La Audiencia Nacional rechaza que la filtración de datos personales de políticos y periodistas llevada a cabo por un joven canario que operaba en la red con el alias de Akkaspace se siga investigando como delitos de ciberterrorismo o contra las altas instituciones del Estado. En un auto fechado el pasado 17 de junio, al que ha tenido acceso infoLibre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal del tribunal ha concluido que los hechos bajo la lupa podrían encajar, como mucho, en una revelación de secretos "en su modalidad agravada". Por eso, da orden de remitir las actuaciones al órgano competente, esto es, los juzgados y tribunales de Gran Canaria, donde residen los dos jóvenes que se encuentran investigados en esta causa.

Hace justo un año, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que se estaba colgando en un conocido foro de doxing –práctica que se refiere a revelar datos de terceras personas sin su consentimiento– información privada de miembros del Ejecutivo –entre ellos el presidente, Pedro Sánchez–, de las Cortes Generales o de periodistas. Se registraron, en total, tres publicaciones con números de DNI, direcciones de domicilio o correos electrónicos. Dos de ellas, protagonizadas por un tal Akkaspace, alias tras el que se escondía un joven canario llamado Yoel que fue detenido, junto con otro varón, un par de semanas después en la isla canaria.

Con las primeras diligencias de investigación realizadas, la Fiscalía pidió que el caso se enviara a un juzgado ordinario al entender que los hechos no eran constitutivos de delitos de terrorismo, cuya investigación corresponde en exclusiva a la Audiencia Nacional. Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº1, Francisco de Jorge, lo rechazó. En su auto, el magistrado instructor resaltaba la "afectación directa" de la filtración "a altas instituciones del Estado y sus personalidades". Y calificaba como "ilustrativa" la "declaración" de uno de los investigados, que actuaba con un doble objetivo: dar, por un lado, una "reprimenda" a esas "personalidades" y, por otro, lanzar una "advertencia" para que "desistan en su comportamiento corrupto".

"Con su actuación a través de las graves filtraciones de datos pretenden, mediante esa 'reprimenda' o 'justicia popular' que deciden aplicar a las personalidades especialmente institucionales y también de carácter privado, desestabilizar gravemente el funcionamiento del sistema democrático, institucional, político y, en general, del Estado", recogía la resolución, que sostenía que la "calificación de terrorismo" derivaba del uso de medios informáticos para entrar en bases de datos y difundir información personal de representantes públicos "incitando" a un "escrache virtual masivo" para "forzar un cambio político o en represalia por la actuación política" desde una posición "antisistema", afectando a "altas instituciones de la Nación".

La fiscal encargada del caso, Ángel Gómez, interpuso recurso de apelación, al que se adhirieron las defensas. Y la Sala de lo Penal acaba de darles la razón. "De estas investigaciones no existen datos de carácter objetivo que permita afirmar que nos encontramos ante la posible comisión de un delito de terrorismo en cualquiera de sus modalidades, amenazas, coacciones, o cometido a través de medios informáticos", resaltan los magistrados. En este sentido, defienden que el hecho de que "se exprese claramente" una "animadversión hacia una determinada clase política" o se esté "en contra" de una "serie de políticos" por la corrupción y se divulguen por ello "datos de carácter personal" no implica "de manera automática" que la "intención" de los filtradores sea "desestabilizar el sistema político o las instituciones del Estado".

La Sala de lo Penal, del mismo modo, rechaza que los hechos puedan tener encaje en los delitos contra la Constitución y, en concreto, contra las altas instituciones del Estado porque "no constan ataques informáticos a las mismas". Como mucho, los magistrados consideran que podría haberse cometido una revelación de secretos "en su modalidad agravada", que el Código Penal castiga con hasta cinco años de prisión –tres en caso de que no se haya tomado parte en el descubrimiento pero sí en la difusión de los datos–. Al no ser este delito de competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal ordena enviar las actuaciones a un juzgado ordinario de Gran Canaria para que continúen allí las pesquisas.

No es la primera vez que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ordena sacar de la Audiencia Nacional una filtración de datos de políticos. Ya lo hizo el pasado mes de febrero, cuando revocó la decisión del Juzgado Central de Instrucción nº3, que dirige la magistrada María Tardón, de asumir las pesquisas por dos publicaciones sensibles en un foro en las que se recogían desde documentos de identidad hasta correos electrónicos, números de teléfono, direcciones o cuentas bancarias. En aquella resolución, de la que informó este diario y que ahora recuperan los magistrados en el caso Akkaspace, se negaba que los hechos encajasen en delitos de terrorismo o contra las instituciones del Estado.

Lázaro Chico, abogado del despacho Anverso que ha llevado la defensa de uno de los jóvenes canarios imputados, celebra la decisión de la Audiencia Nacional. "No había ni terrorismo ni nada", apunta el letrado, que explica que lo único que hicieron los investigados fue acceder en la Deep Web –esa parte de Internet a la que no puede llegarse a través de los motores de búsqueda tradicionales– a un paquete de datos personales que luego recopilaron en una "lista" e intentaron vender por la red. "Como mucho, estaríamos ante un delito de revelación de secretos", desliza el letrado al otro lado del teléfono. Un delito cuyas penas nada tienen que ver con las que llevan aparejados aquellos tipos que, hasta ahora, se estaban investigando en la Audiencia Nacional.

Resulta cansina e inútil la discusión permanente sobre si en este país existe lawfare (“persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política”, según la triple definición de Fundéu). Llámenlo como quieran, pero quien a estas alturas no vea actuaciones judiciales concretas cuyo origen y efectos son netamente políticos está mucho más ciego que la dama supuestamente invidente. No me refiero únicamente a sentencias y autos concretos (ya numerosos) que no resisten un análisis académico. ¿Qué dice usted, si no es jurista? Pues digo lo que me dicta la consulta permanente con juristas de contrastada solvencia y también lo que responde a la lógica, al sentido común, a la ecuanimidad… Para ser justa, la administración de justicia tiene la obligación de aparentar imparcialidad y, si es posible, ejercerla. Para ser creíble, debe ser comprensible. Todo esto no es un desiderátum sino un simple recordatorio de las obligaciones que cualquier juez tiene el deber de cumplir como servidor público –sí, público, que demasiado a menudo se olvida–.

Me atrevo a señalar que desde la judicialización del procés catalán en 2017 –desde el alucinógeno escrito de imputación del difunto fiscal Maza– no hemos parado de conocer autos “creativos” de todo tipo, que han condicionado, marcado y frustrado iniciativas políticas y legislativas –parezcan bien o mal– perfectamente legítimas. A la vista de la agenda judicial y policial de los últimos ocho años, hay mañanas que uno se pregunta desde dónde se gobierna realmente en España: ¿desde la Moncloa o desde el Supremo? ¿Desde la Carrera de San Jerónimo o desde la Audiencia Nacional? ¿Quién ejerce un mayor poder real: el ministro del Interior o el jefe de la UCO?

Para no irnos demasiado lejos, basta con observar el rosario de iniciativas judiciales y policiales que se han concentrado exactamente en el calendario del juicio oral de la Kitchen, esa cocina industrial de la corrupción de Estado que dedicó a la cúpula del ministerio del Interior y a más de setenta agentes a espiar al tesorero del PP y a tapar las pruebas que pudieran salpicar a la dirección del partido y al Gobierno de Rajoy en un sistema de corrupción sostenido en el tiempo y que incluía desde financiación irregular a sobresueldos en efectivo o uso de dinero negro para reformar la mismísima sede de la formación política.

Es fundamental en estos tiempos políticos veloces y gaseosos manejar los “focos de atención”. De qué y de quién hablamos. Y llevamos meses hablando muchísimo más de Begoña Gómez, de David Sánchez, de Ábalos, Koldo, Cerdán o Leire Díez que de un tal Fernández Díaz, que no es casi nadie, oiga, todo un exministro del Interior y su cúpula policial. Este mismo viernes se leen titulares que recogen que el juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil por “intimidación institucional” a la UCO. Mercedes González está acusada de prevaricación y de obstrucción a la justicia por haberse reunido dos veces con la ínclita Leire Díez, que al parecer pretendía –presuntamente reportando sus acciones a Santos Cerdán– presionar a jueces, fiscales y agentes para que no investigaran nada que afectara al Gobierno o al partido socialista. Se acusa a Mercedes González de generar un “efecto desaliento” en el trabajo de los investigadores. Yo no tengo datos suficientes para confirmar o desmentir tal cosa. Lo que sí conozco bien –como cualquiera que se moleste en leer, escuchar y recordar– es lo que tuvieron que sufrir jueces como Pablo Ruz o Baltasar Garzón o inspectores como Manuel Morocho, presionados, apartados, perseguidos… “desalentados” de verdad.

Pero lo cierto es que el foco de atención ya está de nuevo puesto donde se precisa para seguir desangrando al Gobierno de coalición. ¿Tuvo algún efecto o consecuencia concreta –más allá del supuesto desaliento– el siniestro trabajo de esa fontanera que tan pronto se sentaba con un fiscal como con un periodista de El Confidencial preocupado por lo que Villarejo tuviera grabado sobre él? A la vista de los procesos seguidos contra la mujer y el hermano de Sánchez, la liquidación sin pruebas del fiscal general del Estado, la condena a ¡24 años de cárcel! para Ábalos y de 19 para su ayudante por el caso Mascarillas, el premio millonario para el corruptor de la trama, Víctor Aldama… no parece que esa presunta trama de obstrucción de la justicia haya tenido el menor éxito.

Resulta complicado percibir una apariencia de imparcialidad en el trato que se ha dado al novio de Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez al exonerar a este de cualquier responsabilidad en la filtración de datos de periodistas a los que señaló además como “acosadores” cuando simplemente cumplían su trabajo. Si García Ortiz borraba los datos de su móvil siguiendo protocolos de seguridad ligados a su cargo de fiscal general, lo hacía para ocultar pruebas que le implicaran en la filtración de datos reservados del novio de Ayuso. Pero que este borrara el contenido de su móvil porque alguien había hackeado el de sus abogados es considerado perfectamente lógico y creíble. Sin pudor.

Quiero quedarme en algo muy cercano: la investigación que mis compañeros Álvaro Sánchez Castrillo y Manuel Altozano vienen haciendo sobre el gigantesco sumario del caso Plus Ultra. Todo el foco de atención está puesto en Zapatero y esas “malditas joyas” (en palabras del juez Calama). Veremos si el expresidente puede aportar datos del origen de las mismas y de su valor exacto. No le quito importancia al asunto. ¿Pero por qué no poner también el foco de atención en que todo un juez en ejercicio, Manuel García-Castellón, “Manolo” para sus amigos venezolanos –el mismo, por cierto, que persiguió durante más de dos años a Podemos y sus principales dirigentes sin la menor prueba y basándose en bulos– se ofreciera a mediar por los intereses legales y procesales de Plus Ultra, la aerolínea entonces recién rescatada por el Gobierno, con el objetivo de que Vox dejara de poner trabas a la legalidad del rescate? (ver aquí). ¿Es normal que el hoy ya exjuez ubique su despacho de abogado en la sede oficial de Plus Ultra en Madrid? (ver aquí). ¿Acaso no convendría saber si en algún momento García-Castellón recibió algún emolumento de Plus Ultra por sus gestiones? ¿No resulta curioso el giro que Vox dio en los juzgados sobre la causa Plus Ultra tras las gestiones de García-Castellón y del oscuro empresario mediático Julio Ariza? De “escandaloso” pasó a considerarlo un “pequeño caso” (ver aquí).

Los últimos datos oficiales de la UE reflejan que los españoles sitúan a los jueces a la cola de Europa en independencia, precisamente por la politización de la justicia (ver aquí). El descrédito de la dama ciega no es culpa de quienes critican/criticamos actuaciones, autos y sentencias concretas, sino más bien de esa diáfana apariencia de parcialidad, esa doble vara de medir, ese doble ritmo en el tiempo de instrucción de cada causa o esos clamorosos disparates jurídicos como los que viene cometiendo el juez Peinado en su persecución a Begoña Gómez. Cabe preguntarse por enésima vez a qué se dedica el Consejo General del Poder Judicial y especialmente su comisión deontológica. El llamado Inquisidor sí parece llevar los ojos vendados, porque ni siquiera ve ofensivo que un juez en ejercicio insulte o difame en las redes al presidente del Gobierno.

La democracia es (también) un sistema en el que cualquier juez que quiera hacer política debe presentarse a las elecciones.

P.D. La semana deja otra conclusión netamente política: adiós a la ‘vía andaluza’ del PP, a la ‘rama moderada’ de Moreno Bonilla. El documento firmado con Vox asume la “prioridad nacional” que Moreno calificó en campaña de “ilegal”, “inconstitucional” o “eslogan vacío”. Como recoge el resto de exigencias que Vox ha impuesto en los pactos firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El ciclo electoral forzado por Feijóo en diciembre con el objetivo declarado de ensanchar la diferencia con Vox ha concluido con un ganador muy claro: Abascal, que será el próximo vicepresidente del Gobierno si finalmente los números dan para que las derechas extremas lleguen a la Moncloa. (Y darán, si un PSOE abrasado por sus propios errores y unas izquierdas desorientadas y sin liderazgo no terminan de despertar para volcarse en un proyecto ilusionante de país plural, diverso y moderno). Prioridad progresista.

La Audiencia Nacional ha condenado al exconsejero de presidencia de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados a dos años y medio de prisión por delitos de fraude continuado y prevaricación en el marco del caso Púnica por favorecer a una empresa de festejos, Waiter Music, en la adjudicación de contratos públicos entre 2007 y 2014.

La sentencia considera probado que Granados, que fue consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, "mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa", y a cambio de esta relación obtuvo contraprestaciones en especie, en concreto eventos privados que sufragaba el empresario José Luis Huertas.

Por la contratación irregular para actos de fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, el fallecido José Luis Huerta, era amigo de Granados de la época en la que este era alcalde de Valdemoro han sido condenados también los exregidores de esta localidad madrileña José Carlos Boza y José Miguel Moreno a cuatro y dos años de cárcel, respectivamente.

Además, los exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera y el exregidor de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada han sido también condenados a dos años de prisión, mientras que la Audiencia Nacional ha absuelto a los exalcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo y a otros dos acusados.

La cúpula de Plus Ultra recurrió al empresario de la comunicación Julio Ariza, expropietario del Grupo Intereconomía y peso pesado en El Toro TV, la cadena con la línea editorial más próxima a Vox, en plena investigación judicial contra la aerolínea, en la que la formación ultra era acusación popular. El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, se apoyó en su "íntimo amigo" –con el que, según se desprende del sumario, estaba en permanente contacto– en la recta final de la instrucción, cuando la compañía buscaba que el partido de Santiago Abascal no impugnara el archivo de la causa. "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre", anunció Martínez Sola en el chat de directivos, al que ha accedido infoLibre, el 12 de enero de 2023, siete días después del sobreseimiento dictado por la jueza Esperanza Collazos. "Para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza", apuntó unos días más tarde Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración.

Ariza, padre de uno de los principales asesores del líder de Vox, Santiago Abascal, no fue el único personaje conocido al que recurrió la cúpula de la compañía aérea rescatada para que la ayudaran en sus gestiones con el partido político. Tal y como ha publicado este diario, el juez Manuel García-Castellón también se habría postulado para intermediar entre la formación ultra y Plus Ultra mediante una cena con Abascal supuestamente celebrada del 24 de marzo de 2022, según los chats intervenidos. Lo que los directivos de Plus Ultra querían conseguir de ese encuentro entre el entonces juez en activo de la Audiencia Nacional y el líder ultra era asegurarse de que, en caso de que se archivara la causa abierta contra la aerolínea en los juzgados de Madrid, como finalmente ocurrió el 5 de enero de 2023, Vox no recurriera a la Audiencia Provincial para intentar reabrirla.

Las denuncias y querellas de Vox, el PP y Manos Limpias contra la compañía aérea, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y tres altos cargos del Gobierno por el rescate quedaron tocadas de muerte el 17 de noviembre de 2022, cuando la Audiencia de Madrid concluyó que la jueza del caso, Esperanza Collazos, había llamado a declarar como imputada a Plus Ultra cuando ya se habían cumplido los plazos de instrucción. A partir de ese momento, la causa quedó abocada al archivo. El 5 de enero de 2023, la instructora acordó el sobreseimiento provisional de la misma.

Antes de que Collazos archivara, y antes incluso de que la Audiencia de Madrid concluyera que el plazo para practicar nuevas diligencias por la jueza se había acabado, Martínez Sola –que entonces era vicepresidente en la compañía– envió en junio de 2022 un mensaje al secretario del consejo de administración, Santiago Fernández Lena, que decía lo siguiente: "Me acaba de llamar Julio Ariza. No van a recurrir. Vox. Le he dicho que daba igual, pero que gracias por la información". Martínez Sola vuelve a enviar un mensaje similar el 12 de enero de 2023, cuando Collazos ya había decretado el archivo y la causa solo dependía de que las acusaciones populares o las defensas recurrieran. "Me acaba de llamar Ariza", escribió el máximo directivo de la compañía aérea. "Vox no recurre...", añadió.

La formación de ultraderecha no recurrió, según consta en el sumario, el archivo de Collazos. Pero antes de que se produjera el sobreseimiento de la instructora inicial del caso, el partido de Abascal sí intentó la nulidad del auto de la Audiencia de Madrid que lo provocó (el que dictaminó que la juez había actuado fuera de plazo). Fernández Lena contó el 13 de diciembre de 2022, nada más recibir el escrito de la formación ultra: "Escrito de Vox pidiendo la nulidad del auto de la Audiencia Provincial. Nos lo han notificado esta tarde... no se van a quedar quietos...". "De un primer vistazo no tiene mucho recorrido... pero nos mantiene enfangados", añadió. Acto seguido entró en la conversación el CEO, Roberto Roselli, para añadir: "Pues a ver si Arriza (sic) habla con estos hdp".

Un portavoz de Vox insiste, sin embargo, en que la formación sí recurrió el archivo decretado por Esperanza Collazos, informa Marta Monforte. Este periódico ha pedido a la formación que lo demuestre con el escrito y se ha ofrecido a publicarlo en caso de que se lo facilitaran, pero no lo han hecho. El archivo sí fue recurrido por la Abogacía del Estado (en defensa de la ministra y la SEPI), recurso al que se adhirieron la Fiscalía y Plus Ultra. Esas tres partes reclamaron que el sobreseimiento no fuera provisional, sino definitivo, algo que no impugnaron ni Vox ni el PP. La Audiencia de Madrid rechazó la petición de la defensa de los miembros del Gobierno denunciados.

El 10 de enero de 2023, tras el carpetazo de la instructora, la abogada de Vox, Marta Castro, remitió un escrito al Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid avisando de que aún estaba por resolver dicho incidente de nulidad. Una semana después, lo retiró. Ese día, el 17 de enero, a media tarde, Fernández Lena escribe de nuevo en el chat de directivos: "Hola. Nos acaban de notificar este escrito. Comunican al juzgado que se tenga por no presentado el escrito que te mandé ayer. Pero para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza". Lo cierto es que para cuando el abogado escribió ese mensaje, la Audiencia de Madrid ya había rechazado, unos días antes –el 11 de enero–, el incidente de nulidad de la ultraderecha.

En Vox niegan que Ariza intercediera o condicionara a Abascal para que el partido no recurriera el archivo. Preguntados por infoLibre sobre si el empresario “comentó esta cuestión con Abascal u otro miembro de la dirección” del partido, fuentes de su equipo lo niegan de manera tajante. "Absolutamente no. Insisto. Estamos personados", sostienen. Según el sumario, tras darse por concluido el caso, Vox solicitó el 7 de junio de 2023 que le devolvieran la fianza que había prestado como acusación. Diecisiete meses después, en diciembre de 2025, tras tener conocimiento de las detenciones de la cúpula de Plus Ultra y de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la formación ultra pidió de nuevo su personación.

De todas las conversaciones volcadas por la Policía se deduce una relación muy estrecha entre Martínez Sola, el entonces juez de la Audiencia Nacional García-Castellón y el empresario Julio Ariza, los cuales, según informó Público, viajaron juntos a Cartagena de Indias en noviembre de 2022. "Voy a hablar con Julio Ariza. Íntimo amigo", escribía el presidente de Plus Ultra en 2024 a Federico Lledó, quien fuera administrador de otra aerolínea.

Unos meses después del archivo de la investigación judicial, el 16 de octubre de 2023, Martínez Sola y Roberto Roselli concertaron una entrevista con Ariza en su programa Dando caña de El Toro TV. Después de la gran beligerancia planteada por Vox en los tribunales, Ariza no paró de lanzar elogios a los directivos durante la emisión, avalando en todo momento la legalidad del rescate de 53 millones que el Gobierno había concedido a la compañía.

Ariza dijo en antena antes de plantear ninguna pregunta que la "tormenta política" sobre la aerolínea les había cogido "sin paraguas a ustedes y a nosotros". "Resulta que lo de Plus Ultra era un crédito, están ustedes devolviéndolo tan ricamente, tal como estaba previsto, están controlados por la SEPI al minuto y, además, tenían ustedes 300 trabajadores en ese momento y ahora tienen más de 500", afirmó el directivo de la cadena. Las preguntas, todas fáciles y laudatorias, se acompañaron de imágenes corporativas de la aerolínea. "Me resulta curioso que a ustedes les dan un crédito, pero ese crédito multiplicado por cinco o seis veces se lo dan a algunos competidores suyos y no planteó ningún problema", llegó a decir Ariza, en referencia al rescate de Air Europa. De este tenor fueron las cuestiones planteadas en la televisión de referencia de Vox.

En plena investigación judicial, la cúpula de Plus Ultra consideró la posibilidad de invertir en publicidad en el imperio mediático de los Ariza. "Hoy estaré con Julio Ariza y Manolo [el nombre con el que suelen hacer referencia a García-Castellón]. Estoy pensando si hacer publicidad en Inter economía tv (sic). Al ser un medio ultraderecha no sé si es conveniente", escribió Martínez Sola a Fernández Lena en 2022. "Te la aceptaría?", preguntó el abogado. "Sin ninguna duda", contestó el entonces vicepresidente de la compañía.

El pasado 21 de mayo, después de conocerse la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra, Julio Ariza volvió a intervenir en su programa Dando caña para asegurar que se había limitado a "recibir publicidad" de la compañía. "Nosotros no sabíamos nada de esto, ¿o es que los profetas del reino lo sabían todo? ¿O es que Plus Ultra era el único rescate que se podía poner en cuestión?", se preguntó, como si no hubiera pasado los últimos años muy cerca de sus más altos dirigentes. "Nosotros dimos publicidad de Plus Ultra. Y El Mundo, y la Cope, y El País... Puedo hacer la lista entera y les puedo dar las cantidades", dijo en tono amenazante.

"Dejen de tocarnos las bolas porque en esta casa somos muy prudentes y muy discretos", añadió. "Lo que entonces se sabía de todo esto era casi cero; lo que nos contaban. Cuando vinieron aquí los gestores de Plus Ultra nos contaron unas cosas y nosotros las creímos", prosiguió. "El problema es que, como hay una campaña contra Vox y a nosotros nos pilla en medio porque suponen que somos un instrumento de Vox para la publicidad de Vox y para hablar bien de Vox, pues dicen, vamos a utilizar ahora Plus Ultra para atizarles a estos de nuevo. Pues vais a ir mal por ahí, os va a salir el tiro por la culata porque vamos a dar todos los datos".

Para la edición de esta información este diario envió una serie de preguntas a Julio Ariza con el objetivo de que explicara si efectivamente intercedió ante Vox en favor de Plus Ultra, si se reunió con alguien del partido para ello, si desde la formación le garantizaron que no recurrirían el archivo como quería la cúpula de la aerolínea, si facilitó un contacto entre directivos de la compañía y otro de una entidad financiera y si recibió alguna contraprestación por todo ello. A última hora de la tarde de este miércoles, el empresario rechazó en conversación telefónica hacer ningún tipo de comentario. InfoLibre también se ha puesto en contacto con Plus Ultra, que igualmente ha declinado dar su versión sobre estos hechos.

Manuel García-Castellón, extitular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, concedió hace solo siete meses una entrevista a Telemadrid desde la sede que Plus Ultra tiene a las afueras de la capital. La conexión, según ha podido comprobar infoLibre, se produjo para el programa Buenos Días Madrid. Durante la misma, el exmagistrado, fuera de la carrera desde su jubilación forzosa por edad en septiembre de 2024, se pronunció sobre el juicio contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ese mismo día quedaba visto para sentencia. Fuentes de Plus Ultra circunscriben el hecho a "una cortesía de ámbito privado".

El 13 de noviembre de 2025, Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, avisó a primera hora a la cúpula de la compañía de que la televisión pública madrileña acudiría a la sede para entrevistar a García-Castellón, a quien siempre se refiere como "Manolo" y a quien le une una amistad de tres décadas. "A las 10 15 [sic] vienen de Telemadrid con cámaras, a filmar a Manolo en una entrevista. Le tenemos que dejar una sala", escribe a las 8:31 horas Martínez Sola en Cuarteto, un chat incorporado al sumario del caso Plus Ultra y a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico. Además de Martínez Sola, en el grupo participaban el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli; el secretario del Consejo, Santiago Fernández Lena; y quien fuera director general de Negocios, Alejandro Delgado.

García-Castellón entró en directo en el magacín matinal Buenos Días Madrid cuando el reloj del programa marcaba las 10:33 horas. La entrevista duró algo más de diez minutos. En ella, el exmagistrado se pronunció sobre el juicio al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, que unas horas antes había comparecido como acusado en el Tribunal Supremo. "No es la mejor imagen que se puede dar de la Fiscalía y no me gusta absolutamente nada, porque es inédito", resaltó. También se le preguntó por las supuestas "presiones" del Gobierno de Pedro Sánchez a los tribunales. "Echo de menos mucho un sistema anglosajón, donde el respeto a los que interpretan la ley es máximo. Nadie se permite una descalificación con palabras como prevaricación o lawfare", lanzó García-Castellón.

Este diario ha podido comprobar que el lugar en el que se realizó aquel dúplex –así se denomina en el mundillo televisivo a la conexión en directo desde fuera de plató– con el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional es la sede de Plus Ultra, que en estos momentos se encuentra en el ojo del huracán por la ayuda de 53 millones de euros que le concedió el Ejecutivo de coalición en 2021, tras los meses más duros de la pandemia de coronavirus. Unas oficinas ubicadas en la tercera planta de un complejo ubicado al norte de la capital que alberga en estos momentos otras tres empresas: la consultora KPMG, Sergesi –del Grupo Mutua Madrileña– y la firma de ropa infantil Gocco.

No es la primera vez que el nombre del exmagistrado aparece vinculado a ese mismo edificio. Cuando García-Castellón se dio de alta como abogado tras jubilarse como magistrado, hizo constar en su ficha oficial del Colegio de Madrid ese mismo complejo de oficinas como "dirección profesional". (El exjuez ya no aparece en el censo de letrados, aunque infoLibre pudo comprobar que a fecha de 4 de junio aún figuraba en él). A preguntas de este diario, dijo que lo hizo así porque no quería poner su dirección personal y porque se lo ofreció su amigo Martínez Sola. La conexión entre ambos es tan importante que, el pasado diciembre, cuando fue detenido en su casa en el marco del caso Plus Ultra, Martínez Sola pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia.

Los mensajes extraídos del móvil del presidente de la aerolínea en el marco del caso Plus Ultra, en el que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dan buena cuenta de la estrecha relación. A finales de 2022, tal y como reveló la pasada semana este diario, Martínez Sola pidió al máximo accionista de la compañía, Rodolfo Reyes Rojas, que agradeciera a García-Castellón unas gestiones realizadas con Bankinter. "Nos han liberado 3,7 millones", escribió el primero al segundo, según figura en el volcado que la Policía hizo del teléfono intervenido al presidente de la aerolínea durante los registros de la causa.

infoLibre se ha puesto en contacto con el exmagistrado y la compañía para conocer por qué motivo el primero atendió a la televisión pública madrileña desde la sede de Plus Ultra y para saber si, más allá de la amistad con Martínez Sola, existe algún tipo de relación laboral o mercantil entre García-Castellón y la empresa. A cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta del exmagistrado. La aerolínea, por su parte, se ha limitado a decir lo siguiente: "La compañía no valora circunstancias de carácter estrictamente personal que no guardan relación con su actividad. Se trata de un asunto ajeno a Plus Ultra que se circunscribe a una cortesía de ámbito privado".

El exjuez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se ofreció, cuando todavía se encontraba en activo, a mediar por los intereses legales y procesales de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros en marzo de 2021, con Vox. Así lo afirmó el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en un chat de directivos de la compañía, al que ha tenido acceso infoLibre, el 19 de marzo de 2022. La intercesión del magistrado con el partido ultra se iba a producir durante una cena privada entre García-Castellón y el líder del partido, Santiago Abascal que, según Sola, estaba fijada para el 24 de ese mismo mes. A la mañana siguiente del día en que estaba previsto el encuentro, Martínez Sola volvió a entrar en la conversación para decir: "Después os cuento, muy bien el tema de Vox".

La noticia al resto de directivos de la compañía presentes en la conversación –el consejero delegado, Roberto Roselli; el responsable financiero, Alejandro Delgado, y el secretario de consejo, Santiago Fernández Lena– sobre la posibilidad de acceder a la cúpula de Vox (que entonces actuaba como acusación popular en la denuncia presentada contra Plus Ultra en un juzgado madrileño) la dio el presidente Martínez Sola el 19 de marzo. A diferencia de en otros pasajes, el máximo responsable de la aerolínea no se refiere a su amigo magistrado como "Manolo", sino con su nombre completo: "El próximo jueves Manuel García-Castellón cena (privada) con Santiago Abascal de Vox. Se ha ofrecido a hablar de nuestro tema. Quiere un resumen de lo que tiene que decir, aunque mucho ya lo sabe", añade el presidente.

Martínez Sola avisa a sus compañeros en ese mismo mensaje de que lo va a poner en conocimiento de la parte venezolana de la compañía. "Se lo comento también a Rodolfo", se sobreentiende que a Rodolfo Reyes Rojas, entonces máximo accionista de la compañía y ahora en busca y captura internacional, "y a Raif por la parte de allí", en referencia a Raif El Arigie, otro de los accionistas venezolanos de referencia. Después, da instrucciones al resto. "Que cada uno de nosotros aporte ideas y Santiago [Fernández Lena, el secretario del consejo] escriba", dice en el mismo mensaje. "Que no salga el tema de nosotros", prosigue, reclamando discreción. "Creo un chat para este tema", concluye.

En ese momento, la jueza de instrucción 15 del Tribunal de Plaza de Castilla, Esperanza Collazos, tenía abiertas unas diligencias por el polémico rescate de la compañía aérea en las que Vox, el PP y Manos Limpias eran acusación popular. En ellas se encontraban como denunciados, además de Plus Ultra, Bartolomé Lora Toro, exvicepresidente de la SEPI, el organismo de Hacienda que aprobó la ayuda financiera a la aerolínea; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la ex secretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva y el ex secretario general de Industria Raúl Blanco.

Tras el brainstorming puesto en marcha por Martínez Sola en el chat de la cúpula de Plus Ultra, el primero en aportar ideas es Alejandro Delgado, el responsable financiero, que subraya la importancia de los contactos políticos. "En mi opinión, una de las cosas más importantes es poder sentarnos con él y con ahora Feijo (sic)", señala Delgado. Después, Fernández Lena, que como secretario del consejo se encarga sobre todo de temas legales, apunta: "Son políticos. No se mojan ni debajo del agua. Que Manuel [García-Castellón] le haga ver [a Santiago Abascal] que hay una fábula montada alrededor que es importante", sostiene. Luego añade: "Hay dos planos, el político y el judicial. Creo que en este caso nos importa ahora mismo el judicial. Y concluye: "La idea es que, si conseguimos archivar el procedimiento, que no lo recurran".

En esas semanas, en su actividad al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, García-Castellón había recibido un fuerte revés de la Sala de lo Penal de este tribunal. Tras haber reabierto el juez la causa por la supuesta financiación irregular de Podemos a raíz del testimonio del exjefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal, El Pollo, los magistrados le dijeron que sus diligencias constituían una "investigación prospectiva". Para investigar la declaración de El Pollo Carvajal, el instructor había reabierto una antigua causa archivada de plano sobre el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), elaborado por la brigada política de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Un año largo después, la formación de Iglesias se querelló contra García-Castellón por ello.

Del resto de las conversaciones se deduce que la cena del juez de la Audiencia Nacional con el líder del partido ultra efectivamente se habría producido. Al día siguiente del encuentro, Martínez Sola volvió a escribir por el chat grupal de directivos a primera hora de la mañana (a las 7.46): "Después os cuento. Muy bien el tema de Vox", redactó el presidente de Plus Ultra. El único que respondió en la conversación fue el financiero Alejandro Delgado, con dos emoticonos de confirmación de dos pulgares en alto.

Preguntados por infoLibre sobre si esa cena tuvo lugar y si en ella el juez le pidió que no recurriera un eventual archivo de la causa, como finalmente ocurrió, fuentes cercanas al líder de Vox niegan que ese encuentro se produjera, informa Marta Monforte. "Ni cena, ni reunión. Ese día estaba en un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que se alargó hasta la noche", trasladan desde su equipo, que también remarca que García-Castellón "no se ha reunido con nadie de Vox" y añade que, si se hubiera producido, "no tendrían problema" en decirlo. Sin embargo, no hay constancia pública de que ese CEN tuviera lugar el jueves 24 de marzo de 2022. También niegan categóricamente que la implicación del juez provocara que Vox acabara por no recurrir el archivo.

La jueza Esperanza Collazos archivó provisionalmente el caso Plus Ultra el 5 de enero de 2023 después de que la Audiencia de Madrid le hubiera impedido tomar declaración a la aerolínea, a través de su representante, como persona jurídica imputada, al haber transcurrido más de un año desde la presentación de la denuncia cuando la instructora lo acordó. Ese archivo solo fue recurrido por la Abogacía del Estado (en representación de la ministra y los altos cargos denunciados), la Fiscalía y Plus Ultra para reclamar que el sobreseimiento no fuera provisional, sino libre, lo que hubiera impedido posteriormente reabrir el caso. La Audiencia Provincial lo rechazó.

Inmediatamente después de conocer el archivo del caso, la abogada de Vox, Marta Castro, hizo ademán de recurrirlo al anunciar que su formación había pedido la nulidad de actuaciones respecto del auto de la Audiencia que impidió a la instructora imputar a Plus Ultra. Ese escrito, enviado al juzgado el 10 de enero de 2023, fue retirado una semana después: "Por medio del presente escrito procedemos a retirar el escrito presentado el día 10 de enero", dijo en sus alegaciones en otro documento remitido a Collazos el 17 de enero. El PP, que también era acusación popular en el proceso, tampoco recurrió.

El sumario del caso Plus Ultra refleja igualmente alusiones de los directivos de la aerolínea a otra supuesta gestión de García-Castellón a favor de la compañía mientras seguía estando en activo. El entonces juez de la Audiencia Nacional, según el presidente Martínez Sola, habría puesto en contacto a la empresa con la exconsejera delegada de Bankinter Dolores Dancausa y el departamento legal de la entidad financiera con el objetivo de desbloquear 3,7 millones a favor de la aerolínea rescatada.

infoLibre ha tratado de ponerse en contacto con García-Castellón que, sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas a su teléfono, cuya aplicación de mensajería ha confirmado la recepción de las mismas.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, pidió a finales de 2022 al máximo accionista de la aerolínea, Rodolfo Reyes Rojas (ahora en busca y captura internacional), que agradeciera al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, unas gestiones realizadas con Bankinter. "Nos han liberado 3,7 millones", escribió el primero al segundo, según figura en el volcado que la Policía hizo del teléfono intervenido a Martínez Sola durante los registros del caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso infoLibre. El ya exmagistrado y el máximo directivo de la aerolínea son amigos desde hace tres décadas. Tanto, que cuando el presidente de la aerolínea fue detenido el pasado mes de diciembre pidió a los agentes que llamaran a García-Castellón.

Los hechos se remontan al viernes 18 de noviembre de 2022. Ese día, a las 11:08:13 horas, Martínez Sola escribió a Reyes Rojas: "Hola. No estaría de más. Escribe a Manolo y ponle 'Gracias por tus gestiones en Bankinter', solo eso. Nos han liberado 3,7 millones". "Coño Julio que bueno" (sic), responde el empresario venezolano una hora más tarde. "Tienes su móvil?", insiste Martínez Sola unos segundos más tarde. "Manolo privé", zanja Reyes Rojas. Solo unos meses antes, el 7 de abril, el presidente de la aerolínea había remitido al máximo accionista de la misma un contacto con ese nombre: "Manolo Privé". Era el nombre con el que García-Castellón aparecía en la agenda del presidente de Plus Ultra.

Desde Bankinter señalan a este diario que la entidad no comenta la operativa de sus clientes y subrayan que cualquier actuación –incluidos procesos como la liberación o desbloqueo de posibles fondos retenidos– responde exclusivamente a criterios técnicos y al cumplimiento de condiciones previamente establecidas, dentro de estrictos protocolos internos de control.

El nombre de la entidad financiera ya había aparecido meses antes en un chat grupal en el que participaban Martínez Sola, Reyes Rojas, Roberto Roselli –el consejero delegado– y otras personas vinculadas a la aerolínea. "Hablé con Manolo por si conocía a alguien importante de Bankinter por nuestro problema. Conoce a Dolores Dancausa, consejera delegada [ahora presidenta no ejecutiva]. Llamó. Me acaba de confirmar que me va a llamar Rocío P., de legal de Bankinter, para reunirse con nosotros. Asistiremos Santiago, Roberto y yo", escribió el 26 de mayo de 2022 en aquel grupo el presidente de Plus Ultra, aerolínea que por aquel entonces se encontraba inmersa en una investigación judicial relacionada con el rescate de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En los chats también aparecen supuestas conversaciones con el ex director general del banco Fernando Moreno, ya retirado. El 31 de agosto de 2022 se refleja otra comunicación de Martínez Sola con Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración de Plus Ultra, en la que asegura que García-Castellón, al que se refiere siempre como "Manolo", habría confirmado una cena con Dancausa. Al banco no le consta que este encuentro se produjera.

En el año 2022, García-Castellón aún estaba en activo en la judicatura. Entonces era titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, encargado de algunas de las investigaciones más mediáticas. Por sus manos pasaron, en los últimos tiempos, desde el caso Villarejo a la corrupción de Púnica o Lezo, así como Tsunami –que fue un verdadero quebradero de cabeza en la elaboración de la ley de amnistía– o las insistentes investigaciones contra Podemos –ninguna de las cuales, por cierto, acabó llegando a juicio–. Tras más de cuatro décadas en la carrera judicial, el Boletín Oficial del Estado publicó el 2 de septiembre de 2024 la jubilación forzosa del magistrado, que por entonces estaba a punto de cumplir los 72 años.

Tres semanas después de que se hiciera oficial el retiro, según los datos del Consejo General de la Abogacía Española, el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional se dio de alta como abogado. En su ficha oficial del Colegio de Madrid hizo constar como "dirección profesional" un complejo de oficinas ubicado en la localidad madrileña de Alcobendas, a escasos metros de la sede de Telefónica. El mismo en cuya tercera planta tiene su domicilio social la aerolínea Plus Ultra. A preguntas de este diario, dijo que lo hizo así porque no quería poner su dirección personal y porque se lo ofreció Julio Martínez Sola, a quien le une una amistad desde hace décadas. La conexión entre ambos es tan importante que, el pasado diciembre, cuando fue detenido en su casa en el marco del caso Plus Ultra, Martínez Sola pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia.

El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el cargo de juez o magistrado es incompatible "con todo tipo de asesoramiento jurídico sea o no retribuido". También con "el ejercicio de toda actividad mercantil por sí o por otro" y "con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella". Esa incompatibilidad tiene su traducción en el régimen disciplinario, que establece como falta muy grave (castigada hasta con la expulsión de la carrera) "el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado, establecidas en el artículo 389 de esta ley". El exjuez de la Audiencia Nacional está jubilado desde el 16 de octubre de 2024, cuando alcanzó la edad de 72 años.

InfoLibre ha tratado de ponerse en contacto con García-Castellón por múltiples vías para tratar de obtener su versión de estos hechos. Sin embargo, los contactos a través de WhatsApp, por teléfono e incluso dejando un mensaje en su buzón de voz no han sido respondidos.

El instructor del caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha terminado este jueves por estallar contra las continuas filtraciones de sus diligencias que, cada día, ve publicadas en diversos medios de comunicación. La gota que ha colmado el vaso para el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha sido la publicación íntegra de los anexos del informe de la UDEF conocido este miércoles, que relataba las gestiones del exjefe de Gobierno con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, a favor de un grupo empresarial peruano. Esos apéndices contenían la agenda íntegra de Zapatero de los años 2024 y 2025. También varios chats de su WhatApp con implicados en esa mediación, pero además, el que mantiene con su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, con la que, además de gestionar su actividad profesional, organiza gran parte de su vida familiar y privada. Gracias a la publicación de ambos documentos, cualquiera puede reconstruirla.

La filtración de múltiples datos personales protegidos por la ley en un proceso judicial ya se produjo a lo largo del pasado año con la investigación abierta en el Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los informes de la UCO sobre el caso se facilitaron con los anexos que contenían miles de llamadas e intercambios de datos del teléfono del exjefe del Ministerio Público. Entre los afectados aparecieron, por supuesto, múltiples fiscales subordinados, pero también familiares y amigos, que no tenían nada que ver con la causa. Una de esas personas fue su antecesora en el cargo y exministra, Dolores Delgado que, tras la publicación, denunció llamadas anónimas en su terminal. Hasta una vocal del Poder Judicial, y no solo con su número, también con el nombre de un familiar y la dirección de su domicilio particular.

La fuga masiva de información ha sido, si cabe, aún más grande en el caso de Zapatero. "El contenido de los anexos del informe policial [el de la UDEF] fue difundido íntegramente por diversos medios poco después de su puesta a disposición de las partes a través de la plataforma electrónica Cloud", afirmó Calama en su auto de este jueves, que se refería a la "reserva externa de las actuaciones", pero en ningún caso advirtió que se pudiera haber vulnerado el derecho fundamental a la intimidad del investigado. Los anexos publicados, según el juez, contienen "datos incompatibles con su publicación indiscriminada", por lo que su difusión puede constituir un delito de revelación de secretos o de quebrantamiento del secreto de sumario.

Gracias a los mensajes intercambiados con su secretaria, que ocupan nada menos que 1.084 páginas, es posible hacer un traje a medida del expresidente. Porque Zapatero, por ejemplo, le indica las personas con las que quiere quedar, las llamadas que tiene que hacer o los viajes que tiene que emprender para que ella le auxilie gestionando todas sus actividades. Pero también le cuenta datos de su estado de salud o le pide que le compre determinados medicamentos que necesita. En el intercambio de mensajes también aparecen números de teléfono y direcciones de periodistas con los que se reúne –lo que podría afectar al derecho fundamental al secreto profesional de estos últimos– o de amigos con los que comparte su vida social. El chat con Gertrudis Alcázar contiene datos que sí son relevantes para la investigación, pero también otros muchos de caracter íntimo que nadie querría que fueran revelados.

Como las complicaciones en el estado de salud de familares, revelaciones sobre la vida sentimental de personas cercanas, el clásico intercambio de fotos propias y de parientes que se suele hacer con estas aplicaciones de mensajería... También hay algunos datos sobre los movimientos de su esposa, Sonsoles Espinosa, que nada tiene que ver con el caso. Aparecen informaciones sobre las declaraciones de impuestos de la pareja o sobre sus propiedades para nada relacionadas con la causa; su rutinas deportivas y hasta los memes están en el anexo que contiene esa conversación de WhatsApp. Todo ello junto a citas con cargos públicos españoles y dirigentes extranjeros cuyas actividades junto al expresidente, sin comerlo ni beberlo, también han sido reveladas.

Calama ha puesto medidas para intentar que no se repita. En primer lugar ha deducido testimonio (es decir, lo ha denunciado) ante el Tribunal de Instancia de Plaza de Castilla para que que se indaguen las filtraciones y se identifique a los responsables. Se trata de investigaciones que –salvo en el caso del anterior fiscal general, que fue condenado sin ninguna prueba directa– se suelen archivar por falta de autor conocido. El instructor también ha obligado a las partes a poder consultar los vídeos de las declaraciones únicamente en la oficina judicial, para evitar que se emitan por televisión o en medios digitales. A partir de ahora, solo el PP podrá acceder a las diligencias, el resto de acusaciones populares quedan excluidas. Sin embargo, las restricciones llegan tarde, cuando el mal ya está hecho y cada uno de los pasos y actos de un expresidente en los últimos dos años circulan por todas las redacciones.

El último informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en relación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un nuevo terremoto político y judicial. No tanto por su contenido –amplía el foco más allá de Plus Ultra y Análisis Relevante–, sino por los anexos que llevaba aparejados. Documentos con información extremadamente sensible y sin valor para la investigación –no solo del exdirigente socialista, sino también de terceras personas ajenas a la causa– de la que se dio traslado a las partes sin un cribado previo y que acabó en todos los medios. Un agujero que el instructor, José Luis Calama, trata ahora, a posteriori, de tapar. Mientras, Zapatero vuelve a mover ficha en busca de la nulidad de la causa.

El informe UDEF-BBCA 2910/26, que se centra en la supuesta mediación del expresidente a favor de un grupo empresarial peruano en relación a un pleito millonario en ese país, se entregó acompañado de 19 anexos documentales. En los mismos se incluían, entre otras cosas, las agendas del exlíder del Ejecutivo de los años 2024 y 2025 o su chat de WhatsApp con su secretaria, Gertrudis Alcázar. Son más de un millar de páginas de mensajes. La mayoría son de índole personal. Y buena prueba de ello es que menos de una docena de todas las comunicaciones contenidas en esa conversación acaban transcritas en el documento policial al considerarse que tienen relevancia para la investigación.

Todos estos documentos fueron subidos en bruto, sin ningún tipo de cribado previo, a la nube por orden del instructor. "No siendo técnicamente posible la transmisión telemática de los anexos indicados al Ministerio Fiscal y partes, en razón a su volumen, se procederá a su inclusión en la sede electrónica cloud justicia", recoge la providencia firmada por Calama en la mañana del miércoles. Pocas horas después, las agendas o el chat de Zapatero con su secretaria al completo circulaban por todas las redacciones. Un agujero en el juzgado que puso al descubierto, entre otras cosas, información médica, direcciones y teléfonos de terceras personas o datos sobre el estado de salud de familiares. Datos especialmente sensibles y que nada tienen que ver con la investigación.

No es la primera vez que pasa. También se incorporó hace tres años a la plataforma virtual del caso Kitchen el volcado íntegro de varios chats de WhatsApp del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, entre ellos el que tenía con su pareja. Y en la causa contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz también quedó al descubierto información sensible de Dolores Delgado, exministra de Justicia y exjefa del Ministerio Público, y hasta de un miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El problema estuvo en la notificación a las partes sin un filtrado previo de un informe –y sus anexos– de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre tráfico de llamadas, que puso al descubierto documentos de identidad o direcciones de los usuarios de los dispositivos.

Fuentes policiales consultadas por infoLibre explican que cuando se lleva a cabo un volcado telefónico en el marco de investigaciones judiciales, el dispositivo se pasa por "un programa de extracción" que transcribe, de principio a fin, toda la conversación. Con ella, se "elabora" un informe solo con aquellos mensajes que resultan "relevantes" para la causa: "Todas aquellas cuestiones de carácter personal quedan fuera". Ese documento policial se remite al instructor junto con el "bruto" de la conversación. ¿Para qué? Para que pueda "cotejar" que los mensajes recogidos en el informe coinciden con los que se han extraído del terminal.

Con esta documentación sobre su mesa, los instructores pueden tomar ciertas cautelas para evitar que información de índole personal acabe filtrándose. La "práctica habitual", cuenta un magistrado instructor, es que ese volcado "en bruto" no sea trasladado a las partes y se abra una "pieza separada de expurgo" a cuyo contenido solo tengan acceso Fiscalía y defensa para cribar la información, sacando de la causa todos aquellos datos íntimos, personales o que nada tienen que ver con la investigación en curso. Eso es, por ejemplo, lo que acordó esta semana el titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en relación a toda la documentación con la que salió la UCO de la sede del PSOE en el marco del llamado caso Leire.

"Es el juez el que tiene que marcar los límites, ordenar los expurgos", resalta en conversación con este diario Baltasar Garzón, quien fuera durante muchos años magistrado instructor en la Audiencia Nacional. "Si se ha entregado todo a las partes sin expurgar hay una grave responsabilidad de juez y fiscal, que deben cuidar del cumplimiento de la ley de enjuiciamiento criminal. [...] La mínima prudencia habría exigido declarar el secreto parcial hasta que se hubiera expurgado todo", resalta el ahora abogado, que lamenta que se esté montando una suerte de "causa general" contra alguien que, completa, "carece de posibilidades de defenderse adecuadamente".

A posteriori y con la filtración ya consumada, el instructor del caso Plus Ultra ha decidido este jueves mover ficha para intentar tapar el agujero que tiene en el juzgado en relación a esta causa. Por un lado, ha decidido formar una pieza de "información sensible", solo accesible para el Ministerio Público y el propio órgano jurisdiccional, en la que se incluyan las grabaciones audiovisuales de las declaraciones que se vayan tomando a investigados y testigos. En definitiva, solo se facilitará a la acusación popular y a las defensas "transcripción" de las comparecencias, pudiendo consultarse los vídeos solo en el juzgado. Una medida que ya adoptó el Tribunal Supremo durante la investigación al ex fiscal general del Estado por la filtración de un correo del abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

Calama también ha decidido limitar el acceso a la nube judicial de las "acusaciones populares", de forma que solo pueda ingresar a la misma el abogado que lleva la dirección de las mismas –en concreto, el letrado del PP–. Es ahí, reconoce en privado un magistrado, donde suele estar el origen de las filtraciones. Unas fugas de información por las que el instructor acaba de deducir también testimonio para que se investiguen. "Desde el momento que las actuaciones fueron puestas a disposición de las partes personadas, se han producido filtraciones constantes e inmediatas a medios de comunicación", resalta el instructor del caso Plus Ultra, que avisa de que estos hechos pueden ser constitutivos de "delitos de revelación de actuaciones procesales reservadas".

En concreto, pone sobre la mesa el artículo 417 del Código Penal, que castiga con hasta cuatro años de prisión a "la autoridad o funcionario público" que "revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados". Y también el 466, que establece que las penas mencionadas en el artículo anterior deben ser impuestas "en su mitad superior" cuando la revelación de actuaciones secretas "fuese realizada por el juez o miembro del tribunal, representante del Ministerio Fiscal, Secretario Judicial o cualquier funcionario al servicio de la Administración de Justicia". Y que contempla multas para aquellos abogados o procuradores que desvelasen "actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial".

Y en medio de esta vorágine, el expresidente del Gobierno sigue buscando anular la causa. En un escrito presentado este mismo jueves, la defensa del exlíder socialista ha planteado un incidente de nulidad de actuaciones al considerar vulnerado su derecho al juez ordinario, a un proceso con garantías, a la tutela judicial efectiva o a la presunción de inocencia. Su abogado sostiene que la investigación tiene su origen en "unos análisis de conversaciones privadas no autorizados" en el marco de unas diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción "que no se ajustaban al marco legal" y con "maniobras dirigidas a conducir el proceso" hacia "órganos judiciales de mayor conveniencia para la denunciante". "La nulidad de actuaciones tiene origen en la propia génesis", resalta.

Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha vuelto a señalar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como líder de "una organización criminal" dedicada "al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes". La operación reseñada esta vez no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra. Se trata de una mediación a favor de un grupo empresarial peruano con el expresidente de Bolivia Luis Arce para tratar de poner solución a un pleito millonario en ese país, por la que el exlíder del PSOE habría obtenido 200.000 euros. Fuentes del entorno de Zapatero han asegurado a infoLibre que esa actividad investigada por los agentes fue "una actividad de consultoría por completo legal". También señalan que "sería inaceptable hacer una investigación prospectiva sobre la actividad profesional del expresidente" y consideran "un escándalo sin precedentes" que se publiquen "agendas y conversaciones privadas de un presidente".

El documento policial señala muy detalladamente todos y cada uno de los trámites para que Zapatero llevara a cabo esa gestión. La petición partió de la sucursal en Bolivia de la consultora Kreab, en concreto de su asesora senior Carmen Almendras, que fue embajadora en España entre 2007 y 2015. La consultora, a través de su asesora, pidió ayuda al expresidente español el 8 de mayo de 2024 para que prestara auxilio al más alto nivel al Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano. Una de las empresas de ese grupo, Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce), fue condenada en Bolivia por competencia desleal con la cementera Fancesa (Fábrica Nacional de Cemento SA), de la que Soboce era propietaria de un tercio del capital que luego fue expropiado por el Estado boliviano. Fancesa demandó a Soboce y el Tribunal Supremo del país andino condenó a esta última a pagarle 107 millones de dólares (94 millones de euros al cambio actual).

Para prestar ese servicio, Zapatero se desplazó el 15 de septiembre de 2024 a Bolivia, donde se entrevistó con el expresidente Luis Arce –actualmente en prisión preventiva tras su detención en diciembre acusado de varios delitos de corrupción– y con su ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Las gestiones del expresidente español en Bolivia para el Grupo Gloria siguieron produciéndose a lo largo de 2025, con nuevos contactos telefónicos con el expresidente Arce y con el entonces Procurador General (fiscal general) del país, Ricardo Condori, con el que habló el 6 de mayo de ese año. A finales de mes, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dio la razón a Soboce, y suspendió provisionalmente el pago de la millonaria indemnización a Fancesa.

El informe contiene dos conexiones con la supuesta operativa ilícita detallada por Calama en el auto que dio inicio a la investigación contra Zapatero. La primera es que el dinero que obtuvo por sus gestiones se le transfirió a través de una empresa interpuesta. Se trata de Focus Social Research, una sociedad con la que el propio Zapatero firmó un contrato de prestación de servicios de asesoría. Fue esa firma, cuyo objeto social, según los agentes, es el marketing, la que canalizó supuestamente los tres pagos (uno de 100.000 y dos de 50.000 euros, respectivamente) que le habría abonado, en realidad, el grupo empresarial peruano Gloria. Focus Social Research, según el informe de la UDEF, "habría sido empleada como sociedad interpuesta". En el auto del instructor con el que imputó a Zapatero aparecían otras mercantiles que supuestamente actuarían como tapaderas: Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Grupo Aldesa...

La segunda conexión con los hechos que sirvieron a Calama para actuar contra Zapatero es la presencia de los hermanos Guillermo y Domingo Amaro Chacón, ambos empresarios venezolanos y titulares, precisamente, de Inteligencia Prospectiva. El instructor señala a esta sociedad sin actividad como canalizadora de fondos a la trama y una de las entidades con las que una empresa china habría intentado obtener cupos de petróleo en Venezuela gracias a la relación personal del expresidente español con la actual presidenta encargada y anterior ministra de Petróleos del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Uno de los pagos registrados a WhaTheFav, la empresa de las hijas de Zapatero, procedió directamente de esta sociedad sin personal que justificaba el dinero que entregaba a través de ampliaciones de capital. Los hermanos Amaro Chacón fueron con Zapatero a Bolivia en el viaje en el que el expresidente hizo las gestiones a favor de Gloria con Arce.

En su declaración ante el juez Calama, Zapatero aseguró que había desarrollado "una intensa tarea de consultoría" con los hermanos Amaro Chacón, con los que, sin embargo, afirmó que no mantenía el contacto. "Me he reunido con ellos en innumerables ocasiones, me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas, económicas, he viajado con ellos y he estado en reuniones con ellos", declaró. El expresidente también negó haber mediado a favor de ninguna empresa china para que obtuviera petróleo. "No he tenido ninguna relación con ninguna empresa china más que mi actividad en China, que ha sido dar conferencias", aseguró.

La Audiencia Nacional ha retomado este miércoles el juicio del caso Kitchen, centrado en la supuesta operación parapolicial para evitar que información comprometedora para el PP pudiera incorporarse al sumario de Gürtel. Y lo ha hecho con la declaración de Andrés Gómez Gordo, antaño asesor del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Durante su comparecencia, el comisario, que solo ha respondido a las preguntas de su abogada, ha reconocido que facilitó la captación como confidente de Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas. Pero ha negado haber tenido conocimiento de la operación. Una versión que ha generado dudas al tribunal. "¿Por qué dedica esa cadena de mensajes a hablar de algo que le es ajeno?", le ha preguntado la presidenta, Teresa Palacios, en relación a las comunicaciones mantenidas con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Gómez Gordo, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión, ha comenzado su declaración como acusado haciendo un repaso de su trayectoria profesional en aquel periodo de tiempo. Así, ha explicado que estuvo desde octubre de 2011 hasta marzo de 2015 como asesor del Ejecutivo castellanomanchego. Y que luego reingresó al Cuerpo Nacional de Policía. Estuvo destinado en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), donde fue jefe del área de vigilancias. "Excepto cuatro meses que estuve en atribución temporal de funciones en la Dirección Adjunta Operativa (DAO)", ha completado Gómez Gordo, a quien siempre se ha considerado comisario de cabecera de la ex secretaria general del PP –sus compañeros, de hecho, se referían a él como Cospedín–.

Durante la hora que ha durado la comparecencia, el nombre de Cospedal ha quedado al margen. Solo ha salido a flote en una ocasión. Y Gómez Gordo ha levantado una suerte de cortafuegos alrededor de la exministra de Defensa y su exmarido Ignacio López del Hierro. "¿Le pidieron ellos que facilitara la presentación [de Ríos con el comisario José Manuel Villarejo] o lo comentó con ellos?", le ha preguntado la letrada. "Para nada", ha contestado el acusado, quien también ha querido dejar claro que durante su etapa en la UDEF nunca tuvo "acceso a nada de la Gürtel". Durante su comparecencia como testigo en el juicio, Manuel Morocho, antaño investigador principal de ese caso de corrupción, dijo que sus informes eran analizados, entre otros, por Gómez Gordo.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción resalta el papel clave del acusado en la captación del topo en la familia Bárcenas. Y durante su declaración, el entonces inspector ha reconocido haber facilitado esa gestión. Así, ha relatado que Ríos, con quien había coincidido durante la etapa en la que ambos trabajaron para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se puso en contacto con él después de que el comisario jubilado Enrique García Castaño, quien fuera máximo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información –quien no se sienta en el banquillo de los acusados por un problema de salud–, hubiera intentado captarle. "Me dice que le han tocado, que no sabe de dónde son y que le han dejado una tarjeta", ha explicado Gómez Gordo.

Tras eso, el acusado ha contado que llamó al número de teléfono y se identificó como inspector jefe. Unos días después, ha continuado, recibió una llamada en la que el comisario jubilado José Manuel Villarejo, a quien ha asegurado que entonces no conocía, le citaba a una reunión en un hotel de la capital. Allí, le dijo que era "seguridad del Estado" y que les ayudase, a lo que él respondió que si todo eso era "oficial" que le citara en "un sitio oficial". Al acabar el encuentro, Gómez Gordo se puso en contacto con el entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, a quien conocía, y le contó todo. El jefe policial, tras escucharle, le citó en la Dirección Adjunta Operativa. Y allí, oficialmente, se le pidió que facilitara la presentación de Ríos a Villarejo.

El exchófer, quien ha declarado tras él y para el que Anticorrupción pide 12 años, ha confirmado que García Castaño, a quien conocían en el Cuerpo como El Gordo, intentó captarle y que pidió ayuda a Gómez Gordo después de que "algunos compañeros" no pudieran "comprobar" quién era la persona que le había abordado. "En ningún momento se identificó como policía, pensaba que era prensa o un detective privado", ha resaltado. Algo que, ha querido poner de manifiesto el fiscal Anticorrupción, entra en contradicción con lo dicho por el acusado en fase de instrucción, donde declaró que habló con "compañeros" de Fuencarral-El Pardo que habían estado en Policía Judicial y que le dijeron que la persona que le había tocado –en el argot policial– era un comisario principal.

Aquella presentación, han sostenido ambos acusados, se produjo en las inmediaciones de un aparcamiento público. Ríos acudió con su coche. Y a Villarejo lo llevó Gómez Gordo, quien se retiró para que ambos hablaran. En aquel primer encuentro, el exchófer ha explicado que el comisario le advirtió que se podía meter en problemas con algunas gestiones que estaba realizando para la familia Bárcenas y le informó de que se "había abierto" una "línea de investigación" orientada hacia la mujer del extesorero "para intentar saber de dónde venía el dinero y dónde estaban los testaferros". ¿El encargo? Que no "obstaculizara" los seguimientos y que "facilitara los lugares a los que llevaba a la señora", las "personas con las que se reunía", los "números de teléfono que pudiera tener de prepago" o las "matrículas de los vehículos que usábamos".

En aquella primera cita, según ha resaltado, Villarejo le dijo que consultaría en qué categoría de confidente podría encajar. Algo que se concretó en una segunda reunión en un centro comercial, en la que Ríos ya accedió a colaborar. "Me manifestó que habían aceptado que iba a ser colaborador con cargo a los fondos reservados y se calculó una cuantía de 2.000 euros", ha señalado. Del mismo modo, el comisario jubilado le informó que se le iban a facilitar unos "teléfonos ilocalizables" –conocidos en el argot policial como canutos– y que los utilizara para comunicarse con él cuando hubiera "cualquier tipo de problema o sospecha". "Al principio, me veía con Villarejo dos o tres veces por semana. Luego, las visitas se fueron espaciando", ha completado.

Ríos ha asegurado que nunca le pidieron "discos duros" ni "ningún tipo de material" relacionado con el extesorero. Y que "jamás" tuvo acceso a dispositivos de Bárcenas. De hecho, ha negado haber facilitado a García Castaño los teléfonos del extesorero cuyo contenido fue volcado en un restaurante de la capital por miembros de la Unidad Central de Apoyo Operativo. Dicha extracción ha sido confirmada durante el juicio por dos agentes, los cuales relataron que los dispositivos les fueron entregados por El Gordo, quien acudió a la cita junto con otra persona. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción identifica a Ríos como el acompañante. Él, sin embargo, rechaza todo. "Yo no fui a ese Vips", ha insistido ante el tribunal.

Gómez Gordo ha afirmado que nunca fue informado de la Operación Kitchen ni del interés que había por el exchófer de Bárcenas. "Nadie me dijo ni me explicó nada", ha resaltado, si bien ha dicho que tampoco había que ser un "lumbreras" para imaginarlo, dado que por aquel entonces el extesorero era "el delincuente uno". Ríos, del mismo modo, trató de dejar al comisario al margen. "Solamente traté con él los últimos tres meses durante este tema", ha resaltado el exchófer, un periodo de tiempo en el que estaba "latente" y solo tenía por "misión" vigilar un par de coches de gran cilindrada que tenía el extesorero. "Jamás le di ningún tipo de comunicación de los sitios a los que iba la señora", ha insistido Ríos.

El comisario ha reconocido que, efectivamente, se encargó de abonar durante tres meses al colaborador los pagos con cargo a los fondos reservados. "Lo hice porque me lo ordenó el director adjunto operativo", ha aseverado. También ha confirmado que fue él mismo quien se encargó de registrar la operación en Gati, el fichero de inteligencia policial en el que se registran las diferentes investigaciones, de forma que se establezcan cruces entre ellas por si hubiera elementos coincidentes y, en ese caso, se tuvieran que tomar medidas a nivel de coordinación entre unidades investigadoras. Lo hizo en 2015, pese a que el grueso de las vigilancias a la familia Bárcenas se desarrollaron en el verano de 2013.

La desvinculación total de Gómez Gordo ha generado algunas dudas a la presidenta del tribunal. "¿Por qué dedica esa cadena de mensajes a hablar de algo que le es ajeno?", ha lanzado la magistrada Teresa Palacios en relación a unos mensajes intercambiados con el ex secretario de Estado de Seguridad en julio de 2015 en los que este último preguntaba si Bárcenas estaba tan enfadado como para "tener intención de hacer daño", algo a lo que responde el comisario tras ponerse en contacto con Ríos. "Fíjese qué importancia le da usted que cuelga y habla con el señor Ríos", insiste la presidenta del tribunal. "Joe, es el secretario de Estado, le quiero contestar a la pregunta", ha intentado zanjar.

Este tipo de apuntes por parte de Palacios se han repetido en más ocasiones. Por ejemplo, cuando le ha preguntado por qué ese interés que ponía en las noticias que salían sobre la Kitchen o por qué en los mensajes se refería al exchófer como El Coci. "Todo el mundo le llamaba El Coci. Villarejo, los que estábamos en la DAO", ha contestado él. "¿Los acusados casualmente?", ha insistido la magistrada. "Puede ser", ha respondido el Gómez Gordo, quien ha querido culminar así su comparecencia: "Lo único que he hecho ha sido presentar al conductor porque me lo han ordenado, subir la nota a Gati porque me lo han ordenado y hacer los pagos porque me lo han ordenado. [...] Intentar medrar no es delito ninguno, intentar complacer [al secretario de Estado] yo creo que no es delito ninguno".

Fue la primera causa en la que Víctor de Aldama probó las mieles de la colaboración con la justicia. Y ahora es la espada de Damocles que pende sobre su cabeza y amenaza su libertad. Tras la decisión del Tribunal Supremo de librarle de la cárcel en el caso Mascarillas, en el que se han impuesto severas penas de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, al empresario aún le persigue el llamado caso Hidrocarburos, en el que se investiga un fraude tributario millonario con el combustible. Una causa en la que su colaboración y reconocimiento de los hechos está siendo, a diferencia de lo ocurrido con la carpeta que acaba de ser sentenciada, prácticamente nula.

La primera vez que Aldama se sentó ante Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional e instructor del caso, fue a las pocas horas de ser detenido. En aquella comparecencia, el empresario se desvinculó por completo del entramado de empresas bajo la lupa. "Me parece de broma", llegó a decir. Anticorrupción solicitó su ingreso en prisión, una cautelar que acordó el instructor y que se mantuvo durante algo más de un mes, hasta que el empresario decidió tirar de la manta contra Ábalos y García. Tras disparar a discreción contra el exministro y el exasesor en el caso Koldo, el fiscal Luis Pastor solicitó su puesta en libertad en el de los combustibles y el empresario salió de la cárcel.

Aldama se convirtió, desde aquel momento, en pieza clave para la construcción de la acusación en el llamado caso Mascarillas. Por aquel entonces, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había puesto sobre la mesa buena parte de los hechos que el Supremo ha considerado ahora acreditados. Más que a la aportación de elementos nuevos –un contrato de arrendamiento con opción a compra suscrito con el exministro como una suerte de garantía de cobros ilícitos o un listado de supuesta obra pública "preadjudicada"–, la colaboración de Aldama se ha basado en el reconocimiento de los hechos, "confirmando y, en ocasiones, apuntalando y contextualizando la prueba que había sido obtenida por los investigadores".

Su papel como colaborador le ha permitido salir con una atenuante muy cualificada y, por tanto, con una condena mínima –cuatro años y medio de prisión, sustituidos por trabajos en beneficio de la comunidad–. Con este caso ya cerrado, el empresario deberá centrar ahora sus esfuerzos en el otro gran frente judicial que aún le queda abierto: el de los combustibles. Sobre la mesa, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal. Bajo la lupa, un fraude en el IVA que los investigadores cifran en 231 millones de euros –182 millones con Aldama ya integrado en la trama–. "Hidrocarburos es otra historia, veremos cómo avanza", deslizan fuentes fiscales.

El 21 de noviembre de 2024, el día que tiró de la manta, el fiscal pidió a Aldama que ratificase su "voluntad de declarar y comparecer" todas las veces que fuera necesario tanto en el caso de corrupción política como en el del fraude tributario de los combustibles. "Manifiesto mi disposición y colaboración", respondió el empresario. Dos años y medio después, sin embargo, poco ha aportado en el segundo de ellos. "Nada ha colaborado", resumen a infoLibre fuentes conocedoras del desarrollo de esta investigación judicial. El comisionista, a diferencia de lo que ha hecho en Mascarillas, niega en este caso las acusaciones contra él.

A finales de enero, durante su declaración como investigado en el marco de este procedimiento, el empresario defendió que las gestiones y pagos que hizo a nivel ministerial fueron para que la empresa Have Got Time, y no Villafuel, obtuviera una licencia de operador de combustible, algo que nunca ocurrió. Esto choca con el relato de la UCO. Y también con el del propio Tribunal Supremo. "A finales de 2020, Víctor de Aldama realizó gestiones ante Koldo García para que se concediera una licencia de mayorista en el sector de hidrocarburos a la empresa Villafuel SL", recogían los magistrados en la sentencia de este lunes.

El empresario, durante aquella declaración, se desvinculó por completo de esta última firma, de la que nunca tuvo capacidad "de gestión ni dirección". Dijo que lo único que hizo fue facturar a tres empresas que en su día establecieron relaciones con esta compañía. Y que lo hizo a través de un conjunto de sociedades en Portugal. "Tributé en Portugal [por las cantidades facturadas] y lo que cobré en España lo tributé en España", aseguró Aldama. Una comparecencia que durante unos segundos se centró en un sobre con las siglas de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, hallado por la UCO en una conversación de WhatsApp. "Eso es algo que creo que tenemos que negociar directamente o que tenemos que hablar directamente con ustedes porque es algo que estamos hablando de la financiación ilegal del partido", respondió al fiscal. Unas semanas después, Aldama entregó dicho sobre en la Audiencia Nacional.

En octubre de 2024, en el auto en el que decretaba su ingreso en prisión, el instructor definía así el peso del empresario en la trama: "La estructura societaria fue diseñada y estructurada de manera que Claudio Rivas y Víctor de Aldama –a quienes los investigadores sitúan en la cúspide de la trama–, con poder general sobre ella, quedaran velados y aparentemente desvinculados de la misma. Para ello, dispusieron a Still Growing, administrada por María Luisa Rivas tras entregarla su control Claudio Rivas, como matriz de Villafuel SL, administrada por otro investigado. Éstos adquirieron empresas administradas por testaferros, cuya operativa y gestión era dictada y ordenada por los responsables de la organización criminal".

En la trama Hidrocarburos, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil da por acreditado en un informe fechado el pasado mes de diciembre que el empresario percibió 292.416,66 euros por su intermediación con el ministro "en favor de los intereses de la presunta organización criminal". Y con posterioridad, ya "integrado" en la misma, otros 925.036 euros. Pagos realizados "bajo la cobertura" de un "contrato de prestación de servicios" que los investigadores tildan de "instrumental". El delito fiscal y el blanqueo de capitales contemplan penas de hasta seis años de prisión. En cuanto a la organización criminal, el castigo puede llegar hasta los ocho años.

No anularía el caso, porque antes de su llegada a la investigación, ya había indicios que señalaban directamente a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero si el clonado del teléfono de Rodolfo Reyes, exmáximo accionista de Plus Ultra, realizado por el Homeland Security Investigations (HSI) en 2021 y entregado por esa agencia de EEUU a la UDEF cinco años después (el pasado 18 de marzo) fuera considerado una prueba ilícita, sí podría sacudir el procedimiento obligando al instructor del caso, José Luis Calama, a eliminar del procedimiento todas las averiguaciones posteriores relacionadas con ella. El abogado del expresidente, el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, lo sabe y ha reclamado al juez que pida a Washington datos sobre las circunstancias de ese clonado, si se hizo en el marco de un procedimiento abierto en EEUU contra Reyes y si se respetó la cadena de custodia. Pero este jueves, Calama ha aparcado esa ampliación de información hasta que reciba respuesta del Gobierno estadounidense sobre su posibilidad de utilizarlo en el proceso.

El instructor se refirió a ese informe concreto del HSI sobre el teléfono de Reyes en el extenso auto con el que imputó a Zapatero el pasado 18 de mayo. Antes de tomarle declaración este miércoles, el 5 de junio reclamó a Washington mediante otra resolución "la autorización para la utilización como medio de prueba en el proceso penal español de la extracción telefónica del dispositivo móvil". Lo que quiere el instructor es "autorización expresa para la utilización en el proceso penal español como medio de prueba" –es decir, también en un hipotético juicio oral– y no solo de investigación, como había hecho hasta ese momento tanto la Policía, como la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez de instrucción 4 de la Audiencia Nacional. "La información facilitada por autoridades policiales extranjeras puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones", afirmaba el instructor. Y apuntaba a los tratados bilaterales, las solicitudes de asistencia judicial o los canales policiales institucionalizados como vías para conseguir esa eficacia.

El auto de Calama, además, daba algunos datos sobre cómo se obtuvo el clonado del móvil de Reyes, información que, sin embargo, Zapatero consideró insuficiente. El instructor explicó que se obtuvo en el marco de "una investigación trasnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla, fideicomisos y operaciones internacionales que incluyen desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones". Esa investigación se desarrollaba "en coordinación con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa [Florida], Miami y Boston y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal, con el objetivo de identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos".

Una de las líneas de esas pesquisas, según explica Calama en su auto, apuntaba a Rodolfo Reyes, antiguo máximo accionista de Plus Ultra, "por blanqueo y evasión de sanciones" que realizaba a través de la aerolínea rescatada en marzo de 2021 con 53 millones de euros, y otras compañías como Capital Bank, la sociedad de valores Panacorp y Dinosaur Bank. El juez también aporta la información de que la copia del teléfono de Reyes se obtuvo "inicialmente orientada al contrabando", aunque luego "reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales", según la resolución que solicita la cooperación judicial de Washington. Por último, el instructor confirma que el informe sobre ese dispositivo se facilitó a la UDEF el pasado 18 de marzo. El número de referencia del documento aparece señalado en tres ocasiones en el auto. Sin embargo, tal y como asegura la defensa de Zapatero, el informe estadounidense, pese a la importancia que le da el juez, no se encuentra entre los documentos del sumario facilitados a las partes.

Para clonar un teléfono en España y en general en todos los países de la UE, es necesario que se haga con autorización judicial. En caso contrario, el material obtenido sería una prueba ilícita obtenida mediante la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. También es necesario conocer de manera precisa cómo ha llegado ese material al proceso, para excluir cualquier riesgo de manipulación que pudiera afectar al derecho de defensa de los investigados. Por eso, Zapatero pidió al juez, cinco días después de que este reclamara autorización para usar esos mensajes de Reyes en el proceso, que ampliara su auto pidiendo más información. En concreto, quiere conocer la resolución judicial o administrativa que permitió copiar el teléfono, el proceso concreto abierto contra Reyes en EEUU, los informes del HSI sobre el clonado, cómo se hizo, con qué software y si fue total o parcial, que se verifique que esa información no ha sido manipulada, cómo se ha preservado desde que se obtuvo en 2021 y la cadena de custodia.

El Gobierno de EEUU ha autorizado algunas prácticas de investigación sobre comunicaciones que en España serían radicalmente ilegales. La Patriot Act, aprobada durante el mandato del republicano George W. Bush, por ejemplo, permitió a la Agencia de Seguridad Nacional de ese país almacenar los datos de las llamadas de millones de ciudadanos. La ley, además, daba en la práctica un cheque en blanco a agencias como el FBI para hacer intervenciones telefónicas y restringía los derechos de los ciudadanos extranjeros en territorio de EEUU. Los agentes de aduanas de ese país, además, están autorizados a clonar cualquier dispositivo electrónico en las zonas fronterizas sin necesidad de obtener previamente autorización judicial. En España ha habido procesos basados en intervenciones de comunicaciones ejecutadas por Washington en los que esas pruebas han sido anuladas. Algunas relacionadas con el terrorismo islamista, como la Operación Tigris.

El escrito del defensor de Zapatero reclamando más información sobre la obtención de la prueba por el HSI parece indicar ese camino, el de buscar la nulidad de la prueba. Calama no ha rechazado su petición directamente sino que simplemente ha respondido que ahora no es el momento adecuado. Antes, quiere conocer la información que Washington le pueda facilitar con la solicitud de cooperación que le envió el 5 de junio. "Mientras no se reciba la contestación al instrumento de cooperación jurídica internacional ya acordado, no es posible efectuar una valoración fundada sobre la necesidad o procedencia de los extremos cuya ampliación se solicita, pues dicha apreciación depende directamente del contenido de la respuesta pendiente", afirma el juez en su resolución de este jueves.

En cualquier caso, la hipotética anulación de esa prueba, casi con total probabilidad, no sacaría a Zapatero de la causa ni provocaría la caída de toda la investigación. Antes de su entrega por el HSI estadounidense a la UDEF el 18 de marzo, la anterior instructora del caso, Esperanza Collazos, ya apuntaba al exjefe del Ejecutivo. En su auto de inhibición a favor de la Audiencia Nacional del 23 de febrero relataba que las conversaciones intervenidas en España al abogado y presunto facilitador de la trama en Madrid, Miguel Palomero, y los pagos de Análisis Relevante, la consultora de su amigo, al expresidente y a la empresa de sus hijas analizados por la Agencia Tributaria, ya indicaban su implicación. Un informe de la UDEF redactado más de un mes antes de acceder al material de EEUU aseguraba que había "indicios suficientes para concluir [...] que no sería Julio Martínez Martínez [su amigo] el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería a José Luis Rodríguez Zapatero".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero empezó su declaración en la Audiencia Nacional negando haber mediado para el rescate de Plus Ultra: "No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. No habrá nadie que pueda decir lo contrario", apuntó.

Así se desprende de los audios de la declaración del expresidente que tuvo lugar el pasado miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a los que ha tenido acceso EFE este jueves.

"Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni la más mínima influencia, ni nadie me lo pidió", sostuvo Zapatero en su declaración.

Zapatero declaró ante el magistrado por el caso Plus Ultra, donde se le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de esta aerolínea a cambio de comisiones.

En las más de dos horas de interrogatorio, Zapatero explicó que es amigo de Julio Martínez desde el año 2011 y que comparten la afición de salir a correr, pero que no tuvo ninguna relación profesional con él hasta 2020, cuando creó la consultora Análisis Relevante.

Es entonces cuando Martínez le preguntó si estaba dispuesto a ejercer de consultor, como hizo anteriormente con otras consultoras: "Yo le digo que sí, y a partir de ahí es cuando empieza la relación, la parte de relación profesional", aclara.

Calama expone ante Zapatero que la tesis que maneja la investigación es que Análisis Relevante se utilizó para derivar "comisiones de tráfico de influencias en las que usted puede haber intervenido".

Tras lo que Zapatero replicó que desarrolló "un trabajo intenso" para Análisis Relevante, antes de volver a negar que hablase "con ninguna autoridad pública, con ningún funcionario ni con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra".

"Creo que una influencia tiene que ser ante alguien, dónde y cómo", argumentó ante el juez.

Asimismo, admitió que pidió al Santander que atendieran a responsables de la compañía aérea, pero no que intercediera para buscar financiación.

Su abogado le preguntó concretamente si "de algún modo orientó" la petición o solicitud al Santander o a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del banco, "para que le diese financiación a Plus Ultra", a lo que Zapatero contestó tajantemente: "No, en absoluto".

"Yo simplemente me limité a hacer la llamada para ver si les podía atender", explicó el expresidente, que al ser preguntado de nuevo por su abogado si fue "¿Solo para atender?", subrayó: "Sí, exactamente".

Rodríguez Zapatero también negó que le contactara directivo o personal alguno de Plus Ultra para solicitar su ayuda respecto del Fondo de Ayuda a Empresas aprobado en julio de 2020 y haber hablado con ningún responsable de Indra para que Plus Ultra presentara la solicitud a la SEPI.

"Ni ante la SEPI, ni ante ningún empleado público, ni ante ningún miembro del Gobierno, ni ante absolutamente nadie, no hablé con nadie, con nadie del rescate de Plus Ultra", aseguró Zapatero.

El juez también preguntó acerca del interés de dos empresarios, los hermanos Amaro Chacón, en que el expresidente interviniera con la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para que una empresa china accediera a petróleo venezolano, algo que el exlíder socialista dijo no recordar, a pesar de que la compañía china mandó una carta a su oficina a la que, sostuvo, no dieron respuesta.

"No me acordaba de nada, yo obviamente con esa carta no hice absolutamente nada, me mandan cartas de todo tipo, y yo no he tenido absolutamente nada que ver con ningún tema de petróleo, ni de gestión, ni de nada, nunca, en mi vida", recalcó Zapatero.

También dijo no recordar si había asistido a una comida organizada por su secretaria, Gertrudis Álcazar, que la investigación relaciona con instrucciones para crear una sociedad 'offshore' en Dubái, una acusación que negó tajante: "Se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades 'offshore', se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad 'offshore' y es que ni sé lo que es".

Zapatero sostuvo además que él no usa correos electrónicos porque todo lo hace su secretaria, de quien dijo, además, que siempre ha actuado conforme a sus "indicaciones".

La declaración del miércoles versó únicamente sobre Plus Ultra, ya que el expresidente se negó a dar explicaciones sobre las "dichosas joyas", como se refirió a ellas el juez, por el recurso que había interpuesto.

Aun así, al término del interrogatorio, el abogado del expresidente trasladó al juez que estaba en disposición de poder declarar sobre este asunto en un plazo de una semana o diez días "como máximo".

En otro momento del interrogatorio, Calama preguntó a Zapatero si había comido con el entonces ministro José Luis Escrivá o con algún alto cargo del Ministerio de Hacienda para hablar del rescate de Plus Ultra.

Con Escrivá, Zapatero admite que tomó "un café" para conocerse, en el que hablaron "de la economía" y que "en ningún momento, absolutamente, salió el tema de Plus Ultra".

En su declaración, Zapatero dijo no recordar las reuniones que tuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esas fechas.

En un momento del interrogatorio, el juez dice al expresidente "acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio", por lo que, al acabar su declaración, Zapatero se disculpó: "Espero no haber estado en ningún momento en un tono no conveniente".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto fin este miércoles a casi un mes de silencio con un escueto comunicado. El texto, hecho público tras su paso por la Audiencia Nacional, apenas ofrece detalles sobre su comparecencia como investigado en el llamado caso Plus Ultra. Más bien, es un alegato en defensa de su inocencia. A lo largo de cuatro párrafos, el exlíder de los socialistas pide "confianza" a quienes un día creyeron en él. Y también paciencia. Porque ahora tiene "por delante" la "tarea" de demostrar que no cometió los delitos que se le atribuyen. "Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso", sostiene el exlíder del Ejecutivo.

La declaración de Zapatero ante el magistrado José Luis Calama, que por el momento le imputa formalmente cuatro delitos –tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contrabando–, no es, ni mucho menos, un punto final. Aún queda mucho camino por recorrer. Una vez cruzado este primer puente, lo previsible es que el instructor empiece a citar al resto de investigados en la causa. De los cuatro detenidos el pasado diciembre, solo Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del exlíder del Ejecutivo y dueño de Análisis Relevante –empresa de la que cobraba Zapatero–, declaró cuando pasó a disposición judicial, aunque solo respondiendo a las preguntas de su abogado. El resto –los directivos de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli y el abogado de la aerolínea– prefirieron guardar silencio.

Tampoco es descartable que el expresidente vuelva a acudir a la Audiencia Nacional para dar explicaciones sobre las joyas incautadas durante el registro de su oficina, unas piezas a las que la tasación pericial dio un valor de 1,3 millones de euros y que han provocado la apertura de una pieza separada por fraude fiscal y contrabando. La defensa de Zapatero, que ejerce el procesalista Víctor Moreno Catena, solicitó aplazar el interrogatorio por este asunto para poder recabar la documentación necesaria. Calama se negó. Y el expresidente ha preferido, por tanto, no pronunciarse sobre las mismas en su declaración como investigado. Una vez reúna los papeles que le permitan acreditar su origen, el exlíder socialista puede solicitar una declaración voluntaria para dar explicaciones precisas sobre las mismas.

Por otro lado, aún está por analizar toda la documentación incautada tanto en el registro del despacho del expresidente del Gobierno como en la empresa de sus hijas –la agencia WhaTheFav–, que habría recibido en seis años 239.755 euros de Análisis Relevante, además de 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, una sociedad, según los investigadores, con "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores". Dentro de este material, resulta de especial relevancia el móvil de Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, cuyo contenido volcaron los investigadores. O la copia que se hizo tanto de su ordenador como de los correos electrónicos.

Del mismo modo, aún queda pendiente todo lo relativo al teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera accionista mayoritario de Plus Ultra. El contenido de dicho dispositivo, volcado en 2021 por el Homeland Security Investigations y remitido por la agencia estadounidense a la Policía española el pasado 18 de marzo, es uno de los indicios clave en la causa. "Nuestro pana Zapatero detrás", "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Los de gowair saben lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto", "No sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI" o "Lo que quiero, es que hablé con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad" son alguno de los mensajes extraídos del mismo.

La defensa del expresidente aspira a sacar el contenido de ese móvil del procedimiento. Y para ello ha solicitado al instructor que en la comisión rogatoria que pretende cursar a Estados Unidos para solicitar que los mensajes puedan usarse como prueba se solicite a las autoridades de aquel país detalles clave sobre cómo se llevó a cabo la extracción y cómo se custodió a lo largo de estos cinco años. La defensa pretende conocer, entre otras cosas, la "concreta resolución judicial", "orden" o "autorización administrativa" que amparó la incautación y clonado del dispositivo, así como el procedimiento o investigación que existiera entonces en Estados Unidos contra Reyes Rojas y que motivara el mismo.

Está por ver, del mismo modo, si Calama cursa también una comisión rogatoria a Emiratos Árabes Unidos para pedir información sobre Landside Middle East FZCO, una sociedad que estaría controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica, la compañía de Julio Martínez Martínez que tenía un contrato con Plus Ultra para cobrar una comisión del 1% por el rescate de 53 millones de euros que se concedió a la aerolínea. Hasta ahora, lo único que tiene el instructor es un intercambio de correos relativo a la puesta en marcha –supuestamente por orden de Zapatero– de la filial dubaití, por lo que lo más lógico sería que el instructor solicitara a Emiratos Árabes las cuentas y movimientos bancarios de la misma.

La esperanza que varios dirigentes del PSOE habían expresado en que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero diera explicaciones convincentes al juez de la Audiencia Nacional no ha servido para convencerlo. Las tres horas que el exjefe del Ejecutivo declaró este miércoles ante el instructor del caso, José Luis Calama, no lograron "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación", según explicó el magistrado de la Audiencia Nacional en el auto por el que rechazó las medidas cautelares que se solicitaban. La resolución detalla esquemáticamente cuáles son los indicios contra el que fuera líder del PSOE a los que el instructor da mayor credibilidad y que Calama destaca en su resolución.

Fuentes del entorno de Zapatero aseguran que el interrogatorio ha sido "exhaustivo y reiterativo", pero que Calama ha dejado al expresidente explicarse en sus respuestas aunque ha refutado algunas de ellas. Se ha tratado, según esas mismas fuentes, de un un interrogatorio "formalmente correcto". El entorno del expresidente asegura que las preguntas estuvieron más centradas en "la naturaleza de sus trabajos de consultoría" realizados para Análisis Relevante, la empresa de su compañero de carreras Julio Martínez Martínez. Las contestaciones de Zapatero fueron, aseguran, "mucho más contundentes" en lo relativo a su supuesta participación en el rescate de Plus Ultra.

Sin embargo, el juez no consideró convincente su relato. Estos son los hitos de las pesquisas que, después de escuchar al exjefe del Ejecutivo, el instructor considera inalterados.

En esa fecha, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), autorizados por la anterior instructora del caso, la juez 15 del Tribunal de Madrid Esperanza Collazos, detuvieron al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, a su consejero delegado, Roberto Roselli, al abogado Miguel Palomero (presunto conseguidor de la trama de blanqueo investigada en España) y al compañero de carreras de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez. También se registró la sede de Plus Ultra y los domicilios de los arrestados. En el auto por el que Collazos se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, la jueza citaba conversaciones encontradas en el teléfono de Palomero con el empresario venezolano Danilo Diazgranados en el que aparecían referencias a "Z", "ZZZZ" o "Zorro" que los investigadores habían atribuido a Zapatero.

En las conversaciones intervenidas a Palomero, cuyo domicilio pidió registrar la fiscalía francesa, también aparecen intercambios verbales con Rodolfo Reyes –el antiguo máximo accionista de Plus Ultra ahora en paradero desconocido–, Julio Martínez Martínez y el empresario peruano Felipe Baca, entre otros. En el ordenador intervenido a Roselli se encontró una carta dirigida al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, "siguiendo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero". En las conversaciones entre el expresidente de la compañía, Martínez Sola, y Manuel Fajardo, el supuesto hombre de la trama de influencias del expresidente en Venezuela, este aparece supuestamente denominado como "el amigo". Lo que hasta el momento no ha aparecido es una orden directa que permita acreditar que Zapatero era el líder de la organización, como sostienen Calama y la UDEF.

El pasado 21 de noviembre, la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Agencia Tributaria elaboró un informe sobre los ingresos y gastos de Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez. Esa unidad fue la que descubrió que Plus Ultra y otras empresas supuestamente dedicadas a canalizar peticiones a la red de influencia cuyo liderazgo el juez atribuye a Zapatero –Softgestor, Inteligencia Prospectiva o Grupo Aldesa– se encontraban entre los principales clientes de la sociedad de Martínez Martínez. A su vez el documento de Hacienda mostró que los principales pagos de esa consultora iban dirigidos al expresidente y a WhaTheFav, la empresa de sus hijas. Esa operativa se repitió en los ejercicios de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

"Los pagos realizados desde la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA, Inteligencia Prospectiva SL y Grupo Aldesa SA, que tienen como destino la sociedad Análisis Relevante SL en los ejercicios 2023 y 2024 representarían los ingresos relevantes que en su práctica totalidad tienen como destino la mercantil Whathefav SL y a José Luis Rodríguez Zapatero", aseguraban los agentes de la UDEF en otro de sus informes del pasado 3 de febrero. En los registros también se intervino un contrato de asesoramiento firmado por otra de las empresas del amigo de Zapatero –Idella Consulenza Strategica SL– con Plus Ultra.

La duración de ese contrato "consta determinada por el tiempo que tarde en emitirse por la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea y en su caso hasta la formalización", dice el documento policial que subraya que el acuerdo estipula como remuneración "el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate". Según la policía, ese documento acreditaría la vinculación de Martínez Martínez, el compañero de deporte del expresidente, "con el rescate público de Plus Ultra".

En el auto por el que comunicó a Zapatero que estaba imputado, Calama recogió los nombres y la operativa de alguna de estas empresas. Una de ellas, Inteligencia Prospectiva, carecía de actividad real y solo servía para introducir en España fondos procedentes del extranjero. Esa sociedad, sin embargo, no solo efectuó pagos a Análisis Relevante, la consultora para la que trabajaba el expresidente, sino también directamente a la empresa de sus hijas. Inteligencia Prospectiva está administrada por los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, a los que supuestamente acudían clientes que buscaban la trama de altas influencias investigada para garantizarse cupos de petróleo venezolano, según la investigación.

Otra de esas empresas sería Softgestor, que también abona servicios supuestamente prestados a la consultora en la que trabajaba Zapatero. Sus principales clientes serían empresas radicadas en Estados Unidos con intereses en Venezuela, una de las áreas de influencia de la trama. El juez también se refiere al grupo Aldesa que supuestamente habría contratado con las empresas de Martínez Martínez en concepto de "búsqueda de oportunidades de negocio" a cambio de una comisión del 3% del importe de los contratos que se consiguieran. Una de esas oportunidades habría sido el polémico proyecto del megacasino y centro comercial Hard Rock proyectado en Tarragona. Sin embargo, la ONIF no ha encontrado ningún pago de Aldesa a Idella, la empresa de Martínez con la que firmó el acuerdo.

Calama resalta de nuevo el informe facilitado a la UDEF por el Homeland Security Investigations (HSI), el cuerpo de investigación del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Se trata de un informe sobre el clonado de un teléfono de Rodolfo Reyes, el antiguo máximo accionista de Plus Ultra que actualmente está en busca y captura, y en el que se encontró una de las frases que más ha trascendido del caso ("nuestro pana Zapatero, detrás"). El magistrado asegura ahora que fue facilitado por las "autoridades judiciales de EE UU". Según la investigación, el HSI entregó esa información a la UDEF y Calama todavía no ha recibido autorización de Washington para utilizarla en un hipotético juicio. Acaba de pedirlo mediante una comisión rogatoria.

Zapatero, por su parte, ha solicitado al instructor que requiera información a las autoridades estadounidenses para verificar si esa prueba se obtuvo en una investigación concreta y con autorización de un juez, como exigen las garantías penales en España cada vez que una diligencia judicial afecta a derechos fundamentales, como en este caso, que invade el secreto de las comunicaciones. La petición del expresidente indica que parte de su estrategia de defensa se basa en la anulación de esa prueba, lo que obligaría a hacer lo propio con todo lo destapado gracias a ella. Sin embargo, antes de que el HSI lo facilitara a la policía española –el pasado 18 de marzo– los agentes ya apuntaban al exjefe del Ejecutivo como presunto líder de la trama de tráfico de influencias.

El Partido Popular ha activado toda su maquinaria tras la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Lejos de conceder el beneficio de la duda o esperar al recorrido de la instrucción, el principal partido de la oposición ha fijado una posición de máximos. Para Génova, el expresidente socialista ha salido del juzgado "exactamente igual que entró", arrastrando siete presuntos delitos graves, entre ellos organización criminal, blanqueo y fraude fiscal.

Fuentes de la dirección nacional del PP no han tardado en salir en tromba para tratar de contrarrestar el relato del entorno del exlíder socialista. La consigna de Génova es que la imputación sigue intacta y que la comparecencia ante el juez José Luis Calama no ha servido para despejar las sospechas que pesan sobre él. “No ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba”, apuntan.

Según recalcan los conservadores, la declaración de Zapatero sigue sin justificar "a día de hoy" el origen ni la correspondiente liquidación tributaria y aduanera de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su oficina. “Ya está tardando el PSOE en retirarle el carné de militante y abrirle un expediente informativo al referente moral de la izquierda por los delitos muy graves por los que sigue imputado por la Justicia”, zanjan.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional como investigado en el marco del llamado ‘caso Plus Ultra’. Durante su comparecencia, que se ha prolongado durante unas tres horas, el exlíder del Ejecutivo se ha desvinculado del rescate de Plus Ultra, ha negado categóricamente haber tenido sociedades fuera de España y no se ha pronunciado sobre las joyas intervenidas en una caja fuerte en su oficina profesional. En un comunicado emitido tras su declaración, Zapatero ha defendido su inocencia y ha dicho que ha presentado una “autorización universal voluntaria” para que pueda constatarse la “inexistencia” de “sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo” con titularidad directa o indirecta: “No tengo absolutamente nada fuera de España”.

Formalmente, Zapatero está investigado por cuatro delitos —tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contrabando—, si bien sobrevuelan en la causa otros posibles tipos penales. El instructor del caso, el magistrado José Luis Calama, sitúa al expresidente del Gobierno en el “vértice” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias a cambio de pagos. Apoyándose, fundamentalmente, en comunicaciones intervenidas a terceras personas, señala a Zapatero como la persona que ejercía “el liderazgo estratégico” y mantenía “los contactos institucionales y empresariales de alto nivel”. 

El expresidente solo ha respondido a las preguntas del instructor y de su abogado, el reputado procesalista Víctor Moreno Catena. Zapatero ha negado categóricamente haber influido en el rescate de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esa es, precisamente, una de las supuestas vías de influencia en las que pone el foco Calama en su auto de imputación. Y lo hace en base, entre otras cosas, a las comunicaciones que el Homeland Security Investigation de Estados Unidos intervino al empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera accionista mayoritario de Plus Ultra. “Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad”, reza uno de esos mensajes que la defensa pretende anular.

Zapatero, según fuentes jurídicas, ha negado haber tenido contacto alguno con directivos de la aerolínea. Ha dicho que conoció al actual presidente, Julio Martínez Sola, en 2024. Es decir, tres años después de que el Gobierno concediera la ayuda a la aerolínea. Del mismo modo, ha negado haber mantenido contacto con ningún funcionario sobre este asunto –de hecho, el auto de imputación tampoco identifica a quién pudo haber influido–. Y se ha desvinculado del contrato entre Plus Ultra e Idella Consulenza Strategica, que forma parte de la estructura societaria administrada por su amigo Julio Martínez Martínez. Un acuerdo que recogía una comisión del 1% más IVA de la ayuda aprobada, esto es, 530.000 euros.

Tal y como reveló en exclusiva infoLibre, el 17 de marzo de 2021, ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara finalmente el rescate, se registró en Dubái Landside Middle East FZCO, una sociedad que estaría controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica. El juez sostiene que Zapatero dio "instrucciones" para su creación. Pero él ha negado tener ninguna sociedad fuera de España. "He presentado al tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directo o indirecta. Porque no tengo absolutamente nada fuera de España", ha resaltado el expresidente en un comunicado emitido tras su declaración.

Tanto los investigadores como el magistrado conectan todo con los pagos que tanto Zapatero como la empresa de sus hijas –la agencia WhaTheFav– recibieron de sociedades ligadas a la trama. Sobre todo, de la consultora Análisis Relevante, que tiene entre sus clientes a la aerolínea y que habría abonado 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a la agencia en seis años. El expresidente ha reconocido buena relación con Martínez Martínez, pero se ha desmarcado de su entramado societario. Los pagos, ha dicho, responden a encargos profesionales reales. En su caso, de asesoría. En el de sus hijas, de maquetación.

Como se esperaba, el expresidente del Gobierno no ha hecho referencia al lote de joyas que la policía encontró en su despacho oficial tras comunicarle su imputación y cuya tasación de 1,3 millones ha derivado en la apertura de una pieza separada en la que se le investiga por fraude fiscal y contrabando. Zapatero solicitó sin éxito al instructor poder declarar más adelante sobre la procedencia y la fiscalidad de esos bienes incautados, pero durante su declaración de esta mañana ha preferido no hacerlo. El juez advierte que el ex líder del PSOE no ha acreditado "su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera".

En el comunicado emitido, Zapatero ha defendido su inocencia."Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza", ha señalado. Y ha resaltado lo "doloroso" que resulta saber que "mucha gente puede sentirse defraudada" si "cree" lo que se dice de él. "Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán", ha sentenciado.

Tras la declaración, se ha celebrado una vistilla en la que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para el expresidente del Gobierno la comparecencia quincenal ante el juzgado, la retirada de su pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, una petición a la que se ha adherido la acusación popular, liderada por el PP. En el caso de Vox, Hazte Oír, Liberum y Iustitia Europa –que también forman parte de la acusación conjunta–, de forma subsidiaria, han solicitado la prisión provisional. Pero el magistrado, finalmente, ha rechazado imponer medidas cautelares –tan solo le reclama dar un número de teléfono para su localización inmediata–.

"El investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento. Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual", ha apuntado en su auto de medidas cautelares Calama, que tampoco aprecia "riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba" dado que los "elementos relevantes" ya han sido "intervenidos". "La investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar", ha sentenciado.

Ante la imposibilidad de hacerlo de viva voz en la Audiencia.

Comunicado del presidente Rodríguez Zapatero:

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ya ha señalado cuál será una de las claves de su estrategia de defensa tras su declaración prevista para este miércoles. Combatir la legalidad del clonado del teléfono del exprincipal accionista de Plus Ultra, Ricardo Reyes, obtenido en 2021 por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y facilitado el pasado 18 de marzo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Sin embargo, ya antes de esa fecha, la investigación se dirigía contra el exjefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011. El análisis de los pagos de las empresas de su compañero de running Julio Martínez Martínez por parte de Hacienda y las conversaciones entre el abogado de la trama Miguel Palomero y el empresario venezolano Danilo Díazgranados permitieron a la anterior instructora del caso, la jueza del tribunal 15 de Instrucción de Madrid, Esperanza Collazos, señalarlo como investigado.

Así se recoge en el auto por el que la jueza Collazos se inhibió a favor de la Audiencia Nacional el pasado 23 de febrero, semanas antes de que la prueba procedente de las autoridades de Washington llegara a manos de los agentes, por considerar que los delitos investigados –en ese momento procesal los de cohecho, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y corrupción en los negocios– correspondían a ese tribunal al haberse cometido fuera del territorio nacional siendo de competencia de la justicia española. El auto de inhibición, tras una serie de trámites, hizo que la investigación se traspasara en exclusiva al actual instructor, el juez de Instrucción de la Audiencia, José Luis Calama, que este miércoles tomará declaración a Zapatero.

Uno de los principales indicios que los agentes, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama manejan contra el expresidente del Gobierno se obtuvo durante el registro practicado al abogado Miguel Palomero de Juan, en su domicilio cercano al Retiro, en Madrid. Palomero era el abogado que supuestamente se encargaba de abrir sociedades y gestionar el patrimonio en España de la trama de blanqueo investigada en el caso Plus Ultra, en el que lo relativo a Zapatero es solo una parte. Palomero mantenía conversaciones de WhatsApp con varios de los presuntos integrantes de esa organización, como el peruano Luis Felipe Baca, o el venezolano Danilo Díazgranados. En un chat con este último empresario denominado Danilo-España, ambos recogían algunas referencias a sus relaciones con "Zorro" o "Z" o "ZZZZ", según el informe policial que analizó los dispositivos de Palomero. La jueza Collazos ya recogía en su auto de inhibición que, según la investigación, detrás de esas denominaciones estaría Zapatero.

La anterior instructora también daba por seguro en esa resolución que el expresidente del Gobierno español habría auxiliado a Díazgranados en algunos de sus negocios a camino entre Madrid y Caracas. "Consta la influencia de Rodríguez Zapatero ante los altos ejecutivos de Repsol para que Danilo Díazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela", escribió Collazos el pasado 23 de febrero, antes de que llegara a las autoridades españolas la prueba estadounidense cuya validez Zapatero está ya combatiendo en la Audiencia Nacional. La jueza de Instrucción 15 del Tribunal de Madrid subraya que su auxilio en esas gestiones comerciales, constituiría "un delito de corrupción en los negocios".

Antes de que los datos del teléfono de Ricardo Reyes, clonados por el Homeland Security Investigations (HSI) llegaran a la UDEF, la Policía y la Agencia Tributaria ya habían analizado los flujos de dinero de Plus Ultra y otras empresas sospechosas de pagar al expresidente socialista para valerse de su influencia en España y en la Venezuela de Maduro, como Softgestor –que prestaba servicios a sociedades de EE UU con vínculos en Venezuela– o Inteligencia Prospectiva, sin sede ni actividad y que, supuestamente, sería una tapadera para que determinadas empresas (entre ellas algunas chinas) reclamaran gestiones a Zapatero gracias a su acceso al Gobierno de Caracas para garantizarse cupos de petróleo. Collazos ya apuntaba a que las entregas de esas sociedades opacas a otras de su compañero deportivo, Julio Martínez Martínez, entre ellas la consultora Análisis Relevante, solo tenían por objeto pagar la privilegiada intermediación del expresidente español.

Tras la detención de Martínez Martínez y varios directivos de Plus Ultra el pasado diciembre, el informe con el primer análisis de lo incautado en los registros por la UDEF, ya lo pone como presunto líder de la trama, desplazando de ese puesto a su amigo Martínez Martínez. "Con la información disponible, los investigadores consideran acreditado que José Luis Rodríguez Zapatero habría percibido entre 2020 y 2025, al menos 490.780 euros de Análisis Relevante", relata ese informe policial del pasado 3 de febrero, más de un mes antes de que llegara la prueba de la agencia estadounidense HSI. "En paralelo, la sociedad de la que son administradoras solidarias las hijas de Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la mercantil Whathefav, habría percibido al menos otros 236.125 euros en el mismo periodo de Análisis Relevante, así como al menos otros 20.993,50 euros en el año 2020 de Agropecuaria Lucena, otra sociedad cuyo administrador único es Julio Martínez Martínez", el compañero de carreras del expresidente.

"Se carece de facturación en relación con los pagos anteriores, que permitirían conocer la justificación dada a dichas operaciones, salvo en lo que respecta a cuatro facturas expedidas por Whathefav a Análisis Relevante en 2020, cuyo concepto solo indica 'servicios agencia", continúan los agentes que, a continuación, exponen su conclusión. "Teniendo en cuenta lo anterior, los investigadores consideran la existencia de indicios suficientes para concluir, al menos de manera preliminar, que no sería Julio Martínez Martínez el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería realmente a José Luis Rodríguez Zapatero". Por último, el documento policial señala: "Julio Martínez Martínez [...] actuaría como persona interpuesta, al objeto de canalizar pagos de terceros que habrían sido favorecidos por las gestiones de Rodríguez Zapatero, como en el caso del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas".