Primero fueron aliados, jefe y subordinado. Luego, cuando empezaron a torcerse las cosas, enemigos. Y ahora, sentados por vez primera frente a un tribunal, tratan de capear el temporal judicial haciendo frente común. La primera sesión del juicio del caso Kitchen, destinada a las cuestiones previas, ha mostrado a una cúpula del Ministerio del Interior trabajando en bloque para tratar de anular la causa y a una acusación popular decidida a escalar el caso más allá del departamento que en su día dirigió Jorge Fernández Díaz, buscando la X política detrás de la supuesta operación parapolicial y exigiendo que el PP también se siente en el banquillo de los acusados. "Es sorprendente que el beneficiado [de la Kitchen] no esté aquí", ha lanzado.

La primera jornada del juicio, que versa sobre la supuesta operación parapolicial para hacerse con documentos comprometedores de cara a Gürtel que pudiera tener el extesorero del PP Luis Bárcenas, se ha prolongado durante toda la mañana. Ha sido poco política y muy técnica. Y, por momentos, intensa. Sobre todo, durante la intervención del abogado de Sergio Ríos, el chófer del extesorero captado para la misión con cargo a los fondos reservados –consta acreditado el gasto de 59.000 euros de esta caja secreta–. "Todo esto lo ha construido la Fiscalía", ha dicho, al tiempo que hablaba de coacciones o excesos. Una actitud que ha hecho saltar al representante de Anticorrupción. Y también a la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, que le ha reprochado hasta en dos ocasiones sus palabras.

–Haga el favor de repetir lo que acaba de decir.

–Que habiéndose dictado un auto de prisión provisional sin tener conocimiento de la causa...

–Eso no lo ha dicho así de suave. Ha dicho amenazando. Guarde las formas. Usted podrá tener su criterio personal de a qué responde el origen de la investigación, pero de eso al salto cualitativo de la comisión de hechos delictivos dista un mundo.

Las defensas, al menos en estos primeros compases de una vista oral que se alargará previsiblemente hasta junio, han remado en una misma dirección con un objetivo perfectamente definido: arrasar la causa desde los cimientos. Así, han solicitado, una tras otra, la anulación de las grabaciones sobre las que se apoya Kitchen. Tanto aquellas que dieron origen a la apertura allá por 2018 de esta pieza separada del caso Villarejo como a una segunda tanda que afloró allá por 2022 y que aportó el empresario Javier Pérez Dolset. "Deben ser anuladas y consideradas prueba ilícita", ha señalado el abogado del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se ha empleado a fondo, precisamente, en esta cuestión.

En relación con el primer grupo de audios, que fueron localizados durante los registros contra el excomisario José Manuel Villarejo, el letrado ha señalado que "falta fiabilidad técnica" –"No sabemos con qué dispositivo fueron grabados, no sabemos si estaban cortadas las conversaciones"– y que, de todos modos, bajo su punto de vista, fueron obtenidos de forma "ilícita". En cuanto al segundo grupo, en el que se encuentran varias conversaciones en las que participa directamente su cliente, ha señalado que los audios no se encontraban entre el "material" que se incautó a Villarejo: "La forma en la que estas grabaciones acceden al procedimiento –aportadas por Dolset o difundidas en el canal de Telegram de Alvise Pérez– es bastante rocambolesca [...] Trazabilidad cero, nula, no se puede autentificar el contenido, origen o fiabilidad".

Un frente en el que incidió también a lo largo de la sesión la representación del excomisario jubilado, que a diferencia del resto de acusados ha seguido el juicio desde el estrado, tomando notas sin parar en un pequeño cuaderno. Durante su intervención, ha deslizado que las grabaciones originales no se han encontrado en los registros. "Lo que se halla en la casa de Villarejo son copias. Nadie ha podido determinar si están manipuladas", ha lanzado. De hecho, ha explicado que las entradas se produjeron en busca de "otros encargos relativos a contrataciones privadas" y que, por tanto, cuando la Policía se encontró con los audios sobre esta supuesta operación parapolicial debió haber vuelto a pedir permiso para indagar en esos dispositivos digitales.

El primero en empezar a construir una defensa que luego irían reforzando el resto de abogados ha sido el letrado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. En este caso, buena parte de su intervención ha girado alrededor de la falta de competencia de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de estos hechos. Así, resaltó la falta de conexión entre el caso Villarejo –conocido oficialmente como Tándem– y la "mal denominada" pieza separada Kitchen –de hecho, buena parte de abogados han evitado calificarla como tal–. En este sentido, explicó que mientras la macrocausa versa sobre los servicios que el comisario jubilado ofrecía a clientes privados a cambio de una contraprestación económica mediando contrato o encargo, en este caso no se puede hablar ni de "proyecto", ni de "encargo", ni de "contrato", ni de "pago de precio".

"No se tratan de hechos conexos, [la localización de los audios] debió tener la consideración de hallazgo casual. Se debió deducir testimonio para incoar procedimiento ante la jurisdicción ordinaria", ha señalado el letrado Jesús Mandri. Algo en lo que han insistido también las defensas del resto de acusados. "Enjuiciando estos hechos simplemente porque está aquí el señor Villarejo adquiriría una cualidad casi de tribunal de excepción", ha apuntado el letrado del excomisario y exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, el cual ha aprovechado también su intervención para solicitar la nulidad de una serie de correos aportados a la causa y adelantar que se opondrán a que se use en el juicio la declaración del excomisario Enrique García Castaño, al que problemas de salud le han librado del banquillo.

Las defensas también han aprovechado esta primera jornada del juicio para denunciar falta de concreción o exceso en las acusaciones. "Mi cliente no fue citado ni interrogado por esos hechos", se ha escuchado en más de una ocasión. Y también para denunciar la extensión del secreto de la causa. "Se ha producido un abuso manifiesto y evidente", ha aseverado el letrado del exministro, sentado en primera fila y a solo una silla de distancia de quien fuera su número dos. Por eso, han solicitado que se anulen todas las diligencias practicadas durante ese periodo. Y, siguiendo la doctrina del fruto del árbol envenenado, todas aquellas posteriores. Es decir, que se vacíe la causa de contenido.

"Y muy en concreto la expulsión de las actas notariales que producen la imputación de Fernández Díaz", ha dejado caer Mandri. Se refiere a los mensajes protocolizados ante notario por su ex secretario de Estado que le implican en Kitchen. "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B. a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica… Es decir, que no sería información para el J a efectos publicación…: es es lo q ha dicho, insisto y es muy probable q esa fuera la intención. Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información... veremos. Te informo".

En cada una de las intervenciones, abogados y abogadas han ido añadiendo elementos relativos a sus propios defendidos. La del exchófer, por ejemplo, habló de delito inducido, poniendo por un instante el foco sobre el resto de acusados: "Ríos es el único que en aquel momento no era policía, con lo cual difícilmente podría saber lo que era y no delito, sobre todo cuando quien se dirige a él son mandos policiales". Y la de Bárcenas trató de normalizar la operación alrededor del extesorero del PP: "Era una investigación policial legal sobre el patrimonio de una persona que estaba siendo investigada por delitos económicos".

Las defensas han tenido, por tanto, un papel principal en esta primera jornada del juicio. Fundamentalmente porque las acusaciones apenas han intervenido en esta fase de cuestiones previas. Solo ha tomado la palabra la abogada del PSOE, Gloria de Pascual. Y lo ha hecho para pedir que se ahonde en la "conexión política" de la Kitchen. Es decir, para que se busque la X más allá de Fernández Díaz. "Tiene que haber otras personas sentadas en el banquillo", ha resaltado la letrada, quien ha solicitado que se declare una nulidad parcial del fin de las pesquisas y que se reabran para seguir investigando con el foco puesto, principalmente, en la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

La también exministra de Defensa llegó a estar investigada, junto a su marido, en la causa. Pero el instructor de la misma, Manuel García-Castellón, terminó archivando en julio de 2021 las actuaciones contra ellos. Para el magistrado, achacarles una participación intelectual en la trama era "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno". "El hecho de que Cospedal se reuniese con Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna", apuntaba, al tiempo que desdeñaba los audios publicados por el portal moncloa.com sobre un encuentro entre ambos en el despacho de la primera en Génova.

Tanto las acusaciones como Anticorrupción intentaron que el archivo fuera revocado y que Cospedal volviera a ser investigada. Sobre todo, tras la publicación de unos audios en el diario El País en los que se la escuchaba decir a Villarejo que había que parar lo de la "libretita" de Bárcenas. García-Castellón lo rechazó, alegando que no podían sustentarse las acusaciones "sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia". Para entonces, esos audios llevaban ya tres meses en el juzgado, adonde fueron remitidos vía oficio en junio de 2022 por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

En febrero de 2023, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión del instructor de no reabrir el caso. Y nadie se acordó de esos audios hasta el 27 de octubre de ese mismo año, cuando la Unidad de Asuntos Internos remitió un nuevo informe a García-Castellón en el que aludía a la "posible vinculación" de dichas grabaciones con la Kitchen, un documento que, sin embargo, quedó guardado en un cajón. En todas estas grabaciones se apoya la acusación popular para realizar su petición, que acompaña una segunda solicitud: que el PP sea declarado responsable civil a título lucrativo al ser el "principal beneficiado" de la Kitchen. Ahora, la decisión está en manos del tribunal.

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que investigue si hubo maniobras policiales cuando gobernaba el PP contra el exeurodiputado de Podemos Miguel Urbán que le relacionaron con un supuesto caso de tráfico de drogas para acceder a sus cuentas bancarias y a información personal y de su entorno.

La sección tercera de lo Penal ha estimado un recurso de Urbán y ha instado al juez a tenerle como acusación particular en la causa judicial donde investiga la supuesta puesta en marcha, entre 2015 y 2016, de "investigaciones prospectivas" y "ajenas" al interés policial y al control judicial sobre Podemos y sus dirigentes para después filtrarlas a los medios y "desprestigiar" al partido, según el auto adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EFE.

En un principio, el juez Pedraz rechazó dar a Urbán la condición de acusación al considerar que el antiguo cargo de Podemos "fue objeto de investigación por un presunto delito de tráfico de drogas" en unas diligencias de la Fiscalía Antidroga que, según el magistrado, no tenían "vínculo alguno" con la causa que dirige.

Un argumento que fue combatido por el abogado de Urbán, que alegó que su denuncia tiene "una evidente conexidad" con lo que investiga el juez, pues se trata de "una actuación policial desarrollada por el mismo grupo de policías, dependiente del director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino", número dos de la Policía entre 2012 y 2016, cuando gobernaba el PP.

Urbán menciona en su recurso -ahora estimado- la denominada operación Cardenal, un "auténtico montaje policial" a través de supuestos confidentes que le implicaba en el presunto tráfico de 40 kilos de cocaína para, "con ello, posibilitar el acceso a las cuentas corrientes y otra información personal" suya y de su entorno, y justificar la consulta en bases de datos del entonces líder del partido, Pablo Iglesias, y del entonces senador Josetxo Arrieta.

En su auto, la Sala subraya que en la época de los hechos descritos por Urbán, este ejercía "funciones públicas en el Parlamento Europeo, en representación de España, lo que haría aún si cabe de mayor gravedad las supuestas operaciones objeto de investigación llevadas a cabo, sin perjuicio además de otras personas que ejercían o ejercer en la actualidad funciones de carácter político".

Los magistrados dejan a criterio del juez si abre una pieza separada para investigar estos hechos.

Entre los investigados figuran el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.

La Audiencia Nacional rechaza hacerse cargo de una de las múltiples investigaciones abiertas por la filtración de datos personales de políticos y periodistas. En un auto fechado a comienzos de febrero, consultado por infoLibre, la Sala de lo Penal revoca la decisión del Juzgado Central de Instrucción nº3, que dirige la magistrada María Tardón, de asumir las pesquisas y declara "la falta de competencia" de la Audiencia Nacional para instruir el procedimiento. Algo que la Fiscalía también está buscando en otra de las causas que giran en torno a filtraciones parecidas: la protagonizada por un joven canario que se hacía llamar Akkaspace. En este caso, el instructor ha rechazado, por el momento, inhibirse y mandar el caso a un juzgado ordinario, una decisión que, no obstante, el Ministerio Público y las defensas planean recurrir.

La investigación sobre la que acaba de pronunciarse la Sala de lo Penal arrancó el pasado mes de diciembre a raíz de un oficio remitido por la Comisaría General de Información. En él se ponía de manifiesto la existencia de dos publicaciones sensibles en un foro conocido por alojar contenidos de doxing –difusión de información privada sin consentimiento de terceras personas–. La primera se titulaba "politicospainbuena". La segunda, "SpainPoliticians". En ambas se recogían desde documentos de identidad hasta correos electrónicos, números de teléfono, direcciones y hasta números de cuenta bancaria. Entre los afectados, el presidente del Gobierno, ministros, diputados y exdiputados de diferentes partidos.

La Policía solicitaba en aquel oficio la emisión de una comisión rogatoria a Países Bajos en relación con la mercantil Discord Netherlands BV para que facilitara diferentes datos –ID de usuario, IPs de conexión, teléfonos asociados, administradores o correos– que permitiesen identificar y localizar a los autores de la filtración, quienes promocionaban en las publicaciones sus propias cuentas de la plataforma de comunicación Discord. La investigación, finalmente, la acabó asumiendo el pasado 30 de diciembre el Juzgado Central de Instrucción nº3. En su auto, argumentaba que los delitos contra "altos organismos de la Nación y forma de Gobierno" son competencia, como así establece el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía, sin embargo, rechazó dicha interpretación e interpuso recurso de apelación. En él, el Ministerio Público alegaba que la filtración de datos analizada no tenía encaje en dicho supuesto. Como mucho, argumentaba, la conducta podría encuadrarse en un delito de descubrimiento y revelación de secretos, que no forma parte del catálogo de materias que asume la Audiencia Nacional. Que la víctima sea una alta autoridad, continuaba el escrito fiscal, no convierte de manera automática los hechos en un delito contra los altos organismos del Estado. Ni tampoco, proseguía, de terrorismo. Para ello, completaba, sería necesario probar que con la filtración se buscaba, por ejemplo, subvertir el orden constitucional, desestabilizar las instituciones o generar terror.

Una interpretación con la que coincide, finalmente, la Sala de lo Penal. En su resolución, fechada el 9 de febrero, los magistrados se limitan a analizar si los hechos objeto de investigación encajan exclusivamente en el "delito contra altos organismos o contra la forma de Gobierno" dado que en el auto recurrido "no se hace referencia alguna al terrorismo para justificar la competencia". En este sentido, comienzan explicando que esa denominación es la que se contemplaba en el Código Penal de 1973 para castigar, entre otras cosas, la "invasión violenta o con intimidación" del "Palacio de las Cortes" o del "local donde estuviese reunido el Consejo de Ministros" o la "ejecución de actos directamente encaminados" a sustituir por otro al Ejecutivo, "cambiar ilegalmente la organización del Estado" o "despojar en todo o en parte al jefe del Estado de sus prerrogativas".

La correspondencia con el actual Código Penal, continúan los magistrados, habría que buscarla en los denominados delitos contra la Constitución: los de rebelión, contra la Corona y contra las instituciones del Estado y la división de poderes. "Y en ninguno de estos tiene, en principio, cabida la acción que trata de investigarse en esta causa, pues la difusión indebida de datos personales de altas autoridades del Estado o de comunidades autónomas no implica, por sí sola, la afectación de las instituciones que representan las personas individuales afectadas, dificultando o alterando su funcionamiento", concluye la Sala de lo Penal, declarando así la falta de competencia de la Audiencia Nacional para el conocimiento de esta filtración.

Una batalla competencial que la Fiscalía también está librando en otro procedimiento que se sigue en el mismo órgano judicial. En concreto, en el Juzgado Central de Instrucción nº1, que investiga una filtración parecida protagonizada por Akkaspace, alias tras el que se ocultaba un joven canario llamado Yoel. A finales de enero, el Ministerio Público solicitó al instructor que enviara el caso a un juzgado ordinario de Las Palmas de Gran Canaria al entender que los hechos no podían ser constitutivos de un delito de terrorismo. Por mucho que el investigado hubiera manifestado su "animadversión" al PSOE, exponía la fiscal, no podía llegarse sin más a la "conclusión" de que con la filtración buscase "subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de instituciones políticas".

El instructor del caso, Francisco de Jorge, ha rechazado, por el momento, inhibirse del caso. En un auto de esta misma semana, el magistrado defiende que los hechos pueden encajar dentro del tipo penal del terrorismo. "[Con su actuación pretendían] desestabilizar gravemente el funcionamiento del sistema democrático, institucional, político y, en general, del Estado", argumentaba. Una resolución que, sin embargo, tanto Fiscalía como defensas prevén recurrir, dejando así la decisión final en manos de la Sala de lo Penal. La misma que, en el caso de esta otra filtración, ya ha declarado la falta de competencia de la Audiencia Nacional.

La investigación por la filtración de datos personales de políticos y periodistas llevada a cabo por un joven canario que operaba en la red con el alias de Akkaspace seguirá, al menos por el momento, en la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, ha rechazado el intento de la Fiscalía de que el caso se reduzca a un simple delito de descubrimiento de datos reservados y se envíe a un juzgado ordinario de Las Palmas de Gran Canaria. En un auto del pasado lunes, al que ha accedido infoLibre, el magistrado sostiene que los hechos pueden tener encaje en un delito de terrorismo. Y, por tanto, la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigarlos. Una decisión que tanto el Ministerio Público como las defensas de los investigados tienen previsto recurrir en apelación.

Los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando la Comisaría General de Información de la Policía Nacional puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que se estaba colgando en un conocido foro de doxing –práctica que se refiere a revelar datos de terceras personas sin su consentimiento– información privada de miembros del Ejecutivo –entre ellos el presidente, Pedro Sánchez–, de las Cortes Generales o de periodistas. Se registraron, en total, tres publicaciones con números de DNI, direcciones de domicilio o correos electrónicos. Dos de ellas, protagonizadas por un tal Akkaspace, alias tras el que se escondía un joven canario llamado Yoel que fue detenido, junto con otro muchacho, un par de semanas después.

Tras más de medio año de investigación, la Fiscalía solicitó a finales de enero al instructor que se inhibiera y enviara el caso a un juzgado ordinario de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hacía al entender que los hechos no eran constitutivos de delitos de terrorismo. Como mucho, se estaría ante un descubrimiento y revelación de datos reservados, recogido en el artículo 197 del Código Penal y castigado con penas de prisión de uno a cuatro años. En su escrito, la fiscal exponía que se seguía "desconociendo" de "dónde" habían "podido obtener" dichos "datos" los investigados. De hecho, aseguraba que pese a todas las diligencias no constaba acreditado que hubieran sido obtenidos "mediante el ataque" a alguna base de datos del Gobierno, Poder Judicial, Tribunal Supremo o Constitucional.

"La conducta desarrollada [...] en ningún caso puede ser calificada como constitutiva de un delito de terrorismo [...]; por más que Yoel haya puesto de manifiesto su animadversión al Partido Socialista, no podemos sin más llegar a la conclusión de que la publicación de datos personales de políticos, periodistas y otros sujetos de actualidad política [...] fuera, ni más ni menos, que la de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de instituciones políticas, estructuras económicas o sociales del Estado, o la de alterar gravemente la paz pública o la de provocar un estado de terror en la población", aseveraba la representante del Ministerio Público.

Una inhibición de la Audiencia Nacional a la que se oponía alguna de las acusaciones: "Estamos no solo ante un ataque al derecho a la intimidad de cada una de las personas afectadas sino, claramente, un ataque a las instituciones del Estado y al llamado cuarto poder". Y que acaba de rechazar finalmente el instructor. En un auto fechado el pasado 16 de marzo, el magistrado se mantiene en la tesis de que los hechos investigados "podrían ser constitutivos" de un delito de terrorismo, "afectando a numerosas personalidades de diversas instituciones públicas y privadas".

"Del resultado de lo investigado hasta el momento, como se pone de manifiesto en los diversos informes policiales, se revela una afectación directa a altas instituciones del Estado y sus personalidades", señala. El magistrado considera "ilustrativa", en este sentido, la "declaración" de uno de los "investigados", que "llega a reconocer", en relación con sus ataques, que "actuaba" movido por la "sensación de corrupción generalizada" y con un doble objetivo: dar, por un lado, una "reprimenda" a esas "personalidades" y, por otro, lanzar una "advertencia" para que "desistan en su comportamiento corrupto".

"Esta actuación encajaría en las finalidades previstas en los tipos previstos en la circunstancia primera del artículo 573.1 y en el 573.2 del Código Penal –delitos de terrorismo–, pues claramente con su actuación a través de las graves filtraciones de datos pretenden, mediante esa 'reprimenda' o 'justicia popular' que deciden aplicar a las personalidades especialmente institucionales y también de carácter privado, desestabilizar gravemente el funcionamiento del sistema democrático, institucional, político y, en general, del Estado", recoge la resolución.

Para el magistrado no es "casual", del mismo modo, la "intervención" de Desinformador Ruso, un alias que Europol atribuye al ciudadano español Enrique Arias Gil, "vinculado a las estrategias de desestabilización orquestadas" desde fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo? "Redifundiendo los datos revelados e instando al acoso a los cargos públicos y periodistas afectados por la difusión de los datos", resalta el instructor.

El auto, en definitiva, sostiene que "la calificación de terrorismo" deriva del uso de medios informáticos para entrar en bases de datos y difundir información personal de representantes públicos "incitando" a un "escrache virtual masivo" y a la "adopción de represalias" con la intención de "forzar un cambio político o en represalia por la actuación política" desde una posición "antisistema", afectando a "altas instituciones de la Nación". Calificación, completa, que es "provisionalísima" y que no "excluye" que pueda terminar derivando en otra distinta como resultado de la instrucción. Por todo ello, decide mantener el caso.

Una decisión que, según ha sabido este diario, tanto las defensas como el propio Ministerio Público tienen previsto recurrir. "Los penalistas vivimos de los errores de los jueces de instrucción, esa es nuestra fuente de éxito. Y este es un error importante. Iremos en apelación", anuncia Lázaro Chico, abogado de uno de los investigados, que mantiene que los hechos no encajan ni en el delito de terrorismo ni en el de revelación de secretos: "Lo que se ha revelado ya circulaba por la red".

En 2018, una mujer que estaba colaborando con la justicia en la investigación del caso Carioca de prostitución en Lugo obtuvo por su ayuda un permiso de residencia extraordinario a solicitud de la justicia. En 2022, tras residir legalmente más años de los requeridos, solicitó la nacionalidad, pero el Estado se la denegó en 2024 sin tener en cuenta su propio permiso extraordinario de residencia.

Ahora la Audiencia Nacional condena al Estado, considera “acreditado el cumplimiento del requisito de residencia legal” y le reconoce a la mujer “la nacionalidad española por residencia”.

El caso Carioca comenzó a investigarse con diligencias previas en 2008 por parte del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, en el que estaba la jueza Pilar de Lara. La investigación, como otras de la misma jueza –que acabó siendo sancionada–, se demoró y se diversificó en varias piezas, llegando la sentencia de la pieza principal en julio de 2024, cuando quedó confirmada para la justicia la existencia de favores mutuos entre agentes de la Guardia Civil y proxenetas, con varias mujeres prostituidas como principales víctimas.

En la sentencia de Carioca fueron condenados por conformidad dos guardias civiles y tres proxenetas. Y entre los primeros estaba precisamente uno que tenía entre sus cometidos realizar inspecciones “en clubes de alterne o establecimientos análogos” para, entre otros aspectos, “examinar la documentación del personal” y, en el caso de personas extranjeras, denunciar posibles estancias en situación irregular.

En este contexto, en marzo de 2018 el juzgado instructor envió un oficio sobre la mujer al subdelegado del Gobierno en Lugo “por el que informa sobre dicha colaboración y que su presencia en España es imprescindible, solicitando asimismo que se le conceda la correspondiente autorización de residencia por circunstancias excepcionales”. La mujer obtuvo “las correspondientes tarjetas de residencia en España desde el año 2018 hasta 2024”, pero en ese año le fue denegada la nacionalidad que había solicitado en 2022 por incumplir el requisito de residencia legal previa.

La legislación establece que las personas de Iberoamérica que soliciten la nacionalidad española solo tienen que residir previamente en España de forma legal, continuada y sin interrupción durante dos años. Y ese fue el argumento dado por el Estado: que no cumplía el requisito de residencia legal previa durante dos años, obviando el permiso extraordinario que había obtenido por su colaboración con la justicia. Así que ahora la Audiencia Nacional anula la decisión del Estado “y en su lugar reconocemos la nacionalidad española por residencia a la recurrente”.

Los investigadores de la filtración de datos personales de políticos y periodistas registrada el pasado verano no son capaces de llegar al origen de la brecha. Así consta en un escrito reciente del Ministerio Público. El informe, fechado a finales de enero y al que ha tenido acceso infoLibre, deja claro que "se sigue desconociendo" más de medio año después "de dónde" han "podido obtener" dichos "datos" los autores de hasta tres publicaciones en redes sociales y foros con información de todo tipo sobre miembros del Gobierno –entre ellos el propio presidente–, diputados o reconocidos comunicadores.

Los hechos se remontan al pasado mes de junio. El día 19, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que se estaban difundiendo datos sensibles que afectaban al entorno de intimidad y a la seguridad de diferentes autoridades gubernamentales. La primera publicación se produjo en el canal de Telegram @gov.eth, donde se colgó el enlace a un conocido foro que contenía desde números de DNI y teléfonos hasta direcciones de domicilio y correos de miembros del Ejecutivo y de las Cortes Generales, pudiendo constatarse la veracidad de una parte relevante de dichos datos.

La Policía volvió a notificar al día siguiente a la autoridad judicial la existencia de una nueva publicación en el citado foro, idéntica a la anterior. En este caso, se titulaba "Políticos Spain Resubido" y la fIrmaba un tal Akkaspace. El mismo usuario que el 21 de junio colgaba una nueva filtración –"Políticos V2"– encabezada con la siguiente frase: "dox by @akkaspace and @Pakito". En este caso, no solo se difundían datos personales de ministros o diputados, sino que también se exponían, por ejemplo, los de varios investigados en el caso Koldo-Ábalos-Cerdán. Además, ponía a la venta por un puñado de euros la herramienta de la que decía servirse para obtener dichos datos.

Eso fue, precisamente, lo que hizo caer a Akkaspace. Un agente encubierto se puso en contacto con ellos para adquirir el supuesto bot. Y el 1 de julio, en localidad grancanaria de Agüimes, miembros de la Comisaría General de Información arrestaron a dos jóvenes en relación con estos hechos. Uno de ellos, Yoel, era quien se escondía tras el alias Akkaspace. Y el otro, Cristian, ejercía como su "mula bancaria". "Prestaba sus cuentas en diversas plataformas para recibir, transferir y custodiar fondos que procedían de las actividades delictivas llevadas a cabo por Yoel, actuando como su intermediario en operaciones de blanqueo o lavado de dinero", recoge un reciente oficio policial, fechado el pasado mes de febrero.

Pakito, por su parte, fue identificado finalmente por la Guardia Civil, si bien la investigación contra él, a diferencia de lo que sucede con Akkaspace, no se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional, sino en un juzgado de León. A quien no se ha podido poner nombre y apellidos, según expone en su informe la Fiscalía, ha sido a quien se escondía tras el usuario @gov.eth, quien ha protagonizado filtraciones similares de políticos en Argentina y quien ha mostrado abiertamente su admiración por la figura de Adolfo Hitler. En una entrevista antes de su detención, Yoel reconoció que @gov.eth era una persona a la que le había facilitado la información, pero negó que dicha persona hubiera intervenido en los ataques.

Más de medio año después de la filtración, los investigadores siguen sin localizar la brecha por la que fluyeron los datos. "Se desconocía entonces y se sigue desconociendo ahora de dónde han podido obtener dichos datos los autores de las publicaciones", señala el Ministerio Público en su informe, en el que asegura que "pese a todas las diligencias de investigación" no ha podido acreditarse "que los datos personales publicados" hubieran sido obtenidos "mediante el ataque" a alguna base de datos del Gobierno, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo de Gobierno o algún Tribunal Superior de Justicia autonómico.

En dicho escrito la fiscal interesa que la Audiencia Nacional envíe el caso para su continuación a los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hace al entender que los hechos no son constitutivos de los delitos de terrorismo sobre los que ha girado la causa desde un primer momento. Como mucho, señala, estaríamos ante un delito de descubrimiento y revelación de datos personales. Una petición a la que se oponen algunos de los afectados.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones.

En su resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del tribunal central.

En este caso, Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, actúa como juez de la Plaza 2, donde se instruye la causa, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno.

En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025 el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos -y posteriormente puestos en libertad- por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

En el marco de esta operación varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía, cuyo análisis ha llevado a la jueza a considerar que este asunto tiene mayores ramificaciones que las recogidas inicialmente en la querella.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha avalado que se pueda disfrutar con flexibilidad el permiso de cinco días para el cuidado de familiares por enfermedad, accidente u hospitalización, sin necesidad de que su inicio se vincule necesariamente al comienzo del evento del que depende, informa EFE.

El Supremo, en sentencia fechada el 4 de febrero, aboga por dejar margen a una distribución racional del permiso que permita "una asistencia planificada y más eficaz" de la persona necesitada de ella.

La sentencia rechaza el recurso de casación planteado por el grupo empresarial RACE, después de que la Audiencia Nacional diera la razón a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que plantearon un conflicto colectivo ante la nota interna emitida por la empresa, en la que avisaba de que el mencionado permiso se disfrutaría desde el primer día laborable a partir del suceso que lo ocasionara.

La Audiencia Nacional declaró dicha nota contraria a derecho y estableció que el comienzo del permiso no podía estar vinculado a la fecha del hecho causante.

El Supremo ha confirmado esta sentencia, argumentando que una interpretación en sentido contrario implicaría "a todas luces una devaluación de su potencial protector".

Añade que ni el Estatuto de los Trabajadores ni el convenio colectivo aplicable ni la directiva comunitaria contienen criterio alguno relativo al momento en que pueda hacerse efectivo el derecho al permiso.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Secretaría de Estado de Igualdad que lleve a cabo medidas para impedir el acceso desde España a páginas web de 13 empresas que ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada, informa EFE.

Según un comunicado emitido este miércoles, las diligencias se han tramitado en coordinación con las Fiscalías Provinciales de Madrid y Barcelona, en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que también ha intervenido el Defensor del Pueblo.

Las empresas sobre las que se ha solicitado la toma de medidas están establecidas en países no pertenecientes a la Unión Europea. Entre ellas destacan Sucesss-Maternidad Subrogada, Go4Baby, Tammuz Family, Circle Surrogacy, Growing Generations o Surrogacy Beyond Borders.

La mayoría operan en países como Georgia, Ucrania, México, Colombia, Canadá o Estados Unidos.

A todas se les exige responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales.

Fuentes del Ministerio de Igualdad han confirmado haber recibido el escrito de la Fiscalía, pero han recordado que, si bien el Instituto de las Mujeres tiene competencias para iniciar acciones judiciales para la cesación de publicidad ilícita que afecte a la imagen de las mujeres, no tiene capacidad administrativa para bloquear páginas webs.

"Igualdad ha recibido el escrito en la tarde de este lunes y mañana lo analizará con Abogacía del Estado, que desde hace más de un año está trabajando intensamente en este asunto en vía judicial", han subrayado desde el ministerio.

Asimismo, el departamento dirigido por Ana Redondo ha asegurado que el Instituto de las Mujeres ya puso en conocimiento de la Abogacía del Estado la existencia de publicidad de servicios de gestación subrogada en cuatro empresas para que ejerciera acciones por vía judicial para la cesación de dicha actividad. El ministerio ha defendido que en los últimos años ha demostrado "un alto compromiso con la persecución de la explotación sexual reproductiva".

Concretamente, las fuentes han apuntado que el año pasado se realizaron dos "actuaciones clave" en este sentido: el Gobierno modificó la instrucción para hacer efectiva la prohibición de los vientres de alquiler y el Instituto de las Mujeres elaboró un informe sobre identificando a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad. 

La Policía Nacional está registrando la planta de Sidenor en el municipio vizcaíno de Basauri, por orden de la Audiencia Nacional, en una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario, según han explicado a EFE fuentes de ese Cuerpo policial.

Durante el registro, iniciado a mediodía de este martes, Sidenor está "colaborando con las autoridades que se han personado en las instalaciones" de la acería, a fin de "trasladarles con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen", según han informado fuentes de la compañía.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interrogó en noviembre al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos directivos en la causa en la que les investiga por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras.

Ese tribunal investiga si incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero a esta empresa, presuntamente "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento".

Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

La Audiencia Nacional ha rechazado investigar la querella que presentó el expresidente catalán Artur Mas por la Operación Cataluña y el espionaje con Pegasus, al concluir que se basa en una "mera sospecha" derivada de informaciones periodísticas y que, en cualquier caso, los hechos estarían prescritos, informa EFE.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez Antonio Piña acuerda inadmitir a trámite la querella de Mas, que se dirige contra Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior en la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el exsecretario de Estado Fernando Martínez, además de miembros de la llamada policía patriótica y exdirectores del CNI, entre otros.

El magistrado argumenta que los hechos que describe la querella o están prescritos o investigados en otros procesos judiciales -como es el caso del espionaje con Pegasus- y que no hay suficientes indicios para abrir una causa penal, dado que se trata de "una mera sospecha" basada en gran parte en informaciones periodísticas. 

Los abogados de Mas presentaron inicialmente la querella ante los juzgados de Barcelona, que descartaron investigarla al entender que la competente para hacerlo era la Audiencia Nacional, dado que los delitos incluidos afectarían a Artur Mas en su cargo de presidente de la Generalitat, que constituye una alta institución del Estado.

No obstante, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia concluye que no es competente para investigar los hechos relatados de la querella porque, si bien irían dirigidos contra el presidente de la Generalitat, "no afectaron a la forma de gobierno", de forma que no pueden constituir delitos contra altos organismos el Estado.

El magistrado remarca además que los hechos que narra la querella sucedieron entre los años 2012 y 2015, ya fueron objeto de anteriores denuncias o procedimientos judiciales y, por otra parte, estarían prescritos al haber transcurrido el plazo máximo previsto para los delitos denunciados, que es de diez años.

Para la Audiencia Nacional, solo podría impedir la prescripción que los hechos constituyeran un delito continuado por la utilización de Pegasus para espiar a Artur Mas, que según informes periciales sufrió una interceptación de comunicaciones con ese software desde 2015.

Sin embargo, mantiene el auto, "ningún elemento, salvo la mera suposición, permite afirmar que dicho software fuese utilizado e implementado por quienes hoy figuran como querellados", entre quienes forman parte los exdirectores del CNI Félix Sanz Roldán y Paz Esteban.

Para el juez, suponer que el espionaje con Pegasus "es una parte más de la llamada Operación Cataluña no deja de ser una mera suposición, que no alcanza el carácter de indicio, si no de mera sospecha".

"Conocido es la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo al indicar que carecen por sí solas de valor las informaciones periodísticas para abrir un procedimiento penal", recuerda el magistrado, que apunta que, en todo caso, el espionaje con Pegasus sería un delito de revelación de secretos que no entra en las competencias de la Audiencia Nacional.

En su escrito al juez para oponerse a la admisión de la querella, la Fiscalía Anticorrupción defendió la "legitimidad del Estado para impedir cualquier delito contra el orden constitucional, entre ellas las acciones llevadas a cabo por el movimiento independentista en cuanto que no se encaucen en la legalidad vigente".

Ello justificaría, para el ministerio público, "la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía y órganos judiciales siempre, y como hemos dicho, que esa actuación se lleve a cabo dentro de la legalidad", según su escrito, al que ha tenido acceso EFE.

Jordi Pina, abogado del expresidente de la Generalitat, presentará recurso de apelación en la Audiencia Nacional contra la inadmisión de la querella. Inicialmente, defendió la competencia de los juzgados de Barcelona para investigar el caso.

La Policía Nacional contará en su parque móvil con dos potentes nuevos vehículos para la lucha contra el narcotráfico. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado que el cuerpo pueda disponer provisionalmente de un Porsche Cayenne Turbo y un Audi A3 Sportback incautados a la trama que gira alrededor del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que detuvieron a finales de 2024 por su supuesta relación con el narcotráfico con más de 20 millones de euros en efectivo, buena parte de ellos emparedados. Algo que, según señalan fuentes policiales a infoLibre, se hace "de forma habitual". Y que les permite, en algunos casos, enfrentarse a los delincuentes en igualdad de condiciones.

A comienzos de octubre, el instructor del caso, que se lleva en el Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional, acordó el decomiso de ambos coches "como ganancia procedente del delito". Y la adjudicación de los mismos, a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, a la Policía, de forma que pueda usarlos de manera provisional hasta que se dicte sentencia firme. En el marco de la operación se requisaron decenas de vehículos, parte de ellos de marcas de lujo –desde Maseratti a Porsche, Range Rover o BMW– y algunos relacionados con licencias VTC. El juez dio orden de sacarlos a subasta unos meses después de la detención de Óscar Sánchez, el inspector de la UDEF que se erige como pieza central de una investigación cuya explosión precipitó la incautación en Algeciras de 13 toneladas de cocaína vinculadas al entramado.

Las defensas recurrieron. En el caso del Porsche Cayenne, que figura como propiedad de la mercantil Leihwagen –una de las utilizadas en la trama–, alegaron que no se fundamentaban de manera suficiente los indicios que permitían calificar al coche como "ganancia procedente del delito" o que la cesión del mismo a la Policía iba en contra de la naturaleza del decomiso porque el uso policial no conserva, sino que consume el valor del bien. Una impugnación similar a la planteada en relación al Audi, en la que se alegaba que el vehículo fue adquirido meses antes de que la recurrente prestase sus servicios a una de las mercantiles salpicadas y pagado desde su propia cuenta corriente, no desde ninguna sociedad implicada en el supuesto blanqueo de capitales.

Pero ambas chocaron contra la Audiencia Nacional. En dos autos de comienzos de enero consultados por este diario, los magistrados rechazan, uno a uno, los argumentos esgrimidos. "El hecho de que la ahora recurrente comenzase su actividad en la sociedad Pumba Gestión en abril de 2024 y que el vehículo hubiera sido adquirido con anterioridad, y que se hubiera abonado íntegramente a través de cuentas bancarias a nombre de la investigada, y no de la sociedad, no implica la legalidad del origen del dinero, ya que las actuaciones delictivas objeto de la investigación son anteriores a dichas fechas, por lo que no se ha acreditado el origen lícito del dinero contenido en dichas cuentas, ni del efectivo incautado en su domicilio –51.600 euros–", apuntan los magistrados en el caso del Audi.

Las resoluciones, del mismo modo, también responden a la cuestión del consumo de valor planteada. "Los vehículos se deprecian y se deterioran más por el hecho de estar parados que en circulación, con independencia de que esta última opción produzca otro tipo de desgaste de la vida útil del vehículo", sostiene la Sala de lo Penal, que también recuerda la suspensión de actividad de la mercantil: "La devolución no permitirá a aquella retomar sus operaciones ordinarias, ni la viabilidad de la empresa y la protección de su patrimonio, razón por la que primero el decomiso y luego el uso policial impedirán el achatarramiento y deterioro del vehículo".

El artículo 367 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece que "podrá autorizarse" el "uso provisional" de "bienes decomisados", entre otras circunstancias, cuando "se trate de efectos especialmente idóneos para la prestación de un servicio público". Algo que, consideran los magistrados, se cumple en este caso: "Resultan especialmente idóneos para ser puesto a disposición de las unidades policiales de la investigación en sus funciones ordinarias de prevención y represión del tráfico de drogas organizado y el blanqueo de capitales asociado a aquel, debido a las peculiares características técnicas del mismo".

Las fuentes policiales consultadas explican que la cesión provisional de bienes decomisados a las unidades "se hace de forma habitual" para facilitar las "labores" policiales. Al fin y al cabo, es algo que les permite jugar con las mismas cartas que los delincuentes. "No es lo mismo perseguir a un Porsche con un Toyota Corolla o con un Nissan Qashqai que con otro Porsche", ejemplifican. Además, explican que no siempre se ceden vehículos. También pueden solicitarse otros medios: "Por ejemplo, un georradar potente que se incaute en una operación".

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, en un informe fechado a mediados de diciembre al que ha accedido EFE, sostiene que el exjefe de la UDEF habría ayudado a colar en España 37 contenedores con 58,49 toneladas de cocaína, con un valor en el mercado de más de 2.000 millones de euros. Una conclusión a la que llegan los investigadores tras analizar el móvil del inspector, donde destaca una nota denominada "8 jun 24", actualizada hasta pocos días antes de su detención, que evidenciaría una relación entre contenedores de droga y cantidades de dinero.

El informe de Asuntos Internos analiza también las comunicaciones de otro de los principales investigados, Ignacio Torán, que evidencian su "liderazgo en la organización", su "actuación concertada" con el inspector y la "inquietante y espectacular capacidad económica" que facilitó su captación y "su absoluta entrega a los ilícitos fines de la organización movido por el ánimo de lucro". De hecho, el exjefe de la UDEF recibía "correlativos pagos" por su ayuda a la organización de parte de Torán, que está en libertad provisional por un error judicial.

En el marco de esta macrocausa, esta semana cayeron nuevas piezas del engranaje de blanqueo de capitales que giraba alrededor de la trama. Entre los detenidos, Francisco de Borbón, pariente lejano del rey y cuyo nombre está detrás de la firma ET Fintech Europe, dedicada a la criptomoneda y que llegó a amasar 20 millones de dólares en moneda virtual que, según la Audiencia Nacional, procederían del tráfico de cocaína.

Durante décadas, el foco informativo permanente de los casos más trascendentes y algunos jueces de gran popularidad la convirtieron en la imagen que los ciudadanos tenían de la Justicia. Por sus juzgados centrales de instrucción –y después por sus banquillos de cristal blindado– pasaron los terroristas más sanguinarios y peligrosos. Los de ETA y los islamistas. Desde sus despachos se puso a la Justicia española en el mundo a través de causas internacionales como las de Pinochet, el torturador argentino Scilingo, el asesinato de José Couso, los crímenes de Israel en Gaza anteriores a la actual invasión, Guantánamo o Ruanda. Con la desaparición de ETA, el repliegue del yihadismo y los sucesivos recortes a la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional se ha convertido en el escenario de las grandes macrocausas por corrupción como Gürtel, Púnica, Pujol o Lezo.

A falta de un año para su 50 aniversario, el tribunal del terrorismo aspira a transformarse en el del crimen organizado más sofisticado.

El nuevo presidente, Juan Manuel Fernández Martínez, planteó el debate el pasado noviembre con una carta abierta enviada a todos los jueces centrales y secciones de lo Penal –también de lo Contencioso-Administrativo, Social, Menores y Vigilancia Penitenciaria– para abrir una reflexión que adapte las competencias del tribunal a la criminalidad más compleja y sofisticada. La idea es plantear una reforma legal que pueda ser trasladada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de ahí al Gobierno y al Parlamento. La propuesta del presidente considera que el actual marco competencial de la Audiencia ha quedado obsoleto. Fernández considera que, pese a la transformación de la criminalidad en los últimos años, el órgano sigue siendo necesario, aunque necesita una mayor especialización. La Audiencia Nacional aspira ahora a convertirse en el órgano de la criminalidad organizada en todas sus vertientes.

Para ello, según el documento enviado por Fernández a toda la plantilla, es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le atribuya expresamente esa materia que requiere una respuesta judicial especializada y coordinada. La delincuencia organizada que se atribuya a la Audiencia Nacional con esas nuevas competencias –entre las que se propone que siga estando el terrorismo– tendrá que cumplir tres requisitos. En primer lugar, que la organización criminal de que se trate tenga "una estructura organizada y jerarquizada". También que su ámbito de actuación sea transnacional o, en caso de que se implante en territorio español, "que afecte a un número significativo de personas que exceda de una comunidad autónoma". El último criterio por el que este tribunal entraría a investigar y enjuiciar a estas bandas sería la utilización por estas "de medios sofisticados o violentos para la comisión de delitos".

Esa atribución general de la criminalidad organizada debería, a su vez, especificarse en sus diferentes ramas. El narcotráfico, uno de los campos tradicionales de la Audiencia –con operaciones como Nécora o las actuales del exjefe de la UDEF al que encontraron 20 millones en su casa o las narcolanchas del Estrecho– es uno de ellos. El documento considera que los criterios de atribución de estos casos a la Audiencia han quedado anticuados y que esto "perjudica gravemente al éxito de las investigaciones en esta materia". La ley establece que la AN es competente siempre que el delito lo cometa una organización criminal y actúe en el territorio de varias provincias. Lo que se plantea es que se deje al margen ese criterio territorial y la Audiencia sea competente solo en los casos más graves. Uno de los criterios para determinar esa gravedad podría ser la corrupción que en muchos casos lleva asociada, lo que sí justificaría que un órgano central como la AN, y no los de los distintos territorios, se encarguen de ellos.

Otra de las manifestaciones del crimen organizado que reclama la Audiencia Nacional es el blanqueo de capitales a través de organizaciones criminales transnacionales. Se trata de un tipo de delito que este órgano ya investiga, pero que no tiene atribuido expresamente. Su inclusión expresa en el catálogo de delitos del tribunal se justifica "por la necesidad de centralizar la investigación de delitos complejos que requieren una visión global y recursos especializados". "El blanqueo de capitales moderno implica técnicas sofisticadas como el uso de paraísos fiscales, empresas pantalla y criptomonedas", dice el documento enviado a los jueces. "La AN, con sus recursos especializados, puede abordar la complejidad de estas investigaciones", continúa. La razón es que el tribunal permite una mayor coordinación entre los cuerpos policiales, los jueces y los organismos internacionales. El objetivo final es proteger "la estabilidad financiera y la confianza en las instituciones" frente a un delito que socava el sistema financiero, distorsiona la economía y facilita la corrupción.

Transformar la Audiencia Nacional en el tribunal de la criminalidad organizada obliga, además, a incluir entre sus competencias otras materias. Como la trata de seres humanos, una actividad caracterizada por la transnacionalidad y que ejercen organizaciones de una extraordinaria complejidad que requieren una respuesta judicial especializada y centralizada. También las infracciones cada vez más frecuentes relacionadas con la ciberseguridad que puedan poner en peligro infraestructuras críticas como la red eléctrica, el transporte público o las instituciones financieras. "La AN, con su experiencia en la lucha contra el terrorismo y otros delitos complejos, es el órgano idóneo para abordar estos casos", afirma el documento del presidente. Otras dos categorías cuya inclusión se plantea son los delitos medioambientales que causen "un grave daño" y afecten a más de una comunidad autónoma o tengan dimensión transnacional. También los relativos al "tráfico ilícito de bienes culturales" o "que afecten a un patrimonio cultural de especial relevancia".

Estafas masivas como los casos Foro Filatélico y Afinsa, entre otros, han sido también materia tradicional de la Audiencia. El Supremo estableció que estos casos le correspondieran cuando la cantidad defraudada superara un millón de euros. La propuesta enviada a los jueces considera que ese límite está desfasado y que solo deberían corresponder a la AN las que "afecten gravemente a la economía nacional". El documento destaca el atasco que provocan las defraudaciones con criptomonedas con muchos afectados pero con deudas individuales muy pequeñas. Por eso propone que el límite se eleve a los 10 millones de euros con, al menos, 100 perjudicados. También propone que se le encomienden los delitos que afecten al orden constitucional y a la forma de gobierno, y no solo a altas instituciones del Estado.

Además de los jueces destinados en el Tribunal Central de Instancia (el que engloba los antiguos juzgados centrales de instrucción) y los magistrados de las distintas secciones y salas, en el debate abierto sobre el futuro de la Audiencia planteado por Juan Manuel Fernández también entran la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Antidroga y la Fiscalía Anticorrupción.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha dejado en libertad provisional con una fianza de 50.000 euros a Francisco de Borbón, primo lejano del rey Felipe VI y quien fue detenido en Málaga por presunto blanqueo vinculado a la red de narcotráfico por la que fue arrestado en 2024 el exjefe policial de la UDEF en Madrid.

Según informan a EFE fuentes jurídicas este miércoles, el magistrado ha adoptado esta decisión tras interrogar a Francisco de Borbón von Hardenberg, a quien investiga por un presunto delito de blanqueo en relación con esta causa, en la que se descubrió que el exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar S.G., ocultaba emparedados más de 20 millones de euros.

A Francisco de Borbón von Hardenberg se le atribuye un presunto blanqueo de los beneficios de la organización de narcotraficantes a través de una empresa de criptomonedas, en el marco de una pieza separada de esta investigación, vinculada a una comisión rogatoria a Panamá, y de la que acaba de levantarse el secreto.

Junto a Francisco de Borbón, otras tres personas fueron detenidas por la Policía Nacional y dos de ellos han pasado también este miércoles a disposición judicial. Según las fuentes, el juez De Jorge ha acordado libertad con fianza para ambos: de 60.000 euros para uno de ellos, dedicado al sector de la joyería y a quien las autoridades le habían intervenido cerca de 100 relojes Rolex sin justificar, y de 20.000 euros para la otra arrestada.

El magistrado ha impuesto a los tres investigados que han comparecido este miércoles la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y comparecencias semanales.

Tras sus respectivas comparecencias, la Fiscalía Antidroga había solicitado al juez que les pusiera en libertad bajo fianza y le había pedido que les diese un plazo de 72 horas para depositarlas una vez ya en libertad -de lo contrario deberían entrar en prisión.

En su declaración ante el juez, Francisco de Borbón, hijo del duque de Sevilla -ya fallecido-, ha estado asistido por una abogada del despacho Cremades y ha negado la acusación de blanqueo, a la vez que ha explicado que él se dedica a buscar inversiones, en línea con lo que ha declarado durante su detención en dependencias policiales.

El joyero, por su parte, ha indicado que él se dedica a negocios de joyería, y el juez le ha ido preguntando por determinadas joyas.

Los tres detenidos han sido conducidos por la Policía esta mañana a la Audiencia Nacional, donde han permanecido en calabozos a ser llevados ante el juez.

Esta causa se instruye desde noviembre de 2024 cuando se produjo la detención del ex inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid Óscar S.G. a raíz de una operación en la que se produjo la intervención en octubre de un contenedor con 13 toneladas de cocaína en Algeciras.

Según los investigadores, el exjefe de la UDEF daría cobertura a la entrada de droga en contenedores y se sospecha que cobraba cerca de un millón de euros por cada entrada de droga que facilitaba a la organización.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha rechazado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de narcotráfico, blanqueo y pertenencia a organización criminal derivados de sus vínculos con el expresidente venezolano Nicolás Maduro como pedía la asociación Hazte Oír en una querella, informa EFE.

En el auto en el que acuerda inadmitir a trámite la querella, el magistrado razona que los hechos esgrimidos por Hazte Oír proceden de fuentes abiertas, especialmente de informaciones periodísticas, y apunta que no han aportado indicios racionales de criminalidad que permitan abrir un procedimiento penal.

El instructor, tras analizar cada uno de los delitos que la querella atribuye a Rodríguez Zapatero, señala que no se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos que tengan la entidad suficiente para la apertura de una causa penal.

“No se ha aportado hecho alguno que pueda relacionar al querellado con el delito de tráfico de sustancias estupefacientes o pertenencia a organización criminal y lo mismo cabe decir con la imputación de un delito de blanqueo de capitales”, observa el juez.

Cuestiona además que pueda "sostenerse que la colaboración con el gobierno de Venezuela que en determinados ámbitos haya podido tener el Sr. Zapatero, sea suficiente para considerar que ayudaba de forma consciente al sostenimiento de una organización criminal, pues como se expone en la querella (...) debe distinguirse entre el gobierno venezolano y la supuesta implicación de determinados miembros de este en el tráfico de drogas".

Respecto a los delitos de blanqueo de capitales denunciados, el magistrado considera que se basan en informaciones generalistas, "sin que se precise con elementos indiciarios los hechos que se afirman" y "no hay constancia de que el querellado haya percibido cantidad alguna procedente del gobierno de Venezuela".

Y en el caso de que así hubiera sido, continúa el auto, solo se podrían considerar como delictivas aquellas cantidades que hubiese percibido por su intervención en hechos ilícitos o por ser conocedor de que esas cantidades provenían de la comisión de un delito.

Por tanto, "no es permisible la apertura de diligencias prospectivas destinadas a la averiguación patrimonial, sin la existencia de indicios de criminalidad". "La transcendencia pública que tienen querellas como la presente exige la aportación de elementos probatorios que vayan más allá de las informaciones periodísticas o de las conclusiones que puedan obtenerse en base a ellas", insiste Piña.

En cuanto a los "reiterados escritos de ampliación" de la querella por parte de Hazte Oír, el juez señala que han sido inadmitidos y critica que fueran presentados después de que se conociera el informe de la Fiscalía Antidroga.

Antidroga se opuso a la querella con el argumento de que en ella "ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno".

Ante esta postura de la Fiscalía, Hazte Oír optó por ampliar su querella para acusar a Zapatero de partícipe o colaborador necesario en delitos de lesa humanidad y torturas, entre otros.

La asociación afirmaba que el expresidente del Gobierno presionó directamente a familiares de presos políticos para que no denunciaran torturas; intervino en centros de detención para desmovilizar protestas y exigir silencio para condicionar la puesta en libertad, así como que actuó como operador internacional del régimen, legitimando procesos electorales fraudulentos; y obtuvo beneficios económicos, incluida la presunta adjudicación de una mina de oro.

Ahora el juez responde que no se debe "confundir" el conocimiento que pudiera tener Zapatero de la existencia de presos políticos, que era de carácter general, "con la implicación directa del querellado en la decisión o mantenimiento de esta situación".

Destaca además que si lo que la querella plantea es que el apoyo de Zapatero al régimen venezolano provocó que se mantuviera esa situación, "cuestión de la que tampoco ofrece indicios", apunta el juez, la Audiencia Nacional no sería el órgano competente para investigarlo, dado que ya existe una investigación sobre violación de los derechos humanos en Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI).

El comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama ha declarado este jueves que la actual presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez le entregó en 2020 un sobre relacionado con la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA que estaría vinculado a la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista, que lidera hace unos años Pedro Sánchez, según informa EFE.

De Aldama ha hecho esta afirmación ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que le investiga en el caso por el fraude millonario en el IVA de hidrocarburos de la empresa Villafuel por la que estuvo un mes en prisión antes de decidirse a colaborar con la Justicia en el caso Koldo, han informado a EFE fuentes jurídicas.

La mención a este sobre que custodiaba su socio Luis Alberto Escolano y al que ha aludido en numerosas ocasiones De Aldama la ha hecho el fiscal anticorrupción Luis Pastor, que le ha preguntado directamente si se lo había entregado Delcy Rodríguez, a lo que el comisionista del caso Koldo ha respondido afirmativamente. En ese momento De Aldama le ha recordado que este asunto ya lo estaban hablando en Fiscalía, no sin antes vincularlo a una presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista a través de PDVSA.

En uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso de hidrocarburos se hacía referencia a "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. 

Lo custodiaba Escolano, quien guardaba "documentación de carácter sensible" de Aldama, según señaló entonces la UCO. Tras pedirle este último que le enviase "lo solicitado" por un medio de comunicación, Escolano le remitió fotos del documento dos meses antes de ser detenido en el caso hidrocarburos, el 7 de octubre de 2024.

Los investigadores no pudieron determinar entonces el contenido del sobre, si bien sospechaban que esa documentación estaba vinculada al sector de hidrocarburos. Para la UCO era clave en este asunto la "intermediación" de Delcy Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó a Aldama el 4 de febrero de 2020. También consideró "significativo" que Aldama recibiese ese sobre en "una fecha muy cercana" a la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid, el 20 de enero.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias de investigación abierta contra Julio Iglesias por "falta de jurisdicción de los tribunales españoles" y, por tanto, "falta de competencia" del Ministerio Público para investigar. El cantante fue denunciado, junto con otras dos personas, por presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos, entre otros. Los hechos habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021 en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas. Una de las denunciantes, representadas por la asociación Women''s Link Worldwide, era empleada del hogar. La otra, fisioterapeuta.

En el decreto de archivo, el Ministerio Público hace un análisis de su competencia para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados. En él, recuerda que la Audiencia Nacional, siguiendo los criterios del Tribunal Supremo, ha establecido a raíz de la reforma de la justicia universal que España "no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país".

Especialmente, continúa, cuando las víctimas son extranjeras y residen fuera, los autores también lo son o no se encuentran en territorio español y los hechos pueden investigarse en el Estado en el que ocurrieron. "Tras la reforma, (...) España solo interviene si el Estado directamente competente no puede o no quiere investigar y así se acredita", recoge el escrito, que continúa: "La jurisdicción universal española es residual y tasada". Y culmina: "El criterio decisivo es la existencia de vínculo relevante con España, que en este caso no existe".

Con esto sentado, la fiscal señala que en este caso las víctimas son extranjeras que no residen en España. También recuerda que los denunciados, de tres nacionalidades distintas –española, brasileña y colombiana–, no se encuentran en el país, que los hechos se atribuyen a países plenamente competentes y que no consta denegación de extradición. En definitiva, "no concurre territorialidad", ni requisitos del principio de personalidad activa ni se da "ninguna de las conexiones materiales exigidas" por el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hace escasas fechas, como si fuera el día de la marmota, una decisión de la Audiencia Nacional se ha convertido en noticia internacional. El narcotraficante ecuatoriano William Joffre Alcívar Bautista, más conocido como el Comandante Willy, fue liberado por la Audiencia Nacional. Esta decisión, amparada en la falta de garantías a la hora de preservar su vida en su país, se produce menos de dos meses después de la detención en Málaga, el pasado 16 de noviembre de 2025, de otro gran capo del crimen organizado ecuatoriano, Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo, líder de Los Lobos. Una fecha de celebración en el Gobierno ecuatoriano, que considera a esta mafia como narcoterrorista. Pero su alegría duró bien poco.

El ahora liberado es un capo de Los Tiguerones, una organización criminal que controla parte de las principales rutas de cocaína de Ecuador y que actualmente mantiene una estrategia del terror contra el Estado ecuatoriano. Y eso quiere decir que son unos de los responsables de traer toneladas de coca a Europa y España, pero este no es el principal problema de seguridad que generan. Matan a inocentes sin miramientos, y se les puede considerar narcoterroristas.

Antes de explicar el poder de Los Tiguerones en España y las razones para la liberación de este sujeto, por problemas procesales, veremos por qué ha causado indignación en su país de origen. Para ello hay que volver a 2024. La detención del Comandante Willy ocurrió en octubre de 2024 en la Segur de Calafell (Tarragona) por parte del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y a petición de la justicia ecuatoriana.

A Willy lo buscaban por liderar desde España el asalto armado y en directo de TC Televisión, un evento criminal que dio la vuelta al mundo. El 9 de enero de 2024, un comando armado asaltó el plató principal del citado canal cuando emitía en directo en Guayaquil. Aquello fue la declaración de guerra completa de Los Tiguerones al Gobierno de Ecuador, pues raptaron a periodistas y realizaron varias declaraciones señalando que iban a la guerra contra el Ejecutivo de Daniel Noboa.

Aquel hito sucedió unos días más tarde de una fuga carcelaria escandalosa del capo de Los Choneros, José Adolfo Macías, conocido como Fito, otra mafia enemiga de Willy. Fito fue detenido hace escasos meses en su país. La respuesta de Los Tiguerones fue subir el nivel de violencia, porque había comenzado la presión policial y judicial contra ellos y se pretendía limitar su poder. El grupo criminal lideró decenas de atentados bombas en todo Ecuador, un aumento de asesinatos y otros tantos secuestros.

Quien ordenó el asalto a TC Televisión fue William Joffre Alcívar Bautista, y lo hizo desde España, donde estaba desde al menos 2020. Los miembros de Los Tiguerones le mostraron respeto en directo haciendo la señal de la W en honor a él, y no sólo lo prueba eso: había conversaciones de móviles directas entre él y los chicos armados que tuvieron en vilo a todo un país durante unas horas. Por ello, se convirtió en un objetivo prioritario para el Gobierno de Noboa. Otro punto crítico llegó el 17 de enero de 2024, cuando asesinaron al fiscal que investigaba el caso. La víctima fue César Suárez. Cuatro pistoleros lo mataron a quemarropa en Guayaquil. Fue otro golpe al Estado ecuatoriano, ya bastante maltrecho de por sí en estos últimos años.

Que el líder de Los Tiguerones estuviera en España se explica de una forma bastante fácil de entender. Aquí entró con un pasaporte falso de Colombia y desde la península ibérica podía controlar a toda su organización criminal y las rutas de cocaína que llegan a España desde Guayaquil, Manta o Puerto Bolívar. Primero, para sus intereses estrictamente personales tomaba distancia con sus rivales, tales como Los Lagartos, Los Choneros o Los Lobos, que pretenden asesinarlo, porque es la cabeza visible de su organización criminal. Y segundo, vivir en la semiclandestinidad en España le ofrece tranquilidad para diseñar estrategias de violencia y también económicas. Además, la gran colonia sudamericana existente en la península ibérica le hace sentirse como en casa.

Las mafias internacionales desde Ecuador han logrado que alrededor del 70% de la cocaína que llega a Europa provenga de sus puertos, y esta la principal razón de la violencia inusitada que sufre el país actualmente. Que el mayor alijo de cocaína que se ha descubierto en España viniera desde Guayaquil no es fruto de sencillas casualidades. Aparte de supuestos policías corruptos, como el exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez –al que se le encontraron 20 millones de euros en efectivo–, se necesita de organizaciones criminales como la que dirige el Comandante Willy. Todo para que en el país de origen, en este caso Ecuador, se controle a la perfección la ruta de la droga hasta los puertos que exportan la mercancía. Y lo pueden hacer gracias a los lazos que han establecido entre las disidencias de las FARC y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que les ha garantizado la cocaína.

El crecimiento de Los Tiguerones en la mafia ecuatoriana se debió en un inicio a las habilidades en el interior de las cárceles del liderazgo del Comandante Willy. Desde ahí han llegado a tener miembros en Algeciras, Valencia o Barcelona para controlar su cocaína. Precisamente las luchas por hacerse con el control de las cárceles del país le ha servido para librarse, de momento, de volver a ser juzgado en su tierra natal.

En junio, la Audiencia Nacional aprobó su extradición a falta de un trámite más: se le solicitaba a Ecuador en un auto que en un plazo de tres meses "presten garantía suficiente de haber adoptado las medidas y realizado las acciones concretas indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendentes a garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos en sus centros penitenciarios".

Tuvieron acceso al escrito el diario Las Primicias de Ecuador, y ya dejaba entrever la Sala Tercera de la Audiencia Nacional que temía que el Comandante Willy fuera asesinado dentro de cualquier cárcel de Ecuador. Un riesgo que siempre va a estar ahí, porque precisamente Los Tiguerones han realizado matanzas dentro del sistema penitenciario ecuatoriano y tienen cuentas pendientes con muchos grupos criminales.

Pasaron los tres meses y, según la Audiencia Nacional, no recibieron ningún escrito de las autoridades ecuatorianas. Y han liberado a William Joffre Alcívar Bautista, algo que no ha sentado nada bien en el Gobierno de Ecuador y que ha provocado reacciones muy airadas de su Ministro del Interior, que está directamente amenazado por Los Tiguerones.

El político es John Reimberg, que declaró a varios medios de su país que ellos hicieron su trabajo, y se leía entre líneas que señalaba a los jueces de la Audiencia Nacional por no hacer lo propio, según su criterio. Lo cierto es que en los distintos autos sobre este asunto, la Audiencia Nacional tenía claro ante qué tipo estaban. Incluso estando probado que accedió a España cometiendo un delito por utilizar documentación falsa, y por lo tanto está en situación irregular, se le ha liberado completamente.

Quizá eso es lo que mosquea al Gobierno ecuatoriano, porque se podría haber dado otra solución a la situación del Comandante Willy. Una es que habría posibilidad de tener una orden de expulsión de España por su situación irregular, y otra, como ocurre con algunos imanes radicales, expulsarlo por razones de seguridad nacional.

Lo cierto es que ahora mismo se desconoce el paradero de William Joffre Alcívar Bautista y la relación entre España y Ecuador puede verse empañada. No hay que olvidar que es clave para nuestro país que haya buen intercambio de información policial si se quiere seguir recibiendo datos para luchar contra el crimen organizado. Los 20 millones de euros en efectivo del exjefe de la UDEF en Madrid encontrados el año pasado dan buena cuenta de ello. La droga venía de Ecuador, el dinero se movía desde Europa.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado por segunda vez la investigación sobre el espionaje, entre 2020 y 2021, por la infección con el programa informático Pegasus de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente. El magistrado asegura que se debe a “la frustración de la ejecución” de las comisiones rogatorias por parte de Israel. En un auto, notificado este jueves, el magistrado expone que la falta de colaboración de Israel “impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna”, lo que le lleva a acordar el sobreseimiento provisional de esta causa, según recoge EFE.

Calama archivó inicialmente la investigación en julio de 2023 y la reabrió en abril de 2024 tras recibir nuevos datos de Francia acerca de una causa de 2021 sobre múltiples infecciones con Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de miembros del Gobierno francés, ministros y diputados.

A través de la solicitud de cooperación jurídica internacional, reiteradamente emitida e ignorada por Israel, el juez pedía información a la empresa NSO Group, propietaria del software Pegasus, además de tomar declaración como testigo al CEO de esta compañía. Así que, al no poder continuar las investigaciones, el juez asegura que “conlleva que el proceso permanezca aletargado o en situación de latencia hasta que la información obtenida a través de un eventual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria que el Estado de Israel tiene obstruida, o bien nuevas fuentes de prueba permitan, en su caso, la continuación de la investigación”.

La "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel ya motivó el primer cierre de esta causa que se abrió tras denunciar el Gobierno la infección en cinco ocasiones del móvil de Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas, que se produjeron en unas fechas en las que España vivía uno de sus momentos de mayor tensión con Marruecos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado por el momento la petición del abogado de Julio Iglesias de que se acepte su personación en la investigación para tener acceso directo al contenido de la denuncia.

Según el decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE este lunes, no procede de momento dar ese paso, ya que ahora se trata de determinar si la Audiencia Nacional es competente para investigar la denuncia contra el cantante Julio Iglesias por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en la República Dominicana y Bahamas.

El letrado de Iglesias, José Antonio Choclán, ha pedido el archivo de las diligencias preprocesales que ha abierto la Fiscalía, declaradas secretas, pero también que se le dé acceso a la investigación.

Eso ocurrirá, en todo caso, si se determina que la Audiencia Nacional es competente para investigar y si se otorga a Iglesias la condición de sospechoso, algo que no se está dirimiendo por el momento.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional argumenta que "no toda sospecha que se cierna" sobre una persona ni toda pesquisa dirigida a corroborar su veracidad "justifican la atribución de la condición de persona sospechosa". Y es cuando se le concede esa condición de persona sospechosa cuando la Fiscalía debe informarle de las diligencias abiertas para que pueda ejercer su derecho de defensa.

El abogado de Iglesias reclamaba personarse en la investigación de la Fiscalía para tener acceso directo al contenido de la denuncia, con independencia de que aún no exista un procedimiento judicial, para poder ejercer su defensa en las diligencias que se practiquen, como sería la declaración de las denunciantes, "que según se publica, no sabemos si es cierto, tiene decidido la Fiscalía".

De este modo, añade, se podría acreditar "la falsedad de las imputaciones y defender el honor de mi representado, sin perjuicio de las demás acciones que le asistan en la tutela de sus derechos fundamentales frente al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas que le conducen a una irremediable pena natural, al margen del proceso".