confiamos que la verdad salga a la luz.

P. ¿Y ahora qué?, ¿cree que el caso del ático debería seguir en Estepona o tras estallar el caso Lezo debería trasladarse a la Audiencia Nacional?caso del áticocaso Lezo

R. Todo esto debe analizarse de forma global. El dúplex de lujo de Ignacio González y de su mujer podría tener su origen en una comisión cobrada por uno de los múltiples negocios irregulares que se han conocido tras estallar la operación Lezo. Por eso queremos que el procedimiento acabe en la Audiencia Nacional, porque de esa forma tendremos una visión global de lo sucedido.

P. ¿Qué ha pensado al ver las informaciones de laSexta sobre los intentos de Ignacio González y de Enrique Cerezo de cambiar a la jueza y al fiscal?

R. Creo que están jugado con el sistema judicial, por la politización que existe de la Justicia y eso genera un descrédito para los ciudadanos. Eso debe traducirse en una verdadera y profunda reforma del sistema existente que sirva para conseguir la pretendida separación de poderes que garantice la existencia de nuestro Estado de Derecho. Para ello deben contar con quienes trabajan realmente la Justicia, que son quienes realmente conocen cuáles y dónde están los fallos del sistema judicial. Además, esa dependencia de los políticos es más corriente de lo que la gente piensa.

Que se haya tenido conocimiento de que políticos y empresarios puedan poner y quitar jueces y fiscales lleva a la conclusión de que es necesario potenciar a las acusaciones populares, que son una garantía de la Justicia. Por eso habría que eliminar todas las trabas que se ponen, como la exigencia de fianzas, así como su protección para poder ejercerlas libremente. Al igual que si un juez o un fiscal entra a formar parte de la política, se hace irremediablemente necesaria la prohibición de que vuelvan a ejercer como tales. Y aquel que haya favorecido o protegido con su actuación al poder político debe cesar de forma fulminante. Sólo con medidas como éstas la Justicia volverá a ser creíble para el ciudadano de a pie.

P. ¿Usted pudo ver la imagen de Rafael Catalá con Enrique Cerezo en el palco del Estadio Vicente Calderón, un día antes de que el ministro acudiera en visita de trabajo a la Audiencia de Málaga, que es la que ve los recursos de los imputados del caso del ático?caso del ático

R. La verdad es que no entiendo las relaciones que el ministro ha mantenido, según las grabaciones difundidas y las fotografías, con los imputados. Pero al margen de este caso concreto, está claro que en España habría que plantear una reforma seria de la instituciones. El poder político y el judicial no pueden ir de la mano.

P. ¿Y qué piensa usted, que ejerce la acusación popular del caso del ático, cuando el ministro de Justicia le envía un mensaje a González en el que le dice que ojalá se acaben los líos? ¿Cree que eso puede tener que ver con los problemas de las comisiones rogatorias del caso de Estepona?Estepona

R. Estas conversaciones desvelan las relaciones y el control político sobre el poder judicial, y en concreto sobre el ministerio público. Y por eso creo que esa es la gran reforma que hay que llevar a cabo. Los fiscales no deben ser utilizados para llenar carreras políticas. Si el ministro apoyó a González por su imputación en el caso del ático debería asumir responsabilidades y cesar en su cargo.

P. Hemos hablado de las comisiones rogatorias, pero el caso del ático también ha tenido una derivada policial, con comisarios sancionados y apartados, e incluso con el expresidente del SUP acosado por las querellas y las sanciones internas.

  R. Estas son las consecuencias de hacer investigaciones que no agradan a las cúpulas políticas. En el caso del ático varios comisarios han denunciado presiones e incluso sanciones. Está claro que no querían que se investigara el patrimonio de González.

P. Pero al final el último informe policial da la razón a la acusación popular y destaca las numerosas incógnitas en sus pesquisas sobre el ático de Estepona.

  R. Ya, pero estos cambios no son tan trascendentes. De nada sirve que la Policía advierta de las irregularidades si las comisiones rogatorias no se contestan desde hace cinco años.

P. El comisario Villarejo aportó al sumario del caso del ático un informe en el que alertaba de las actividades presuntamente ilegales de Ignacio González. ¿Cree que este informe podría ser el nexo de unión entre la investigación de Estepona y la que lleva a cabo la Audiencia Nacional?Estepona

R. El comisario alertaba de las múltiples irregularidades cometidas por Ignacio González, como por ejemplo lo relacionado con un sumario del municipio de Colmenar de Oreja. Al final alude a todo lo que se ha destapado con el caso Lezo. Y por ello el inmueble podría suponer la materialización de un blanqueo de un ilícito en el que ha podido intervenir Ignacio González. Es decir, podría ser el pago por cualquiera de los negocios que ha destapado el juez Eloy Velasco, como por ejemplo los relacionados con el Canal de Isabel II, la empresa de informática de la Comunidad de Madrid, los pagos de OHL por el tren a Navalcarnero, la operación de Colmenar de Oreja. Además, el informe de Villarejo también aludía al famoso viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias, que da nombre a la operación Lezo.

P. La intervención del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, en el caso Lezo ha sido muy criticada...caso Lezo ha sido muy criticada...

R. La acción de la Fiscalía debería basarse en la objetividad e imparcialidad, y según la informaciones que vienen saliendo no es así. Un fiscal no puede tener una dependencia hacia los políticos. El Estatuto fiscal debería ser objeto de estudio y de una reforma.

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una menor pena para la diputada del PP madrileño María Josefa Aguado, sobre la que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Gürtel, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al considerar que la parlamentaria habría cometido los delitos de fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos por hechos que se remontan a su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid).

"El instructor expone detalladamente los sólidos indicios de participación de la aforada María Josefa Aguado del Olmo en los delitos continuados de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos atribuidos. Participación esta que el fiscal, a diferencia de lo que se infiere del auto impugnado, entiende lo es a título de cooperadora necesaria y no de autora en los delitos de prevaricación y malversación", completa el recurso de apelación remitido por la Fiscalía Anticorrupción a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que mantiene como autora del delito de fraude a la diputada.

Además, el Ministerio Público también reclama a la Sala que el juicio del caso en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid incluya también al resto de los procesados que no están aforados: Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabarís, Isabel Jordán Goncet, Ginés López Rodríguez, Juan Femández Caballero, César Tomás Martín Morales e Isaac García Requena.

Adjudicación directa a Correa

En concreto, a la diputada se le acusa de haber participado en la adjudicación directa a empresas vinculadas a Francisco Correa de los servicios referidos a la X edición de las Olimpiadas Escolares de Arganda por un importe total de 156.260 euros, ocultada mediante la formal tramitación de un concurso y de siete contratos menores y en el pago de varios conceptos por duplicado en perjuicio de la Sociedad de Fomento municipal. 

La diputada, como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de Arganda del Rey, dio su conformidad a dicha factura y al servicio prestado. "Con ello habría permitido que se aprobara el gasto y se ordenara su pago el mismo 9 de mayo por acuerdo de Juan Fernández Caballero y de Luis Bremond Triana, abonándose dicha factura el mismo día mediante talón bancario que fue cobrado, también el 9 de mayo, por Isabel Jordán Goncet", asegura el recurso de la Fiscalía.

Asimismo, el escrito del fiscal indica que la aforada "habría colaborado de forma necesaria, permitiendo que Juan Fernández Caballero dictara las resoluciones que se consideran injustas en cuanto suponían un fraccionamiento del contrato, así como que el mismo investigado pudiera disponer de los fondos de la Sociedad de Fomento en perjuicio de esta entidad pública. Esta colaboración necesaria de la aforada en hechos delictivos en los que habrían intervenido otros partícipes y en los que los autores serían otros investigados no aforados es la que determina, conforme a la jurisprudencia, la necesidad de su instrucción y enjuiciamiento conjuntos", completa el Ministerio Público.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que está imputado en el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha presentado un escrito en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, en el que rechaza que este procedimiento lo asuma el juez Eloy Velasco, que instruye la denominada operación Lezo: "Nada tienen que ver estos hechos con los supuestos investigados" en la Audiencia Nacional, especifica el documento, al que ha tenido acceso infoLibre.

Asimismo, la intención del abogado de Cerezo coincide con la del escrito de González, cuyo letrado también ha rechazado que el caso del ático se incluya en el sumario que se instruye en el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, y por el que permanece en prisión el expresidente madrileño.

De esta forma, Cerezo se opone a la solicitud del abogado de la acusación popular de los extrabajadores de Telemadrid, Javier Carnerero, que reclamó a la jueza de Estepona Isabel Conejo que se inhibiera en favor del juez Velasco por las vinculaciones entre el caso del ático y Lezo: "Sorprende esta invocación ya que la causa tramitada por la Audiencia Nacional está declarada secreta y difícilmente la asociación que propugna tal remisión ha podido tener conocimiento del alcance de los hechos allí investigados", especifica el letrado del empresario madrileño.

En el escrito, Cerezo aprovecha para atacar a las acusaciones: "Al contrario, más nos parece que los objetos del presente procedimiento y los del proceso Lezo son antagónicos. Ya trataron de que estas diligencias se acumulasen al denominado caso Gürtel (también tramitado por la Audiencia Nacional) para intentar relacionar a González con operaciones inmobiliarias en Arganda del Rey. Su afán por acumular este proceso a otros es constante lo que evidencia -a nuestro juicio- la escasa confianza que tienen en este juzgado y en la fortaleza de sus infundadas tesis", se lamenta el letrado del presidente del Atlético de Madrid.

"Incoherente" e "incompatible"

Además, Cerezo considera que la petición del abogado Carnerero es "incoherente" e "incompatible" con la presunta vinculación del ático a la trama Gürtel, que fue defendida por el comisario José Manuel Villarejo, al mismo tiempo que la acusación de los extrabajadores de Telemadrid "ha esgrimido -de manera simultánea- que el origen de los supuestos fondos ilícitos por parte de González -el objeto de la investigación- guarda relación con operaciones mercantiles llevadas a cabo por la entidad Telemadrid".

La existencia de dos posibles orígenes al supuesto pago del ático confirma, según Cerezo, que no existe "seguridad" en la versiones aducidas por las acusaciones, ni "coherencia alguna, lo que se ha traducido en una errática búsqueda de supuestos indicios en Panamá, Estados Unidos, Reino Unido ... sin ser capaces de establecer a día de hoy un relato".

"Ahora pretenden", continúa el escrito de Cerezo, "que este proceso -pendiente de recibir el resultado de comisiones rogatorias cursadas hace meses- se acumule a otro en el que se investiga (según se indica por los medios de comunicación, única fuente conocida) unos hechos en los que el único nexo con el que nos ocupa es el subjetivo: la condición de investigado de González en ambas causas".

Según laSexta, Ignacio González mantuvo conversaciones con el presidente del Atlético de Madrid en las que hablan de cómo evitar la investigación de la jueza de Estepona Isabel Conejo. En concreto, Cerezo asegura: "Dicen que el juez es el juez y que no se puede hacer nada, yo ya les he dicho, ¿aquí qué queda?, ¿pegarle dos tiros a la juezajueza? ¿Qué alternativas tengo?¿no se puede hablar con el fiscal?", a lo que Cerezo contesta: "Volveremos a hablar con este a primeros de septiembre, porque si quieren guerra vamos a tener guerra".

Imputado por "una sospecha"

El letrado del presidente del Atlético de Madrid lamenta también que Cerezo está imputado por una "sospecha -que ni siquiera es indicio- servida por teorías -que no hechos- de las que no existe rastro alguno. Declaró a presencia judicial y dejó claro que nada tiene que ver en los hechos objeto de esta causa (la compra de un inmueble por González y su esposa). Ninguna persona de las que ha declarado le involucra. Ningún documento le vincula con aquella compra".

Sin embargo, en su declaración como investigado Cerezo tuvo que reconocer que Rudy Valner, el presunto testaferro que compró el ático de forma telefónica y después de que lo visitara la mujer de González, Lourdes Cavero, "es abogado suyo en EEUU desde hace mucho tiempo. Y que es asesor jurídico de su empresa Video Mercury a título personal". 

Y a preguntas del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, el presidente del Atlético de Madrid completó que conoce a Valner "por temas profesionales, concretamente porque tiene una empresa que compra producto americano, inglés y francés. Cuando compramos producto lo revisa Rudy Valner desde hace 20 años".

Sin embargo, en el escrito dirigido a la jueza de Estepona, el abogado de Cerezo asegura en el escrito estar convencido de que el desarrollo de las comisiones rogatorias corroborarán que Cerezo "es ajeno a estos hechos. Esperamos con paciencia procesal su resultado para que no exista atisbo de duda cuando se dicte el sobreseimiento -al menos- respecto a su persona".

Manuel Moix seguirá al frente de la Fiscalía Anticorrupción tras la reunión mantenida este jueves por el Consejo Fiscal, en la que se abordó su polémica gestión en el caso Lezo.

Los tres vocales de la Unión Progresista de Fiscales –Eduardo Esteban Rincón, Sofía Puente Santiago y Fernando Rodríguez Rey– plantearon la destitución de Moix al considerar que su imparcialidad ha quedado cuestionada. Pero el resto de los vocales aseguró que aunque podía tacharse de "imprudente" la actuación de Moix no veían motivos suficientes para exigir su cese. Uno de los vocales de la UPF llegó a plantearle al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que toda la gestión en torno a la operación Lezo exigiría además la dimisión del propio fiscal general. Entre risas, Maza respondió: "Ninguna de las dos cosas".

El fiscal general del Estado aplazó además la decisión de Moix de relevar a los dos miembros de la carrera que hasta ahora estaban asignados a la instrucción del denominado caso del 3 por ciento, en el que se investigan presuntas comisiones ilegales de Convergéncia (CDC) en Cataluña. Ante el Consejo Fiscal, ha señalado que necesita una mejor información antes de refrendar este cambio. El Consejo Fiscal rechazó además conceder el amparo solicitado precisamente por los fiscales del 3 por ciento –José Grinda y Fernando Bermejo– más un tercero, Juan José Rosa, tras ser acusados de coacciones por un investigado en el caso Emperador.

El Consejo Fiscal justifica esta decisión de no ampararles en una cuestión técnica por la situación de la tramitación en la que se encuentra la denuncia, que fue cursada a la Fiscalía de Cataluña por el propio Moix.

La destitución de Moix

La Unión Progresista de Fiscales emitió al término de la reunión un comunicado en el que explica que sus tres vocales pidieron al fiscal general la conveniencia de destituir al actual fiscal jefe de Anticorrupción: "No podemos permanecer ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor. No podemos ignorar que las conversaciones (telefónicas) que recientemente se han hecho públicas dañan la credibilidad del fiscal jefe y ponen en cuestión la necesaria e imprescindible apariencia de imparcialidad que ha de revestir a quien ostenta un cargo de tal responsabilidad".

Para la asociación progresista, la forma en la que ha ejercido hasta ahora sus funciones como fiscal jefe, "su gestión del principio de jerarquía en el conocido como caso Lezo y el trato dado a uno de los fiscales encargados del asunto tras la invocación del articulo 27 del estatuto fiscal reflejan una concepción de la jefatura que no sólo no compartimos, sino que rechazamos".

"La confianza que los ciudadanos deben tener en que desde el Ministerio Fiscal no se busca otro fin que no sea cumplir y hacer cumplir la ley y perseguir el delito y a quienes lo cometen pasa inexorablemente por la remoción del señor Moix cuya credibilidad, y por ende la de la Fiscalía Anticorrupción, se ha visto seriamente comprometida ante buena parte de los ciudadanos", completa el comunicado de los fiscales progresistas.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha emitido una nota de prensa en la que asegura que la lucha contra la corrupción es "una necesidad" y "una exigencia" de la sociedad española "que involucra sin duda a todos los profesionales que integramos con orgullo el Ministerio Fiscal español".

El mismo comunicado sostiene que todos los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción desarrollan un trabajo "difícil y necesario para dar cumplimiento a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad, por encima de las luchas partidistas y al margen de unas presiones dirigidas con cualquier finalidad para condicionar su actuación. El Consejo Fiscal reconoce la labor de los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción, alienta su trabajo y reclama para ellos respeto y que se garanticen las mejores condiciones para desarrollar con eficacia su función", completa el escrito.

Por su parte, la Asociación de Fiscales, de tendencia conservadora, ha respondido a la UPF sobre su petición de cesar al fiscal Anticorrupción que sus argumentos son "rumores" y que gracias a la labor de esta institución, Ignacio González, está en prisión. En declaraciones a Europa Press, el portavoz de dicha asociación y fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha dicho que ha quedado demostrado que "si hay un imputado que se alegraba" del nombramiento de Moix –en referencia a una conversación telefónica entre González y el exministro Eduardo Zaplana– es precisamente el que está en prisión gracias a la labor de la Fiscalía Anticorrupción.

El Banco Santander ocultó a la Agencia Tributaria los 379 millones que transfirieron entre Suiza y España los investigados por blanqueo de capitales tras destaparse la lista Falciani, según el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata conocido este miércoles, que basa su decisión en los sucesivos informes del Banco de España que han puesto al descubierto "una serie de operativas tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al Erario Público español".

Y por estas operaciones, De la Mata ha acordado llamar a declarar como investigados, por un delito de blanqueo de capitales, a siete directivos de Banco Santander –en su mayoría destinados a departamentos de prevención de blanqueo– y tres del banco BNP Paribas en la pieza separada de entidades financieras de la conocida como lista Falciani, que suministró el empleado del HSBC suizo Hervé Falciani y que revelaba los nombres de 130.000 titulares de cuentas no declaradas en sus países de origen en la entidad financiera.

Los citados a declarar son Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, secretario general de Banco Santander; José Manuel Arraluce, director de cumplimiento entre 2005 y 2014 de Banco Santander; Carlos Infesta Fernández, responsable de prevención de Área en el ámbito de banca mayorista; Carlos Fernández García, director del Departamento Central de Prevención de blanqueo de capitales entre 2005 y 2013; Jesús Álvarez Ramírez, también del mismo departamento, Jesús Rivero González, del Departamento Central de Extranjero, y Marta Mora Villarrubia, del Departamento de Instituciones Financieras. Los cuatro últimos tenían competencias en prevención de blanqueo.

En el caso de BNP, han sido citados José Andrés Fernández Espejel, director del Departamento de Cumplimiento Normativo entre 2005 y 2011, y Lucía Cuartero Lantero, también de ese departamento. Ambos estuvieron a cargo de la función centralizada de prevención de blanqueo. La última citada es Cristina Arévalo, que fue miembro de OCIC, órganos de control interno de la entidad.

Cuentas de los denunciados

"La utilización de cuentas ómnibus se ha venido justificando de manera genérica como una mejora para la eficiencia en los mercados, y Santander Investment y BNP Paribas Securities Services las vienen utilizando habitualmente, sin que sepan cuáles son los propietarios reales de los valores, que quedan ocultos. Sin embargo, los propietarios reales pueden quedar identificados en los sistemas informáticos de los bancos custodios sin mayor problema tecnológico, si quisieran", destaca el juez en su resolución.

En concreto, en una de las cuentas bancarias investigadas se canalizaron entre 2005 y 2008 a través de Banco Santander 1.070 operaciones por importe de 73.957.603 euros de clientes del HSBC Private Bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas españolas. Y 12.155.936 euros provienen de cuentas del HSBC titularidad de denunciados por delito fiscal en los procesos referidos, a los que se sumarían 1.393.363 euros que provienen de cuentas del HSBC donde los representantes de tales personas fueron asimismo denunciados.

De los 416.531.978 euros relacionados con la compraventa de valores en otra de las cuentas detectadas, 272.854.233 euros corresponden con operaciones de los denunciados españoles por delitos contra la Hacienda Pública.

En relación a otra cuenta, el juez De la Mata explica en el auto que de un total de 25.001.068 euros de valores traspasados, 9.917.217 euros corresponden a denunciados en España por fraude fiscal. En este período se detectaron una serie de traspasos con varias personas físicas. Asimismo, el magistrado destaca que una de las personas que transfirió el dinero gracias a los bancos cuyos directivos están imputados es Francisca Romasanta Rodríguez, la cual traspasó valores calculados en 18.273.743 euros. Esta mujer "es la esposa del empresario Luis O. C., el cual se relaciona con sociedades vinculadas a una estafa piramidal por 200 millones de dólares de Estados Unidos denunciada por la SEC norteamericana". La estafa a la que se refiere el juez De la Mata golpeó especialmente a los fondos de pensiones y ahorros de la estatal petrolera de Venezuela PDVSA.

El fallecido Emilio Botin junto al patrocinador de la Formula 1, Bernie Eclestone.

Además, el magistrado revela en el auto que entre agosto de 2007 y julio de 2010, el Santander obtuvo la custodia de los valores titularidad de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter, de la familia Botín, si bien estos valores no sólo se ocultaban bajo dicha sociedad sino que también era titular el HSBC.

El auto del juez De la Mata precisa que este entramado permitió esconder la titularidad real de las acciones de Bankinter y que poseían, por valor del 8%, el expresidente de Banco Santander Emilio Botín y su hermano Jaime Botín Sanz, así como sus respectivos hijos. "La propiedad de tales valores se mantuvo oculta al Erario Público hasta que fue revelada por la comunicación que las autoridades francesas hicieron a la Agencia Tributaria española en el marco de los primeros procedimientos incoados como consecuencia de la aportación de la información de Hervé Falciani", especifica el auto

Los 2.000 millones de los Botín

La omisión de tributación de parte de la fortuna del exbanquero –se calcula que ocultó 2.000 millones de euros en el HSBC de Suiza y otras sociedades panameñas– dio lugar a la denuncia en la Audiencia Nacional contra Emilio Botín Sanz y Jaime Botín Sanz y sus respectivos hijos, por delitos contra la Hacienda Pública "pese a haber regularizado su situación con el pago de más de 200 millones de euros a Hacienda. Finalmente, tales diligencias fueron archivadas por aplicación de la excusa absolutoria del artículo 305.4 del Código Penal tras la regularización llevada a cabo por los investigados tras la notificación del expediente de gestión administrativa sobre los depósitos puestos de manifiesto en Suiza".

En el auto, el juez alude a la deficiente colaboración del Santander a la hora de aportar la documentación requerida, entre lo que destaca "el envío sistemático por parte del Grupo Santander de transferencias con el campo de ordenantes y beneficiarios en blanco; el error de no enviar las transferencias entre 2013 y 2015; la falta de explicación del contenido de los campos; la mezcla de operativas que han dificultado el análisis; y la inclusión en la documentación de campos con datos adicionales en valores sin relacionar con los datos generales".

De la Mata completa que los peritos del Banco de España analizaron cientos de operaciones de valores, registradas en las cuentas de HSBC Private Bank Suisse, "con el propósito de identificar a sus propietarios reales utilizando la información proporcionada por los custodios Santander Investment y BNP Paribas Securities Services España, con un resultado casi totalmente infructuoso. Excepto los traspasos de valores de ocho personas físicas de BNP y dos del Santander, el resto de propietarios reales permanece oculto bajo el registro de titularidad de HSBC Private Bank Suisse y de otros bancos. La información sobre las titularidades reales se ha obtenido sólo gracias a la base de datos construida con los datos facilitados por Hervé Falciani", completa el auto.

Falciani durante su comparecencia en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Precisamente, a finales del pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo confirmó la condena de seis años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública para el ingeniero español Sixto D.C., que había ocultado más de cinco millones de euros en cuentas bancarias suizas, aceptando de este modo como prueba válida la lista Falciani, informa Europa Press.

El alto tribunal distingue entre dos formas de obtención ilícita de datos a terceros: si lo hace la Policía, la prueba no es válida de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera nulas las pruebas obtenidas violentando derechos o libertades fundamentales; si lo hace un particular sin conexión con los aparatos del Estado y que no busca prefabricar pruebas sino obtener lucro –como era el caso de Falciani–, sí se le puede dar validezFalciani.

infoLibre se ha puesto en contacto con un portavoz de prensa del Santander, que ha asegurado que la entidad financiera está estudiando el contenido del auto del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, por lo que por el momento no hará ninguna declaración al respecto.

El exalcalde de Leganés y diputado del PP en la Asamblea de Madrid Jesús Gómez ha asegurado al juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Lezo, Eloy Velasco, su convencimiento de que la trama encabezada por el expresidente madrileño Ignacio González utilizó medios de comunicación "para hacer seguimientos y destruir reputaciones. Uno de ellos sería a Cristina Cifuentes cuando era delegada del Gobierno, seguimientos que detectaron sus servicios de contravigilancia", ha explicado el parlamentario a los medios de comunicación tras finalizar su comparecencia.

Jesús Gómez ha destacado que la persona que se encargaba del seguimiento a Cifuentes era "un expolicía que lo estaba realizando, presuntamente para un despacho de abogados que se llama Azertia, cuya sede coincidía en el mismo edificio, en la misma planta y en la misma sede y puerta con el diario La Estrella Digital. Pues bueno desde ahí se hicieron esos seguimientos. Hay una relación directa entre el medio Estrella Digital, también entre otro medio local, como Canal 33 y el periódico de Leganés, y también entre algún político local que se llama Carlos Delgado".

Jesús Gómez considera que la trama hizo seguimientos a Cifuentes cuando todavía no se sabia si iba a ser candidata o no del PP a la presidencia de la Comunidad, "con el objeto de encontrar algo en su vida privada que pudiera perjudicar su imagen".

"¿Y qué relación tiene todo esto con el entorno de Ignacio González?", se ha preguntado Gómez ante los medios de comunicación, para después responder: "Hay una empresa que se llama Jotrinsa, que se dedica a la reparación de vehículos pesados, que recibió adjudicaciones millonarias por parte de la Comunidad de Madrid y en algún Ayuntamiento, como Alcorcón y Boadilla del Monte, y resulta que los apoderados de esta empresa eran dos hermanos, José Antonio y Javier Gómez Hernández. Y este último es el cabeza del despacho de abogados Azertia. Y es el mismo sitio, calle Ferraz, 46, primera planta, A, dónde en esa época estaban el diario Estrella Digital y este despacho de abogados".

La conexión con González sería, siempre según el exalcalde de Leganés, "Ildefonso de Miguel, porque el administrador único de la empresa propietaria de Estrella Digital se llamaba Francisco Javier Soriano Rouco, el presidente de Madrid Network, un ente de la Comunidad de Madrid destinado a promover las nuevas tecnologías en los polígonos industriales, e Ildefonso de Miguel recibió créditos blandos, de prácticamente un 0% de Madrid Network, que la presidía Francisco Javier Soriano Rouco, que es el administrador único de la empresa propietaria de Estrella Digital".

Asimismo, Gómez ha relatado a los medios de comunicación que está seguro de que a mediados de 2014 le mandó el recado a través de un registrador de la propiedad a su hermana, que también es registradora. "Supongo que lo transmitió a la hermana de Rajoy, que también es registradora", ha explicado el diputado, que ha completado: "Yo entiendo que sí, porque el 6 de marzo, cuando la dirección nacional da a conocer que Ignacio González no repite como candidato, en el diario El País se puede leer que en el último párrafo que en la decisión nacional pesó la existencia de una cuenta que Ignacio González contaría en Suiza".