Marruecos alertó a España días antes de la crisis en la ciudad de Ceuta de que la decisión del Tribunal Supremo español de comienzos de julio debilitaba un elemento crucial de la cooperación migratoria, ha dicho este lunes una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí, que ha añadido que la gestión migratoria es "una responsabilidad compartida".

"Marruecos asume sus responsabilidades (...). Es un compromiso, no un discurso político o propaganda. (...) Marruecos no actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartida (...) Si alguien piensa que Marruecos va a ceder a la presión y el chantaje es que no conoce el Marruecos de Mohamed VI", dijo la fuente en un encuentro este lunes con un grupo de agencias de prensa internacionales.

Explicó que la política migratoria marroquí se sustenta en dos pilares: un componente preventivo, basado en el dispositivo de seguridad, y otro disuasorio, que, a su juicio, quedó debilitado tras la decisión del Tribunal Supremo, ya que, según sostuvo, dificulta las devoluciones.

"Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio. Hubo un cambio de paradigma", afirmó. Añadió que el impacto de la decisión judicial se ha visto amplificado por las redes sociales y por las mafias dedicadas al tráfico de personas.

Asimismo, aseguró que Marruecos está "decepcionado" por las reacciones y comentarios, "que dan vergüenza", de algunos políticos españoles, a los que acusó de instrumentalizar la crisis con fines electorales. No obstante, sostuvo que la coordinación con el Gobierno español es "perfecta".

La fuente insistió en que el componente de seguridad "nunca será suficiente" para gestionar los flujos migratorios.

"Si tienes a 40.000 personas, ¿cuántas fuerzas de seguridad necesitarías?", planteó, antes de destacar el esfuerzo que supone para Marruecos movilizar a unos 20.000 efectivos para el control del litoral. "¿Cuántos hay que movilizar?", añadió. "¿Alguien protege nuestras fronteras del sur o del este en lugar de nosotros?", se preguntó.

El control de la migración, agregó, cuesta a Marruecos unos 500 millones de euros al año, mientras que la financiación que recibe de la Unión Europea asciende a 145 millones de euros. No obstante, subrayó que "no es una cuestión de dinero, sino de estrategia y visión común".

Sobre la actuación de la policía durante la llegada masiva de decenas de miles de personas a la frontera con Ceuta el pasado jueves, la fuente sostuvo que las fuerzas de seguridad no podían enfrentarse a la multitud para evitar daños.

"El enfoque de seguridad está condenado al fracaso si no se combina con el desarrollo y las medidas de devolución", afirmó.

La misma fuente añadió que Marruecos "nunca será cómplice" de una gestión migratoria basada únicamente en el enfoque de seguridad. "Es una responsabilidad compartida. Cada uno debe asumir sus responsabilidades", señaló.

Además, afirmó que los gobiernos y los servicios de seguridad de España y Marruecos mantienen desde hace años "una coordinación perfecta", cuyo resultado, según dijo, se refleja en la frustración de 160.000 intentos de migración irregular en los dos últimos años.

"La cooperación migratoria entre España y Marruecos es una historia de éxitos y se pone como ejemplo", añadió.

Las navidades de 1944 en Budapest permanecen intactas en Stephen Kapos: su madre, que se hacía pasar por enfermera de la Cruz Roja, fue a visitarlo al centro de detención para menores y le dijo que el padre había sido enviado al campo de Belsen (Alemania). El niño tenía siete años largos; la familia había sido separada por ser judíos. En Hungría, donde nació Stephen en 1937, la guerra llegó tarde. Los nazis invadieron en marzo de 1944 y el partido de extrema derecha Arrow Cross llegó al poder en octubre, abriendo la puerta de par en par a la persecución y deportación de judíos y comunistas, a la ilegalización de partidos y asociaciones y a las medidas de prohibición que tienden a practicar los regímenes totalitarios a través de la historia.

En un día de calor, en el Café Palestina, en el norte de Londres, Stephen recuerda episodios de su vida con una precisión envidiable a la memoria más exacta que le pasa por delante. “Mi padre era médico y tuvo que acabar la carrera en Praga, porque en Hungría las plazas universitarias para judíos eran limitadas; eso sí era antisemitismo. Él construyó una casa de arquitectura moderna en Budapest a la que llamaban 'La casa del médico loco', porque empezaba a especializarse en psicología y psiquiatría. Aunque lo peor llegó en 1944, desde 1939 unos 63.000 judíos húngaros fueron asesinados”, explica Stephen, y añade que “en Hungría los nazis lograron un acuerdo con el sionista Rezso Kasztner para que algunos judíos ricos o valedores de profesión pudieran ir a Suiza vía Belsen con los trenes de Kasztner; nosotros entrábamos en esa categoría, hasta que Hitler lo descubrió y adiós Suiza”.

Para salvar la vida, la familia de Stephen cambió de apellido: Kapos, un río que lleva años seco. Unas semanas después del final de la guerra, llegó su madre al centro de detención y ambos se dirigieron a la casa de arquitectura moderna. “De nuestra casa, quedaba el cascarón, se veían los muebles desde la calle, como en las destruidas ahora en Gaza; un día, entre las ruinas, apareció mi padre, que había sobrevivido a Belsen y a Theresienstadt”, recuerda Stephen, saltando con frecuencia de Budapest en guerra a la destrucción de Gaza y al trato a los palestinos en los Territorios Ocupados. Las comparaciones continúan con personas desaparecidas, encarceladas, masacres de inocentes en nombre de la seguridad del Estado, muertes colaterales, torturados sin cargos; restricciones en agua, comida y medicinas; periodos bajo asedio, expulsiones masivas de hogares, etc. “Mi solidaridad con los palestinos ha crecido, porque me he visto retratado en ellos durante el holocausto”, prosigue.

El término antisemitismo hace cavilar a Stephen por las distintas interpretaciones que se han hecho del vocablo en los últimos años en Reino Unido. El Partido Laborista, bajo Keir Starmer, anunció “cortar de raíz el antisemitismo del partido”. Para ello establecieron una definición que vinculaba el concepto con las críticas al Estado de Israel; así expulsaron a Jeremy Corbyn y a una sección de la rama Momentum del partido. “La llamada Declaración de Jerusalén, redactada por académicos, es la más correcta que se ha publicado hasta ahora; separa el judaísmo del sionismo y lo religioso de lo político”, explica Stephen, quien añade que “tenemos el deber y el compromiso moral con la humanidad, y los que sufrimos el holocausto todavía más, de denunciar el genocidio en Gaza”.

Al parecer de Stephen, la llegada del laborista Andy Burnham a la presidencia del Gobierno no es para tirar cohetes. Resalta que “Burnham no pronuncia la palabra genocidio, sino el sufrimiento de los palestinos; ha nombrado responsables de Exteriores, Defensa y Economía a partidarios de proveer de armas a Israel, permitir el uso de las bases británicas para atacar Palestina, reconocen el Estado palestino, pero no hacen nada para conseguirlo, etc. El cambio, si lo hay, será menor; lo hemos visto en el mensaje de buenas intenciones que ha grabado Burnham antes de ser elegido como nuevo líder y primer ministro: palabras vacías y pocos hechos; debería tomar ejemplo de Pedro Sánchez y de su defensa de los intereses de España, en lugar de doblegarse al sionismo”.

En 1956, Stephen se trasladó a Londres para proseguir sus estudios de arquitectura; se graduó, formó familia y trabajó en proyectos como la construcción de la catedral católica de Liverpool, edificio catalogado como Patrimonio Cultural. Votaba al Partido Laborista. “Admiré el Gobierno de Harold Wilson por su oposición a la guerra de Vietnam, aunque no me atrevía a manifestarme en la calle; yo defiendo el socialismo con cara humana y la democracia; me afilié al laborismo en 1997 cuando ganó Tony Blair, me opuse a la guerra en Irak; tuve un encontronazo con Keir Starmer por lo del antisemitismo en un congreso en el que yo presenté una resolución, rechazada con enmiendas que prohibían a los laboristas criticar la política de Israel. Starmer, furioso, me acusó de dividir el partido; salí del partido y ahí empezó mi activismo con grupos como Stop the War Coalition y otros por la paz y contra la guerra”.

En el sosiego que le proveyó Inglaterra, Stephen inició su travesía personal en el pasado familiar. “En un viaje a Haifa visité a una tía que justificaba la muerte de árabes por el hecho de ser árabes; a mí, me resultaba incomprensible que alguien como nosotros, que habíamos sido perseguidos para la exterminación —en mi familia ejecutaron a entre 15 y 20 tíos y primos en distintos grados—, pudiese cruzar la línea roja que habían cruzado con ella los nazis”, rememora Stephen. Jubilado, decepcionado con el laborismo e indignado por la limpieza étnica en Gaza (73.000 asesinados desde octubre 2023, la mayoría menores y mujeres), Stephen decidió salir a la calle e incorporarse a las manifestaciones en solidaridad con el pueblo palestino cuando ya había adquirido una cierta notoriedad como superviviente del holocausto para hablar en escuelas o en eventos y plataformas públicas.

En una manifestación vio a dos hombres que sostenían una pancarta que rezaba “Descendientes de supervivientes del holocausto contra el genocidio en Gaza”. Se unió a ellos con la autoridad que le otorgaba el ser él mismo superviviente. El grupo ha aumentado; Agnes Kory, otro miembro, sobrevivió los campos de bebé; hijos e hijas de supervivientes despliegan sus pancartas en las manifestaciones que se organizan en Londres. “Al lema Never again (nunca más), que tanto repiten, debe añadirse: para nadie”, apostilla Stephen. El embajador israelí en la ONU, Gilad Erdan, se colocó la estrella amarilla y aludió al Never again en octubre de 2023 durante una reunión del Consejo de Seguridad. De lo cual Stephen opina que “fue otra utilización teatral del holocausto; la forma con la que el Gobierno israelí utiliza el holocausto para justificar lo que hace en Gaza es un insulto al propio holocausto”.

En su etapa de activista, Stephen Kapos va incorporando nuevas alianzas y amistades al camino de su vida. Destaca la siguiente: “Hace unos meses me convocaron para que comparara mi experiencia como sobreviviente del Holocausto con la de Antoine Raffoul, superviviente de la Nakba (catástrofe o expulsión de casi un millón de palestinos en la creación de Israel en 1948) y también arquitecto; no me puedo deshacer de los paralelismos por más que lo intento”.

España acaba de superar los peores días del gran incendio entre Ávila y la Comunidad de Madrid, con más de 80.000 hectáreas calcinadas en parajes naturales de gran valor ecológico y medioambiental y el grave peligro añadido de afectar a zonas con importantes núcleos de población. Sin embargo, en Bruselas el nivel de alerta no se relaja y permanecerá al máximo durante las próximas semanas ante el temor a un nuevo estallido de grandes incendios.

Este miedo es extensible a otras partes del continente. Los ojos de los técnicos, científicos y responsables de la Comisión Europea, del Mecanismo de Protección Civil y del sistema de satélites Copernicus están pegados a las imágenes captadas en tiempo real y a las previsiones meteorológicas para el centro de Francia, el sur de Italia o Grecia, donde se temen, como en anteriores veranos, incendios de gran magnitud por un viento local típico de estas fechas.

En la capital comunitaria nunca se había visto un despliegue semejante, tanto de medios como político. Hace sólo tres semanas, la comisaria europea de Emergencias, Hadja Labib, ya reconoció este temor y el peligro real durante un debate en el Parlamento Europeo. Ello ha llevado a la UE a poner a disposición de los Estados miembros 22 aviones contra incendios y cinco helicópteros de la flota comunitaria y, por primera vez en la historia, establecer un equipo especial de seguimiento de los incendios operativo hasta el 15 de septiembre.

La Unión tiene desplegados en España hidroaviones de esa flota común, equipos que han trabajado en la extinción del incendio entre Ávila y la Comunidad de Madrid. Desde el Centro desde el Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias (ERCC) aportan además una coordinación adicional por si España necesita ayuda durante lo que queda de verano. “Es fundamental tener una imagen operacional conjunta, que sepamos lo que está pasando, que las autoridades españolas no tengan que hablar con 37 países —porque el ERCC también coordina ayuda de otros países europeos no pertenecientes a la UE, como Reino Unido o Turquía— para solicitar asistencia y comprobar si algo les llega”, explica Borja Miguélez, número dos de esta unidad especializada de la Comisión Europea.

El sur de España, especialmente Andalucía, la costa mediterránea y el centro de la Península, son ahora mismo los territorios que mayor preocupación y alerta entre los expertos europeos, mientras Galicia y el noroeste de Castilla y León parecen haberse librado hasta ahora de ese riesgo extremo. “Prácticamente la parte central española, el Levante y el sur están en alto riesgo. La zona del Cantábrico y Galicia, si no hay viento, presentan mejores condiciones, pero cuidado, porque esto no significa que se haya acabado, ni mucho menos”, señala con cautela Moisés Galán, responsable del equipo específico sobre incendios.

El impacto de las olas de calor de junio, julio y la actual, las condiciones del terreno —que ha experimentado un gran crecimiento de vegetación gracias a las lluvias de invierno—, sumados al abandono rural y a la proliferación durante décadas de los bosques con especies altamente inflamables, como pinos y eucaliptos, son el caldo de cultivo perfecto para esta emergencia. “Tenemos por delante el mes de agosto, así que seguimos en un escenario de riesgo”, advierte el responsable.

En Bruselas, dentro del Centro de Coordinación ante Emergencias, tienen muy presentes los 15 días fatídicos de agosto del 2025, en los que ardieron 400.000 hectáreas entre España y Portugal en incendios descomunales que superaron la capacidad de los operativos de extinción. “Podemos afirmar que, prácticamente después de la segunda ola de calor del verano, el combustible ya está disponible. Eso significa que factores complementarios, como la meteorología o el viento, hacen que, en el momento de una ignición, estemos fuera de la capacidad de extinción”, lamenta Galán, antiguo jefe de incendios en la Generalitat de Catalunya.

En todo el continente el año pasado se quemaron más de un millón de hectáreas, una cifra histórica que los expertos y técnicos de la Comisión temen superar este año. “Todos los países están bajo presión por los fuegos forestales, no podemos permitirnos mandar ayuda que no vaya a ser eficaz, nadie quiere hacerlo. Por eso es tan importante que trabajemos juntos y de manera coordinada, además de contar con la cofinanciación del transporte, con tanta simultaneidad de desastres", insiste Borja Miguélez.

De esa flota común de emergencias diseña por la Comisión Europea también forman parte aeronaves con capacidad para cargar toneladas de agua y descargarlas sobre las llamas o de forma preventiva sobre la vegetación en Francia, Portugal, Italia, Croacia, Grecia o Suecia, además de otros equipos de extinción desplegados en Rumanía, República Checa o Eslovaquia. Hay, además, 777 bomberos distribuidos en 14 países europeos, listos en localizaciones claves para ser movilizados si un Estado miembro ve desbordados sus medios de extinción. Se trata de un operativo sin precedentes para un verano que se presenta especialmente complicado

Este año, destacan en Bruselas, es la primera vez que se activan tan pronto los equipos del Mecanismo de Protección Civil de la UE: fue el 30 de abril, en los Países Bajos. Ya se han registrado más de 120 grandes incendios, los más graves en Francia, Croacia, Grecia, Italia, Portugal y España. Moisés Galán advierte de que “estamos todavía en plena campaña, a finales de julio, y la situación no va a evolucionar a mejor. La zona central de Francia ha alcanzado niveles de riesgo que no había registrado en muchísimos años. En Alemania, Chequia y el centro de Europa se están alcanzando niveles de riesgo extremo e incluso muy extremo. Además, comienza en Grecia y Turquía un episodio de vientos que históricamente siempre ha generado problemas. El foco está puesto en distintas zonas donde sabemos que puede iniciarse un gran incendio forestal”.

Ante esta situación, reconocen los expertos europeos, los servicios de extinción ya no son suficientes para hacer frente a los incendios de nueva generación. La prevención, insisten en la Comisión Europea, debe convertirse en el eje central de la estrategia, con la gestión forestal como prioridad. La creación o recuperación de un mosaico forestal que frene el avance del fuego sigue siendo una asignatura pendiente en los bosques españoles, pero también en los portugueses, franceses e incluso en países que hasta hace pocos años estaban relativamente a salvo de los grandes incendios, como Alemania o Polonia.

La prevención también pasa por reactivar las economías rurales, para frenar la despoblación y recuperar los terrenos agrícolas colonizados por el monte. Los viñedos, los olivares o las dehesas son paisajes autóctonos españoles con una importante actividad económica que, además, ayudan a romper la continuidad del combustible vegetal y dificultan el avance de las llamas.

La ley europea de inteligencia artificial alcanza este domingo una de las fechas más importantes de su calendario. Aunque entró en vigor el 1 de agosto de 2024, comienza ahora a aplicarse de forma general. Desde este domingo serán obligatorias las normas que exigen informar a los usuarios cuando interactúan con una máquina o reciben contenidos creados o manipulados con IA. Otras partes ya estaban en marcha: los usos considerados inaceptables están prohibidos desde febrero de 2025 y las primeras reglas para los modelos de IA de uso general rigen desde agosto del año pasado.

El despliegue llega, sin embargo, con una protección todavía incompleta. Europa comienza a exigir que los ciudadanos sepan cuándo interviene una máquina, pero ha aplazado los controles sobre las herramientas capaces de condicionar el acceso a un empleo, una prestación pública, un crédito o un permiso migratorio. La Comisión Europea sostiene que los retrasos permitirán reducir cargas para las empresas y evitar inseguridad jurídica mientras se elaboran los estándares técnicos necesarios.

Para Anabel Arias, responsable de Derechos Digitales de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, este escenario obliga a rebajar las expectativas. “No es un marco de protección de derechos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), sino una regulación tecnológica”, explica a infoLibre. La norma ordena el desarrollo y el uso de esta tecnología según el peligro que representa, pero no garantiza por sí sola los derechos fundamentales.

Una de sus principales fortalezas es que Europa deja de confiar únicamente en los compromisos voluntarios de las empresas y establece obligaciones legales. Prohíbe prácticas como la puntuación social, la manipulación mediante técnicas ocultas, la explotación de las vulnerabilidades de determinados colectivos o algunos usos del reconocimiento biométrico.

También prevé controles a los llamados sistemas de alto riesgo, aunque su aplicación se ha aplazado hasta diciembre de 2027. Son aquellos que pueden influir de manera importante en la vida de una persona, por ejemplo, al intervenir en la concesión de un empleo, una plaza educativa, un crédito, una ayuda pública o un permiso de residencia. Estas herramientas deberán cumplir requisitos sobre la calidad de los datos, documentar su funcionamiento, contar con supervisión humana y garantizar unas condiciones mínimas de seguridad.

Cristina Puente, ingeniera de inteligencia artificial y profesora de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, considera que esta clasificación busca equilibrar “la mitigación o minimización de las amenazas” con el desarrollo responsable de la tecnología. Frente a una regulación específica para cada nueva herramienta, que podría quedar obsoleta rápidamente, el modelo basado en riesgos ofrece, según la ingeniera, una “gran capacidad de adaptación a los cambios”.

Arias valora también la creación de un registro europeo que debería permitir conocer qué herramientas de alto riesgo se emplean, para qué sirven y quién responde por ellas. El problema es que los controles más exigentes solo afectan a una parte de la inteligencia artificial disponible. Los algoritmos que deciden qué publicaciones, recomendaciones o anuncios ve cada usuario pueden reforzar prejuicios, amplificar la desinformación o condicionar el debate público, pero no entran necesariamente en esa categoría.

“El enfoque de riesgo es la limitación más estructural del Reglamento”, sostiene Arias. La definición deja margen para distintas interpretaciones y confía en que sean las propias empresas las que clasifiquen correctamente sus productos. La experta señala además las excepciones que permiten determinados usos de la vigilancia biométrica por parte de las fuerzas de seguridad en espacios públicos, una protección menor de la reclamada por las organizaciones de derechos fundamentales. Estas entidades temen que las excepciones faciliten una identificación y un seguimiento más amplios de la ciudadanía y que afecten especialmente a colectivos ya expuestos a discriminación. 

Gran parte de las obligaciones para las herramientas de alto riesgo debía comenzar a aplicarse este agosto. No obstante, el Ómnibus de Inteligencia Artificial, incluido en la estrategia de desregulación de la Comisión, ha trasladado la fecha al 2 de diciembre de 2027. Los requisitos para la IA incorporada a productos como juguetes, maquinaria o dispositivos médicos se aplazan también hasta agosto de 2028.

Bruselas justifica la demora por la falta de estándares, orientaciones y herramientas técnicas que permitan cumplir la ley con seguridad jurídica. Elisa Gutiérrez García, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y experta en inteligencia artificial y derechos fundamentales, reconoce a infoLibre que estos sistemas son los más complejos de adaptar, por lo que el retraso “puede ser comprensible desde esa perspectiva”. También recuerda que no se debería producir un vacío legal: “El derecho previo sigue siendo de aplicación, incluyendo la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Arias cuestiona que la falta de estándares justifique posponer el conjunto de las obligaciones. La Comisión puede aprobar especificaciones comunes mientras estos se terminan y defiende que medidas como evaluar los riesgos, documentar el funcionamiento o garantizar la supervisión humana no dependen exclusivamente de una norma técnica. “Que no lo haya hecho es también una decisión política”, afirma. “Estamos hablando de sistemas que ya están decidiendo sobre acceso a servicios sociales, procesos migratorios o condiciones laborales. Retrasar las garantías y reducir la transparencia no beneficia a las personas, beneficia a quienes despliegan estos sistemas sin querer rendir cuentas” amplía.

El ex eurodiputado socialista Iban García del Blanco, uno de los negociadores de la ley durante la pasada legislatura, tampoco considera que el Ómnibus sea una simple corrección técnica. Aunque reconoce la necesidad de coordinar mejor las diferentes normas y facilitar su cumplimiento, cree que Bruselas ha reabierto un equilibrio legislativo delicado antes de comprobar sus resultados. Resume el giro como “algo de pragmatismo y mucho de claudicación” ante la búsqueda de competitividad tecnológica.

Este proceso no sólo afecta a la inteligencia artificial. La misma estrategia de simplificación alcanza también al Reglamento General de Protección de Datos y a la Directiva ePrivacy. Tanto Arias como Del Blanco temen que la competitividad termine utilizándose como argumento para debilitar los límites a la recopilación de datos y al poder de las grandes plataformas.

La principal novedad que sí se activa este 2 de agosto se centra en la transparencia. Los proveedores deberán avisar cuando una persona interactúe con un chatbot, un agente virtual o un avatar e incorporar marcas técnicas que permitan detectar contenidos sintéticos. Además, quienes empleen estas herramientas deberán identificar visiblemente los deepfakes y determinados textos creados con IA sobre asuntos de interés público.

Para Gutiérrez, estas medidas son “de vital importancia para combatir la desinformación y otros desórdenes informativos”, porque ponen en alerta al destinatario sin imponer limitaciones excesivas que puedan perjudicar la libertad de expresión o el derecho a la información.

Puente advierte de que la desinformación no siempre se comparte de forma consciente. Los sistemas de IA pueden ofrecer respuestas falsas o sesgadas con apariencia de veracidad, y los usuarios pueden confiar en ellas sin comprobarlas. “Muchas veces el propio usuario desconocerá que el contenido generado es erróneo y lo puede dar por bueno”, explica. Esa confianza puede hacer que la información falsa termine difundiéndose en redes sociales. Por eso, considera “muy valioso” identificar claramente los contenidos creados o modificados mediante IA. 

Una de las principales excepciones afecta a los textos informativos. No tendrán que identificarse cuando hayan pasado por una revisión humana o un control editorial sustantivo y una persona asuma la responsabilidad final. Las directrices de la Comisión aclaran que una simple corrección ortográfica o gramatical no basta, pero será difícil comprobar desde fuera cuánto ha sido creado por IA. 

“Es una excepción razonable en teoría, pero en la práctica será difícil de verificar externamente y abre margen a interpretaciones laxas”, advierte Arias. Una empresa, una institución o un partido podrá afirmar que el contenido ha sido revisado, mientras periodistas y ciudadanos carecerán de medios para conocer el proceso real de elaboración.

La eficacia de la ley dependerá finalmente de la capacidad para monitorizar y hacerla cumplir. La supervisión se reparte entre la Oficina Europea de Inteligencia Artificial y las autoridades nacionales, pero algunos países todavía no han definido por completo qué organismos asumirán cada competencia, cómo actuarán y de qué recursos dispondrán.

En España, el proyecto de ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial continúa en la Comisión de Economía del Congreso, con el plazo de enmiendas abierto hasta el 2 de septiembre. La legislación que debe completar el reparto de competencias y el régimen sancionador no estará, por tanto, aprobada cuando comiencen a aplicarse las obligaciones de transparencia.

Arias alerta de que una norma común puede ofrecer niveles de protección desiguales si unas autoridades cuentan con equipos capaces de auditar herramientas complejas y otras carecen de recursos, personal especializado o voluntad política para enfrentarse a las grandes compañías tecnológicas. Además, buena parte de la aplicación dependerá de orientaciones, estándares técnicos y códigos voluntarios. Estas herramientas pueden ayudar a las empresas a cumplir la ley, pero no sustituyen una supervisión pública que compruebe si las medidas se aplican realmente. 

“Su capacidad para proteger a las personas dependerá en gran medida de cómo interactúe con otras normas y de que las autoridades tengan recursos y voluntad real de hacerlo cumplir”, concluye Arias.

El Ministerio del Interior de Italia ha dispuesto este viernes la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos, según informan fuentes oficiales.

La medida implica una suspensión temporal del tratado 'Schengen' de libre circulación en la Unión Europea (UE).

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha tomado esta decisión tras una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las fronteras. Por el momento no se ha especificado cuánto tiempo durará esta reintroducción de controles.

Por otro lado, el ministro italiano ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para acordar el reforzamiento de los controles en las fronteras terrestres entre ambos países.

La decisión italiana se produce a raíz de la llegada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta.

Su anuncio se produce cuando el Ministerio del Interior español ha anunciado que prácticamente todos los migrantes que entraron en el enclave español en África ya han retornado a Marruecos, unas 48.300 personas de las 50.000 que se calcula que cruzaron las fronteras.

En el pasado Italia introdujo controles temporales en su frontera con Eslovenia, para tratar de contener las llegadas de inmigrantes por la ruta balcánica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave.

Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán" mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

El republicano aseguró que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de "un nuevo gobierno palestino" y también agradeció los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar y Turquía, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto.

Durante meses, Hamás retrasó las conversaciones, se negó a entregar sus armas e intentó transferir el control al Comité Nacional Para la Administración de Gaza de manera unilateral sin desarmarse.

De acuerdo con el medio especializado Axios, un trabajo de presión externa y la creciente crisis económica en la Franja por la que responsabilizan a Hamás habrían llevado al grupo a aceptar el desarme anunciado este jueves por Trump.

El mandatario estadounidense calificó este acuerdo como un "hito importante" para la aplicación de su plan de 20 puntos para Gaza, presentado el 29 de septiembre de 2025 junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como una hoja de ruta para poner fin a la guerra, liberar a los rehenes, establecer un marco de seguridad para Israel y avanzar hacia una administración palestina tecnocrática en el enclave.

El plan contemplaba, entre otros puntos, el desarme de Hamás, la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la creación de una estructura internacional de supervisión para la reconstrucción y gobernanza de Gaza.

Una bandera arcoíris permanecía el domingo extendida sobre el asfalto mientras los operarios desmontaban las últimas estructuras del Orgullo. A pocos metros, en el Tiergarten berlinés, decenas de agentes mantenían acordonada la zona en la que se encontraba la furgoneta blanca que, alrededor de las diez de la noche del sábado, había irrumpido a gran velocidad cerca de la Puerta de Brandeburgo y arrollado a un grupo de asistentes al Orgullo. Una mujer murió y otras 29 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. Tras el atropello, el conductor abandonó el vehículo, agredió con un arma blanca a varios transeúntes y huyó a pie.

La escena contrastaba con la imagen que Berlín había ofrecido durante buena parte del sábado. Cientos de miles de personas recorrieron el centro de la capital alemana entre carrozas, música y pancartas para participar en una de las mayores marchas LGTBIQ+ de Europa. La jornada había transcurrido sin incidentes y se acercaba ya a su final cuando la furgoneta entró en el parque de Tiergarten y se lanzó contra quienes todavía abandonaban los actos.

El autor había huido y horas después, cuando fue localizado, fue abatido por la Policía. La investigación apunta, por el momento, hacia el entorno islamista. Las autoridades alemanas consideran que los indicios recabados permiten tratar lo sucedido como un posible atentado terrorista dirigido contra la celebración del Orgullo, aunque todavía deben aclarar el grado de planificación, si el atacante actuó solo y cuáles fueron sus contactos previos.

Lo ocurrido, sin embargo, no constituye un episodio sin precedentes. En los últimos años, Europa ha sufrido atentados terroristas contra bares y personas LGTBIQ+, ataques organizados contra marchas del Orgullo, asaltos a sedes de asociaciones y agresiones individuales que han terminado en asesinatos.

La propia Alemania ya había sufrido en los últimos años un ataque similar. El 4 de octubre de 2020, un joven apuñaló en Dresde, al este del país, a una pareja de hombres que se encontraba haciendo turismo. Uno de ellos murió y el otro resultó gravemente herido. El agresor acabó siendo condenado a cadena perpetua después de que tanto la Fiscalía federal como el tribunal consideraran que había seleccionado a las víctimas por sus convicciones islamistas y por haberlas identificado como una pareja homosexual.

No obstante, el precedente más directamente relacionado con una celebración del Orgullo se produjo en Oslo en junio de 2022. Horas antes de la marcha, Zaniar Matapour abrió fuego contra varias personas frente al London Pub, uno de los principales espacios de encuentro de la comunidad LGTBIQ+ de la capital noruega. Mató a dos personas, hirió de bala a nueve y causó lesiones a otras 25. La magnitud de lo ocurrido obligó a cancelar la celebración y llevó al país a elevar su nivel de alerta terrorista.

Matapour, al que los servicios de seguridad consideraban un islamista radicalizado, fue condenado en 2024 a la pena máxima de 30 años de prisión por asesinato y terrorismo agravado. La investigación no se detuvo ahí y, en enero de este año, un tribunal noruego impuso la misma condena a Arfan Bhatti por haber participado desde Pakistán en la planificación del atentado.

La amenaza contra la comunidad no procede únicamente del extremismo islamista. El atentado cometido frente al bar queer Tepláreň, en Bratislava, mostró en octubre de 2022 la capacidad de la ultraderecha para convertir la homofobia y la transfobia en violencia terrorista. Un joven de 19 años disparó contra las personas que se encontraban a las puertas del establecimiento, mató a dos jóvenes, hirió a una tercera persona y se suicidó horas después. Las autoridades eslovacas terminaron calificando el crimen como un atentado terrorista contra la población LGTBIQ+. El local se transformó posteriormente en un espacio de memoria y concienciación antes de cerrar definitivamente en 2023.

El ataque no surgió de manera aislada. Antes de cometerlo, el responsable había publicado en internet un manifiesto cargado de antisemitismo, homofobia, transfobia y teorías supremacistas. El documento reflejaba, además, la influencia de comunidades ultraderechistas que glorifican atentados anteriores y convierten a las minorías, los migrantes y las personas LGTBIQ+ en objetivos de una supuesta guerra racial y cultural.

En distintos puntos de Europa, grupos organizados han convertido las celebraciones del Orgullo en escenario de ataques contra el movimiento LGTBIQ+. Así ocurrió en Białystok, al este de Polonia, donde alrededor de un millar de personas participaron en julio de 2019 en la primera Marcha por la Igualdad de la ciudad. Frente a ellas se congregaron unos 4.000 contramanifestantes, entre los que había grupos ultraderechistas, nacionalistas y aficionados radicales al fútbol. Estos atacaron a los asistentes con piedras, botellas y petardos, además de proferir numerosos insultos homófobos.

El episodio se produjo en un contexto político en el que dirigentes del entonces gobernante partido Ley y Justicia presentaban los derechos LGTBIQ+ como una amenaza extranjera contra la identidad y los valores nacionales. La Policía detuvo a 25 personas, aunque las organizaciones de derechos humanos denunciaron que el dispositivo desplegado para proteger la marcha había sido insuficiente.

La ofensiva no se ha dirigido únicamente contra quienes participan en estas movilizaciones, sino también contra las entidades que las hacen posibles. En julio de 2021, una multitud integrada por grupos de extrema derecha y sectores ultraconservadores asaltó en Tiflis (Georgia) las oficinas de varias organizaciones, entre ellas Tbilisi Pride. Los agresores destruyeron material, arrancaron banderas y obligaron a cancelar la Marcha por la Dignidad.

La violencia contra el colectivo LGTBIQ+ también se manifiesta en España a través de agresiones físicas, amenazas y campañas de intimidación. En mayo de 2024, la Asociación Trans de Andalucía denunció la “brutal agresión” sufrida por una menor trans de 13 años en Santa Fe, Granada. La adolescente recibió patadas, puñetazos y empujones hasta perder el conocimiento mientras la amenazaban de muerte y proferían insultos contra su identidad.

En esas mismas fechas, una pareja homosexual de Albolote, también en Granada, denunció el segundo ataque homófobo sufrido en apenas cinco meses. En esta ocasión, recibió un sobre que contenía amenazas, una fotografía de ambos y símbolos nazis, además de encontrar un grafiti en la fachada de su vivienda.

El asesinato de Samuel Luiz continúa siendo, sin embargo, el principal símbolo de la violencia contra las personas LGTBIQ+ en España. El joven, de 24 años, murió después de recibir una paliza grupal en la madrugada del 3 de julio de 2021 junto al paseo marítimo de A Coruña. El Tribunal Supremo confirmó en diciembre de 2025 las condenas de entre 20 y 24 años de prisión para los tres autores adultos del asesinato y mantuvo la absolución de un cuarto acusado por falta de pruebas. La pena más elevada recayó sobre el hombre que inició la agresión, al que se aplicó la agravante de discriminación por la orientación sexual que atribuyó a Samuel. 

La última gran encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, basada en las respuestas de más de 100.000 personas, refleja que una mayor visibilidad no ha ido acompañada de una reducción de la violencia. Cada vez más ciudadanos hablan abiertamente de su orientación sexual o su identidad de género, mientras aumentan el acoso, la intimidación y las agresiones. Además, señala que las personas trans e intersexuales se encuentran entre quienes sufren una mayor victimización.

El 14% de las personas encuestadas declaró haber sufrido una agresión física o sexual durante los cinco años anteriores, frente al 11% registrado en el estudio precedente en 2019. A ello se añade que un 36% afirmó haber padecido discriminación en algún ámbito de su vida durante el año anterior.

El informe anual de ILGA-Europe describe, además, un escenario en el que las marchas del Orgullo se han convertido en un indicador de la salud democrática del continente. Aunque siguen apareciendo nuevas celebraciones, estas se desarrollan cada vez con mayor frecuencia entre contramanifestaciones organizadas, amenazas, ataques contra participantes y acciones simbólicas como la destrucción o la retirada de banderas arcoíris.

En las elecciones de medio mandato estadounidenses que se celebrarán en noviembre, los californianos decidirán si quieren que vea la luz un impuesto a sus vecinos con un patrimonio superior a los mil millones de dólares. La medida, que se conoce como Proposición 40, ya ha provocado que algunos de los más ricos se marchen del estado y que otros gasten como nunca antes lo habían hecho en campañas en contra de la iniciativa.

California es el estado con más multimillonarios de todo EEUU, un país de grandes desigualdades y donde el 10% más rico posee el 70% de la riqueza. A la vez, el sistema está estructurado de manera que los multimillonarios pagan una tasa efectiva más baja que el estadounidense medio, y por supuesto más baja que la que pagarían en otros países.

“Tanto el impuesto sobre la renta como el de sociedades [de EEUU] no son nada comparados con los impuestos europeos”, apunta la experta Lucy Dadayan, investigadora del Urban-Brookings Tax Policy Center, en conversación con infoLibre. En medio del debate sobre California, los Socialistas Democráticos (DSA), el partido del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, han presentado un nuevo programa en el que proponen “imponer impuestos agresivos sobre el patrimonio a las personas y corporaciones más ricas para financiar bienes públicos e infraestructuras”.

¿Va EEUU camino de gravar por fin a sus más ricos? ¿Abrirá camino California? ¿Hay manera de hacerlo?

La Proposición 40 proviene de un sindicato californiano de trabajadores de la sanidad, y plantea que los californianos con un patrimonio neto superior a mil millones de dólares paguen una única vez el 5% de sus activos al estado. Y gracias a casi un millón de firmas recaudadas con el apoyo del senador Bernie Sanders, han conseguido que su iniciativa vaya en las papeletas de noviembre. La idea del sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West es que el impuesto sirva para compensar los recortes en sanidad del presidente Donald Trump.

La propuesta del impuesto incluye que el estado estará obligado a gastar el 90% de lo recaudado en sanidad. Según Suzanne Jimenez, portavoz del sindicato, estos ingresos permitirán mantener abiertos los hospitales y preservar el acceso de los californianos a la atención médica, algo que, consideran, es más necesario que nunca, aunque algunos no piensen lo mismo.

“El gobernador se está centrando en el problema equivocado”, dijo Jimenez. “El problema no se reduce a las preferencias de 200 personas ultrarricas. El problema es que millones perderán su cobertura médica”, y ese es realmente el problema que estamos tratando de resolver.

Porque al impuesto no solo se han opuesto los multimillonarios de California, sino también el gobernador del estado, Gavin Newsom, también exalcalde de San Francisco y uno de los nombres que más suenan a candidato a presidente por el Partido Demócrata en 2028.

De su lado, un grupo de multimillonarios que podrían tener que pagar el impuesto ha decidido dedicar al menos 87 millones de dólares para anuncios de televisión que defiendan su postura, con lo que, previsiblemente, la campaña a favor y en contra de la iniciativa se convertirá en una de las campañas electorales más caras de la historia del estado. Entre quienes financian esta contracampaña está el cofundador de Google Sergey Brin, que junto al también cofundador de Google Larry Page y el inversor tecnológico Peter Thiel aseguran que ya han empezado a cortar lazos con California.

Por su parte, el gobernador del estado lleva tiempo oponiéndose a un impuesto a los más ricos de este estilo por miedo a que la innovación se marche de California, en un momento en el que la industria tecnológica ha disparado los ingresos del estado. Newsom ya ha rechazado propuestas legislativas similares diciendo que no las firmaría, paso necesario para que los proyectos de ley se conviertan en leyes. En este sentido, es conveniente recordar que el gobernador tiene fuertes lazos con algunos de los mayores líderes tecnológicos de Silicon Valley que podrían tener que pagar el impuesto: el CEO de Salesforce es uno de sus amigos más cercanos y el padrino del hijo mayor del gobernador, y Brin y Page asistieron a la boda de Newsom.

Sin embargo, el gobernador ha dicho que opinaría diferente si el impuesto fuese a nivel federal. “Una cosa es tener una visión general del país y hablar de 50 estados. Otra muy distinta es competir contra otros 49 estados”, ha asegurado. Según su propuesta, lo ideal sería gravar a cualquiera con una riqueza superior a los 100 millones, además de subir el impuesto de sociedades a donde estaba antes de que Trump llegase al poder. ¿Es algo que puede suceder?

La experta Lucy Dadayan es muy clara al respecto: “Es la primera vez que se ha propuesto algo así y probablemente la última”. Pero no opina así porque crea que EEUU no puede gravar más a los más ricos ni por temor a que estos huyan a otros lugares, algo que considera complicado, sino por el diseño del impuesto, nada habitual, que cree que podría ser tumbado en los tribunales. Para ella, lo más beneficioso sería un impuesto a nivel federal que generase ingresos de forma recurrente, en lugar de gravar una única vez la riqueza de los multimillonarios.

“Se puede ampliar el impuesto sobre las ventas para gravar los servicios que más usan los más ricos”, como los servicios de gestión de grandes fortunas o los servicios legales, opina. “Eso generaría unos ingresos más recurrentes y más ingresos, y puede ser más sostenible a lo largo del tiempo”. “Muchos servicios no están sujetos a impuestos, así que ampliarlos para incluir los servicios que usan las personas más ricas sería una manera más prudente de generar ingresos”, añade.

Un análisis de la agencia gubernamental que se dedica a asesorar fiscalmente al Gobierno de California ha concluido que un impuesto como el de la Proposición 40 generará decenas de miles de millones de dólares a lo largo de los próximos años, pero también ha advertido de que podría provocar la huida de muchos multimillonarios. “Es probable que algunos multimillonarios decidan abandonar California. Los impuestos sobre la renta que actualmente pagan al estado desaparecerían con su partida”, afirma en su informe, apuntando que la reducción de los ingresos estatales derivada de este tipo de medidas podría ascender a cientos de millones de dólares o más al año.

“Esto significaría menos dinero para el presupuesto general del estado, que financia la educación, la sanidad, las prisiones y otros servicios”, han recalcado. Si bien el impuesto sobre el patrimonio proporcionaría fondos para financiar algunas de estas cosas, como la atención médica, ese dinero sería temporal. Muchos otros sindicatos del estado también han advertido de que temen que el beneficio no compense el riesgo de perder ingresos.

Sin embargo, no todos los multimillonarios han amenazado con marcharse. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha dicho que el impuesto le parece bien aunque, según los cálculos de los medios, podría costarle 8.000 millones de dólares. “Les digo a todos: ‘Múdense a California, no se vayan’. Son los impuestos más altos del mundo, pero no importa”, dijo en un discurso ante los alumnos de la escuela de negocios de Stanford.

“No es tan fácil mudar un negocio, es una decisión muy dura, y la gente no suele mudarse solo por los impuestos”, recalca la experta de Brookings. La gente quiere tener servicios que le permitan tener una buena calidad de vida y, en resumen, los impuestos no son un factor que determine que la gente se mude de un estado a otro, ni de un país a otro. Lo mismo ocurre con las empresas.

Entonces, ¿la Proposición 40 podría impulsar que Estados Unidos apruebe más impuestos para los ricos, salga adelante o no? Lucy Dadayan lo tiene claro: “Creo que próximamente va a haber más esfuerzos por gravar más a los ricos, pero no necesariamente en el mismo formato que la propuesta de California”.

El segundo mandato de Ursula von der Leyen encadena episodios que erosionan el modelo democrático de la Unión Europea: el avance de una extrema derecha que exige “mandar de vuelta” a los migrantes, la presencia de representantes talibanes en Bruselas y, ahora, el uso sistemático de la inteligencia artificial en el corazón de las instituciones europeas. 

La Unión Europea tiene previsto poner en marcha EPGenAI Hub, una plataforma de inteligencia artificial que incorporará modelos de Meta, OpenAI, Anthropic y la francesa Mistral adaptados a tareas legislativas. El objetivo del Parlamento Europeo es ofrecer a los eurodiputados una alternativa más segura a las herramientas de IA disponibles públicamente.

Su uso, sin embargo, no es nuevo en Bruselas. Algunos legisladores llevan tiempo alertando del creciente empleo de estas herramientas en los organismos europeos. Ante una práctica ya extendida, la Unión Europea ha optado por regularla y canalizarla a través de una plataforma propia que reduzca el riesgo de filtración de información sensible. 

El eurodiputado irlandés del grupo Renew, Barry Andrews aseguró a Politico que existen indicios evidentes del uso de la IA en todo el Parlamento Europeo. “Lo entiendo perfectamente, dada nuestra carga de trabajo, pero, personalmente, considero que estas son funciones democráticas esenciales para las que los votantes nos eligieron”, añadió.

El exeurodiputado y uno de los negociadores de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, Iban García del Blanco, en cambio, considera que ofrecer a los representantes una plataforma institucional puede resultar más seguro que tratar de impedir una práctica que ya se produce. “Si no se usa de manera reglada, se usará por la puerta de atrás”, afirma a infoLibre.

Pese a los intentos de la Unión Europea por evitar que la información sensible quede en manos de compañías estadounidenses, las organizaciones de defensa de los derechos digitales y los expertos advierten de que el problema trasciende la protección de los datos parlamentarios. La incorporación al trabajo diario de estas herramientas puede afectar directamente al debate, el pluralismo y la confianza en los organismos democráticos.

Itxaso Domínguez, asesora de políticas en European Digital Rights (EDRi), alerta a infoLibre de que el riesgo de EPGenAI Hub no se limita a la seguridad de la información, sino que alcanza a la propia incorporación de la inteligencia artificial al proceso deliberativo del Parlamento. “El problema no es solo la utilización, sino la institucionalización, porque se delega parte de ese proceso en sistemas en los que no queda claro cuál es el componente humano”, sostiene.

Su implantación generalizada puede uniformar la forma en la que los eurodiputados y sus equipos redactan informes, enmiendas, intervenciones o preguntas parlamentarias. “Todo el mundo va a empezar a estructurar igual los textos, a utilizar algunos conceptos y a repetir los mismos argumentos”, señala Domínguez.

Esta tendencia, según la experta, choca directamente con la función del Parlamento Europeo como representación de la diversidad política, ideológica y social de la ciudadanía. “Lo que el Parlamento representa es diversidad democrática, diversidad de formas de pensar y espíritu crítico, y eso es lo que limita la IA”, incide la experta.

La homogeneización, no obstante, no se produce únicamente en el estilo de los textos. Lucía Ortiz de Zárate, investigadora en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Universidad Autónoma de Madrid, advierte de que los modelos seleccionan y jerarquizan la información a partir de los criterios definidos por las empresas que los desarrollan y de datos en los que predominan determinadas perspectivas culturales y políticas. Estas herramientas, sostiene, “tienden a homogeneizar, simplificar y, de alguna forma, a empobrecer los discursos y las ideas”.

A esa uniformización del discurso se suma, según Domínguez, el riesgo de alimentar la desconfianza política y reforzar las narrativas que presentan a los representantes públicos como prescindibles. Si una parte creciente de su producción procede de sistemas automatizados, se abre la puerta a cuestionar qué aportan realmente los diputados y sus equipos. “En algún momento alguien puede decir que los diputados europeos pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial y, si seguimos por esta vía, al final el argumento no parece tan absurdo”, señala.

El próximo 2 de agosto comenzarán a aplicarse las obligaciones de transparencia recogidas en el artículo 50 de la Ley europea de Inteligencia Artificial. Las nuevas normas pretenden que los ciudadanos puedan reconocer cuándo están interactuando con una máquina o cuándo reciben imágenes, vídeos, audios y textos creados o manipulados mediante IA.

Los proveedores, como OpenAI, Anthropic o Google, deberán introducir mecanismos que permitan detectar automáticamente este tipo de contenidos. Los responsables del despliegue, es decir, las organizaciones que utilizan estos sistemas, tendrán que identificar los deepfakes y los textos generados con IA que se publiquen para informar sobre asuntos de interés público, entre ellos la política, los procesos democráticos, la actividad de las administraciones o los derechos fundamentales.

Estas obligaciones, sin embargo, no implican que los eurodiputados deban señalar necesariamente cada informe, enmienda, discurso o pregunta parlamentaria elaborada con ayuda de EPGenAI Hub. El artículo 50 exime del etiquetado a los textos sometidos a una revisión humana sustantiva o a un control editorial y sobre los que una persona asuma la responsabilidad final. Es decir, una simple corrección gramatical no sería suficiente, pero bastaría con que un diputado o un miembro de su equipo revisara el contenido para que este pudiera difundirse sin advertir del uso de la inteligencia artificial.

Ante ese vacío, el Parlamento Europeo estudia acompañar la puesta en marcha de la plataforma con sus propios requisitos de transparencia. García del Blanco defiende que el hemiciclo establezca controles que permitan conocer cuándo y para qué se han utilizado estas herramientas. “Ya es técnicamente posible exigir o plantear controles sobre el uso de la herramienta”, señala. Esa rendición de cuentas, explica el exeurodiputado, podría incluir no solo el etiquetado de los contenidos, sino también registros sobre los modelos empleados y las tareas que se han delegado.

Domínguez, por su parte, teme que la responsabilidad de detectar errores, sesgos o manipulaciones vuelva a trasladarse a quienes fiscalizan desde fuera el funcionamiento de la institución. “Tengo miedo de que todo esto vuelva a recaer sobre la sociedad civil y los periodistas, como siempre, cuando ya está empezando a afectar al proceso democrático”.

El lanzamiento de la plataforma llega, además, en un momento en el que la Comisión Europea está tratando de reducir o retrasar las obligaciones regulatorias impuestas al sector tecnológico. Bruselas ha planteado debilitar o simplificar normas como el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento General de Protección de Datos y la futura regulación sobre privacidad electrónica.

La reforma de la Ley de IA ya ha alcanzado un acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo. Como consecuencia, las principales obligaciones para los sistemas utilizados en ámbitos de alto riesgo —como el empleo, la educación, las infraestructuras críticas, la migración o el control de fronteras— no se aplicarán hasta diciembre de 2027. En el caso de la inteligencia artificial incorporada a productos, el plazo se retrasa hasta agosto de 2028.

El giro tomó forma en noviembre de 2025, cuando la Comisión presentó dos propuestas conectadas bajo el nombre de Ómnibus Digital. La primera estaba dirigida a modificar el Reglamento General de Protección de Datos, la Directiva ePrivacy y otras normas relacionadas con los datos. La segunda abría la reforma de la recién aprobada Ley de IA.

Domínguez atribuye esta nueva actitud a una combinación de la presión empresarial y el temor a que Europa pierda la carrera tecnológica frente a Estados Unidos y China. “El diagnóstico de que la UE tiene un problema de competitividad puede ser compartido, pero no necesariamente la receta elegida. La Comisión ha asumido que para desarrollar más inteligencia artificial necesita disponer de más datos y, para acceder a ellos, rebajar las normas que limitan su recopilación y tratamiento”, detalla.

García del Blanco cuestiona igualmente la premisa de que una regulación más débil conduce necesariamente a un mayor desarrollo tecnológico. “Es una frase que está muy bien para repetir, pero que no se cumple en la práctica”, señala. A su juicio, no existe una relación directa demostrada entre la reducción de las garantías y un aumento de la innovación o la competitividad europea.

En la sala 16 del juzgado de Londres (Old Bailey) se respira un ambiente enrarecido más allá de los formalismos en el comportamiento y las sutilezas lingüísticas que usan la docena de pulcros abogados —todos ellos blancos—, con túnica negra y peluca de pequeños tirabuzones ordenados y rizados en simetría.

La tradición, para la abogacía, se mantiene, al menos, en el aspecto y en los modales. El semblante de los letrados contrasta con el de los 12 miembros del jurado popular (seis hombres y seis mujeres de distintas procedencias; alguno con pantalón corto y sandalia playera, camisetas de algodón y calzado deportivo).

Los ocho encausados, por su catadura, podrían ser también transeúntes de la calle; una con el pañuelo musulmán, uno de aspecto africano. En la sala 16, las apariencias no engañan. Al contrario, letrados, jurado y encausados responden a los estereotipos típicos y tópicos del clasismo inglés.

La sala del juzgado, de madera marrón y color verde en los tapizados, acoge el juicio a ocho de los 25 conocidos como Filton25, miembros de Palestine Action (Acción Palestina) que irrumpieron en la fábrica israelí de armas y drones Elbit Systems en Filton, Bristol (a dos horas de Londres), el 6 de agosto de 2024.

Destrozaron varios drones que, a su parecer, estaban destinados a matar palestinos en Gaza. Este es el segundo de los cuatro juicios en los que se han repartido a los detenidos bajo la ley antiterrorista. Algunos han estado hasta 18 meses en prisión preventiva sin cargos.

Los cargos ahora no son de terrorismo, sino de robo agravado, daños o perjuicios a la propiedad y desorden o disturbios violentos. Es lo que hace rara (sin precedentes en la jurisprudencia inglesa) la vista judicial: detenidos por terroristas y acusados de ladrones y provocadores violentos. La pertenencia a una organización ilegal está castigada en el Reino Unido con penas de prisión que van de tres a 14 años.

Acción Palestina era legal hasta que se produjo una segunda acción: la entrada en la base aérea de Brize Norton el 20 de junio de 2025 para rociar con pintura de color rojo dos aviones militares de los que, según los encausados, se han utilizado o hubiesen podido ser utilizados para la destrucción de Gaza.

Esta acción, posterior a la de los drones, protagonizada por varios miembros de los Filton25, provocó la decisión del Gobierno británico de ilegalizar Acción Palestina y calificarla de terrorista. Los daños a la propiedad se han valorado en más de dos millones de libras.

La ilegalización ha provocado protestas en las que se ha acusado a 700 personas de apología del terrorismo y se han detenido a unas 3.300. ¿Serán juzgadas todas ellas también? Se preguntan algunos de ellos, como la sacerdotisa Sue Parfitt, una de las 700 acusadas.

Parfitt, de 84 años, residente en Bristol, como las armas israelíes, cuenta a infolibre que “la ilegalización de Acción Palestina no solo atañe al humanismo y a la defensa de los palestinos que están siendo masacrados impunemente, sino que deteriora nuestros derechos civiles en términos de libertad de expresión y de asociación; en lo que hace Acción Palestina no muere nadie ni hay violencia como la que se ejerce en la destrucción de Gaza de la que nuestro Gobierno es cómplice”.

En febrero de este año, un tribunal de tres jueces tumbó la ilegalización de Acción Palestina, abriendo un paréntesis de apelación por parte del Gobierno británico. El presidente del tribunal adujo lo siguiente: “Pese a que Acción Palestina promueve una causa política mediante tácticas delictivas, el alcance de las actividades no justifica la prohibición de la organización”.

En junio, cuatro meses después de la sentencia, un tribunal de cinco jueces (dos más que en el anterior) avaló la ilegalización de Acción Palestina en otra sentencia en la que la jueza Sue Carr, presidenta del tribunal, rebatía diciendo que “no es una propuesta sostenible presentar a Acción Palestina como una organización no violenta; con células encubiertas para destruir propiedad en empresas de defensa y en bases militares”. Dos pareceres distintos procedentes de la judicatura de túnicas negras y pelucas con tirabuzones simétricos.

En la sala que juzga a los ocho de la segunda tanda, los miembros del jurado dirigen sus miradas de vez en cuando a los encausados, que bien toman notas de la narrativa judicial, leen algún libro o muestran indiferencia en el supuesto banquillo que aquí tiene forma de fila de butacas de cine.

El juicio comenzó el pasado 15 de junio y está previsto que dure de seis a ocho semanas; una semana más aproximadamente. Ya empieza a cansar la rutina judicial en días de calor. En el espacio destinado al público, familiares y amigos de los encausados escuchan con atención a los abogados de la acusación y de la defensa. Se cruzan miradas inevitables en todas direcciones. El juez ha puesto restricciones a la presencia del público: solo se pueden ocupar 21 de los 32 asientos, o la segunda y tercera fila; quienes quieran presenciar el juicio deben proveer dos tipos de identificación: una con documento en vigor y foto y otra de dirección postal permanente, y manifestar su interés en el caso.

Entre el público asistente, los padres de Alexandra Herbich han asistido a la vista desde el primer día. Él toma notas con atención; ella, nacida en Polonia, dice a este medio que vino a este país en la década de 1970, "dejando un régimen autoritario, para disfrutar de los derechos y libertades que se ofrecía aquí; ahora todo está en retroceso”. La procesada es hija única, su madre solloza al manifestar: “Alexandra me dice que, comparado con los palestinos, ella tiene una buena vida”. Otra madre, Anne Farooque, defiende el pacifismo de su hija, también juzgada en este proceso.

Cinco de los ocho juzgados en el segundo turno de juicios han declarado ante la sala. Uno de ellos, William Nyerere Plastow, conocido como Will, de los que mira con rareza la sala 16, es licenciado por la Universidad de Cambridge, nieto de Julius Nyerere, activista anticolonial y primer ministro de la Tanzania independiente.

Will preguntó en voz alta: “¿Cómo se supone que te debes sentir viendo niños con el cuerpo a pedazos, y que te digan que no se puede hacer nada al respecto?”. El acusado argumentó que “el Tribunal Internacional de Justicia ha considerado...”. Fue interrumpido por el juez. Le dejaron cambiar de tema para explicar que durante la prisión preventiva, falleció su madre de cáncer. “Me perdí el último año de su vida”, añadió.

El primer juicio a seis de los Filton25, dirigido por el juez Jeremy Johnson, tuvo que repetirse por falta de veredicto unánime en algunos de los cargos. Tres cargos de ladrones y maleantes con conexiones terroristas (a determinar por el juez) a ocho encausados pronostican una sentencia tan compleja como la del primer juicio y su repetición. La judicatura británica, a diferencia de la española, tiene que compatibilizar las sentencias con la llamada natural law o jurisprudencia, lo que tensa este caso (el macrojuicio o cuatro separados a 25) todavía más, puesto que no hay precedentes. Habrán de hallar el vínculo entre terrorismo (político) y ladrones para sentar jurisprudencia para el futuro.

En su último informe, titulado La esencia de la infancia ha sido destruida, la Comisión Internacional Independiente de investigación de la ONU sobre el Territorio palestino ocupado, recapitula todas las formas en las que Israel está intentando acabar con el “futuro del pueblo palestino”: matanzas deliberadas de niños y niñas palestinos como parte del genocidio, violencia sexual contra los menores secuestrados por las fuerzas de ocupación, el uso de la tortura, las mutilaciones, el hambre y la falta de educación para lastrar sus vidas adultas, así como la privación de cualquier atisbo de esperanza de que algún día puedan tener una vida plena y en paz.

“Dejé de pintar por lo que está ocurriendo en mi país. Antes pintaba sin parar, pero ya no puedo. Es todo demasiado horrible”, explica Mohamed mientras nos enseña sus decenas de dibujos: el mapa de Palestina antes de ser ocupada por Israel, sus simbólicos olivos, los vestidos con su bordado tradicional. El niño de 15 años, con una discapacidad mental que le provoca un retraso madurativo, tiene aún el ojo enrojecido por la hemorragia que le produjo la paliza que le dieron unos soldados israelíes.

Aquel día, Mohamed decidió reunirse con su madre, que había ido a visitar a su primo enfermo en el hospital. A mitad de camino se encontró con que las fuerzas de ocupación habían cortado el camino con un checkpoint. Cuando se dispuso a cruzarlo, los hombres lo empujaron al suelo, los esposaron con unas bridas a la espalda y comenzaron a golpearle la cabeza y el resto del cuerpo con sus fusiles. “Me amenazaban con dispararme. Me preguntaban si era parte de una brigada. Les decía que no. Me tiraban del pelo, me sacudían la cabeza contra el suelo. Me quedé inconsciente por los golpes”. Lo cuenta meticulosamente, con las manos apretadas entre sí con fuerza, acompañado por su padre y con el apoyo psicológico de un trabajador de una ONG palestina dedicada a acompañar a las víctimas de la violencia sionista –omitimos el nombre de la entidad por la criminalización que sufren las organizaciones de derechos humanos palestinas por parte de Israel–.

“Cuando me desperté, vi que se habían alejado un poco y salí huyendo. Me gritaron mientras disparaban al aire. Pero yo no paré de correr”. Mohamed requirió ser hospitalizado por las heridas sufridas, aunque las más graves sean, probablemente, las que la Comisión Internacional Independiente para los Territorios palestinos ocupados ha denominado en su último informe “estrés traumático continuo”. En otros contextos violentos, los expertos suelen diagnosticar a las víctimas el síndrome postraumático. En Palestina, el "terror difuso y ambiental” que ha impuesto desde 1948 el Estado colonial sionista, “que no requiere bombardeos constantes para seguir siendo efectivo", ha provocado que los niños, niñas y adultos estén expuestos a graves violencias y vulneraciones de derechos fundamentales permanentemente, denuncia el informe. Todo ello, añade, es causante de un “trauma intergeneracional que afecta a toda la población palestina” desde hace décadas.

Además, los investigadores describen “una psique ocupada en la que se ha erosionado la libertad de jugar, imaginar, tener esperanza y desarrollar una identidad. La ocupación y el control israelíes han funcionado como mecanismos a largo plazo de dominación, subyugación y opresión, dañando así la memoria, la identidad y la esperanza a lo largo de las generaciones”. Algo que ha constatado esta periodista en sus viajes a Cisjordania y Jerusalén en los últimos tres años: ser conscientes de que pueden sufrir un genocidio sin que nadie lo impida, a la vez que padecen un agravamiento exponencial de la violencia de los ocupantes, ha provocado tal grado de desaliento que muchos niños y niñas no encuentran sentido a seguir viviendo. Hasta el punto de que algunos de ellos graban vídeos con su mensaje postmortem para que sus amigos los suban a las redes sociales cuando sean asesinados por los soldados israelíes o los colonos.

“Muchas noches no puedo dormir por los bombardeos y disparos. A menudo, los invasores nos obligan a abandonar nuestras casas en mitad de la noche. Nadie en el mundo vive así. Que se vayan de nuestro país. Ellos son europeos, que se vuelvan a Europa”, lamenta Mohamed en el salón de su casa familiar, un modesto habitáculo de dos habitaciones cerca de donde antes se levantaba el campo de refugiados de Jenin. Desde 2024, el Gobierno israelí ha demolido el de esta ciudad, así como los de Tulkarem, dejando sin hogar a más de 40.000 personas, en su mayoría, menores de edad pertenecientes a la quinta generación de refugiados palestinos. “¿Por qué no podemos vivir como los niños de España? Nuestra sangre es barata. Nos matan porque no somos importantes”, concluye Mohamed. Su padre insiste en que antes era un niño alegre y confiado. Ahora, es una aleación de dulzura y abatimiento.

El genocidio de la Franja de Gaza es la expresión más cruenta del continuum de limpiezas étnicas, masacres, desplazamientos, expolios, empobrecimiento y vejaciones con las que el proyecto colonial sionista lleva intentando acabar con el pueblo palestino desde 1947. Por ello, el jurista palestino Rabea Eghbariah sostiene que, igual que se tipificó el delito de genocidio tras el Holocausto y el de apartheid para acabar con el régimen sudafricano, se reconozca la Nakba como un delito de lesa humanidad porque solo así se podrá entender la realidad que ha impuesto Israel a Palestina en estos casi 80 años de ocupación.

Como expone Eghbariah en la entrevista publicada en el libro Genocidios (Galaxia Gutenberg, 2025), este crimen habría comenzado con la limpieza étnica y el desplazamiento masivo sobre los que se fundó en 1948 el Estado sionista, pero continuaría hasta nuestros días mediante un régimen político y jurídico creado para fragmentar al pueblo palestino e impedir así su derecho a la autodeterminación y al retorno de sus diez millones de refugiados.

En este sentido, para completar la Nakba, para sepultar el futuro del pueblo palestino, la comisión de la ONU demuestra con pruebas en el informe que “Israel ha atacado deliberadamente a niños”, contra los que está cometiendo “crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio”. Los especialistas concluyen que “al atacar a los niños, Israel está atentando contra la capacidad misma del pueblo palestino para existir y determinar su futuro”.

La investigación, titulada La esencia de la infancia ha sido destruida, se alza como una radiografía tan rigurosa como vívida del infierno en el que la ocupación israelí ha convertido la vida de los menores palestinos. Para asesinar a, al menos, 20.179 niños y niñas de Gaza así como provocarles lesiones a otros 44.143, el Ejército israelí ha empleado dos vías: “Directamente, disparándoles a sus órganos vitales con armas de precisión como drones y francotiradores; y mediante el uso de armas de alto impacto, provocando ataques generalizados y sistemáticos contra edificios residenciales, escuelas y campamentos de desplazados repletos de niños”, recoge el documento.

Además, el infanticidio incluye haber dejado a ”una nueva generación de niños palestinos que vivirán con una discapacidad de por vida”. Tal es la magnitud de esta nueva realidad que “la discapacidad entre los niños palestinos ha dejado de ser una condición médica individual para convertirse en una realidad demográfica determinante: un grupo de palestinos que crecen sin una o más extremidades, con dolor crónico y cicatrices visibles e invisibles”, apuntan los investigadores independientes.

Además, el equipo de la ONU ha indagado en el impacto que tendrá la malnutrición en el desarrollo y adultez de los menores que hayan sobrevivido al hambre empleada como arma de guerra, la destrucción del sistema sanitario en los neonatos y en los menores con enfermedades crónicas, así como la destrucción de los centros de acogida y orfanatos de la Franja.

Al mismo tiempo, la Comisión amplía el foco para abordar los pogromos que la población palestina está sufriendo e Cisjordania y Jerusalén Este, donde desde octubre de 2023, los soldados israelíes han acabado con la vida de más de 237 niños, y los colonos a, al menos, cinco. He entrevistado a varios de sus padres y madres. Todos ellos criaron a sus hijos con la conciencia de que podían matárselos en cualquier momento. Y, también, de que si ocurría, su muerte sería premiada con una total impunidad. Lo sabían porque es con el temor con el que se cría en Palestina desde el principio de la ocupación, pero que se ha vuelto asfixiante desde 2023 por el aumento exponencial de los asesinatos.

La Comisión recuerda que Israel, como potencia ocupante y como firmante de la Convención sobre los derechos del niño, es responsable de la protección de la infancia palestina. Por su parte, el Estado sionista ni siquiera respondió a los requerimientos de información de la Comisión para la elaboración del informe, que ha calificado tras su publicación de “farsa difamatoria” a la vez que a ha acusado a sus autores de parcialidad contra Israel.

Israel ha empleado los encarcelamientos arbitrarios de niños palestinos en condiciones infrahumanas desde su fundación. Antes de octubre de 2023, una media de 300 menores sobrevivían al año en las prisiones militares, sin el cumplimiento de las garantías más básicas: podían pasar meses presos sin que ellos ni sus familias supiesen de qué se les acusaba y sin comparecer ante un tribunal –y cuando ocurría, eran juzgados por un tribunal militar–. Tras el 7 de octubre de 2023, las cárceles israelíes se han convertido en centros de tortura y de desaparición y los niños de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, a menudo, son “recluidos con adultos, sometidos sistemáticamente a tortura y violencia física, sin acceso a abogados, padres ni información sobre su paradero. Esto ha generado una prolongada incertidumbre para sus familias, lo que equivale a una separación familiar forzosa. Su detención también puede constituir una desaparición forzada”, sostienen los expertos.

Además, “la Comisión también ha documentado incidentes de violencia sexual y de género contra niños y niñas palestinos, a menudo durante arrestos o detenciones, que les causaron graves daños físicos y psicológicos. En consonancia con las conclusiones previas de la Comisión sobre la violencia sexual cometida contra los palestinos, las fuerzas de seguridad israelíes utilizaron la violencia sexual como táctica de guerra para castigar, infundir miedo y tratar los cuerpos de los palestinos, incluidos los niños y niñas, como instrumentos de humillación y opresión colectivas, arraigadas en un patrón prolongado, étnico, de género e intergeneracional de ocupación y hostilidades israelíes”.

Como me contó, el verano pasado, Ibrahim (nombre ficticio), un adolescente que a sus 15 años había sido encarcelado ya tres veces. La última, durante casi un año. “Pegan a los presos continuamente y por todo. Una vez, uno que estaba enfermo se desmayó. Vinieron seis médicos. Lo rodearon y empezaron a darle patadas en la cara. Era compañero de celda. Se despertó por la paliza y le dijeron: ‘Listo, ya te hemos curado’. Juro por Dios que allí no hay medicinas, solo palos y escudos para pegarnos”. Ibrahim creció yendo a los entierros de sus vecinos, niños y adultos asesinados por los soldados israelíes cuando se enfrentaban con piedras o cócteles molotov a las invasiones del Ejército sionista del campo de refugiados de Cisjordania en el que nació.

“Antes del 7 de octubre, metían a seis en cada celda. Nosotros éramos once. Dormimos en el suelo, pisándonos al caminar. No nos dan ropa para cambiarnos, así que nos duchamos y nos la tenemos que volver a poner. La suciedad atrae a los insectos. Sufrimos una especie de sarna”, me explicaba con ansiedad poco después de encontrarnos con un conocido suyo y de nuestra traductora que acababa de ser puesto en libertad. No lo reconocieron. Había perdido más de 20 kilos durante la reclusión.

“La comida está tan asquerosa que aunque te mueras de hambre, prefieres no comerla. Al mediodía, nos daban un vasito de café con arroz crudo y un trozo de pollo medio congelado y sangriento”, nos explicó Mohamed, que en los dos meses que llevaba liberado había recuperado parte de su complexión. Sin embargo, no albergaba dudas de que volvería pronto a las mazmorras. “Una vez que entras en prisión ya sabes que nunca volverás a ser libre realmente. Se inventan todo tipo de excusas para detenerte una y otra vez”, lamentaba.

Desde el principio del genocidio, los bombardeos israelíes se sucedieron contra las escuelas, los institutos y universidades de la Franja de Gaza. Y muchos de los centros educativos que se salvaron de las detonaciones, han sido quemados después, de manera intencional, por soldados sionistas. A la vez, en Cisjordania y Jerusalén Este las fuerzas de ocupación y los colonos han cerrado y demolido colegios, imposibilitado acudir a las aulas mediante confinamientos, el bloqueo de las carreteras y el cierre de las verjas con las que controlan todas las entradas y salidas de todos los pueblos y ciudades. Un escolasticidio, como lo ha catalogado la politóloga palestina, y profesora del la Universidad de Oxford, Karma Nalbulsi, que “dificultará el desarrollo económico, el trabajo y las habilidades sociales” de los habitantes de la Franja, según el informe de 2025 de la misma Comisión.

Este año, los investigadores alertan de que “el daño cognitivo causado por la interrupción de la educación va más allá de los años perdidos. Reconstruye la infancia palestina en torno a la supervivencia en lugar del aprendizaje” y advierte de que al interrumpir sistemáticamente la capacidad de aprendizaje de los niños Israel está “saboteando los fundamentos intelectuales y sociales de la propia sociedad palestina”. Una sociedad, la palestina, que siempre ha otorgado un lugar prioritario a la educación y que, pese a todo, sigue esforzándose por garantizar este derecho a sus niños, ya sea impartiendo clases entre los escombros de la Franja, o retomando el curso escolar cada vez que Israel se lo permite en los otros territorios ocupados.

Una de las grandes dificultades que encuentran las organizaciones que trabajan en temas de salud mental con la infancia palestina es darles razones para querer vivir. La psiquiatra y psicoterapeuta palestina Samah Jabr, reconocida internacionalmente por su especialización en trauma colonial, me explicó cómo trabajar con unos niños y niñas que viven en un estado de “estrés traumático permanente”, como los hicieron sus padres, madres, abuelos…

—La terapia tradicional presupone que las amenazas que han provocado el trauma han terminado, que ahora estamos a salvo y que hay un futuro esperanzador. Estas tres suposiciones no funcionan en Palestina. El trauma es repetitivo, nunca termina y trabajamos en condiciones donde no hay seguridad. A menudo, la terapia requiere mucha reestructuración cognitiva para corregir los sesgos. Pero la evaluación de la realidad de los niños en Palestina es muy precisa, saben lo que sucede y no hay nada que corregir. ¿Qué les decimos entonces? Que no están solos, los acompañamos. Se trata de centrarse en la capacidad de los niños para ayudarlos a encontrar un lenguaje con el que puedan expresar lo que les duele. Porque cuando empiezan a contar su historia, pasan de ser víctimas a testigos de su propia victimización. En este sentido, la pregunta incorrecta es qué te pasa. Lo terapéutico es preguntar cómo afrontas lo que te sucedió y cómo podemos ayudarte.

Y para quienes se preguntan qué pueden hacer por la infancia palestina, la doctora Jabr, con más de tres décadas de experiencia trabajando en los Territorios palestinos ocupados, tiene un mensaje:

—Lo que estamos sufriendo los palestinos es mucha maldad y la mejor terapia para eso no son las intervenciones psicoterapéuticas más sofisticadas. La mejor terapia para la maldad es la bondad humana. Sabemos que los gobiernos extranjeros no nos consideran humanos. Por eso no nos aplican la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sabemos que el derecho internacional es una mentira. Pero si los palestinos no nos hemos radicalizado, si no nos hemos vuelto agresivos hacia el mundo, es porque vemos la diferencia entre los gobiernos y los movimientos populares. La solidaridad es terapéutica. Y el movimiento de solidaridad global con Palestina mantiene nuestra conexión con la humanidad.

*El viaje a los Territorios palestinos ocupados citado en este análisis fue posible gracias a una beca DevReporter, de Lafede.cat, en colaboración con la ONGD Mundubat. 

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países y economías, justificándose en una investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso", una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10% impuesto por Washington.

Los nuevos aranceles, anunciados por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, pretenden sustituir el arancel global temporal del 10% impuesto por Trump, que expira este viernes en la mañana, y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta por Trump desde abril de 2025.

Trump impuso un arancel temporal en febrero del 10%, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de sus aranceles globales, con el parapeto lega de la llamada sección 301.

Los nuevos gravámenes establecen un arancel adicional del 10% para las importaciones procedentes de 17 economías y del 12,5% para otras, mientras que para algunos socios comerciales las tasas varían según el producto.

En América Latina, la medida afecta a Guatemala, Honduras y El Salvador, que afrontarán un arancel adicional del 10%. El texto también incluye México, aunque el Gobierno mexicano ha matizado que el 85% de sus exportaciones quedarán amparadas bajo el T-MEC, así que el impuesto se aplicará solo en las 15 % restantes.

A las 27 economías de la Unión Europea, la Administración Trump les impone un arancel conjunto del 10%. También figuran entre las economías afectadas India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá, Reino Unido, aunque las tasas aplicables varían en algunos casos según el origen y el tipo de producto importado. En cambio, China, con aranceles superiores y específicos, no aparece en la nueva lista.

La medida deriva de investigaciones iniciadas por la oficina de Greer en marzo, bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense para determinar si las políticas y prácticas de esos países relacionadas con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso perjudican a trabajadores y empresas estadounidenses.

Tras las investigaciones y consultas con los Gobiernos afectados, la oficina de Greer determinó que las prácticas identificadas justifican la adopción de medidas comerciales.

La política arancelaria de Trump, uno de los ejes de su agenda económica desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ha estado marcada por una disputa legal sobre el alcance de las facultades presidenciales para imponer gravámenes al comercio exterior.

Después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de sus aranceles globales, la Administración ha recurrido a otras herramientas legales, como la Sección 301, para mantener su estrategia comercial y aplicar nuevos gravámenes a las importaciones.

Los terremotos del 24 de junio dejaron en Venezuela, según el balance oficial más reciente, 5.119 muertos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda, con 21.470 alojadas en campamentos transitorios.

La catástrofe ha puesto en evidencia la incompetencia de las instituciones del Estado para garantizar la gobernabilidad y la necesidad –ya no teórica sino urgente– de un gobierno legítimo, capaz de reconstruir las instituciones democráticas y cambiar las reglas de juego hacia garantías estables y creíbles.

Esa es la verdadera reconstrucción pendiente: la de los edificios es apenas uno de sus síntomas más dramáticos y visibles.

Venezuela enfrenta la peor emergencia humanitaria de su historia reciente gobernada por un Ejecutivo cuyo reloj constitucional ya venció, y que está siendo sostenido por la tutela de Washington y no por un pacto interno verificable.

Delcy Rodríguez ejerce la presidencia encargada desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, tras una intervención estadounidense en territorio venezolano. El mandato interino, concebido por la Constitución venezolana como un puente de 180 días hacia elecciones, expiró sin convocatoria electoral y sin pronunciamiento de las autoridades venezolanas ni estadounidenses.

La literatura sobre desastres y política ofrece precedentes elocuentes: el terremoto de Managua (Nicaragua) de 1972 erosionó irreversiblemente al somocismo, y el de Ciudad de México de 1985 abrió grietas duraderas en la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los desastres no solo destruyen infraestructura: auditan Estados. Y la auditoría venezolana arroja un déficit doble, de capacidad y de falta de título legítimo para gobernar.

En ese contexto se ha producido, en cuestión de horas, el movimiento político más significativo desde enero. La Asamblea Nacional de 2015 –que Washington reconoce como última instancia legislativa surgida de elecciones competitivas– y la Asamblea controlada por el chavismo acaban de anunciar el inicio de una hoja de trabajo conjunta a partir del 1 de agosto para avanzar en la reinstitucionalización democrática del país.

Según Dinorah Figuera, dirigente opositora y presidenta de la IV Legislatura (2016) de la Asamblea Nacional de Venezuela que acaba de volver del exilio, la mesa estará integrada por 20 representantes (diez por cada parte) y abordará la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE), la revisión de las leyes electorales y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Lo revelador no es solo el anuncio, sino la secuencia:

“No tenemos cabeza para estarnos preocupando sobre el TSJ ahorita, nos estamos preocupando es de personas que han sufrido lo indecible (…) Es un irrespeto, es una grosería ponerse a reunir entre políticos para estar decidiendo quién va para el CNE o quién va para el TSJ”.

Ese mismo día, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, presentaba el anuncio ante el Congreso estadounidense como un avance del proceso. La coreografía es inequívoca: las líneas estratégicas del proceso venezolano no se deciden en Caracas sino en Washington.

La pregunta clave es, ¿esta mesa constituye el primer paso operativo de la fase política (la transición) del plan Trump-Rubio o es solo un dispositivo de contención que permite a Washington bajar la presión electoral y administrar los tiempos? La evidencia puede sostener ambas lecturas.

Un punto a favor de que se está dando el primer paso hacia la transición es que los terremotos no iniciaron la negociación. Figuera regresó del exilio el 18 de junio, invitada expresamente por el Departamento de Estado estadounidense, y ese mismo día quedó designada la mesa paritaria. Los sismos suspendieron el proceso, pero el anuncio del 14 de julio lo relanza.

La catástrofe ha proporcionado el marco discursivo (“la unidad nacional”) que permite a Rodríguez retroceder sin admitir que retrocede. A la vez que muestra la incapacidad del Estado de gestionar el estado de emergencia y eleva el costo de sostener el statu quo para el gobierno estadounidense.

A favor de que solo se está ganando tiempo hay varios factores: que el propio Kozak haya declarado que Washington no quiere elecciones “ni demasiado pronto, ni demasiado lejos”, que cerca del 40 % de los votantes elegibles no está registrado y que no es pertinente votar en medio de un terremoto. Otro, concerniente a María Corina Machado, es que, aunque Estados Unidos “no se opone” a su regreso, tampoco lo va a facilitar mientras dure la emergencia.

Aquí conviene hacer una advertencia: las condiciones técnicas que alega son reales, pero la búsqueda de las elecciones perfectas –todo el registro depurado, toda la diáspora votando– puede convertirse en una excusa para no tener elecciones oportunas. Lo perfecto es enemigo de lo bueno: las democracias no celebran comicios impecables antes de la transición, construyen garantías a través de ellos.

Sin embargo, hay una frase del propio Kozak que inclina la balanza hacia el cambio: “La gente no va a invertir a largo plazo si no hay un gobierno democrático”.

Nadie compromete capital a treinta años sobre la palabra de un gobierno tutelado, ni sobre la garantía de una administración estadounidense que, por definición, es transitoria. El gobierno de Trump puede sostener a Delcy Rodríguez, pero no puede ser el garante de última instancia de las inversiones que la reconstrucción o la recuperación de la producción petrolera exigen: solo instituciones democráticas estables pueden ofrecer los compromisos creíbles que el capital de largo plazo requiere. La contención prolongada se vuelve económicamente insostenible para el propio proyecto de normalización que Washington patrocina.

Venezuela cuenta con su propio cementerio de diálogos fallidos –2014, Santo Domingo, Oslo, Barbados, México– que compartieron un defecto estructural: ninguna parte externa podía imponer costos verificables al incumplimiento. Esta vez, Estados Unidos controla la arquitectura energética y financiera de la que depende el Gobierno encargado. Ya lo ha demostrado al obligar a dicho Gobierno a rectificar públicamente 72 horas después de haber anunciado que no habría diálogo.

Pero el cumplimiento externo no sustituye la legitimidad interna, y allí reside la debilidad de diseño de la mesa: la comisión que preside Figuera es parte de la negociación, no su órgano mediador, y solo tendrá legitimidad en la medida en que represente los intereses de la oposición mayoritaria, la que encarnan Machado y el mandato popular de 2024.

Una negociación que prescinda de esos intereses no conduce a ninguna parte, como ya demostró cada intento anterior de negociar con oposiciones a la medida.

El propio calendario electoral estadounidense añade el último incentivo para alentar el cambio. Para la Casa Blanca, presionada por el senador Rick Scott ante una comunidad venezolana en Florida que “está perdiendo la esperanza”, anunciar antes de los comicios de medio término de noviembre un acuerdo sobre el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral y el cronograma electoral venezolano podría ser un activo político de bajo costo. La aritmética lo permite: una mesa instalada el 1 de agosto puede producir un acuerdo anunciable en octubre.

La diferencia entre una transición y una normalización pactada no se medirá en comunicados sino en hitos verificables: la incorporación de la oposición mayoritaria a la mesa, la liberación de los más de 400 presos políticos que el propio Kozak reconoció, el retorno efectivo de los exiliados y un cronograma con fechas.

Los terremotos del 24 de junio han demostrado lo que ninguna teoría podía demostrar mejor: sin instituciones legítimas no hay gobernabilidad. Y sin gobernabilidad no hay estabilidad, recuperación ni reconstrucción posible. La mesa del 1 de agosto dirá si Venezuela camina hacia recuperar ambas, o si aprendió a administrar su ausencia.

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Benigno Alarcón es director of the Center for Political Studies en la Universidad Católica Andrés Bello.  Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

La coreografía que crean en Reino Unido para la ceremonia de cambio de gobierno empieza a ser tan habitual que ha perdido brillo: siete en diez años. El horario de la visita del lunes al palacio para que Sir Keir Starmer ceda el mando a Andy Burnham ha estado sometido a los resultados del fútbol hasta el miércoles pasado. Si Inglaterra hubiese jugado la final el domingo contra España, hubiese viajado para ver el partido y la coreografía palaciega se hubiese retrasado a mediodía o tarde (suponiendo que los vuelos de los primeros ministros ni se cancelan ni se demoran). Ahora se mantiene para la mañana el trajín entre el Palacio de Buckingham, donde el rey despide a uno y recibe a otro, y Downing Street, de donde uno sale y el otro entra, de la mano de la esposa. 

Andy Burnham, exalcalde de Manchester, ha sido elegido como líder del Partido Laborista y, automáticamente, primer ministro en un proceso que, atendiendo a las reglas del partido, se ha convertido en una "coronación", un visto y no visto. La derrota electoral en las elecciones municipales del pasado mes de mayo resultó ser la gota que colmó el vaso contra Keir Starmer. El diputado laborista Josh Simons dimitió de su escaño en Makerfield (Manchester) para que Andy Burnham lo obtuviera. El 18 de junio ganó la elección parcial y con ella el acta de diputado, necesaria para liderar el partido. Obtuvo también los suficientes apoyos de diputados, asociaciones locales y organizaciones afiliadas para retar a Starmer, que dimitió al ver la fuga del grupo parlamentario hacia Burnham. Las ganas de los laboristas de deshacerse de Starmer eran tales que cinco días antes de cerrarse el plazo para otras candidaturas, Burnham tenía el aval de 349 diputados de los 403 que forman el grupo parlamentario laborista. No ha habido primarias ni se las espera.

Esta es la tercera vez que Andy Burnham se presenta para dirigir el Partido Laborista; en 2010 perdió contra Ed Miliband; en 2015 le ganó Jeremy Corbyn, quien condujo el laborismo a la izquierda política, perdiendo las elecciones de 2019. Por entonces, Andy Burnham dejó Westminster o centro político de Londres y se dedicó a la alcaldía de Manchester, en la que su perfil político ha crecido como la espuma, ganándose el calificativo de “el rey del Norte”. A la tercera ha ido la vencida y, encima, sin rivales.

El acceso de Andy Burnham a la presidencia del gobierno ha generado una larga retahíla de interrogantes sobre qué hará con la crisis de la vivienda, con el Brexit, con las pensiones, con los impuestos, etc. Él ha dicho que mantendrá el programa electoral del partido con el que Starmer ganó las elecciones de 2023. No obstante, se ha distanciado del sionismo de Starmer a través de un mensaje de tres minutos en las redes sociales en el que se disculpa por la reacción del Gobierno laborista a la ofensiva militar israelí contra Gaza y califica la muerte de palestinos (sin pronunciar la palabra genocidio) y la expansión israelí como “una herida en nuestra conciencia”. En la alocución reconoce que se han dado algunos pasos positivos, no suficientes, como “el reconocimiento del Estado palestino, las sanciones a ministros israelíes y a los colonos violentos y sus organizaciones en los Territorios Ocupados”.

Como primer ministro, antes de serlo, anunció lo siguiente: "Trabajaré con mis socios internacionales para que finalice el sufrimiento del pueblo palestino y para cerciorarme de que el gobierno israelí cumple la ley internacional y facilite la existencia de los dos Estados, para palestinos e israelíes. Están aumentando las pruebas de que se cometen crímenes de guerra en la destrucción de Gaza, y eso es intolerable". La declaración de buenas intenciones para contribuir a una solución al conflicto israelí-palestino está servida por el nuevo primer ministro. Se verá si las palabras se las lleva el viento, como ha ocurrido a menudo respecto al Oriente Medio.

El que espera que las buenas intenciones de Burnham se cumplan es el exlíder laborista Jeremy Corbyn, quien manifiesta a infoLibre que "Burnham es mejor que Starmer, pero tendremos que aguardar para ver qué políticas aplica; yo he tratado con él muchas veces; sin embargo, cuando se presentó a candidato para liderar el partido, le escribí para que se retratase sobre el genocidio de Gaza y denunciase la complicidad de este Gobierno en él y todavía no me ha contestado". Corbyn es ahora diputado independiente, como Diane Abbott, tras la expulsión del Partido Laborista. Otros miembros del ala izquierda, como el diputado John McDonnell, permanecen en el partido presionando para un giro a la izquierda.

En el Partido Laborista permanecen también miembros de Momentum, el movimiento de base que aupó a Jeremy Corbyn durante su liderazgo. Adam Klug, uno de los fundadores de Momentum, explica a infoLibre que "Andy Burnham, seguramente, aglutinará los diferentes sectores del laborismo para mantener la conciliación, puesto que el partido se ha derechizado mucho con Keir Starmer. Yo voté por Rebecca Long-Bailey en las primarias que eligieron a Starmer; ahora, espero, que ella u otras personas en su línea política tengan algún papel en la nueva etapa del partido y del gobierno". Klug reside actualmente en España y dirige Social Movement Coaching, una organización global de formación de activistas por la justicia social. El politólogo considera que Pedro Sánchez es a día de hoy "el modelo a seguir para Andy Burnham y otros en su posición".

Uno de los mayores retos para Andy Burnham será el de avenir a todas las familias ideológicas del laborismo; un objetivo que suelen marcarse todos los candidatos a líder del partido, tanto si acaban como no como primeros ministros. Todos se lo proponen, pero no todos lo consiguen. Ahora le toca el turno al exalcalde de Manchester.

Donald Trump volvió a utilizar este jueves la autoridad de la Casa Blanca para cuestionar la fiabilidad del sistema electoral estadounidense. En un discurso televisado de 25 minutos, el presidente denunció una supuesta interferencia china, alertó sobre las máquinas de votación y aseguró que cientos de miles de personas sin ciudadanía estadounidense figuran en los registros electorales.

Trump afirmó que su intención no era "debilitar la confianza" en los comicios, sino corregir rápidamente sus vulnerabilidades. Sin embargo, volvió a alimentar las sospechas sobre las elecciones de 2020, cuya derrota frente a Joe Biden continúa calificando de fraudulenta pese a que los tribunales, los recuentos y las auditorías no encontraron irregularidades capaces de cambiar el resultado.

El mandatario sostuvo que China había obtenido ilícitamente los datos de unos 220 millones de electores y que responsables de los servicios de inteligencia ocultaron la magnitud de la operación. La evaluación oficial elaborada en 2021 concluyó, en cambio, que ningún actor extranjero había alterado las inscripciones, las papeletas, el recuento o los resultados.

Trump aseguró que los sistemas electrónicos se encuentran en "mal estado" en numerosos territorios y anunció que el Departamento de Seguridad Nacional ofrecerá una comparecencia sobre las supuestas vulnerabilidades detectadas. También volvió a señalar a los estados demócratas y, especialmente, a California, cuyo recuento electoral describió como peor que el de cualquier país del "tercer mundo".

El presidente vinculó la lentitud del escrutinio californiano con el voto por correo, aunque no presentó pruebas de fraude. Entre el 80% y el 90% de los electores del estado utiliza esa modalidad y las papeletas enviadas dentro de plazo pueden recibirse durante los días posteriores a la votación. California certificó el 10 de julio sus primarias de junio, pero los vencedores de las principales contiendas se conocieron antes.

Trump ya había reforzado este discurso después de regresar a la Casa Blanca. En agosto de 2025 anunció que lideraría un movimiento para "acabar con las papeletas por correo" y con las máquinas de votación, que calificó de "inexactas, caras y controvertidas". También sostuvo que los estados eran meros "agentes" del Gobierno federal y debían cumplir las instrucciones del presidente en el recuento, pese a que la Constitución atribuye a los estados y al Congreso las principales competencias electorales. 

Trump recurrió además a documentos de la CIA sobre Venezuela para defender que las máquinas electorales pueden utilizarse para modificar digitalmente los resultados. El informe recopilaba información entre 2004 y 2020 y concluía que el Gobierno venezolano disponía de cierta capacidad para manipular sus propios sistemas de votación.

El documento, sin embargo, no demuestra que esas técnicas se utilizaran en Estados Unidos ni que Venezuela o la empresa Smartmatic alterasen las presidenciales de 2020. La propia información desclasificada señalaba que manipular los sistemas de tabulación a una escala suficiente para cambiar una elección resultaría difícil.

Trump ya había recuperado esta teoría tras las elecciones de 2024. En noviembre de 2025 difundió en su red social un contenido que atribuía a Venezuela una intervención en las presidenciales de 2020. Además, encargó a uno de sus asesores, el abogado Kurt Olsen, buscar pruebas de que las máquinas de Dominion habían sido infectadas con un código malicioso controlado desde Venezuela.

La Administración también examinó en 2025 máquinas de votación puertorriqueñas ante las sospechas de una posible interferencia venezolana. La investigación no halló pruebas claras de la participación de Caracas, aunque la Oficina de la directora nacional de Inteligencia afirmó haber detectado deficiencias técnicas y de ciberseguridad en los equipos.

El objetivo político más inmediato del discurso fue reclamar al Senado la aprobación de la denominada SAVE America Act. La iniciativa exigiría acreditar documentalmente la ciudadanía para inscribirse, imponer una identificación con fotografía para votar y restringir significativamente el sufragio por correo.

La norma ha superado varias veces la Cámara de Representantes gracias a la mayoría republicana, pero no reúne los 60 votos necesarios para vencer el bloqueo demócrata en el Senado. Sus detractores advierten de que la exigencia documental podría dificultar el voto de ciudadanos que carecen de pasaporte, no tienen acceso inmediato a su certificado de nacimiento o han cambiado legalmente de apellido.

Trump lleva meses presionando para ampliar el control federal sobre las elecciones. En febrero llegó a pedir a los republicanos que "nacionalizaran" y asumieran la gestión de la votación en al menos 15 lugares, una propuesta que recibió críticas también dentro de su partido por invadir las competencias de los estados.

Trump aseguró que una revisión del Departamento de Seguridad Nacional había localizado a unos 278.000 no ciudadanos inscritos para votar en cuatro estados. El presidente no explicó cuántas de esas personas habían depositado efectivamente una papeleta ni detalló el procedimiento empleado para identificar los casos.

El voto de personas sin ciudadanía ya está prohibido en las elecciones federales y los estudios disponibles indican que es excepcional. Además, los sistemas utilizados para revisar los censos han identificado erróneamente en ocasiones como extranjeros a ciudadanos naturalizados. Un análisis de Bipartisan Policy Center situó en apenas el 0,04% los registros considerados de no ciudadanos durante las revisiones estatales.

La asociación entre inmigración y fraude ya ocupó un lugar destacado en la campaña presidencial de 2024. En un mitin celebrado en Mason City, Iowa, poco antes de las primarias republicanas, Trump afirmó sin pruebas que los demócratas estaban facilitando la entrada de migrantes porque querían "inscribir a esta gente para votar". Durante los meses siguientes repitió este argumento y acusó a sus adversarios de permitir la inmigración irregular para ampliar su base electoral. 

Para los aliados de Estados Unidos, las cumbres de la OTAN de ahora consisten en un ejercicio para contener daños y evitar reproches de Donald Trump. La "relación especial" entre la superpotencia estadounidense y la Unión Europea (UE) está tocada, pues ya no se puede dar por descontado el apoyo de Washington.

La cumbre de la Alianza Atlántica celebrada los días 7 y 8 de julio en Ankara (Turquía) ha tenido lugar sin la perspectiva del cese el fuego en Irán y en Ucrania, lo que muestra que el poder disuasorio de los EE UU es menor de lo que se suponía. Ambos conflictos continuarán.

En consecuencia, esta cumbre no ha sido más que un reajuste táctico que apenas ha conseguido renegociar el reparto de la carga, en particular por lo que se refiere a Ucrania.

Lo que ha puesto en evidencia es que Europa sigue en su laberinto. Se resiste a claudicar, como sí hace el secretario general de la OTAN, el europeo Mark Rutte, pero es incapaz de avanzar en su integración federal, un paso necesario para construir su propia defensa.

Trump ha conseguido enemistarse con los principales líderes europeos, pues persiste en sus improcedentes aspiraciones anexionistas de Groenlandia y amenaza con retirar efectivos de Europa. Por todo ello, esta cumbre, que debería haber servido para establecer una mejor relación entre Estados Unidos y sus aliados europeos, no ha resuelto bien el deterioro anterior debido a que Trump no asume el multilateralismo y lo fía todo a la incontestable superioridad militar de su país.

El presidente estadounidense pretende un cambio del régimen global en el mundo para imponer con más fuerza la hegemonía de su país y contener a China, su verdadera obsesión. Sus principales quejas siguen siendo la insuficiente inversión militar europea y la ausencia de apoyo incondicional en la guerra contra Irán por parte de sus socios de la alianza.

El mandatario estadounidense exige dos cosas: que los europeos aumenten la carga presupuestaria militar hasta el 5% (que ni los Estados Unidos cumplen) y que adquieran el grueso del armamento a su país. Ante esta presión, Europa puede hacer dos cosas: claudicar servilmente como hace Mark Rutte o esforzarse por ser realmente autónoma.

Lo cierto es que Europa ni quiere ni puede ir por libre. Por un lado, teme que Washington se descuelgue de la OTAN. Un escenario muy improbable, tanto porque resultaría contradictorio con los intereses estratégicos de los EE. UU. como por las notables dificultades políticas y jurídicas que supondría implementarlo. Por otra parte, Europa tampoco es capaz de profundizar mucho más en su integración federal.

Si la UE aspira a ser un actor geoestratégico mundial e incluso a dotarse algún día de un ejército europeo, el paso congruente sería el de culminar el proceso político de integración. En otras palabras, Europa tiene la solución teórica (los Estados Unidos de Europa), pero resulta imposible llevarla a la práctica porque ni puede ni quiere, toda vez que la mayoría de las élites y de las opiniones públicas nacionales no están preparadas para tal desenlace. En estas circunstancias, solo se puede aspirar a una OTAN 3.0 más europea y con más responsabilidades en su área.

Rusia se ha convertido en el gran pretexto para justificar un rearme sin precedentes, pero la posible amenaza sobre la Europa central y báltica es muy improbable por la enorme sangría militar y económica que está suponiendo la guerra en Ucrania. Vladímir Putin no está en absoluto en condiciones de atacar frontalmente a ningún país de la OTAN.

Tras más de cuatro años de guerra la economía rusa presenta claros síntomas de recesión. Si en todo este tiempo no ha podido conquistar Kiev es impensable que pueda ocupar Varsovia o las capitales bálticas. Otra cuestión podría ser la hipótesis Narva (convertir esta ciudad de Estonia en una "zona gris") o la del corredor polaco de Suwalki, el punto más frágil de la arquitectura de seguridad europea. Con ello, Rusia pondría a prueba el artículo 5 de la OTAN (el ataque contra un Estado es el ataque contra todos), pero ambas opciones estratégicas plantean demasiados riesgos y parecen muy poco probables.

En todo caso, la presión de Trump ha obligado a los gobiernos europeos e incrementar sus presupuestos militares. No es que la UE gaste poco en defensa (más del 50% en comparación con Estados Unidos), pero gasta mal por su fragmentación nacional.

La estrategia adoptada es totalmente contraproducente para la soberanía europea porque la perspectiva adoptada es siempre la nacional. El programa ReArmar Europa  no prevé la integración efectiva en la producción de armas y mucho menos una organización militar supranacional. El fracaso del caza europeo FCAS (siglas de Future Combat Air System) es todo un paradigma de como los mal entendidos intereses nacionales arruinan los europeos.

Ciertamente, los Estados Unidos y la UE quieren limitar al máximo la influencia rusa en toda Ucrania, pero no desean un colapso brusco del régimen de Putin por lo imprevisible que pudiera ser. La ayuda occidental le permite a Ucrania resistir, pero no vencer. La coartada rusa sirve para justificar el rearme y se ha impuesto el mecanismo por el cual la UE compra armas a los EE. UU. para entregárselas después a Ucrania.

La ayuda militar occidental a Ucrania queda así supeditada a los cálculos estratégicos occidentales y este país está pagando intereses elevados y ha tenido que hacer muchas concesiones económicas. Las buenas noticias para Ucrania son que se ha convertido en una potencia en fabricación de drones y que ha conseguido autorización de Trump para armar los misiles Patriot.

Por último, un apunte sobre el papel de Pedro Sánchez en la cumbre. España ya supera el 2% y gasta más que algunos países miembros de la OTAN a los que Trump no ha criticado. Es el séptimo país en cumplir los objetivos requeridos pese a no haber asumido formalmente el irreal y arbitrario porcentaje del 5%. No obstante, los acuerdos militares con los Estados Unidos funcionan sin el menor problema, al igual que las bases de Rota y Morón.

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Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat. Catedrático de Ciencia Política en la Universitat de Barcelona. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que restablecerá el bloqueo naval a Irán y agregó que Washington cobrará un 20% de compensación por proteger a los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz, en medio de la actual escalada en el conflicto.

"El Estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", escribió Trump en su red Truth Social.

El republicano aseguró, como ya había adelantado horas antes, que EE.UU. será conocido a partir de ahora como "el guardián del Estrecho de Ormuz", vía marítima por donde antes del conflicto en Irán pasaba un 20% del crudo mundial y cerrada "hasta nuevo aviso" por Irán en respuesta a los recientes ataques estadounidenses.

"En ese carácter, y como cuestión de justicia, (EE.UU.) será reembolsado a razón del 20% sobre toda la carga enviada, por todos los costos necesarios para realizar la tarea de brindar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo", advirtió Trump.

El presidente estadounidense agregó que "el proceso y la implementación" de esta compensación "comenzarán de inmediato", sin especificar cómo se realizarán estos pagos en el estrecho, que Teherán asegura controlar y donde ya ha atacado a varios buques en días anteriores.

Este mismo lunes, Trump dijo en una entrevista con la cadena Fox News que Washington golpearía "muy duro" a Irán para "mantener el estrecho seguro" y adelantó que las fuerzas de su país "probablemente" iban a "administrar" el paso.

Según el mandatario, EE.UU será compensado porque las "otras naciones" que se benefician del tráfico por la vía marítima "son muy ricas".

"Están de nuestro lado y no se puede esperar que hagamos eso gratis (...) Lo que queremos es que se nos reembolse por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", insistió.

Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento en junio para avanzar las negociaciones hacia un acuerdo definitivo de paz, ahora en vilo por el reciente cruce de ataques después de que Trump diera por terminado el alto el fuego.

Como parte de ese acuerdo, EE.UU. puso fin al bloqueo naval que impuso sobre las costas y los puertos iraníes.

El restablecimiento de ese cerco busca ahogar la ya dañada economía iraní y continuar presionando al liderazgo de ese país.

EE.UU. lanzó una nueva ofensiva en la noche del domingo contra Irán con el objetivo de "seguir mermando" la capacidad de Teherán para atacar a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz.

En respuesta, Teherán ha bombardeado Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Washington con presencia militar estadounidense.

El pasado 2 de julio, la Cámara de los Comunes se convirtió en un valle de lágrimas y en escenario de un conato de unidad política raramente visto. A Sarah Pochin, diputada del ultraderechista Reform, se le rompía la voz narrando la historia de su madre, forzada a dar en adopción a su hijo por estar soltera. La diputada laborista Tracy Gilbert, adoptada en 1972, se conmovió y conmovió a diputados de todos los partidos con las averiguaciones que ha hecho sobre cómo fue tratada su madre biológica. Hasta los parlamentarios conservadores, cuyo partido no se prodiga en disculpas históricas, se sumaron a la dispensa en nombre del Estado por las adopciones forzadas de 1949 a 1976, unas 185.000 en Inglaterra y Gales.

El primer ministro, Sir Keir Starmer, se disculpó en nombre del Estado británico y calificó de “mancha en nuestra historia” el papel que tuvieron instituciones públicas —religiosas o políticas— y empleados del Estado —médicos, enfermeras o asistentes sociales—. “La vergüenza no es vuestra; nunca fue vuestra; es nuestra”, concluyó el premier dirigiéndose a las mujeres. Esta clemencia no surge de debajo de las piedras, sino que las mujeres citadas y otras han formado el Movement for an Adoption Apology (MAA, Movimiento por la Disculpa por las Adopciones) para que el Gobierno, en nombre del Estado, emitiera la absolución oficial e institucional.

Un miembro de MAA es Judy Baker, quien, en 1968, a los 18 años, quedó embarazada de un hombre que no quiso responsabilizarse de sus acciones. Ha pasado tiempo desde 1968; no obstante, a Judy recordarlo aún le afecta a la voz y a las emociones, que permanecen a flor de piel cuando lo cuenta a infoLibre en una entrevista que resulta terapéutica. “Entonces el aborto era ilegal, yo vivía en Londres y contacté con una amiga enfermera que me mandó a un psiquiatra, quien me dijo si quería matar a mi hijo; una asistente social contactó con mi madre y entre todos decidieron que la adopción era lo mejor; todos eran personas con autoridad”, cuenta Judy.

“Ingresé en una casa de acogida, di a luz en un hospital y volví a la casa con mi niña; tras unas semanas llegó una carta de la agencia de adopción con una cita, el día y la hora, que venían a lo que yo creía ver a mi hija; la asistenta social se la llevó; me quedé mirando la puerta cerrada, esperando que se abriera de nuevo y regresaran. Me sacaron de la casa, y me esperaba mi madre”, relata Judy, reviviendo cada pequeño detalle de aquella experiencia que todavía parece por superar emotivamente. La mayor crueldad que ella ha conocido.

Dos años permaneció Judy en Londres con el estigma y el trauma de lo ocurrido. La avisaron de que no revelara a nadie que tenía una hija, un secreto que carcomió a otras mujeres hasta la tumba. “En 1970 decidí irme a España y cambiar de geografía; aunque no iba a cerrar la herida que me traumatizaba, al menos allí no me conocían, podía empezar de nuevo”, continúa Judy.

Estuvo unos meses en Tossa de Mar, de allí fue a Barcelona a trabajar, gracias al inglés, en la primera agencia de Relaciones Públicas que se abrió en la ciudad. “Era una sociedad muy machista, tuve una relación de pareja muy negativa”, recuerda.

Tras cuatro años de refugio español, que coincidieron con la agonía del franquismo, Judy regresó a Inglaterra con su secreto y el deseo inalterable de formar una familia, de las que salen en los anuncios de pensiones o de turrones. Tras un matrimonio breve y un divorcio, se casó de nuevo con un hombre con el que se amaron hasta que él murió hace unos años, conocedor desde el primer día de la lesión psicológica enquistada en Judy.

Cada vez que ella cambiaba de casa informaba a las agencias de adopción que habían intervenido en la adopción de su hija, por si acaso la hija quisiera contactarla. “En el año 2000 se produjo lo tanto ansiado; me llegó una carta de alguien a quien había conocido en 1968”, recuerda. Por entonces ya empezaban internet y los correos electrónicos; así y todo, durante unos meses se enviaron cintas magnetofónicas con sus voces y fotografías.

“El 26 de junio de 2000 nos vimos cara a cara; el 26 de junio de 1968 la había visto por última vez; ella era un saco de nervios, yo un poco menos, pero anímicamente desbordada”, recuerda Judy, conmovida, 26 años después de conocer a su hija. La madre tenía 50 años; la hija, 32.

Las historias de padres y madres reencontrados con hijos biológicos adultos no son cuentos felices. Cierran una herida y, a menudo, abren otra. La hija de Judy se divide entre sus padres ancianos adoptivos y la madre biológica reencontrada tras un inmenso vacío. “Yo soy persona non grata para los adoptivos; sin embargo, la situación es más difícil para mi hija que para mí”, añade Judy, que no ha tenido más hijos.

Para obtener algo de consuelo, si no solución a su problema, buscó casos como el suyo. Primero para apoyarse entre ellas; después tomaron el cauce reivindicativo con el MAA, la disculpa histórica reciente y una lista de peticiones al Gobierno para ayudar a financiar terapias, garantizar el acceso a la documentación sobre las adopciones y facilitar el encuentro de los adoptados con sus familias biológicas.

“La disculpa es importante porque aquí hay miles de personas que han sido víctimas del comportamiento de ayuntamientos, instituciones religiosas y sociopolíticas o empleados del Estado como médicos, enfermeras o asistentes sociales”, reconoce Judy, quien calcula que los afectados son medio millón de personas, en lugar de 185.000.

Judy y otras mujeres fueron recibidas por el primer ministro antes de emitir la disculpa. Este perdón no es el único que ha pedido Keir Starmer dentro de la memoria histórica con la que tratan desde hace tiempo. Starmer se disculpó también en nombre del Estado ante la familia de los cinco asesinados en el barrio de Springhill, en Belfast, el 9 de julio de 1972. Esta dispensa se produce tras una larga investigación sobre los muertos citados. Con un lenguaje que hace auténticos malabares, el conflicto de Irlanda del Norte, desarrollado entre 1968 y 1998 y con 3.500 muertos, genera clemencias parciales por parte de Londres. Lo mismo ocurre con el esclavismo o el comportamiento imperialista en matanzas como la rebelión Mau Mau en Kenia o la hambruna de Bengala.

Las excolonias británicas de África y el Caribe reclaman una disculpa formal y compensaciones por el esclavismo. El rey Carlos III ha manifestado un “gran pesar y profundo lamento” por el comercio de esclavos. Del lamento, de momento, el monarca no ha pasado a la disculpa y menos aún a la compensación económica.

Las imágenes que siguen a un desastre natural suelen ir por dos carriles emocionales opuestos. Por un lado, la conmoción ante la destrucción física y el dolor humano. Por otro, las historias de solidaridad espontánea, donde vecinos y desconocidos arriesgan sus vidas para remover escombros y colaboran con recolección y donaciones de insumos médicos, alimentos, ropa, etcétera.

Sin embargo, los recientes terremotos en Venezuela muestran también una realidad incómoda pero recurrente: mientras la gran mayoría se organiza para cooperar, un pequeño porcentaje de la población aprovecha la alteración del orden social para delinquir.

¿Qué lleva a un individuo a saquear un comercio destruido o a robar los escasos bienes de una familia damnificada en momentos de vulnerabilidad extrema? Esta es la pregunta que intentamos responder en este artículo.

Desde una perspectiva criminológica, el auge de conductas delictivas tras un desastre como los terremotos de Venezuela no se explica necesariamente por una “epidemia súbita de maldad”, sino por una alteración drástica del entorno. El modelo idóneo para analizar este fenómeno es la teoría de las actividades rutinarias, formulada por los criminólogos  Lawrence Cohen y Marcus Felson en 1979.

Esta teoría sostiene que, para que ocurra un delito, deben coincidir en el tiempo y el espacio tres elementos esenciales:

En condiciones normales, la sociedad cuenta con una serie de controles sociales: alarmas, policías, iluminación pública y la propia vigilancia de los vecinos (el control social informal). Un desastre natural destruye instantáneamente esta infraestructura de seguridad. Los sistemas eléctricos colapsan, los cuerpos de seguridad se ven desbordados por las tareas de rescate y las viviendas quedan desprotegidas o con los accesos fracturados.

Para el delincuente instrumental, el desastre elimina las barreras del riesgo y maximiza el beneficio. Como señalaron los investigadores Marcus Felson y Ronald V. Clarke en 1998, la oportunidad hace al ladrón: el espacio público, antes regulado, se convierte temporalmente en un escenario de total impunidad.

Esta premisa se ha hecho patente en el caso venezolano, donde el oportunismo delictivo se tradujo en el saqueo de bienes no esenciales en comercios (como televisores y lavadoras) y en la vulneración de hogares destruidos con el único fin de sustraer dinero.

Es fundamental que la psicología social trace una línea divisoria clara entre dos comportamientos que a menudo se confunden bajo la etiqueta genérica de saqueo. Sociólogos del comportamiento en desastres, como Enrico L. Quarantelli, han enfatizado la necesidad de categorizar estas conductas según su motivación real.

De un lado, el saqueo por supervivencia ocurre cuando la ruptura de las cadenas de suministro priva a la población de agua potable, alimentos o medicinas. Aquí la conducta está motivada por la urgencia biológica y la autopreservación. El valor moral de la propiedad privada se suspende psicológicamente en favor del derecho a la vida.

Y hablamos de saqueo oportunista –o delincuencia instrumental– cuando se sustraen bienes de lujo, dinero, electrodomésticos u objetos que no atienden a una necesidad inmediata de subsistencia. Este saqueo busca mitigar el dolor de la tragedia, sino capitalizar el evento para obtener un beneficio económico o material.

En situaciones de colapso, se produce una disolución de los frenos inhibitorios sociales. Los seres humanos regulamos nuestra conducta en gran medida por las expectativas del grupo. Cuando el entorno social se fragmenta y reina la confusión, la percepción de la norma se debilita.

A esto se suma el mecanismo de desconexión moral, que aparece cuando el delincuente oportunista recurre a la justificación moral (“Si no lo agarro yo, lo hará otro”) o a la difusión de la responsabilidad (“Todo el mundo está corriendo y saqueando”). Estas distorsiones cognitivas actúan como anestésicos para la culpa, permitiendo al individuo cometer un acto que, en condiciones normales, probablemente condenaría.

Existe un sesgo arraigado en la cultura popular (alimentado en gran parte por el cine de catástrofes) de que los desastres naturales transforman automáticamente a las sociedades en escenarios de barbarie al estilo de la saga Mad Max. La psicología de los desastres desmiente rotundamente esta premisa.

Las investigaciones sociológicas e históricas demuestran, de forma sistemática, que la norma general tras una catástrofe es el comportamiento prosocial, el altruismo y la resiliencia comunitaria. Los lazos de cooperación suelen fortalecerse de inmediato. Los individuos que deciden aprovecharse de la tragedia representan una minoría estadística muy reducida.

Esto se ha podido observar en el caso venezolano, donde la población civil se ha movilizado para apoyar a los damnificados por el terremoto, llegando a compensar las limitaciones de la respuesta estatal.

Sin embargo, el impacto de esta minoría es asimétrico y profundo. El delito en contexto de catástrofe produce un fenómeno grave de revictimización. Para una comunidad que acaba de perder su patrimonio físico o a sus seres queridos, sufrir un robo o un acto de violencia no es solo una pérdida material: es la destrucción de su último reducto de seguridad psicológica.

Este impacto erosiona la confianza institucional y social, dificultando los procesos posteriores de reconstrucción psicológica y comunitaria. Y, sumado a la participación de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en este tipo de conductas delictivas, genera un mayor impacto social y psicológico en la población afectada.

El análisis del caso de Venezuela nos recuerda que la gestión de un desastre natural no puede limitarse únicamente a la atención médica y logística de rescate. Las estrategias de mitigación deben integrar la comprensión del comportamiento humano y los factores de oportunidad criminológica.

Restablecer con prioridad el alumbrado público, implementar patrullajes disuasorios en zonas residenciales evacuadas y asegurar los perímetros comerciales y residenciales vulnerables son medidas de prevención situacional del delito que son importantes para la salud de una sociedad herida junto al suministro de ayuda humanitaria.

Comprender la ciencia detrás de la delincuencia en situaciones de crisis es el primer paso para proteger no solo las estructuras físicas, sino el tejido moral de las poblaciones afectadas.

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Michelle Madeline Cámara Mora es coordinadora del departamento de Criminología y Seguridad, Universidad Camilo José Cela

Donald Trump ha vuelto a colocar a España en el blanco de sus advertencias. Esta vez lo ha hecho acusando al país de ser una “causa perdida”, llamándolo “socio pésimo” y reclamando que se detenga el comercio. El ataque vuelve a partir del mismo punto de fricción que ya ha marcado otros choques con Madrid: el gasto en defensa y el papel de España dentro de la OTAN.

Pero este no es un episodio aislado. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump utiliza a España como ejemplo negativo para presionar a sus aliados europeos y reforzar su discurso sobre quién cumple y quién no con sus exigencias militares. Su forma de actuar mezcla el reproche público, la amenaza económica y una puesta en escena pensada para elevar el coste político de la discrepancia.

Por ahora, muchas de esas advertencias hacen más ruido que daño. Algunas no llegan a materializarse, otras se diluyen en un pulso diplomático y varias funcionan más como instrumentos de presión que como decisiones con efectos inmediatos.

Desde que el mandatario republicano empezó su segunda andadura en la Casa Blanca, en enero de 2025, España ha estado en el objetivo de sus críticas, generalmente a consecuencia del gasto militar español. Al terminar el primer año de mandato, amagó con imponer aranceles y llegó a deslizar la idea de una expulsión de la OTAN. Este año 2026, la dinámica no ha cambiado y, a propósito de la guerra en Irán, el tono ha ido subiendo, aunque siempre con más ruido que medidas concretas. Este es un resumen de sus amenazas.

En una de sus primeras medidas y delirios, cuando el presidente republicano salió con un cuadro en la mano con los aranceles que iba a imponer a medio mundo, Trump ya situó a España en el punto de mira. En aquel momento, amenazó al Gobierno con "aranceles del 100%" al encuadrar por error a España dentro de los BRICS (un acrónimo formado con las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que plantearon una divisa global alternativa al dólar para negociar.

En el conflicto surgido entre Airbus y Boeing, el mandatario estadounidense sí impuso aranceles, pero no a España sino a productos europeos (la UE es un mercado único y no se pueden imponer aranceles a un miembro de forma aislada), lo que afectó de manera indirecta a las exportaciones españolas, como el aceite de oliva, el vino, las aceitunas o los productos agroalimentarios. En ese conflicto, que más tarde se resolvió con un acuerdo entre la UE y EEUU, se llegaron a imponer durante unas semanas unos aranceles del 25%.

Con motivo de las reuniones de la Alianza Atlántica, Trump siempre ha tenido palabras gruesas contra España. Hace poco más de un año, en 2025, en la reunión de la OTAN en La Haya, el presidente de Estados Unidos cargó desde el Air Force One —el avión presidencial— contra Sánchez por el gasto en defensa. “España es un problema, la OTAN está teniendo un problema con ellos, y eso es muy injusto para el resto de los socios”, aseveró.

Aunque llevaba meses lanzando advertencias, fue entonces cuando empezó a insistir con más fuerza en que España debía elevar su gasto militar hasta el 5% del PIB. A su juicio, Madrid llevaba años aportando menos de lo que le correspondía: “España ha pagado muy poco. Siempre ha pagado muy poco. O eran muy buenos negociadores, o no estaban haciendo lo correcto”, manifestó. También advirtió de que la Alianza tendría que “lidiar” con el Gobierno español por esta cuestión.

El Ejecutivo respondió exhibiendo una carta entre Pedro Sánchez y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en la que defendía que España podía cumplir sus compromisos de capacidades militares con un gasto equivalente al 2,1% del PIB. Rutte, por su parte, consideraba que para alcanzar esos objetivos sería necesario llegar al 3,5%. La solución pactada fue dejar margen a España para estudiar su aportación y cumplir los compromisos sin asumir de entrada el objetivo del 5% reclamado por Trump.

Ya en la cumbre, el presidente estadounidense volvió a señalar a España. En sus redes sociales compartió un artículo de prensa en el que se afirmaba que “España amenaza con hacer descarrilar la cumbre de la OTAN”. Después insistió en que EEUU estaba cerca del billón de dólares en gasto militar y amenazó al Gobierno de Sánchez con “tener que pagar el doble” por no elevar su gasto al 5%. “Es el único país que no va a pagar la cantidad completa. Quieren quedarse en el 2%, creo que es terrible”, afirmó al anunciar que duplicaría los aranceles previstos para España. No pasó.

Ahora, en la última cumbre en Ankara (Turquía) El presidente volvió a la carga contra España al asegurar, durante una reunión junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que es "una causa perdida" y pidió cortar "todo el comercio" con el país, "incluidas las visitas".

El presidente estadounidense ha dicho desde la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) que "España es un socio pésimo. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver", dijo durante la comparecencia junto a un Rutte que defendió "el incremento de gasto militar de España".

Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato "de inmediato" porque España "no tiene remedio, son mala gente". Añadió que aunque hay algunos "casos más" de países en la OTAN con una actitud que lamenta, España "en particular" figura en el grupo de los que "se muestran hostiles".

"Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", aseguró.

Horas más tarde, y ya de vuelta en el Air Force One, el presidente rebajó el tono con España y con los socios de la Alianza Atlántica al asegurar que hubo una "unidad tremenda" en la cumbre.

Trump reconoció desde el avión que "tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado", afirmó el mandatario que no precisó qué importe era ni cuando se producirá. ¿Una nueva medida de presión para atacar a España en unos meses?

Después de amenazar con aranceles, Trump elevó aún más el tono y llegó a amenazar con la expulsión de España de la OTAN. “Quizás deberíais expulsarlos de la OTAN”, dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb. “Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados”, insistió el mandatario, que seguía centrando sus críticas en la negativa española a elevar el gasto en defensa.

Trump defendía que a España le había ido bien "gracias a muchas cosas" que se habían hecho en el seno de la Alianza, por lo que no entendía que el Gobierno de Sánchez no asumiera el incremento del gasto militar que reclamaba.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también tuvo que escuchar sus reproches. Trump afirmó ante él que España no era “un compañero de equipo” y le pidió que hablara con Sánchez: “Con la excepción de España, todos están cumpliendo al 100%, y usted podría resolver el problema de España muy fácilmente. Creo que ya lo sabe”, le insistió.

Una vez más, proponía represalias para España así como la expulsión como solución última.

A principios de 2026, se comprometió a "hablar con España". Después de presentar en Davos la Junta de Paz, acompañado por su amigo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y por el ex primer ministro británico Tony Blair, presumió de haber “conseguido un compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN” para subir el gasto en defensa. “Todos menos España. No sé qué pasa con España. ¿Por qué no lo hacen? Quieren aprovecharse. Todos aumentan al 5% menos España (...). Tendremos que hablar con España”, apuntó.

Durante esta segunda legislatura de Trump en la Casa Blanca, sus acusaciones contra España han girado en torno al comercio, los aranceles y la OTAN. En un encuentro con Volodímir Zelenski, aseguró que "estaba pensando en imponerles un castigo comercial [a España]". Una vez más, Trump utilizaba la amenaza comercial para castigar a un Gobierno al que consideraba "increíblemente irrespetuoso con la OTAN por no asumir el objetivo del 5% del PIB en gasto militar".

La amenaza no tuvo efectos inmediatos. Bruselas recordó que la política comercial es competencia exclusiva de la Comisión Europea y que respondería “apropiadamente” ante cualquier medida contra un Estado miembro. Dos días después, Trump insistió en que España merecía una “reprimenda” por su posición, pero admitió que el asunto dependía de la OTAN y de Madrid. La presión quedó, una vez más, en palabras.

Otro de los focos de tensión fue el uso de las bases de Rota y Morón. Hasta la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), Trump criticó la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que EEUU utilizara esas instalaciones en suelo español para desplegar tropas y apoyar ataques contra Irán. La decisión de Moncloa irritó al presidente estadounidense, que volvió a endurecer su discurso contra España.

Trump amenazó, al igual que hizo en Ankara, con cortar las relaciones comerciales y llegó a sugerir que EEUU podría utilizar esas bases si quisiera. Moncloa mantuvo su posición y, semanas después, cerró también el espacio aéreo a todo avión estadounidense que participara en la guerra de Irán. La medida afectó a operaciones militares y abrió un nuevo frente diplomático con Washington.

La ajustada victoria de Trump en las elecciones de 2024 frente a Kamala Harris —49,91% frente al 48,43%— ya anticipaba una segunda etapa marcada por la polarización. También el final de su primer mandato, con el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores, había dejado claro que Estados Unidos seguía profundamente dividido.

Pese a todo, Trump volvió a la Casa Blanca, aunque su popularidad ha ido cayendo desde la toma de posesión. A aquella ceremonia acudió la plana mayor de Silicon Valley, y el presidente llegó a nombrar consejero a Elon Musk, que más tarde abandonaría el Gobierno.

La actuación del ICE, el secuestro y detención de Maduro, el bombardeo a narcolanchas, la guerra de Irán, sus intentos aún sin resultados para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, las amenazas arancelarias, sus bravuconadas sobre Groenlandia o las islas Chagos y su enriquecimiento a través de las criptomonedas no han pasado desapercibidos. Ni entre la opinión pública estadounidense ni entre una comunidad internacional cada vez más crítica con el presidente.

Las amenazas de Trump, tanto a España como a otros países, han funcionado a menudo como herramienta de negociación antes de acuerdos comerciales o diplomáticos. El patrón suele repetirse: lanzar advertencias contundentes para forzar cambios en negociaciones comerciales, militares o energéticas. En algunos casos lo ha conseguido. En otros, como con España o China —que respondió con más aranceles—, no.