¿Cuántas veces habremos oído que hoy no hay líderes en España como los que hicieron posible la Transición? Ellos sabían llegar a acuerdos, pensaban en el interés general del país y no se dejaban llevar por consideraciones electorales de corto plazo. Es un lamento recurrente, en el fondo no muy distinto de aquel otro que percibe una degradación creciente e imparable de nuestro sistema educativo (ya saben, nuestros jóvenes tienen una formación deficiente, en lugar de leer se dedican a mirar pantallas, etc.).

Esta sugestión de que la política ha ido a menos es, en cierta medida, consecuencia de varios efectos distorsionadores. En primer lugar, la distorsión biográfica: quedamos marcados por la política de nuestra juventud y el inicio de la etapa adulta, de manera que con el paso del tiempo tendemos a juzgar todo lo que viene después por contraste con lo vivido en los años más impresionables. Es algo parecido al efecto de la impronta que estudió Konrad Lorenz en el reino animal.

En segundo lugar, la distorsión cronológica. Con el paso del tiempo, lo que en su momento parecía algo caótico y confuso va adquiriendo nitidez y claridad. Se pierden el ruido y la furia que siempre acompañan a la política y queda sólo aquello que importa, es decir, las palabras, las medidas y los actos que perduran y guardan un rastro en nuestra memoria. De ahí que la figura de los líderes vaya agrandándose conforme transcurren los años.

En tercer lugar, la distorsión generacional: a veces dejamos de entender a quienes vienen detrás, sus prioridades y preocupaciones son distintas y nos pueden parecer irrelevantes, alejadas de nuestro sentido común, sin que reparemos en que ello se debe en gran medida a que están construyendo algo nuevo sobre lo que hizo la generación anterior. Sólo así se explica esa tontería que se repite cuando fallece alguna figura pública provecta, “se van siempre los mejores”.

Alguien podría argumentar, no obstante, que, incluso teniendo en cuenta todas estas distorsiones y haciendo un autoexamen de las mismas, sigue siendo cierto que la calidad de los líderes políticos ha ido a menos. ¿Acaso no es cierto que los políticos de hoy carecen de la oratoria de sus predecesores y se limitan a leer lo que sus asesores escriben en papeles y tarjetones? Compárese un debate parlamentario de nuestros días con un debate de la época de la Transición. No hay color. ¿Y qué decir de su preparación? Entonces la política era una actividad prestigiada y respetada, atraía a los mejores profesionales; hoy, en cambio, los políticos no tienen una carrera fuera de la política, se han formado en los aparatos de los partidos, son una especie de burócratas del poder y la ambición. En fin, antes los políticos pensaban con amplitud de miras, se preocupaban por su nación y tenían un proyecto de país. Ponían por delante el bien común y la consolidación de la democracia.

Esta forma de pensar se puede percibir en todas las posiciones ideológicas. El nostálgico del PSOE advierte un declive indudable en la secuencia Felipe González/José Luis Rodríguez Zapatero/Pedro Sánchez, de la misma manera que el nostálgico del PP está convencido de que Alberto Nuñez Feijóo no tiene ni la experiencia ni la templanza de Mariano Rajoy, quien, por lo demás, era una sombra comparado con José María Aznar (si tiene el lector edad suficiente, querrá ir más atrás en el tiempo y recordará a Manuel Fraga). Ya puestos, ¿no es evidente que hay una enorme separación entre los discursos romos de Santiago Abascal y aquellos otros exaltados de Blas Piñar? ¿Y qué político de ahora podría reclamar el legado de Adolfo Suárez sin caer en el ridículo?

El caso de Suárez es el más interesante, y también el más instructivo. Su nombre despierta tanta admiración que soporta el principal aeropuerto de España. Él fue el gran artífice de la Transición. El rey Juan Carlos lo eligió para llevar a término lo que Carlos Arias Navarro no supo o no quiso hacer. Siendo aún ministro secretario general del Movimiento, Suárez citó unos versos de Antonio Machado en las últimas Cortes orgánicas. Sonó fresco y renovador. Supo moverse en los círculos del franquismo y despuntar como reformista primero y demócrata después, consiguió que los procuradores se hicieran el harakiri y aprobaran la octava Ley Fundamental del régimen, la Ley para la reforma política, que daba paso a unas primeras elecciones democráticas, elecciones que ganó él mismo con la Unión de Centro Democrático, un partido creado unas pocas semanas antes de los comicios. Bajo su presidencia se elaboró la Constitución, se aprobaron los Pactos de la Moncloa y se sentaron las bases del sistema autonómico. Ahí es nada.

Sin embargo, si alguien hubiera conocido solamente al Suárez de los ochenta, le habría resultado casi imposible imaginar que aquel político había desempeñado un papel tan crucial en los años de la Transición. A los pocos meses de dejar el Gobierno, se metió a hacer negocio con los marcadores de los estadios de fútbol para el Mundial de 1982. En nuestros días, algo así habría provocado un escándalo gigantesco. Luego, ante la descomposición de UCD, fundó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), un invento personalista, con una línea política errática, que no consiguió consolidarse y tuvo que abandonar en 1991. Cuando Suárez dejó el CDS, estaba todavía en plenitud de facultades, solo tenía 59 años. ¿Cómo es que aquel tipo con un olfato político y una capacidad de seducción insuperables se veía incapaz de manejarse en un nuevo tiempo, el de un país con una democracia consolidada, en la que los socialistas se habían hecho con una hegemonía que entonces parecía indisputable?

No había cambiado el político, habían cambiado las circunstancias. Las habilidades que en el momento crítico de la Transición resultaron una bendición no sólo para el interesado, sino para el conjunto del país, servían de poco cuando el sistema de partidos entraba en una fase de estabilización.

El ejemplo de Suárez sirve para entender las limitaciones de aquellas explicaciones de la política que lo fían todo a las cualidades de los líderes y su voluntad política. Que un político brille más o menos depende tanto o más de la coyuntura que le toque vivir que de su propia visión y determinación.

En las condiciones excepcionales de la Transición, cuando el país estaba por hacer y todo se decidía en medio de grandes dosis de incertidumbre, corriendo riesgos enormes, con un recuerdo vivo de lo que había significado no haber podido llegar a un acuerdo de reconocimiento mutuo entre las derechas y las izquierdas en los años treinta, los líderes brillaron con luz propia. No fue uno solo el que brilló, ni brillaron solo unos pocos. En general, la clase política dio muestras de responsabilidad política y altura de miras. No todos fueron iguales, ni todos tuvieron la misma influencia, por descontado, pero en general cumplieron las expectativas. Si sucedió así no fue porque estuvieran hechos de una pasta especial, sino porque la encrucijada histórica lo exigía. El hecho de que las élites políticas, en su conjunto, fueran capaces de acordar unos principios básicos (Constitución, amnistía, pacto de rentas, descentralización), resulta informativo no tanto sobre los políticos, sino sobre el momento político en el que tuvieron que actuar.

Vayamos más allá de la Transición. Un buen número de socialistas de la generación de Felipe González ha mostrado un desdén indisimulado hacia los siguientes líderes del partido. Comparan la gestión de González con la de Zapatero y Sánchez y consideran que el primero fue un titán y los segundos unos principiantes, unos meritorios. Felipe disipó el peligro de golpe militar, llevó a cabo la reconversión industrial, se jugó el tipo con el referéndum de la OTAN (que Sánchez se atreva a someter la Ley de amnistía a un referéndum, le retan), hizo un importante ajuste económico, metió a España en la Comunidad Económica Europea (CEE), puso las bases del Estado del bienestar, etc., etc., etc. A su lado, cualquier otra gestión queda empequeñecida.

Descontemos de nuevo todas las distorsiones (la de impronta, la cronológica y la generacional) y recordemos lo distintas que han sido las circunstancias en cada periodo. González ganó las elecciones de 1982 sin un partido de oposición. Disfrutó de una mayoría parlamentaria como no ha vuelto a haber otra en nuestra historia democrática (202 escaños, frente a tan solo 107 de Alianza Popular). El Gobierno no tenía apenas limitaciones: no sólo no había una oposición digna de tal nombre, sino que el Estado era todavía un Estado centralista, la construcción de las autonomías estaba dando sus primeros pasos; España no había ingresado aún en la CEE y por lo tanto había un margen amplio de discrecionalidad en las políticas impulsadas; asimismo, el PSOE tenía entonces un Tribunal Constitucional favorable (en 1992, diez de los doce magistrados eran progresistas, compárese con lo que vino después); controlaba la política monetaria a través del Banco de España, etc.

Y no se olvide que el país estaba a medio hacer, arrastraba importantes déficits de la dictadura, con lo que el programa de reformas era extraordinariamente amplio. No se trata de restar méritos a González, sino de entender que el liderazgo tiene mucho que ver con las oportunidades. En nuestros días, Sánchez gobierna en coalición, en un parlamento fragmentado, con una oposición que deslegitima la mayoría parlamentaria, sufriendo episodios de lawfare, bajo las reglas fiscales estrictas de la Unión Europea, con buena parte de las políticas sociales en manos de las Comunidades Autónomas, un Consejo General del Poder Judicial muy escorado a la derecha tras más de cinco años sin renovarse por el bloqueo que ha impuesto el Partido Popular, y negociando con unos partidos nacionalistas mucho menos cooperativos que en etapas anteriores. En un país polarizado, que no se ha recuperado plenamente de la gran crisis de 2008, con unos niveles de confianza ciudadana en los partidos políticos por los suelos, gobernar no es tarea imposible, pero casi.

A la luz de todas estas diferencias, el contraste entre líderes de periodos tan distintos se vuelve un poco arbitrario. Pongan a Sánchez a gobernar en 1982 y a González en 2018 y verán. Por supuesto, se trata de un puro ejercicio contrafáctico, de historia virtual, pero una consideración seria de los contextos en los que cada uno tuvo que actuar revela el sinsentido de intentar explicar los resultados solamente en función de la calidad de los liderazgos.

Es tarea vana hacer juicios sumarios sobre la decadencia de la política. La política ha cambiado tremendamente en los últimos cuarenta años y con ella los propios criterios con los que la valoramos. Aunque las reglas institucionales apenas se han modificado, el poder relativo de los gobiernos nacionales ha disminuido en gran medida, sobre todo en Europa, como consecuencia tanto de la globalización como de la integración supranacional. Por otro lado, los niveles de exigencia se han elevado considerablemente. Pensemos en la corrupción: conductas que hoy nos resultan inadmisibles eran sin embargo normales en los albores de nuestra democracia. En un sentido similar, las relaciones promiscuas entre políticos y periodistas que se daban entonces resultarían hoy escandalosas. A su vez, el Estado del bienestar es más potente que nunca y la Administración es incomparablemente más eficiente. Piénsese igualmente en la incorporación de la mujer a la política, veníamos de una política exclusivamente masculina; y en los derechos civiles, cómo han evolucionado. La lista podría extenderse durante varias páginas. Nada de esto quiere decir que todo haya ido a mejor, o que la política en la actualidad sea irreprochable. Los problemas son demasiado obvios como para que sea preciso enumerarlos aquí. Con todo, quisiera insistir en que, en cuestiones de política, la manera en que juzgamos y valoramos distintos periodos no es atemporal. No podemos juzgar el presente con los ojos del pasado, de la misma forma que no podemos mirar al pasado con la perspectiva de hoy.

_________________________

Ignacio Sánchez-Cuenca es catedrático de Ciencia Política

¿Cuántas veces habremos oído que hoy no hay líderes en España como los que hicieron posible la Transición? Ellos sabían llegar a acuerdos, pensaban en el interés general del país y no se dejaban llevar por consideraciones electorales de corto plazo. Es un lamento recurrente, en el fondo no muy distinto de aquel otro que percibe una degradación creciente e imparable de nuestro sistema educativo (ya saben, nuestros jóvenes tienen una formación deficiente, en lugar de leer se dedican a mirar pantallas, etc.).

Esta sugestión de que la política ha ido a menos es, en cierta medida, consecuencia de varios efectos distorsionadores. En primer lugar, la distorsión biográfica: quedamos marcados por la política de nuestra juventud y el inicio de la etapa adulta, de manera que con el paso del tiempo tendemos a juzgar todo lo que viene después por contraste con lo vivido en los años más impresionables. Es algo parecido al efecto de la impronta que estudió Konrad Lorenz en el reino animal.

En segundo lugar, la distorsión cronológica. Con el paso del tiempo, lo que en su momento parecía algo caótico y confuso va adquiriendo nitidez y claridad. Se pierden el ruido y la furia que siempre acompañan a la política y queda sólo aquello que importa, es decir, las palabras, las medidas y los actos que perduran y guardan un rastro en nuestra memoria. De ahí que la figura de los líderes vaya agrandándose conforme transcurren los años.

En tercer lugar, la distorsión generacional: a veces dejamos de entender a quienes vienen detrás, sus prioridades y preocupaciones son distintas y nos pueden parecer irrelevantes, alejadas de nuestro sentido común, sin que reparemos en que ello se debe en gran medida a que están construyendo algo nuevo sobre lo que hizo la generación anterior. Sólo así se explica esa tontería que se repite cuando fallece alguna figura pública provecta, “se van siempre los mejores”.

Alguien podría argumentar, no obstante, que, incluso teniendo en cuenta todas estas distorsiones y haciendo un autoexamen de las mismas, sigue siendo cierto que la calidad de los líderes políticos ha ido a menos. ¿Acaso no es cierto que los políticos de hoy carecen de la oratoria de sus predecesores y se limitan a leer lo que sus asesores escriben en papeles y tarjetones? Compárese un debate parlamentario de nuestros días con un debate de la época de la Transición. No hay color. ¿Y qué decir de su preparación? Entonces la política era una actividad prestigiada y respetada, atraía a los mejores profesionales; hoy, en cambio, los políticos no tienen una carrera fuera de la política, se han formado en los aparatos de los partidos, son una especie de burócratas del poder y la ambición. En fin, antes los políticos pensaban con amplitud de miras, se preocupaban por su nación y tenían un proyecto de país. Ponían por delante el bien común y la consolidación de la democracia.

Esta forma de pensar se puede percibir en todas las posiciones ideológicas. El nostálgico del PSOE advierte un declive indudable en la secuencia Felipe González/José Luis Rodríguez Zapatero/Pedro Sánchez, de la misma manera que el nostálgico del PP está convencido de que Alberto Nuñez Feijóo no tiene ni la experiencia ni la templanza de Mariano Rajoy, quien, por lo demás, era una sombra comparado con José María Aznar (si tiene el lector edad suficiente, querrá ir más atrás en el tiempo y recordará a Manuel Fraga). Ya puestos, ¿no es evidente que hay una enorme separación entre los discursos romos de Santiago Abascal y aquellos otros exaltados de Blas Piñar? ¿Y qué político de ahora podría reclamar el legado de Adolfo Suárez sin caer en el ridículo?

El caso de Suárez es el más interesante, y también el más instructivo. Su nombre despierta tanta admiración que soporta el principal aeropuerto de España. Él fue el gran artífice de la Transición. El rey Juan Carlos lo eligió para llevar a término lo que Carlos Arias Navarro no supo o no quiso hacer. Siendo aún ministro secretario general del Movimiento, Suárez citó unos versos de Antonio Machado en las últimas Cortes orgánicas. Sonó fresco y renovador. Supo moverse en los círculos del franquismo y despuntar como reformista primero y demócrata después, consiguió que los procuradores se hicieran el harakiri y aprobaran la octava Ley Fundamental del régimen, la Ley para la reforma política, que daba paso a unas primeras elecciones democráticas, elecciones que ganó él mismo con la Unión de Centro Democrático, un partido creado unas pocas semanas antes de los comicios. Bajo su presidencia se elaboró la Constitución, se aprobaron los Pactos de la Moncloa y se sentaron las bases del sistema autonómico. Ahí es nada.

Sin embargo, si alguien hubiera conocido solamente al Suárez de los ochenta, le habría resultado casi imposible imaginar que aquel político había desempeñado un papel tan crucial en los años de la Transición. A los pocos meses de dejar el Gobierno, se metió a hacer negocio con los marcadores de los estadios de fútbol para el Mundial de 1982. En nuestros días, algo así habría provocado un escándalo gigantesco. Luego, ante la descomposición de UCD, fundó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), un invento personalista, con una línea política errática, que no consiguió consolidarse y tuvo que abandonar en 1991. Cuando Suárez dejó el CDS, estaba todavía en plenitud de facultades, solo tenía 59 años. ¿Cómo es que aquel tipo con un olfato político y una capacidad de seducción insuperables se veía incapaz de manejarse en un nuevo tiempo, el de un país con una democracia consolidada, en la que los socialistas se habían hecho con una hegemonía que entonces parecía indisputable?

No había cambiado el político, habían cambiado las circunstancias. Las habilidades que en el momento crítico de la Transición resultaron una bendición no sólo para el interesado, sino para el conjunto del país, servían de poco cuando el sistema de partidos entraba en una fase de estabilización.

El ejemplo de Suárez sirve para entender las limitaciones de aquellas explicaciones de la política que lo fían todo a las cualidades de los líderes y su voluntad política. Que un político brille más o menos depende tanto o más de la coyuntura que le toque vivir que de su propia visión y determinación.

En las condiciones excepcionales de la Transición, cuando el país estaba por hacer y todo se decidía en medio de grandes dosis de incertidumbre, corriendo riesgos enormes, con un recuerdo vivo de lo que había significado no haber podido llegar a un acuerdo de reconocimiento mutuo entre las derechas y las izquierdas en los años treinta, los líderes brillaron con luz propia. No fue uno solo el que brilló, ni brillaron solo unos pocos. En general, la clase política dio muestras de responsabilidad política y altura de miras. No todos fueron iguales, ni todos tuvieron la misma influencia, por descontado, pero en general cumplieron las expectativas. Si sucedió así no fue porque estuvieran hechos de una pasta especial, sino porque la encrucijada histórica lo exigía. El hecho de que las élites políticas, en su conjunto, fueran capaces de acordar unos principios básicos (Constitución, amnistía, pacto de rentas, descentralización), resulta informativo no tanto sobre los políticos, sino sobre el momento político en el que tuvieron que actuar.

Vayamos más allá de la Transición. Un buen número de socialistas de la generación de Felipe González ha mostrado un desdén indisimulado hacia los siguientes líderes del partido. Comparan la gestión de González con la de Zapatero y Sánchez y consideran que el primero fue un titán y los segundos unos principiantes, unos meritorios. Felipe disipó el peligro de golpe militar, llevó a cabo la reconversión industrial, se jugó el tipo con el referéndum de la OTAN (que Sánchez se atreva a someter la Ley de amnistía a un referéndum, le retan), hizo un importante ajuste económico, metió a España en la Comunidad Económica Europea (CEE), puso las bases del Estado del bienestar, etc., etc., etc. A su lado, cualquier otra gestión queda empequeñecida.

Descontemos de nuevo todas las distorsiones (la de impronta, la cronológica y la generacional) y recordemos lo distintas que han sido las circunstancias en cada periodo. González ganó las elecciones de 1982 sin un partido de oposición. Disfrutó de una mayoría parlamentaria como no ha vuelto a haber otra en nuestra historia democrática (202 escaños, frente a tan solo 107 de Alianza Popular). El Gobierno no tenía apenas limitaciones: no sólo no había una oposición digna de tal nombre, sino que el Estado era todavía un Estado centralista, la construcción de las autonomías estaba dando sus primeros pasos; España no había ingresado aún en la CEE y por lo tanto había un margen amplio de discrecionalidad en las políticas impulsadas; asimismo, el PSOE tenía entonces un Tribunal Constitucional favorable (en 1992, diez de los doce magistrados eran progresistas, compárese con lo que vino después); controlaba la política monetaria a través del Banco de España, etc.

Y no se olvide que el país estaba a medio hacer, arrastraba importantes déficits de la dictadura, con lo que el programa de reformas era extraordinariamente amplio. No se trata de restar méritos a González, sino de entender que el liderazgo tiene mucho que ver con las oportunidades. En nuestros días, Sánchez gobierna en coalición, en un parlamento fragmentado, con una oposición que deslegitima la mayoría parlamentaria, sufriendo episodios de lawfare, bajo las reglas fiscales estrictas de la Unión Europea, con buena parte de las políticas sociales en manos de las Comunidades Autónomas, un Consejo General del Poder Judicial muy escorado a la derecha tras más de cinco años sin renovarse por el bloqueo que ha impuesto el Partido Popular, y negociando con unos partidos nacionalistas mucho menos cooperativos que en etapas anteriores. En un país polarizado, que no se ha recuperado plenamente de la gran crisis de 2008, con unos niveles de confianza ciudadana en los partidos políticos por los suelos, gobernar no es tarea imposible, pero casi.

A la luz de todas estas diferencias, el contraste entre líderes de periodos tan distintos se vuelve un poco arbitrario. Pongan a Sánchez a gobernar en 1982 y a González en 2018 y verán. Por supuesto, se trata de un puro ejercicio contrafáctico, de historia virtual, pero una consideración seria de los contextos en los que cada uno tuvo que actuar revela el sinsentido de intentar explicar los resultados solamente en función de la calidad de los liderazgos.

Es tarea vana hacer juicios sumarios sobre la decadencia de la política. La política ha cambiado tremendamente en los últimos cuarenta años y con ella los propios criterios con los que la valoramos. Aunque las reglas institucionales apenas se han modificado, el poder relativo de los gobiernos nacionales ha disminuido en gran medida, sobre todo en Europa, como consecuencia tanto de la globalización como de la integración supranacional. Por otro lado, los niveles de exigencia se han elevado considerablemente. Pensemos en la corrupción: conductas que hoy nos resultan inadmisibles eran sin embargo normales en los albores de nuestra democracia. En un sentido similar, las relaciones promiscuas entre políticos y periodistas que se daban entonces resultarían hoy escandalosas. A su vez, el Estado del bienestar es más potente que nunca y la Administración es incomparablemente más eficiente. Piénsese igualmente en la incorporación de la mujer a la política, veníamos de una política exclusivamente masculina; y en los derechos civiles, cómo han evolucionado. La lista podría extenderse durante varias páginas.

Nada de esto quiere decir que todo haya ido a mejor, o que la política en la actualidad sea irreprochable. Los problemas son demasiado obvios como para que sea preciso enumerarlos aquí. Con todo, quisiera insistir en que, en cuestiones de política, la manera en que juzgamos y valoramos distintos periodos no es atemporal. No podemos juzgar el presente con los ojos del pasado, de la misma forma que no podemos mirar al pasado con la perspectiva de hoy.

*Ignacio Sánchez-Cuenca es catedrático de Ciencia Política.

Neoliberalismo se dice de dos maneras. En primer lugar, se habla de neoliberalismo para referirse a una cierta forma de entender la economía, según la cual la interferencia del Estado en el mercado es negativa, ineficaz o contraproducente. La apuesta decidida por la economía de mercado libre tiene padrinos intelectuales varios, procedentes de tradiciones distintas. Mencionaré las que resultan mejor conocidas: la Escuela Austriaca de economía (Friedrich Hayek, Ludwig von Mises), la Escuela de Chicago (Milton Friedman, George Stigler, Gary Becker), la Escuela de la Elección Pública (James Buchanan, Gordon Tullock) y el Ordoliberalismo alemán. Esta múltiple parentela hace que no haya una doctrina perfectamente unívoca e identificable.

Como teoría económica, el neoliberalismo no pretende que no haya Estado o que el Estado se reduzca a su mínima expresión. Los neoliberales entienden que el funcionamiento de los mercados solo es posible mediante un Estado fuerte que garantice los derechos de propiedad y competición. Pero el Estado, más que hacer política económica, debe limitarse a establecer reglas que sostengan y hagan posible la economía de mercado.

Ahora bien, ¿qué sucede si, en una democracia, hay una mayoría social favorable a que el Estado intervenga en la economía? Los neoliberales consideran que están en posesión de una verdad importante que no puede fastidiarse por el juego democrático. Por eso, creen que hay que limitar el ejercicio de la democracia (o, si se prefiere, de la política). Así, desde su punto de vista, la democracia tiene que subordinarse a las reglas de mercado, reglas que deberían ser intocables, es decir, que deberían estar por encima de lo que quieran las mayorías. La democracia es aceptable siempre y cuando no moleste los fundamentos jurídicos e institucionales del capitalismo. En todo caso, si se establece un dilema agudo entre libre mercado y democracia, muchos neoliberales sacrificarían la democracia antes que el libre mercado.

El Chile de Pinochet fue un laboratorio de pruebas para los padres fundadores del neoliberalismo. Se impuso el libre mercado por la fuerza. Se privatizaron las pensiones, se introdujo el cheque escolar, se suprimieron los sindicatos, y todo ello antes de que Reagan y Thatcher inauguraran la era neoliberal. Los neoliberales observaron el experimento chileno con indisimulada simpatía. Hayek, de hecho, visitó el país en un par de ocasiones y declaró en una entrevista que el libre mercado que Pinochet favorecía era más importante que la democracia (encarnada por Allende). Entre un régimen autoritario con mercado libre y una democracia con una economía intervenida, Hayek optaba por el primero.

Para blindar el capitalismo frente a posibles interferencias políticas, los neoliberales siempre han estado a favor de establecer instituciones independientes del poder representativo que restrinjan el margen de acción de los gobernantes democráticamente elegidos. De ahí la proliferación de organismos independientes a lo largo de las últimas décadas, ya sean los bancos centrales, las agencias reguladoras en sectores básicos como la energía y las telecomunicaciones, los organismos económicos internacionales o la propia arquitectura institucional de la Unión Europea. Hayek, en un artículo escrito en fecha tan temprana como 1939, ya dijo que el mejor remedio para evitar políticas nacionales socialdemócratas consistía en establecer algún tipo de federación europea.

¿Hasta qué punto ha triunfado la visión neoliberal de la economía? En mi opinión, ha conseguido que muchas de sus aspiraciones institucionales se lleven a la práctica. Hoy en día los gobiernos están mucho más maniatados que en el pasado. Las instituciones independientes y supranacionales han achicado considerablemente el terreno en el que se pueden mover los gobiernos electos. Ahora bien, reconocido esto, debe recordarse asimismo que el neoliberalismo no ha acabado ni con el Estado del bienestar ni con las políticas económicas expansivas. Y no lo digo solo por lo que ha sucedido a raíz de la pandemia o, más recientemente aún, en respuesta a la guerra de Ucrania. Antes de la pandemia ya era verdad que el gasto público (y, también, el gasto social) se encontraba en la mayoría de los países desarrollados en su máximo histórico. Nunca los Estados han gastado tantos recursos en corregir las desigualdades y estimular la economía como en la actualidad.

¿Pero en qué quedamos entonces? ¿Vivimos en una era neoliberal o socialdemócrata? Curiosamente, no es fácil responder a una pregunta tan sencilla. El entramado institucional del capitalismo globalizado corresponde al sueño neoliberal, que ha sido cumplido en buena medida, pero los Estados nacionales continúan movilizando recursos enormes para intervenir en la economía y proteger a los ciudadanos de las contingencias de la vida (el paro, la enfermedad, la dependencia, etc.).

Y esto me lleva a la segunda de las maneras en las que hablamos de neoliberalismo. Ahora ya no nos referimos a una doctrina o teoría económica específica, sino a algo más abstracto y etéreo, lo que podríamos llamar la ideología espontánea y cotidiana del capitalismo avanzado. Se trata de un modo de entender el mundo social basado en una concepción profundamente individualista del ser humano, según la cual vivimos en sociedad, pero cada uno es responsable de su suerte y cada uno ha de buscarse la solución a los problemas. Debemos invertir en educación para ser productivos y competitivos, debemos ser capaces de transformar en valor económico todas nuestras decisiones. Quien no lo consiga tendrá que resignarse y pagará un alto coste por no haberse esforzado lo suficiente. La pobreza, desde este punto de vista, es un síntoma de un fracaso personal más que un resultado de un proceso social injusto.

En alguna ocasión he recurrido a una imagen para explicar sintéticamente en qué consiste el modelo neoliberal de vida. En concreto, creo que el aeropuerto es el lugar que encarna con mayor exactitud el ideal liberal. El aeropuerto constituye un lugar cerrado al exterior, sometido a estrictas medidas de seguridad, libre de pobres, en el que cada día pasan decenas de miles de personas que se cruzan anónimamente, cada uno a su destino, y que se mueven en unos espacios dedicados casi exclusivamente al consumismo. Esta mezcla de anonimato, seguridad y consumo es típica del orden social neoliberal; ejemplifica el modo individualista de existencia que asociamos en grado máximo a la ideología neoliberal, donde los espacios comunes son solo lugares de paso en los que queremos estar protegidos y poder realizar con tranquilidad nuestras decisiones de compra.

El neoliberalismo como emanación ideológica del capitalismo y de la sociedad de consumo supone un estadio superior del individualismo. En su variante digital, basada en un desarrollo tecnológico brutal, apenas imaginable hace unas pocas décadas, el individuo tiene a su alcance una oferta casi ilimitada de entretenimiento, consumo e información a través de las múltiples pantallas que nos rodean.

En este segundo sentido, el neoliberalismo ha tenido más éxito que el neoliberalismo como doctrina económica. No cabe duda de que hay una afinidad electiva entre ambos sentidos, pues ambos se basan en una idea genérica de un consumidor como figura soberana, aunque con implicaciones distintas en cada caso. La soberanía, en cualquier caso, se hace residir en el consumidor individual, no en el pueblo o la nación. Sus decisiones no deben ser cuestionadas por la política. En este sentido, me parece que el neoliberalismo económico no ha triunfado del modo en que lo ha hecho el neoliberalismo como ideología propia del capitalismo.

Lo interesante es que aunque la ideología neoliberal ha tenido una fuerte expansión, configurándose como el sentido común de una época, es decir, una forma natural de percibir y valorar el mundo, no ha logrado, ni probablemente consiga hacerlo nunca, un total dominio de las mentalidades. Al fin y al cabo, seguimos conservando nuestro instinto animal de sociabilidad, seguimos viviendo en familia y seguimos celebrando actividades comunales (del deporte al turismo de masas). Las redes sociales, las formas virtuales de realidad social, la capacidad de elección que abre el mundo digital, contribuyen al reforzamiento del individualismo, pero no pueden eliminar del todo nuestra sociabilidad ni nuestra capacidad de actuar colectivamente.

Es probable que el avance de modos individualistas de entender la sociedad, sobre todo en un mundo crecientemente digitalizado, sea irreversible: va, por decirlo así, con el viento de cola del espíritu de los tiempos. Ahora bien, la cuestión de fondo es si el desarrollo del individualismo consistirá en llevar al límite la conformación de una sociedad de consumidores, como la ideología neoliberal pretende, o si lograremos canalizar ese individualismo hacia formas de emancipación, autonomía y desarrollo personal que nos liberen de la condición de ciudadanos consumidores.

Por decirlo de otro modo, dado que el horizonte de una sociedad plenamente postpolítica (tecnocrática) es seguramente ilusorio y no podemos ser solo consumidores (de bienes, de estilos de vida, de lugares, de identidades personales), el desafío consiste en adaptar la política a las nuevas formas de existencia, basadas en individuos empoderados, con amplia capacidad de elección, que atribuyen gran importancia a la identidad personal y sus posibilidades prácticas de realización, pero que, sin embargo, no son indiferentes a la suerte de los demás y están dispuestos a aceptar marcos de solidaridad e interdependencia que sean coherentes con esos parámetros propios de nuestro tiempo.

* Ignacio Sánchez-Cuenca (Valencia, 1966) es profesor universitario, politólogo y analista de la actualidad sociopolítica. Entre los títulos de su obra destacan ‘La impotencia democrática: sobre la crisis política de España’ (2013), ‘La desfachatez intelectual. Escritores e intelectuales ante la política’ (2016) o ‘La izquierda: fin de (un) ciclo’ (2019).

¿Son los ciudadanos votantes reflexivos o electores que escogen en las urnas a su partido político de siempre de manera similar a los que animan siempre al mismo equipo de fútbol? Mariano Torcal, catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra, director del Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM) y profesor adjunto en la Universidad de Denver, se plantea esta pregunta en De votantes a hooligans. La polarización política en España, un libro en el que el autor analiza las pulsiones emocionales que provocan las "megaidentidades partidistas", algo que acaba teniendo consecuencias inevitables en la confianza institucional y en la propia democracia. Editado por Catarata, se podrá encontrar en las librerías a partir de este 23 de enero. infoLibre publica el prólogo escrito por el también profesor de Ciencia Política y ensayista Ignacio Sánchez-Cuenca.

___________________

Hay algo desconcertante en la importancia que ha adquirido en estos tiempos el fenómeno de la polarización política. Si nos situamos en los años previos a la gran crisis de 2008, todo parecía indicar entonces que nos dirigíamos a un mundo en el que la ideología pesaría cada vez menos. Por un lado, la alternativa al capitalismo liberal, es decir, el modelo comunista de planificación central, se derrumbó definitivamente en 1989. La URSS se rompió en trozos y los países del Pacto de Varsovia iniciaron un tránsito rápido y traumático al capitalismo. China no rompió formalmente con el ideario comunista, pero se deslizó con una determinación de hierro hacia una forma sui generis de capitalismo de Estado. Por otro lado, la integración de los sistemas económicos nacionales en las cadenas globales de producción y distribución limitó considerablemente el margen de acción de los gobiernos, ya fueran democráticos o autoritarios. Se establecieron unos férreos consensos internacionales sobre la política económica y se reforzó enormemente el peso de los reguladores independientes, incluyendo, por supuesto, a los bancos centrales. Todo ello redundó en una limitación de lo que los gobiernos podían intentar hacer unilateralmente, sin contar con el resto. Quizá la manifestación más clara del espíritu de los tiempos fue la tercera vía que adoptaron muchos de los partidos socialdemócratas occidentales: la socialdemocracia hacía suyos buena parte de los principios del neoliberalismo dominante (privatizaciones, libre comercio, desregulación de los mercados de trabajo, etcétera).

Si las diferencias ideológicas entre los partidos se estrechaban, si nadie era capaz de pensar en políticas fuera de los consensos del establishment, lo lógico era esperar que las diferencias ideológicas fueran diluyéndose. Y, sin embargo, en los últimos quince años hemos sido testigos de cómo la política, en muchos países, se ha ido volviendo cada vez más divisiva. La posibilidad de alcanzar grandes acuerdos entre fuerzas de distinta ideología se ha vuelto remota, pues muchos ciudadanos entienden que cualquier forma de transacción es una traición a unos valores que considera irrenunciables.

¿Cómo puede suceder que habiendo tan pocas diferencias en las políticas económicas que ofrecen los partidos, la polarización haya aumentado de forma tan acusada? Se trata, en cualquier caso, de una polarización peculiar, que no guarda demasiada relación con la que se vivió en el periodo de entreguerras. En aquella época, la democracia liberal tenía que lidiar con dos alternativas formidables, el fascismo y el comunismo. Ahora, en cambio, la democracia no tiene rivales. Aunque un número preocupante de democracias ha ido perdiendo su condición liberal y algunas incluso han mutado en regímenes autoritarios, el hecho es que, al menos en el plano teórico, no hay alternativas a la democracia. Por muy tramposo que resulte, los regímenes autoritarios siguen recurriendo como principio legitimador al principio democrático, no son capaces de establecer una fuente distinta de legitimación. Se justifican alegando que la democracia liberal no es auténtica, que los deseos de los ciudadanos no cuentan en las democracias realmente existentes y que es preciso establecer formas más directas de hacer política: en el fondo, no son sino formas perversas de intentar legitimar democráticamente formas de gobierno iliberales o autoritarias, pero el hecho mismo de que no puedan desbordar el marco conceptual de la soberanía popular resulta muy elocuente sobre la hegemonía alcanzada por la democracia en las últimas décadas.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué la ideología parece haberse enseñoreado de la política? Como apunta el autor de este libro, Mariano Torcal, los votantes parecen actuar en mayor medida como hooligans que como ciudadanos reflexivos. ¿De dónde procede tanto apasionamiento y tantas ganas de tener razón a toda costa?

Para entender esta aparente paradoja de que la polarización se haya disparado en medio de la hegemonía del capitalismo globalizado, es preciso distinguir entre la polarización ideológica y la afectiva. Como muestra Torcal con precisión y gran riqueza de análisis empíricos, la polarización que ha aumentado considerablemente es la afectiva, no la ideológica. Se trata del disgusto que nos provocan quienes no piensan como nosotros. Nos enfrentamos unos con otros porque, aun si aceptamos que no haya diferencias profundas en la gestión de los asuntos económicos, tenemos, en todo lo demás, concepciones del mundo radicalmente diferentes. Ahora bien, ¿no había sido siempre así? ¿Qué hay de nuevo para que concluyamos que la polarización, aun si limitada solo al plano afectivo, es hoy un problema?

A menudo se responsabiliza a las redes sociales y, más en general, a la creciente digitalización de los asuntos públicos, del aumento de la polarización afectiva. Los análisis rigurosos y sistemáticos que ofrece el autor en este libro arrojan dudas sobre esa interpretación. Aunque resulte muy socorrido echar todas las culpas a Twitter o WhatsApp, parece que, en todo caso, las redes sociales son facilitadores, pero no causantes. Es decir, permiten que la polarización reine a sus anchas, reforzándola quizá por la inmediatez de las comunicaciones, pero no provocándola en primera instancia.

Torcal habla en este libro de identidades megapartidistas. En torno a los partidos se construyen cosmovisiones que resultan irreconciliables entre sí. La clave está en que la política se organice según identidades, que son siempre menos negociables que los intereses. Se constituyen de esta manera grupos o colectivos nucleados a partir de identidades políticas y morales fuertes que están destinados a no entenderse entre sí. La ideología se cuela por los pliegues de la identidad, provocando un alineamiento de preferencias en torno a cuestiones en principio muy diversas. Así, una persona de izquierdas desarrollará una fuerte conciencia crítica sobre el cambio climático, sobre la libertad de elección de estilos de vida, sobre los derechos de las minorías, sobre la resolución bélica de los conflictos internacionales, sobre los derechos civiles, sobre la memoria histórica, etc. La persona de derechas hará lo mismo, solo que en sentido inverso. A pesar de que se trata de asuntos muy distintos, que podrían tratarse por separado, la ideología actúa como un poderoso pegamento que acaba uniéndolos todos en una especie de paquete político que se toma o se deja en su integridad. A veces la ideología falla, no cumple su función como se espera y se producen debates ásperos dentro de cada ideología (como, por ejemplo, cuando en la izquierda se consuma una división entre partidarios y detractores de la libre elección de género), reproduciéndose, en el seno de un mismo bloque ideológico, una especie de polarización recursiva entre maneras alternativas de entender los valores ideológicos.

En realidad, el cambio cultural acelerado de nuestras sociedades, condensado en la aparición de lo que Ronald Inglehart llamó preferencias “posmaterialistas” o “egoexpresivas”, ha generado una ampliación del radio de acción de la política. Los asuntos socioeconómicos continúan siendo importantes, pero, en la política contemporánea, no son los únicos, pues todo lo que tiene que ver con elecciones morales (relativas a derechos civiles, estilos de vida, medioambiente, etc.) constituye hoy una parte importante del debate político. En esas elecciones morales cristalizan las identidades de los individuos, que en ocasiones se decantan hacia lo liberal/cosmopolita/abierto o hacia su reverso, lo tradicional/nacional/cerrado, con múltiples modulaciones dependiendo de las características políticas y culturales de cada país. Al acoplarse estas diferencias valorativas a las diferencias tradicionales en el plano socioeconómico entre la izquierda y la derecha, se configuran unas sólidas identidades ideológicas o megapartidistas que, al enfrentarse en la esfera pública, provocan el aumento de la polarización afectiva.

Según muestra Torcal en las páginas que siguen, tanto la polarización afectiva como la ideológica han aumentado en España significativamente, si bien nos mantenemos en posiciones intermedias dentro del ranking de países. En cualquier caso, ¿por qué debería preocuparnos? ¿Acaso la democracia no puede funcionar adecuadamente con niveles elevados de polarización? No es que haya un peligro inminente de colapso democrático, pero, no obstante, la polarización afectiva tiene consecuencias importantes sobre el sistema político: reduce la confianza social, la valoración de la democracia y la confianza en las instituciones. Todo ello nos lleva a sociedades más fragmentadas, menos cohesionadas. Con todo, hay que introducir una matización de gran interés: gracias a los detallados análisis que realiza Torcal en este libro, descubrimos que no toda la polarización afectiva produce los mismos efectos. En concreto, los datos revelan que la polarización que ha introducido VOX en España es más tóxica y negativa que la que trajo en su momento la irrupción de Podemos. Parece sugerirse así que las consecuencias de la polarización afectiva deben examinarse en función de las características propias de las distintas identidades megapartidistas.

El presente libro es, de lejos, el análisis más exhaustivo y sistemático sobre la polarización afectiva en España. El autor es uno de los politólogos más prolíficos y prestigiosos de España. Lamentablemente, se prodiga poco en la esfera pública, habiéndose concentrado en una investigación insobornablemente académica. Aunque no abandona en ningún momento el rigor académico, presenta aquí una visión integral del fenómeno de estudio (una visión comparada, que aborda las manifestaciones de la polarización, su evolución, su relación con las redes sociales, sus efectos en la cultura política) que servirá de referencia para que nuestros debates sobre el tema sean más ricos y estén mejor informados.

El desorden político, la nueva obra de Ignacio Sánchez-Cuenca, aborda la desintermediación social como responsable de la crisis de representación política. Según el autor, "se ha vuelto imprevisible, caótica y, en buena medida, incomprensible". En este libro se encuentran reflejados algunos de los sucesos "extraordinarios" que se han producido durante la última década, como la elección de Donald Trump, la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea o el auge de los partidos nacional-populistas en los países más prósperos de Europa. Según una de las tesis principales del ensayo, partidos políticos y medios de comunicación "han perdido buena parte de su autoridad social. Su función de intermediadores se encuentra seriamente cuestionada, de ahí que la política se desordene". infoLibre publica a continuación "Política desordenada", la introducción del libro editado por Catarata y que llega a las librerías este domingo, 20 de marzo.

_____

Algo pasa en la política contemporánea, que se ha desordenado: se ha vuelto imprevisible, caótica y, en buena medida, incomprensible. Si a alguien en 2005 le hubieran dicho lo que iba a suceder durante los siguientes 15 años, no lo habría creído posible. La lista de sucesos extraordinarios o altamente improbables que se han producido en este tiempo resulta asombrosa: la elección de Donald Trump en 2016; la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea tras un referéndum popular en ese mismo año; la quiebra del sistema de partidos en países como España y Francia; el auge de los partidos nacional-populistas, con una fuerte carga xenófoba, en algunos de los países más prósperos y con mejor calidad de gobierno del mundo; la llegada al poder de un partido a la izquierda de la socialdemocracia en Europa Occidental (Syriza en 2015); la aparición de líderes “radicales” en el Partido Demócrata en Estados Unidos y el Partido Laborista en Reino Unido; la involución autoritaria en Hungría y Polonia; el nacionalismo excluyente de Narendra Modi en India, que pone en peligro uno de los mayores experimentos democráticos de la historia; la elección de Jair Bolsonaro en Brasil en 2019; y la victoria electoral en 2018 del Movimiento 5 Estrellas, una formación antipolítica creada por un cómico italiano.

Si nos abstraemos de los sucesos concretos, por más llamativos que resulten, lo que observamos en términos de tendencias políticas es: (i) una fuerte polarización política, (ii) una elevada volatilidad del voto, (iii) la aparición de hiperliderazgos que trascienden las estructuras organizativas de los partidos y (iv) una extendida desafección política en muchos países, muy relacionada con la percepción de que la voz de los ciudadanos no tiene peso en las decisiones políticas.

Todo esto ha ocurrido en medio de la cacofonía de una esfera pública digitalizada, en la que la información y la opinión fluyen como un torrente a través de las redes sociales. Los más críticos hablan, con pesar, de la posverdad, los bulos (fake news) y el sectarismo que dominan el debate político de nuestro tiempo. En algunas sociedades, las distancias políticas se han ensanchado peligrosamente. Las personas con ideologías distintas cada vez tienen menos terreno común para entenderse. Se alimentan de noticias y análisis que confirman sus puntos de vista; no son capaces de ponerse en la piel de quien piensa diferente y, por lo tanto, se recluyen en comunidades virtuales cerradas desde las que los demás parecen malvados o ignorantes. A pesar de que hay más información que nunca, nos dejamos llevar por lo que los psicólogos llaman “razonamiento motivado” o “sesgo confirmatorio”: filtramos la evidencia para quedarnos con aquello que confirma nuestras ideas originales. No es de extrañar que proliferen las teorías conspirativas en sociedades que, por lo demás, nunca han sido tan prósperas ni tan abiertas ni con niveles tan altos de educación; teorías que van desde los terraplanistas a los negacionistas de la COVID-19 y los antivacunas.

La tesis central de este libro es que todos estos fenómenos están relacionados y responden a unas tendencias comunes de nuestro tiempo. Hay hilos, más o menos invisibles, que unen el desorden político de esta época con las patologías de la esfera pública. A mi juicio, la lista de sucesos extraordinarios y tendencias anómalas es un reflejo de una transformación profunda de las sociedades causada por factores tanto tecnológicos como culturales. Dicha transformación consiste en la disolución o democratización de las instancias de intermediación que ordenaban la vida social, económica y política en el pasado. En el ámbito político, los principales agentes intermediadores de las democracias representativas son los partidos políticos y los medios de comunicación. Los partidos median entre los ciudadanos y el Estado, configurando un espacio político centrado en torno a unas pocas cuestiones que permite la agregación de las preferencias populares y su conversión posterior en políticas públicas. Los medios, por su parte, son los intermediadores en la esfera pública, ordenando y organizando la transmisión de información y actuando como fiscalizadores de la actividad política.

Pues bien, ambos tipos de intermediación atraviesan una crisis de credibilidad o, si se prefiere, de autoridad. Los partidos políticos siempre han tenido mala prensa, pero en muchos países la confianza de los ciudadanos en los partidos está por los suelos. Las razones son múltiples. Por un lado, los escándalos de corrupción (que en sociedades transparentes son más visibles) erosionan el vínculo representativo entre políticos y ciudadanos. Por otro, los partidos se han acostumbrado a exagerar o distorsionar sus mensajes en las campañas electorales y, cuando llegan al poder, no están en condiciones de cumplir lo prometido. Además, en una época caracterizada por la complejidad y la incertidumbre, los partidos aparecen como maquinarias burocráticas manejadas por unos profesionales cuyos intereses personales se desvían de los de sus votantes. Por si todo esto no fuera suficiente, el hecho de que el espacio de la política se haya estrechado, de modo que un número creciente de asuntos, sobre todo económicos, queden al margen de las instituciones representativas, en beneficio de agencias tecnocráticas independientes y no electas (despolitización de la economía), no contribuye precisamente al prestigio de la política.

En el caso de los medios de comunicación, su grado de dependencia de los grandes intereses financieros compromete su imparcialidad y los vuelve sospechosos a ojos de muchos ciudadanos que piensan que tienen agendas ideológicas. A su vez, la digitalización de la información vuelve innecesaria la labor de filtrado, procesado y empaquetado de las noticias que realizan los medios tradicionales. La información se disemina ahora a través de las redes sociales por canales que los propios medios no controlan. Así, hay cada vez más lectores que se interesan por una noticia, un reportaje o un artículo de opinión no por el medio que lo publica, sino por la recomendación de algún conocido del que se fía.

Partidos y medios han perdido buena parte de su autoridad social. Su función de intermediadores se encuentra seriamente cuestionada, de ahí que la política se desordene. Los procesos de agregación de preferencias y configuración de la opinión pública han dejado de operar como en el pasado, se encuentran averiados y no hemos encontrado aún la manera de repararlos. El problema se concentra en estos dos actores, partidos y medios, y no tanto en el régimen democrático. De hecho, en el terreno de las ideas no han surgido alternativas a la democracia. Incluso en los casos en que observamos una deriva autoritaria (Hungría, India, Turquía, Venezuela), se sigue hablando en nombre del pueblo y la democracia. Lo que se cuestiona no es la democracia en sí misma, sino más bien su mecanismo representativo. Más que una crisis de régimen, vivimos una crisis de representación, que afecta fundamentalmente a los sistemas de  partidos. Esta es la razón por la que no hay un paralelismo claro con la época de entreguerras, en la que las democracias europeas se enfrentaban a competidores formidables como el comunismo y el fascismo.

Prácticamente en todos los casos de crisis políticas recientes es posible encontrar en el origen una quiebra de la confianza en la representación, ya sea por escándalos de corrupción, por incoherencias ideológicas de los partidos en el poder o por colusión de los partidos tradicionales, que dejan desatendidas ciertas demandas populares. Cuando falla la representación, la política se sale de sus cauces habituales, se rompen los vínculos tradicionales entre votantes y partidos y se observan fenómenos de realineamiento electoral, una elevada volatilidad, así como una desestabilización de los sistemas de partidos. Surgen entonces competidores nuevos, que se suben a la ola de indignación y desafección para denunciar la vieja política y ofrecer una nueva forma de relación con el electorado, una relación directa, sin intermediarios, en la que el líder establece una conexión especial con sus votantes al margen de las estructuras internas de las organizaciones partidistas y de las instituciones que controlan y mantienen a raya a los partidos (los frenos y contrapesos propios de las democracias liberales). El líder debe presentarse como “uno de los nuestros”, como una encarnación del pueblo al que quiere defender, dignificar y proteger. Frente a este tipo de líder, los dirigentes de los partidos tradicionales aparecen como unos “funcionarios” incapaces de romper con ciertas rutinas, deferentes con los poderosos y dispuestos a dejar de lado las promesas con las que se ganaron la confianza de los votantes. Por eso, los nuevos partidos adoptan nombres que les diferencian claramente de sus competidores tradicionales: en la actualidad, suelen adoptar expresiones que indican acción o identidad, no ideología, ocultando su condición de partido: Podemos, En Marche!, Francia Insumisa, Forza Italia, Ciudadanos, Movimiento 5 Estrellas, Vox, etc.

Ante el descrédito de los partidos, las nuevas formaciones políticas nacen como plataformas, muchas veces en torno a un líder. Algunas, como Ciudadanos o En Marche!, se mueven en posiciones liberales, aunque son excepciones. A la mayoría de ellas se les aplica el calificativo de “populistas”. Por razones que luego expondré con mayor detalle, creo que el término está gastado, aunque solo sea por la intención política con la que se emplea. Es de gran valor lo que se ha escrito sobre populismo, pero, aun así, recurro a la expresión “partidos antiestablishment”, que considero más neutral y, también, más genérica. Creo que la idea de actitudes antiestablishment refleja con precisión la crisis de intermediación que está en la base de las transformaciones políticas a las que he hecho referencia.

Según la tesis principal que defiendo, la crisis que afecta a partidos y medios es parte de una tendencia más amplia de desarticulación de las instancias intermediadoras. Frente a la mayor parte de los estudios sobre populismo y crisis política, que intentan encontrar las causas del fenómeno en factores económicos (paro, desigualdad de ingresos, desindustrialización, inseguridad económica, pérdida de poder adquisitivo, etc.), en este libro trato de conectar las mutaciones de la política, y más específicamente de la democracia representativa, con esta tendencia general a la desintermediación.

Por supuesto, las condiciones económicas pueden tener gran importancia, pero están lejos de poder ofrecer una explicación integral del fenómeno de estudio. Las razones para realizar esta afirmación aparecen detalladamente en varios de los capítulos del libro; por no cansar al lector con repeticiones innecesarias, me limito ahora a enumerar esas razones de forma muy esquemática. En primer lugar, muchos de los indicadores de desgaste democrático (mayor volatilidad, mayor polarización, menor participación electoral) muestran una tendencia creciente que es muy anterior a la Gran Recesión de 2008. Algunos casos muy notables de populismo son, desde luego, previos a la Gran Recesión, incluyendo la experiencia pionera de Silvio Berlusconi a mediados de la década de los noventa y la ola de populismos de izquierda latinoamericanos que se inicia a finales de esa misma década. En segundo lugar, el ascenso de fuerzas antiestablishment fuera de Europa Occidental (en Hungría, en India, etc.), no está relacionado con los problemas económicos de los que se habla a propósito del primer mundo. En tercer lugar, si las causas principales del apoyo a partidos antiestablishment fueran las económicas, deberíamos observar que las personas afectadas por las condiciones antes indicadas optan por partidos antiestablishment de izquierda, pues son los que explotan estos temas y proponen medidas redistributivas más ambiciosas. Sin embargo, los partidos que más crecen en este tiempo son los de la derecha nacionalpopulista, lo que casa mal con las motivaciones económicas. Por todas estas razones, creo que los factores económicos pueden haber acelerado ciertas tendencias, pero no son necesariamente los causantes de las mismas.

Descartadas las condiciones económicas como causa principal de los fenómenos políticos de interés, me centro en la tendencia general a la desintermediación, es decir, los procesos tecnológicos y culturales que o bien hacen innecesaria la intermediación o bien la transforman, convirtiéndola en un mecanismo horizontal y descentralizado. Permítanme que ilustre la idea general mediante un caso muy sencillo. Antes de la llegada de internet, cuando alguien quería viajar en avión al extranjero, acudía a una agencia de viajes. Allí, el personal preguntaba por las preferencias (fechas, precio, itinerario, etc.), ofrecía varias opciones y el cliente una sobre la marcha. Tras realizar diversas gestiones, la agencia emitía un billete de avión, de formato rectangular, con un papel especial de IATA (International Air Transport Association). Hoy en día, los billetes de avión son meras transacciones electrónicas y el viajero puede obtenerlos directamente a través de internet, sin necesidad de una agencia de viajes. El viajero se beneficia de los buscadores, que permiten elegir horarios y precios a conveniencia del consumidor. La agencia de viajes era un mediador entre la compañía aérea y el viajero. El billete de avión en papel desapareció en 2008 y el sector de las agencias de viaje se ha reducido enormemente.

Procesos similares se observan en múltiples ámbitos de la vida social y económica, desde los mercados financieros hasta la cultura, donde el papel intermediador de la crítica ha disminuido mucho como consecuencia de la democratización de las opiniones y valoraciones que los usuarios dejan en las redes acerca del valor de los productos culturales. Por lo demás, las nuevas tecnologías van a acelerar este proceso al poder certificarse las transacciones de todo tipo sin la intervención de los intermediadores tradicionales (fedatarios públicos, agencias de la administración dedicadas a verificar derechos de propiedad, títulos educativos, etc.).

La desintermediación se ve en buena medida favorecida por los avances tecnológicos en digitalización de múltiples servicios y actividades, pero también por el avance del individualismo. Tecnología y cultura van a la par. Las sociedades occidentales, desde el siglo XVI al menos, con distintas velocidades, se caracterizan por el desarrollo progresivo de la autonomía personal y la libertad del individuo. Como es bien sabido, la Reforma protestante consistió, ante todo, en la eliminación de la Iglesia como intermediadora entre el creyente y dios. Al establecerse una relación más “inmediata” con la divinidad, se abrió el espacio para una vivencia individualista de la religión. A medida que las sociedades se han hecho más prósperas, los valores dominantes han ido cambiando, siempre a favor de esferas mayores de autonomía y libertad personales. Como ha mostrado Ronald Inglehart, en las sociedades postmaterialistas, en las que las necesidades básicas están cubiertas para la mayor parte de la población, la identidad cobra un protagonismo cada vez mayor. Las personas atribuyen gran importancia a sus estilos de vida, al tipo de decisiones que deben tomar para ser una cierta clase de individuo. A la vez, surgen preocupaciones por temas como la paz, el medioambiente, la igualdad de género, la emancipación de las minorías oprimidas y, en general, todo lo que afecta a la dignidad de las personas.

Esta forma contemporánea de individualismo puede entrar en colisión con las estructuras verticales y jerárquicas de intermediación. El partido político clásico aspira a establecer unas relaciones duraderas con sus electores, quienes se supone que han de seguir a la organización con lealtad y deferencia: todo esto cuadra mal con una época basada en la soberanía individual. Los lazos ciudadanos con los partidos se han debilitado notablemente. Ahora hay menor resistencia a cambiar de partido y a desconfiar de las medidas tomadas por los aparatos partidistas. La alternativa a la intermediación de los partidos no ha sido hasta el momento la eliminación de estos actores políticos, sino más bien el abandono paulatino de los mismos en favor de nuevas organizaciones políticas con liderazgos fuertes que reclaman una relación directa con sus seguidores, una relación que no es exactamente la de la representación clásica, sino que se articula como una encarnación de los valores que dan sentido y unidad al grupo político, es decir, como una forma de identidad. Frente a los partidos tradicionales, a los que se acusa de haber abandonado a sus electores, se erigen líderes nuevos que prometen devolver la voz a la ciudadanía y ser sus portavoces en el sistema. Es esta una relación “inmediata”, en el sentido de que la mediación queda suprimida, y por ello, al final del libro, hablo de “democracias inmediatas”, esto es, democracias en las que ni los partidos ni los medios tradicionales son capaces de ordenar y estabilizar el espacio político. La inmediatez, pues, no refiere al cortoplacismo que frecuentemente se atribuye a la política de nuestros días, sino al hecho de que las mediaciones queden canceladas. No es este el uso habitual del término, pero no soy el único en emplearlo de este modo: Daniel Innerarity también habla de “inmediatez” como ausencia de mediaciones.

Sería extraño que las transformaciones que afectan a los procesos de intermediación sociales no acabaran teniendo repercusiones sobre el orden político. Hay una demanda potente de que la voz de los ciudadanos se escuche tal como es, sin pasar por el tamiz de los partidos y los medios. El fenómeno populista puede interpretarse, de este modo, como el resultado del proceso de desintermediación política. En la amplia literatura sobre populismo no se ha tratado suficientemente esta cuestión y, sobre todo, no se ha establecido la conexión entre la desintermediación política y los otros procesos de desintermediación fuera del ámbito político . En este libro defiendo que lo que habitualmente se denomina populismo es una consecuencia directa del proceso de desintermediación que se está produciendo en la democracia representativa. Son los nuevos partidos y liderazgos políticos (lo que llamo fuerzas antiestablishment) una de las manifestaciones más visibles en el orden político de dicho proceso, pero no son la única. Creo que el llamado populismo forma parte de un cambio social de mayor alcance cuyos efectos estamos solamente comenzando a percibir.

Este libro no trata de perfilar el futuro. Precisamente porque estamos inmersos en una transformación del sistema, resulta muy incierto cualquier vaticinio sobre las nuevas formas que irá adquiriendo la democracia. Puede que lo que estemos viviendo sea un desajuste temporal antes de que se recompongan las piezas en una nueva configuración política de las democracias. O puede que estemos asistiendo a los primeros síntomas de una degradación que acabe con algunos de los elementos fundamentales que asociamos con el ideal democrático. No dispongo de herramientas analíticas para anticipar el tipo de democracia que vendrá (o si la democracia tal y como la hemos conocido sobrevivirá mucho tiempo). Pero aunque no pueda ver más allá del presente, este libro quizá ayude a dar sentido a los fenómenos tan desconcertantes de los que estamos siendo sido testigos desde el cambio de siglo y que pueden describirse genéricamente como un nuevo desorden político.

Según el politólogo, el terrorismo etarra es “un asunto que el PP cree que es de su propiedad y que es el único que puede dictar qué se debe hacer”

"Estimular el debate académico, político y social". No es un propósito sencillo cuando se trata de abordar el conflicto catalán. Es lo que se propone el libro Cataluña España, Catalunya Espanya en su edición en catalán, publicado por Catarata a partir de la iniciativa del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (CETC) de la Generalitat de Catalunya. Su editor, Pere Almeda, y sus coordinadores Jordi Muñoz, Jordi Amat, Gemma Ubasart, César Colino, Ignacio Molina, Jaume López, Zelai Nikolas y Mario Zubiaga, reúnen en el volumen más de 60 artículos sobre los distintos aspectos del conflicto, desde la dimensión interna del independentismo hasta sus implicaciones europeas, en un esfuerzo por reunir posturas plurales en torno a uno de los principales desafíos políticos del país. Aquí recogemos un extracto del artículo del politólogo Ignacio Sánchez-Cuenca. 

_____

Una salida democrática a tientas

En el estudio de la Lógica, las paradojas ocupan un lugar muy destacado. Se trata de actos de habla en los que resulta imposible establecer su verdad o validez. La más famosa es la paradoja del mentiroso, cuya primera formulación puede encontrarse en el Evangelio de San Pablo: el cretense Epiménides afirmó que todos los cretenses eran unos mentirosos. Si Epiménides dijo la verdad, se sigue que él mismo era un mentiroso, luego deberíamos concluir que su afirmación era falsa. Pero si es falso lo que dijo Epiménides, se confirma su tesis de que todos los cretenses son unos mentirosos y no nos queda más remedio que concluir que es verdad.

Hay muchas formulaciones alternativas de la paradoja del mentiroso. Bertrand Russell planteó este enigma: sea un barbero que solo afeita a aquellos que no se afeitan a sí mismos. ¿Quién afeita entonces al barbero? Si el barbero no se afeita a sí mismo, debería hacerlo, pues él se encarga de afeitar a quienes no se afeitan a sí mismos; pero si se afeita, no debería afeitarse a sí mismo, pues solo afeita a quienes no se afeitan a sí mismos.

El punto ciego de la democracia

(...)

Pues bien, resulta sencillo establecer una analogía entre las paradojas de los actos de habla y la paradoja democrática que se suscita ante una demanda de secesión. La democracia puede procesar y hacerse cargo de cualquier conflicto, cuenta para ello con un conjunto de reglas y procedimientos. Pero no puede dar una solución democrática al cuestionamiento de la condición de posibilidad de la propia democracia.

La democracia, en cuanto forma de autogobierno colectivo, requiere de una colectividad que quiera tomar decisiones colectivas conjuntamente. Esa colectividad o pueblo es el demos con el que se forma el término “democracia”. Una vez que está claro quién forma parte del demos, la democracia se pone en funcionamiento. ¿Qué sucede, sin embargo, si se cuestiona el demos en función del cual se toman las decisiones colectivas? Cuando así ocurre, nos encontramos con algo muy parecido a las paradojas lógicas. La democracia puede resolverlo todo excepto el cuestionamiento de su condición posibilitante, que es la existencia de un demos que quiera gobernarse a sí mismo. El problema de la constitución del demos es un problema predemocrático y puede considerarse una especie de punto ciego para la democracia.

El problema puede resumirse así: un demos existente, llamémosle A, se fragmenta en dos subconjuntos, a y b. El subconjunto a (mayoritario) reclama la totalidad e integridad de A, dice que las decisiones colectivas han de tomarlas a y b juntos porque a y b forman parte de A. Sin embargo, b no quiere tomar decisiones con a, quiere separarse del demos A y empezar a tomar decisiones por sí mismo, como un nuevo demos B. La regla de mayoría no sirve para dirimir el conflicto: b no quiere tomar decisiones con a y, por tanto, si b es una minoría frente a a, b no aceptará el uso del principio de mayoría en A. A su vez, a no aceptará una decisión que tome b por su cuenta, pues no le reconoce a b condición de demos propio.

(...)

La solución española

En España ha habido dos crisis de demos en los últimos veinte años, una en el País Vasco (Plan Ibarretxe) y otra más reciente en Cataluña (procés y sucesos de otoño de 2017). A mi juicio, en ninguna de las dos se abordó el problema desde parámetros democráticos como los que acabo de mencionar. En el caso del Plan Ibarretxe, se utilizó el principio de mayoría en el Parlamento español, rechazándose por un margen muy amplio la propuesta del Parlamento vasco (a se impuso a b). Dicha crisis acabó superándose con la evolución del principal partido vasco, el PNV, hacia posiciones más moderadas. En el caso de Cataluña, la crisis está siendo más compleja y duradera y además ha llegado mucho más lejos, tensando las costuras de la democracia española.

Desde la sentencia limitadora del Tribunal Constitucional de 2010, en la que, entre otras cosas, se cegaba toda vía de reconocimiento de la plurinacionalidad en España, los sucesivos gobiernos no han abierto en ningún momento un canal formal de diálogo o un foro negociador. El actual Gobierno de Pedro Sánchez está intentando poner en marcha una mesa negociadora, pero hasta el momento han surgido diversas dificultades que han impedido su materialización y desarrollo. Con otras palabras, en estos largos años, mientras se agudizaba la crisis constitucional, no se ha explorado ninguna fórmula para encontrar una solución que sea satisfactoria para todas las partes. El mayor avance, en este sentido, ha sido la Declaración de Pedralbes del 20 de diciembre de 2018, en la que los Gobiernos de España y Cataluña acordaron un breve texto en el que se reconocía la existencia genérica de un conflicto sobre el futuro de Cataluña y se apostaba por la vía del diálogo.

La parte minoritaria, la del independentismo catalán, hizo en su día numerosas llamadas al diálogo. A veces esas llamadas venían acompañadas con propuestas, como cuando la delegación del Parlamento catalán solicitó en el Congreso el 8 de abril de 2014 que, mediante ley orgánica, se diera poderes al Gobierno catalán para poder realizar una consulta o referéndum no vinculante sobre el futuro político de Cataluña; sin embargo, PP, PSOE y UPyD votaron en contra de aquella iniciativa alegando su inconstitucionalidad. Pero incluso si hubiera sido inconstitucional, lo cual es dudoso y materia de debate, esos mismos partidos podrían haber considerado que, en la medida en que se trataba de una solución pactada del problema catalán, merecía la pena poner en marcha un proceso de reforma constitucional para encontrar el encaje legal a dicha consulta.

No solo el Gobierno español rehusó la vía negociadora, sino que además llevó a cabo operaciones secretas con recursos públicos orientadas a difamar a los líderes del independentismo. Así quedó acreditado en dos comisiones de investigación, una en el Congreso y otra en el Parlament. Recientemente, se ha ido confirmando el juego sucio de los gobiernos de Mariano Rajoy gracias a los audios incautados al comisario Villarejo. El espionaje a políticos y autoridades del Estado con recursos públicos es una de las quiebras más graves del orden constitucional, pues, además del abuso de poder que supone, altera las reglas de la competición política.

Cuando la situación “reventó” en otoño, el Estado español reaccionó tratando de evitar el referéndum del 1 de octubre de 2017 mediante el uso de la fuerza, encarcelando preventivamente a los líderes civiles del independentismo y poniendo en marcha una especie de “causa general” contra el independentismo bajo la acusación abusiva del delito de rebelión. Aunque jueces y fiscales, con el Tribunal Supremo a la cabeza, han continuado esta ofensiva, la moción de censura de 2018 ha significado un cambio de orientación en la política del Gobierno central, si bien cabe pensar que llega demasiado tarde, cuando el daño “democrático” ya está hecho.

La solución catalana

El movimiento independentista se ha caracterizado por el empleo de formas pacíficas de protesta, resistencia y desobediencia civil y política. Los únicos episodios de violencia callejera se produjeron en 2019, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se establecían penas largas de cárcel para los principales líderes políticos del procés. A mi juicio, el movimiento fue exquisitamente democrático hasta las elecciones autonómicas de 2015. Tras aquellas elecciones, que las fuerzas independentistas presentaron como plebiscitarias, la mayoría absoluta independentista del Parlament continuó su proyecto de separación a pesar de contar con un apoyo electoral por debajo del 50 % (calculado sobre el censo, no alcanzaba al 40 % de la sociedad catalana). A partir de aquel momento, el movimiento actuó, digamos, “por encima de sus posibilidades”, como si tuviera un apoyo y legitimidad abrumadores, cuando resultaba obvio que no era así. El independentismo creó unas expectativas imposibles de materializar, por lo que los líderes terminaron atrapados en la estrategia que ellos mismos habían planificado, sin más salida que adoptar una postura que podríamos llamar “sacrificial”, consistente en mostrar a las bases que tenían la determinación inquebrantable de seguir adelante costara lo que costara. El resultado fue el viaje a ninguna parte de otoño de 2017; primero las leyes de transición y referéndum, luego el referéndum del 1 de octubre y, finalmente, la declaración de independencia del 27 de octubre, puramente “expresiva” y sin consecuencias de ningún tipo.

Creo que, por grave que fuera la desobediencia política y la deslealtad constitucional de las autoridades catalanas, la respuesta penal del Estado no fue adecuada por motivos tanto estratégicos como de principio. Los sucesos de otoño de 2017 fueron los propios de una crisis constitucional, pero no de una rebelión o una sedición. En este sentido, el déficit de sensibilidad democrática de las instituciones del Estado (y de buena parte de la sociedad civil) explica la rápida extensión de la tesis atrabiliaria de que el independentismo intentó llevar a cabo un “golpe de Estado”. Un golpe de Estado consiste en la toma del poder central mediante la violencia o la amenaza, en casi todos los casos con la participación del Ejército o de una parte de este (el autogolpe puede ser una excepción). Los golpes suelen ser sucesos breves y nunca se anuncian por adelantado. Asimilar los sucesos de otoño a un golpe ha sido la manera más expeditiva de justificar la aplicación de los tipos más duros del Código Penal a los acusados. Esta respuesta penal no ha resuelto el problema político subyacente y ha debilitado tanto los fundamentos de la democracia española como la imagen exterior del país.

Sin embargo, el rechazo de la forma en que se ha juzgado a los líderes independentistas no implica que sus actos estén libres del reproche político y democrático. Como ha señalado Jordi Muñoz en el que a mi juicio constituye el análisis más penetrante hasta la fecha sobre el procés, Principi de realitat, los pasos dados en otoño de 2017, más allá del valor histórico que puedan tener para el movimiento independentista, en cuanto hitos en una larga lucha por el Estado propio, fueron en última instancia un fracaso en la búsqueda de una salida democrática que, cualquiera que fuese el resultado, resultara aceptable para una mayoría muy amplia de catalanes. El desafío, como plantea Muñoz, no es tanto que haya una mayoría más o menos amplia en Cataluña a favor de la independencia, sino que se establezca una forma democrática, cargada de legitimidad y aceptada por (casi) todos, sobre cómo resolver las diferencias políticas acerca del futuro político de Cataluña

La solución democrática

El sistema político español no ha abordado desde parámetros democráticos la demanda de independencia procedente de Cataluña. La cerrilidad del Gobierno del Partido Popular y la hostilidad de los jueces han servido ante todo para radicalizar al movimiento independentista catalán. Al estrecharse su margen de acción, el independentismo no quiso retroceder y optó por la estrategia unilateral, consistente en una ruptura por la vía de los hechos, tal y como sucedió en otoño de 2017, estrategia que, por lo demás, no contaba con el apoyo popular necesario para una empresa de esta índole y que, en consecuencia, estaba condenada al fracaso. A su vez, la reacción del Estado a los sucesos de 2017 se ha basado en la represión y el castigo. En lugar de reconocer la existencia de una crisis constitucional derivada del cuestionamiento del demos nacional español, el Estado ha reducido el problema a una cuestión de seguridad y orden público, resoluble mediante la intervención de los cuerpos policiales y los tribunales penales.

(...)

Solo si partimos de la base de que, por debajo de todos esos discursos, queda pendiente un problema democrático complejo y profundo, podremos empezar a desandar el camino recorrido. En este sentido, si algo tan sencillo como la Declaración de Pedralbes fuera secundado por todas las fuerzas políticas, sería más fácil encontrar alguna solución al problema de los políticos independentistas encarcelados o “varados” fuera de España y, a partir de ahí, podría ponerse en marcha un proceso negociador.

A mi juicio, correspondería entonces al Gobierno de España lanzar una propuesta de alcance constitucional con el propósito no solo de ganar mayores apoyos en Cataluña para la causa de la integridad territorial de España, sino también con el ánimo de introducir una mayor eficiencia en la estructura territorial del Estado. Dicha reforma, como se indica en el artículo introductorio de César Colino e Ignacio Molina sobre el debate en el Estado, puede articularse a partir de la combinación, en dosis variables, de elementos como federalismo, asimetría y plurinacionalidad. Al final del proceso, habría un referéndum, pero no sobre la independencia, sino sobre la propuesta que haga el Estado central tras negociar con las comunidades autónomas. Atendiendo a la naturaleza política del conflicto, no creo que bastara una reforma institucional si esta no viene acompañada por alguna forma de reconocimiento de la naturaleza plurinacional de España. Conseguir un consenso en torno a dicho reconocimiento, sobre todo tras la línea doctrinal que ha establecido el Tribunal Constitucional y en un contexto de un nacionalismo español excluyente en fase de crecimiento, será extremadamente difícil.

No es mi objetivo en este texto precisar las líneas maestras de la propuesta de reforma constitucional. Sin embargo, sí me gustaría señalar qué sucedería si dicha reforma no saliera adelante, por falta de acuerdo entre las fuerzas políticas, o porque, en el referéndum preceptivo de ratificación, no consiguiera un apoyo mayoritario en Cataluña. Por descontado, si la reforma constitucional se lleva a cabo y logra la ratificación popular no solo en el resto de España, sino también en Cataluña, la crisis se habría resuelto, no sé si para siempre, pero sí al menos por un tiempo. Seguiría habiendo independentismo en Cataluña, desde luego, pero probablemente no tendría el empuje que ha tenido en estos años. Pero si no fuera así, si no hubiera acuerdo sobre una propuesta de reforma o si la reforma fuera tan “tibia” que no consiguiera una mayoría amplia en Cataluña, creo que, habiéndose agotado la capacidad propositiva del Estado, no quedaría más remedio que proceder a la realización de un referéndum o consulta en Cataluña sobre la independencia.

Que el fracaso de la reforma llevara a un referéndum sería el mejor acicate para que la derecha nacionalista española se involucrara en conseguir que la reforma tuviera éxito, levantando así el veto que ahora ejerce a cualquier cambio o negociación. Por otra parte, hacer depender el referéndum de la reforma constitucional serviría para no dar prima alguna al statu quo. Los inmovilistas saben que tienen el statu quo de su parte. La única forma de que entiendan que el statu quo no puede ser un refugio cómodo consiste en que, si no llega a haber reforma, se pongan los medios para que se celebre algún tipo de consulta pactada en Cataluña sobre la independencia.

Resumiendo: la propuesta consiste en dejar de lado el enfoque legalista de la crisis catalana, resolver el problema de los presos y negociar una reforma de alcance constitucional que sea ratificada popularmente en referéndum. Si el Estado no es capaz de elaborar esa reforma, o la reforma no consigue la aprobación ciudadana, entonces, agotada la vía reformista, no queda más remedio, democráticamente hablando, que permitir la realización de una consulta sobre la independencia de Cataluña y, en caso de que salga un resultado claro a favor de esta, abrir negociaciones sobre cómo proceder a la separación. Siempre cabe otra solución, abandonando el espíritu inclusivo y democrático: negar la crisis de demos, centrarse en el principio de legalidad y mantener una anomalía democrática en el seno del Estado el tiempo que sea preciso. No cabe descartar que esto último sea lo que acabe sucediendo.

Este artículo se publicó el día 3 de noviembre de 2020 en el sitio web de la revista IDEES.

En Las raíces históricas del terrorismo revolucionario (Catarata), el politólogo Ignacio Sánchez-Cuenca se pregunta por qué motivos en la década de los setenta surgieron grupos armados de izquierda en algunos países desarrollados, mientras que en otros apenas dejaron huella. Para responder a esta cuestión, el profesor de la Universidad Carlos III, también colaborador de infoLibre, mira a los condicionantes inmediatos de la formación de los grupos terroristas —como el nivel de protesta social o la desigualdad económica—, pero también analiza algunos factores históricos, como si el país en cuestión había sufrido o no una ruptura de la democracia y un régimen autoritario, o si los terroristas contaban o no con el apoyo social. infoLibre publica un extracto del libro, que llega este lunes 8 de febrero a las librerías, donde se aborda precisamente esto último: ¿la existencia de una izquierda radical fomenta la aparición del terrorismo revolucionario?

__________________ 

¿Cómo se puede explicar la sorprendente asociación entre los acontecimientos de entreguerras y el terrorismo revolucionario en 1970-2000? Para formular respuestas a esta pregunta, sigo una doble estrategia. Por un lado, exploro en este capítulo una explicación histórica en la que los hechos del periodo de entreguerras generan condiciones que hacen más probable el surgimiento de la violencia terrorista algunas décadas después. Volviendo a la metáfora de la chispa y el oxígeno, se podría decir que el oxígeno que alimentó el fuego provocado por la chispa de las movilizaciones estudiantiles a fines de la década de 1960 se creó en los países no liberales durante los años tumultuosos entre las dos guerras mundiales.

Por otro lado, en el próximo capítulo presento un enfoque más sociológico en el que se analizan tanto los patrones de desarrollo del periodo de entreguerras como la variación entre países con respecto a la intensidad del terrorismo revolucionario como dos manifestaciones de condiciones más profundas. En concreto, sugiero que la presencia de valores y orientaciones individualistas puede ser de gran ayuda en la explicación de los diferentes patrones de desarrollo que siguen los países, siendo el terrorismo revolucionario una característica más de estos patrones.

Los enfoques histórico y sociológico no son necesariamente incompatibles. El explanandum es lo suficientemente complejo y rico como para prestarse a diferentes estrategias explicativas. La asociación entre la situación de entreguerras y el terrorismo revolucionario presenta múltiples ángulos, con varios estratos históricos y políticos que pueden requerir diferentes herramientas analíticas en cada caso. Gran parte de la complejidad procede del diferente estatus ontológico de los dos fenómenos que intervienen en la asociación o correlación: mientras que el patrón de desarrollo de entreguerras es un fenómeno macro que configura una dinámica político-económica, el terrorismo revolucionario es un fenómeno micro relacionado con las decisiones tomadas por un puñado de individuos que actuaron clandestinamente. En general, los mecanismos que van de lo macro a lo micro son más difíciles de precisar que los que van de lo micro a lo macro a través de un proceso de agregación de comportamientos individuales. La influencia de los factores sistémicos en el comportamiento individual no puede demostrarse de forma directa. Esta dificultad se ve agravada por el hecho de que existe un desfase entre los dos fenómenos de más de tres décadas.

El mecanismo que exploro en este capítulo se basa en la relación entre los terroristas revolucionarios y lo que llamaré su comunidad de apoyo, la izquierda radical. En el nivel más abstracto, la idea es que la comunidad de apoyo puede imponer restricciones al alcance de la lucha armada. Cuando la mayoría de los activistas de la izquierda radical no aprueban la realización de ataques letales, los terroristas pueden perder apoyo si deciden matar. En tal caso, hay un dilema para los terroristas entre mantener el apoyo popular dentro de los círculos de la izquierda radical y la espectacularidad y el impacto político de los ataques armados. Si el apoyo se agota por completo, los terroristas quedan aislados y han de afrontar graves dificultades para sobrevivir. La comunidad de apoyo es crucial para proporcionar un mínimo de legitimidad a los terroristas y ayudarlos con inteligencia, refugio y nuevos miembros (...).

Hay una literatura amplia sobre la importancia del apoyo popular en la reproducción de los grupos armados (...). Cuando los seguidores están tan radicalizados como los propios terroristas, estos últimos pueden actuar sin preocuparse mucho por las reacciones políticas de los primeros. Sin embargo, cuando los seguidores son más moderados, los terroristas tendrán que sopesar las consecuencias para el apoyo que reciben de llevar a cabo ataques impopulares en su comunidad por un lado, y los efectos políticos que estos ataques provocan en la lucha contra el Estado por el otro.

El apoyo al extremismo en la izquierda radical depende en buena parte de la legitimidad del Estado. En lugares en los que se desconfía profundamente del Estado, aumenta el apoyo de los radicales a las acciones contra el sistema, incluidas las letales. Si se cuestiona la autoridad del Estado, la justificación de la violencia letal se vuelve más fácil. La violencia de los grupos armados es, al fin y al cabo, un desafío al monopolio estatal de la violencia. Cuando este monopolio se considera ilegítimo, otros actores pueden reclamar un uso legítimo de la violencia. De acuerdo con la tesis central, la legitimidad estatal será menor en los círculos de la izquierda radical cuando el país tiene un pasado no liberal. En los Estados con una fase no liberal, la izquierda (y, especialmente, la radical o revolucionaria) fue severamente reprimida. Las heridas pueden durar mucho tiempo y convertirse en parte esencial de la memoria histórica del movimiento. El Estado, de este modo, quedará asociado a políticas represivas y excluyentes que podrían resurgir si los activistas desafían nuevamente al sistema. Así, los nuevos episodios de represión pueden ser entendidos por los izquierdistas radicales como un retorno a los viejos tiempos en los que el aparato estatal seguía una estrategia explícita de eliminación de aquellos que se atrevieran a desafiar su autoridad. Esto puede suceder aunque el régimen se haya vuelto democrático: la represión en democracia puede activar dudas y sospechas sobre la naturaleza real del Estado.

Para comprobar si esta conjetura es correcta, haría falta tener datos sobre las creencias y actitudes de las personas que pertenecen a la izquierda radical en torno a la lucha armada y los ataques letales. Por desgracia, esta información no existe, o al menos no está disponible para la muestra de países y el periodo que aquí se analiza. Y, cuando existe, es difícil utilizarla en un análisis comparado (...). Para superar estas limitaciones, procedo en tres pasos, yendo de la evidencia más general a la más específica. Debo advertir que toda la evidencia presentada es indirecta. No obstante, espero persuadir al lector de que los tres tipos de argumento histórico proporcionan una descripción coherente y unificada de varios patrones empíricos que de otro modo serían difíciles de explicar. Se trata, por tanto, de un ejercicio de lo que William Whewell (...) denominó “consilience of inductions”, es decir, el ejercicio mediante el cual una sola hipótesis consigue explicar y conectar resultados que parecían no tener relación entre sí. Dado que la evidencia empleada es indirecta, el poder unificador de la hipótesis aumenta nuestra confianza en ella.

El primer tipo de evidencia es el más general y, como tal, no tiene mucho peso explicativo. Sin embargo, constituye una especie de requisito previo de los otros dos. Según el argumento, deberíamos esperar un radicalismo de izquierda más fuerte en países con un patrón histórico no liberal. En los países no liberales, la izquierda radical fue más fuerte y la represión de la izquierda fue más intensa durante los años de entreguerras. No intento establecer aquí una secuencia causal. Se podría argumentar que la izquierda radical fue una amenaza mayor en ciertos países y por eso la democracia sufrió un golpe reaccionario, o que la izquierda se volvió más radical porque la involución autoritaria implicó un mayor nivel de represión. Cualquiera que haya sido la secuencia real, lo que me gustaría destacar es que una característica común de todos los regímenes autoritarios en las décadas de 1920 y 1930, tanto fascistas como tradicionalistas, consistió en la represión de la izquierda revolucionaria. Esta represión, por traumática que fuera, no hizo desaparecer a la izquierda radical (salvo en Alemania). Lejos de ello, la izquierda supo resucitar y reconstruirse, adaptándose a los nuevos tiempos. Por lo tanto, deberíamos esperar una cierta continuidad histórica en la fuerza de la izquierda radical. Un indicador obvio de cuánto apoyo popular tiene la izquierda radical es la participación electoral de los partidos comunistas. (...) La fuerza nacional de los partidos comunistas en la década de 1970 es una variable crucial en el análisis comparado del terrorismo revolucionario. El apoyo a los partidos comunistas debería ser más fuerte en los países que siguieron el patrón no liberal en sus procesos de desarrollo económico y político.

El segundo tipo de evidencia se basa en una regularidad empírica interesante que se observa en los casos negativos de terrorismo revolucionario. Por casos negativos me refiero a grupos armados revolucionarios que cometieron hechos violentos por motivos de propaganda y, teniendo la capacidad de matar gente, evitaron la violencia letal. Pues bien, los casos negativos se concentran en países en los que la democracia no quebró en el periodo de entreguerras. El colapso democrático es una de las variables que componen el factor de desarrollo de entreguerras que se presentó en el capítulo anterior. Probablemente sea el único elemento de los factores macrohistóricos que podría haber dejado una huella empírica algunas décadas después. Si bien es obvio que los ataques contra las fuerzas de seguridad o contra los políticos en la década de 1970 no tuvieron relación alguna con la cuestión agraria de la década de 1920, el tipo de capitalismo de la década de 1930 o el ritmo de industrialización, por mencionar otros tres componentes del factor de entreguerras, la desaparición de la democracia formó parte de la memoria histórica de la izquierda radical y de los propios terroristas. La memoria antifascista aún estaba viva en la izquierda radical de los países no liberales en los años setenta y ochenta del siglo pasado.

Precisamente porque en los países sin quiebra de la democracia el Estado tenía una mayor legitimidad, la izquierda radical no fue capaz de justificar el extremismo de los ataques letales. En los países liberales, la comunidad de apoyo a los grupos armados no estaba dispuesta a aprobar la muerte de personas.

La tesis sobre la naturaleza autoritaria del Estado tuvo menos credibilidad en países con un pasado liberal: los terroristas eran muy conscientes de esta limitación y se abstuvieron de atentar contra personas aunque tuvieran la capacidad para hacerlo. En pocas palabras, la violencia contra blancos humanos no tuvo buena acogida entre los izquierdistas radicales en los países de tradición liberal. No se trata solo de que la izquierda radical fuera más fuerte en los países no liberales; ocurre asimismo que las condiciones históricas para la justificación de ataques letales fueron más favorables en estos.

El tercer tipo de evidencia es más detallado, abordando el asunto de la legitimidad del Estado de una manera más directa. Analizo si la represión estatal a fines de los sesenta y principios de los setenta se ve afectada de alguna manera por la trayectoria histórica anterior. La formulación más simple de la hipótesis establece que los países con un pasado autoritario fueron más represivos en las protestas estudiantiles y pacifistas del 68. A partir de mi propia recopilación de datos sobre la represión policial de las movilizaciones del periodo 1967-72, muestro que la muerte de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad tiende a concentrarse en los países que luego sufrieron un terrorismo revolucionario letal. Pero lo verdaderamente interesante es que episodios similares de represión estatal provocaron respuestas distintas en los países de tradición democrática y en los de tradición autoritaria. En países con un pasado dictatorial, la muerte de activistas por parte de las fuerzas de seguridad sirvió de confirmación para la izquierda radical de que la naturaleza democrática del Estado era una farsa, que las elecciones eran una especie de fachada que ocultaba la condición autoritaria última del sistema político. En este contexto de baja legitimidad estatal, la tentación armada resultó más atractiva. Esta clase de reacción no se detecta en los países plenamente liberales a pesar de episodios similares de represión letal. El efecto de la represión, por tanto, está condicionado por la historia política pasada.

Los tres tipos de evidencias (una izquierda radical más fuerte en los países no liberales, la concentración de casos negativos en los países liberales y el impacto diferencial de la represión del Estado) apuntan en la misma dirección: no solo la izquierda radical fue mayor en países con un pasado dictatorial, sino que además la legitimidad del Estado era menor para la izquierda radical en estos países, por lo que los activistas y simpatizantes del movimiento estaban más dispuestos a aceptar la violencia letal que sus compañeros en los países plenamente liberales.

Me encontré a José María Calleja en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III la primera semana de marzo. Ahora me resulta incomprensible que aquella fuera la última vez que nos íbamos a ver. Con aquel optimismo arrollador que le caracterizaba, él creía que el virus no iba a alterar demasiado las cosas. Pero lo que ETA no pudo en su día, lo ha hecho este maldito virus.

Calleja fue un pionero en la resistencia civil contra ETA. Actuó con enorme valentía y lucidez, cuando lo hacían muy pocos. Con el paso del tiempo, se unieron muchos a aquel carro, a veces de forma oportunista; él podía presumir de haber estado allí desde el primer momento, en los momentos más duros, cuando eran cuatro gatos. Se dejó de dobleces, sobrentendidos y eufemismos y comenzó a hablar claro sobre ETA, en la propia Euskadi, a pesar de que él no era vasco (nació en León), usando términos que al principio sonaron muy chocantes y que le granjearon el resentimiento y el odio del nacionalismo más excluyente y radical. Y fue también un pionero en la atención a las víctimas del terrorismo. Estuvo junto a ellas y acudió a innumerables funerales, cuando todavía se enterraba a las víctimas casi en el anonimato y apenas ocupaban una esquina en los periódicos. Aquellas experiencias le dejaron una huella profunda; de ahí su empeño en que se conociera mejor el daño causado por la organización terrorista. A pesar de las amenazas que recibió y de haber estado en el punto de mira de ETA, jamás se le pasó por la cabeza doblegarse o dedicarse a otros asuntos. Al revés, Calleja se crecía en aquel ambiente opresivo porque tenía unas convicciones y principios indestructibles.

El primer libro que se escribió sobre el terrorismo etarra desde el punto de vista de las víctimas fue suyo: Contra la barbarie. Un alegato a favor de las víctimas de ETA (1997), que contenía el primer listado publicado con la relación de víctimas de ETA. Le siguió La diáspora vasca (1999) y, dos años después, su trabajo más completo, fruto de su tesis doctoral, ¡Arriba Euskadi! La vida diaria en el País Vasco. En esos años, además de su trabajo periodístico y académico, Calleja fue un activista, con una participación muy destacada en las movilizaciones anti-ETA y en la plataforma cívica ¡Basta Ya!

A partir de 2003, con una ETA muy debilitada, Calleja supo darse cuenta de la necesidad de cambiar el discurso y la estrategia y, con el mismo arrojo con el que actuó siempre, no dudó en distanciarse de los postulados cada vez más politizados y conservadores de ¡Basta Ya! y las asociaciones de víctimas, apoyando sin fisuras el proceso de paz que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquello causó no poca incomprensión entre muchos de sus antiguos compañeros, que le volvieron la espalda o rompieron la relación con él.

Calleja era un periodista extraordinario y no quiso encasillarse en el registro de “especialista anti-ETA”. Muchos recordarán, por ejemplo, el debate fantástico que organizaba a diario en CNN+. Asimismo, escribió sobre otros muchos temas, incluyendo la inmigración, la violencia de género y la memoria histórica. Y se involucró en la docencia universitaria, siendo un profesor muy querido por los estudiantes.

Si me atrevo a escribir esta nota en su memoria es porque tuve buena amistad con él e incluso escribimos un libro juntos. Nos presentó, como en tantas otras ocasiones me ha ocurrido a lo largo de mi vida, Jimena García-Pardo, gran amiga y admiradora suya, lo que me permitió descubrir a la persona detrás del periodista/activista y disfrutar así de su bonhomía y su extraordinario sentido del humor. Era difícil no doblarse de risa con sus bromas, sobre todo cuando imitaba a personajes famosos ridículos, pero también cuando describía con sarcasmo los comportamientos que veía en la Universidad. Somos muchos quienes le echaremos de menos. Y somos muchos más quienes tenemos una deuda de gratitud por su coraje cívico y su trabajo de dignificación de las víctimas del terrorismo.

En la rueda de prensa de Garzón, el ministro explicó que, con carácter general, la publicidad de juego sólo podrá emitirse en un horario restringido, entre la 1 y las 5 de la madrugada, lo que constituye un avance importante, pero con una salvedad de gran relevancia, las retransmisiones deportivas, que podrán incluir publicidad a partir de las 20:00 horas. Tampoco se verán afectados por el decreto los patrocinios de los equipos de futbol por parte de las empresas de apuestas. Y no está claro qué sucederá con los videos en internet de la grabación del evento deportivo y que están permanentemente disponibles para el usuario. La publicidad, por lo demás, no podrá estar protagonizada por personajes famosos.

Las reacciones al anuncio no se han hecho esperar. Los colectivos de afectados por la ludopatía, las asociaciones de consumidores y las bases de la izquierda han recibido la noticia con gran decepción. Esperaban una regulación más severa. Para calentar aún más los ánimos, al día siguiente de la rueda de prensa de Garzón, la empresa Codere, una de las más potentes del sector, subía en bolsa, de forma casi insultante, un 7,5%.

¿Qué ha podido mover a Alberto Garzón a presentar una versión parcialmente diluida de los planes iniciales, que proponían una intervención más decidida para frenar la expansión de un problema social grave como la ludopatía?

La explicación más sencilla es que Garzón se ha “achantado” ante los grupos de interés, ha sucumbido a las presiones y ha traicionado a los suyos. Las cosas, sin embargo, suelen ser algo más complicadas. No es mi intención disculpar o proporcionar una coartada a Garzón, ni tampoco condenarlo o descalificar su gestión. Tengo mis opiniones, como cualquier ciudadano, pero no creo que sean especialmente originales o valiosas. Me parece, sin embargo, que este conflicto resulta de especial interés, por ser una de las primeras renuncias del nuevo gobierno, en este caso, además, protagonizada no por los socios más moderados de la coalición, sino por los más radicales.

En principio, la restricción de la publicidad a los horarios de madrugada parece una decisión fácil. Basta escribir unas líneas al respecto, aprobarlas en Consejo de Ministros y publicarlas luego en el BOE. Pero esas líneas tienen consecuencias de calado. Tanto las empresas de apuestas como, sobre todo, los medios de comunicación que obtienen ingresos suculentos con la publicidad, se han opuesto a la medida. Iván Gil, en su crónica para El Confidencial, se ha referido a la celebración de reuniones con estos dos grupos. En dichas reuniones, cabe suponer, se habrá señalado el coste económico de restringir el negocio, con su traducción en puestos de trabajo perdidos, algo que seguramente habrá hecho mella en el ministro. Además, es probable que el Ministerio de Hacienda también se haya puesto en contra de la regulación, ya que el Estado recibe un buen pellizco gracias a los ingresos fiscales derivados del juego.

A su vez, el ministro alega que la prohibición total no es efectiva, por mucho que satisfaga las demandas populares. Pone como ejemplo el caso de Italia, el único país europeo en el que se ha aprobado una prohibición total y que, según Garzón, ha provocado un aumento del juego ilegal. Al parecer, los italianos están intentado dar marcha atrás, lo que mostraría que los buenos propósitos no son siempre suficientes para solucionar un problema.

Si el real decreto se aprueba en los términos que se han conocido, tendremos un avance indudable con respecto a la situación anterior, caracterizada por la desregulación. Pero dicho avance queda lejos de las expectativas creadas por la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno. Hay mucha gente que, legítimamente, considerará que el avance es insuficiente. Sin embargo, conviene recordar que la política está hecha de pasos erráticos, de cesiones parciales, de compromisos poco presentables. Los cambios siempre son más difíciles de llevar a cabo de lo que parecen sobre el papel. El electorado más de izquierdas, inevitablemente, tendrá que entrar en la lógica de la elaboración de políticas públicas, que en muchas ocasiones se desvía de los principios ideológicos. Si no lo hace así, si cede al lamento y a la impugnación genérica, el gobierno terminará siendo más débil de lo que ya lo es.

Los enemigos del Brexit consideran que los partidarios de abandonar la UE son unos descerebrados, incapaces de tomar decisiones sobre asuntos complejos, manipulados por unas élites sin escrúpulos, presos de un nacionalismo primario, excluyente y xenófobo, nostálgicos del pasado imperial de su país; van, en suma, contra el curso de la historia. Por el contrario, quienes apoyan el Brexit creen que sus rivales son unos arrogantes, que se creen en posesión de la razón, que defienden los intereses de las élites cosmopolitas y de los ganadores de la globalización, que desprecian a las clases populares y que han abandonado todo compromiso político con su nación.

Cada bando acusa al otro de mentir y los dos tienen razón. Tanto en la campaña del referéndum de 2016 como en los debates posteriores, los defensores de salir de la UE inventaron cifras absurdas sobre lo que se ahorraría el Estado británico saliendo de la Unión, mientras que quienes apostaban por la permanencia amenazaban con consecuencias económicas apocalípticas si el Reino Unido dejaba de ser miembro de la UE.

Tratemos de olvidar la retórica y las malas artes que han envuelto el endiablado problema del Brexit y vayamos a lo fundamental. En Reino Unido había, desde hace décadas, dos visiones enfrentadas sobre la relación de su país con la Unión Europea. Para algunos, la integración europea era el destino natural que le correspondía a una antigua potencia imperial como la británica en tiempos de globalización. Para otros, sin embargo, la UE suponía un orden constitucional ajeno al sistema político del país que ponía en cuestión la capacidad del Reino Unido para tomar decisiones autónomamente.

Por debajo de estas posturas laten diferencias profundas sobre la soberanía política. Los partidarios de la permanencia piensan que apelar a la soberanía popular a estas alturas de los tiempos es un anacronismo. Según este punto de vista, la soberanía estatal pertenece a otra época, hoy no queda más remedio que aceptar que los Estados han perdido protagonismo y que sólo pueden logran sus objetivos haciendo frente común con otros Estados, formando alianzas y creando instituciones que no pueden estar sometidas a los controles democráticos del Estado-nación clásico. Los otros, en cambio, creen que la soberanía política es irrenunciable, que el tipo de sociedad en el que viven los británicos debería ser el resultado de las decisiones que tomen los propios británicos y no de acuerdos intergubernamentales y de regulaciones impuestas por la Comisión Europea.

Al margen del juego sucio y de la demagogia en la superficie de la política británica, se trata de una cuestión fundamental en el orden político. Es casi un asunto existencial. Por eso era importante someterla a referéndum y darle la palabra a la ciudadanía. Todos tuvieron oportunidad de exponer sus razones y de criticar las ajenas. Y el resultado fue una victoria del Brexit (51,9% frente a 48,1%, con una tasa de participación del 72,2%).

Ha habido muchos intentos de deslegitimar el referéndum y de intentar bloquear su implementación. Se ha dicho, por ejemplo, que una decisión así no se puede tomar por mayoría simple, lo cual resulta razonable, siempre y cuando se aplique a todo referéndum europeo, no sólo a este, y se anuncie de antemano. Recuérdese que prácticamente todos los referéndums sobre asuntos europeos (sobre el Tratado de Maastricht, sobre la fracasada Constitución europea, etc.) se han resuelto por mayoría simple y en muchas ocasiones por un margen mínimo. En Francia, en el referéndum del 20 de septiembre de 1992, el “sí” a Maastricht venció por un 51% frente a un 49% de noes y nadie pidió un segundo referéndum ni se cuestionó seguir adelante a pesar de lo ajustado del resultado; con un sistema de mayoría reforzada, el Tratado de Maastricht habría fracasado y el euro no habría tenido lugar nunca.

El Reino Unido es un país con una larga tradición democrática y liberal y con una economía muy potente que se puede permitir el “lujo” de dejar en manos de la ciudadanía la decisión de continuar o no en la UE y respetar la voluntad expresada en las urnas. La victoria resonante de Boris Johnson se explica en última instancia porque encarnó ante la inmensa mayoría de los votantes conservadores y de una parte importante de los laboristas el compromiso de llevar a término lo que se había decidido en referéndum (“Get Brexit done”Get Brexit done).

Podemos argumentar que los británicos se han equivocado, que pagarán cara su osadía y su soberbia, que el Reino Unido ha escogido la dirección equivocada, que su aislamiento le condena a una decadencia inevitable. Puede que todo ello sea cierto. Pero no debemos olvidar que la democracia ha funcionado. Y que la democracia significa que la gente puede errar, pero que ese es un asunto que deben resolver a lo largo del tiempo los propios ciudadanos.

El establishment europeo no ha podido ocultar su condescendencia con el “espectáculo” que ha dado la política británica en estos años. A mí me parece, más bien, que la política británica, pese al caos de estos años, ha vuelto a demostrar su fuerte raigambre democrática. Aunque, en lo personal, esté más próximo a los defensores de la permanencia, no puedo dejar de sentir una (ligera) envidia por cómo el sistema político británico ha afrontado el problema.

Cuesta encontrar en la izquierda algo similar; quizá el único autor de grandes éxitos sea El Gran Wyoming, cuyo libro No estamos locos superó los 100.000 ejemplares, aunque era un libro ligero, de denuncia pero con notas de humor, de fácil lectura en cualquier caso comparado con los volúmenes sesudos de cientos de páginas de Jiménez Losantos o Roca Barea. A mucha distancia de Wyoming cabe mencionar a autores como Daniel Bernabé, Juan Carlos Monedero o Vicenç Navarro, posiblemente los más populares en la izquierda, pero claramente por debajo de sus equivalentes derechistas.

¿Hay base para concluir que la derecha es más lectora que la izquierda? ¿Podría ser que la izquierda lea menos porque es más hedonista, o porque, dada su superioridad moral, considera que no tiene necesidad de seguir formándose, o porque no tiene recursos económicos para comprar libros?

En realidad, un análisis sumario de los datos sobre lectura confirma que el título de este artículo es correcto: por muchos superventas que publiquen los autores de derechas, la gente de izquierdas lee más que la de derechas. Para demostrarlo, he examinado el barómetro 3142 del Centro de Investigaciones Sociológicas (de 2016), en el que se pregunta a una muestra de 2.400 ciudadanos por el número de libros que leen al año. Antes de analizar las respuestas en función de la ideología, permítanme que les resuma telegráficamente la distribución de lectura: el 40% de los españoles dice no leer un solo libro al año, un 39% lee entre 1 y 5 libros y un 21% más de cinco libros. He eliminado del cálculo a un pedante que declaraba leer 400 libros al año, no porque yo tenga manía a los pedantes, sino porque alteraba un poco la media. Aun así, quedan en la muestra once individuos que dicen leer entre 100 y 200 libros al año; son tan repelentes que me habría gustado eliminarlos también del análisis, pero me ha parecido excesivo desde un punto de vista científico.

Pues bien, el siguiente gráfico muestra el número de libros leídos al año según la ideología del entrevistado, izquierda (posiciones 1-4 en la escala), centro (5-6) y derecha (7-10):

En la derecha abunda más que en la izquierda la gente que no lee nunca. Y en la izquierda hay bastante más lectores voraces (los que leen más de cinco libros al año) que en la derecha. El centro, como siempre ocurre, pues para eso es centro, está entre medias. Las diferencias se producen en las dos opciones extremas (0 libros / más de 5); en la categoría central (lectura de 1 a 5 libros) los porcentajes por grupo ideológico son idénticos.

Podría pensarse que la ventaja lectora de la izquierda se debe a otros factores, como el género, la edad, la educación o los ingresos, de tal manera que cuando se tienen en cuenta estos factores, las diferencias ideológicas se evaporan. Pero en un modelo multivariable en el que se introducen todas esas variables, el efecto de la ideología sigue siendo significativo. Se trata de un efecto débil, pero no despreciable: por término medio, una persona de derechas lee 1,3 libros menos al año que una persona de izquierdas.

Para los lectores con gusto por la estadística, les dejo el siguiente gráfico, en el que puede verse el efecto de la ideología sobre el número de libros leídos al año teniendo en cuenta la educación, el sexo y la edad:

Estos resultados son coherentes con los de mi investigación sobre el uso de las tarjetas black por parte de los consejeros de la antigua Caja Madrid. Allí pude demostrar que los consejeros del PSOE tendían a usar la tarjeta black con fines culturales, mientras que los consejeros de la derecha gastaban en joyas y flores.

Me gustaría subrayar que esta diferencia lectora entre la izquierda y la derecha se observa en casi todos los países de Europa occidental; una excepción curiosa es Gran Bretaña, donde la derecha lee más que la izquierda (datos de Eurobarómetro 67.1 de 2007). De cualquier modo, en España, al igual que en el resto de los países mediterráneos, se lee bastante menos que en los países del norte.

Permítanme que termine regresando al principio de este artículo. Si la izquierda lee más, ¿por qué los éxitos de ventas de los libros políticos corresponden a autores de derechas? Sólo se me ocurre una respuesta: porque los lectores de izquierdas prefieren la literatura al ensayo. Esto puede suceder por dos motivos: o bien porque la gente de izquierdas se cree que ya lo sabe todo, o bien porque los autores de izquierdas son muy pelmazos. Como los datos no son lo suficientemente detallados para investigar este asunto, les dejo con la duda.

***

Nota metodológica: el análisis multivariable se basa en un modelo de regresión binomial negativa del número de libros leídos al año, en el que se incluyen el sexo, la edad, la educación y la ideología. He realizado estimaciones incluyendo también los ingresos, pero esta variable reduce la muestra considerablemente y, además, no es significativa. En el modelo, el sexo es significativo (las mujeres leen más que los hombres), la educación también lo es (lógicamente, a mayor educación, mayor lectura), pero no así la edad.

Viene esto a cuento de la importancia que a mi juicio han tenido las palabras de Pedro Sánchez sobre el conflicto catalán durante la sesión de investidura, sobre todo en las respuestas que dio a las intervenciones radicalmente opuestas de Laura Borràs (Junts per Catalunya) e Inés Arrimadas (Ciudadanos). Sánchez, como presidente del Gobierno, no dijo nada nuevo, no aportó una perspectiva original sobre la crisis catalana, pero el hecho mismo de que dijera lo que dijo tiene una importancia enorme para nuestro debate público. A mi entender, todo lo dicho por Sánchez fueron obviedades, pero obviedades que era fundamental que salieran de la boca del presidente del Gobierno y que abren la puerta a una posible salida dialogada y política de la crisis constitucional que vive España.

En primer lugar, Sánchez ha reconocido que la crisis catalana es un fracaso político (algo similar traté de argumentar en este artículo de hace un par de meses). Frente al discurso complaciente que presenta a España como víctima de un intento de golpe de Estado o de una rebelión de las autoridades catalanas, Sánchez acepta que el sistema político no fue capaz de procesar el conflicto planteado en Cataluña y que eso debe contar como un fracaso de la política.

En segundo lugar, Sánchez ha admitido que, además de un problema de convivencia en Cataluña entre independentistas y unionistas, hay un conflicto político entre Cataluña y el resto de España. Ese conflicto político no es una invención de los líderes independentistas, sino que tiene unas hondas raíces sociales.

En tercer lugar, Sánchez ha argumentado que hay responsabilidades compartidas, que los independentistas fueron demasiado lejos adoptando una vía unilateral que rompía el sistema constitucional y democrático, pero que el Gobierno de España no supo abordar la crisis política de Cataluña.

En cuarto lugar, Sánchez ha defendido que la judicialización del problema fue un error, que la resolución del problema no podía quedar exclusivamente en manos de los tribunales.

En quinto lugar, Sánchez ha reconocido la legitimidad política del independentismo, no lo ha presentado como una patología, una traición a la patria o una postura anti-democrática. Y ha pedido a los independentistas que reconozcan que, por el momento, no cuentan con una mayoría social con la que alcanzar sus objetivos.

Por último, Sánchez ha apostado por el diálogo político, por fórmulas de entendimiento y compromiso que generen un consenso amplio entre fuerzas políticas con posturas de partida muy distintas.

Ninguno de estos seis puntos es revolucionario en sí mismo. Pero todos ellos juntos forman la base de un planteamiento inclusivo y constructivo, de fuerte inspiración democrática, destinado a buscar soluciones pactadas para el encaje de Cataluña en España que sean ratificadas mediante algún tipo de consulta por la ciudadanía catalana.

Ya era hora de que un planteamiento de esta naturaleza se abriera paso en España y llegara hasta el propio Gobierno. Este mismo planteamiento ha circulado profusamente en los márgenes del sistema político y del debate público. No se podía encontrar en la prensa en papel madrileña, pero sí en medios digitales y entre fuerzas políticas minoritarias. El discurso dominante ha sido todo este tiempo el de un nacionalismo español excluyente, ante el que los socialistas muchas veces parecían acobardados.

La evolución de Esquerra Republicana de Catalunya ha resultado crucial para que Sánchez se haya decidido a construir un discurso de esta naturaleza. A su manera, ERC ha reconocido que el unilateralismo fue un fracaso sin paliativos, que sin mayorías más amplias la independencia es una quimera y que, por tanto, mientras esas mayorías no se materialicen, es preciso buscar otras formas de hacer política. Nada de esto exime de responsabilidad a los líderes de Esquerra por lo sucedido en otoño de 2017, pero no puede ignorarse que constituye un cambio significativo, sobre todo teniendo en cuenta que su secretario general y otros dirigentes están en la cárcel con fuertes condenas. También ha reconocido Gabriel Rufián que el eslogan aquel de “España nos roba” fue un error colosal.

Hace tan sólo unas semanas, en octubre, tras la publicación de la sentencia, la situación en Cataluña parecía encaminada a una degradación imparable. Hoy, gracias a la formación de un Gobierno apoyado por las izquierdas y los nacionalismos no españoles, se atisba por primera vez la posibilidad de avanzar hacia algún tipo de acuerdo que supere la larga crisis catalana. Costará y no está claro que vaya a tener éxito: el principal obstáculo va a ser el veto de las derechas a cualquier solución política del problema catalán.

Caben múltiples lecturas de estos resultados, dependiendo de la distancia desde la que se analicen los datos. No voy a entrar en consideraciones detalladas sobre la campaña, el asunto del Brexit o la calidad de los líderes políticos. Expertos hay que sabrán hacerlo mucho mejor que yo. Lo que me interesa más bien es entender la derrota del laborismo británico como síntoma de una tendencia más general.

Las elecciones del pasado jueves son un amargo recordatorio de que en estos momentos la izquierda europea se encuentra perdida: no funcionan ni los programas más radicales ni los más liberales o pragmáticos. Con un programa moderado y tras gobernar como socio minoritario en una gran coalición, el SPD alemán obtuvo su peor resultado desde la Segunda Guerra Mundial en las elecciones de 2017, quedándose en un 20,5% del voto. Su candidato, Martin Schulz, era una figura bien situada en el establishment europeo, habiendo desempeñado el cargo de presidente del Parlamento europeo. Con un programa radical en lo económico, que incluía nacionalizaciones de algunos servicios básicos, una fiscalidad más agresiva y ambiciosas promesas en transferencias sociales, el partido laborista ha perdido las elecciones. El candidato, Jeremy Corbyn, era un outsider dentro del partido y de la política europea. Ni el moderado Schulz ni el radical Corbyn eran la solución.

Desde la crisis económica de 2008, los partidos de izquierda no han conseguido apenas gobernar y, cuando lo han hecho, no han podido realizar grandes cambios. De nuevo, ni los moderados ni los radicales: los mandatos del moderado François Hollande en Francia o del radical Alexis Tsipras en Grecia fueron igualmente decepcionantes por lo que toca a la capacidad de cambiar el statu quo.

Por lo demás, los partidos socialdemócratas clásicos han perdido buena parte de su apoyo popular. Incluso en España, donde el PSOE ha ganado las dos últimas elecciones, lo ha hecho con un porcentaje de voto por debajo del 30%, muy lejano del 43,6% de 2008, justo antes de la crisis. Por otro lado, las fuerzas de nueva izquierda (Syriza, Podemos, Francia Insumisa, Die Linke, etc.) no tienen el empuje suficiente para remplazar a los viejos partidos socialdemócratas.

Todos estos datos ponen de manifiesto una debilidad estructural de la izquierda (he intentado analizar las causas profundas del fenómeno en un libro reciente, La izquierda: fin de (un) ciclo)La izquierda: fin de (un) ciclo. Esta debilidad resulta algo paradójica, pues el aumento de la desigualdad y de la inseguridad económica que vino con la crisis hacía pensar que habría una mayor demanda de redistribución y, por tanto, un mayor apoyo electoral a los partidos izquierdistas. ¿Por qué no sucede así?

Una pista la proporciona el propio Corbyn, quien en un artículo en The Guardian ha ofrecido una interpretación de lo ocurrido en las elecciones de su país. Entre las varias cosas que argumenta, Corbyn insiste en el problema de la confianza. Tras los estragos de la crisis, los ciudadanos, en general, no confían ni en los partidos ni en los políticos. Al quebrarse la confianza, el papel intermediador de los partidos ha quedado en cuestión. Ahora bien, ¿por qué esta falta de confianza perjudica más a la izquierda que a la derecha? Pues, me permito sugerir, debido a que la izquierda, justamente porque se presenta ante la ciudadanía con programas de cambio y transformación, vive de la confianza que le conceden los votantes. El programa del partido laborista, como en general el programa de los partidos de la izquierda, va a la contra del sentido en que está evolucionando el capitalismo en los países avanzados. Se propone revertir las desigualdades crecientes y alterar las relaciones de poder que resultan del sistema económico. Todo ello exige que los ciudadanos confíen en los partidos y en los líderes, es decir, que piensen que los riesgos asociados a todo proyecto de cambio vale la pena correrlos.

La derecha, en cambio, no necesita tanta confianza. Puede apelar a votantes desencantados y cínicos, a los que intentará activar con la promesa de una gestión eficaz de los recursos y con una apelación a los sentimientos identitarios nacionales más primarios. Quien no espere grandes cosas de la política se consolará votando a quien le asegure estabilidad económica y defensa de los intereses nacionales.

La izquierda no está siendo capaz de capitalizar la extendida insatisfacción con la política y el sistema económico. El primer desafío consiste en entender la razón de ello. No parece que sea un problema de propuestas. Como he señalado antes, hay propuestas radicales y moderadas, pero ninguna de ellas consigue el apoyo abrumador que su materialización requiere. Más bien, da la impresión de que los votantes no creen que esas políticas sean realizables o que, si lo son, no vayan a tener unos costes mayores de los que sus promotores están dispuestos a admitir. Con niveles bajos de confianza política, un capitalismo financiero y globalizado que constriñe lo que pueden hacer los partidos cuando llegan al poder, más una ideología neoliberal dominante, muchos ciudadanos dan la espalda a los mensajes que lanzan, con un punto de desesperación, las fuerzas progresistas.

La prensa derechista ya ha emprendido una campaña brutal de deslegitimación preventiva del posible nuevo gobierno, a la que se han sumado políticos de la generación de la Transición, asociaciones empresariales y otras fuerzas vivas del establishment. Esta campaña tiene dos patas. La primera anuncia los peligros de un gobierno “social-comunista”: con Iglesias y los suyos dentro del gabinete, la economía española corre peligro. Teniendo en cuenta que Podemos se ha moderado mucho en sus pretensiones (defiende un programa socialdemócrata radical) y que la coalición PSOE-Podemos tiene un fuerte apoyo en la opinión pública, esta vía de argumentación no tiene excesivo recorrido. El espantajo del comunismo asusta a muy poca gente a estas alturas.

La segunda pata es más eficaz. Se trata de anunciar toda clase de calamidades si ERC se abstiene en la votación de investidura: el gobierno, dicen, será rehén de los independentistas y se verá obligado a negociar con ellos, legitimándolos. Dado lo crispados que están los ánimos con la cuestión catalana, este argumento sí podría provocar un desgaste considerable al nuevo gobierno.

Me gustaría ofrecer algunas observaciones sobre lo que puede significar la abstención de ERC que sirvan de contrapunto a la avalancha de comentarios descalificadores que van a circular en los próximos días y semanas.

En primer lugar, quisiera recordar que durante toda la etapa democrática se han producido encuentros, diálogos y negociaciones entre el gobierno de España y terroristas o representantes de los terroristas. En 1982, con UCD todavía en el poder, el gobierno de Calvo-Sotelo permitió la negociación sobre la reinserción de los miembros de ETApm que aceptaran abandonar la violencia. Muchos de ellos, a finales de 1983, estaban en la calle gracias a los beneficios penitenciarios acordados. Aunque ETApm era una organización menos letal que ETAm, tenía numerosos asesinatos en su haber. A su vez, el gobierno de Felipe González autorizó las negociaciones de Argel, en 1989, con los líderes de ETAm. Asimismo, el gobierno de José María Aznar accedió a celebrar una reunión con miembros de ETAm en Zurich en mayo de 1999. Finalmente, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha el proceso de paz con ETA durante los años 2005-2006.

Si los distintos gobiernos han considerado que había razones políticas para sentarse en una mesa con terroristas, ¿cómo puede considerarse escandaloso que el PSOE de Sánchez negocie con representantes democráticos de la ciudadanía como son los políticos de ERC que, además, nunca han practicado las vías violentas?

En segundo lugar, si queremos evitar una nueva crisis política y constitucional como la de otoño de 2017, que tuvo unos costes tremendos, sobre todo para el independentismo, pero también para el conjunto de España (imagen exterior, crecimiento de Vox, etc.), ¿no será más conveniente llegar a acuerdos con el independentismo que aislarlo y marginarlo, favoreciendo de este modo su creciente radicalización?

En tercer lugar, es importante recordar que hablar y negociar con el independentismo no pone en peligro el orden constitucional. Por mucho que se hable en una mesa de partidos o en negociaciones bilaterales entre el gobierno de España y el de Cataluña, lo acordado sólo tendrá validez en la medida en que encuentre apoyos suficientes en el Parlamento. Ni el PSOE ni ERC tienen capacidad para alterar el orden constitucional. La clave, pues, está en lo que suceda en el Parlamento, no en las negociaciones previas. Precisamente por ello, no tiene demasiado sentido argumentar que una negociación fuera del Parlamento es una ofensa a la democracia o al Estado de derecho. La ventaja de comenzar en foros extraparlamentarios es que se puede hablar y negociar de forma más flexible, sin micrófonos; ese tipo de foros, por lo demás, contribuyen a establecer unos niveles mínimos de confianza entre las partes. Una vez que los canales de comunicación sean fluidos y se identifiquen medidas de consenso, se abre la segunda fase, la de su tramitación parlamentaria.

En cuarto lugar, la democracia es, ante todo, un método para resolver los conflictos de manera pacífica, mediante la intervención de todas las partes afectadas. Las soluciones basadas en la imposición no suelen funcionar, o sólo funcionan a costa de debilitar los niveles de exigencia democrática. Ese debe ser el principio que inspire cualquier vía política. En la reciente encuesta del Centre de Estudis d’Opinió (el equivalente al CIS en Cataluña), el 17% de los ciudadanos que viven fuera de Cataluña apoyan una negociación sin límites y un 48% quieren una negociación en el marco de la Constitución, frente a un 27% que demanda una política de “mano dura” por parte del gobierno de España. Este resultado muestra que los partidarios de la intransigencia son una minoría (muy ruidosa), con una clara sobrerrepresentación en el establishment español. Hay una mayoría sólida, del 65%, a favor de soluciones basadas en el diálogo y la negociación.

PSOE y Podemos deben blindarse frente a la fortísima campaña que ya ha empezado para frustrar el gobierno de coalición. Con los datos de opinión pública que he señalado, hay motivos para resistir la ofensiva. Si PSOE y Podemos resisten, los ciudadanos progresistas favorables a un gobierno de izquierdas se pondrán de su lado. Son muchos más que las élites temerosas que se oponen ruidosamente gracias al altavoz que les proporcionan los medios conservadores.

******

En la primavera de 2015 Podemos era un partido con una fuerza enorme y el PSOE se encontraba aún inmerso en una profunda crisis de credibilidad como consecuencia de su papel en la crisis económica. La desconfianza habitual entre los partidos de izquierda era palpable: Podemos aspiraba a superar al PSOE y no resultaba inimaginable en aquellos momentos que incluso pudiera ganar las elecciones; el PSOE, por su parte, trataba de sobrevivir, rechazando la impugnación del “régimen del 78” que proponía la nueva izquierda.

En aquellos momentos, unos pocos propugnamos la necesidad de un entendimiento entre Podemos y PSOE a todos los niveles posibles. Así lo escribí en varios artículos en infoLibre y tintaLibre. El argumento principal era que había fuertes complementariedades entre los dos partidos. Podemos venía con un empuje enorme, había conseguido movilizar a buena parte del voto joven desencantado con la crisis y encarnaba el espíritu de renovación y cambio del 15-M. Sin embargo, no tenía experiencia de gestión, sus líderes dominaban la comunicación política pero no tenían mucha idea de gestión o políticas públicas. El PSOE parecía desfondado, pero contaba con una larga experiencia de gobierno y una red amplia de gente muy preparada y con un gran conocimiento del funcionamiento de la Administración. Si se juntaban los aspectos positivos de ambos partidos, podía surgir un gobierno que empezara a cambiar las cosas en la dirección necesaria.

Luego vinieron las elecciones de 2015, el desencuentro entre los dos partidos, las elecciones de 2016, la abstención de casi todo el grupo parlamentario socialista para permitir que Mariano Rajoy gobernara, la defenestración de Sánchez y las purgas internas en Podemos. Parecía que era del todo imposible que se consumara alguna forma de cooperación entre los dos partidos. No obstante, las cosas comenzaron a cambiar con la moción de censura de junio de 2018, cuando Podemos y los partidos nacionalistas vascos y catalanes apoyaron a Pedro Sánchez para que este formara un gobierno en minoría. Después se consiguió un acuerdo amplio sobre los presupuestos, aunque estos no llegaron a aprobarse (es difícil saber si el PSOE quería nuevos presupuestos o prefería ir a elecciones, pues hizo coincidir la votación con el inicio de la “causa especial” en el Tribunal Supremo contra los líderes del independentismo catalán).

Tras las elecciones del 28-A parecía que la posibilidad de un gobierno de izquierdas se alejaba. El presidente Sánchez realizó una gestión errática y negligente de la investidura durante semanas. Algunos analistas comenzaron a notar los parecidos con la inacción de Rajoy tras las elecciones de diciembre de 2015. Sin embargo, en el último momento las cosas se enderezaron y ya tenemos el primer gobierno español de coalición desde la muerte de Franco. Ha costado un tiempo que los partidos maduraran, pero finalmente lo han conseguido.

La oportunidad es única. Si el gobierno logra mantenerse unido varios años, se habrá cerrado la fase de inestabilidad que España ha vivido entre 2015 y 2019 (tres elecciones generales y una moción de censura, casi nada). Por supuesto, los obstáculos van a ser colosales. Con una derecha dividida y recalentada por el nacionalismo español excluyente, la oposición al nuevo gobierno duplicará o triplicará los decibelios de la estrategia de la crispación que siguió el PP contra Zapatero durante su primer mandato. No hay que emplear grandes dosis de imaginación: desde el primer momento se intentará instalar la idea de que regresa el “Frente Popular” del 36, que la izquierda es guerracivilista, que el gobierno representa los intereses de la anti-España, que la izquierda provocará una nueva crisis económica, que el nuevo gobierno quiere negociar con los catalanes poniendo en riesgo la unidad nacional, etc., etc., etc. La presencia de Podemos en el ejecutivo excitará las pasiones más bajas de la derecha.

A su vez, será extraordinariamente difícil mantener cohesionado el gobierno. No sólo los ministros, sino los dos partidos que apoyan al ejecutivo tendrán que evitar mensajes disonantes. Tendrán que hacer un esfuerzo extra entre todos para mantener las divergencias internas, que las habrá, fuera de los focos mediáticos, y establecer relaciones de confianza y cooperación.

En realidad, si descontamos todo el ruido que la oposición y los medios van a provocar, el papel más difícil corresponde al PSOE y a Podemos. Es evidente que, por mucho poder orgánico que haya concentrado Sánchez, hay sectores importantes del PSOE que abominan de la coalición y aprovecharán las meteduras de pata de Podemos, que las habrá, para pedir un cambio de alianzas. Asimismo, dentro de Podemos los incumplimientos y las renuncias, que las habrá, llevarán a los más puristas a renegar del entendimiento con el PSOE.

A pesar de tantos problemas, inevitables sobre todo ante una experiencia inédita como esta, el desafío merece la pena. Sin necesidad de generar grandes expectativas, si el nuevo gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan consiguen corregir las situaciones más lacerantes en el mercado de trabajo, desatascar el problema catalán, recuperar las inversiones en investigación y desarrollo, aprobar la ley de eutanasia y revertir las medidas más regresivas del PP, como la “ley mordaza”, España habrá dado un paso adelante importante. Esperemos que no lo estropeen.

¿Y qué decir de Pedro Sánchez? Su metamorfosis es la más chocante de todas. La historia es bien conocida. Consiguió imponerse a Eduardo Madina en las primarias de 2014, con el beneplácito de Susana Díaz, que puso a buena parte del aparato del PSOE a favor de Sánchez. En sus primeros pasos como líder estuvo marcado por la indefinición. Tras los malos resultados de las elecciones de 2015, de hecho los peores del PSOE desde la muerte de Franco, Sánchez dio un paso adelante ante la inacción de Rajoy y se ofreció al rey para formar gobierno. Tras un acercamiento frustrado a un Podemos en crecimiento, optó por firmar un pacto de investidura con Ciudadanos, que no llegó a ninguna parte por falta de apoyos adicionales. Las elecciones de 2016 volvieron a dar un resultado malo al PSOE, pero Podemos no consiguió adelantarle. Comenzaron entonces las presiones para que el PSOE permitiera formar gobierno a Rajoy. Sánchez, sin embargo, se enrocó en el ya célebre “no es no”.

En el PSOE fueron muchos quienes se empeñaron en facilitarle las cosas a Rajoy, hasta el punto de que protagonizaron una conspiración chapucera para descabalgar a Sánchez de la secretaría general del partido. La reunión del comité federal del 1 de octubre de 2016 quedó grabada en la intrahistoria del PSOE como uno de sus episodios más penosos. Para no ser cómplice de la abstención del grupo parlamentario socialista, Sánchez dimitió como diputado. Y al cabo de unos pocos meses volvió a la batalla de las primarias, enfrentándose a Susana Díaz sin apenas recursos ni apoyos orgánicos o mediáticos.

Durante su segunda campaña de las primarias, Sánchez se presentó como el candidato de la militancia. Con coraje y determinación, se enfrentó a los “poderes fácticos” del PSOE: baste recordar aquel mitin de Díaz arropada por la plana mayor del pasado del partido (González, Guerra, Rubalcaba, Zapatero, Chacón, etc.). En aquel momento, en la primavera de 2017, Sánchez cerraba los mítines cantando la Internacional con el puño en alto. Ganó. Y lo hizo con una cómoda ventaja gracias al perfil rupturista e izquierdista que adoptó.

Con el capital político acumulado por esta recuperación sorprendente de la secretaría general del PSOE, Sánchez se lanzó a la moción de censura y consiguió que el PSOE gobernara en minoría con los apoyos de Unidas Podemos y los partidos nacionalistas, tras siete años en la oposición. Generó una ilusión enorme en la sociedad y también grandes expectativas sobre la posibilidad de un gobierno de coalición. Esas expectativas las alimentó el propio Sánchez durante la campaña electoral de abril de este año. Muchos votantes progresistas se movilizaron ante la idea de un gobierno plural de las izquierdas. A Sánchez le fue muy bien: el PSOE se recuperó en las elecciones de 2018, situándose como uno de los partidos socialdemócratas más sólidos de Europa.

A partir de ahí, sin embargo, Pedro Sánchez parece haber puesto esa determinación que le ha hecho famoso en acabar con la figura que él mismo había construido. Todo ha ido a peor desde entonces. Aunque Podemos no se lo pusiera fácil, Sánchez ha desperdiciado una oportunidad histórica para constituir un gobierno de coalición, gobierno que contaba con un gran apoyo en la opinión pública (era la fórmula favorita en las encuestas, véase, por ejemplo, aquí y aquí). Ha optado por dejar pasar los meses y volver a elecciones, a pesar de que el Estado se encuentra en una posición muy delicada (seguimos con los presupuestos de Montoro, las autonomías están ahogadas financieramente, se acumulan tres elecciones anteriores, se avecinan tiempos económicos complicados…).

La campaña se ha solapado con los efectos de la sentencia contra los líderes independentistas. El lenguaje del PSOE ha cambiado enormemente en estas semanas. Sánchez y los suyos ahora hablan de un gobierno de coalición con Unidas Podemos como un peligro para España. En el debate del lunes, Sánchez se dirigió en mayor medida a Casado y Rivera para conseguir gobernar tras el 10-N que a Iglesias. Además, el discurso del secretario general a propósito de Cataluña se ha mimetizado con las tesis del nacionalismo español excluyente. Sin ir más lejos, el secretario general del PSOE ha hecho suya la tesis que Ciudadanos repitió machaconamente en las dos últimas campañas según la cual no hay ningún conflicto político entre Cataluña y el resto de España, sino tan sólo un problema de convivencia entre catalanes. Ya ni le coge el teléfono a Torra. En el debate del lunes, Sánchez no formuló ninguna propuesta positiva para resolver la crisis catalana, limitándose a defender la reintroducción en el Código Penal del referéndum inconstitucional (la misma medida que se le ocurrió a Aznar para hacer frente al plan Ibarretxe y que el gobierno de Zapatero, con buen criterio, suprimió). Sus rivales le afearon la incoherencia y le recordaron sus declaraciones sobre la España plurinacional de hace no tanto, pero Sánchez no quiso dar explicaciones al respecto.

Con estos cambios en su relación con Podemos y en la crisis catalana, Sánchez ha destruido a conciencia la imagen que él mismo construyó. Tanto vaivén (de ser el secretario general favorito del aparato a ser expulsado por el aparato, de resucitar como el candidato de la izquierda del PSOE a despreciar a Podemos e implorar el apoyo a Ciudadanos y PP, de reconocer la condición nacional de Cataluña a afirmar que España ya es federal y plurinacional con su sistema autonómico) puede causar un corte de digestión política a muchos votantes. En unos días sabremos si la apuesta de Sánchez ha tenido éxito. Las encuestas (salvo la del CIS) son más bien pesimistas y vaticinan un estancamiento del PSOE, con resultados similares a los del 28-A. Veremos si Sánchez consigue reinventarse de nuevo o si los ciudadanos desconfían de tanto cambio.

Estas dos dimensiones están relacionadas. La crisis catalana ha estado presente a lo largo de todo el ciclo de inestabilidad que se inició en 2015. Recordémoslo brevemente. El PSOE pudo haber formado gobierno con Podemos y los nacionalistas tras las elecciones de diciembre de 2015, pero vetó a los independentistas. Tras la repetición electoral, Mariano Rajoy continuó en minoría gracias a la abstención del PSOE. Sánchez volvió entonces a hacerse con el partido y ganó la moción de censura, con el apoyo de Podemos y de los nacionalistas vascos y catalanes. Sin embargo, esa alianza se rompió con el inicio del juicio oral en el Supremo y Sánchez convocó elecciones. Tras los comicios del 28 de abril, de nuevo había una oportunidad para formar un gobierno PSOE-Podemos con apoyo nacionalista, pero, una vez más, se malogró. Y ahora estamos en una campaña electoral dominada por el tema catalán.

La crisis política de Cataluña tiene consecuencias desestabilizadoras para la política española. Nada de lo que ha sucedido desde 2010 puede considerarse normal. Llevamos una década en la que, como país, hemos sido incapaces de resolver la tensión territorial que proviene de Cataluña. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 hasta la sentencia del Tribunal Supremo de hace unos días han pasado diez años marcados por intervenciones judiciales, sin desarrollos políticos que mencionar. Diez largos años en los que ni el Estado ni la sociedad española han querido abordar el problema salvo como un asunto de orden público.

El independentismo no ha ayudado, por supuesto. Aun siendo cierto que el Estado central no ha querido entrar a negociar en ningún momento, el independentismo se embarcó en una fuga hacia adelante sin tener los apoyos sociales para ello. Sólo la aplicación del artículo 155 detuvo el salto en el vacío de la estrategia unilateral de ruptura. Los daños de todo tipo en Cataluña y en el resto de España han sido cuantiosos. Y la respuesta punitiva de la Fiscalía General del Estado primero y del Tribunal Supremo después ha terminado de emponzoñar las cosas, ahondando aún más el abismo que separa a buena parte de la sociedad catalana de España.

No es mi intención entrar en el análisis de las responsabilidades de unos y otros. Tan sólo quiero subrayar que el resultado final es un gran fracaso colectivo. No hemos sido capaces de dar una respuesta política a un problema que ha ido adquiriendo gravedad mayor con el paso del tiempo. Si no lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, ¿hay alguna esperanza de hacerlo ahora, con los líderes independentistas sentenciados a penas que van de los 9 a los 13 de años de cárcel?

En lugar de la propaganda pueril que sale de “España global” y el Ministerio de Asuntos Exteriores, proclamando a todas horas la “normalidad” democrática de España, deberíamos preguntarnos qué nos pasa como sociedad para no encontrar la forma de dar salida a los problemas políticos. La esencia de la democracia es la resolución de los conflictos de intereses por medios pacíficos e institucionales. Y eso es justamente lo que no ha hecho la democracia española en este tiempo. No ha sido siempre así: en otros momentos de la historia democrática las fuerzas políticas y sociales fueron capaces de enfrentarse a problemas muy complejos.

Todas las partes van cargadas de razones. Los nacionalistas españoles recuerdan una y otra vez la deslealtad constitucional del Gobierno catalán. Los nacionalistas catalanes insisten en que sólo han recibido respuestas represivas a sus llamadas a la negociación y a su demanda de un referéndum. Pero tener razón es a veces un magro consuelo. A base de tanta razón, nos encontramos en una situación de bloqueo y parálisis.

No sé si saldremos del marasmo actual. Podría ser que la situación se cronifique y el sistema político se adapte a una situación de conflicto permanente entre Cataluña y el resto de España. Si así fuera, pagaremos todos un coste elevado. Una democracia no puede funcionar adecuadamente con una minoría permanente condenada a la frustración de sus demandas.

Si queremos ser optimistas e imaginar una salida, el primer paso tiene que ser, a mi juicio, el abandono de tanta complacencia sobre nuestro sistema democrático. Debemos empezar reconociendo que la situación presente es un gran fracaso colectivo. La crisis catalana y española es el resultado de un funcionamiento imperfecto de nuestras instituciones democráticas, nuestros líderes políticos, nuestros medios de comunicación y nuestra propia sociedad civil. Si queremos ser una democracia orgullosa y homologable a las de mayor calidad, lo mejor que podemos hacer es dar una salida política al conflicto territorial (y dejar de lamentarnos de lo malos que son los otros).

De hecho, si se observan los grandes resultados agregados, el voto a la derecha es extremadamente estable, siempre en torno a los 10 millones de votos desde 1996, frente a las grandes oscilaciones en el apoyo al PSOE. Así, el PP gobierna cuando los votantes progresistas abandonan al PSOE. Pondré un solo ejemplo: en 2008 el PSOE obtuvo 11,3 millones de votos, frente a 10,3 millones del PP. En 2011, el PP subió un poco, hasta 10,9 millones, pero el PSOE bajó a 7 millones. Así, sin apenas ganar apoyos, Rajoy pasó de estar en la oposición en 2008 a llegar al gobierno con una cómoda mayoría absoluta en 2011.

A partir de 2015 entramos en una crisis de inestabilidad política que se prolonga hasta el presente. Los síntomas son bien conocidos: cuatro elecciones generales en cuatro años, imposibilidad de formar gobiernos estables, presupuestos prorrogados. Se han ofrecido diversos argumentos para explicar esta fase de inestabilidad: crisis de régimen, fragmentación del sistema de partidos, falta de cultura política de coalición y consenso, etc. Me gustaría ensayar una explicación alternativa, más simple, que tiene que ver con el hecho de que el PSOE no esté ejerciendo la posición central que tiene en el sistema político.

El PSOE ha seguido una línea errática desde las elecciones de diciembre de 2015. En la primavera de 2016, pudo haber regresado al poder mediante una alianza con Podemos y los nacionalistas. Los números daban. Sin embargo, optó por un acuerdo con Ciudadanos a pesar de que juntos quedaban muy lejos de la mayoría absoluta. Tras la repetición de las elecciones en junio de 2016, los socialistas se abstuvieron para dejar que continuara gobernando Mariano Rajoy, cercado por los escándalos de corrupción del PP. No mucho después, en 2018, el PSOE encabezó la moción de censura con el apoyo de Podemos y los nacionalistas. Tras las elecciones de 2019, podía haber reforzado la alianza de la moción de censura, formando una coalición con Podemos y granjeándose el voto de los nacionalistas. Sin embargo, el PSOE volvió a sentir vértigo ante esta opción y ha preferido ir de nuevo a elecciones.

Resulta imposible dar sentido a esta trayectoria del PSOE en los últimos cuatro años. Acercarse a Ciudadanos cuando no sumaba, aproximarse a Podemos y los nacionalistas para desalojar al PP cuando anteriormente el PSOE se había abstenido, sumar una mayoría absoluta con Ciudadanos tras abril de 2019 pero aparentar que quería gobernar con Podemos… en fin, no hay manera de que cuadren las piezas del puzle.

A mi juicio, es este comportamiento errático del PSOE lo que acaba provocando el desajuste en el que se encuentra el sistema político español. En un contexto de fragmentación como el actual, el PSOE tiene que resolver el siguiente dilema: o bien opta por una alianza de izquierdas con el apoyo de los nacionalistas, o bien se abre a Ciudadanos o a una gran coalición con el PP. Si el PSOE hubiera tomado una resolución al respecto, no se habrían producido tantas repeticiones electorales.

El problema está en que el PSOE no ha querido tomar un rumbo claro durante estos cuatro años. Le da miedo aliarse con Podemos y los nacionalistas por la oposición brutal que sufrirá de la derecha y del establishment mediático y económico. Pero le da miedo también ensayar la alianza con Ciudadanos y perder al electorado más progresista. Moviéndose en esta ambigüedad, ha conseguido ir remontando electoralmente, pero a costa de someter a las instituciones a un fuerte desgaste y poner a prueba la paciencia de la ciudadanía. Esta ambigüedad, además, ha permitido al partido socialista salvaguardar la unidad interna, pues el partido se encuentra muy dividido sobre si debería buscar la alianza con Podemos o con la derecha. Las bases y el electorado del PSOE prefieren la coalición con Podemos, pero los barones y altos cuadros del partido se sienten más cómodos con Ciudadanos.

Todo indica que lo que pretende Sánchez con la repetición electoral es minimizar el coste político de tener que elegir ir en una dirección o en otra. Cuanto mayor sea la ventaja electoral del PSOE sobre el resto de partidos, menos costosa será la decisión sobre las alianzas.

En el momento en el que PSOE adopte una posición firme sobre sus socios de gobierno, la inestabilidad se acabará. Tendremos de nuevo un gobierno que pueda aprobar presupuestos y cuente con cierta perspectiva temporal para llevar a cabo políticas públicas.

En numerosos artículos pasados en infoLibre he dejado claro cuál sería, en mi opinión, la mejor opción: gobernar con la izquierda y los nacionalistas. Permitiría aprobar reformas más igualitarias y podría también desatascar la cuestión catalana. Pero la cuestión que quiero destacar hoy es otra otra. Al margen de las preferencias políticas que cada uno de nosotros tengamos, lo que es preciso es que el PSOE aclare de una vez qué quiere hacer, para que todos los demás puedan atenerse a las consecuencias. Mi impresión es que Sánchez no querrá pronunciarse hasta haber agotado todas las posibilidades de llegar al gobierno en una posición cómoda, quizá después de las elecciones de noviembre. Mientras, habremos acumulado cuatro años de parálisis. Qué agonía.

Es muy difícil establecer puentes o vías de entendimiento en estos momentos. Las suspicacias están en sus niveles máximos. De ahí que, en lugar de entrar en una argumentación plenamente política (tiempo habrá para ello), me limite en este artículo a señalar errores de planteamiento e irresponsabilidades varias que no tienen que ver con las posiciones ideológicas de los actores. Empezaré por el PSOE y Pedro Sánchez, pues es Sánchez quien tiene la obligación de intentar formar un gobierno.

1. En un país que lleva con gobiernos provisionales o precarios desde las elecciones de diciembre de 2015 y que continúa con los presupuestos generales que presentó el gobierno de Mariano Rajoy en 2018, es un sinsentido que el presidente del Gobierno en funciones se tome meses sin apenas hacer nada ni tomar iniciativa alguna para negociar con los grupos parlamentarios. Resulta verdaderamente escandaloso que en los casi cinco meses desde que se celebraron las elecciones de abril apenas haya habido movimientos. Sánchez tendría que haber constituido grupos de trabajo desde la semana misma posterior a las elecciones, para ir tejiendo lazos de confianza entre los dirigentes de dos partidos con culturas muy distintas y para ir avanzando en un programa común de gobierno. Pero en lugar de eso ha preferido jugar a apurar los plazos y a intentar arrancar el apoyo de Podemos en el último instante y bajo la máxima presión. Ahora está de nuevo en lo mismo: ha dejado pasar el mes de agosto entero en la pura inacción, disimulando con unas reuniones un tanto surrealistas con la sociedad civil (que tendrían todo el sentido del mundo para elaborar un programa electoral, pero no para obtener un acuerdo con Podemos). Y los plazos temporales vuelven a apretar, con lo que nos dirigimos a otro ciclo de vértigo en el que no se podrán estudiar ni intercambiar los puntos de vista con la calma necesaria.

2. Resulta insólito concluir que porque unas negociaciones sobre formación de gobierno fracasaron, ya no puede volver a intentarse. Si el PSOE no quería una coalición, sino tan sólo aparentar que la quería para hacer recaer sobre Podemos la ausencia de acuerdo, fue una frivolidad pedir al secretario general de Podemos que se retirara y al partido que renunciase a sus posiciones sobre Cataluña. Después de haber puesto esas exigencias y haber conseguido que Podemos las asumiera, ¿es serio que un desacuerdo sobre el reparto de puestos en el ejecutivo se transforme en el punto final? ¿Cuántas negociaciones requieren varias rondas, con sus lógicas tensiones, hasta que se alcanza un acuerdo aceptable para todas las partes? ¿Cuántas veces hemos visto que eran necesarias varias rondas de negociaciones entre los líderes europeos hasta que se llega a un acuerdo? ¿Cuántos conflictos laborales ha habido en los que se produce un juego de ofertas y contraofertas con huelgas y otras formas de presión por medio? ¿Por qué nada de lo que se planteó a finales de julio es recuperable? ¿De dónde sale la idea de que si Podemos dejó pasar la oportunidad, ya no tiene otra? Si el PSOE pensaba en julio que la coalición podía ser una solución, ¿cómo puede defender unas semanas después que la coalición ya no es la solución?

3. Si de verdad el PSOE tiene voluntad de negociar con Podemos, no parece muy apropiado enviar las 370 medidas a los medios del grupo PRISA antes que a tus “socios preferentes”, como tampoco ayuda que, en la investidura de julio, Sánchez pidiera los apoyos al PP y a Ciudadanos y sólo como opción residual mencionara a Podemos. Todas esas humillaciones y mezquindades parecen no tener más propósito que desquiciar a los dirigentes de Podemos.

Sigo con Pablo Iglesias y con Podemos:

1. Si Podemos de verdad quiere entrar en un gobierno con el PSOE, ¿por qué viene diciendo desde el primer día que los socialistas no son de fiar, que dicen una cosa y hacen la contraria? ¿De verdad que no hay motivos más constructivos para defender la necesidad de una coalición de izquierdas? ¿Tan limitado es el discurso político que puede elaborar Podemos? Es lógico que los dirigentes socialistas se revuelvan y vean a los políticos de Podemos no como socios, sino como severos vigilantes que quieren fiscalizar la acción de gobierno.

2. Fue un error que Iglesias anunciara desde el primer instante que la única opción aceptable era la coalición. Al hacerlo así, Iglesias se estaba atando las manos e introducía una rigidez tremenda en el intercambio de posiciones, pues cualquier cosa por debajo de la coalición será vista por sus seguidores como una renuncia y una humillación. De hecho, Iglesias recurre constantemente al lenguaje de la humillación, que es el menos adecuado para negociar nada, pues en cuanto se introducen sentimientos morales, hay poco que hacer.

3. Podemos fabricó una interpretación absurda de la oferta de puestos que le presentó el PSOE, midiendo la influencia de los ministerios por el volumen de gasto público que manejan. Este criterio no tiene defensa posible: la regulación (como subir el salario mínimo) puede ser tan o más eficaz que el gasto. Da la impresión de que Iglesias ha asumido el error que cometió rechazando la oferta de una vicepresidencia y tres ministerios, pues ha pedido volver a ella. Esto revela la falta de capacidad política de Iglesias, bien aprovechada por los socialistas, que han sido mucho más hábiles en el proceso negociador.

4. De la misma manera que el PSOE debería huir de los gestos de ninguneo hacia Podemos, los dirigentes de Podemos harían bien en evitar provocaciones ridículas como llamar “Calvini” a Carmen Calvo.

En fin, tras todas estas torpezas, espero que seamos muchos los votantes progresistas que castiguemos en las urnas a Sánchez e Iglesias si finalmente fracasan y no hay gobierno. Los errores que están cometiendo son imperdonables.