El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado un ataque a buques de guerra en el Estrecho de Ormuz por parte de Irán, a través de un mensaje en su red social Truth Social. En el comunicado, Trump asegura que un buque surcoreano ha sido atacado por el país persa, pero que ninguna embarcación estadounidense ha sufrido daños.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este lunes que había facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el Estrecho, como un "primer paso" en la operación anunciada por el presidente Trump para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní. Además, el ejército estadounidense informó de que había destruido seis embarcaciones pequeñas iraníes e interceptado misiles de crucero y drones iraníes lanzados por Teherán en el marco de esta operación, asegura Reuters.

La misión comenzó este lunes y, según adelantó el Centcom, movilizará más de cien aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares por la vía marítima, por donde pasaba el 20% del petróleo mundial. El almirante estadounidense Brad Cooper, jefe del Mando Central, se negó a comentar si consideraba que el alto el fuego iniciado el 8 de abril seguía vigente. Sin embargo, reconoció los continuos esfuerzos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) por "interferir" en la operación de Trump para abrir esta vía comercial.

El Ejército iraní había rechazado la misión estadounidense y advertido que cualquier buque, incluidos los americanos, que traten de atravesar el Estrecho de Ormuz serán atacados. Los militares iraníes aseguraron además que lanzaron disparos de aviso con misiles contra destructores de Estados Unidos cuando trataban de acercarse.

Las bases militares de Estados Unidos en Alemania son la "punta de lanza" del Ejército estadounidense en Europa para operaciones en el continente, África y Oriente Medio, con una decena de bases de peso y más de 36.000 soldados desplegados en el país centroeuropeo, que se beneficia de esa presencia no solo militarmente y por su efecto disuasorio, sino también económicamente, según informa EFE.

Estados Unidos tenía aproximadamente 68.000 militares asignados de forma permanente a sus bases en Europa en diciembre de 2025, según el Defense Manpower Data Center (DMDC), cifra que no incluye a las fuerzas rotatorias enviadas a misiones o ejercicios. Eso significa que casi la mitad se encuentra en Alemania, país con más militares del país norteamericano fuera de EE.UU. solo por detrás de Japón, que cuenta con unos 54.000.

En Alemania se calcula que hay unas 40 instalaciones militares estadounidenses de diferente tamaño, si bien las grandes son aproximadamente una decena y se encuentran sobre todo en el sur y suroeste del país.

Por ejemplo, la base aérea de Ramstein, la mayor fuera de Estados Unidos se encuentra en el estado federado de Renania-Palatinado. La base es, además de la logística, importante para el despliegue de drones, incluido en Oriente Medio. 

En esta base también se encuentra desde 1974 el cuartel general del Mando Aéreo Aliado, que es responsable de planificar, realizar ejercicios y ejecutar operaciones integradas de defensa aérea y antimisiles dentro del área de responsabilidad europea de la OTAN.

A su vez, la sede del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) y del Mando para África (AFRICOM) se encuentra en Stuttgart, en la región de Baden-Württemberg; el mayor hospital militar fuera de Estados Unidos está en Landstuhl; también en Renania-Palatinado; y el mayor campo de entrenamiento militar fuera del país norteamericano está situado cerca de Grafenwöhr, en Baviera.

Además, se estima que hay unas 20 armas nucleares tácticas en la base aérea de Büchel, en Renania-Palatinado, un dato que recoge la cadena de televisión pública ARD, pero que no es público.

De ahí que no sea de extrañar que el anuncio de la retirada de unos 5.000 soldados que hizo el Pentágono el viernes y la advertencia en la víspera del presidente Donald Trump de que al final serán "muchos más" hayan generado inquietud en las regiones que acogen las diferentes bases estadounidenses.

Miles de puestos de trabajo dependen de la presencia militar estadounidense en Alemania.

Todavía se desconoce qué regiones se verán afectadas. Por ahora ha trascendido que Estados Unidos quiere retirar en los próximos seis a doce meses una brigada completa ya desplegada y a un batallón de fuego de largo alcance que debía llegar al país más adelante este año, según medios como CBS News y The Washington Post.

Sin embargo, la inquietud ya se percibe al menos en Renania-Palatinado, donde muchos empleos dependen de la presencia estadounidense. 

"La fuerza económica de la presencia militar estadounidense puede estimarse en más de 2.000 millones de dólares por año fiscal", afirmó la víspera el alcalde de Ramstein, Ralf Hechler. 

El propietario del restaurante Big Emma en Ramstein, Andreas Hausmann, dijo a la cadena de televisión NTV que cada puesto de trabajo en el municipio de unos 18.000 habitantes depende directa o indirectamente de la base aérea. El primer ministro saliente de Renania-Palatinado, Alexander Schweitzer, también se mostró preocupado por el anuncio. 

El primero recalcó que "no se trata solo de la cooperación en cuestiones de política de seguridad". "También es una cuestión de política económica que las fuerzas estacionadas estén aquí", dijo.

Al mismo tiempo pidió cautela, porque, según dijo, "hay indicios" de que la retirada parcial de soldados podría tener lugar en Grafenwöhr, en Baviera.

El detonante de la crisis que actualmente enfrenta a España e Israel fue el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno español en mayo de 2024. En el contexto de la actual espiral bélica, que solo beneficia al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y a sus socios extremistas, estos últimos han impuesto una narrativa en la que atribuyen a Hamás el éxito que supuso el reconocimiento del Estado palestino.

Sin embargo, un Estado palestino viable y pacífico tendría grandes beneficios para Israel. A continuación, analizo cuáles serían los aspectos positivos del escenario de los dos estados.

A pesar de las declaraciones de Netanyahu, del ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, y del de Finanzas, Bezalel Smotrich, el único camino viable de Israel para obtener más seguridad es la paz con los árabes.

Desde que el Tzahal –las fuerzas de Defensa israelíes– entró en el Líbano en 1978 para expulsar a los fedayines o combatientes palestinos y evitar atentados, Israel ha invadido el país del cedro hasta en cinco ocasiones. El resultado ha sido nefasto, ya que, con la única excepción de los años en los que se retiró del Líbano, Israel no ha estado más seguro.

Si nos centramos en el lanzamiento de misiles por parte de Hezbolá, vemos que esta tendencia no ha hecho más que aumentar, hasta alcanzar récords históricos desde el 7 de octubre de 2023.

Lo mismo ocurre con Gaza. A comienzos de siglo, Hamás lanzaba unos 650 misiles al año y, tras cinco invasiones, la destrucción de la Franja y la muerte de unos 75.000 gazatíes, Israel no ha logrado frenar esos ataques. De hecho, desde el 7 de octubre de 2023, Hamás ha sido capaz de lanzar 15.792 misiles al año, lo que lleva a pensar que la invasión no ha servido para dar más seguridad a los isralíes.

Esta situación de inseguridad creciente contrasta frontalmente con la que Israel mantiene con Jordania y Egipto: tras los acuerdos de 1978 y de 1994, los israelíes viven en paz con egipcios y jordanos. Por lo tanto, frente a lo que predica Netanyahu, la estrategia de confrontación de Israel con Hamás y con el Líbano no solo no ha traído la paz, sino más inseguridad.

Uno de los problemas más serios de un Estado es la pérdida de su reputación. A nivel internacional, Israel está sufriendo una campaña de desprestigio que tiene como epicentro la ocupación de Cisjordania y la posterior invasión de Gaza.

Si Palestina fuera un Estado y este hubiera sido reconocido por Israel, esta campaña carecería de sentido y los defensores del BDS –Boicot, Desinversión y Sanciones– no encontrarían eco. A medio plazo, Israel podría estar presente en muchos foros donde hoy no está o en los que su participación ha generado problemas: la Bienal de Venezia, la Vuelta Ciclista a España o Eurovisión.

Lo mismo ocurre con las relaciones diplomáticas de Israel. A día de hoy, mantiene abiertas crisis diplomáticas con España, Noruega, Irlanda, Baréin y Brasil. En todos estos casos se ha producido una degradación de la representación diplomática o incluso la retirada de los embajadores. Un Estado palestino reconocido por Israel evitaría estos problemas de legitimidad internacional y normalizaría sus relaciones con todo el resto del mundo.

También ocurre con los vecinos. La exitosa y acertada estrategia diplomática que llevó a la firma de los Acuerdos de Abraham ha quedado pulverizada por las bombas que han arrasado Gaza tras el 7-O.

Los casi 30 años invertidos en la normalización de relaciones diplomáticas con los países del golfo Pérsico se destruyeron en pocas semanas, lo que, en términos de reputación internacional, debe considerarse un sonoro fracaso. Descendiendo a lo concreto, Arabia Saudí ha expresado claramente la condición que pone para retomar las negociaciones: el reconocimiento del Estado palestino.

El Banco Mundial ha calculado que el coste acumulado de las colonias de Cisjordania es de unos 20.000 millones de dólares, a los que habría que añadir unos 2.000 millones anuales que Israel deber destinar a seguridad, inteligencia y control de las fronteras.

En términos económicos, estas colonias suponen una merma anual del 0,8% del PIB, que se suma al 5% que Israel se ve obligado a gastar en defensa para mantener el statu quo. Si ese dinero se invirtiera en educación, infraestructuras e I+D, produciría un efecto multiplicador en su economía de entre el 1,2% y el 1,8%. Un Estado palestino supondría , por tanto, un importante impulso para el crecimiento económico de Israel.

El momento de mayor esperanza para la paz en Oriente Medio llegó en los años 90, con la firma de los acuerdos de Madrid-Oslo.

Como se aprecia en el gráfico, en los años 90 la esperanza de convivir pacíficamente era mayoritaria (70%) entre palestinos e israelíes. Sin embargo, con la llegada al poder de Hamás y los sucesivos gobiernos de Netanyahu, esa esperanza ha descendido hasta las cuotas actuales, en las que solo un 30% de los palestinos aceptaría un Estado israelí y solo un 25 % de los israelíes aceptaría un Estado palestino.

Si Israel no acepta la creación de un Estado palestino no podrá sobrevivir, ya que 150 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas (77,7% del total) reconocen a Palestina como Estado y 157 (80% del total) apuestan por la solución de los dos Estados. Por su parte, Palestina debe asumir que tiene que convivir con un Estado judío, ya que las condiciones de vida de su población han empeorado significativamente desde la partición del territorio del mandato británico en 1947.

A corto plazo, la confrontación puede parecer que trae más seguridad, pero a largo plazo solo conducirá a la destrucción de Israel. Como dijo Mahatma Gandhi: “No hay camino para la paz; la paz es el camino”.

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Alberto Priego es profesor agregado de la Facultad de Derecho- ICADE, en el Departamento de Derecho Público y en el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.

La democracia mundial está de celebración (moderada). Tras casi una década en caída libre, con un leve repunte tras la pandemia, el Índice de Calidad Democrática (ICD) de The Economist ha subido dos centésimas, hasta 5,19 puntos sobre 10, después de que en 2024 marcase su mínimo histórico: 5,17.

La Unidad de Inteligencia de la revista económica rebaja, eso sí, el entusiasmo y califica este repunte como una “pausa frágil”. La serie histórica obliga a la prudencia porque el deterioro sigue siendo considerable, con  una caída de casi cuatro décimas en la última década.

“Lo que vemos no es una mejora estructural, sino un ajuste”, admiten desde The Economist. El medio atribuye el ligero repunte a dinámicas compensatorias entre regiones: cierta recuperación en América Latina, mayor movilización política en África y Asia, y un fortalecimiento puntual de consensos institucionales en algunos países occidentales. 

The Economist destaca, entre esas correcciones compensatorias, los casos de Canadá, que subió cinco puestos al registrar mayor participación electoral; Rumanía, que contribuyó a contener el avance de un candidato nacionalista; y Dinamarca, que reforzó su posición por su respuesta a las amenazas de Trump sobre Groenlandia.

Esta mejora a nivel mundial contrasta con la evolución de Estados Unidos. El “país de la libertad y la democracia” ha caído dos décimas, —de 7,85 a 7,65 puntos— por “los intentos de redibujar distritos electorales, el uso del Ejército y del ICE para sofocar protestas y las presiones sobre los medios de comunicación”, destaca The Economist. Todo ello apunta, indica la revista, a un deterioro de los derechos civiles.

Desde Egipto, Ahmed Abed, guía turístico, cuestiona en infoLibre el optimismo global: “Viendo cómo está todo Oriente Próximo, no entiendo que el índice mejore cuando hay varias guerras abiertas en el mundo”.

Mayra Martínez, profesora de Sociología de la Universidad Camilo José Cela, recuerda a este medio que cualquier medición de calidad democrática debe partir de una base más exigente que la simple estabilidad electoral. “La dimensión más básica y transversal, sin la cual las demás colapsan, es el Estado de Derecho”, y concreta, “que las leyes se apliquen por igual a gobernantes y gobernados, que exista independencia judicial y que estén garantizados los derechos fundamentales”.

Martínez insiste en que elecciones periódicas no bastan para garantizar una democracia sólida. “Sin pluralismo político o rendición de cuentas, una democracia puede derivar hacia formas delegativas o iliberales”, explica. En otras palabras, votar no es suficiente. La historia egipcia tras 2015 lo ejemplifica. “La Primavera Árabe consiguió echar a Mubarak, pero Al Sisi es mucho peor, más controlador. Votamos, pero las elecciones siempre han estado bajo la sombra del pucherazo”, resume Abed.

Freedom House, con sede en Washington, concluye en su informe Freedom in the World 2026 que la libertad global cayó por vigésimo año consecutivo. En 2025, 54 países empeoraron en derechos políticos o libertades civiles, frente a solo 35 que mejoraron.

El Instituto V-Dem (Varieties of Democracy), de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), dirigido por el politólogo Staffan I. Lindberg, describe un proceso de “autocratización” en el mundo y alerta del deterioro en democracias consolidadas. Su informe indica que la proporción de la población mundial que vive bajo autocracias ha pasado del 50% al 74%, mientras que quienes residen en democracias liberales han caído del 17% al 7%.

A esto se suma el estudio del Carnegie Endowment for Peace, firmado por Murat Somer y Jennifer McCoy, que habla sobre la reversión de un sistema deteriorado. El informe concluye que las recuperaciones democráticas sostenidas son excepcionales. “De 25 países que experimentaron retrocesos desde 1990, solo cuatro lograron recuperar sus niveles previos, y únicamente uno mantuvo esa mejora durante más de cinco años”, señalan.

Lindberg coincide con Somer y McCoy al afirmar que “los procesos de erosión democrática suelen ser graduales y acumulativos” y, por eso, más difíciles de revertir.

Estos datos contrastan con el ICD y, como apunta Martínez, podría ser debido a las diferentes metodologías, aunque todos tienen un rasgo común: “Se basan en evaluaciones de académicos y analistas, no en percepciones ciudadanas directas”. The Economist agrega variables institucionales, culturales y participativas; Freedom House prioriza libertades civiles; y V-Dem profundiza en diferentes dimensiones.

Ese sesgo institucional puede generar una desconexión entre datos y experiencia. “Un ciudadano puede vivir en una democracia con instituciones formalmente impecables y aun así sentir que el sistema no trabaja para él”, explica. “Si no puede acceder a una vivienda digna, a una sanidad o educación de calidad, o si percibe que la ley no se aplica igual a poderosos y ciudadanos corrientes, aparece una distancia entre democracia formal y democracia vivida”.

La experiencia de Jaseem Aldhaen, manager de Product Coordination para Europa, África y Oriente Medio en Kuwait Finance House, describe el sesgo del que habla Martínez: aunque Kuwait está en la posición 130 del ránking ICD, él no tiene tal percepción “por mi trabajo o mi posición social”.

“No estamos en conflicto como muchos países de la zona, votamos en elecciones democráticas, las mujeres pueden votar, somos la democracia más liberal de todas las de la región, vivimos bien y con seguridad...”. Las palabras de Aldhaen reflejan el sesgo que señala la socióloga, pese a que el Parlamento kuwaití ha sido disuelto hasta cuatro veces en cuatro años por el enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Esos enfrentamientos, añade Martínez, alimentan directamente la desafección política y el auge de los populismos, pero matiza que no son causa principal del deterioro democrático, sino síntoma.

En paralelo, un análisis sobre el papel del periodismo y la democracia de Jeroen van den Bergh y Pablo Núñez Yebra apunta a otra dimensión crítica: el deterioro del espacio público informativo. Cuando la confrontación sustituye al contraste factual y la equidistancia se impone sobre la verificación, el debate democrático pierde uno de sus pilares esenciales. Otro síntoma que afecta a la calidad democrática.

La consecuencia es “una ciudadanía peor informada, más desconfiada y más vulnerable a la desinformación”, señalan estos investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La filósofa Elvira Durán Costell añade una dimensión estructural a este diagnóstico. La crisis democrática no se explica únicamente por fallos institucionales, sino también por transformaciones sociales de largo alcance: profesionalización de la política, desconexión entre élites y ciudadanía, y debilitamiento de la participación cívica.

“La democracia se resiente cuando deja de ser un proyecto compartido y se convierte en un ámbito gestionado por minorías especializadas”, sostiene. En este contexto, fenómenos como el 15M o la Primavera Árabe aparecen como intentos de reactivar la implicación ciudadana, pero con efectos limitados si no se traducen en cambios estructurales.

Martínez introduce aquí una dimensión menos habitual en los grandes rankings, pero decisiva para entender la calidad democrática contemporánea: la igualdad política real. “Esta igualdad difícilmente puede materializarse sin un mínimo de igualdad económica”, afirma. “Cuando la riqueza se concentra, el poder político tiende a concentrarse con ella”.

La investigación abierta contra Meta por no impedir el acceso a sus redes sociales a los menores de 13 años es la última de las acciones emprendidas por la Comisión Europea para poner coto a las prácticas abusivas de las tecnológicas, que van desde las brechas a la privacidad de sus usuarios y la difusión de bulos, desinformación o contenido pornográfico ilegal hasta acciones monopolísticas y contra la competencia.

Desde que en otoño pasado los 27 pactaron una declaración conjunta donde se reconocía la adicción que las redes sociales, las plataformas online y la Inteligencia Artificial generaban en los menores por sus contenidos diseñados específicamente, los Estados de la UE han ido introduciendo leyes y normas para limitar la edad de acceso, mientras la Comisión Europea, aprovechando la nueva Directiva de Servicios Digitales, abre investigaciones contra las grandes tecnológicas por su funcionamiento.

Instagram y Facebook, propiedad de Meta, aplicaron medidas para restringir el acceso de los niños y niñas que “no parecen estar siendo efectivas”, reprocha el Ejecutivo comunitario, para denunciar que “no prevén adecuadamente el acceso de los menores de 13 años a sus servicios ni los identifican rápidamente ni los retiran si han conseguido acceso”. Meta “está claro que ahora mismo no está haciendo lo suficiente” en la protección de la infancia, reprocha la vicepresidenta de la Comisión al frente del departamento de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. Una denuncia pública desde Estrasburgo, con motivo de la sesión plenaria del Parlamento Europeo, que se suma a otras, como las dos abiertas contra la plataforma de X.

Grok, la inteligencia artificial de la antigua Twitter, está siendo investigada formalmente por los riesgos asociados con la difusión de contenido ilegal en la UE relacionado con imágenes sexuales explícitas manipuladas de mujeres y hasta de abuso de menores. Un proceso sumado al que está en marcha desde 2023 por las obligaciones supuestamente incumplidas por X para mitigar el contenido relacionado con material terrorista.

La eurodiputada socialista Laura Ballarín califica estas investigaciones como actuaciones necesarias y urgentes ante “la alarmante falta de control por parte de las plataformas” digitales. La política, voz en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, cree aun así que estas investigaciones llegan en muchos casos tarde, ya que mientras los procesos de Bruselas avanzan con lentitud, la plataforma de Elon Musk opera “sin asumir responsabilidades reales”.

Las llamadas para que la UE ponga coto a los desmanes digitales de las plataformas de Internet, redes sociales o la Inteligencia Artificial han ido en aumento en los últimos tiempos. El grupo parlamentario de Los Verdes escribió en una carta abierta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que los escándalos de Grok sobre imágenes falsas de abuso a menores o violencia sexual contra mujeres eran “una desgracia” y “un comportamiento inimaginable” que exigían “apoyar alternativas europeas frente a las plataformas sociales dominantes” con fondos comunitarios, además de que Bruselas y los Estados miembros “investiguen de forma rigurosa y refuercen nuestras leyes, incluyendo cualquier ley criminal que sea violada”.

Precisamente los ministros europeos de Telecomunicaciones discutieron este jueves en Chipre el futuro europeo de la Inteligencia Artificial y su regulación. Óscar López, el titular español, asegura que la posición del Gobierno al respecto es “muy sólida”, que “España no quiere retroceder” y que la Unión necesita “una regulación para que Europa consiga una IA fiable”. En todo el continente, señala el ministro López, “han surgido voces a favor de proteger a nuestros menores, especialmente en redes sociales, y la mayoría de edad. Ahora mismo hay dos países, Francia y España, que tienen una ley de protección del menor, pero los demás no la tienen y están discutiendo cómo hacerlo”.

Antes que España, a principios de año, la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley que modificaba la existente sobre protección del menor e introducía los 15 años como límite para acceder a las redes sociales. Por debajo de esa edad, tendrían prohibido ser usuarios en esas plataformas, como también quedaría prohibido el uso de los teléfonos móviles en los institutos. Francia se convirtió en el pionero europeo de esta regulación después de que la ANSES, su Agencia de Seguridad Sanitaria, declarase que aplicaciones como TikTok, Snapchat o Instagram provocan severos efectos negativos en los adolescentes. Hasta ese momento, sólo Australia tenía una prohibición semejante en el planeta.

Los estudios de la Comisión Europea tras la introducción de la Directiva sobre Servicios Digitales hablan de que el 97% de los jóvenes de la UE emplean a diario Internet y que las redes sociales son la principal fuente de información para el 65% de ellos. El departamento que dirige la comisaria Virkkunen “reconoce que Internet tiene mucho que ofrecer a la infancia y a la juventud, desde el aprendizaje hasta la exploración del mundo”, pero que “también están aumentando los riesgos online para la juventud que necesitan atajarse”.

La eurodiputada Laura Ballarín insiste en que el avance tecnológico no puede producirse a costa de la seguridad de los colectivos más vulnerables, “la tecnología no puede avanzar dejando atrás la protección de menores y mujeres. Regular no es frenar el progreso: es garantizar derechos”. Los países europeos están tomando nota de estos llamamientos y el coto a las redes sociales y la Inteligencia Artificial avanza.

Dinamarca está introduciendo estrictas normas para la protección online de los menores, incluyendo la prohibición de usar las redes sociales por debajo de los 15 años si no existe un control parental específico. El gobierno de la primera ministra Mette Frederiksen ha adoptado esta medida después de que bajo su impulso como presidencia rotatoria del Consejo Europeo, los ministros de los 27 pactasen el pasado otoño la Declaración de Jutland donde se afirma que “los diseños adictivos mantienen colgados” a los menores en el mundo online, “en riesgo a contenido ilegal, contenido extremista y dañino y expuestos a contactos inapropiados”. El documento, pactado por todos los gobiernos sin excepción, reconoció “la necesidad de requerir una verificación privada y efectiva de la edad en las redes sociales”.

El gobierno austríaco trabaja en una prohibición semejante incluso con una edad aún más baja, los 14 años, como medio para combatir la adicción, las enfermedades mentales y el contenido dañino por Internet. En Alemania, democristianos y socialdemócratas también está elaborando una regulación que fuerce a las redes sociales a introducir sistemas de verificación de edad, con el mínimo de los catorce años y la obligatoriedad de versiones juveniles para los menores de dieciséis.

En otros países estas iniciativas también se abren paso. El debate ya está en el seno de la coalición de gobierno italiano, con el objetivo de adaptar las regulaciones existentes hacia un uso más restrictivo para los adolescentes más jóvenes en las redes sociales, con límites como los catorce o quince años, y en Bélgica, la región de Flandes, aprovechando sus competencias sobre protección de menores, ha introducido el mínimo legal de 13 años para acceder a plataformas como TikTok o Instagram.

Halil llega puntual a Tria Fanaria, un café del sur de Nicosia a un paso de la Línea Verde. Estamos en pleno corazón de Faneromeni, a escasos metros del puesto de control. Como uno de los pocos kahveneios históricos que quedan en la Ciudad Vieja, el café es un lugar donde el nacionalismo griego mantiene una presencia discreta pero omnipresente. En las paredes destaca la bandera de la Enosis, la unión de Chipre con Grecia, flanqueada por iconos de santos y de los caídos en la guerra de 1974. El ambiente no resulta asfixiante, pero para un chipriota turco como Halil difícilmente puede sentirse como en casa. "Vengo a estos sitios y hablo con la gente", dice mientras se lía un cigarrillo.

El ataque contra la base británica de Akrotiri el 2 de marzo —un ataque con dron lanzado desde Líbano en represalia por bombardeos estadounidenses e israelíes— tuvo escaso impacto práctico en la isla. Pero los nervios siguen a flor de piel. Marzo fue un mes de alarmas. Un incidente de seguridad en la base británica de Akrotiri el día 13 llevó a pedir a la población que se refugiara y se mantuviera alejada de las ventanas; luego, el 24 de marzo, un misil, quizá con destino a Chipre, fue interceptado sobre Beirut, lo que derivó en el cierre del aeropuerto internacional de Lárnaca. Este desgaste psicológico ha arrastrado a los chipriotas de ambas comunidades de vuelta a un pasado que creían haber superado. La tensión evoca la violencia intercomunal que culminó con la invasión de Ankara y una división que persiste hasta hoy: una isla partida en dos por una zona de amortiguamiento de la ONU, con la comunidad turcochipriota relegada a un Estado no reconocido.

Para Halil, poeta y doctorando en la Universidad del Mediterráneo Oriental en Famagusta, en la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), el conflicto no ha hecho sino reforzar la posición de Turquía. "Turquía aspira a la supremacía regional, y consolidar su presencia en el norte sirve a ese objetivo", explica. Activista antimilitarista que ha pasado tiempo en prisiones militares del norte por negarse al servicio obligatorio, sus palabras tienen peso. "En el norte vivimos en una vasta zona militar con pequeños enclaves civiles aislados", añade con ironía, señalando que en la práctica el estado de emergencia sigue vigente desde 1974.

Las Áreas de Bases Soberanas británicas (SBA, por sus siglas en inglés) de Akrotiri y Dhekelia ocupan un espacio complejo en este paisaje. "Los residentes del norte nunca han adoptado una postura firme respecto a ellas", observa Halil. "El norte ya está saturado de bases turcas, y el único tabú real para nosotros es criticar a Ankara. Ese es el núcleo del problema, junto con las históricamente buenas relaciones que muchos aún mantienen con los británicos".

Mientras que en el sur grecochipriota han estallado protestas contra las SBA, el impacto en el norte ha sido más contenido, pese a la exposición de la isla a posibles represalias. En línea con Ankara, las autoridades del norte condenaron el ataque a Irán; Turquía desplegó seis F-16 y reforzó las defensas aéreas, pero los turcochipriotas solo se manifestaron en el sur. Al norte de la Línea Verde, las tensiones internacionales se superponen al lastre histórico del problema chipriota. Turquía —aliada de la OTAN pero adversaria de la República de Chipre— actúa como mediadora regional mientras defiende simultáneamente su presencia militar en la isla.

La RTNC comparte frontera directa con Dhekelia. En los pasos de Strovilia y Pergamos ondea la Union Jack –la bandera nacional del Reino Unido– y los pasaportes los revisa la Policía Militar británica en lugar de agentes locales. Aquí, las colinas onduladas de las zonas agrícolas administradas por los británicos descienden hacia la costa, salpicadas de áreas militares restringidas. En la bahía de Dhekelia, la presencia militar apenas se delata por el alambre de espino y un radar que gira entre la vegetación mediterránea. Un cartel de hormigón reza: "Welcome to Dhekelia Station". La carretera atraviesa una puerta sin vigilancia, flanqueada por vallas: la bandera británica a un lado y, al otro, Cessac Beach, el único acceso al mar dentro del perímetro militar. Aunque la administración guarda silencio, es un secreto a voces que la zona funciona principalmente como centro de inteligencia.

"¡Esto es el Reino Unido!", exclama Alexandros, señalando el suelo. El joven propietario de un bar en las afueras de Ormidhia, un enclave rodeado por la base, no se inmuta ante las medidas de seguridad posteriores al ataque. "Hay protocolos y búnkeres", dice, "pero las autoridades solo se pusieron en contacto mucho después de lo ocurrido".

Pese a la independencia en 1960, Chipre sigue conviviendo con estas dos bases, un legado colonial que marca la vida cotidiana. Akrotiri, objetivo del dron en marzo, es la zona civil más densamente poblada dentro de las SBA. El sistema, que abarca el 3% de la isla, otorga al Reino Unido soberanía no solo sobre infraestructuras militares, sino también sobre la vida civil circundante.

Melanie Steliou, actriz chipriota-británica de 50 años que vive en Pyrgos, cerca de Akrotiri, percibe esa fricción. "Cuando llevo a mi hijo al colegio en Trachoni, un pueblo parcialmente bajo jurisdicción británica, oímos los aviones despegar justo encima de nosotros. Los niños están acostumbrados". Para Steliou, el problema es el limbo legal de la que es la mayor base de la RAF fuera del Reino Unido. "La base tiene sus protocolos, pero ¿quién cuida de los civiles que viven dentro o justo fuera del perímetro? Si un dron fallara su objetivo, ¿quién nos protege?".

Tras el ataque de marzo, cientos de civiles en Akrotiri fueron desplazados durante unos días, alimentando la incertidumbre entre quienes viven a lo largo de estas fronteras invisibles. En el paseo marítimo de Limassol, una mujer rusa juega con su hijo. Cerca, una lancha rápida arrastra a un esquiador sobre el agua. El sol deslumbra, pero en el horizonte la silueta de una fragata se distingue con claridad entre la bruma.

En la playa de Lady’s Mile, una franja desierta de arena dominada por antenas, no hay aduanas: solo Google Maps o algún coche ocasional de la Policía Militar indica el cambio de jurisdicción. El pueblo de Trachoni es el emblema de esta anomalía, dividido no por cascos azules de la ONU, sino por una línea burocrática invisible. En la calle principal, dos tiendas contiguas pueden pertenecer a distintos Estados. "Aquí es Reino Unido, pero allí, donde ves esos edificios, es Chipre", explica Giorgos, encargado de un café.

En esta "tierra de nadie", la burocracia se duplica. "Para abrir un negocio necesitas una licencia tanto de Nicosia como de la base", explica un joven barbero. Sin embargo, la reciente situación de emergencia apenas alteró la rutina. "En marzo, cuando la tensión era alta, no recibimos ninguna advertencia. Seguimos abiertos", añade Giorgos. Muchos en Akrotiri prefieren no alzar la voz; para algunos, los británicos son empleadores esenciales; para otros, constituyen la única garantía de defensa de un país sin un ejército formal.

Para evitar tensiones con quienes ven las bases como un símbolo del colonialismo, la administración de las SBA mantiene un perfil bajo: pocas patrullas, a menudo con agentes locales, y oficinas judiciales discretamente ubicadas dentro de zonas militares. Pero la ausencia de banderas no hace que el territorio dependa menos de Londres.

Matthew Stavrinides, ingeniero químico y activista pro palestino, fue uno de los primeros en dar la voz de alarma. "Era solo cuestión de tiempo. Este es el resultado de una estrategia en la que Londres y Nicosia han aceptado riesgos inaceptables para la población civil". A través de la página de Instagram "Genocide Free CY", Stavrinides y un colectivo bicomunal llevan dos años documentando vuelos de espionaje de la RAF sobre Gaza. "El Gobierno británico lo negó durante mucho tiempo, pero los datos recopilados con Declassified UK llevaron a una investigación parlamentaria en la que el ministro tuvo que admitir la actividad".

Lo que antes se limitaba a unos pocos activistas se ha convertido en una preocupación generalizada. "Cada crisis regional vuelve a poner a Akrotiri y Dhekelia en el punto de mira, pero la atención actual no tiene precedentes", afirma Ceylan Hassan, investigadora británica de origen turcochipriota, activa en el movimiento "Bases Off Cyprus".

Para ella, la cuestión es personal: su familia fue desplazada en 1974 de Episkopi por milicias de EOKA B, refugiándose en las bases antes de trasladarse al norte. "Las bases están intrínsecamente ligadas a la división de la isla", afirma. "Los antiguos colonizadores enfrentaron a las comunidades entre sí y se quedaron. Aceptar este sistema es aceptar que el colonialismo nunca terminó realmente".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, de acuerdo con altos funcionarios del Pentágono citados por distintos medios estadounidenses, informa Efe. "El Secretario de Guerra ha ordenado la retirada de aproximadamente 5.000 soldados de Alemania", explicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, citado en X por la periodista Kellie Meyer de Newsmax. Parnell añadió que Washington prevé "que la retirada se completará en los próximos seis a doce meses".

Tras conocer la noticia, la OTAN ha anunciado este sábado que está "trabajando" con Estados Unidos para "entender los detalles" de esta retirada, informó una portavoz de la alianza militar según recoge Efe. "Estamos trabajando con los Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre la presencia militar en Alemania", dijo

La portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, señaló a través de un mensaje en redes sociales que "este ajuste pone de relieve la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en defensa y asuma una mayor parte de la responsabilidad de nuestra seguridad común", añadiendo que ya están "observando avances" desde que los aliados acordaran invertir el 5% del PIB en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el año pasado. "Seguimos confiando en nuestra capacidad para garantizar nuestra disuasión y defensa a medida que continúa este cambio hacia una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte", aseguró.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, respondió que el hecho de que EEUU "retire tropas de Europa y también de Alemania" era previsible, y coincidió con la portavoz de la OTAN en que "nosotros, los europeos, debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad".

La retirada de las tropas de Alemania respondería al descontento de Trump, quien ya había amenazado esta semana con sacar tropas del continente debido a la falta de apoyo de sus aliados europeos en la guerra contra Irán. Esta acción también se interpreta como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien afirmó que el republicano ha sido "humillado" por Teherán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo.

En una nueva andanada en el cruce de críticas entre ambos líderes, Trump advirtió a Merz de que debería ocuparse más de "arreglar" su país "roto" y de poner fin a la guerra en Ucrania, en lugar de "interferir" en el conflicto con Irán. El republicano acusó al líder europeo de no apoyar a EEUU en esta guerra y de creer "que está bien que Irán tenga un arma nuclear". "¡Con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!", afirmó el mandatario.

Merz apoyó en un comienzo los ataques estadounidenses e israelíes a Irán. Sin embargo, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica, lo que le ha valido los reproches del republicano.

Trump ha criticado repetidamente a sus aliados europeos por no acudir al llamado de Washington, que junto a Tel Aviv inició la guerra contra Teherán el 28 de febrero, sin consultar o comunicar nada previamente a sus socios de la OTAN. 

Actualmente, el ejército estadounidense tiene una presencia en Alemania de más de 36.000 soldados en servicio activo distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.

El Gobierno ha exigido la inmediata liberación de un ciudadano de nacionalidad española, Saif Abukeshek, integrante de la Flotilla a Gaza, y ha condenado su retención y posible traslado a Israel, han informado a EFE fuentes de Exteriores.

Este viernes, Israel informó que la mayoría de los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales se encontraban ya en territorio griego, salvo dos que serían llevados a Israel para ser "interrogados". Saif Abukeshek, de origen palestino, ha sido señalado como "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista", mientras que brasileño Thiago Ávila es "sospechoso de actividades ilegales". Israel no ha concretado los cargos.

"Todos los activistas de la Flotilla se encuentran ahora en Grecia, excepto Saif Abukeshek y Thiago Ávila", añadieron posteriormente fuentes de Exteriores sobre las alrededor de 175 personas detenidas el jueves por las fuerzas israelíes cuando se dirigían hacia Gaza en misión humanitaria.

En ese contexto, la cónsul de España en Atenas se ha desplazado a Creta para esperar la llegada de la treintena de integrantes españoles. El Ministerio de Asuntos Exteriores, han señalado las fuentes, está en contacto con las autoridades griegas "a todos los niveles" en relación con este episodio.

El mismo jueves, el Ministerio convocó "urgentemente" a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, máxima responsable de la misión, para trasladarle su "más enérgica condena por el arresto de los miembros de la Flotilla.

España es uno de los países que ha expresado su condena explícita al ataque. Un total de once países lo han hecho en un comunicado conjunto, difundido por el ministro José Manuel Albares y sus homólogos de Turquía, Brasil, Jordania, Pakistán, Malasia, Bangladés, Colombia, Maldivas, Sudáfrica y Libia.

Los ataques israelíes contra los buques y la detención ilegal de los activistas "constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y del derecho internacional humanitario", zanjan.

En la nota, los once países remarcan que la Flotilla Global Sumud es una iniciativa civil pacífica y humanitaria destinada a llamar la atención de la comunidad internacional sobre la catástrofe humanitaria en Gaza.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió de nuevo el jueves a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel de manera inmediata.

"Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una Flotilla civil en aguas que no le pertenecen", escribió Sánchez en su cuenta de la red X. El líder del Ejecutivo remarcó que "no basta" con las acciones del Gobierno de España e insistió en que la UE "tiene que suspender YA" el acuerdo de asociación con Israel y exigir al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que "cumpla la ley de nuestros mares".

Centenares de personas, 400 según el Ayuntamiento de Barcelona, se concentraron el jueves en la plaza de Sants para protestar por la interceptación. El portavoz de la Global Sumud Flotilla en Cataluña, Pablo Castilla, calificó los hechos como "un nuevo acto de piratería" y denunció que se trata de "un ataque contra embarcaciones civiles en aguas internacionales en una misión humanitaria".

En paralelo, decenas de ciudadanos se concentraron la tarde del jueves ante las puertas del Ministerio de Exteriores para protestar por el arresto. Convocados por Global Sumud, los manifestantes portaron banderas palestinas y corearon consignas pidiendo el "boicot a Israel" y reivindicando "la lucha el pueblo palestino".

Entre los asistentes se encontraban Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos, y el que fuera jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Julio Rodríguez.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar con retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, después de haber amagado con hacerlo en Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán, informa Efe.

Al ser preguntado este jueves por la prensa en la Casa Blanca si planeaba hacer con España e Italia lo mismo que con Alemania, el presidente respondió: "Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible". "Cuando nosotros los necesitamos, ellos no estuvieron ahí. Tenemos que recordar eso", insistió el republicano.

El Gobierno español está tranquilo ante esta nueva amenaza. Así lo han manifestado a Efe fuentes del Ejecutivo, que han subrayado que España es un socio fiable y que siempre cumple con los compromisos adquiridos. El Ejecutivo se pronunciado así de la misma forma que en otros momentos en los que la Administración Trump ha planteado cuestiones similares.

Públicamente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado "absolutamente tranquila" ante la última amenaza del presidente estadounidense de retirar las tropas de España, y le ha respondido, "con respeto pero con toda contundencia", que "estos mensajes ya sobran".

Las amenazas "no proceden y, desde luego, no tienen ningún marco legal", por lo que le ha pedido "mucho respeto" para España. "No aceptamos lecciones y estamos absolutamente tranquilos porque somos uno de los países que más cumple" con la OTAN, ha afirmado Robles en declaraciones a los medios a la llegada a un acto organizado por el diario El País, con motivo de su 50 aniversario.

Desde el inicio de la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, Trump ha criticado abiertamente a países como España por su negativa a autorizar el uso de sus bases en el conflicto y por, según él, no colaborar en desbloquear el estrecho de Ormuz, boicoteado por Irán en respuesta a los ataques estadounidenses e iraníes. El presidente estadounidense ha llegado a amenazar también con abandonar la OTAN y con "cortar todo el comercio" con España.

La semana pasada, una comunicación interna del Pentágono publicada en exclusiva por la agencia de noticias Reuters incluso sugería que EEUU se planteaba suspender a España de la OTAN tras su posición sobre la guerra en Irán.

Sobre Alemania, Trump consideró que está haciendo un "trabajo terrible", en una aparente referencia al canciller alemán, Friedrich Merz. "Tiene problemas de inmigración, tiene problemas energéticos. Tiene problemas de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania, porque están metidos en ese lío", subrayó. El miércoles anunció que su Gobierno "está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania".

Estados Unidos tiene unos 3.200 efectivos desplegados en España, repartidos principalmente entre las bases de Rota y Morón. España es el tercer país de la Unión Europea con más tropas estadounidenses, después de Alemania (unos 35.000) y de Italia (unos 12.000).

Una ley aprobada después de la guerra de Vietnam obliga al presidente estadounidense a restringir a 60 días como máximo el uso de la fuerza militar sin la autorización del Congreso. Donald Trump se embarcó en la guerra de Irán el 28 de febrero, desde entonces no ha conseguido ese permiso y, por tanto, el plazo se cumple el 1 de mayo. Ahora las duda está en qué hará el presidente: si continuará adelante sin esa aprobación, utilizando quizá una justificación creativa como las de muchos de sus antecesores; si es posible que consiga el apoyo de los representantes; o si puede ser que se retire del conflicto dado el daño electoral que le está causando, a la luz de las encuestas.

La popularidad de Trump ha caído a su nivel más bajo de este mandato, de acuerdo con un nuevo estudio de Ipsos para Reuters. El 34% desaprueba su gestión, frente al 47% que la aprobaba cuando llegó al cargo en enero del año pasado. Si solo se pregunta por la guerra, solo un 31% respalda el conflicto, mientras que el 58% manifiesta su oposición, de acuerdo con otra de YouGov para The Economist.

La Resolución de Poderes de Guerra, una norma que data de 1973, establece que el presidente estadounidense que se embarque en un conflicto en el extranjero debe respetar varios plazos con el objetivo de limitar la capacidad que este tiene para entrar en guerras fuera de su territorio. En primer lugar, debe notificar al Congreso en las 48 horas siguientes. En segundo lugar, debe conseguir la mencionada autorización del Congreso en los 60 primeros días del conflicto para continuar con su despliegue más allá de ese plazo. De lo contrario, el presidente debe finalizar esa acción militar.

Y aunque el periodo de 60 días vence este viernes 1 de mayo, Trump no ha conseguido el respaldo de la Cámara de Representantes (la House, en inglés) ni del Senado, como exige la ley. Algunos argumentan que los 60 días no se cumplen ya, al considerar que los días de alto el fuego no deberían entrar en el cómputo. Incluso en ese supuesto el plazo está a punto de cumplirse. ¿Debería por tanto retirarse de Irán, terminar el conflicto y regresar al punto de partida? No tan deprisa.

Para empezar, la ley contempla que el presidente extienda dicha acción militar 30 días más si argumenta que necesita ese plazo para sacar a los soldados del conflicto sin que la retirada suponga un riesgo para su seguridad. Para conseguir esa prórroga, tiene que explicar por escrito a la Cámara que continuar el conflicto es una “necesidad inevitable”. Además, existe una Autorización para el Uso de Fuerza Militar que, si se invoca, permite al presidente continuar con este tipo de operaciones siempre y cuando busquen lograr unos objetivos específicos. 

A día de hoy, esta prórroga parece inevitable: por el momento, las negociaciones están estancadas; Irán no se muestra dispuesto a ceder ante EEUU y Trump está estudiando con las empresas petroleras cómo gestionar un bloqueo naval prolongado en Irán, tratando así de obligar a Teherán a flexibilizar su posición. Desde febrero la guerra en Irán ya se ha cobrado miles de muertos, la mayoría iraníes y 13 estadounidenses, y ha llevado a que el precio de la gasolina aumente un 50% en EEUU, más de 1,2 dólares de subida por galón.

Este miércoles, el Pentágono reveló que la guerra con Irán ha costado a EEUU, hasta la fecha, 25.000 millones de dólares. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió el gasto asegurando que gracias a esta iniciativa "Irán nunca tendrá un arma nuclear". "Estamos orgullosos de este proyecto", dijo ante el Congreso.

Pero lo cierto es que no está claro que más allá de esta posible extensión del plazo Trump vaya a someterse a la ley. Hasta ahora la ley de Poderes de Guerra nunca se ha usado para finalizar un conflicto militar. Teóricamente, el Congreso puede revocar los Poderes de Guerra de un presidente, pero por el momento no lo ha conseguido. Hace dos semanas, el Senado rechazó una resolución que buscaba impedir que Trump ordene más ataques en Irán y, en la misma línea, en enero el Senado también tumbó una propuesta para limitar los poderes de Trump en Venezuela, aunque solo lo consiguió gracias al voto de desempate del vicepresidente, JD Vance. 

Así, los expertos señalan que no hay ninguna vía para obligar al presidente a cumplir con este requisito, y que los presidentes ni siquiera necesitan encontrar maneras creativas de justificar su acción militar sin la autorización del Congreso, como ha sucedido en el pasado.

Trump no sería el primer presidente estadounidense que continuaría embarcado en un conflicto más allá del plazo inicial de 60 días. Muchos otros líderes de EEUU se han saltado el requerimiento y han argumentado que la ley es inconstitucional –aunque los tribunales han evitado pronunciarse al respecto–. Entre los presidentes que a lo largo de la historia han continuado operaciones militares sin la autorización del Congreso y sin la del uso de fuerza militar están Ronald Reagan (Líbano, 1983), Bill Clinton (en la antigua Yugoslavia, en 1999), Barack Obama (Libia, 2011). En esas ocasiones, quienes intentaron presentar demandas contra el Gobierno no tuvieron éxito.

Con todo, el factor que quizá pueda tener más peso de cara a que Trump se retire de Irán es el electoral. Las encuestas no han dejado de mostrar que los estadounidenses están en contra de la guerra, y ese factor podría ser decisivo tanto para los próximos movimientos del presidente como para los de los congresistas republicanos que a día de hoy apoyan su intervención militar en Oriente Próximo. A día de hoy no está claro cuántos congresistas republicanos están dispuestos a refrendar su desacuerdo con un voto que desautorizaría a su presidente en medio de una guerra, pero sí es evidente que cada vez más congresistas republicanos están declarando en público que no permitirán que se extienda más allá de 60 días.

Trump prometió antes de ser elegido presidente por segunda vez que no entraría en guerras y que resolvería las que estaban en curso. Sin embargo, se ha embarcado en una a seis meses de las elecciones de medio mandato que podrían salirle, a él y a su partido, muy caras. Las próximas semanas serán determinantes para el magnate que quiere seguir teniendo el control del Congreso y del Senado, y, al mismo tiempo, que Irán pierda todas las opciones de conseguir una bomba nuclear.

El Ministerio de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo israelí aseguró este jueves que ha impedido la entrada al país a la periodista española independiente Queralt Castillo Cerezuela, a la que acusa de antisemita por, entre otras cosas, utilizar el término "genocidio" para referirse a la devastadora ofensiva que Israel ejecuta en Gaza desde octubre de 2023.

El director general del Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Avi Cohen Skelly, recomendó a la Autoridad de Población e Inmigración que impidiera la entrada de Castillo Cerezuela por "retuitear contenido de grupos de boicot (a Israel), como la rama de Madrid del BDS", expresar su apoyo a este movimiento y afirmar que Israel está cometiendo un "genocidio" en Gaza.

"Incluso manifestó su esperanza de que termine el 'régimen' sionista", detalló un comunicado emitido hoy por este ministerio israelí, en el que se detalla que a la periodista española también "se le negó el derecho a obtener un permiso de prensa para Israel".

Queralt Castillo Cerezuela es una periodista española que actualmente trabaja en Grecia, especializada en política internacional, derechos humanos e inmigración, prodigándose en medios españoles como eldiario.es, La Marea, Público, El Salto o Condé Nast.

En el comunicado del ministerio israelí se aportan nueve casos que, según el ente gubernamental, prueban el supuesto "antisemitismo" de Castillo Cerezuela, pero que en la práctica se resumen en utilizar los términos "genocidio", "barbarie" o masacre para la ofensiva israelí tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre, que han acabado con la vida de más de 72.600 gazatíes.

Además de compartir mensajes del movimiento BDS (Boicot, desinversión y sanciones) y del medio palestino Quds News Network.

Otros de los artículos que utiliza Israel para argumentar la prohibición de entrada a la periodista española es haber comparado el "genocidio en Gaza" con el Holocausto perpetrado por los nazis.

Por su parte, el ministro de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Shikli, aseguró en el mismo comunicado que "España es un foco de antisemitismo" y que seguirá luchando contra los seguidores del BDS.

Este es un movimiento impulsado por la sociedad civil que cobró mayor relevancia desde 2023 y promueve tres formas de presión no violenta para que Israel cese en la ocupación de Cisjordania y su ofensiva en Gaza: el boicot a productos, instituciones culturales y académicas israelíes; la desinversión de empresas que operan en o con Israel; y sanciones por parte de gobiernos.

El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes están siendo trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

El Ministerio de Exteriores israelí difundió un mensaje en sus redes sociales afirmando que "aproximadamente 175 activistas de más de 20 embarcaciones de la flotilla de los preservativos se dirigen pacíficamente a Israel" y un video de, señaló, "activistas disfrutando en barcos israelíes" en el que se ve a varias personas haciendo ejercicios físicos.

Antes había publicado unas imágenes de cuatro condones y una bolsita con un polvo blanco sin identificar acusando a los activistas de aprovecharse de la causa para un "espectáculo mediático" mientras utilizaban "preservativos y drogas".

Las autoridades no precisaron de inmediato la situación de los detenidos ni ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias de la interceptación.

Consultado por EFE, el Ejército israelí afirmó que Israel "protegerá el bloqueo marítimo" de Gaza por vías "legales" y manteniendo en consideración "diversos escenarios operativos".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, interrumpió su testimonio en el juicio que enfrenta por diversos caso de corrupción para mantener una reunión de seguridad con su gabinete en el que el tema de la flotilla fue uno de los puntos abordados, según medios israelíes.

En paralelo, y también en declaraciones a EFE, una representante de la oenegé israelí de derechos humanos Adalah señaló que sus abogados asistirán y representarán a los activistas en caso de ser trasladados a territorio israelí. Esta organización ya prestó ayuda legal a los participantes de la flotilla interceptada por Israel en octubre de 2025.

La Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones, reportó este jueves que las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron 22 barcos, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva y ante una tormenta inminente.

La operación se desarrolló de forma escalonada durante toda la madrugada y tuvo lugar a más de 1.200 kilómetros de territorio israelí y en aguas internacionales. Algunas interceptaciones tuvieron lugar cerca de territorio griego y muchos barcos recalcularon su ruta en consecuencia.

La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) declaró este miércoles como incidente terrorista el ataque con arma blanca en el que resultaron heridos dos ciudadanos judíos este miércoles en un barrio al norte de la capital británica y por el que ya ha sido detenido un sospechoso.

El jefe de la unidad antiterrorista de la Met, Laurence Taylor, informó esta tarde en una rueda de prensa de que el ataque, ocurrido en el barrio londinense de Golders Green, fue declarado formalmente como un "incidente terrorista" y que un hombre de 45 años había sido detenido como sospechoso de "intento de asesinato" de dos personas. Más tarde, la policía informó de que el detenido sufría de "desórdenes mentales" y tenía "un historial de violencia".

Las víctimas, dos varones judíos de 76 y 34 años, fueron apuñalados en plena calle alrededor de las 11:16 de la mañana hora local, y se encuentran "en estado estable" en un hospital.

La Policía explicó que el sospechoso intentó asimismo apuñalar a los agentes que intervinieron tras el incidente antes de que estos lo inmovilizaran con un táser y lo arrestaran.

Una de las líneas principales de investigación trata de esclarecer si el ataque "atacaba deliberadamente a la comunidad judía de Londres", mientras las autoridades tratan de establecer la nacionalidad y los antecedentes del detenido, que todavía no ha sido identificado y permanece bajo custodia policial.

También aseguró que se mantendrá la presencia policial en Golders Green, donde vive buena parte de la comunidad judía londinense —hay 30 sinagogas en el barrio—, para dar tranquilidad a los vecinos, después de varios sucesos de carácter antisemita ocurridos recientemente en la zona.

Los primeros en informar hoy del suceso fueron los patrulleros del grupo de vigilancia de la comunidad judía Shomrim, que redujeron al atacante antes de que llegara la Met.

Shomrim dijo que el varón fue visto corriendo por el barrio de Golders Green armado con un cuchillo e "intentando apuñalar a ciudadanos judíos".

En una publicación en redes sociales, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, que agrupa a representantes de las sinagogas, confirmó a su vez los apuñalamientos de los dos hombres, que se habrían producido cerca de unas tiendas y de una sinagoga.

El primer ministro británico, Keir Starmer, que en ese momento estaba en el Parlamento, tildó los hechos de "muy preocupantes" e instó a combatir el antisemitismo.

"Hay ahora una investigación policial en curso y todos debemos hacer lo posible para apoyarla y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar este tipo de delitos", dijo a la cámara.

En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel aseguró que las palabras de Starmer "no dan por sí solas una respuesta a las raíces del antisemitismo que se extiende por todo el Reino Unido".

Este suceso se suma a una serie de ataques recientes contra la comunidad judía en el Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de la organización voluntaria Hatzola el pasado marzo también en Golders Green, por el que son procesados cuatro sospechosos.

"La comunidad (judía) es fuerte, pero estarán increíblemente preocupados por ver y escuchar lo que ha ocurrido hoy, especialmente tras otros incidentes ocurridos en las semanas recientes", añadió Taylor al respecto.

El pasado 2 de octubre, se cometió un atentado con arma blanca en una sinagoga en Mánchester (norte de Inglaterra) durante la festividad de Yom kipur. El atacante mató a un feligrés, y luego la intervención policial acabó con su vida y, accidentalmente, con la de otro feligrés judío.

Las agresiones contra los judíos han aumentado en el Reino Unido tras el inicio de la guerra en Gaza, después del ataque del grupo islamista Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023, y se han intensificado con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Irán le ha comunicado que están en un "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el Estrecho de Ormuz "lo antes posible".

"Irán nos acaba de informar de que se encuentran en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el Estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)", escribió en su red Truth Social.

El presidente, que ha hablado anteriormente sobre una división entre "moderados" y "radicales" en la cúpula iraní, no especificó quién habría enviado la comunicación a EEUU.

El mensaje del líder republicano coincide con reportes de su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir la estratégica vía de crudo y mercancías, aplazando el diálogo sobre el programa nuclear iraní.

Según fuentes con conocimiento de lo discutido en la reunión de la víspera entre Trump y sus asesores de Seguridad Nacional, el mandatario habría dado a entender que no está predispuesto a aceptar el plan, que también insta a Washington a levantar el bloqueo naval impuesto a las costas iraníes, publica la cadena CNN.

La reapertura de la vía estratégica, por donde pasaba el 20% del crudo mundial, sin abordar garantías de que Irán no pueda obtener un arma nuclear o el futuro de sus reservas de uranio enriquecido, podría no ajustarse a las aspiraciones de Trump para vender el acuerdo como una victoria, advirtieron las fuentes.

Trump extendió la semana pasada el alto el fuego con Teherán de manera indefinida para propiciar un diálogo que por ahora se encuentra estancado después de que el propio presidente estadounidense cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones con los iraníes.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este domingo en una entrevista que "no estaba preocupado" cuando se enteró del tiroteo que obligó a evacuarlo a él y varios miembros de su Gabinete cuando cenaban en un evento de gala celebrado en la víspera en Washington.

"No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", aseguró Trump en una entrevista con el programa '60 minutos' de la cadena CBS.

Trump también comentó la reacción de la primera dama, Melania Trump, que se encontraba junto a él en la mesa presidencial del evento cuando se escucharon los disparos y la gente que se encontraba en el salón de baile del hotel Hilton comenzó a ponerse a resguardo bajo las mesas.

"A la gente no le gusta que se diga que estaban asustados, pero ciertamente, ¿quién no lo estaría cuando tienes una situación así? En ese momento, creo que ella se dio cuenta de antemano de que eso era más una bala que una bandeja", explicó Trump, que dijo que al principio pensó que el revuelo se debía a que se había caído una bandeja.

El republicano aseguró que la primera dama "parecía muy molesta por lo que acababa de suceder" y que es una mujer "muy fuerte e inteligente".

"Yo he pasado por esto antes un par de veces, y ella a este extremo, no. Lo manejó muy bien", dijo.

El presidente también habló sobre su primera reacción cuando se empezó a desplegar el Servicio Secreto en la sala de baile.

"Quería ver qué estaba pasando. Y para entonces, empezamos a darnos cuenta de que tal vez era un problema malo, un problema diferente", aseguró a '60 minutos'.

Un miembro del Servicio Secreto, responsable de la seguridad del presidente, fue alcanzado en el chaleco antibalas pero se encuentra bien. Un periodista de Efe que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena.

La fiscal general de Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó en una rueda de prensa posterior que el atacante ingresó en el perímetro de seguridad armado con una escopeta y se encuentra "vivo" y hospitalizado y bajo vigilancia tras ser neutralizado en los pasillos del hotel. Se trata de un varón de 31 años, originario de California. Fue detectado por el Servicio Secreto en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de ser detenido.

Trump también se molestó con la periodista que le hizo la entrevista, Norah O'Donnell, cuando ella leyó parte del manifiesto que escribió Cole Allen, el hombre que, armado con una escopeta y cuchillos, intentó asaltar a Trump y otros miembros del Gabinete.

O'Donnell, leyó "Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes", un fragmento que aparentemente hace referencia a Trump y a su supuesta implicación en la trama del pedófilo Jeffrey Epstein.

"Estaba esperando que leyeras eso, porque sabía que lo harías. Porque son gente horrible", replicó Trump.

"Yo no soy un violador. No violé a nadie. Yo no soy un pedófilo. Leíste esa basura de una persona enferma. Me asociaron con cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado", argumentó.

Al ser preguntado si el incidente, que se produjo durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), va a mejorar su tirante relación con la prensa, el republicano subrayó que mantiene muchas diferencias con los medios.

"No estamos de acuerdo en muchos temas, hablamos de crimen. Soy muy firme en el tema del crimen. Parece que la prensa no lo es. No es tanto la prensa. Es la prensa más los demócratas, porque son casi lo mismo", explicó Trump, que insistió en que quiere volver a celebrar la cena en 30 días y prometió que el evento tendrá "aún más seguridad".

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado de manera abrupta este sábado de la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado, que fue interceptado y detenido, intentara entrar al evento, que se celebraba en el Hotel Washington Hilton, informa Efe.

Los centenares de asistentes a la cita, que incluían a la plana mayor del Gobierno, tuvieron que ser igualmente desalojados tras unos momentos de confusión en los que se refugiaron bajo las mesas.

Trump explicó minutos después en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.

Un miembro del Servicio Secreto, responsable de la seguridad del presidente, fue alcanzado en el chaleco antibalas pero se encuentra bien. Un periodista de Efe que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama.

La fiscal general de Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó en una rueda de prensa posterior que el atacante ingresó en el perímetro de seguridad armado con una escopeta y se encuentra "vivo" y hospitalizado y bajo vigilancia tras ser neutralizado en los pasillos del hotel. Se trata de un varón de 31 años, originario de California. Fue detectado por el Servicio Secreto en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de ser detenido.

El presidente de Estados Unidos compartió a través de su red social, Truth Social, una serie de imágenes y un vídeo, sin texto que los acompañen, que muestran el momento de la detención y la persecución del sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena.

Esta era la primera vez que Trump asistía como presidente a la Cena de Corresponsales, un evento anual que organizan los periodistas que cubren la Casa Blanca para celebrar la libertad de prensa. El republicano, que mantiene una tensa relación con los medios de comunicación, la boicoteó durante su primer mandato.Trump ha anunciado que la cena será reagendada para dentro de un mes.

Rivales políticos como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, o la veterana congresista demócrata, Nancy Pelosi, mostraron su apoyo a Trump y condenaron la violencia en sus redes sociales, al igual que lo hicieron mandatarios internacionales comoPedro Sánchez, Javier Milei, Benjamin Netanyahu o Delcy Rodríguez. 

Lo habitual en Estados Unidos es que cada diez años los estados ajusten los mapas electorales para la siguiente década. Pero este 2026 el país está llevando a cabo unos cambios no vistos desde 1800: ambos partidos, republicanos y demócratas, se han lanzado a una carrera por usar la manipulación electoral en su favor de cara a las elecciones de medio mandato, que se celebrarán en noviembre. De fondo, los expertos alertan del peligro de extender la desconfianza en el sistema.

Este martes, los demócratas aseguraron cambios en el mapa electoral de Virginia que podría traducirse en cuatro escaños más en los comicios de noviembre. Los votantes del estado que limita con Washington DC, la capital del país, aprobaron redibujar los distritos de un modo que aumenta las posibilidades del Partido Demócrata de recuperar el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Aunque era un referéndum en solo uno de los 50 estados, la consulta se ha convertido en una noticia de alcance nacional, con dirigentes de ambos partidos implicados en la campaña, incluido el presidente, Donald Trump.

El referéndum en Virginia ha confirmado hasta qué punto los demócratas han asumido la estrategia que Trump activó el verano pasado en Texas: rediseñar distritos para ayudar a los republicanos en la Cámara Baja. El gerrymandering, como se conoce en inglés, es un viejo conocido del sistema electoral estadounidense, pero la izquierda era más reticente a usar una técnica que consideraban poco justa. Ahora, sin embargo, hacen campaña a favor de emplearla: aseguran que es la única manera de contraatacar la agenda de Trump. 

En una entrevista televisiva esta semana, el líder demócrata en el Congreso, Hakeem Jeffries, aseguró que Trump “intentó amañar las elecciones redibujando el mapa electoral nacional” y defendió combatirlo haciendo lo mismo. 

En total, el mapa electoral ya se ha cambiado a lo largo del último año y medio en siete estados: Texas, Misuri, Ohio y Carolina del Norte (a favor de los republicanos), California, Utah y Virginia (a favor de los demócratas). Además, Maryland, Carolina del Sur y Washington han presentado proyectos de ley para cambiar los mapas; en Florida el proceso de redibujar distritos ya ha comenzado, y otros cuatro estados están pendientes de órdenes judiciales sobre el mismo tema: Alabama, Luisiana, Dakota del Norte y Wisconsin.

A la vez, varios estados más han considerado recientemente la posibilidad de redistribuir sus distritos electorales: Illinois, Kansas, Nebraska y Nuevo Hampshire. Algunos de estos estados se han reunido con funcionarios de la Casa Blanca o delegaciones del Congreso para discutir esa posibilidad, con lo que a lo largo de los próximos meses podrían aumentar los nuevos mapas electorales, condicionando, en consecuencia, las elecciones de noviembre.

Con la victoria de los demócratas, Virginia ha borrado la ventaja que los republicanos habían conseguido redibujando distritos electorales en otros estados, pero con el posible nuevo mapa de Florida podrían volver a ganar ventaja.

“En pocas palabras, lo que están haciendo los dos partidos se conoce como gerrymanderin, una maniobra notoria en la que los mapas electorales se diseñan intencionadamente para dar ventaja a un bando, normalmente al que diseña los mapas, sobre el otro”, ha explicado el abogado y vicepresidente de la American Constitution Society Carl Unegbu en un artículo. “Y, si bien la manipulación electoral por motivos raciales está prohibida (...), la manipulación electoral partidista se considera permisible, gracias a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de 2019”. 

“Pero, aunque sea legalmente permisible, la desventaja de la manipulación electoral partidista es enorme, sobre todo porque a los votantes victimizados del partido rival se les niega la oportunidad real de elegir a los representantes de su elección, en violación de la garantía de igualdad de protección de la 14ª Enmienda. Sin mencionar el efecto corrosivo de esta maniobra infame sobre la confianza de los ciudadanos en la legitimidad general del sistema electoral”, advierte el experto.

El importante punto flaco de esta carrera por redibujar distritos es, según analistas, que aumente la desconfianza en un sistema electoral constantemente golpeado por las acusaciones recurrentes de fraude electoral del presidente. Trump ya dijo el miércoles que el referéndum de Virginia había sido “manipulado” sin citar pruebas que respalden esa afirmación.

“¡ANOCHE SE CELEBRARON ELECCIONES FRAUDULENTAS EN VIRGINIA!”, publicó el presidente en Truth Social, culpando al voto por correo del resultado de la votación. Trump continúa sin reconocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 pese a que ni tribunales ni políticos electos ni su propia Administración han encontrado pruebas de fraude. 

Esta misma semana, el director del FBI, Kash Patel, ha dicho en televisión que “pronto” van a producirse arrestos relacionados con esas "elecciones fraudulentas", insinuando que podrían llegar esta misma semana. Así, la Administración estadounidense multiplica sus esfuerzos por revivir la idea del fraude en 2020, solo a unos meses de las elecciones de medio mandato de este 2025.

A principios de 2019, la reconocida periodista turca Ece Temelkuran publicó Cómo perder un país. Los siete pasos que van de la democracia a la dictadura (Anagrama). En él, exponía las estrategias y agendas compartidas de los fascismos y extremas derechas de todo el mundo. El libro fue un éxito inmediato y Temelkuran se convirtió en uno de los grandes referentes intelectuales de la esfera internacional. Mientras decenas de sus amigos y conocidos eran encarcelados por Erdogan, la pensadora tenía que gestionar su duelo en el exilio, librar la batalla psicológica que supone conseguir un permiso de residencia en Europa y, a al mismo tiempo, viajar continuamente por el mundo para explicar una verdad incómoda: que quienes, como ella, ya han perdido su hogar no son más que la avanzadilla de un nuevo mundo en el que las guerras, la crisis climática, los autoritarismos y la concentración de la riqueza nos arrebatarán a todos la sensación de pertenencia. Descubriremos, entonces, que el hogar son las otras personas. Sobre todo ello reflexiona en La nación de los extraños (Anagrama, 2026), un libro sobre el que conversamos por videoconferencia.

¿Cómo interpreta la reciente derrota electoral de Orbán? ¿Y el hecho de que el ganador, Péter Magyar, fuese hasta 2024 parte de su círculo de poder? ¿Es una demostración de que se puede frenar la ola reaccionaria?

Esta pregunta deberían responderla los húngaros que conocen el asunto en detalle. Pero, por supuesto, esta derrota de Orbán ha traído cierta esperanza y entusiasmo a los europeos, y también a los estadounidenses que buscan una salida a su situación política.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que cada país es diferente. Sé que hay patrones globales de este movimiento de extrema derecha —escribí un libro sobre ello—, pero aún así cada caso es específico. Orbán, por ejemplo, intentó sacar a mucha gente de la pobreza y eso le dio un gran apoyo social. Y su derrota se debe, precisamente, a que abandonó esas políticas.

La atracción por las ideas de extrema derecha sigue vigente y debemos ser cautelosos. Pero tenemos que aprovechar el entusiasmo que ha generado la derrota de Orbán porque eso significa que la mayoría estamos en contra de sus postulados. Como sabes, no creo en la palabra esperanza, prefiero hablar de fe, y estas elecciones en Hungría han renovado nuestra fe en que podemos revertir el avance de la extrema derecha.

Desde los años 90, antes de que los partidos de extrema derecha y fascistas llegaran a los Parlamentos europeos, Europa ya aplicaba políticas fascistas contras las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, hasta que sus amenazas no incluyeron a las personas blancas europeas, no empezamos a hablar de ultraderecha y de la necesidad de frenarles. ¿Puede frenarse al fascismo cuando es inherente al colonialismo europeo?

Mi análisis es que los ideales fascistas han estado siempre presentes en la política y la moral neoliberales, aunque eso no haga exactamente fascista a Europa. Uno de los aspectos del fascismo que está muy presente en el neoliberalismo es el desprecio absoluto por las personas salvo que tengan un alto valor económico. Por eso, los refugiados, los solicitantes de asilo y los inmigrantes han estado sufriendo la opresión y la violencia de las políticas europeas. Y como se ejercen en los márgenes y las personas afectadas son fácilmente criminalizadas y deshumanizadas, el resto prefiere creer que eso no les ocurrirá a ellos.

En ese sentido, Gaza ha sido un experimento a escala global. Por primera vez hemos visto un genocidio en directo y, al mismo tiempo, cómo se deshumaniza e, incluso, cómo se descarta a toda su población.

Sí, esto es inherente a nuestra cultura, a nuestra política, a nuestra moral. E incluso quienes resistimos estamos un poco contaminados por estas inclinaciones fascistas del sistema porque aspiramos a ganar. Para muchas personas, ganar se ha vuelto más importante que estar en el lado correcto de la historia, y eso demuestra que nuestra moral está contaminada.

En La nación de los extraños explica que todos, tarde o temprano, nos convertiremos en unhomed, personas que se sienten extrañas, que han perdido la sensación de tener un hogar, así sea político o social. Y que quienes han sido expulsados de sus países son la avanzadilla que puede enseñarnos al resto cómo afrontarlo y sobrevivir. ¿Cuál es la reacción mayoritaria cuando expone esta idea en sus conferencias?

Creo que somos muchos los que nos sentimos sin un hogar, extraños en estos tiempos, así que ponerle palabras produce alivio. Porque la gente tiende a disculparse por su agotamiento, por su estado depresivo y cuando les digo 'No sois vosotros, somos todos los que nos estamos quedando sin un hogar porque lo que está ocurriendo está mal'. Hay cierta alegría en darse cuenta de que estamos juntos en esta mierda, de aceptar que dependemos de los demás y de construir un hogar con otras personas. Espero que al poder articular esa sensación, que ya la tienen, se sientan más tranquilos porque la confusión es una de las herramientas del fascismo actual. '¿Por qué me siento así? ¿Hay algo mal en mí? ¿Qué debo creer?'. Esa confusión se aclara entendiendo que nuestro mundo está dañando lo humano. Y que somos la mayoría quienes nos sentimos así, pero que hemos sido derrotados tantas veces que olvidamos que somos la mayoría. Saberlo te otorga un poder extremo, lo que no significa que vayamos a terminar ganando.

Solemos pensar que los escritores, los intelectuales y los líderes de opinión debemos analizar y exponer ideas brillantes. Pero dado el agotamiento existencial de tanta gente, tenemos la responsabilidad moral e intelectual de hacer que nos sintamos menos derrotados e indefensos. Por eso escribí La nación de los extraños, para decirle a las personas que no se sienten parte de este mundo que son los pioneros de la historia. Para escribirles: 'Muchos más serán como vosotros, estáis sobreviviendo y tratando de seguir siendo humanos. Merecéis ser reconocidos. Y los demás deben aprender de vuestra sabiduría: la sabiduría de sobrevivir con dignidad'.

Los europeos tenemos mucho que aprender del activismo latinoamericano, que trabaja desde la conexión entre el pensamiento racional, los afectos y el medio ambiente. En cambio, en Europa estamos intentando frenar al fascismo principalmente desde la razón. En su primer libro nos permitió entender las causas del auge fascista. Con este segundo aborda, sobre todo, las emociones que nos está produciendo esta brutalización del mundo.

América Latina tiene una tradición en la que la teología de la liberación se conjuga con la militancia de la izquierda y la idea de la madre tierra. Yo he intentado crear algo así como un 'pathos' de la resistencia actual, de la supervivencia, porque hay mucho sufrimiento y muchas ideas para detenerlo, pero el cambio no llega. Por eso pensé que faltaba ese 'pathos'.

En su libro explica que al principio de su exilio le costaba interpretarse a sí misma sin caer en el estereotipo de orgullosa víctima ni en el de una gloriosa superviviente. ¿Cómo se siente ahora?

Escribir este libro me ha hecho sentirme en casa conmigo misma y terminar con esa dicotomía entre víctima y superviviente. Pero no es un punto final, es una práctica. Ya sé que no habrá un lugar que pueda sentir como mi hogar, sino que el hogar serán las personas, las palabras, las promesas. Cuesta asumirlo porque tenemos muy arraigada la idea del hogar como un lugar.

Creo que poner las relaciones humanas en el centro puede generar una nueva política y una nueva moral. Nos permite repensar conceptos que parecen ingenuos como el amor, la compasión, la humildad y colocarlos en el centro de nuestra comprensión política. Y eso es algo que el activismo latinoamericano hace muy bien.

En el libro describe cómo las personas refugiadas y exiliadas tienen que ocultar aspectos de sí mismas que no encajan en los prejuicios dominantes para ser aceptadas por el sistema. Pone como ejemplo un hombre que conoció mientras gestionaba su permiso de residencia en Berlín, que solía presentarse diciendo: “Soy yemení, pero también soy neurocirujano”. En su caso, ¿cómo ha vivido ser la superestrella de los congresos más importantes del mundo sobre la extrema derecha y, al mismo tiempo, sufrir el racismo estructural europeo en su vida cotidiana?

Es una experiencia que te genera humildad, que te baja a tierra cuando te sientes demasiado importante. Hace poco, hablando con Pankaj Mishra me dijo: “Nunca hablas de tu vida en Turquía”. Y me di cuenta de que era verdad. De que nunca hablaba de mis 20 años ejerciendo un periodismo muy duro allí. Quizá es porque lo que viví como persona, como periodista y como escritora fue demasiado en todos los sentidos. Por eso, empecé a escribir en inglés, para no sentir tanto porque tenía demasiado dolor cuando salí de Turquía.

A menudo, le piden que acabe sus conferencias sobre la ultraderecha con algún mensaje de esperanza cuando no la tiene. En cambio, sostiene que es mucho más poderoso el concepto de la fe en el ser humano. ¿Por qué?

Como humanidad, estamos en un periodo de supervivencia y en ese estado no te planteas si hay esperanza o no, es un concepto demasiado frágil. Sencillamente, haces. Pero aceptar que estamos en un estado de supervivencia, que nada te protege, requiere humildad. La fe es la habilidad más poderosa que tenemos los humanos: estar decididos a hacer algo, a sacrificarlo todo, a sabiendas de que podemos no lograr nuestro objetivo.

Con Gaza hemos vuelto a tener que hablar de sacrificio y es un concepto que tenemos que recuperar. Mucha gente ha tenido que decidir si iba a sacrificar su carrera, su estatus, su reputación, su fama y su dinero por pronunciarse contra el genocidio. En ese sentido, Gaza también ha sido un experimento. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por hacer lo correcto?

Y nadie ha hecho lo que debía hacer por Gaza porque tuviera esperanza. Desde el principio, no había esperanza para Gaza. Aun así, había que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacíamos, no podríamos vivir como humanos. Cuando se está sobreviviendo, uno no hace las cosas por la esperanza, sino porque sería insoportable no hacerlo.

Esa oposición al genocidio de Gaza ha concitado el movimiento social global más potente de las últimas décadas y reúne las principales luchas por los derechos humanos, por el derecho internacional, por el anticolonialismo, contra el fascismo. El apoyo a Gaza se ha convertido en el principal dique de contención contra la ultraderecha. ¿Cree que puede ser el principio del algo?

Sí, quiero pensar que lo es. Frente a las tecnologías masivas que apuestan por un futuro sin humanos, nos encontramos, por ejemplo, con la Flotilla a Gaza: cuerpos físicos llevando en barcos cosas concretas. Estamos asistiendo a un intento de despojar a la humanidad de lo esencial, de los cuerpos físicos, y es un buen momento para ver que, precisamente, no tenemos nada más que los unos a los otros.

La dedicatoria del libro dice: “A Annelies Beck, por anclarme en el tiempo con el léxico más compasivo”. ¿Cómo lo hizo?

Con una increíble amabilidad, bondad y verdad. Y estando presente. Annelies siempre ha estado ahí para sostenerme cuando me estaba cayendo. La presencia física es importante, pero también la emocional. Preguntar cómo estás de la manera más genuina. Es lo único que te sostiene cuando estás sobreviviendo, que te pregunten por ti, no por tu trabajo, ni por lo que piensas sobre esto o aquello. Si quieres ayudar a un extraño, haz que se sienta visto. Es lo único que protege tu dignidad como ser humano. Annelies me vio y me sigue viendo, incluso cuando no le gustaba lo que veía.

¿Cómo imagina esa nación de los extraños que se está construyendo?

La imagino como Minneapolis el día después de que sus habitantes lograsen expulsar a las patrullas del ICE. Me los imagino en una fiesta increíble celebrando la humanidad, sabiendo que han sacrificado mucho, pero con la alegría de saberse vivos y humanos.

El domingo 12 de abril, Donald Trump publicó en su red social personal una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía con túnica blanca y capa roja, rayos saliendo de sus manos, sanando a un enfermo sobre una camilla. La imagen generó una ola inmediata de críticas, incluso entre conservadores cristianos y evangélicos, y Trump la borró al cabo de unas 12 horas, aunque ya era demasiado tarde para contener el escándalo. Días después publicó una nueva imagen en la que Jesús lo abrazaba, esta vez sin borrarla, con la apostilla de que a los “extremistas de izquierda” quizá no les gustaría, pero que a él le parecía “bastante guay”.

Más allá de las anécdotas que cada vez más nutren la política-espectáculo americana, esta publicación está en el núcleo de una disputa que lleva semanas escalando y en la que Trump ha llamado a León XIV “débil” y “terrible para la política exterior”, ha afirmado que el papa “no estaba en ninguna lista para ser papa” y que solo fue elegido porque era estadounidense. El pontífice respondió desde el avión que lo llevaba a África con una frase que resume bastante bien el choque: “No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar en voz alta del mensaje del Evangelio”.

Este intercambio verbal, sin precedentes entre un presidente de EEUU y un papa, ha revelado una fractura mucho más profunda que separa a dos familias de la derecha cristiana que llevan décadas conviviendo en el mismo campo político y que ahora se descubren, en el fondo, con proyectos incompatibles.

La derecha evangélica radical que sostiene el trumpismo tiene una lógica propia y coherente. El líder político no necesita ser un cristiano ejemplar en el sentido clásico del término: lo que importa es que sea eficaz en la guerra cultural, que defienda la nación de sus enemigos —el inmigrante, el progresismo, el islam, el woke— y que proteja las posiciones del conservadurismo moral en el Estado.

La fe funciona aquí como identidad y como ariete, no como marco doctrinal que impone límites al poder. Por eso las imágenes de Trump como Cristo no generan en ese ecosistema el mismo rechazo que en otros: la frontera entre símbolo religioso y símbolo político se ha vuelto deliberadamente porosa. De ahí que quienes asumen estas formas de entender la religión abrazan a Trump rezando en el Despacho Oval en imágenes que se han convertido ya en iconos de una teocracia aspiracional genuinamente norteamericana.

La derecha católica, en cambio, opera con otra arquitectura intelectual. Comparte con el evangelicalismo conservador la preocupación por la familia, el rechazo al aborto y la desconfianza hacia el secularismo agresivo, pero se mueve dentro de una tradición que tiene sus propias reglas: la doctrina social, el bien común, la subsidiariedad, la dignidad de la persona. Y sobre todo cuenta con una institución global —la Iglesia— que tiene su propia diplomacia, sus propias posiciones y su propia pretensión de hablar con autoridad moral independiente del Estado. Eso es exactamente lo que Trump aparentemente no soporta y lo que León XIV no está dispuesto a sacrificar.

“Trump no debate con León XIV: le ruega que se repliegue a un lenguaje que él pueda dominar. Pero el papa habla otro lenguaje, uno que se niega a reducirse a la gramática de la fuerza, de la seguridad, del interés nacional”, declaró a CNN Antonio Spadaro, sacerdote jesuita, teólogo y periodista italiano muy vinculado al papa Francisco.

El choque con el papa ha puesto bajo luz ultravioleta las grietas que recorren el Partido Republicano y el movimiento MAGA.

La primera línea de fractura es la más obvia: la electoral. Dos sondeos realizados antes de que Trump atacara al papa mostraban que los católicos le apoyaban en mayor proporción que el conjunto de los votantes —un 42% de aprobación entre católicos frente al 35% en el total de adultos en una encuesta de CNN, y un 48% frente al 38% entre votantes registrados según Quinnipiac—, ventaja que ahora está en riesgo. El profesor Ryan Burge, de la Universidad de Washington en San Luis, lo resumió así: “La mayoría de los católicos adoran a León XIV y están consternados de que alguien vaya a por él de esta manera”. Con las elecciones de mitad de mandato en el horizonte de noviembre, los estrategas republicanos tienen razones para estar inquietos.

La segunda fractura es institucional. El arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, confesó su desaliento por “que el presidente haya elegido escribir palabras tan despectivas sobre el Santo Padre” y recordó que “el Papa no es su rival, ni es el Papa un político”. 

Pero lo más revelador no fue la reacción de los obispos progresistas, sino la de figuras del conservadurismo católico que hasta ahora habían guardado silencio o apoyado a Trump. El obispo Robert Barron, de Winona-Rochester, uno de los comunicadores católicos conservadores más influyentes, calificó los comentarios de Trump de “completamente inapropiados e irrespetuosos” y afirmó que “el presidente le debe una disculpa al Papa”. Cuando Trump pierde a Barron, se queda sin algo más que un aliado incómodo: deja escapar la cobertura intelectual del catolicismo conservador.

La tercera fractura es la más profunda, porque afecta al núcleo doctrinal del movimiento. El vicepresidente J.D. Vance —converso al catolicismo en 2019— y el presidente de la Cámara, Mike Johnson —evangélico—, salieron a defender la guerra contra Irán como una “guerra justa” en términos teológicos, mientras pedían al papa que se limitara a “cuestiones de moral” y dejara la política exterior a los políticos. 

La paradoja es tan gruesa que resultaría cómica si no fuera tan reveladora: la misma administración que exige al pontífice que no juzgue guerras lleva semanas enmarcando el conflicto con Irán como una cruzada bendecida por Dios, con Pete Hegseth, el secretario de Defensa, invocando a la divinidad en servicios religiosos en el Pentágono y Trump afirmando que “Dios quiere ver a la gente cuidada” para justificar los bombardeos.

Vance llegó a reprender al líder espiritual de 1.400 millones de católicos —incluido él mismo— por sus supuestos errores de teología sobre la doctrina de la guerra justa, tergiversando de paso lo que el papa había dicho realmente. El obispo James Massa, de la Conferencia Episcopal, tuvo que salir a corregir la distorsión. La escena de las últimas semanas ha incluido al vicepresidente dando lecciones de doctrina al papa y a Pete Hegseth citando como escritura sagrada frases que resultaron proceder de Pulp Fiction.

Todo esto muestra que no estamos exclusivamente ante un conflicto político. Es la colisión entre una religiosidad de identidad —instrumental, tribal, al servicio del líder— y una tradición institucional que lleva siglos construyendo una arquitectura moral independiente del poder. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, pidió al presidente que “deje a la Iglesia en paz”. La senadora republicana Susan Collins, católica, calificó los comentarios de “ofensivos e inexplicables” y recordó que Trump “no debería tratar al Papa como a un rival político”. Que esas voces existan dentro del Partido Republicano certifica la fractura.

Pero las grietas no se detienen en las fronteras de Estados Unidos. Giorgia Meloni, primera ministra italiana y hasta ese momento la aliada europea más cercana a Trump, emitió un comunicado en el que calificó sus palabras hacia el papa de “inaceptables” y recordó que el pontífice tiene plena legitimidad para abogar por la paz y condenar toda forma de guerra. La respuesta de Trump fue instantánea: “Es ella la inaceptable”. En pocas horas, el conflicto con el papa había costado a Trump su principal puente con la derecha europea.

Si hay un terreno donde esa diferencia se vuelve irreconciliable, es la inmigración. Para Trump y para la derecha radical que lo imita en Europa, el migrante es ante todo una amenaza: para la identidad, para la seguridad, para el empleo, para la cultura. El endurecimiento de fronteras, las deportaciones masivas y la criminalización del irregular son la respuesta natural a ese diagnóstico. Para la Iglesia católica, en cambio, la cuestión migratoria no es táctica, sino doctrinal. El migrante es una persona con dignidad innata, y la tarea pastoral no puede subordinarse a la lógica del orden público.

León XIV lo ha dicho sin ambages. Ha advertido que las deportaciones masivas terminarán “mal” y ha cuestionado que quienes se declaran “provida” pero aceptan el trato inhumano a los migrantes puedan llamarse así. Es una afirmación incómoda que pone en evidencia la incoherencia de un conservadurismo que defiende la vida en el útero y acepta su deshumanización en la frontera.

Esta tensión no es nueva, pero se ha agudizado. Para Blandine Chelini-Pont, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Aix-Marsella y experta en religión y política internacional, las declaraciones de León XIV se enmarcan dentro de la tradición vaticana de actuar según un sentido moral contra las guerras y los abusos del poder, y no como intervención política partidista. El problema es que en el mundo de Trump —y en el de sus epígonos europeos— esa distinción no existe: si la Iglesia critica sus políticas, la Iglesia es un actor político hostil.

Mientras buena parte de Europa endurece sus posiciones migratorias y la retórica de la deportación se normaliza en varios gobiernos del continente, España ha ido en la dirección contraria. El Gobierno ha aprobado una regularización extraordinaria que previsiblemente beneficiará a centenares de miles de personas, respaldada de forma explícita por la Conferencia Episcopal y por Cáritas, que la han presentado como una exigencia de justicia social. La derecha radical la ha denunciado como un riesgo para la seguridad y perjuicio para los nacionales, mientras los obispos insisten en que solo afecta a personas ya presentes en el país. A esa bandera Vox y el PP han sumado la apuesta por la segregación, a la que han bautizado con el eufemismo de “prioridad nacional”.

En España, la Conferencia Episcopal se ha convertido en un muro infranqueable para la derecha radical en la cuestión migratoria. Vox, que intenta presentarse como el partido “católico y patriótico” por excelencia, choca frontalmente con los obispos cuando estos defienden la acogida de migrantes. Esa paradoja —la derecha más identitaria enfrentada a la institución cuya identidad dice defender— es una de las grietas más reveladoras de la política española actual.

El politólogo de la Universidad Carlos III Pablo Simón ha apuntado un matiz que importa: los católicos tienden a votar conservador-tradicional, pero no necesariamente a la extrema derecha. En la práctica, eso significa que la Iglesia como institución no es movilizable sin más por la derecha radical, porque arrastra una tradición doctrinal que se resiste a quedar subsumida en la lógica de la guerra cultural. Y esa doctrina impulsada por el papa —que habla de la inmoralidad de la guerra y de la protección de los migrantes— tiene todo el potencial de llegar a los católicos prácticamente en cada celebración religiosa. 

En este contexto hay que leer la visita de León XIV a España, con paradas en Madrid, Barcelona y —aquí está la clave simbólica— las Islas Canarias, donde el pontífice tiene previsto reunirse con migrantes que han llegado en patera a través de la principal ruta de entrada al continente europeo desde África. El papa se sitúa en la frontera real, en el punto exacto donde la derecha radical construye su relato del miedo, y dice con el gesto que esa frontera es un lugar de humanidad, no de amenaza.

León XIV ya había advertido a los obispos españoles sobre la amenaza que representa la extrema derecha para los valores democráticos, en una señal de que el Vaticano sigue de cerca la reconfiguración de la política europea. Ha descartado además visitar Estados Unidos este año, una ausencia que se lee como un gesto de distancia deliberada hacia la administración Trump, y eligió en cambio África y España como destinos. El mensaje geopolítico es difícil de malinterpretar: el primer papa estadounidense de la historia se niega a ser el capellán del trumpismo.

Lo que este conflicto muestra es que la religión ya no funciona como elemento cohesionador de la derecha, sino como uno de sus principales ejes de fractura. Durante décadas, el conservadurismo occidental pudo presentar una coalición más o menos estable entre evangelicales, católicos y creyentes de distinto signo, unidos por la defensa de valores morales tradicionales frente al progresismo secular. Ese frente común se está resquebrajando.

La razón es que el trumpismo ha radicalizado las exigencias de esa coalición hasta un punto que la doctrina social católica no puede seguir. Aceptar que las deportaciones masivas son compatibles con el evangelio, que criminalizar al migrante es una política cristiana o que el presidente puede autorrepresentarse como Cristo sanador sin que eso merezca condena es demasiado para una institución que lleva siglos construyendo una teología que predica la dignidad humana.

Esta vez, incluso entre conservadores cristianos y evangélicos, la imagen de Trump como Cristo ha generado rechazo. Eso dice algo importante: los límites existen, aunque estén siendo empujados con una agresividad sin precedentes. La visita del Papa a Canarias, coincidiendo con la regularización de personas en España, no es solo un acto pastoral. Es una declaración de que hay una forma de entender la fe —más antigua, más institucional, más incómoda para el poder— que no se deja domesticar por ningún líder político, por muy poderoso que sea.

La imagen de Trump con los rayos en las manos duró 12 horas en internet. El debate sobre qué significa ser cristiano en la política del siglo XXI va a durar bastante más.

España vuelve a estar en el ojo de la polémica de los Estados Unidos de Donald Trump y con la OTAN como telón de fondo. Un correo electrónico interno del Pentágono filtrado sugiere tomar medidas contra los aliados que no atiendan las peticiones de ayuda o colaboración de Washington en su campaña militar en Irán. Países de la Alianza Atlántica presuntamente calificados como “difíciles” y a los que penalizar con una variedad de medidas políticas.

Entre esas represalias, la de mayor calado sería buscar su expulsión de la OTAN. Aunque el documento no menciona a ningún país, España estaría entre los afectados, en una lista en la que podrían entrar otros como Reino Unido, Italia o Francia, que también han frenado el uso de su espacio aéreo o bases a las fuerzas armadas estadounidenses para sus operaciones militares contra Irán. Sin embargo, el propio Tratado de Washington de 1949, fundacional de la Alianza Atlántica, no recoge la expulsión de un país aliado, únicamente la salida voluntaria de sus miembros.

Desde Chipre, donde los líderes de la Unión Europea se reunieron en una Cumbre informal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desmintió la posible amenaza implícita a España con un “no hay debate” y afirmando que “cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal, comprometidos y desplegados en muchísimas áreas que han sido solicitadas por los propios países y, por tanto, absoluta tranquilidad”.

Antes de verse por segundo día con sus homólogos europeos, Sánchez había señalado: “No trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el Gobierno de Estados Unidos”, con una postura clara de España, la “absoluta colaboración con los aliados, pero dentro del marco de la legalidad internacional”.

Las altas autoridades de la UE se mostraron una vez más prudentes con las amenazas procedentes del otro lado del Atlántico, más si cabe al ser la OTAN. En Nicosia, el presidente del Consejo, Antonio Costa, prefirió no entrar en la polémica abierta. “Tenemos nuestras sedes en la misma ciudad que la OTAN —Bruselas— pero somos instituciones diferentes, cooperamos con la OTAN, pero no discutimos sus cuestiones internas”, dijo con pies de plomo el dirigente portugués, para sí aclarar que ningún Estado miembro, tampoco España, verá amenazada en solitario su seguridad, ya que “hay un proceso en marcha para discutir cómo operar la cláusula de mutua defensa, cómo activarla, usarla. Estamos diseñándola”.

En el encuentro informal de Chipre, los líderes de los 27 junto a la Comisión Europea debatieron precisamente sobre su mutua defensa sin el paraguas estadounidense, el que pondría en cuestión el documento interno del Pentágono. La Alta Representante Exterior de la UE, Kaja Kallas, expuso los escenarios de ataques híbridos, convencionales o terroristas que permitirían activar el artículo 42.7 del Tratado de la Unión, donde se declara que “si un Estado miembro es víctima de una agresión armada sobre su territorio, los otros Estados miembros tendrán la obligación de prestarle ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance”. Una redacción y cobertura semejante a la que ofrece el artículo 5 de la OTAN, la que critica la Administración Trump.

Sólo una vez en la historia de la UE, igual que sólo una vez en la historia de la Alianza Atlántica, el artículo 42.7 fue invocado. Lo hizo Francia después de los atentados de noviembre de 2015, cuando un comando yihadista bajó desde Bélgica y sembró el terror en París. Hubo colaboración militar para al control fronterizo desde Alemania, Bélgica o Reino Unido al mismo tiempo que otros socios europeos ponían a disposición sus servicios secretos para cercar a la célula fugada que reivindicó los atentados en la sala Bataclán, el Stade de France y las calles de la capital gala en nombre del ISIS.

El debate abierto en Chipre fue solicitado por el propio anfitrión, al no pertenecer a la OTAN y sufrir el impacto de misiles y drones iraníes en respuesta a las acciones militares de Estados Unidos e Israel. Nicosia recibió la ayuda voluntaria e individual de países como Grecia, Italia, Francia, España o Reino Unido, que cuenta con una base militar en la isla, en forma de aviones y navíos de guerra para ofrecerle protección antiaérea, pero su presidente Nikos Chistodoulides quiso que Bruselas preparase “la base sobre cómo responder en caso de que un Estado miembro active el artículo 42.7”.

“Todos los Estados miembros que son aliados de la OTAN pero también aquellos que no lo son, sienten la necesidad de que tengamos un plan operacional”, afirmó Chistodoulides. El contexto geopolítico y las guerras en sus fronteras apremian a la UE ante las dudas sobre el paraguas de seguridad estadounidense en la Alianza Atlántica, de ahí que Antonio Costa insistiese que los ataques sufridos por Chipre han sido un “primer test” sobre la defensa colectiva europea a la que respondieron varios países “movilizando equipamiento militar y fuerzas para ayudar a Chipre en su defensa ante ataques externos”

Los europeos no están sólo asumiendo su defensa colectiva en el ámbito de la UE, sino también en la OTAN con la hoja de ruta pactada para una transferencia de responsabilidad que se plasmará en la Cumbre de Ankara de este mes de julio. En esa reunión se exigirá a los aliados europeos que aceleren su producción en defensa y fomenten la innovación en investigaciones con usos militares y el propio secretario general de la Alianza, Mark Rutte, quiere que el viejo continente asuma competencias hasta ahora casi exclusivas de los estadounidenses.

“En tiempos de gran inestabilidad, a medida que aumenta la importancia de la disuasión nuclear, debemos garantizar que la disuasión nuclear de la OTAN siga siendo creíble, segura y eficaz", viene de decir Rutte durante una visita en Turquía. Todavía se desconoce si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acudirá a la cita de julio o la boicoteará como muestra de su descontento con los países que no están cumpliendo con el gasto militar deseado por Washington.

Pese a todas las presiones desde los Estados Unidos, sean en ruedas de prensa directas de su presidente o con filtraciones como la del documento interno del Pentágono, el Tratado de Washington de la Alianza Atlántica sólo recoge en su artículo 13 la salida voluntaria de cualquier país tras notificarlo oficialmente al resto de aliados y con un año de preaviso. No existe una cláusula que regule la expulsión de un miembro y cualquier otra sanción política, como limitar el acceso de un país aliado a puestos de responsabilidad, excluirlo de misiones o reducir su peso en la estructura de mando, requiere la unanimidad del resto, lo que frenaría el unilateralismo de la Administración Trump.

Este contexto es el que lleva a Luis Simón, director de la oficina del Instituto Elcano en Bruselas, a poner el foco no tanto en las amenazas de Washington contra terceros países sino a que “Trump puede torpedear la OTAN, retirar a su embajador, quitarle el sombrero OTAN al Comandante Supremo Aliado en Europa —cargo que ocupa un general estadounidense— y eso sería un lío monumental”. Para llegar a este situación límite con el objetivo de imponer sus objetivos militares o de gasto a otros, los Estados Unidos tampoco tendrían que amagar con su salida, cree Simón, ya que “Trump no necesita denunciar el Tratado de Washington y salirse de la OTAN para dejarla tocada de muerte, lo puede hacer con una política de silla vacía”.

De ahí que, aunque la OTAN sea una institución alternativa e independiente a la UE, el mantra en Bruselas, como reconoció desde Chipre la Alta Representante Kaja Kallas, sea insistir que los países europeos sí están cumpliendo con las peticiones de ayuda de Estados Unidos pese a no involucrarse en su guerra contra Irán, con ofertas para poner sus marinas de guerra a trabajar en el desminado del Estrecho de Ormuz, la escolta de barcos o la disponibilidad de las bases militares en muchos Estados miembros. Todo, para que las amenazas de Washington se queden sólo en eso.