El pasado 11 de junio, el silbato inicial en el Estadio Azteca de Ciudad de México inauguró el mayor torneo de la historia. La competición albergará a 48 selecciones nacionales de fútbol. Sin embargo, el evento también arranca como un complejo laboratorio social.

Bajo la promesa de una “fiesta continental” de unidad, la coorganización entre México, Estados Unidos y Canadá prometía diluir fronteras mediante el fútbol. Pero los hechos recientes muestran una realidad muy diferente. El torneo exhibe profundas asimetrías y políticas de exclusión hacia las masas populares.

El inicio del torneo pasó a la historia por sus grandes ausencias políticas. Las máximas autoridades de los tres países evitaron la fotografía oficial de inauguración. Este vacío gubernamental delataba la incomodidad ante las tensiones migratorias bilaterales.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 introdujo un formato de tres ceremonias de apertura distintas en lugar de una sola, lo que generó un aluvión de críticas divididas en los países anfitriones. Los fanáticos cuestionaron el uso de playback, el desinflado de una réplica inflable de la copa en Canadá y la división del show que fue considerado de baja intensidad en comparación con torneos anteriores.

Las ceremonias aparecieron entre claroscuros y contradicciones, ya que su formato fue más propio de un evento de inauguración cualquiera que de una muestra del músculo cultural de los anfitriones ante el mundo.

Los mandatarios optaron por el mutismo absoluto durante los actos de apertura. Ninguno quiso asumir los costes políticos de un evento cruzado por la discordia fronteriza.

La verdadera fractura social se vivió en las calles adyacentes al Estadio Azteca. Un estricto blindaje de seguridad asfixió el histórico fervor de la afición local; la fiesta popular quedó desplazada hacia las periferias urbanas.

El dinero desplazó el alma del torneo. La afición mexicana siempre puso el canto, el color y la pasión colectiva. Hoy, ese fervor popular fue sustituido por un frío silencio de corporaciones.

Dentro del estadio, el ambiente vibró bajo la lógica del negocio digital. Las tribunas preferentes recibieron a creadores de contenido y élites corporativas, pero el público tradicional quedó fuera del gran espectáculo.

Este bautismo de la era hiperdigital consagra una paradoja inquietante que abre el debate desde el primer minuto: ¿fue ese el inicio de la Copa del Mundo o el funeral de su dimensión social?

El diseño original de la candidatura United 2017 proyectaba una Norteamérica integrada. Pero la distribución de los partidos delata una enorme desigualdad territorial. La gran mayoría de los juegos ocurrirá en suelo estadounidense, mientras que México y Canadá ocupan un rol de socios secundarios en la logística.

Esta disparidad se traduce en beneficios económicos muy desiguales. Las ciudades de Estados Unidos esperan derramas financieras multimillonarias. En contraste, las sedes mexicanas sufren el encarecimiento de la vivienda: los recursos públicos locales terminaron invertidos en los estadios, y esto profundiza las desigualdades sociales de la región.

El ideal de unión choca contra los controles fronterizos actuales, ya que el torneo coincide con un endurecimiento migratorio en Estados Unidos. Las restricciones de viaje afectan a los aficionados de diversas naciones clasificadas.

Los futbolistas profesionales viajan protegidos por visados especiales. En cambio, los hinchas comunes sufren exclusión y trabas burocráticas. Incluso algunas delegaciones oficiales han enfrentado duros interrogatorios en las aduanas.

Varios periodistas y árbitros africanos sufrieron retenciones aeroportuarias molestas. Por este motivo, muchos fanáticos prefirieron viajar solo a México o Canadá. El deporte opera hoy bajo lógicas de seguridad nacional.

Mientras los organizadores celebran ingresos comerciales históricos, las comunidades vecinas sufren persecución. Ciudades como Dallas y Miami colaboran activamente con el servicio de inmigración.

El modelo de negocio consolida un proceso de elitización inédito. A diferencia de torneos pasados, Norteamérica carece de una ventanilla única de visado. Los seguidores internacionales enfrentan un laberinto de tasas costosas y retrasos consulares.

Viajar requiere un gasto promedio de 4.000 dólares por visitante, y los precios elevados convierten las entradas en artículos de lujo prohibitivos. El ciudadano común queda confinado a mirar pantallas gigantes en el exterior, en las llamadas Fan Zones –zonas de fans–, estrategia que la FIFA presenta como el premio de consolación para las masas.

Por otro lado, los palcos VIP de los estadios multimillonarios albergan a las élites corporativas mundiales.

Las ediciones de México 1970 y 1986 fueron auténticas celebraciones populares en las que la sociedad civil desbordó las previsiones oficiales y construyó lazos solidarios. El juego funcionaba como un espacio de hospitalidad barrial.

El torneo de Estados Unidos 1994 sepultó esa mística comunitaria, instaurando un modelo puramente comercial y de mercadotecnia. Se inventó un cliente deportivo de clase alta para consumir el espectáculo.

La edición actual representa el triunfo definitivo de este esquema corporativo. El fútbol deja de ser un patrimonio cultural de la gente. Ahora es una mercancía reservada para las minorías ricas del mundo.

El Mundial de 2026 representa, pues, un punto de inflexión en la sociología del deporte. Cumple las expectativas de expansión de mercado y maximización de audiencias televisivas deseadas por las multinacionales, pero incumple flagrantemente la promesa de inclusión e integración humana que justifica la concesión de estos torneos a las sociedades civiles.

El torneo expone un diagnóstico incómodo para las ciencias sociales: el deporte rey ya no genera diplomacia cultural ni integración humana, sino que funciona como un catalizador que potencia las desigualdades globales.

Ante este escenario, surge una pregunta inevitable para cada aficionado: ¿debemos aceptar la muerte definitiva de la fiesta popular comunitaria? ¿Es posible rescatar el fútbol de las manos del corporativismo transnacional?

La pelota rueda en la cancha, pero el verdadero partido se juega afuera; la respuesta final queda en manos de una sociedad civil que hoy mira desde las periferias. El debate está abierto.

Este artículo ha sido elaborado con la colaboración de Iván Esaú Flores Romo, estudiante de la licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad de Guadalajara (México).

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Juan Martín Flores Almendárez es PTC Asociado "B"; especialista en Capital Humano e integrante del CA en Gestión, Innovación Educativa y Tecnología en la Universidad de Guadalajara (México).

No habrá sanciones a los productos procedentes de los asentamientos israelís ilegales ni tampoco un nuevo régimen de herramientas de coerción comercial contra China. Los 27 se dividen en bandos sobre la política migratoria y a Antonio Costa, presidente del Consejo, le llueven críticas de varios líderes por abrir canales de comunicación con el Kremlin.

La última Cumbre Europea antes del parón de vacaciones estivales evidenció los intereses contrapuestos, las distintas percepciones políticas y las varias velocidades existentes entre los Estados miembros de la Unión. Una Cumbre destinada a discutir los retos económicos, geopolíticos y el futuro presupuesto de la UE donde saltaron chispas dentro de la sala y fuera de ella.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, echaron un jarro de agua fría al contacto diplomático del gabinete de Costa con representantes de Vladimir Putin para abrir una vía de diálogo para cuando termine la guerra en Ucrania. Criticaron el movimiento porque el político portugués no puede actuar entre Kiev y Moscú como un mediador pese a su cargo y privilegiaron las recientes conversaciones de sus Gobiernos junto al del Reino Unido con el Kremlin. Polonia e Italia criticaron ser excluidas mientras otros líderes, como el irlandés o el belga, sí validaban el movimiento de Costa.

Para España, según las fuentes consultadas, se trata de “una toma de contacto inicial que no plantea ningún problema” y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cercano a Costa, también se posicionó a favor asegurando tras la Cumbre que “es abrir un canal diplomático, simplemente, no negociaciones, un matiz importante” al tiempo que calificaba como “necesario” lo hecho por el equipo del presidente del Consejo. Mientras, otros, como el primer ministro estonio, Kristen Michael, se enfadaban. El líder de Estonia llegó a afirmar que “sugerir que canales alternativos o la diplomacia por la puerta de atrás son necesarios es equivocado”. La división europea quedó expuesta públicamente para ser escrutada por el Kremlin, Washington o Pekín.

Dos puntos clave centraban la agenda del jueves y el viernes: la situación en Oriente Medio y el reto de la competencia de China. Hubo una discusión sobre “los esfuerzos puestos en marcha para fortalecer la competitividad y la autonomía estratégica de la UE” dentro de un “debate estratégico sobre la cuestión de los desequilibrios macroeconómicos”.

Cada vez son más los países que piden un endurecimiento de la posición de Bruselas ante los desequilibrios que genera la relación comercial con China. Entre las medidas que se discuten figura la posibilidad de imponer tarifas a determinados productos importados desde ese país para corregir un déficit comercial que alcanzó los 360.000 millones de euros el año pasado y que rozó los 100.000 millones solo en el primer trimestre de este ejercicio. Un problema que ya afecta a todos los Estados miembros, incluida Alemania. “Con todos nuestros grandes socios el diálogo debe ofrecer resultados y cuando no los producen debemos mirar a nuestros instrumentos, ahí es donde está ahora la discusión”, reconoce una fuente europea. 

El debate no está maduro, no hay unanimidad entre los 27 sobre cómo atajar los desequilibrios que produce China en la economía europea, por mucho que Francia presione en favor de una guerra comercial y arrastre a parte de los socios en un bando ya calificado como “beligerante”. Aunque el propio presidente Antonio Costa habló al finalizar la Cumbre de la necesidad de “desarrollar y eventualmente complementar los instrumentos en el área de la defensa comercial y de la política industrial” y “reducir los riesgos de sus relaciones económicas”, la realidad es que no se pactó un llamamiento a la Comisión para que trabaje en futuras medidas que condujesen a sanciones o tarifas.

España es uno de los países que más apuesta por el diálogo con China y no la confrontación. Lo explica una fuente diplomática, que no ve urgente o prioritario avanzar en nuevos instrumentos de coerción ante China. Y lo dijo en público el presidente Pedro Sánchez con un elocuente “necesitamos amigos, necesitamos relaciones equilibradas, necesitamos ser pragmáticos y tender puentes”. España es uno de los países que frenó la confrontación gala dentro de la reunión.

Un freno semejante al que impone un grupo de unos siete socios liderados por Alemania, donde también están Austria o Hungría, pese al cambio de Gobierno, para endurecer la posición de la UE contra Israel. De la Cumbre no salieron nuevas sanciones a los ministros que están incitando a la violencia contra la población palestina o a la ocupación del sur del Líbano. Tampoco la prohibición de que a territorio comunitario lleguen los productos procedentes de los asentamientos ilegales, o una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel.

Durante la Cumbre saltó la polémica sobre un supuesto enfrentamiento entre la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente Sánchez, a cuenta de la política migratoria. La italiana reprochó al español la reciente regularización decretada por el Gobierno asegurando que “afecta a los vecinos”. La caracterización aparecida en cierta prensa bruselense y posteriormente en la italiana fue desmentida por fuentes diplomáticas españolas.

Una fuente diplomática ajena a ambos países y conocedora del debate interno dentro de la sala del Consejo, desmiente para infoLibre que hubiese una fuerte discusión, pero sí reconoce un debate sobre líderes que son verdaderos políticos. Desde Moncloa también hablan de un debate con diferentes posiciones pero sin llegar al enfrentamiento personal.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, socialdemócrata, celebró la reciente aprobación de las normas de deportaciones en la Eurocámara y demandó –confirma la fuente diplomática– la celebración entre los líderes de los 27 de un debate estratégico sobre la política migratoria de la UE. Ahí fue donde Pedro Sánchez tomó la palabra para rechazar de nuevo los centros de expulsión y poner en valor la reducción de las llegadas irregulares gracias a acuerdos de colaboración con los países de origen o tránsito, rechazando la importancia de una reunión centrada en cuestiones migratorias. Meloni argumentó que sí es necesaria ante las implicaciones que para el resto de socios pueden tener decisiones como la reciente regularización española.

En la discusión, según pudo saber este medio, también participaron líderes como el canciller alemán o el nuevo primer ministro húngaro. Sin embargo, Friedrich Merz, a diferencia de Peter Magyar, no está entre los 19 dirigentes que durante la Cumbre firmaron una carta dirigida a las presidencias de la Comisión y del Consejo exigiendo “mostrar resultados concretos que ofrezcan una diferencia real para nuestros ciudadanos y avanzar con soluciones basadas en terceros países lo antes posible”. España, Francia, Portugal, Irlanda o Luxemburgo se desmarcan de este endurecimiento migratorio del que se vanaglorian Dinamarca e Italia por haber “redefinido la conversación europea sobre migración”.

La importancia de esta cuestión es creciente en el debate europeo. No sólo quedó reflejada esta pasada semana con la aprobación definitiva del Reglamento de Retornos en el Parlamento Europeo. De la Cumbre sale una petición formal para que los 27 “mantengan una discusión estratégica sobre migración en su reunión de octubre”, demanda que no estaba inicialmente en los borradores de conclusiones como pudo comprobar infoLibre. La UE partidaria del endurecimiento migratorio es cada vez más visible.

La laborista Barbara Castle (1910-2002), primera mujer en ocupar el cargo de primera secretaria de Estado en un Gobierno británico (1968-70), era tan exigente con su peluquera como con el ministro de Economía. En su tiempo, la peluquera siempre era mujer; el ministro de Economía, hombre. Hoy, Barbara, que era bárbara a la izquierda del partido, criticaría a la ministra de Economía, Rachel Reeves, por estar a la derecha del partido, si bien se congratularía de ver una ministra de Economía, el cargo más alto al que ha llegado una mujer en un Gobierno laborista. A las laboristas no les faltan credenciales históricas (Jennie Lee, Ellen Wilkinson, Margaret Bondfield o la misma Barbara Castle) de haber roto lanzas en la política británica. Pero algo pasa en las últimas décadas para que la formación se haya quedado varada, mientras su rival, el Partido Conservador, cuenta en su haber con tres ex primeras ministras (Margaret Thatcher, Theresa May y Liz Truss) y la primera líder negra, Kemi Badenoch.

Este jueves 18 de junio se han celebrado las elecciones en el distrito de Makerfield (Mánchester), provocadas por la dimisión del diputado laborista Josh Simons para que Andy Burnham, alcalde de Mánchester, consiga un acta de diputado que le permita retar el liderazgo de Sir Keir Starmer en el partido y, por ende, a la presidencia del Gobierno. Simons consiguió 18.202 votos en 2024, seguido del ultraderechista Robert Keyton, del partido Reform, con 12.803 votos y una participación del 52,4%. Si todo sale como predicen las encuestas, una parte de los laboristas que se quedaron en casa, descontentos con Starmer, acudirán el jueves a votar para que Andy Burnham se lance a la conquista de Downing Street, sede de la presidencia del Gobierno en Londres. Serán otras elecciones en el seno del laborismo en las que las mujeres han quedado relegadas a las filas de atrás.

La elección de Starmer como líder del partido en 2020, tras la derrota de Jeremy Corbyn en las elecciones de 2019, ya indicó que la misoginia pervive en el laborismo. La primera candidata a sustituir a Corbyn fue Rebecca Long-Bailey, de la izquierda del partido; la segunda, Lisa Nandy, que nadaba entre dos aguas políticamente y cuya campaña estaba financiada, parcialmente, por el lobby israelí, según ha reconocido ella misma en la ITV. El tercero en llegar, Starmer, con afán de unir izquierda y derecha o, como Nandy, contentar a todos, ganó las primarias y las generales de 2024 en las que salieron elegidas 265 mujeres (190 laboristas) de un total de 650 escaños. Starmer ha resultado ser un hombre ambiguo, indeciso, sionista y sin carisma u objetivo político claro, a diferencia de su predecesor, Tony Blair, en el Gobierno de 1997 a 2007.

Blair dimitió para dejar paso a Gordon Brown, quien nombró a la veterana Harriet Harman número dos del partido, pero no del Gobierno. Harman fue número dos del Partido Laborista entre 2007 y 2015 y, como tal, ejerció como líder interina del partido y de la oposición en 2010 y 2015, entre la dimisión de un líder y las primarias para elegir al siguiente. El mismo papel de líder temporal recayó en Margaret Beckett en 1994. tras la muerte de John Smith y antes de la elección de Blair. Beckett, diputada durante 45 años, fue la primera mujer ministra de Exteriores, y Harman ha sido titular de numerosas carteras. Pero ninguna mujer laborista ha roto el techo de cristal o cruzado la puerta del número 10 de Downing Street como inquilina oficial. Starmer nombró número dos a Angela Rayner, quien dimitió en septiembre de 2025. Según las predicciones electorales del próximo jueves, el liderazgo laborista continuará siendo cosa de hombres.

El desasosiego de muchas laboristas estalló a raíz del escándalo de Peter Mandelson, vinculado al pederasta convicto Jeffrey Epstein y nombrado embajador en EEUU. “El ambiente de club de chicos que rodea al primer ministro ha hecho posible el nombramiento, puesto que, de haber participado una mujer en el proceso decisorio, a Peter Mandelson no se le hubiese nombrado embajador en Washington”, sentenció Harriet Harman. La diputada y ministra Alison McGovern escribía en su blog que “la costumbre de no escuchar a las mujeres ha permitido que el poder de Mandelson durase demasiado tiempo”. La dimisión de Mandelson provocó la de otros tres varones con cargos en Downing Street. Starmer adujo que desconocía la relación de Mandelson con Epstein y que aceptó la recomendación de sus subalternos, entre ellos el asesor Morgan McSweeney, quien propuso a Mandelson como embajador en EEUU sabiendo que era amigo e, incluso, socio del pederasta. McSweeney dimitió; no obstante, el diario The i publicaba el fin de semana que continúa mandando en Downing Street.

Una portavoz de las laboristas críticas, entre ellas Harman, que han expresado su malestar tras el caso Mandelson ha concretado sus demandas a infoLibre: “Nombramiento de una vice primera ministra [cargo ocupado por un hombre], medidas políticas y administrativas contra la misoginia y hacer de la igualdad de géneros la sexta misión del Gobierno [alusión a cinco objetivos de Starmer]”. El primer ministro ha tomado nota y ha nombrado a Harriet Harman asesora en materia de igualdad de género, en una tarea a tiempo parcial, sin remuneración y con acceso directo al jefe del Ejecutivo.

La mirada de las laboristas está puesta ahora en la probable elección del jueves de Andy Burnham, quien llevaría el partido y al Gobierno al centro izquierda del espectro político. Como alcalde de Manchester, en 2023 remunicipalizó la red de autobuses urbanos y fijó un precio único del billete de dos libras (2,2 euros) para adultos y una libra para menores. Respecto a las mujeres, Burnham lanzó en 2021 un plan a diez años, la Gender-Based Violence Strategy, para combatir la violencia contra las mujeres y niñas, aumentar su representación política, promover la igualdad de oportunidades e incrementar la igualdad de géneros. Un plan que, a medio camino (2026), ha visto, por ejemplo, el aumento de denuncias por agresión a mujeres y niñas. Con su liderazgo en el partido y en el Gobierno, podría arar el surco para la primera mujer al frente del laborismo, aunque eso llegaría ya varias décadas entrado el siglo XXI.

Tras semanas de negociaciones intermitentes, el presidente de EEUU, Donald Trump, parece haber alcanzado finalmente un acuerdo con el régimen iraní para poner fin a la guerra que ha sacudido la región –y los mercados energéticos mundiales– desde finales de febrero.

Sin embargo, es probable que los detalles del acuerdo sigan siendo objeto de controversia hasta que se firme el próximo viernes, tal y como está previsto.

Impulsado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump inició la guerra el 28 de febrero con el objetivo de derrocar al régimen iraní y conseguir que Teherán capitulara, tal y como había hecho en Venezuela.

Sin embargo, no pudo alcanzar este objetivo ante la sólida respuesta defensiva de Teherán. Bajo una enorme presión nacional e internacional, Trump decidió finalmente que tenía que recurrir a la solución diplomática que tenía a su alcance para poner fin al conflicto lo antes posible.

El “memorándum de entendimiento” que Washington y Teherán acaban de anunciar es una confirmación de esta realidad.

Dejará a Irán en una posición más fuerte que antes de la guerra, a EEUU con mucho menos peso en la región y a Israel en la estacada. El acuerdo también impulsará a los Estados árabes del golfo Pérsico a reevaluar sus alianzas de seguridad con EEUU y a aceptar a Irán como un actor regional influyente.

Fuentes iraníes y estadounidenses han proporcionado versiones diferentes del acuerdo.

Ambas partes parecen haber pactado permitir que se reanude el tráfico en el estrecho de Ormuz y levantar el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes. Las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán también continuarán durante los próximos 60 días.

Más allá de esto, las dos partes parecen estar muy alejadas en otras cuestiones.

Según los medios iraníes, el acuerdo pondría fin a los combates en todos los frentes, incluido el bombardeo israelí del Líbano, y reabriría el estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días “bajo las condiciones de Irán”.

También exige la liberación de 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados durante las 60 jornadas de negociaciones, y obliga a EEUU y a sus aliados a presentar planes de reconstrucción para Irán por un valor de al menos 300 000 millones de dólares.

Sin embargo, según el medio de comunicación estadounidense Axios, el acuerdo exige que el estrecho se reabra inmediatamente sin peajes. Un funcionario estadounidense declaró a Axios que, tras la reapertura, se concederían a Irán “exenciones temporales de las sanciones” para permitirle vender petróleo.

Trump tampoco hizo ninguna referencia al Líbano en su anuncio del acuerdo en Truth Social, aunque los mediadores pakistaníes afirmaron que estaba incluido en el pacto. También quedan por resolver muchas cuestiones polémicas relacionadas con el programa nuclear de Irán. Entre ellas se incluyen el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido y si se debería permitir al país enriquecer uranio a un nivel acordado con fines pacíficos.

Cuando Trump y Netanyahu iniciaron la guerra, su objetivo era derrocar al Gobierno de Irán, destruir su programa nuclear y su capacidad de lanzar misiles, y romper sus vínculos con sus aliados regionales: Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias chiitas iraquíes, y Hamás y la Yihad Islámica en Palestina.

El objetivo general era alterar el orden regional en beneficio de EEUU e Israel. Esto permitiría a Netanyahu alcanzar su tan ansiado objetivo de convertir a Irán en una entidad débil y perseguir su visión de un “Gran Israel” en Oriente Medio, una región estratégicamente vital y rica en petróleo.

Sin embargo, a pesar de su naturaleza autoritaria y de todos los retos de política interior y exterior a los que se enfrenta, el sistema islámico iraní ha demostrado que está hecho para sobrevivir. Ha resistido la decapitación de su liderazgo, el bombardeo militar masivo de Estados Unidos e Israel y el posterior bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Es cierto que Irán ha sufrido graves daños en su infraestructura y economía, así como víctimas civiles. Pero el régimen fue capaz de responder de formas que han resultado muy costosas para EEUU, sus aliados árabes del Golfo e Israel.

Su control sobre el estrecho de Ormuz, algo que Teherán nunca había tenido antes de la guerra, ha desencadenado una crisis mundial de energía y fertilizantes y ha proporcionado a Teherán una enorme ventaja.

Trump, por su parte, se enfrentaba a una creciente oposición interna a la guerra, combinada con la escasez en el suministro de interceptores de defensa aérea (como los misiles Patriot) y la falta de apoyo entre los aliados tradicionales de EEUU. Considerando todo esto, Trump tenía buenas razones para no permitir que el conflicto se prolongara demasiado, especialmente en un año electoral.

El acuerdo debe de ser muy desalentador para Netanyahu, cuya determinación de debilitar fundamentalmente a Irán se está desmoronando.

Es posible que aún intente socavar el acuerdo de paz continuando con los ataques contra el Líbano y, tal vez, anexionando formalmente Gaza y Cisjordania. Pero dada la dependencia de Netanyahu de EEUU para sus operaciones militares y su supervivencia política, Trump tiene mucha influencia para obligarle a él y a los ministros de extrema derecha de su gabinete a que se sometan a sus dictados.

Si se firma un acuerdo de paz definitivo, este podría allanar el camino para algún tipo de acercamiento entre Irán y EE. UU. como requisito previo para un Oriente Medio más estable y pacífico. Pero aún no es momento para lanzar las campanas al vuelo.

Ambas partes ya han pasado por esto antes. Llevaban meses negociando un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán antes de que empezara el ataque el pasado 28 de febrero. Según los mediadores omaníes, un acuerdo estaba “al alcance de la mano” cuando comenzaron a caer las bombas.

Esto significa que cualquier alto el fuego que se alcance ahora podría ser muy frágil. También plantea la pregunta de qué sentido tenía, en primer lugar, esta guerra, librada sin tener en cuenta el derecho internacional ni la aprobación del Congreso estadounidense.

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Amin Saikal. Profesor emérito de Estudios de Oriente Medio en la Universidad Nacional Australiana. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Tras muchos vaivenes y desencuentros, amenazas cruzadas, y anuncios y desmentidos. Este domingo a última hora se ponía fin a más de 100 días de conflicto. El acuerdo de paz siempre estuvo cerca, pero nunca se concretaba, hasta que esta vez, Pakistán anunció que Irán y EEUU habían llegado a un acuerdo "completo" de paz para poner fin al conflicto.

El anuncio lo adelantó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador en las negociaciones, que detalló que el pacto incluye la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares" en todos los frentes, lo que incluye también el Líbano, que fue atacado este domingo horas antes de la firma del armisticio.

Los tiempos para hacer público el acuerdo no son casuales. Este domingo Donald Trump cumplía 80 años y quiso hacer coincidir el momento de su cumpleaños con el del fin de la guerra. Una más en su búsqueda del Nobel de la Paz. La ratificación oficial y presencial se escenificará el próximo viernes 19 de junio en Suiza, país que ya se ha postulado formalmente como sede del encuentro, y podría contar con Donald Trump, según fuentes de la Casa Blanca.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos", escribió el presidente de EEUU, Donald Trump, en su red social.

Inmediatamente a continuación subrayó: "¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!"

En un segundo mensaje, el republicano sostuvo que este "gran acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región". "Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, para la retirada de minas, el petróleo volverá a fluir en ambos extremos para la región y el mundo", agregó.

En una entrevista con Fox News, el vicepresidente JD Vance ha asegurado que este acuerdo "va a transformar Oriente Medio durante los próximos 50 años" y asumió que esta guerra ha supuesto "un momento difícil para muchos estadounidenses” debido a los altos precios de la energía, “pero este acuerdo será transformador”.

Pero la lectura del acuerdo varía según quién sea el encargado de hacerla. En Teherán, la televisión estatal emitió un mensaje en el que asegura que Irán "ha obligado a Estados Unidos a ceder para aceptar la paz". Kazem Ali Gharibabadi, viceministro de Exteriores, aseguró que "el enemigo, que atacó para llevar a cabo sus siniestros objetivos, sufrió una derrota en todos ellos, y la República Islámica de Irán obtuvo grandes victorias en la guerra. Hemos incluido todas nuestras posiciones importantes en el borrador del acuerdo", concluyó.

Gharibabadi insistió en que "pronto, con transparencia" se informará sobre los detalles del acuerdo de paz, pero solo se hará público tras la firma del acuerdo este viernes.

A pesar del anuncio del acuerdo, permanecen muchas incógnitas sobre los detalles del memorando.

La Administración estadounidense había fijado como principal objetivo de las negociaciones lograr que la República Islámica renunciara a cualquier ambición de obtener un arma nuclear y cediera a Estados Unidos su material enriquecido para su destrucción.

Irán, que siempre ha sostenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos, ha exigido a Estados Unidos el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes bloqueados.

La agencia de noticias iraní IRNA ha reportado que el borrador del acuerdo prevé 60 días de conversaciones sobre temas nucleares y el levantamiento total de las sanciones como confirma Axios. Siempre, y según su versión, el borrador excluye el programa de misiles iraní y el apoyo a los grupos de resistencia de las negociaciones finales.

Exteriores ha afirmado que el memorando suspende las sanciones impuestas a las ventas iraníes de petróleo y productos petroquímicos.

Por su parte, Vance afirmó en Fox News que la República Islámica "nunca tendrá un arma nuclear". "Debemos celebrar que podemos afirmar con seguridad, con confianza, que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tenemos mucho trabajo por hacer pero tuvimos una gran victoria esta noche", declaró.

En el comunicado de Gharibabadi se asegura que como "el presidente de Estados Unidos reconoció (en su mensaje)" se producirá "el levantamiento y la finalización del bloqueo naval (de Ormuz)", destacó.

En este sentido, confirmó que "naturalmente" se reabrirá el Estrecho de Ormuz, uno de los epicentros del comercio mundial y por donde transita el 20% del petróleo mundial, pero también, solo sucederá tras la firma del acuerdo.

Según informó la agencia oficial de noticias iraní FARS, las partes han decidido que todo el tráfico marítimo a través del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz sea regulado directamente por Irán en estricta coordinación con el Sultanato de Omán. Una cuestión que ya se hizo pública hace unos días por parte de Irán en la que se aseguraba que ambos países compartirían la gestión del Estrecho, asegurando así a Irán la soberanía sobre unas aguas que son estratégicas para la región y para el mundo.

Trump, por su parte y para evitar ceder ante lo que parece una derrota, aseguró que se producirá un levantamiento gradual y condicionado de las sanciones económicas, pero bajo ningún concepto Irán "recibirá dinero en efectivo" de forma inmediata.

Lindsey Graham, uno de los 'halcones' de Trump y senador por Carolina del Sur, ha expresado su preocupación por el acuerdo entre ambos países después de que presionase a Trump por ser más duro. “Me preocupa [el acuerdo] porque la visión de Irán parece diferente de lo que el equipo negociador estadounidense reclama”, dijo en X.

El acuerdo que se firmará el próximo viernes —y anunciado por Pakistán— busca poner fin a una guerra que se inició el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Trump, que había prometido que la guerra terminaría en cinco semanas y que derivaría en un cambio de régimen en Irán, se vio forzado a negociar con Irán una salida al conflicto, acuciado por una escalada del precio de la gasolina y una caída de popularidad dentro de su propio partido y del país.

Teherán, que nombró como sucesor al hijo del ayatolá Jameneí, Mojtaba, —en lo que es una continuación del régimen— ha respondido con ataques contra Israel y las bases estadounidenses en los diferentes países de la región, además de bloquear el paso por el Estrecho de Ormuz.

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron dispuestos a levantar sanciones a Irán "en respuesta a medidas claras y verificables por parte" de la República Islámica "en relación con su programa nuclear". En el comunicado conjunto subrayan que Irán "jamás debe hacerse con un arma nuclear" e insisten en que es "vital que las negociaciones detalladas concluyan y que este acuerdo se implemente de forma rápida e integral. Estamos dispuestos a apoyar este esfuerzo", señalaron en la declaración conjunta.

Japón, Australia o la Unión Europea también han celebrado el acuerdo y han insistido en la reapertura lo más pronto posible del Estrecho de Ormuz.

"Debe restablecerse la libertad de navegación sin restricciones. Esto es esencial para la estabilidad regional y la economía mundial. Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Medio", indicó a través de redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La presidenta destacó que el pacto fue posible "tras los continuos esfuerzos diplomáticos de varios socios" y que ahora la prioridad es "su rápida y plena aplicación por parte de todas las partes.

El mundo árabe también ha celebrado la noticia. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, expresó su esperanza de que este avance constituya un paso significativo hacia "el fin definitivo de la agresión iraní e israelí contra los territorios árabes".

Donald Trump ha ordenado construir en el jardín sur de la Casa Blanca una enorme estructura de acero coronada por un arco de 600 toneladas para celebrar un evento de artes marciales mixtas el día de su cumpleaños. Este domingo, la residencia del presidente estadounidense acogerá el primer evento deportivo profesional de toda su historia: una jornada de combates que, sobre el papel, busca conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, aunque para esa efeméride aún quedan tres semanas.

Está previsto que se celebren siete peleas de artes marciales mixtas, todas masculinas, y una de ellas estará protagonizada por el luchador de nacionalidad española Ilia Topuria, que se enfrentará al estadounidense Justin Gaethje en peso ligero. Presenciarán los combates en vivo unos 4.000 militares, además de la familia del presidente, miembros de su gabinete, congresistas y donantes. La gran mayoría de los famosos invitados ha rechazado asistir. Un poco más lejos, decenas de miles de espectadores seguirán el evento a través de las pantallas que la organización está instalando en los alrededores de la Casa Blanca. 

Para terminar de dar solemnidad a las peleas, el pesaje tendrá lugar en el Memorial de Lincoln, donde se alza la estatua de mármol de casi seis metros de altura del expresidente, una figura que remite directamente a la célebre estatua de Zeus en el Monte Olimpo. Washington está lleno de homenajes a los presidentes más importantes de la historia de EEUU, homenajes que recuerdan a Trump que él también quiere pasar a la historia. Pero no una vez haya salido del cargo, sino ya, ahora, de su propia mano.

Las peleas de este domingo tienen esa aura, esa búsqueda de la atención. Lo que en otros presidentes habría sido impensable por pudor, por miedo a las críticas del electorado o por respeto a lo políticamente aceptable, en Trump se convierte en un sí directo. En este caso, el cumpleaños costará unos 60 millones de dólares, financiados por la Ultimate Fighting Championship (UFC), la mayor organización de artes marciales mixtas del mundo. Su presidente y y consejero delegado es Dana White, multimillonario y amigo de Trump. La propia UFC ha vendido entradas para el evento por más de un millón de dólares cada una. A su vez, Trump ha comprado acciones por valor de entre 15.000 y 50.000 dólares en la compañía matriz de la UFC.

Así justificaba este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, la celebración del evento: "Estados Unidos y el ideal detrás de EEUU es lo imposible, que alguien te dice que no podrás hacerlo o que nunca va a pasar, la idea entera alrededor de EEUU es la audacia. El país está fundado en el principio de que tus derechos no vienen del gobierno ni de tus líderes, sino del Creador, pero además de eso, todo lo que hemos hecho como nación, como poner un hombre en la Luna y traerlo a salvo a la tierra (...). Somos una nación fundada en hacer lo que nadie se atrevió a hacer. Y de cierta manera esto es lo que esta empresa de la UFC ha sido”.

El año pasado, Trump ya organizó un gran desfile militar por Washington para conmemorar el 250 aniversario del Ejército de EEUU, la más antigua de las seis ramas de las Fuerzas Armadas del país, creada el 14 de junio de 1775. Pero al coincidir con el día de su 79 cumpleaños, el acto provocó críticas por la politización del Ejército y comparaciones con los despliegues típicos de regímenes autoritarios. En el primer mandato de Trump también se intentó llevar a cabo un desfile similar, pero el Pentágono lo rechazó por miedo a que pareciera demasiado político.

Más allá del pudor y de lo políticamente correcto, lo que muchos consideran es que el uso que hace Trump de los espacios y recursos públicos es corrupción. En esa línea, una organización sin ánimo de lucro centrada en la vigilancia de la corrupción en las instituciones públicas presentó la semana pasada una demanda para intentar detener el combate. En ella alegan que el presidente está utilizando su poder para favorecer a su amigo y aliado Dana White, y para ganar dinero él mismo como inversor en la UFC, una alianza que, según sostienen, vulnera numerosas leyes y normas. Entre otros argumentos, los demandantes apuntan que se trata de un evento privado con ánimo de lucro y que la ley restringe el uso privado de las zonas monumentales de Washington, consideradas parques nacionales. La demanda también advierte de que el Congreso no ha autorizado la transformación de la Casa Blanca.

Trump también ha planeado una carrera de coches IndyCar que convertirá en agosto las calles de Washington y los principales monumentos de la capital en una pista de carreras, así como una serie de conciertos que ahora están en el aire. La organización preveía que distintos grupos pasaran durante 16 días por el National Mall para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos y, de nuevo, coincidiendo con el cumpleaños del presidente.

Pero después de que varios participantes cancelaran su asistencia alegando que no se les había informado de que el evento tendría carácter político, el presidente pidió cancelar los conciertos. “Canceladlos”, escribió en Truth Social. “Deberíamos tener un enorme MITIN PARA HACER A EEUU GRANDE OTRA VEZ por el 250 aniversario, en lugar de cantantes sobrepagados a los que nadie quiere escuchar, cuya música es aburrida, y que no hacen otra cosa que quejarse”. En la misma publicación, Trump se refirió a sí mismo como “la atracción número uno del mundo” y “el hombre que consigue públicos mucho más grandes que Elvis en su mejor momento”.

Aunque todo apunta a que los conciertos no podrán celebrarse finalmente, y a que tampoco asistirán al menos cinco estados del país, que han declinado acudir, la “feria” de 16 días con actuaciones musicales, exhibiciones y otros eventos sí tendrá lugar en el National Mall, además del mitin de Trump.

Más allá de la búsqueda de la grandeza, detrás de la celebración de estas peleas también está el deseo de Trump de dar más peso al mundo del deporte y mostrarse más cercano a él. En ese contexto, el mes pasado recibió a miembros de la selección masculina de hockey sobre hielo, que ganó el oro en las pasadas olimpiadas, y hace unas semanas también organizó un evento con la selección de la MLS 2025. En esa misma línea, el presidente dijo en diciembre que acogería en la Casa Blanca la sede de unos "juegos patriotas" en los que participarían alumnos de instituto de todo el país.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará el 16 de julio la sentencia sobre la ley de amnistía para determinar si los gastos del procés pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si el olvido de los delitos de terrorismo es conforme a las normas comunitarias.

El servicio de prensa del tribunal informó este viernes de que la corte con sede en Luxemburgo resolverá las cuestiones prejudiciales que le han planteado el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la responsabilidad contable de los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, entre otros; y la acusación de terrorismo a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), respectivamente.

Pero la sentencia también marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que ha presentado Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación, en un fallo que puede ser fundamental para su regreso a España.

El pronunciamiento del TJUE viene precedido de la opinión que el abogado general Dean Spielmann publicó el pasado 13 de noviembre avalando los principales puntos de la ley de amnistía, al considerar que no perjudica a las finanzas europeas y que responde al interés general.

Spielmann refutó la interpretación del Tribunal de Cuentas —que comparte el Tribunal Supremo al no amnistiar la malversación— de que la secesión de Cataluña hubiese reducido la Renta Nacional Bruta de España y, en consecuencia, su aportación al presupuesto comunitario.

Siguiendo este criterio, señaló el abogado general, se tendría que haber considerado que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en 2020 fue ilegal porque también afectó al presupuesto comunitario.

Y añadió además que no se puede establecer "un vínculo de conexión directa" entre los gastos del procés y las cuentas de la UE, en parte porque el Tribunal de Cuentas no aportó "ningún elemento que indique que se utilizaran fondos procedentes del presupuesto de la Unión" para promover la independencia de Cataluña.

En contra de lo que cree la Comisión Europea, el abogado general negó también que la ley del olvido sea una "autoamnistía" porque no busca "proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales", sino "dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación".

El abogado general tampoco vio ninguna incompatibilidad entre la directiva europea de lucha contra el terrorismo y la ley de amnistía porque "conlleva meramente una desactivación parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza".

Según el letrado, la amnistía "cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" y no incluye entre los delitos perdonados aquellos que supongan violaciones graves de derechos humanos, principalmente las infracciones de los derechos a la vida y a la integridad física, que excluye explícitamente.

No obstante, pese a avalar los principales aspectos de la amnistía, el abogado general cuestionó algunos de sus aspectos procedimentales, principalmente los dos meses de plazo que la ley da a los jueces para que decidan si deben aplicarla, porque "podrían ser incompatibles" con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Sus conclusiones no son vinculantes, aunque estadísticamente suelen coincidir con las sentencias que acaba dictando el TJUE.

Los disturbios antiinmigración vuelven a sacudir Belfast por segunda noche consecutiva tras el apuñalamiento e intento de asesinato cometido este lunes por un ciudadano sudanés contra un británico.

Coches, autobuses y viviendas de extranjeros han sido el centro de las protestas de los ciudadanos de extrema derecha que han salido a las calles belfianas a condenar dicho atentado. La policía tuvo que utilizar cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Sandyknowes, en las afuera de Belfast, después de que se congregaran unas 200 personas y lanzaran piedras y botellas contra la policía que trataba de contenerlos. En estos disturbios, según asegura el medio británico Belfast Live, fueron detenidas 16 personas y 12 policías resultaron heridos.

Según este medio, el más popular en Irlanda del Norte, los manifestantes trataron de llegar al Hotel Chimney Court, lugar donde suelen alojarse los inmigrantes a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo político. Además, la Policía de Irlanda del Norte alertó horas antes de que se habían compartido datos de contacto y señalado viviendas donde habitan inmigrantes, incitando a nuevas protestas, como la noche anterior, donde se quemaron casas para obligar a los migrantes a salir de las viviendas.

Las protestas no solo se han producido en Belfast, se han extendido a ciudades como Glengormley, Newtownabbey, Derry y Stormont, donde la mayoría de los disturbios han sido causados por grupos de jóvenes encapuchados y vestidos de negro.

En un gesto inusual en la política británica, tanto nacionalistas como unionistas publicaron un comunicado conjunto en el que pedían calma ante la ola de terror que se avecinaba tras una primera noche de caos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó las escenas de Belfast como "impactantes y completamente inaceptables" y aseguró que "no hay justificación para la violencia y el desorden que presenciamos, que amenazaron a nuestras comunidades, ni para quienes los incitaron, ya sea en línea o en cualquier otro lugar. Es evidente que anoche se atacó a personas por su origen y no lo toleraré", afirmó el jefe del Ejecutivo.

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, calificó a los responsables de los disturbios como “actores de mala fe”, según recogió Reuters. En sus palabras, se trata de actores que “probablemente habrían tenido dificultades para localizar la provincia en un mapa, pero que han intentado instrumentalizar el miedo y la indignación comprensibles tras el acuchillamiento para atacar a personas con el mismo color de piel [del agresor]”.

Por su parte, la familia de Ogilvie ha pedido calma y publicado un comunicado condenando los "repugnantes" disturbios que se están viviendo en las calles belfianas, así como en otras ciudades del norte.

Mientras, el juez Steven Keown denegó la libertad bajo fianza a Alodid al alegar que los riesgos eran "demasiado grandes" y aceptar la posición de la Policía norirlandesa que advirtió de que su puesta en libertad provisional podría desencadenar más disturbios ante el clima de tensión racial en la región.

Si bien unos políticos criticaron el hecho de los disturbios, otros como Tommy Robinson o Rupert Lowe, líderes de partidos de extrema derecha, centraban el tiro en el intento de decapitación de Stephen Ogilvie a manos de Hadi Alodid y animaban a salir a las calles. "Todo el Reino Unido se echa a las calles esta tarde [el miércoles] a las 7 de la tarde después de un nuevo ataque de los invasores contra nuestro pueblo", escribió Robinson en su cuenta de X.

Lowe se atrevió a afirmar que “debemos dejar de acoger a quienes desean decapitar niños. Un número enorme de personas debe ser expulsado de nuestro país; cuando digo enorme, lo digo en serio. Millones y millones deben irse o ser obligados a irse”.

Tras esto, Starmer alertó que los responsables de los disturbios sentirán "todo el peso de la ley" al tiempo que agradeció a las fuerzas del orden de la provincia británica de Irlanda del Norte la "valentía" para velar por la seguridad de la población.

Pero no solo han sido los británicos quienes han llamado a la acción en uno u otro bando, también Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla y X, ha publicado varios tuits que han despertado el aviso de Ofcom, la agencia reguladora británica, para advertir que tomará medidas “para combatir el odio y el terrorismo” que circulan en las redes.

La ristra de tuits del fundador de Tesla ha ido desde pedir la deportación masiva hasta defender la violencia de los disturbios: “Millones deben irse (de aquí)”; “nada importa más que si la civilización cae”; “¡Migrantes asesinos que decapitan a personas inocentes en su ciudad natal es lo que está enfureciendo a la gente, no las redes sociales!“.

El próximo 15 de junio la selección de Irán saltará al césped del SoFi Stadium de Los Ángeles para medirse a Nueva Zelanda en su primer partido del Mundial de fútbol. Lo hará en suelo estadounidense mientras su país y el país anfitrión, pese a un alto el fuego que nunca llegó a cuajar —”en esa zona del mundo, ‘alto el fuego’ significa disparar de forma más moderada”, declaró Trump la semana pasada—,  siguen inmersos en un conflicto bélico. 

La tregua pactada a comienzos de abril se ha descosido por completo. Solo en los últimos días, Washington y Teherán han vuelto a bombardearse —el 9 de junio ambos ejércitos lanzaron ataques aéreos después de que Irán derribara un helicóptero del Ejército estadounidense—, mientras Washington sostiene desde abril un bloqueo naval sobre los puertos iraníes y Trump advierte de que Irán “tendrá que pagar el precio” por el estancamiento de las conversaciones. 

La selección de Irán disputará toda su fase de grupos en la costa oeste de Estados Unidos, con dos citas en Los Ángeles y una en Seattle, pero mantendrá su base fuera de los Estados Unidos, en la ciudad fronteriza de Tijuana, México. Los jugadores podrán entrar, pero los aficionados, en su mayoría, no. Irán figura entre los 19 países sometidos a la prohibición total de entrada que firmó Donald Trump al tomar el cargo, que veta —con excepciones para deportistas y diplomáticos— a los nacionales de esos Estados. El propio presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, llegó a ver denegado su visado para entrar en el país anfitrión, antes de que la federación rectificara 

La ironía alcanza incluso al hombre que preside ese torneo. El pasado febrero, Gianni Infantino obtuvo la nacionalidad libanesa —la de su esposa Leena Al Ashqar— de mano del presidente del Gobierno de ese país, en una excepción a la ley nacional que no permite a las mujeres libanesas pasar la ciudadanía a sus hijos o maridos extranjeros. Líbano no está en el veto de entrada de Trump, pero sí en la lista de países cuyos ciudadanos afrontan nuevas trabas para llegar a Estados Unidos: una pausa en los visados de migración y servicios consulares limitados en Beirut. A Infantino nada de eso le afecta porque, al contrario que la mayoría de sus nuevos compatriotas, viaja con pasaporte europeo. 

El Mundial de 2026 es, antes que nada, el escenario de un entendimiento entre dos hombres que llegaron a lo más alto de sus respectivas carreras presentándose como la ruptura con el viejo orden.

Donald Trump, heredero de un imperio inmobiliario reconvertido en estrella de televisión y luego en presidente, construyó su carrera política sobre el discurso del outsider frente al orden establecido. Su trayectoria arrastra un historial judicial sin precedentes para un presidente estadounidense. En agosto de 2025, un tribunal de apelación de Nueva York anuló por excesiva la sanción de unos 500 millones de dólares del caso de fraude civil, pero mantuvo la declaración de que Trump infló su patrimonio durante años para obtener mejores condiciones de bancos y aseguradoras, así como los vetos para dirigir empresas en el estado; ambas partes recurrieron. En enero de 2025 fue sentenciado, tras ser declarado culpable de 34 delitos de falsificación de registros mercantiles, a una “absolución incondicional” que mantiene la condena sin imponer pena. Y un tribunal federal confirmó que abusó sexualmente y difamó a la escritora E. Jean Carroll en los años 90, ratificando una indemnización de cinco millones de dólares.

Gianni Infantino encarna una versión administrativa del mismo arquetipo. Abogado nacido en Suiza, hijo de emigrantes italianos, hizo carrera no en el terreno de juego —nunca ha sido futbolista— sino en los despachos: secretario general del Centro Internacional de Estudios del Deporte de Neuchâtel y, desde 2000, escalando peldaños en la UEFA, la homóloga europea de la FIFA, hasta su secretaría general. En 2016 ganó la presidencia de la FIFA sobre las ruinas del régimen de Joseph Blatter, vendiéndose como el candidato de la limpieza y la transparencia.

Como en el caso de Trump, el relato de la limpieza convive con un expediente judicial extenso. Su nombre apareció en los ‘Papeles de Panamá’: siendo director de servicios jurídicos de la UEFA, firmó en 2006 un contrato de derechos de televisión con Cross Trading, la sociedad de Hugo y Mariano Jinkis, imputados después en la trama de sobornos investigada por Estados Unidos. La policía federal suiza registró las oficinas de la UEFA en Nyon por sospechas de gestión desleal sin hallar pruebas de que Infantino cobrara ningún soborno ni mordida en aquellas operaciones. 

Más tarde, entre 2016 y 2017, ya en el máximo organismo del fútbol mundial, Infantino mantuvo reuniones no registradas con el fiscal general suizo, Michael Lauber, que investigaba la corrupción en la FIFA. Las autoridades abrieron en 2020 diligencias penales contra Infantino por abuso de cargo público, violación del secreto oficial y favorecimiento, al apreciar “indicios de conducta delictiva”; Lauber dimitió tras concluir un tribunal que había incumplido sus deberes y mentido a los investigadores. Infantino sostuvo que reunirse con el fiscal general era “perfectamente legítimo y legal”. Las diligencias se archivaron en 2023 sin hallar pruebas de delito. Esta misma semana, el expresidente de la UEFA y exestrella de la selección francesa, Michel Platini, ha demandado a Infantino por difamación y tráfico de influencias durante la candidatura que le llevó a presidir la FIFA en 2016.

Más allá de su expediente judicial, hay un gesto que retrata su relación con el cargo mejor que cualquier sentencia. Cuando la FIFA presentó en noviembre de 2024 el nuevo trofeo del Mundial de Clubes, de oro y fabricado por la lujosa firma Tiffany, el nombre de Infantino estaba grabado dos veces en él: una como “Presidente fundador, Gianni Infantino”, con su firma, y otra en una inscripción que atribuye la propia competición a su inspiración. 

El trofeo, con el nombre de Infantino inmortalizado en él antes de que nadie pudiera levantarlo, se exhibió primero en el Despacho Oval de la Casa Blanca, luego viajó hasta la Trump Tower y permaneció allí hasta la final del torneo, un trasiego que la propia empresa familiar celebró como “un trofeo icónico en una ubicación legendaria”. Durante cinco días, y como preludio de lo que viene este verano, el fútbol mundial pasó a instalarse, literalmente, dentro del patrimonio personal del presidente de Estados Unidos.

Infantino estuvo presente en la toma de posesión de Trump como presidente el 20 de enero de 2025, después de haber sido recibido ese mismo mes en Mar-a-Lago. El 7 de marzo de ese año Trump firmó en el Despacho Oval, junto a Infantino, una orden ejecutiva que crea un “grupo de trabajo” de la Casa Blanca para el Mundial 2026 que él mismo preside, con el vicepresidente J.D. Vance como número dos. Ese día, Infantino agradeció al presidente la creación del grupo “porque es importante que todos los que vengan a América se sientan seguros y bienvenidos”. Cuando Trump le preguntó si Estados Unidos podía ganar el torneo y el suizo respondió que sí, "con el público detrás", el presidente lo zanjó con un comentario revelador: “Sabe lo que hay que decir”.

En la misma comparecencia, Infantino lanzó la idea de que la FIFA promoviera una “criptomoneda de la FIFA”, uno de los negocios favoritos de Trump, que ha respaldado su propia criptomoneda, con un beneficio superior a los 500 millones de dólares. De la idea de Infantino no se ha vuelto a saber nada, pero donde sí llegó a materializarse la alianza entre ambos fue en otro de los grandes negocios de Trump, el ladrillo. En julio de 2025, la FIFA abrió una oficina en la Trump Tower de Nueva York, anunciada por Infantino en la sede de la Trump Organization, al presentar el trofeo del Mundial de clubes.

El sello del idilio llegó el 5 de diciembre de 2025. En el sorteo del Mundial, en el Kennedy Center de Washington, Infantino entregó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA, que el mandatario calificó de “uno de los grandes honores de mi vida”. El presidente de la FIFA llevaba meses avalando la candidatura autoimpulsada por Trump para ganar el Nobel de la Paz por su papel en el alto el fuego en Gaza. El Nobel acabó recayendo en la venezolana María Corina Machado, que a su vez se lo cedió a Trump, pero el máximo dirigente del fútbol mundial decidió que no era suficiente. 

La cercanía con el poder político no es una novedad de la era Trump, sino el método con el que Infantino ha gobernado el fútbol mundial. En 2019, apenas tres años antes de su invasión sobre Ucrania, Vladimir Putin condecoró al presidente de la FIFA con la Orden de la Amistad rusa, después de que Infantino elogiara la organización del Mundial de 2018.

Pero el episodio que mejor define su modo de defender a los anfitriones llegó en Doha. En la víspera del Mundial de Qatar 2022, ante las quejas de organizaciones sociales por el trato del país a los trabajadores de las obras del Mundial, Infantino decidió abrir la primera rueda de prensa del torneo con un monólogo de casi una hora: “Hoy me siento qatarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento discapacitado, me siento trabajador migrante”, aseguró, antes de reprochar a los europeos que dieran "lecciones morales”. Más adelante en su discurso, por si había dudas, Infantino admitió ser consciente de no pertenecer a ninguno de los colectivos nombrados, pero afirmó entender perfectamente sus luchas puesto que de niño “sufrió acoso escolar por ser pelirrojo”. Ante las preguntas de los reporteros, añadió que también se sentía mujer, ya que tiene tres hijas. 

Los datos contrastan con la retórica y los sentimientos de pertenencia a diversas minorías que Infantino experimentaba el día de su rueda de prensa. Una investigación de The Guardian reveló en 2021 que más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladés y Sri Lanka habían muerto en Qatar entre 2011 —cuando le fue concedido el Mundial— y 2020. La cifra deja fuera a países como Filipinas y Kenia, desde donde también acudieron miles de trabajadores, aunque para los países incluidos contempla todas las causas de muerte y sectores laborales, no solo los relativos a las obras de los estadios. Sin embargo, los expertos consideraron “probable” que una “gran mayoría” de los fallecimientos estuviera directamente relacionada con las obras del Mundial. 

Qatar rebatió drásticamente la cifra: el comité organizador del torneo habló de tres muertes directamente vinculadas a la construcción de estadios y 37 por otras causas, aunque más tarde, su secretario general, Hassan al Thawadi, llegó a estimar entre 400 y 500 los trabajadores fallecidos en proyectos conectados con el torneo.

El patrón de blanqueamiento a los regímenes del Golfo se cerró con el premio mayor. En diciembre de 2024, la FIFA adjudicó el Mundial de 2034 a Arabia Saudí, única candidatura presentada. Un comunicado conjunto de 21 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, lo calificó de “momento de gran peligro” para los derechos humanos, y la Sport & Rights Alliance advirtió de que la FIFA había descartado sus propias políticas de derechos humanos a sabiendas del riesgo para los trabajadores y visitantes del torneo. 

Desde 2018 y hasta el Mundial de 2034, las cinco ediciones del torneo se habrán celebrado en cuatro países donde la homosexualidad —Qatar, Marruecos, Arabia Saudí— o su expresión pública —Rusia— se castiga con penas de cárcel, según datos del índice Equaldex.

La programación de la Feria del Libro de Madrid se convirtió este miércoles en uno de los terrenos más sensibles de la diplomacia y la política exterior en España tras la inclusión en su agenda oficial de la mesa redonda titulada “Sáhara: patrimonio, identidad y vías de desarrollo a la luz de las transformaciones contemporáneas”.

El Frente Polisario, junto a diversos colectivos saharauis y de solidaridad con su causa, había solicitado formalmente su cancelación por considerarla un dispositivo de propaganda diseñado para normalizar y validar de forma sutil la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, utilizando para ello el paraguas de un foro cultural de gran prestigio internacional financiado parcialmente con fondos públicos españoles.

La Feria del Libro de Madrid ha retirado finalmente de su programación la charla, que había sido propuesta por uno de los expositores del certamen.

La organización reconoce que esta actividad nunca debió formar parte del programa. En un comunicado, admite que la propuesta no se ajusta a los criterios de pluralidad, neutralidad institucional y sensibilidad exigibles a un espacio cultural de carácter público y abierto. La feria atribuye la inclusión a un fallo en sus mecanismos internos de supervisión y validación de contenidos, y precisa que la retirada se produjo tan pronto como se detectó la situación.

La nota subraya que la Feria del Libro no debe convertirse en vehículo de promoción de posiciones políticas unilaterales sobre conflictos internacionales. La organización anuncia que reforzará sus procedimientos de validación para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

El comunicado incluye también una mención expresa a Iberia. El acto estaba previsto en el Espacio Talento a bordo, que lleva el nombre de la aerolínea, pero la feria precisa que la compañía no participó en ningún momento en la organización, selección, programación ni contenido de la charla. La organización lamenta las molestias que el episodio haya podido causar a patrocinadores, participantes, medios de comunicación, entidades colaboradoras y público asistente.

“Actos de este tipo”, sostuvo el Polisario para pedir la cancelación del evento, “contribuyen, de manera evidente, a la estrategia de asimilación cultural y territorial llevada a cabo por Marruecos, con especial ahínco durante los últimos años”.

El debate, programado inicialmente en el Paseo del Retiro, no era meramente cultural, sino profundamente terminológico y de derecho internacional, ya que el análisis de los datos disponibles en la ficha oficial de la Feria revelaba cómo la estructura, el lenguaje, los organizadores y el elenco de participantes se alineaban de forma nítida con la narrativa oficial que el Reino de Marruecos promueve respecto al territorio. Al mismo tiempo, el evento ponía bajo el foco a los grandes patrocinadores globales de la cita literaria y a las instituciones públicas españolas que avalan el conjunto de la programación.

La propia descripción oficial de la mesa redonda explicitaba que el acto constituía la sesión de clausura de un simposio científico organizado por investigadores del sur de Marruecos sobre las características culturales del Sáhara marroquí, añadiendo que se abordarían cuestiones relativas a la arqueología y la historia en la región de Laayoune-Sakia El Hamra.

Desde el punto de vista del análisis de las relaciones internacionales, este planteamiento posee una carga política muy clara al asumir como premisa de partida la integración del territorio bajo la soberanía de Rabat e ignorar por completo el estatus legal de la región según la Organización de las Naciones Unidas, que sigue clasificando al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo pendiente de descolonización.

Al adoptar la nomenclatura de las regiones administrativas creadas por el Estado marroquí y omitir el derecho a la autodeterminación o la existencia de una población que impugna formalmente dicha administración, la actividad opera dentro de los márgenes de la diplomacia cultural o del poder blando para naturalizar ante la opinión pública española una situación de hecho, despojando al territorio de su naturaleza de conflicto internacional latente.

El entramado organizativo ofrecía además datos clave sobre el origen y el propósito de la actividad, dado que la programación identificaba como entidad organizadora principal a Al-Maghrib, término árabe que significa literalmente Marruecos y que se vincula de manera directa a estructuras dedicadas a la difusión de las tesis estatales de Rabat fuera de sus fronteras.

El desglose de los investigadores participantes confirmaba también la homogeneidad absoluta del panel, donde no existía representación de académicos españoles independientes ni de investigadores saharauis vinculados al Frente Polisario o a la República Árabe Saharaui Democrática.

La trayectoria de los ponentes anunciados se correspondía con perfiles propios del aparato institucional marroquí, como es el caso de Slimane Douih, cuya trayectoria investigadora aparece vinculada al Center of Hassani Studies and Research de El Aaiún, una institución dependiente del Ministerio de Cultura de Marruecos creada específicamente para estudiar el patrimonio hassaní bajo el prisma de su consideración como un elemento integrante de la identidad global del Reino.

Junto a él participaban Najat Fakhour, cuya presencia digital la sitúa en el ámbito de la producción literaria que normaliza dicha realidad territorial y que comparte contenidos alineados con el consulado marroquí de Tarragona; Aidda Lakhrif, un perfil académico joven encuadrado en el ecosistema educativo de instituciones superiores afines a Marruecos; y Mohammed Bounit, un investigador local asentado en El Aaiún cuya actividad pública orbita de manera constante en torno al concepto del Sáhara marroquí.

En conjunto, se trataba de un bloque homogéneo que constataba la ausencia deliberada de cualquier voz disonante que pudiera confrontar la tesis de la soberanía de Rabat.

Uno de los puntos de mayor fricción política e institucional radicaba en el soporte económico de la Feria del Libro de Madrid, un evento organizado por la Asociación de Empresarios del Comercio del Libro de Madrid que cuenta en su cartelería oficial con corporaciones líderes del mercado español como CaixaBank, Iberia, Vips y Repsol.

Estas empresas operan como patrocinadores generales del conjunto de la Feria y sufragan la infraestructura general del paseo sin realizar un patrocinio finalista de esta mesa concreta, pero su presencia genera implicaciones reputacionales sustanciales, dado que todas ellas mantienen importantes intereses comerciales y estratégicos en el Reino de Marruecos, ya sea mediante la operación de rutas aéreas regulares, exploraciones energéticas históricas o la financiación de proyectos empresariales españoles en el mercado marroquí.

La inclusión de un acto político de estas características bajo su paraguas corporativo abría interrogantes sobre los filtros de control de los departamentos de responsabilidad social de las grandes empresas y sus compromisos respecto a las directrices de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en zonas de conflicto.

El cuestionamiento político se trasladaba de igual modo al plano de la administración pública española, ya que la Feria del Libro cuenta con el respaldo institucional, logístico y económico del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, además del soporte técnico de entidades como Casa África o Casa Árabe.

Al otorgar el sello oficial de las administraciones madrileñas a través de subvenciones y del uso del espacio protegido del Parque de El Retiro, las instituciones quedaban asociadas de forma indirecta a unos contenidos que introducen una contradicción explícita con la postura oficial del Estado español en materia de derecho internacional.

España sigue siendo considerada por la ONU como la potencia administradora de iure del Sáhara Occidental y, aunque los giros políticos bilaterales hayan modificado la afinidad hacia la propuesta de autonomía de Rabat.

Donald Trump cumplió su amenaza. Después de que Irán derribase el pasado lunes por la tarde un helicóptero Apache, el presidente de Estados Unidos anunció una respuesta "muy firme y muy potente" y así esta siendo. Además, ha asegurado que "¡El matón de Oriente Medio está muerto! [en referencia a Irán]"

El Apache derribado cayó cerca de Omán y sus dos pilotos fueron rescatados en una nueva operación del Ejército estadounidense y se encuentran "sanos y salvos e ilesos" como confirmó Trump en redes sociales.

La respuesta "proporcional a la agresión iraní injustificada" a este primer ataque ha sido una serie de ataques contra objetivos iraníes, que incluyen sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del Estrecho de Ormuz, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) durante esta madrugada.

Tras este ataque se han sucedido diferentes agresiones por parte de Irán. Los medios estatales iraníes como la agencia de noticias Fars informaban de explosiones en diversos puntos cercanos al Estrecho de Ormuz, en el sur de su país, mientras el ministro de Exteriores iraní, Abás Araghchí, aseguraba en redes sociales que “Estados Unidos ha optado por poner a prueba nuestra determinación, pese a sus derrotas en el campo de batalla. Nuestras Poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ninguna amenaza o ataque sin contestar”.

“Abandonen nuestra región si quieren estar a salvo. La historia del golfo Pérsico tiene muchos capítulos sobre destinos terribles de extranjeros entrometidos”, agrega el dirigente iraní.

En el comunicado que ha publicado Fars, Teherán advirtió a los países del golfo Pérsico sobre su "responsabilidad" de impedir cualquier uso de su territorio por parte del Ejército estadounidense. Con este aviso, la república islámica 'se cubría las espaldas' para justificar así los ataques contra las bases estadounidenses en los vecinos Baréin y Jordania, mientras que Kuwait se vio obligado a activar su defensa antiaérea.

La Guardia Revolucionaria señaló que los objetivos en este ataque de represalia fueron la Quinta Flota de los Estados Unidos, —en Baréin— y una base aérea estadounidense en Jordania.

“Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos otros lenguajes con mucha mayor fluidez. Rompan sus compromisos, y cambiaremos a aquel en el que nos expresamos mejor”, ha escrito el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. “Se recoge lo que se siembra”.

Por su parte, el Ejército jordano dijo que interceptó cinco misiles lanzados por Irán por lo que no se han registrado "ni víctimas ni daños materiales", informa la Agencia de Noticias de Jordania.

Durante estos días, Irán e Israel también han intercambiado ataques, lo que llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

Estos ataques provocaron la salida de Irán de la mediación para el alto el fuego que se está llevando en Pakistán. Lo hizo después de que Israel intensificara su ofensiva en Líbano, tras la entrada en juego de Hezbolá, y ordenara la evacuación de los suburbios chiíes al sur de Beirut con la intención de atacarlos. Con ese ambiente, fue entonces cuando Trump telefoneó a Netanyahu para pedirle que no atacara la capital libanesa ni sus alrededores. No sucedió. Israel bombardeó la zona vetada, Irán atacó a su vecino y el alto el fuego saltó por los aires.

El martes, pese a las llamadas de Trump pidiendo el cese de hostilidades, Israel mató al menos a 29 personas en la ciudad de Tiro, la mayor del sur de Líbano.

Pero Trump, que hasta este miércoles, era positivo en cuanto al fin de la guerra en Oriente Medio y aseguraba que la paz en la zona y entre ambos países podría llegar en “dos o tres días”, desde su red social ha asegurado que "Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!".

Asimismo, insinuó que su país está preparando nuevos ataques contra Irán: "Podría seguir adelante. (Los líderes iraníes) tuvieron la oportunidad de firmar un acuerdo y sobrevivir", dijo Trump a Fox News.

Las muertes en el conflicto armado que saharauis y marroquíes reanudaron en 2020 se suceden casi de forma ininterrumpida. Pero, esta vez, entre los que han perdido la vida está uno de los miembros de la dirección del Frente Polisario, la organización que desde hace 50 años mantiene en pie, en el frente diplomático pero también en el militar, la bandera de la autodeterminación de la antigua colonia española. Y eso ha obligado a la política española a volver la mirada hacia sus propias responsabilidades.

La confirmación de la muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz el pasado domingo marca un punto de inflexión en la guerra iniciada hace cuatro años. El dirigente era hijo del histórico líder saharaui Mohamed Abdelaziz, quien dirigió la organización hasta su fallecimiento en 2016, y ostentaba cargos de máxima relevancia como miembro del Secretariado Nacional y comandante de la primera brigada de campo. El ataque, ejecutado mediante drones marroquíes cerca del muro de separación, acabó también con la vida de otros dos combatientes saharauis.

La noticia ha provocado una reacción inmediata en el arco parlamentario de la izquierda española, resucitando la profunda fractura que existe dentro del Gobierno de coalición sobre este asunto. Formaciones como Sumar, Podemos e Izquierda Unida han calificado el suceso como un asesinato ejecutado con tecnología militar de origen israelí. 

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y figuras como Ione Belarra o Antonio Maíllo, han condenado la acción, señalando que Marruecos actúa bajo una impunidad similar a la que se atribuye a Israel en otros escenarios de conflicto. 

Abdullah Arabi, delegado del Frente Polisario en España, sostiene en conversación con infoLibre que estos ataques “no son hechos aislados, sino que forman parte de una estrategia de ataques indiscriminados” que Rabat mantiene desde hace años contra militares y civiles saharauis, mauritanos y argelinos.

En contraste con las condenas de sus socios, el sector socialista del Ejecutivo y la propia Moncloa han optado por el mutismo. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, apeló a la prudencia durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros, escudándose en que no disponía de información oficial sobre el ataque. 

Arabi define este comportamiento como una política de espaldas a la realidad saharaui que dura ya cuatro años. El delegado subraya que el silencio de la administración de Pedro Sánchez es especialmente notorio cuando las víctimas pertenecen al bando saharaui.

Un buen ejemplo de ese doble rasero es el comportamiento del embajador español en Marruecos, Enrique Ojeda. Abdullah Arabi recuerda que el pasado 5 de mayo, tras un ataque con proyectiles del Polisario contra la ciudad ocupada de Esmara que no causó víctimas mortales, la embajada española en Rabat reaccionó con una condena pública inmediata a través de sus redes sociales. Sin embargo, ante el asesinato selectivo de un alto cargo saharaui y sus acompañantes, la legación diplomática no ha emitido comunicación alguna.

Esta disparidad de criterios refuerza, según Arabi, la idea de que el silencio del Gobierno español se vuelve ensordecedor cuando las víctimas son saharauis. Para el representante del Polisario, esta actitud ignora la responsabilidad jurídica de España como potencia administradora de iure del territorio, una condición que Naciones Unidas sigue manteniendo a pesar de la renuncia española en 1976.

La política exterior española se rige actualmente por una directriz que prioriza la relación con Rabat sobre cualquier monitoreo de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Arabi recuerda que este enfoque supone una ruptura radical con la posición histórica de España y con el propio derecho internacional. Mientras el Gobierno español defiende formalmente las resoluciones de la ONU, en la práctica se alinea con la tesis marroquí que da preferencia a la autonomía, eliminando de su discurso cualquier referencia real a un referéndum de autodeterminación.

El conflicto actual no se limita a enfrentamientos entre ejércitos, sino que ha derivado en una persecución tecnológica contra cualquier presencia humana en las zonas fuera del control físico marroquí. Un informe de la Oficina Saharaui de Coordinación de las Actividades Relativas a las Minas (SMACO) detalla que el uso de drones se ha vuelto sistemático desde la ruptura del alto el fuego en 2020. Marruecos ha extendido el uso de estas armas más allá de los objetivos militares, alcanzando a buscadores de oro, viajeros, nómadas, comerciantes y ganaderos.

Los datos recogidos por SMACO indican que la mayoría de los ataques se producen en terreno desértico abierto, donde la tecnología de los drones permite distinguir con precisión absoluta entre objetivos militares y población civil. El informe documenta 61 ataques a civiles que han dejado un saldo de al menos 80 víctimas de diversas nacionalidades, incluyendo saharauis, mauritanos y argelinos. El 94% de estas víctimas tenían menos de 40 años. Abdullah Arabi señala que esta tecnología puntera, suministrada en gran medida por Israel tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Marruecos, solo ha servido para avivar la llama de la violencia.

El impacto material también es cuantioso, con la destrucción documentada de más de 51 vehículos, en su mayoría coches todoterreno Toyota, Nissan y Land Rover, además de camiones y cisternas de agua potable. Los ataques han afectado incluso a infraestructuras benéficas, pozos de agua y manadas de camellos que constituyen el único medio de subsistencia para muchas familias en el desierto. SMACO sospecha incluso del uso de municiones termobáricas, basándose en la aparición de cuerpos carbonizados en zonas como el norte de Tagzumalet, donde las quemaduras extremas causaron la muerte instantánea de cinco buscadores de oro.

El origen de la escalada bélica actual se sitúa en el 13 de noviembre de 2020. Aquel día, el ejército marroquí penetró en la zona desmilitarizada de Guerguerat para disolver una protesta pacífica de activistas saharauis que bloqueaban la carretera hacia Mauritania. El Frente Polisario consideró que esta incursión rompía el acuerdo de paz de 1991 y declaró oficialmente el estado de guerra. Desde entonces, los bombardeos con drones han sustituido a las patrullas terrestres marroquíes en el control de lo que el Polisario denomina territorios liberados.

El apoyo internacional ha sido clave para que Marruecos mantenga esta ofensiva. El reconocimiento de la soberanía marroquí por parte de la administración de Donald Trump en diciembre de 2020, a cambio de la normalización de relaciones de Rabat con Israel, fue el catalizador principal. Este movimiento arrastró a países europeos, culminando con la carta que Pedro Sánchez envió a Mohamed VI en marzo de 2022, calificando el plan de autonomía marroquí como la base más seria y realista para solucionar el conflicto.

A pesar de esta presión, el Polisario mantiene su presencia en los foros de la ONU. Abdullah Arabi explica que el Polisario acepta participar en las conversaciones porque la última resolución de las Naciones Unidas, la 2797 de octubre de 2025, plantea la autonomía como una opción más, pero no como la única posible. 

El Polisario defiende que la autodeterminación sigue siendo un proceso de descolonización pendiente y que el pueblo saharaui debe poder elegir entre la independencia, la integración o la autonomía. Marruecos, sin embargo, intenta aprovechar el contexto geopolítico para inclinar definitivamente la balanza y forzar que la comunidad internacional asuma la autonomía del territorio bajo soberanía marroquí como la única salida posible.

La estabilidad de Marruecos, pilar sobre el que se asienta la actual política exterior española en la zona, está condicionada por la salud del rey Mohamed VI. A sus 62 años, el monarca muestra un deterioro físico evidente marcado por enfermedades crónicas como la sarcoidosis y problemas cardíacos que le han obligado a pasar varias veces por quirófano en Rabat y París. Su aspecto demacrado y su pérdida drástica de peso en las escasas apariciones públicas alimentan los rumores sobre lo que algunos analistas definen como una atmósfera de fin de reinado.

Esta situación ha acelerado el protagonismo del príncipe heredero, Moulay Hassan, de 22 años. El joven príncipe, descrito como alguien serio, sobrio y estudioso de las relaciones internacionales, ha empezado a sustituir a su padre en actos de gran calado, como la recepción al presidente chino Xi Jinping en 2024. Sin embargo, existe una inquietud latente sobre su capacidad para mantener la cohesión del sistema marroquí frente a las presiones internas y el estallido social por la falta de servicios públicos y empleo que ya afectó al país el pasado otoño.

En este escenario, el partido nacionalista Istiqlal, que no lidera el actual gobierno pero sí forma parte de él, utiliza sus plataformas mediáticas para presionar a España. Ante la expectativa de un cambio de gobierno en 2027, sus críticas se dirigen especialmente contra el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, al que perciben como menos favorable a los intereses del Reino que el actual Gobierno socialista. Una paradoja, teniendo en cuenta que ambos forman parte de la misma familia de partidos conservadores.

Abdullah Arabi confiesa que el Frente Polisario mantiene una relación institucional con el PP y valora sus críticas actuales a los giros de Pedro Sánchez, pero se muestra cauteloso. Existe el temor de que, si los populares llegan al poder, sucumban a la misma maquinaria de presión mediática y económica marroquí que ha condicionado a los anteriores gobiernos españoles.

Marruecos ha demostrado que dispone de herramientas de presión eficaces para condicionar la política de Madrid. La gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla es utilizada de forma recurrente como un termómetro de la relación bilateral. Durante los primeros cinco meses de 2026, la llegada de migrantes irregulares a Ceuta ha crecido un 224% respecto al mismo periodo del año anterior, una cifra que coincide con los momentos de mayor tensión dialéctica o sucesos bélicos en el Sáhara.

La Guardia Civil ha recuperado casi una veintena de cuerpos en las costas ceutíes en lo que va de año, un balance humano que a menudo queda en segundo plano frente a los acuerdos de cooperación policial entre ambos países. Para el Polisario, estas cifras son un aviso directo de Rabat sobre su capacidad para desestabilizar el territorio español si el Gobierno se desvía de su apoyo al plan de autonomía. Abdullah Arabi advierte que la democratización de Marruecos y la estabilidad real de la región solo llegarán cuando se resuelva el conflicto del Sáhara Occidental respetando la legalidad internacional.

Mientras tanto, la guerra prosigue con ataques de drones diarios y una población saharaui que, tanto en los territorios ocupados como en los campamentos de refugiados en Argelia, se siente abandonada por la comunidad internacional. La visita del enviado de la ONU, Staffan de Mistura, a los campamentos de Tinduf coincide con este último ataque mortal, un hecho que el Polisario aprovechará para reiterar que su determinación por la independencia no se verá alterada por la superioridad tecnológica de Marruecos. El delegado Arabi insiste en que, a pesar del silencio de Moncloa, la bandera saharaui seguirá presente en el campo de batalla y en las mesas de negociación.

La migración vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política de Bruselas. De la primera Comisión Von der Leyen, marcada por el Pacto Verde, las energías renovables y la descarbonización, se ha pasado a una segunda Comisión con las inversiones militares, el control fronterizo y el endurecimiento de las normas de asilo como protagonistas. A ello se suma la protección de los sectores industriales en nombre de una competitividad económica que ya no quiere verse limitada por las exigencias de la sostenibilidad.

A finales de mes, la Comisión Europea tiene previsto presentar un plan de acción sobre el Canal de la Mancha, un paso migratorio por el que, entre enero y finales de mayo, cruzaron cerca de 8.500 personas en pequeños botes desde la costa francesa hacia la británica. Esa cifra es un 37% inferior a la del mismo periodo de 2025, según los datos del Home Office, el Ministerio de Interior británico. En los últimos meses, además, se ha producido un cambio en el origen de algunas salidas, con embarcaciones que parten también desde Bélgica.

Sin embargo, esta cuestión menor en términos numéricos vuelve a la palestra política justo después del acuerdo casi cerrado sobre las nuevas reglas de la UE para deportar a centros de detención en terceros países a migrantes en situación irregular en territorio comunitario. El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado ya su pacto provisional sobre la base de la propuesta de la Comisión, que permitirá acelerar y hacer más efectivas las devoluciones de migrantes mediante la creación de esos hubs de retorno. El ministro de Migración de Chipre, Nicholas Ioannides, responsable de llevar las negociaciones, sostiene que “la migración es una prioridad principal” y que el acuerdo entre el Consejo y la Eurocámara “fortalece la credibilidad de la política migratoria de la UE”. 

Ioannides es un político independiente, pero pertenece a un Gobierno conservador y las visiones de esta corriente ideológica, del Partido Popular Europeo y de las formaciones de ultraderecha sobre la migración están ya plenamente implantadas en el debate comunitario. Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP español, celebró el principio de acuerdo al considerar que “Europa avanza para recuperar el control de su política migratoria” y que el nuevo marco será “más eficaz, más creíble y más justa”.

La Comisión Europea y el PP europeo que la sostiene —Von der Leyen pertenece a esa familia política, la mayoría de los comisarios europeos proceden de sus filas, dirige los gobiernos de 12 Estados miembros, ostenta la presidencia de la Eurocámara y es allí la formación mayoritaria— justifican el futuro reglamento con el argumento de que el sistema migratorio de los Veintisiete “perdía credibilidad ante los ciudadanos”, calificando las devoluciones como retornos efectivos.

En la Eurocámara, el PP se alió con los Consevadores y Reformistas, liderados por el partido de Giorgia Meloni y los ultracatólicos polacos; con los Patriotas de Le Pen, Orbán y Vox; y con el grupo de la Europa de las Naciones donde hay legisladores filonazis, saltándose la propuesta de compromiso del ponente liberal. Ese texto pactado provisionalmente incluye también la prohibición de que un migrante expulsado pueda volver a territorio comunitario como mínimo en diez años, frente a los cinco actuales, y la posibilidad de que esa exclusión sea de por vida. 

Parte de la clase política del continente se revuelve contra esas políticas. La eurodiputada Mélissa Camara, de los Verdes franceses, negociadora del dosier migratorio en el Parlamento, califica el texto pactado como “el resultado de un acuerdo vergonzoso entre los Estados Miembros y la mayoría del PP y la extrema derecha” y como “un retroceso histórico en los derechos fundamentales de la gente exiliada”. También advierte que “la legislación de los hubs de retorno fuera de la Unión Europea, la luz verde para la detención de menores o las visitas a hogares inspiradas en prácticas del ICE” son “un arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba”. Es una posición compartida por el grupo de La Izquierda y por parte de los socialdemócratas. 

Dentro del Consejo, hace seis meses España fue el único país que se opuso a de las propuestas de la Comisión Europea para acelerar las deportaciones, crear centros de detención fuera de la UE mediante acuerdos bilaterales entre países comunitarios y terceros Estados, y permitir que las expulsiones afectasen también a menores. La socialdemócrata Dinamarca, paradójicamente, fue una de las garantes de esta nueva legislación, mano a mano con la Italia de Meloni, como informó infoLibre.

El último eurobarómetro, realizado entre 26.000 ciudadanos de los 27 Estados miembros, muestra que los conflictos internacionales, como la guerra en Oriente Medio y la invasión rusa en Ucrania, están entre las principales preocupaciones de la ciudadanía europea. Junto a ellos aparecen problemas asociados como la inflación, la seguridad energética y la defensa.

Pese al impulso normativo de las instituciones hacia políticas migratorias más estrictas, la migración aparece solo como la séptima cuestión más relevante y con un peso menor que el año pasado. Según los datos del eurobarómetro, por debajo se sitúan el medio ambiente y los riesgos asociados al cambio climático. Recientemente, con motivo de la Green Week organizada en Bruselas por la Comisión Europea con empresas biotecnológicas y agroalimentarias, ONG y representantes de la sociedad civil, se publicó una nueva encuesta entre la ciudadanía europea en la que la gran mayoría de los encuestados “reconoce la importancia de frenar la pérdida de la biodiversidad como una una cuestión de responsabilidad, bienestar, apoyo al desarrollo económico a largo plazo y para atajar el cambio climático”. 

Frente a lo desarrollado durante su primera Comisión, el actual Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen ha emprendido una ola desregularizadora con los llamados paquetes Omnibus, orientados a relajar las normas medioambientales en favor de la competitividad económica, especialmente la industrial. Así, Bruselas ha suavizado la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad, eximiendo a miles de empresas de informar sobre su huella medioambiental; ha flexibilizado la prohibición de vender vehículos con motores de combustión a partir de 2035; y ha rebajado también las exigencias de la UE contra la deforestación global.

Durante la Green Week de esta semana, la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessica Roswall, se pronunció a favor de la restauración de los ecosistemas, con ejemplos de lo realizado en humedales de Países Bajos, Alemania, Lituania o Finlandia, y defendió la necesidad de que “las empresas, las instituciones financieras y los entes públicos puedan invertir en estas acciones”. Roswall, una conservadora liberal sueca, destacó que “primero, nuestros negocios y economías necesitan el mundo natural”; “segundo, no existe tal economía competitiva en un planeta moribundo”; y “tercero, invertir en los ecosistemas está entre las decisiones económicas más inteligentes que podemos realizar”.  

En su discurso no hubo ni una sola mención a las emisiones de CO2 causantes del cambio climático, ni al retraso o incumplimiento de los objetivos para reducirlas. Tampoco defendió cambios estructurales en los modelos productivos para frenar el deterioro de esos mismos ecosistemas que pidió restaurar.

Hay un momento en las crisis en el que el debate deja de ser si hay que hacer algo y pasa a ser cómo hacerlo. En materia de rearme militar, Bruselas cruzó ese umbral hace tiempo, pero la sensación en las instituciones europeas es que el cruce se ha consumado del todo en estos últimos meses. El debate comunitario, como ha podido comprobar infoLibre en un seminario sobre la materia organizado en Bruselas por el Parlamento Europeo, ya no es si Europa debe armarse, sino a qué ritmo, con qué dinero, bajo qué estructura y en detrimento de qué otras políticas.

La transformación tiene ya nombre y cifras. En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó el plan ReArm Europe —rebautizado Readiness 2030 después de que los primeros ministros de Italia y España protestaran por el nombre— para movilizar hasta 800.000 millones de euros hasta 2027 en inversión en defensa. El vehículo principal es el instrumento SAFE: hasta 150.000 millones en préstamos respaldados por el presupuesto comunitario para compras y proyectos de defensa conjuntos. Los otros 650.000 millones son “instrumentos de flexibilidad financiera” que permiten que los Estados miembros gasten más en defensa sin que compute como déficit excesivo. El rearme también ha modificado la arquitectura política de la UE, que tiene por primera vez en su historia un comisario de Defensa: el lituano Andrius Kubilius, que tomó posesión en diciembre de 2024 con el mandato de "gastar más, gastar mejor y gastar europeo."

Las implicaciones han llegado también a la industria: la alemana Rheinmetall ha pasado de producir 70.000 obuses de artillería al año en 2022 a 1,1 millones, según declaraciones de la empresa —que afirma haber superado ya la capacidad de producción de munición convencional de toda la industria estadounidense— e incluso empresas ajenas al sector, como la francesa Renault, están reconvirtiendo fábricas para fabricar armamento. Las pretensiones de la Unión Europea se centran precisamente en materia de industria militar, y pasan por agilizar los procesos de fabricación, compra y traslado de material, hasta llegar a un "mercado europeo de armas". La creación de un ejército común, de momento, no está sobre la mesa.

La pregunta que más incomoda en los pasillos del Parlamento Europeo es qué otras cosas van a dejar de financiarse para sufragar estos gastos. Fuentes de la institución apuntan que la nueva prioridad defensiva se construye en parte "creando tuberías entre fondos existentes": programas como Horizonte Europa o los fondos de cohesión están siendo flexibilizados para poder financiar proyectos de uso dual o directamente militar. Sectores como la agricultura, la investigación científica o la administración de fondos regionales ya han expresado su inquietud: según interpretan, cada euro que se dirige a defensa es un euro que no va a programas sociales como la Política Agraria Común (PAC) o el intercambio universitario Erasmus.

Ese debate se libra, además, en un Parlamento que ha elevado la defensa al rango político máximo del que dispone: además de un nuevo comisario, la antigua subcomisión de Defensa —que se reunía esporádicamente y con escaso peso— se ha convertido en una Comisión permanente de pleno derecho, la SEDE, en la legislatura actual. Es en esa comisión donde coinciden los dos eurodiputados españoles con más peso en la materia: Javier López, vicepresidente noveno del Parlamento Europeo y miembro titular de la SEDE por el PSC-PSOE, y Nicolás Pascual, coordinador del PPE en esa misma comisión, que llegó al escaño directamente desde la embajada de España ante la OTAN, donde estuvo destinado entre 2017 y 2018. Proceden de dos trayectorias distintas y dos partidos que en Madrid libran una guerra sin cuartel, pero en Bruselas comparten un diagnóstico casi idéntico sobre lo que Europa necesita hacer en materia de defensa.

"Tenemos una ventana de oportunidad reducida y poco tiempo. Necesitamos autonomía estratégica de aquí al final de la década", dice López. Pascual llega al mismo sitio desde otra dirección: "La invasión de Ucrania se dio porque nos faltó disuasión. Ha llegado el momento de sentarnos y definir una estrategia". El rearme europeo genera en Bruselas un consenso transversal difícil de encontrar en casi ningún otro asunto.

Una mayoría con matices

Pero hay una variable que Bruselas tiende a leer de forma selectiva: el apoyo popular. La burbuja de las instituciones europeas se ha lanzado al rearme político y militar tras la invasión de Ucrania y ante el creciente aislacionismo de Estados Unidos, a los que denominan comúnmente “aceleradores externos” y consideran una “llamada a despertar de un letargo”. 

Si la justificación técnica está en Moscú y Washington, la justificación política está, según ellos, en la opinión ciudadana, expresada a través de los eurobarómetros. En enero de 2026, el 52% de los ciudadanos europeos expresó confiar en que la UE refuerce su seguridad, dato que sube al 64% en España, por encima de la media. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirmó la postura española el pasado abril: el 89,5% de los encuestados cree que el mundo es más peligroso que hace diez años, el 66,6% teme una guerra global, y el 54,1% dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la UE debería gastar más en defensa. 

La mayoría existe, y es clara, pero los matices importan. En primer lugar, las encuestas reflejan un apoyo mayoritario al refuerzo de las capacidades militares de la UE, pero no cuantifican económicamente ese apoyo, por lo que es difícil saber si la inversión sin precedentes —y la consiguiente bajada en otras inversiones— cuentan realmente con el apoyo popular que Bruselas da por hecho. 

En segundo lugar, esa mayoría se construye de forma muy desigual en el eje ideológico: en España, entre los ciudadanos que se sitúan en el extremo izquierdo de la escala, el rechazo al mayor gasto en defensa supera el 62%. El punto de inflexión está en el centro del espectro; a partir del 6 (siendo el 1 lo más a la izquierda y el 10 lo más a la derecha), el apoyo es abrumador. Lo que es cierto es que la tendencia histórica da la razón al frenesí militar de Bruselas, según datos del CIS analizados por Newtral, el porcentaje de españoles que consideraba el gasto en defensa "demasiado" bajó 16 puntos entre 2015 y 2024 —del 40,5% al 24,5%—, con caídas pronunciadas entre votantes tanto del PP como del PSOE. Es decir, la tolerancia al gasto ha crecido en toda la sociedad, incluyendo en la izquierda.

Lo que no ha crecido de la misma forma es la confianza en la OTAN. La UE obtiene una nota media de 6,44 sobre 10 en el CIS, bastante homogénea en todos los tramos ideológicos. La OTAN saca un 5,27, y cae a 4,4 entre los ciudadanos de izquierda. La sociedad española respalda la defensa europea, pero no necesariamente el marco atlántico que la sustenta. Y el PSOE tiene que gestionar ese matiz: su propio electorado y, sobre todo, sus socios parlamentarios de izquierda, habitan en un espacio donde el apoyo a la OTAN y al rearme es estructuralmente más débil. El marco compartido que PP y PSOE exhiben en Bruselas no se extiende a España, pero Bruselas avanza sin contemplaciones. 

Desde la cumbre de Gales de 2014, la OTAN —y especialmente los sucesivos presidentes estadounidenses, independientemente de su partido— lleva más de una década pidiendo a sus aliados que gasten al menos el 2% de su PIB en defensa. En junio de 2025, en La Haya, ese objetivo se multiplicó de golpe: los 32 aliados firmaron un compromiso de llegar al 5% del PIB para 2035. El acuerdo se divide en dos tramos: al menos el 3,5% para capacidades militares nucleares —tropas, armas, preparación para el combate— y hasta el 1,5% restante para un cajón de sastre que incluye ciberseguridad, infraestructuras críticas, resiliencia civil e industria de defensa. 

España fue el único aliado que no suscribió el texto original. El 19 de junio, días antes de la cumbre, Sánchez envió una carta a Rutte calificando el objetivo del 5% de "no solo irrazonable, sino también contraproducente", incompatible con el Estado de bienestar y capaz de generar "desaceleración económica y presiones inflacionistas". A cambio, ofrecía llegar al 2,1%. Trump respondió desde el escenario: "España es un problema". Rutte fue menos beligerante pero igual de rotundo —“Los países tienen que encontrar el dinero. No hay alternativa"— y quiso zanjar finalmente el debate declarando que "España también ha acordado los objetivos de capacidad", pero el Gobierno lo mantuvo abierto respondiendo, por boca de su portavoz, que la posición del máximo responsable de la Alianza era "una opinión."

Hoy, España ha aumentado la inversión hasta el 2,1%, superando por primera vez el umbral del 2%, la histórica exigencia de la Alianza. La OTAN parece apreciar el esfuerzo, y ha cambiado el discurso tajante por uno algo más ambigüo: por un lado sigue sosteniendo que el 5% se aprobó por unanimidad y que España no se opuso formalmente en el momento decisivo; pero por otro lado matiza que lo que se acordó no fue un porcentaje fijo sino unas “capacidades militares” —clasificadas, no públicas—  que los socios se comprometen a lograr, y el 5% de su PIB es solo el cálculo de lo que costarían. 

Fuentes de la Alianza admiten que si España es capaz de alcanzar las capacidades acordadas con una inversión menor al 5% de PIB, nadie le exigirá más gasto. En este sentido, cabe recordar que el porcentaje de PIB es una manera frecuente de medir el gasto en defensa, pero el PIB es un indicador macroeconómico que expresa la producción comercial e industrial de un país en un año, no representa su presupuesto ni su dinero disponible. Es decir, destinar un 5% del PIB a la defensa —o a cualquier otra cosa— no conlleva quedarse con el porcentaje restante para el resto de los gastos.  

La novedad de la UE asumiendo como prioridad tareas de seguridad y defensa es también una fuente de fricción con la OTAN, que lleva décadas siendo el único actor legítimo en este espacio. Ambas instituciones comparten Bruselas como sede, precisamente con el objetivo de mantener unidos y coordinados los poderes político y militar. Desde la Unión se insiste en que no hay competencia, que el refuerzo de los aliados europeos es bueno para todos. Pero algunos hechos apuntan en otra dirección.

La tensión empieza ya dentro de la propia Alianza, y parte de un desacuerdo de fondo sobre la amenaza. La OTAN describe a Moscú como "la amenaza más seria a nuestra seguridad" desde 2022 y señala que no ha habido ningún diálogo político con Rusia desde la invasión. La Administración Trump, en cambio, trata a Rusia como un "potencial socio" en la negociación sobre Ucrania. Esa divergencia enfrenta a EEUU con el resto de la Alianza, donde el bloque europeo sí mantiene una posición común frente a Rusia que la OTAN, con Estados Unidos dentro, no puede sostener con la misma cohesión. Es una de las razones por las que, según el eurodiputado Javier López, el desalineamiento transatlántico es estructural y no coyuntural: "La relación UE- Estados Unidos que había antes ya no va a volver. Nuestros intereses se han desalineado: antes la prioridad americana era contener a la URSS, ahora es China, y ahí nuestro papel es periférico. Trump pasará, pero ese desalineamiento seguirá ahí".

La propia OTAN reconoce que se ha pasado del burden sharing —compartir la carga— al burden shifting: Europa no está simplemente gastando más junto a Estados Unidos, sino asumiendo responsabilidades que Washington está dejando de ejercer. Desde la Alianza se insiste en que Estados Unidos sigue siendo imprescindible, sobre todo en materia de disuasión nuclear, y que el mayor esfuerzo europeo se hace en beneficio propio, no porque lo diga Estados Unidos. Pero las señales que llegan de Washington —la retirada de Afganistán, la ambigüedad sobre Ucrania, las presiones arancelarias e incluso militares a aliados— son las de un socio que ha redefinido sus prioridades.

Esa redefinición genera además una contradicción directa entre las dos organizaciones. Desde la OTAN se pide más confianza en Estados Unidos y menos soberanismo digital europeo. Fuentes de la Alianza denuncian el “recelo tecnológico” de la Unión y ven en la dependencia europea de la infraestructura estadounidense un factor de cohesión. Pero en la Unión Europea no se ve de la misma forma: “Nuestra dependencia de Estado Unidos en materia de infraestructura digital nunca había sido una fuente de vulnerabilidad, pero ahora sí", sostiene el parlamentario socialista Javier López, y añade: “Sin sobregesticular demasiado, debemos cambiar esta situación”.  

A todo esto se suma un conflicto estructural que la arquitectura de defensa europea no ha resuelto, sino agudizado. Turquía es miembro de la OTAN pero no de la UE, mientras Chipre es miembro de la UE pero no de la OTAN. El litigio territorial entre ambos —la isla sigue dividida desde la intervención militar turca de 1974— entorpece y a menudo imposibilita la coordinación entre las dos organizaciones desde hace décadas. El  último episodio se produjo en septiembre de 2025, cuando Turquía solicitó participar en el programa de defensa SAFE y Chipre bloqueó la solicitud. El Estado turco hace lo propio con las peticiones chipriotas a la OTAN. 

Hay un país del que nadie habla en Bruselas cuando se debate la nueva arquitectura de seguridad europea. Marruecos firmó en abril de 2026 una hoja de ruta de cooperación en defensa con Estados Unidos por diez años. El país destina el 4% de su PIB a defensa —el doble del porcentaje español— e importa el 60% de su armamento del país norteamericano. 

El acercamiento a Marruecos por parte de Estados Unidos en materia de industria armamentística —que coincide con su alejamiento de la Unión Europea y su enfrentamiento político con España—  tiene ya consecuencias directas en su política internacional: una comisión de la Cámara de Representantes describió en abril de 2026 a Ceuta y Melilla como ciudades administradas por España pero "ubicadas en territorio marroquí", validando las históricas pretensiones marroquíes sobre las conocidas como “plazas de soberanía” españolas —como ha hecho también con los planes del reino alauita sobre el Sáhara—. La OTAN, por su parte, no cubre bajo su paraguas a Ceuta y Melilla, cuya defensa no está prevista por el artículo 5 del Tratado, lo que significa que una acción militar sobre las ciudades autónomas no provocaría automáticamente una respuesta de la Alianza.

Estas cuestiones, sin embargo, no parecen suscitar ninguna preocupación en las instituciones europeas, que consideran que las únicas potenciales amenazas al flanco sur provienen del Sahel: la inestabilidad, el terrorismo, los flujos migratorios y la creciente influencia rusa en el vacío dejado por Francia como potencia administradora. A pesar de ello, desde el sector diplomático de Bruselas se admite que, si bien establecer una hoja de ruta para esta región —cuyos tres países más relevantes son Burkina Faso, Malí y Níger, que han formado la Alianza de Estados del Sahel (AES)— es una prioridad para la Unión Europea en este mandato de la Comisión, no existe actualmente una postura unánime entre los países socios. Mientras tanto, Rusia aprovecha la indecisión y continúa expandiendo su influencia militar, económica y cultural en esta zona y en todo el continente africano, con el que mantiene ya un comercio por valor de 27.000 millones de dólares al año. 

El Partido Verde Europeo ha celebrado este miércoles la entrada de uno de sus miembros, Izquierda Verde, en el Gobierno de Dinamarca, donde contará con cinco ministerios. El nuevo Ejecutivo de centroizquierda danés ya ha sido presentado oficialmente y estará encabezado por la socialdemócrata Mette Frederiksen.

Ciarán Cuffe, copresidente del Partido Verde Europeo, ha felicitado a la líder de Izquierda Verde, Pia Olsen Dyhr, y a su equipo, y ha destacado que, con su entrada en el Ejecutivo, “este será el Gobierno más ecologista de la historia de Dinamarca”.

“Ya se aprecian las huellas de los verdes en las propuestas gubernamentales para solucionar la crisis del coste de la vida, como la eliminación del IVA en frutas y verduras, la inversión en servicios públicos como escuelas y guarderías, y el transporte público gratuito para los jóvenes”, ha destacado.

Por su parte, la copresidenta del Partido Verde Europeo, Vula Tsetsi, ha hecho hincapié en el apoyo que están recabando los diferentes partidos verdes en toda Europa, poniendo de ejemplo el éxito de Izquierda Verde en Dinamarca.

En Países Bajos, Reino Unido y Alemania, los partidos verdes han cosechado grandes resultados en elecciones locales y regionales. En Países Bajos, GroenLinks-PvdA ha logrado el mayor número de votos a escala nacional y se ha impuesto en Ámsterdam, Róterdam y cinco de las otras diez ciudades más grandes del país. En Reino Unido, el Partido Verde de Inglaterra y Gales y los Verdes Escoceses han  logrado sus mejores resultados electorales. Y en Alemania, Los Verdes han conseguido una importante victoria regional en Baden-Württemberg y se han hecho por primera vez con la alcaldía de Múnich.

“Existe un claro deseo entre los votantes de volver a situar el bienestar social, el clima y la acción medioambiental en lo más alto de la agenda política. Los europeos apoyan la estrategia de invertir en energías renovables para garantizar la independencia energética europea. La gente está eligiendo un futuro que proteja su salud, su medio ambiente y su economía”, ha subrayado Tsetsi.

En el nuevo Gobierno danés, los Socialdemócratas ocupan nueve de las 21 carteras – Defensa, Justicia, Inmigración y Sanidad, entre otras–, mientras que Izquierda Verde gestiona cinco, con Olsen Dyhr como nueva ministra de Economía e Interior.

El líder de Los Moderados, Lars Løkke Rasmussen, continuará al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, uno de los cuatro departamentos controlados por su partido; y el Partido Social Liberal asumirá tres carteras.

Según el acuerdo de Gobierno, el cual se dio a conocer este martes, el nuevo Ejecutivo apuesta “de manera firme” por amplias rebajas fiscales –incluyendo una reducción del impuesto de sociedades del 22 al 19%–, la mejora del sistema de bienestar, el impulso a la producción ecológica y la energía verde, y el mantenimiento de  la línea que lleva aplicando el Gobierno estas últimas décadas en materia de inmigración.

Cuando la Administración Trump anunció la semana pasada la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares para compensar con dinero público a quienes fueron “perseguidos” por el Gobierno de Joe Biden, para muchos fue solo un ejemplo más de cómo el presidente estadounidense está usando todas las herramientas a su alcance para beneficiar a los suyos. 

A lo largo del último año, Washington se ha acostumbrado a este tipo de iniciativas de Trump, que a veces frenan los tribunales y otras provocan que congresistas, activistas y ciudadanos pidan cambiar la ley para limitar los poderes del presidente. Por tanto, este caso podía parecer simplemente uno más. De hecho, mientras se terminaba de escribir este artículo, un juez federal suspendió temporalmente la creación del fondo al menos hasta junio. El día de la marmota.

Sin embargo, con el paso de los días, políticos, analistas y expertos han coincidido en calificar esta decisión no solo como el mayor caso de corrupción del magnate hasta la fecha, sino también como el mejor ejemplo de que Trump está dispuesto a exhibir este tipo de medidas a plena luz del día, algo que consideran aún más preocupante.

"Esto es corrupción épica a la vista de todos", asegura Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice, el instituto de políticas públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. "Y la historia demuestra que tras el escándalo llega la reforma, a menudo, pero no siempre".

En la práctica, el fondo implica que el contribuyente estadounidense pagará una compensación a los condenados por el asalto al Capitolio y a otras personas que Trump considera víctimas de Biden. El presidente sostiene que los posibles beneficiarios "se declararon en bancarrota, sus vidas fueron destruidas y, al final, resultaron tener razón", y que por tanto merecen una indemnización. Además, ha establecido que el fondo solo funcione hasta finales de 2028, es decir, hasta unas semanas antes de la fecha en la que debe dejar el cargo.

La medida forma parte de una campaña mucho más amplia de la Administración para cambiar la historia reciente del país, al menos en aquello que está en manos del Gobierno. En ese sentido, los fiscales del Departamento de Justicia presentaron la semana pasada mociones para desestimar los casos más graves relacionados con el 6 de enero, aquellos en los que líderes de grupos de extrema derecha fueron condenados por conspiración.

Ese mismo día, el Departamento de Justicia confirmó también que está eliminando de su web las notas de prensa en las que se informaba de los casos contra los protagonistas del asalto al Capitolio. La investigación sobre aquellos hechos es la mayor investigación criminal de la historia del Gobierno estadounidense y terminó con la condena de 1.600 personas.

"Estamos orgullosos de estar revirtiendo la instrumentalización del Departamento de Justicia que se llevó a cabo bajo la Administración Biden", ha afirmado el propio departamento. "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para reparar el daño causado a quienes fueron perseguidos con fines políticos. Eso incluye eliminar la propaganda partidista de la web del Departamento".

"¿Ha habido un episodio de corrupción presidencial tan flagrante y amenazante para el orden constitucional? Desde luego que no en tiempos modernos", ha escrito el comité editorial de The New York Times, que anima a la ciudadanía a no "hacerse ilusiones" sobre lo que Trump está "intentando hacer": usar el Departamento de Justicia para castigar a sus enemigos y proteger a sus amigos.

El editorial repasa otras iniciativas de Trump para contextualizar su preocupación: "Está destrozando los pilares de la democracia estadounidense para conseguir más poder. Asegura que las elecciones solo son legítimas si las gana él. Utiliza a las fuerzas del orden para investigar y perseguir a quienes percibe como sus enemigos. Purga de su partido a quienes le desafían. Habla de los miembros del otro partido y de integrantes de la sociedad civil como traidores y enemigos. Incentiva a sus seguidores a romper la ley en su nombre y los premia cuando lo hacen. Dirige a sus aliados para que cambien las normas electorales con el fin de mantener a su partido en el poder".

Hay que recordar que, en su primer día en el poder, Trump ya indultó a casi 1.600 personas condenadas por el asalto al Capitolio. En ese sentido, muchos temen que con esta iniciativa refuerce el mensaje de que quienes incumplen la ley cuando él lo pide serán premiados, y quienes se le opongan serán castigados.

Para entender quién puede beneficiarse del fondo, conviene fijarse en quienes ya han llegado a acuerdos extrajudiciales con el Departamento de Justicia. Por ejemplo, la familia de uno de los participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero, que murió por un disparo de la Policía al acercarse al estrado de la Cámara de Representantes, ha recibido cinco millones de dólares. A la vez, el abogado de muchos de los asaltantes celebró el anuncio del fondo después de llevar años intentando conseguir compensaciones económicas para sus clientes.

El fondo ha sido criticado en bloque por los demócratas, pero también por algunos republicanos. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, ha dicho que no es "muy fan" de la iniciativa y que no está "seguro de cómo pretenden usarla". También ha afirmado que espera que sea sometida a un "examen exhaustivo" por parte de los congresistas. "Mi suposición es que, a juzgar por algunas de las reacciones negativas que ha habido desde que se anunció esto, se le prestará mucha atención", señaló.

Por su parte, la senadora demócrata Elizabeth Warren ha denunciado que se trata de "un nivel insano de corrupción". Muchos otros han recordado que parte del problema se debe a que el Tribunal Supremo otorgó hace dos años inmunidad a los presidentes por los crímenes que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Tras el escándalo del Watergate de Richard Nixon, el Congreso trató de construir normas para que el Gobierno actuara en favor del interés público y no del presidente. Pero esos límites, recalcan los expertos, no parecen estar siendo suficientes.

Bruselas empieza a cumplir con las promesas que jugaron a favor de un cambio de Gobierno en Hungría. Este viernes, el nuevo primer ministro, Péter Magyar, fue recibido en la Comisión Europea por la presidenta Ursula von der Leyen y regresó a su país con 16.400 millones de euros en el bolsillo.

El abultado cheque está compuesto principalmente por los 10.400 millones correspondientes a fondos Next Generation, los de recuperación de la pandemia, y el resto es dinero de las partidas de cohesión y educación. Más de lo que inicialmente se esperaba luego de varias semanas de negociaciones entre Bruselas y Budapest, aunque Magyar deberá corresponder con importantes reformas que desmonten la arquitectura legal de la era Orbán.

“Nuestros equipos han trabajado duro día y noche juntos para encontrar puntos en común”, explicó Von der Leyen tras la reunión con Magyar, especialmente para financiar “proyectos muy concretos que apoyarán sectores clave como la energía, la vivienda, el transporte o las pequeñas empresas”.

El encuentro en la sede central de la Comisión Europea no fue el único de alto nivel mantenido por el nuevo dirigente ministro húngaro en Bruselas. Antes de verse con la política alemana visitó la sede de la OTAN y también la residencia del primer ministro belga. El viaje abre una nueva etapa en las relaciones de Hungría con la UE, la Alianza Atlántica y un importante socio europeo como Bélgica, pero también deja claroscuros.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó, tras verse con Magyar, la contribución de este país a la defensa colectiva y la disuasión en el este del continente, especialmente por liderar una de las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la Alianza, albergar un cuartel general de una división en la ciudad húngara de Székesfehérvár y apoyar la seguridad en los Balcanes Occidentales a través de la fuerza de pacificación en Kosovo.

Sin embargo, más allá de las buenas palabras, el primer ministro húngaro mantuvo uno de los vetos polémicos de su antecesor, Viktor Orbán. Y dejó claro “al secretario general que Hungría no va a enviar ni armas ni equipamiento de combate a la guerra de Rusia-Ucrania”.

La negativa a ayudar militarmente a Kiev no gusta en Bruselas. Ni a los socios europeos, que llevan movilizados ya unos 75.000 millones de euros en equipamiento de defensa y han concedido un préstamo de 90.000 millones para que Ucrania pueda financiar su gasto militar, por ejemplo comprando armas a Suecia, ni a la OTAN, que acaba de pedir a sus miembros asignar un 0,25% de su PIB en asistencia militar para el país invadido.

Otro punto conflictivo del viaje que quedó pendiente de resolución tiene también como protagonista la relación entre Hungría y Ucrania. El primer ministro húngaro mantiene su negativa a abrir negociaciones para la incorporación de Kiev como Estado miembro de la UE hasta que “se alcance un acuerdo sobre los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia”, una región ucrania fronteriza. La reclamación exige reconocer y oficializar, por ejemplo, los derechos lingüísticos de ese colectivo. El conflicto podría desbloquearse cuando se produzca un encuentro entre Magyar y el presidente Volodymyr Zelensky, todavía sin fecha, pero mientras tanto Budapest seguirá bloqueando la futura adhesión.

Se trataba de una cuestión capital para Bruselas que durante las últimas semanas ha sido negociada entre los equipos de la Comisión y del nuevo gobierno húngaro. Para la UE, acercar más a Ucrania a su espacio es clave en la guerra de supervivencia que libra contra Rusia, una forma de garantizar su papel en futuras negociaciones de paz de las que la Administración Trump trata de apartarla. Y, por ahora, Hungría sigue sin poner las cosas sencillas. O de evitar que el país vuelva a la esfera de influencia rusa.

En dos semanas, la Comisión Europea propondrá formalmente abrir negociaciones de los primeros capítulos sobre la adhesión de Ucrania a la UE. Será el 16 de junio, dos días antes de una Cumbre en Bruselas entre los 27. Tiempo para que Kiev y Budapest acerquen posturas y el estreno de Magyar ante sus homólogos europeos no se vea ensombrecido. Por el momento, el político que derrotó a Viktor Orbán mantiene uno de los bloqueos más controvertidos de su antecesor. Y que le supusieron enfrentamientos con el resto de líderes comunitarios. En todo caso, el actual primer ministro insiste en que su postura sobre Ucrania es independiente del desbloqueo de fondos europeos a su país.

Los 16.400 millones de euros en fondos de recuperación, de cohesión y educativos desbloqueados por la Comisión Europea representan un botín alto que Magyar no esperaba, pero, como él mismo explicó tras la reunión, han “sido unos socios negociadores duros”. “La presidenta lo puede atestiguar, hemos luchado por cada último céntimo”. Von der Leyen se limitó a reconocer que “es una cifra importante, pero los húngaros lo merecen”.

La partida con la que el primer ministro regresó a Budapest es jugosa, aunque las arcas comunitarias no vayan a desembolsar el dinero hasta que las reformas prometidas no empiecen a aplicarse. Así lo explican en privado fuentes comunitarias y así lo confirmó en público la propia Von der Leyen al asegurar que “en el momento en que la reforma del Estado de derecho sea aprobada en el Parlamento, el dinero vinculado con ese hito podrá ser distribuido”.

El tiempo apremia para Budapest porque de estos cambios legislativos depende el monto principal del dinero prometido, 10.400 millones de los fondos Next Generation que deben entregarse antes de finales de agosto o se perderán, como estipula la regulación de ese programa nacido durante la pandemia. De ellos, 6.500 millones corresponden a transferencias que no deben devolverse y que aliviarán la débil situación presupuestaria de Hungría, con un déficit oficial del 4,7% del PIB en 2025 y que este año superará el 5%.

Los fondos de cohesión o para educación también tienen deberes aparejados. Budapest debe en las próximas semanas empezar a desmontar la legislación anti LGBTIQ+ de la era Orbán que, por ejemplo, impide distribuir en librerías cercanas a centros educativos libros o material audiovisual con contenido de ese estilo. El nuevo Gobierno de Péter Magyar cuenta con la mayoría parlamentaria para ello. Ahora debe demostrar a Bruselas la seriedad de sus promesas.

La negociación entre Estados Unidos e Irán no pasa, otra vez, por su mejor momento. Pese a la tregua entre ambos países, los ataques se siguen sucediendo y la presión en el Estrecho de Ormuz no para de crecer, al igual que lo hace la de los ‘halcones’ del movimiento MAGA para evitar un acuerdo de Trump con la república islámica.

La Administración Trump ha asegurado ante el Capitolio que “suspendió” la guerra en Irán el pasado 8 de abril, pero desde entonces el alto el fuego ha sido violado en diversas ocasiones, las últimas esta misma semana. 

Estados Unidos bombardeó este miércoles las instalaciones militares de Bandar Abbas en Irán y derribó cuatro drones en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, mientras la Guardia Revolucionaria respondía con ataques contra posiciones estadounidenses en países de la región como Kuwait. 

En un comunicado recogido por la agencia de noticias gubernamental Tasnim, el cuerpo militar iraní afirmó que “esta respuesta constituye una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará sin respuesta y que, de repetirse, nuestra reacción será aún más contundente”.

Donald Trump insiste en que las conversaciones por la paz y un acuerdo en Ormuz “van muy bien”, pero el cruce de ataques, reproches y filtraciones entre ambos países demuestra todo lo contrario. 

Por un lado, el presidente estadounidense dice que su Administración busca cerrar un acuerdo aumentando la presión militar y se muestra convencido de que Irán aceptará porque está sin reservas petrolíferas. 

Por otro, la televisión pública iraní filtró el pasado martes algunos puntos del borrador del texto que favorecen a Teherán. Por ejemplo, que Estados Unidos levantará el bloqueo y retirará sus fuerzas de aguas próximas a la república islámica o que Irán y Omán administrarán conjuntamente el Estrecho de Ormuz.

El posible acuerdo también contempla la descongelación parcial de activos iraníes y un periodo de 60 días para resolver el futuro del programa nuclear iraní. A cambio, Irán exigiría el levantamiento progresivo de sanciones y garantías económicas inmediatas.

La Casa Blanca salió a desmentir esta ‘filtración’, que calificó de “pura invención”, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, reconocía que existen “planteamientos serios sobre la mesa” para llegar a un acuerdo, pero que el desenlace aún se podría demorar.

Y Trump, en la misma línea que su secretario de Estado, aseguraba ante los medios que todavía no había acuerdo pero, en caso de no llegar a buen puerto, “tendremos que terminar el trabajo”.

Y, este mismo viernes, el vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, en Fox News, ha asegurado que Irán hizo "concesiones significativas, sustanciales y trascendentes" en las negociaciones de paz, a la espera de que el presidente estadounidense dé el visto bueno.

Miller no ha dado detalles del contenido de las cesiones iraníes, pero sí aseguró que "habrían sido imposibles hace poco tiempo". Por su parte, y una vez más, la república islámica ha desmentido a la Administración Trump y asegura que siguen las negociaciones para un acuerdo.

Esta línea más dura del presidente estadounidense, otra vez amenazando a Irán con “terminar el trabajo” o a Omán “con volarlo por los aires” después de que la república islámica lo mencionase en el supuesto acuerdo, es un guiño al ala más radical del Partido Republicano, los llamados halcones, alineados con Israel y partidarios de no ceder ante Irán. 

El senador Ted Cruz es uno de los más duros de este grupo. Ha advertido de que un pacto que deje a Irán con capacidad de enriquecer uranio y con el control sobre Ormuz sería “un error desastroso”. 

En X, el senador de Texas expresó su preocupación “profunda” por el posible acuerdo con Irán porque la decisión de atacar el país “fue la más trascendental” y “[Trump] acertó al hacerlo”, pero “que ahora reciba miles de millones de dólares, pueda enriquecer uranio, desarrollar armas nucleares y tener el control efectivo del Estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso. El presidente Trump debe hacer cumplir las líneas rojas que ha trazado repetidamente”.

Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado en la primera legislatura de Trump, aseguró que el acuerdo que se está negociando “parece sacado del manual de Wendy Sherman, Robert Malley y Ben Rhodes [ex altos cargos demócratas]: pagar a la Guardia Revolucionaria Islámica para que desarrolle un programa de armas de destrucción masiva y aterrorice al mundo. No es, ni de lejos, 'Estados Unidos Primero'. La postura es clara: abran el maldito estrecho. Denieguen a Irán el acceso a fondos. Neutralicen la capacidad iraní en la medida necesaria para que no pueda amenazar a nuestros aliados en la región. Ya es hora. ¡Manos a la obra!”. 

John Bolton, exdirector de Seguridad Nacional de Trump, afirmaba a su vez que “si las informaciones sobre el inminente acuerdo con Irán son correctas, los ayatolás habrán obtenido una victoria significativa. Volverán a estar en el camino hacia las armas nucleares, apoyando el terrorismo global y reprimiendo a su propio pueblo”.

Otros senadores republicanos han advertido igualmente de que cualquier acuerdo que no implique una derrota clara de Irán sería política y estratégicamente inaceptable.

No obstante, el movimiento MAGA también tiene quien mira a favor del acuerdo en Irán, como el comunicador Tucker Carlson o el cómico Joe Rogan, que han criticado a Trump por sus desaires cuando amenazó con “destruir la civilización de Irán”, con “volar Omán” o con sus advertencias a toda la región. 

Trump insiste entre sus detractores en que el acuerdo “ni siquiera ha sido negociado por completo aún” con la república islámica y pide no escuchar “a los perdedores, quienes critican algo de lo que no saben absolutamente nada”, escribió en Truth Social, al tiempo que decía que él y sus representantes están elaborando “exactamente lo opuesto” al pacto nuclear que Irán suscribió bajo la Administración demócrata de Obama en 2015. Trump se retiró de aquel acuerdo y lleva desde entonces intentando conseguir uno nuevo. 

El presidente ha insistido en que Irán debe desprenderse de su uranio altamente enriquecido, mientras Teherán mantiene su negativa a renunciar al derecho de enriquecimiento.

Los últimos datos sobre el programa nuclear iraní revelan que el país posee aproximadamente 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, cercano al nivel necesario para uso militar, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán, por su parte, sostiene en su negociación que no se comprometerá a ceder sus reservas nucleares ni a desmantelar su programa sin garantías previas sobre activos congelados y levantamiento de sanciones.

Italia es el último Estado miembro de la UE en incorporarse al nuevo impulso de la energía nuclear. Se suma así a un grupo creciente de países que, en los últimos tiempos, han roto con la tendencia favorable al cierre de estas plantas surgida tras la catástrofe japonesa de Fukushima. Polonia construye sus primeras instalaciones nucleares, mientras Francia, Suecia, Bulgaria o Chequia impulsan planes para ampliar su parque con nuevos reactores y Bélgica ha dado marcha atrás en su calendario de desmantelamiento.

Una nueva era de la energía nuclear emerge en la Unión Europea. Para este verano, el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, prevé introducir el marco legal que permitirá el regreso de la nuclear a Italia, desaparecida del país desde que un referéndum celebrado en 1987, tras la catástrofe de Chernobyl. aprobó el cierre de sus reactores. La coalición ultra liderada por Meloni se centrará en los llamados SMR, pequeños reactores nucleares modulares, la tecnología que ahora mira con interés Bruselas.

La Comisión Europea presentó hace unos meses la Estrategia Inversora en Energía Limpia en la que, además de movilizar millones hacia las renovables e incentivar la autogeneración de los propios consumidores, se decantó claramente por el desarrollo de pequeños reactores nucleares modulares a principios de 2030 en los países de la UE. Bruselas prometió 200 millones de euros en los próximos tres años para apoyar estas tecnologías.

Son reactores construidos en fábricas y transportados hasta su punto de instalación, que pueden producir de 10 a 300MW de electricidad, empleando diferentes refrigerantes como la sal fundida, metales líquidos o gas a altas temperaturas. Con un coste inferior al de los reactores tradicionales, sobre los 1.000 y 4.000 millones de euros frente a los 9.000 o 15.000 millones, la Comisión los considera un “componente clave” para los países que quieran mantener la nuclear dentro de su mix energético, especialmente en distritos urbanos o grandes industrias, como la química, la siderúrgica o la refinera.

Una intervención de Ursula von der Leyen hace dos meses en París, durante la Cumbre de la Energía Nuclear, resume la posición actual de la Comisión. La presidenta del Ejecutivo comunitario argumentó que "Europa no es un productor de petróleo o gas" y que, en materia de combustibles fósiles, depende por completo de "importaciones volátiles y caras", lo que sitúa al continente en una desventaja estructural frente a otras regiones. "Tenemos fuentes energéticas propias de bajas emisiones de CO2: la nuclear y las renovables", prosiguió la política alemana ante el presidente francés, Emmanuel Macron, equiparando ambas energías como garantes conjuntos de la independencia y la competitividad europeas.

Mientras que en los años 90 un tercio de la electricidad producida en el continente procedía de la nuclear, en la actualidad representa alrededor del 15%. Para Von der Leyen, esa evolución fue "un error estratégico" que alejó a Europa de fuentes bajas en emisiones, asequibles y seguras. Actualmente, 12 Estados miembros, entre ellos España, operan plantas nucleares, con cerca de un centenar de reactores en funcionamiento en el conjunto de la UE. La situación, sin embargo, difiere mucho según los países.

A ese grupo se sumarán Polonia y, si la oposición o la sociedad civil no frenan los planes de Meloni, también Italia. Incluso Alemania, que completó el cierre de sus centrales, ha reabierto el debate político: su canciller, Friedrich Merz, considera, como Von der Leyen, que abandonar la nuclear fue "un grave error estratégico". En Baviera, los dirigentes regionales presionan además al Gobierno federal para construir pequeños reactores modulares en la región.

España avanza en sentido contrario a este nuevo impulso nuclear. El país mantiene el calendario de cierre de sus centrales y el actual Gobierno rechaza las llamadas del sector y de partidos como el PP o Vox a prolongar la vida de esta energía. La apuesta del Ejecutivo es clara: la autosuficiencia energética y la transición hacia fuentes no emisoras de CO2 pasan por las renovables —especialmente la solar y la eólica— y, a medio plazo, por el hidrógeno verde.

En esa estrategia se enmarcan los siete grandes valles industriales de hidrógeno verde que han obtenido 1.200 millones de euros de los fondos Next Generation. La potencia esperada superará los 2.000 MW, una capacidad muy superior a la de un pequeño reactor nuclear por un coste similar.

Estas inversiones profundizarán el mix energético verde español, que ya obtiene más de un 50% de su electricidad consumida desde fuentes limpias. La eólica y la solar son los principales motores de esta transición, aunque la hidroeléctrica generada en los embalses mantiene una considerable aportación. En la actualidad, sólo un 25% de la energía que consumen hogares, industrias, comercios o edificios procede de hidrocarburos.

La transición renovable en España empuja fuera del mercado al petróleo y al gas, mientras que el carbón es ya prácticamente inexistente y la nuclear genera algo menos de la quinta parte de la electricidad consumida. Este mix contrasta con el italiano, donde casi el 60% de la electricidad consumida procede de combustibles fósiles, según datos de Eurostat y la Agencia Internacional de la Energía. Aunque desde 2023 se han instalado más de 200 kWh de potencia solar, la energía eólica sigue representando en Italia una fuente ínfima de la electricidad consumida, apenas una décima parte de la procedente de combustibles fósiles en 2025.

Italia, por tanto, podría aprovechar y apostar con decisión por las inversiones renovables para reducir su dependencia exterior de los hidrocarburos, procedentes de Oriente Medio o del norte de África, con Argelia como su mayor proveedor de gas y Libia en aumento. Sin embargo, Meloni ha situado también la nuclear en el centro de su estrategia. Recientemente, en el Senado italiano, la primera ministra destacó que "el Gobierno, desde el principio, ha trabajado sobre la cuestión energética, empezando por el gas y por la energía nuclear", y anunció que este verano se aprobarán los procedimientos necesarios para reintroducir la producción nuclear.

Mientras tanto, fuentes de la Comisión Europea destacaban en privado, tras la publicación este jueves de las previsiones económicas de primavera, que España  “tiene una posición privilegiada a la hora de lidiar con el conflicto de Oriente Medio”, gracias a “su posición de crecimiento bastante fuerte y la diversificación de sus fuentes energéticas”. Esta crisis, según estas fuentes, afectará a España “a través de la inflación de los costes energéticos y su transmisión a los alimentos y a los servicios si la crisis energética no se soluciona”, pero en menor medida que a países mucho más dependientes de la importación de hidrocarburos, como Italia.

Los datos macro validan la apuesta renovable española ya que su PIB crecerá un 2,4% este año, el triple que una economía italiana dominada en pleno 2026 por los combustibles fósiles y por encima también que la francesa, donde la nuclear aporta sobre el 65% de la electricidad.

El ébola vuelve a golpear África. El pasado 5 de mayo de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue alertada de un brote de una enfermedad desconocida y de alta mortalidad en la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC). Tras una investigación exhaustiva, diez días después se confirmó que se trataba de un brote de ébola causado por la especie Orthoebolavirus bundibugyoense. En la actualidad, la situación ya se ha convertido en una epidemia.

Hasta el momento, en el epicentro de Ituri concentran más de 370 casos sospechosos y al menos 100 fallecidos, entre ellos varios trabajadores sanitarios. La expansión del virus incluye al menos un caso confirmado en la capital Kinshasa, la capital congoleña; otro en la ciudad de Goma y dos contagios importados en Kampala, capital de Uganda, donde uno de los pacientes ha fallecido. El episodio ha sido calificado de extraordinario y potencialmente muy peligroso. Se espera que el número de casos y de muertes siga aumentando.

La OMS ha determinado que el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por una combinación de factores críticos que elevan el riesgo global y regional. Entre ellos figuran la rápida expansión transfronteriza entre la República Democrática del Congo y Uganda; la alta movilidad de la población en una zona afectada por conflictos armados que dificultan la contención; el hecho de que la especie responsable sea el virus Bundibugyo –poco frecuente y para el cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados–; y la falta de claridad para identificar el origen de los contagios, lo que apunta a una transmisión comunitaria activa y probablemente subestimada.

Con la declaración del ESPII, la OMS busca movilizar con urgencia recursos financieros, científicos y logísticos internacionales. El objetivo es acelerar las investigaciones clínicas y mejorar la vigilancia sanitaria mundial.

Por el momento, no se cumplen los criterios para declarar una pandemia. Por esa razón, la OMS ha desaconsejado el cierre generalizado de las fronteras internacionales.

El virus del ébola afecta con mayor frecuencia a personas y primates no humanos, como monos, gorilas y chimpancés. Hasta la fecha se han descrito seis especies del patógeno.

De ellas, tres se han asociado a grandes brotes de ébola en África: Bundibugyo, Sudán y Zaire. Las tasas de mortalidad varían según la especie: alrededor del 40% en el caso del virus del brote actual, el Ébola Bundibugyo (Orthoebolavirus bundibugyoense); del 50% para el virus del Ébola Sudán (especie Orthoebolavirus sudanense), y de hasta el 90% en el virus del Ébola Zaire (especie Orthoebolavirus zairense).

La incidencia en personas del Bombali (especie Orthoebolavirus bombaliense), identificado más recientemente, sigue desconocida. Los ebolavirus Reston y Taï Forest, aunque pueden infectar a humanos, de momento no han producido fallecimientos.

El virus del ébola fue detectado por vez primera en 1976 en dos brotes simultáneos registrados en la República Democrática del Congo y Sudán. Ahora, la RDC afronta su 17º brote.

Entre 1976 y 2014, los brotes de ébola se produjeron principalmente en aldeas remotas próximas a las selvas tropicales de África central y occidental. Concretamente, en la RDC, Sudán, Gabón, Uganda y la República del Congo.

Sin embargo, en 2014 se produjo un cambio profundo en la distribución de la enfermedad. Por primera vez, el ébola provocó grandes brotes en África occidental (Guinea, Liberia y Sierra Leona). En estos países la transmisión se extendió con intensidad en las zonas urbanas, lo que multiplicó la extensión de la enfermedad.

Asociados a este brote, fueron importados casos de ébola a Italia, Nigeria, Malí, Senegal, España, Reino Unido y Estados Unidos.

La aparición de nuevos brotes de ébola en África parece ser cada vez más habitual. Pero, ¿a qué se debe? Algunas de las causas están relacionadas con la deforestación y la destrucción de hábitats, que obligan a los murciélagos portadores a desplazarse y a entrar en mayor contacto con las poblaciones humanos.

Además, el crecimiento demográfico y la mejora de la conectividad vial permiten que un virus antes aislado en aldeas remotas llegue rápidamente a ciudades densamente pobladas.

Asimismo, los conflictos armados dificultan la respuesta sanitaria. La presencia de grupos rebeldes, el desplazamiento masivo de refugiados y la profunda desconfianza de algunas comunidades hacia los gobiernos o los trabajadores sanitarios extranjeros complican mucho el rastreo de contactos, el aislamiento de los enfermos y la aplicación de medidas de control.

A esto se suma la persistencia del virus, capaz de reactivarse o transmitirse sexualmente en supervivientes meses después de la infección. Por último, la mejora de la capacidad científica para detectar y registrar brotes que antes pasaban desapercibidos ha aumentado la frecuencia de los casos declarados.

Al parecer, el virus del ébola Bundibugyo llega a la población humana a través del contacto estrecho con la sangre, secreciones, órganos u otros fluidos corporales de animales infectados como murciélagos frugívoros, chimpancés, gorilas, monos, antílopes del bosque o puercoespines hallados enfermos o muertos en la selva tropical.

Después, el virus se transmite de persona a persona mediante el contacto directo, a través de la piel lesionada o las membranas mucosas, con la sangre o los fluidos corporales de una persona que está enferma o ha muerto a causa de la enfermedad del ébola. También puede propagarse a través de objetos que han sido contaminados con fluidos corporales como sangre, heces o vómito.

La especie Bundibugyo fue identificada por primera vez en 2007 en el distrito homónimo, situado en el oeste de Uganda. Desde el brote registrado en 2012 en la República Democrática del Congo, no había vuelto a dar señales de vida.

El período de incubación varía entre dos y 21 días. Las personas infectadas con Bundibugyo no pueden propagar la enfermedad hasta que desarrollan síntomas y siguen siendo infecciosas mientras el virus permanezca en su sangre.

Los síntomas pueden aparecer de forma repentina e incluyen fiebre, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, erupción cutánea, síntomas de insuficiencia renal y función hepática. En algunos casos, el paciente puede presentar sangrado tanto interno como externo.

Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo y de Uganda cuentan con experiencia en la gestión de brotes de ébola, mantienen activos programas de vigilancia y disponen de profesionales capacitados para detectar el patógeno. Aún así, crear conciencia sobre los factores de riesgo de la infección y las medidas de protección sigue siendo una estrategia eficaz para reducir la transmisión humana de la enfermedad.

Raúl Rivas González es catedrático de Microbiología, miembro de la Sociedad Española de Microbiología, Universidad de Salamanca. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.