El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se ha desvinculado este miércoles por completo de la operación Kitchen, de la que se enteró por los medios a finales de 2015 o comienzos de 2016, más de dos años después de que se llevaran a cabo los seguimientos sobre la familia Bárcenas. El exdirigente conservador se sentó frente al tribunal justo después de que lo hiciera su ex número dos, quien evitó comprometer a su exjefe. Y de esta manera, en una comparecencia que apenas se alargó una hora, Fernández Díaz desplegó con comodidad su estrategia de defensa, que pasó por negar que él enviara a Martínez los mensajes que le comprometen y por alegar desconocimiento total y absoluto sobre el operativo policial que se juzga en la Audiencia Nacional, algo que, sin embargo, entra en contradicción con lo poco que sobre él ha dicho su exnúmero dos.

Dos eran los elementos que salpicaban al exdirigente conservador en Kitchen y que lo situaban como conocedor de la operación. Por un lado, el testimonio que dio en fase de instrucción el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Y, por otro, los mensajes que éste protocolizó ante notario en junio y octubre de 2019, cuando la investigación judicial estaba bajo secreto. En la primera tanda, destacaba uno fechado el 13 de julio de 2013: "Chofer. B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)". Y en la segunda, otro del 18 de octubre de ese año en el que se señalaba que la "operación" se había hecho "con éxito": "Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe".

Las fechas de envío de los mensajes, que fueron remitidos desde un número que pertenecía por aquel entonces al Ministerio del Interior, son clave. La primera vigilancia a la familia Bárcenas por parte de agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la que existe constancia documental se produjo el 25 de julio de 2013. Y el volcado de los dispositivos electrónicos de Bárcenas, confirmado por dos agentes durante el juicio, se produjo a mediados de octubre. Durante toda la fase de instrucción, Fernández Díaz negó que él hubiera mandado nada, mientras Martínez insistía en la autoría del exministro.

Pero durante su declaración de este miércoles, y siguiendo la línea de defensa conjunta desplegada durante todo el juicio, tanto Martínez como su abogado han evitado hacer alusión alguna a estos mensajes, lo que ha dejado vía libre al exministro para desvincularse de los mismos. "¿Usted reconoce este mensaje? ¿Usted remitió este mensaje a don Francisco Martínez a través de mensajería instantánea a teléfono móvil suyo?", le ha preguntado su abogado. "No, claro que no", ha respondido Fernández Díaz, quien ha insistido una y otra vez que él "entre el año 2013 y el año 2015" no supo nada de la operación alrededor del extesorero del PP.

Esa afirmación del exministro, lo de que se enteró de la Kitchen por los medios de comunicación, entra en manifiesta contradicción con lo poco que ha dicho sobre él Martínez. En concreto, con lo de que el 13 de julio de 2013 le llamó el exministro para que se enterara de si alguien cercano a la familia Bárcenas "estaba colaborando" con la Policía Nacional, algo que confirmó a través del ex director adjunto operativo Eugenio Pino y trasladó a su jefe. Tanto Fernández Díaz como Martínez han respondido solo a las preguntas de sus abogados, por lo que el fiscal ha pedido que se incorporen sus declaraciones en fase de instrucción, a las que el abogado de Podemos ha pedido también que se sume el tenso careo que se registró entre ambos.

El 24 de octubre de 2024, agentes de la Policía española registraron el despacho del abogado Miguel Palomero en Madrid a instancias de las autoridades judiciales de Francia y Suiza, que investigaban una red internacional de blanqueo de capitales. Entre el material intervenido había cinco años de conversaciones entre Palomero y el empresario venezolano Danilo Díazgranados Manglano, a quien un cable diplomático de la embajada de Estados Unidos en Caracas publicado por Wikileaks identificaba ya en 2006 como "facilitador principal" e intermediario entre el Gobierno venezolano e instituciones financieras internacionales. El chat se llamaba "Danilo España".

Lo que la Fiscalía Anticorrupción encontró en esas conversaciones no tenía que ver directamente con los 53 millones del rescate a Plus Ultra que se investigaban en paralelo. Era una trama de presuntos favores y gratificaciones en España que, según los investigadores, abarcaba desde el control de fronteras del aeropuerto de Barajas hasta contratos con Repsol en Venezuela, y que salpicaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía abrió diligencias de investigación propias en diciembre de 2025. En febrero de 2026, la jueza que instruía el asunto en Madrid, Esperanza Collazos, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional citando que el chat ponía en evidencia "actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por parte de una organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia". 

En ese mismo auto, Collazos identificaba a Díazgranados como alguien que mantiene una relación "personal y económica" con una persona denominada en el chat como "Zorro", "Z" o "ZZZZ", identificada por los investigadores como Zapatero. La propia Audiencia Nacional, al aceptar la inhibición, describió el chat como una "cadena de favores y gratificaciones" con conversaciones relacionadas con el tránsito aeroportuario, regalos a personas con posiciones de poder y contactos de alto nivel para obtener contratos empresariales.

El episodio más explícito que recoge el chat arranca el 27 de mayo de 2019, cuando Francisco Alfonso Díazgranados Salvatierra, hijo menor de Danilo y conocido familiarmente como Kiko, fue detenido por falsedad documental en el control de fronteras de Barajas al embarcar en un vuelo a Miami. A la detención le siguieron, según la Fiscalía Anticorrupción, una serie gestiones para paralizar el procedimiento penal, que habrían implicado a autoridades en "muy altos niveles del ámbito administrativo y del judicial", y acciones paralelas para eliminar el registro de la detención de las bases de datos de la embajada estadounidense, con el fin de que Kiko pudiera seguir viajando a ese país. Los documentos de la Fiscalía infieren que la causa acabó en absolución y que la información ante las autoridades de EEUU "quedó limpia".

En el centro de esas gestiones aparece Jesús María Gómez Martín, entonces comisario del puesto fronterizo del aeropuerto de Barajas. El 4 de noviembre de 2020, Palomero escribía a Díazgranados: "La reunión de hoy del comisario ha sido muy fructífera. Parece que ayer se aclaró todo y se ha limpiado el expediente de Kiko." Díazgranados respondió que "nosotros nos portamos también con él", a lo que Palomero confirmó: "La verdad es que sí nos portamos súper súper bien."

La recompensa aparece documentada en otra conversación, de marzo de 2020. "Si te parece voy a sacar los 7.000 euros para el amigo", escribe Palomero. Cuando Díazgranados pregunta de quién se trata, la respuesta es: “Para Jesús el comisario.” Horas más tarde Palomero añade que está comiendo con él, y esa tarde Díazgranados confirma: “Siii [sic], dale lo de Jesús.” La Fiscalía aprecia en el conjunto del chat indicios de un delito continuado de cohecho. Las gratificaciones más frecuentes que describen las conversaciones son botellas de vino de alta gama que Díazgranados encargaba a Palomero para distribuir entre sus contactos, entre ellos el propio comisario, Zapatero y el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, el mismo que el juez Calama sitúa como lugarteniente principal en la trama de Plus Ultra.

Gómez Martín era el máximo responsable de la Policía Nacional en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando tuvo lugar el escándalo conocido como Delcygate, en el que la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aterrizó en España a pesar de las sanciones europeas que se lo prohibían. El entonces ministro José Luis Ábalos, encargado de su recepción, ofreció múltiples versiones sobre lo ocurrido, desde el “saludo forzado sin pisar suelo español” hasta el “encuentro de 25 minutos”. Dos años después, en noviembre de 2022, Gómez Martín fue ascendido a jefe superior de Policía de Canarias, cargo en el que continúa. Su tarjeta de visita, con un número de teléfono manuscrito, apareció en el registro de la sede de Plus Ultra practicado por la UDEF en diciembre de 2025.

Los favores que el chat atribuye al comisario no se habrían limitado a Barajas. Según los investigadores, su control sobre el aeropuerto de Cuatro Vientos, destinado a vuelos privados, pudo haber servido para la realización de negocios de naturaleza ilícita aún por determinar, en relación con una conversación de mayo de 2021 en la que se sugieren negocios con la "mano derecha del ministro de Transportes", identificada por la Fiscalía con “toda probabilidad” como Koldo García Izaguirre. El mismo informe policial apunta que el comisario habría facilitado la llegada a España de personas del entorno de Díazgranados sorteando los controles de aduanas.

El chat recoge también transferencias de Díazgranados a sociedades del entorno de Zapatero. En abril de 2020, según los investigadores, Díazgranados ordenó a Palomero el envío de 20.000 euros a Whathefav, la agencia gestionada por las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa —"en persona te cuento de quién es", escribió el venezolano— con el concepto "asesoría de mercadeo". La Fiscalía señala que estos pagos “coinciden cronológicamente con la consecución de favores a intereses de Danilo en España”.

Entre los presuntos favores figura también la intermediación de Zapatero ante altos ejecutivos de Repsol para que Díazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de la compañía en Venezuela, una conducta que la Fiscalía Anticorrupción califica como posible corrupción en los negocios. A las preguntas de infoLibre, Repsol niega de manera rotunda cualquier relación comercial o de otro tipo con Danilo Díazgranados.

El 18 de mayo de 2026, el mismo día que imputó a Zapatero en la causa principal de Plus Ultra, el juez Calama formalizó la creación de dos piezas separadas de investigación a las que incorporó los informes policiales sobre esta trama. Son piezas independientes cuyo contenido no es público. Lo que sí consta es que la Audiencia Nacional las abrió con los mismos informes de la UDEF que describen la cadena de favores al comisario, los pagos a Whathefav y la presunta intermediación ante Repsol. 

Trataron supuestamente de encontrar información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a través de dos subordinados. Y recabaron información secreta de la estructura de la Unidad Central Operativa (UCO), la que actúa en todas las causas judiciales de corrupción que corresponden a la Guardia Civil y, últimamente, en las abiertas contra el PSOE y el Gobierno. El exsecretario de Organización Santos Cerdán y la militante y exconcejal socialista Leire Díez crearon esa organización "con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE y del Gobierno", según el juez número 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El instructor aprecia en la trama los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, y delito contra las instituciones del Estado.

Además de Cerdán, que la lideraba, y Leire Díez, de esa organización formarían parte, según el juez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y la gerente del partido, Ana María Fuentes, que aparece como cómplice. El proceso aprecia también indicios contra dos abogados –Jacobo Teijelo e Ismael Oliver–, así como contra un guardia civil imputado por revelación de secretos. Del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y del diputado socialista y miembro de la ejecutiva del partido Juan Francisco Serrano, no descarta su implicación, a la espera del avance de las pesquisas. El magistrado ha ordenado este miércoles a la UCO desplazarse a la sede federal de la formación en la madrileña calle Ferraz para hacer un requerimiento de documentación.

La dirección del grupo, según el juez, correspondía a Cerdán, expulsado del partido tras estallar su implicación en el caso Koldo y que fue excarcelado el pasado diciembre tras pasar casi cinco meses en prisión provisional. Pero la ejecución de los trabajos encargados por el entonces número tres de la formación correspondía a Leire Díez, que actuaba acompañada de Pérez Dolset, empresario tecnológico investigado por varios delitos en la Audiencia Nacional desde hace años. El instructor señala al menos cinco actuaciones de ambos que perseguían lograr información comprometedora de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Anticorrupción) a través de dos de sus miembros, así como recabar datos secretos de la UCO y lanzar estrategias para denigrar públicamente sus operaciones e informes.

Uno de sus objetivos fue el fiscal anticorrupción José Grinda (caso 3%, mafia rusa...) al que abordaron con un doble objetivo. Por un lado, para tratar de cambiar su posición en varios casos cuya investigación le correspondía (entre ellos los relativos a Pérez Dolset) y, por otro, para recabar información comprometedora que afectara al responsable de su fiscalía, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. Para lograrlo, según Pedraz, le ofrecieron un puesto en el extranjero e incluso el pago de dinero. El instructor asegura que existen anotaciones que apuntan que estaban dispuestos a abonarle 300.000 euros. Para ejecutar el soborno se sirvieron de un periodista ajeno a la trama. Grinda, sin embargo, denunció el intento de soborno ante el Ministerio Público, que llevó el caso ante el juez de instrucción 9 del Tribunal de Madrid.

Otra de las víctimas de la trama fue uno de los fiscales anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Stampa, ahora destinado en la Fiscalía de Madrid. A Stampa, según relató en la denuncia que, como Grinda, presentó posteriormente, le reclamaron información sobre Luzón, Grinda y el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor entre otros del caso Kitchen de espionaje a Bárcenas. Según el auto de Pedraz, le ofrecieron volver a Anticorrupción, fiscalía en la que no obtuvo la plaza que buscaba por la oposición de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado. También se prestaron a ayudarlo con la intercesión en un pleito que tenía abierto.

Las gestiones de Leire y Dolset, para las que contaron en ocasiones con el apoyo de los letrados Teijelo y Oliver, también se dirigieron al excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo como amigo del exasesor de José Luis Ábalos, al que facilitaba supuestamente teléfonos opacos para sus acciones ahora investigadas e investigado por organización criminal, cohecho y blanqueo. La trama de Cerdán y Leire se reunió con él en dos ocasiones, tras las cuales el exagente redactó sendas actas. Se ofrecieron a ayudarle a recuperar su carrera profesional y acceder a puestos de "máxima responsabilidad". A cambio tendría, según recogió en sus documentos, que "desmontar la Guardia Civil" y pasarles "cuanta información tuviera del fiscal Grinda así como de mandos de la UCO y de la JI", la Jefatura de Información. También le propusieron supuestamente declarar contra la UCO ante la Policía Nacional.

Con el que las gestiones de la organización sí dieron sus frutos fue con el también guardia civil Juan Sánchez Yepes, imputado por revelación de secretos. En la reunión con él, que fue grabada y emitida después por varios medios, también participó el abogado Jacobo Teijelo. El agente les proporcionó información sobre "la estructura de la UCO y sus miembros", según el juez, pese a saber que se trataba de información secreta. "Mira, la composición, funcionamiento y los nombres de la UCO son secretos por ley", les dijo. Y después añadió: "Todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos". A partir de ese momento, el teniente coronel jefe de la unidad, Antonio Balas, "pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", relata el instructor. La organización también intentó denigrar las actuaciones del cuerpo denunciando sus actuaciones en la Fiscalía General del Estado e impulsando investigaciones disciplinarias internas sobre supuestas filtraciones de agentes de la UCO sobre conversaciones de Ábalos que, en realidad, habían sido filtradas por el exministro.

Por último, según Pedraz, también intentaron modificar la declaración de la empresaria Carmen Pano, implicada en el caso hidrocarburos que también se investiga en la Audiencia. Pano aseguró ante el juez que habría llevado a la sede del PSOE 90.000 euros en metálico. El instructor sostiene en su resolución que la trama ideada por Cerdán le habría ofrecido 50.000 euros para que cambiara su declaración. En este caso, las gestiones con la empresaria las habría realizado el abogado Ismael Oliver y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, según los indicios que aprecia el instructor.

El juez sitúa el origen de la trama durante el período de reflexión sobre su continuidad como presidente del Gobierno que Pedro Sánchez inició el 24 de abril de 2024 mediante su "carta a la ciudadanía", tras conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por el juez Juan Carlos Peinado. Cerdán, según el relato de Pedraz, convocó dos días después en Ferraz una reunión a la que fueron convocados Leire Díez, Pérez Dolset y el exjefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano. También asistió supuestamente el exdirector de comunicación del PSOE, Ion Antolín. Pedraz recuerda que el fiscal Stampa, en su denuncia contra la trama, aseguró que Díez le había dicho que Sánchez habría ordenado, literalmente: "Límpiese", en relación a la imputación de su esposa, a lo que Pérez Dolset habría añadido: "Límpiese, sin límite". En el caso del hermano del presidente, investigado en Badajoz, el objetivo, según la militante socialista, sería "destruir el procedimiento".

A cambio de su labor, Leire Díez habría recibido pagos del PSOE de 4.000 euros al mes, presuntamente. Para ocultarlos, según el juez, se canalizaron a través de la consultora Zaño, de Gaspar Zarrías, que se habría encargado de los dos primeros pagos. Después, fue el abogado ahora imputado Ismael Oliver el que prestó dos sociedades para facilitarle los fondos, según la investigación. Esas transferencias de dinero se justificaron, según el juez, con facturas falsas y con el supuesto conocimiento de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. También se habría canalizado dinero a través del medio digital Crónica Libre, cuya periodista fundadora falleció el año pasado, y al que habrían abonado 20.000 euros en concepto de publicidad.

La trama, según el juez, también habría intentado obtener la información sensible de la UCO y de Anticorrupción que rastreaba a través de otros investigados por esa Fiscalía Especial. Entre ellos, el auto cita al comisario Villarejo; al exviceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (acusado en el caso Kitchen); y al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que pasó un año y nueve meses en prisión preventiva por una causa por apropiación indebida de la que finalmente fue absuelto en abril de 2019.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su "total" colaboración con la justicia en medio de las investigaciones que afectan al partido, pero ha insistido en su intención de agotar la legislatura en 2027, además de reiterar su apoyo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez se ha expresado en estos términos en una rueda de prensa tras reunirse en el Vaticano con el papa León XIV. Era su primera comparecencia con preguntas tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y se ha producido apenas unas horas después de que la UCO acudiera a la sede del PSOE para pedir información sobre el caso de Leire Díez.

Sobre el requerimiento de la UCO, Sánchez ha subrayado su “total colaboración con la Justicia” y ha remarcado que se tomaron decisiones inmediatamente sobre la exmilitante Leire Díez. A lo que ha añadido que si se conocen nuevos comportamientos irregulares, actuará “con la misma contundencia”.

Pero, en todo caso, ha dicho que esto no empaña la “agenda de transformación” del Gobierno “en todos los ámbitos”: “Ninguna de estas investigaciones, veremos en qué acaban, impugna lo que está haciendo el Ejecutivo. Vamos a seguir haciéndolo hasta el final de la legislatura, sin restar importancia ni gravedad a las investigaciones”. "Las legislaturas duran cuatro años", ha apostillado.

Respecto a Rodríguez Zapatero, Sánchez ha remarcado que, tras leer el auto e informarse sobre el sumario, se mantiene en su posición de colaboración con la justicia, pero con todo el respeto a la presunción de inocencia y su apoyo al expresidente. "No veo elementos para cambiar de opinión", ha ahondado.

El presidente ha dicho que “desconocía” la decisión del juez Santiago Pedraz de imputar también a la gerente del PSOE, junto a Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, dentro del caso de Leire Díez. Pero sí ha señalado que Ana María Fuentes “ha llevado de manera escrupulosa las cuentas”. Ha aseverado que durante estas horas ha habido “mucha rumorología, mucho bulo y muchas fake news” sobre que el requerimiento era sobre supuesta financiación irregular.

“No resto importancia ni gravedad a la investigación, pero, con la misma claridad, digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre actividades irregulares en el PSOE, se actuará con contundencia”, ha remachado.

Además, en varias ocasiones durante la comparecencia, el presidente del Gobierno ha rechazado la petición del PP de convocar elecciones anticipadas y ha puesto en valor la estabilidad del Ejecutivo: "Si la Constitución dice que son cuatro años la duración de una legislatura, pues son cuatro años, y ese es el objetivo y la determinación del Gobierno para culminar tareas muy importantes".

El presidente ha ironizado al final de la rueda de prensa en Roma: "Hay algún compañero que me pide adelantar elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria para poder gobernar de una forma mucho más tranquila. Yo se lo agradezco, pero no puedo convocar elecciones por interés partidista"

El caso Leire, que el juez Santiago Pedraz comenzó a investigar en secreto en diciembre, ha destapado una presunta trama, supuestamente financiada "con cargo a fondos" del PSOE, para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que pudieran perjudicar a miembros del partido.

A primera hora de la mañana saltaba la noticia de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se habían personado en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

Tras cierta confusión sobre el motivo de la irrupción de los agentes, se aclaraba que su misión era, entre otras, la de requerir diversa documentación y archivos electrónicos relativa a esos presuntos pagos irregulares a la exmilitante del partido Leire Díez por sus servicios al frente de esa supuesta trama.

De forma simultánea, la UCO también practicaba este miércoles registros en la vivienda del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Milagro (Navarra), en la del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en Madrid, y en la del empresario Javier Pérez Dolset en la Comunidad de Madrid.

Después se conocía que los tres han sido imputados por el juez Pedraz en el llamado caso Leire como integrantes de esa trama por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

En el auto en el que acuerda estas imputaciones, el juez desvelaba que Cerdán habría acordado con Díez "remunerarla con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido" (llegó a percibir cuatro pagos), mientras que Zarrías "prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica".

Otros nuevos imputados son el abogado Ismael Oliver, quien ejerció un tiempo la defensa del exasesor ministerial Koldo García, y que según el juez "sería el vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades". De hecho, fue el procedimiento de pago ideado para sustituir al de Zarrías y por el que Leire Díez llegó a percibir 27.225 euros.

También configuran la trama el letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Cerdán en el caso Koldo, y el capitán de la Guardia Civil que formó parte de la UCO Juan Sánchez Yepes, al que representa Teijelo en el caso Gaslow sobre un fraude de hidrocarburos, que también investiga Pedraz. Sánchez Yepes, según el auto, "también factura sus servicios al PSOE".

Los investigadores sospechan que para "articular dichos pagos" se contó "con el presumible concierto" de la gerente del PSOE Ana María Fuentes, que también ha sido imputada, al menos como autora de un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

El juez también ha hallado indicios de que el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana y el que fuera mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano Martínez, actual diputado del PSOE por Jaén y parte de la Ejecutiva socialista, habrían colaborado con los investigados, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

El juez sitúa el "punto de inflexión" de este encargo en la reunión que Leire Díez y Pérez Dolset mantuvieron con Cerdán en Ferraz en abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, tras mandar una carta a la ciudadanía.

Señala Pedraz que Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste" de esta actividad que ahora se investiga.

El plan de actuación habría incluido ofrecimiento de remuneraciones o favores a miembros de la Guardia Civil, fiscales e investigados, "a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de su cargo".

En ejecución de dicho plan se dirigieron sucesivas denuncias "infundadas" contra la jueza Beatriz Biedma, así como contra la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón o la UCO.

Según Pedraz, la organización también llegó a ofrecer 50.000 euros a Carmen Pano —la empresaria que declaró ante el juez que había llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE— para modificar o condicionar su declaración testifical.

El abogado Ismael Oliver habría sido el encargado de negociarlo y el juez ve indicios de que el ofrecimiento se materializó a través de Leticia de la Hoz, actual abogada de Koldo García.

 El auto recoge al menos 22 reuniones en la sede del PSOE en Ferraz, la mayoría entre Leire Díez y Cerdán. En la primera reunión, del 26 de abril de 2024, según el auto, participaron también Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, que fue entre 2014 y 2018 jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz; e Ion Antolín, entonces responsable de comunicación del PSOE.

"Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe", escribe Díez en unas anotaciones manuscritas, dice Pedraz, que añade que Cerdán sabía que esa militante, "por intereses de ámbito personal", había desarrollado con anterioridad actividades de "injerencia" en procedimientos judiciales.

El PSOE ha sufrido otro revés este miércoles con el "espectáculo" de ver a agentes de la UCO entrando de nuevo en la sede del partido en Ferraz para recopilar información sobre el caso de la exmilitante Leire Díez, un golpe más a la ya mermada moral del partido tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La noticia ha pillado a los diputados socialistas entrando al pleno del Congreso minutos antes de las 09:00 horas, cuando el desconcierto ha tomado los pasillos por las primeras informaciones que apuntaban a que la operación de la UCO tenía como foco una presunta financiación ilegal del PSOE.

Entre la sorpresa y la negación, con caras serias, han ido entrando al hemiciclo los parlamentarios socialistas, donde el PP ha cargado duramente contra el Gobierno, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha aseverado que en estos momentos "no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata".

También los socios han navegado en la confusión de las primeras informaciones y a su llegada al pleno han pedido cautela a la vez que dejaban claro que una financiación ilegal del PSOE sería la línea roja que no estarían dispuestos a cruzar por seguir apoyando al Gobierno.

En la Ejecutiva socialista reconocen que la noticia del registro sobre una supuesta financiación ilegal les ha puesto "el corazón en la boca", pero subrayan que de eso a lo que finalmente ha sido —el requerimiento de información, según ha precisado el PSOE— hay "mucha diferencia".

El requerimiento en la sede nacional del partido ha ido acompañado de varios registros e imputaciones en una causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presuntos pagos irregulares a Díez por su supuesta labor para desbaratar procedimientos judiciales.

El juez ha imputado a la propia Diez; al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías; y a la gerente del partido, Ana María Fuentes. Y halla indicios de que el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana y el que fuera mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano Martínez, —miembro de la Ejecutiva socialista— habrían colaborado con los investigados.

Según avanzaba la mañana y se iba conociendo el fondo de la investigación, las miradas de la bancada socialista se centraban en conocer el mensaje del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien tenía prevista una comparecencia ante los medios desde Roma.

Sánchez ha admitido la "gravedad" de las investigaciones de la Audiencia Nacional y ha garantizado la "total colaboración" con la justicia por parte de la dirección socialista.

A partir de ahí fuentes de la Ejecutiva han asegurado que las imputaciones no preocupan a la dirección del partido, han defendido la presunción de inocencia y piden tiempo para que los investigados den explicaciones.

Y aunque creen que la imagen de la UCO no les perjudica políticamente porque, sostienen, los militantes ven la campaña que a su juicio existe contra el PSOE, admiten el dolor que puede causarles personalmente a sus compañeros de partido y sus familias.

Con todo, las filas socialistas en el Congreso se preparan para aguantar lo que consideran un ataque "por tierra, mar y aire" y asumen que tras la sucesión de investigaciones de los últimos días y las vistas judiciales que afrontan en las próximas semanas tanto el hermano de Sánchez, como su mujer y Zapatero, solo les queda tener "paciencia".

Hay enfado, subrayan los socialistas en la Cámara Baja, pero también "callo" porque en los últimos tiempos han tenido que afrontar situaciones similares y porque siguen viendo a Sánchez fuerte y dispuesto a seguir hasta 2027.

"No nos van a doblegar, vale la pena gobernar", remachan.

El sumario del caso Plus Ultra refleja, entre otras cosas, cómo una investigación sobre blanqueo de capitales que se estaba llevando a cabo en suelo francés y suizo acabó llegando al faro político y moral de la izquierda española. La primera vez que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional puso el foco claramente sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas fue a comienzos de febrero. Entonces, lo hacía tomando como base la documentación intervenida en los registros contra su amigo Julio Martínez. Sin embargo, los mensajes clave con los que el magistrado José Luis Calama ha atado su imputación, los que llegaron de Estados Unidos, no fueron introducidos por los investigadores hasta abril, cuando la causa estaba ya en la Audiencia Nacional.

El origen de todo se encuentra en unas diligencias centradas en el rescate de 53 millones de la aerolínea Plus Ultra que se llevaron en el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid. En 2023, se dictó el sobreseimiento provisional de las mismas. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción reactivó el caso a raíz de la información contenida en una serie de solicitudes de cooperación internacional que llegaron procedentes de Francia y de Suiza sobre una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. El pasado mes de diciembre, agentes de la UDEF detuvieron a Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, presidente y consejero delegado de Plus Ultra respectivamente. Y también al empresario Julio Martínez Martínez, administrador único de la sociedad Análisis Relevante.

Un par de meses después, el 3 de febrero, los investigadores remitieron a la entonces jueza instructora del nº15 de Madrid, Esperanza Collazos, un informe de avance en el que solicitaba nuevas diligencias de investigación. En él, los policías recogían la relación de Zapatero y la agencia de sus hijas –WhaTheFav– con la consultora de Martínez y los pagos percibidos. Y también hacían referencia a una noticia sobre una captura de pantalla contenida en el móvil del empresario Víctor de Aldama referida a una reunión el 7 de septiembre del 2020 entre el expresidente y el entonces ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que el periódico vinculaba al rescate de Plus Ultra.

"Teniendo en cuenta lo anterior, los investigadores consideran la existencia de indicios suficientes para concluir, al menos de manera preliminar, que no sería Julio Martínez Martínez el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería realmente a José Luis Rodríguez Zapatero", lanza la UDEF. El amigo del expresidente, completa, "actuaría como persona interpuesta, al objeto de canalizar pagos de terceros que habrían sido favorecidos por las gestiones de Rodríguez Zapatero, como en el caso del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra”.

Veinte días después, y ante la dimensión que había adquirido el caso, el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid decide enviar el asunto a la Audiencia Nacional. En el auto de inhibición, Collazos apunta de nuevo hacia Zapatero y sus hijas. Lo hace mencionando los pagos de Análisis Relevante. Y añade un nuevo elemento que unos días antes le ha trasladado la Fiscalía Anticorrupción: un chat llamado "Danilo-España" que fue intervenido en el despacho del abogado Miguel Palomero. De él, apunta la magistrada, se extrae que el empresario venezolano Danilo Diazgranados mantiene una relación "personal y económica" con alguien denominado "Zorro", "Z" o "ZZZZ", "quien ha sido identificado como José Luis Rodríguez Zapatero".

Cuando Calama acepta hacerse cargo del caso, lo hace a través de un auto en el que se hace mención al chat entre Palomero y Diazgranados pero sin aludir en ningún momento al exlíder del Ejecutivo. Algo que tampoco hizo el pasado martes en el auto de imputación de Zapatero, donde no consta ni una alusión a "Zorro" o "ZZZZ". Aquella resolución, más bien, ataba la imputación con, entre otros, una serie de mensajes intervenidos a Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera uno de los principales accionistas de Plus Ultra. "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", rezaba uno de ellos. "Acaba de hacerse puente con ZP", dice otro.

Todas esas comunicaciones fueron remitidas por la Homeland Security Investigations de Estados Unidos. El brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional realizó en el año 2021 una "extracción telefónica" de un dispositivo perteneciente al empresario hispanovenezolano, contra quien se ha dictado una orden de detención internacional. Al considerar que la información obtenida podría ser de interés para las autoridades españolas y relevante para la presentación de cargos, la agencia "obtuvo las autorizaciones necesarias" y compartió "dicha extracción".

Se desconoce en qué momento llegó esa información a nuestro país. Sin embargo, sí se sabe que los agentes de la UDEF empezaron a incluirla en sus informes a partir de abril, cuando el caso ya se encontraba en la Audiencia Nacional. "El presente informe [...] tiene por objeto poner en su conocimiento que través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la [...] Homeland Security Investigations ha puesto a disposición de esta Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, una evidencia que contiene información relevante para el procedimiento que se sigue", apuntaban los investigadores en su oficio del 22 de abril.

Desde que el juez José Luis Calama imputó a José Luis Rodríguez Zapatero el 18 de mayo, ha circulado la idea de que el auto de 85 páginas era solo la punta del iceberg y que las pruebas de verdad estarían en el sumario. La revisión de los documentos disponibles apunta a una conclusión más matizada: lo más sustancial de lo que el juez tiene contra el expresidente ya estaba en el auto, que a su vez se apoya en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El sumario aporta más detalles sobre el funcionamiento del entramado societario investigado, pero no incorpora acusaciones nuevas de peso contra Zapatero. Lo que falta —sus comunicaciones, sus agendas, sus dispositivos— no estaba disponible porque la investigación no había accedido a ello hasta el día después de firmarse el auto.

La investigación no nació en la Audiencia Nacional. Sus raíces están en unas diligencias abiertas en 2021 ante el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Lo que la relanzó fueron dos peticiones de cooperación internacional llegadas en septiembre de 2024: una orden europea de investigación de la Fiscalía de Delitos Financieros de Francia y una comisión rogatoria de la Fiscalía de Ginebra, en las que aparecía Plus Ultra como presunta cliente de una organización de blanqueo. La magistrada Esperanza Collazos Chamorro, titular del Juzgado nº 15 de Madrid, envió el caso a la Audiencia Nacional en febrero de 2026 por su dimensión transnacional.

A eso se sumó el hallazgo, en el registro del despacho del abogado Miguel Palomero en octubre de 2024, de un chat denominado "Danilo-España" con conversaciones entre el venezolano Danilo Diazgranados y alguien al que la investigación identifica como Zapatero, que acabó de inclinar la balanza hacia la Audiencia Nacional.

La acusación de Calama contra Zapatero se apoya en indicios de distinta naturaleza, pero ninguno de ellos procedente de comunicaciones en las que aparezca directamente el expresidente.

Los investigadores le atribuyen haber enviado a su supuesto lugarteniente, Julio Martínez Martínez, dos archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante —la sociedad del entramado que más fondos recibió y que a su vez pagaba a Zapatero y a sus hijas— y haber convocado desde el correo de su oficina —y previa mediación de uno de sus escoltas— la reunión en el restaurante Portonovo donde, según el juez, se impartieron las instrucciones para crear una sociedad en Dubái, cuyo fin, según la investigación, era cobrar el 1% del rescate a Plus Ultra, en virtud de un contrato firmado entre la aerolínea y Julio Martínez. La empresa, como informó infoLibre en exclusiva, fue registrada el 17 de marzo de 2021 —ocho días después de la aprobación del rescate por el Consejo de Ministros— bajo uno de los dos nombres recogidos en el auto —el único permitido por la legislación dubaití—. Lo que no puede verificarse, de momento, son los titulares de esta sociedad ni, por tanto, su relación con Martínez ni con Zapatero. 

Hay también un mensaje recibido el 31 de julio de 2021 por Martínez Martínez desde un contacto guardado como "Z" en su teléfono: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...", enviado tras la aprobación de los vuelos de Plus Ultra por las autoridades venezolanas. La UDEF sí atribuye este mensaje a Zapatero, pero el juez lo recoge en el auto sin asignárselo de forma explícita.

A eso se suman los flujos financieros: los investigadores documentan 490.780 euros transferidos desde Análisis Relevante a una cuenta del matrimonio Zapatero-Espinosa, y otros 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas, en cuya cuenta bancaria consta el expresidente como firma autorizada. El resto del cuadro indiciario son referencias a su figura en conversaciones intervenidas a terceros —"nuestro pana Zapatero detrás", "lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Julio habló con ZP 11 min"— y la carta de intención de un grupo estatal chino dirigida a su oficina en octubre de 2023, incorporada a los informes policiales.

La Fiscalía Anticorrupción, en su informe del 18 de mayo, se muestra favorable a todas las medidas solicitadas por la UDEF salvo al registro del domicilio particular de Zapatero, al que se opone no por falta de indicios sino por razones de eficacia: los meses de cobertura mediática de la investigación y su comparecencia en el Senado, argumenta, habrían generado "la lógica alerta en su entorno más íntimo", restando utilidad a la medida.

Los elementos sobre Zapatero que aparecen en el sumario pero no estaban en el auto de Calama proceden del auto de inhibición de Collazos. La magistrada detalla el contenido del chat "Danilo-España": conversaciones en las que el empresario venezolano Danilo Diazgranados, estrechamente vinculado al régimen chavista, mantiene una relación económica con alguien identificado como "Zorro", "Z" o "ZZZZ" —Zapatero, según la investigación— con indicios de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios “a lo largo de varios años”. Como hecho separado, Collazos recoge que Zapatero habría influido ante altos ejecutivos de Repsol para que Diazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de la compañía española en Venezuela, conducta que califica indiciariamente como posible corrupción en los negocios. Ninguno de los dos elementos es desarrollado por Calama cuando el caso llega a la Audiencia Nacional.

El informe de la UDEF en la que se propone al juez autorizar los registros a —entre otros lugares— la oficina y el despacho de Zapatero, recoge que, en el momento de solicitar esas inspecciones, la investigación no había determinado "el modo y la transmisión de las instrucciones" del expresidente, y que estas podrían producirse "mediante comunicaciones electrónicas, telefónicas o a través de otros canales". Esa es la justificación que los investigadores utilizan para que se les permita buscar, entre otras cosas, "los canales de comunicación a través de los cuales José Luis Rodríguez Zapatero transmite sus órdenes". Una circunstancia necesaria para la investigación porque en todo el material que tenían hasta el momento no se habían detectado apenas conversaciones directas entre el expresidente y otros investigados o implicados.

El pasado 19 de mayo los agentes practicaron cuatro registros simultáneos. En la oficina de Ferraz 35, según el acta levantada por el letrado de la Administración de Justicia, se descargaron el correo electrónico de Zapatero y los correos de su secretaria Gertrudis Alcázar, que incluían acceso a carpetas compartidas mediante VPN del PSOE. Una segunda empleada, Judith Wells, tenía en su ordenador correos corporativos del partido y acceso a un grupo compartido denominado "Portal Corporativo PSOE". 

Los agentes se llevaron también siete agendas físicas de Zapatero correspondientes a los años 2019 a 2025, siete agendas con inicial, carpetas con facturas y documentos de Análisis Relevante, Gate, Thinking Heads, ChinaLink, Kreab y Focus Social Research —empresas que según los informes policiales figuran entre los pagadores del expresidente—, dos pen drives y los teléfonos de ambas empleadas.

En la caja fuerte del despacho del jefe de gabinete se hallaron joyas que Alcázar identificó como pertenecientes a Zapatero y su esposa, cuyo valor se desconoce —a pesar de las especulaciones publicadas en algunos medios—, y que el entorno del expresidente valora entre los 30.000 y los 50.000 euros, situando su origen en “herencias y regalos”. El despacho personal de Zapatero, según el acta, no contenía nada de interés para la investigación.

En la sede de Whathefav, donde se personaron Alba y Laura Rodríguez Espinosa, los agentes recogieron facturas, contratos, nueve buzones de correo corporativo y, entre otros documentos, un contrato entre Huawei Technologies España y Whathefav fechado en octubre de 2020.

Todo el material está ahora pendiente de análisis. Mientras tanto, Zapatero tendrá ocasión de dar su versión: convocado inicialmente para el 2 de junio, su declaración como investigado ha sido aplazada al 18 de junio para darle tiempo a leer el extenso sumario.

Además del intercambio de mensajes de terceros, algunos de ellos procedentes de un dispositivo móvil incautado en 2021 por las autoridades de EEUU al accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes Rojas, otro de los pilares fundamentales de los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ha derivado en la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es el financiero. Los investigadores dedican más de medio centenar de páginas en uno de ellos a seguir el rastro del dinero a través de toda la red societaria que se encuentra bajo la lupa del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Y a identificar a los beneficiarios finales de los fondos, entre los que se encuentra el exlíder del Ejecutivo y sus hijas.

El documento policial bebe de los datos tributarios contenidos en un documento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), de información de inteligencia financiera y de un análisis bancario. En base a esto, los investigadores identifican a lo largo de seis años (de 2020 a 2025) ingresos en las cuentas de la familia Zapatero por 4,079 millones de euros. El 61% de esos abonos, 2,51 millones de euros, procedían de empresas sobre las que ponen la lupa los investigadores. Y el 39% restante, 1,569 millones, de otras sociedades que los inspectores jefes de la UDEF mencionan en su informe pero que, al menos por el momento, no quedan incluidas dentro de ese entramado bajo sospecha que se analiza en la Audiencia Nacional.

Dentro del primer grupo destaca, fundamentalmente, Análisis Relevante, cuyo administrador único es Julio Martínez Martínez, amigo íntimo de Zapatero. Esta empresa, que tiene entre sus clientes a la aerolínea Plus Ultra –cuyo rescate de 53 millones pone en cuestión ahora el instructor–, transfirió fondos tanto a Zapatero como a la empresa de sus hijas: WhaThaFav. Al primero, 490.780 euros. Y a la sociedad, 239.755 euros. En ambos casos, en seis años. Durante su intervención en la comisión de investigación del Senado, el expresidente del Gobierno dijo que esos cobros eran por su papel como consultor –realizaba informes tanto orales como escritos–. Y que cuando le plantearon ese desempeño, él propuso que la agencia de sus hijas "hiciera las tareas de marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y de apoyo a mí como consultor".

Según los informes policiales, WhaTheFav y Análisis Relevante firmaron un contrato el 1 de junio de 2020 por el cual la primera se comprometía "a suministrar datos y estadísticas de internet" a la primera, a facilitar "espacio en sus instalaciones" para uso de la segunda o a ayudar a la firma de Martínez en la "realización de eventos". Pero las pesquisas realizadas hasta el momento solo reflejan una labor de maquetación y envío de informes ya elaborados a los clientes de Análisis Relevante por parte de la agencia. Tareas de "escasa entidad técnica" que hacen sospechar a los investigadores de que la empresa de las hijas "pudiera estar siendo utilizada para la articulación formal de una contraprestación económica".

Esa dinámica de ingresos en una doble dirección se aprecia también con otras dos sociedades que el instructor tiene bajo la lupa: el think tank The Global Analysis & Trends in Emerging Regions Center –más conocido como Gate Center– y las sociedades de la consultora Thinking Heads, ambos vinculados a Daniel Romero-Abreu Kaup. El laboratorio de ideas, cuyo consejo asesor lidera el expresidente, abonó 352.980 euros a Zapatero –entre abril de 2022 y agosto de 2025– y 171.727 euros a la agencia de las hijas entre 2022 y 2024. En cuanto a la consultora, los investigadores reflejan pagos por 681.318 al expresidente –entre mayo de 2021 y diciembre de 2025– y por 12.297 euros a WhaTheFav en el periodo comprendido entre 2022 y 2023. En un comunicado, Thinking Heads aseguró que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde el año 2014.

La agencia, además, habría cobrado 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón y que también tiene como proveedores a Análisis Relevante y Gate Center. Se trata de una sociedad que llama la atención de los investigadores por tener "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores". Entre 2020 y 2025 registró un volumen de entradas y salidas en cuentas superior a 2,6 millones, algo "incongruente" con las nulas o bajas cifras de negocio que manejó en ese periodo. Además, no ha "solicitado la devolución de las cuotas" del IVA, algo "reseñable" dado el volumen de gastos "declarados" en dicho impuesto y "la situación financiera de la mercantil". 

El informe de la UDEF, además, hace referencia a otras 98 transferencias recibidas en una cuenta bancaria titulada por el matrimonio Zapatero-Sonsoles Espinosa. Entre todas suman 1,569 millones. Constan abonos de la consultora Kreab –procedentes de Kreab Iberia y Kreab Worldwide AB– por 956.180 euros y de Focus Social Research, una sociedad peruana, por 200.000 euros. También 159.034,45 euros de ChinaLink Asia Holdings Ltd., fondo hongkonés montado por un español; 104.410 euros de la consultora Mimo Advisors; o 53.000 euros de Bright Digital Solutions. Y, por último, los investigadores hacen referencia a dos transferencias de 49.758,34 euros y 47.120,27 euros procedentes de Yuewee International Trade –empresa de importación y exportación de Hong Kong– y Zayed Award for Human Fraternity, respectivamente.

Transferencias que, sin embargo, los investigadores vinculan a la actividad profesional del expresidente. "Procederían del pago de facturas por la prestación de servicios profesionales derivados de la actividad actual del expresidente, centrada en la participación en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico", recoge la UDEF. En el registro que efectuaron en la oficina de Zapatero, los agentes se llevaron, entre otras cosas, carpetas sobre Chinalink, Kreab o Focus Social.

Martes, 19 de mayo. Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personan a primera hora de la mañana en un despacho ubicado frente a la sede socialista de Ferraz que funciona como oficina José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hacen, al igual que sus compañeros desplegados en la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno, con una orden de entrada y registro bajo el brazo. La firma el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien también acuerda poner en conocimiento del exlíder del PSOE tanto el extenso auto por el que se acuerda su imputación como dos de los informes policiales sobre los que se apoya: UDEF-BBCA 1907/2026 –acompañado de cuatro anexos– y 1908/2026 –que se presenta con otro par de anexos–.

Ambos documentos, firmados por los jefes del Grupo 14 y 15 de la UDEF, están fechados el pasado 22 de abril. El primero de ellos es una suerte de radiografía de la trama, con un análisis del rescate de 53 millones de Plus Ultra –cuya concesión, fiscalizada en su día por el Tribunal de Cuentas, levanta sospechas en los investigadores– y del movimiento de fondos entre la compleja estructura societaria de la que, dicen los investigadores, se valía la red. El segundo, una compilación de las comunicaciones hasta ahora intervenidas en la causa. Dos informes de los que afloran indicios y, también, cuestiones que aún deben ser clarificadas en el marco de la investigación, que se está desarrollando en el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional.

1– ¿Participó el expresidente Zapatero en la creación de una offshore en Dubái?

El informe de la UDEF hace mención a la puesta en marcha por parte de la trama de sociedades en territorios opacos. Una de ellas es Landside Middle East FZCO. Se trata de una offshore registrada en Dubái, tal como reveló en exclusiva infoLibre, el 17 de marzo de 2021, justo ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Plus Ultra. Los investigadores sostienen que la misma estaba controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez, amigo íntimo de Zapatero. Y que se puso en marcha para cobrar "en territorio extranjero" una comisión del 1% que habrían pactado Plus Ultra e Idella por el rescate y que figura en un contrato intervenido.

Los investigadores sostienen que Zapatero dio "instrucciones" para la creación de la offshore apoyándose, fundamentalmente, en dos elementos:

–En primer lugar, un correo electrónico que el 27 de enero de 2021 envía Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, a Martínez con indicaciones sobre documentación necesaria para la constitución de una sociedad en Emiratos Árabes Unidos. "Siguiendo con lo conversado en el día de ayer", arranca el mail.

–El día de antes, ambos se habrían reunido en el restaurante Portonovo. Una comida que, sostienen los investigadores, organizó el expresidente del Gobierno. Se apoyan en un correo que su secretaria, María Gertrudis Alcázar, envía a Cristóbal Cano, gestor de Martínez: "[En el restaurante] tienen un problema con los teléfonos y al final se ha acercado un escolta. La reserva de hoy ya está a las 14.30h. para dos a nombre de Julio". "Tanto del hecho de que la iniciativa parta de Gertrudis como del empleo de un escolta se deriva que necesariamente las instrucciones tienen que partir de José Luis Rodríguez Zapatero", lanza el informe policial.

2– Gertrudis y la supuesta manipulación de facturas

Los investigadores sostienen que ni Alcázar ni Cano eran "ajenos a un conocimiento general de la operativa" de una red de influencias que lideraría el propio expresidente. Al fin y al cabo, sostienen en sus informes, este "tercer nivel jerárquico" era el que se encargaba de llevar a cabo las gestiones diarias. Por ejemplo, en lo relativo a las facturas emitidas. "Tengo que emitir una factura a Análisis Relevante –empresa administrada por Martínez– por un importe de 20.000 euros. Por favor, puedes consultar si hago una sola por el asesoramiento de los informes o son dos y en qué concepto", escribe Alcázar a Cano, quien dos días después precisa los conceptos.

Los investigadores resaltan, en base a los correos intercambiados, la "transmisión de instrucciones" sobre cómo debe realizarse "la facturación": "conceptos a incluir, trimestre en curso en el que deben encuadrarse y el importe correspondiente a cada una de las facturas emitidas". "Ok o tengo que poner más importe", reza uno de los mails enviados por la secretaria de Zapatero. "Lo anterior pone de manifiesto una operativa de facturación desvinculada de la realidad económica, dirigida a generar un soporte documental", sostiene el informe, que recoge pagos de Análisis Relevante –que entre sus clientes tiene a Plus Ultra– a Zapatero por importe de 490.780 euros entre 2020 y 2025.

Pedir aclaraciones ordinarias sobre una factura –como si debe emitirse en uno o dos documentos, qué concepto describe correctamente el servicio o si faltan datos fiscales– no constituye por sí mismo una conducta ilícita. Distinto es solicitar instrucciones para modificar el importe, el concepto, la fecha, el destinatario o el desglose de modo que la factura no refleje una operación real. La Ley General Tributaria tipifica como infracción muy grave la expedición de facturas con datos falsos o falseados y el uso de justificantes falsos puede agravar otras infracciones tributarias.

3– ¿Prestó Whathefav (la empresa de las hijas de Zapatero) servicios reales de marketing?

Además de los pagos al expresidente del Gobierno, las cuentas de Análisis Relevante reflejan abonos a Whathefav, la empresa administrada por las hijas de Zapatero, por 239.755 euros. Según los informes policiales, ambas mercantiles firmaron un contrato el 1 de junio de 2020 por la cual la segunda sociedad se comprometía "a suministrar datos y estadísticas de internet" a la primera, a facilitar "espacio en sus instalaciones" para uso de Análisis Relevante o a ayudar a la firma de Martínez en la "realización de eventos".

Pero las pesquisas realizadas hasta el momento solo reflejan una labor de maquetación y envío de informes a los clientes de Análisis Relevante. "Lo anterior pondría de manifiesto, atendiendo a la escasa entidad técnica de las tareas asumidas por Whathefav –a priori meros ajustes o labores de maquetación sobre informes ya elaborados–, que pudiera estar siendo utilizada para la articulación formal de una contraprestación económica. Máxime cuando, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios, Whathefav tiene por objeto la promoción y posicionamiento de la imagen de Análisis Relevante en el mercado de empresa, finalidad que difícilmente podría alcanzar la propia sociedad, en la medida que ni tan siquiera interviene en la remisión de los informes a sus propios clientes”, sostiene la UDEF.

La empresa de las hijas de Zapatero, además, habría cobrado 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva –antes llamada Beren Europe y Alaska Ilimitada–, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Se trata de una sociedad que llama la atención de los investigadores por tener "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores".

El informe del organismo de inteligencia financiera refleja un volumen de entradas y salidas en cuentas superior a los 2,6 millones entre 2020 y 2025 que resulta "incongruente" –en palabras de la UDEF– con la "cifra de negocio nula" de 2020 y 2021 o inferior a 35.000 euros entre 2022 y 2024. Además, la empresa no ha "solicitado la devolución de las cuotas" del Impuesto sobre el Valor Añadido, "circunstancia reseñable dado el volumen de gastos declarados" en el IVA y dada "la situación financiera de la mercantil". 

4– Referencias a Zapatero en conversaciones de terceros

Los investigadores describen a Zapatero como el jefe en la sombra de la trama. Una conclusión a la que llegan apoyándose, fundamentalmente, en comunicaciones intervenidas a terceras personas, algunas de las cuales fueron facilitadas por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). En algunas ocasiones, al expresidente se le identifica en las conversaciones como "Z". Letra con la que Martínez tenía guardado en su agenda el contacto del expresidente. Desde ese número de teléfono recibe Martínez el 31 de julio de 2021, en plenas conversaciones con las autoridades venezolanas sobre la autorización de vuelos de Plus Ultra, el siguiente mensaje: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...".

En otras ocasiones, se menciona al exlíder del Ejecutivo directamente por su nombre: "Nuestro pana Zapatero detrás", "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero", "Los de gowair saben todo lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto" o "Que me llama Zapatero". Y en otros casos, las referencias que hay son más indirectas. Por ejemplo, cuando los investigados hablan de que Martínez es "el banco del jefe" o de cuando hacen referencia al "amigo". "Me pregunta el amigo que cómo van los avales", escribía en mayo de 2020 Manuel Fajardo —considerado hombre de Zapatero en Venezuela— al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.

En un informe de noviembre, los investigadores identificaron como "el amigo" a Julio Martínez. Sin embargo, ahora explican que en esos momentos solo manejaban una posible línea de influencia en relación a Plus Ultra, no las dos actuales –la vía Ábalos y la vía Zapatero–. Con el nuevo dibujo sobre la mesa, sostienen que hay casos en los que "el amigo" es Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes, y otros en los que consideran que es Zapatero.

5–Los chinos, el petróleo y una carta de intenciones

En el informe de la UDEF aparece incorporada una carta de intenciones (Letter of Intent) con fecha de 30 de octubre de 2023 y dirigida a José Luis Rodríguez Zapatero por China International Cultural Technology Resources Group (CICTR). Según los agentes, esta carta forma parte de una mecánica establecida por la que "para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, estos clientes han de canalizar la gestión a través de la red de influencia liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, a quien deberán dirigirse mediante la preceptiva LOI (Letter Of Intent)".

La misiva fue enviada, según consta en el documento, apenas dos semanas después del viaje de Zapatero a Pekín, entre el 16 y el 18 de octubre de 2023, donde participó en el III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda y mantuvo reuniones públicas con responsables del Partido Comunista Chino.

1– Cancelación anticipada de una hipoteca

En sus informes, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal recoge que el matrimonio José Luis Rodríguez Zapatero-Sonsoles Espinosa adquirió en febrero de 2024 una vivienda en la zona norte de Madrid por un precio de compraventa de 580.000 euros. Para esta operación, el Banco Santander concedió un préstamo hipotecario de 500.000 euros, el cual se canceló anticipadamente once meses después mediante transferencia de 498.000 euros. En contacto con el expresidente, el periodista de Vozpópuli Gabriel Sanz aseguró en RTVE que esa deuda se saldó con la venta de la casa que el matrimonio tenía en Aravaca.

2– ¿Conocía Zapatero a los clientes de Análisis Relevante?

Hace apenas un mes, Zapatero concedió una entrevista a Onda Cero. En ella, aseguró desconocer "quiénes eran" los clientes de Análisis Relevante. Sin embargo, el informe de la UDEF recoge que el exlíder del Ejecutivo envió a su amigo Martínez dos archivos Excel el 6 de julio de 2021: "LISTA AR OK" y "DIRECCIONES EMAIL JM". Y que los mismos contenían "un listado de personas físicas y jurídicas con direcciones de correos electrónicos y cargos". En ambos, figuran destinatarios que son, a fecha de envío, clientes de Análisis Relevante. Y en eso se apoyan los investigadores para atar la supuesta "posición directiva" de Zapatero, que también fue incluido, dos meses después de la creación de la empresa, en el chat grupal "AR".

En su auto de imputación, el instructor da por hecho que ambos archivos contienen la lista de clientes de la consultora. Pero los investigadores en sus informes reconocen que en los listados también figuran "otras personas con las que, en este momento de la investigación y con la información disponible en esta Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, no han sido hallados vínculos contractuales con la sociedad Análisis Relevante".

3– Una offshore en Islas Vírgenes Británicas

Los investigadores también sostienen que la "red de influencia" dispondría de, al menos, otra offshore ubicada en Islas Vírgenes Británicas, si bien en este caso, a diferencia de lo que sucede con la de Dubái, no se coloca a Zapatero en el origen de dicha sociedad. Se trata de Landside Holding Ltd, presidida y representada por Julio Martínez y cuya cartera de inversión la gestionaría un broker americano que operaría a través de Mora WM Securities. La offshore no parece nueva. Según los investigadores, en uno de los documentos intervenidos "constan las posiciones del año 2016 respecto de los activos de la mercantil". Análisis Relevante echó a andar en 2020.

Llama la atención la coincidencia en la denominación de las sociedades de Islas Vírgenes y Dubái: Landside. Habrá que ver si se trata de una marca con la que Martínez hace sus negocios y si la recuperó –y si lo hizo por indicación del expresidente o no– para canalizar hacia Emiratos Árabes la supuesta comisión por el rescate de Plus Ultra. Por el momento, en los informes de los investigadores no se confirma que los 530.000 euros fueran transferidos, efectivamente, hacia Dubái.

El caso Plus Ultra ha revuelto toda la escena política. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuesto tráfico de influencias condiciona ahora mismo todo el panorama. Y más allá del aspecto judicial y de sus efectos para el Gobierno y el PSOE, se abre también el debate de dónde están los límites en las actividades de los que fueran jefes del Ejecutivo.

¿Cómo debe ser la salida del Palacio de la Moncloa? ¿La legislación debería ser más estricta respecto a los trabajos que pueden realizar? ¿Debe condicionar para siempre el puesto de presidente? ¿Se tiene que cerrar la puerta giratoria a la empresa privada? ¿Hasta dónde se puede hacer lobby? Son preguntas que sobrevuelan ahora mismo en el debate público.

El estatuto de los expresidentes está regulado a través de un real decreto de 1992, que modificó a su vez el texto original de 1983, ambos redactados bajo las Administraciones de Felipe González. El redactado, que consta de cuatro artículos y tres disposiciones, establece que los exjefes del Ejecutivo gozarán del tratamiento de “presidente” y que, en sus desplazamientos fuera del territorio nacional, podrán contar con el apoyo de los servicios de representación diplomática española.

Asimismo, el decreto incluye “medios y prerrogativas”. Se les adscriben dos puestos de trabajo a su servicio, uno de ellos con nivel 30 (el mayor rango dentro de la Administración pública española). Y se les permite nombrar a ese personal por el sistema de libre designación (no tienen que ser funcionarios ni que pasar algún tipo de prueba).

Se fija que tendrán una dotación “para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado”. La pensión vitalicia, según las últimas cuentas públicas, está fijada en 79.336 euros brutos al año.

El real decreto establece asimismo que se pone a disposición de los expresidentes un automóvil con conductor a cargo de la Administración y se proporciona seguridad a través del Ministerio del Interior. Otra de las medidas a su disposición es que disfrutan de “libre pase” en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

En 2004 también se abrió otro posible camino para los expresidentes del Gobierno con una modificación legal hecha precisamente por el primer Ejecutivo de Zapatero, para que los que hubieran sido jefes del Ejecutivo puedan incorporarse como miembros natos del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo. La remuneración ronda los 100.000 euros al año. El propio Zapatero formó parte hasta 2015, cuando lo abandonó para desempeñar la presidencia del Consejo Asesor de la Fundación alemana del Instituto de Diplomacia Cultural. El puesto en el Consejo de Estado es incompatible con cobrar alguna nómina o pertenecer a algún consejo de administración, por eso nunca lo aceptaron ni Felipe González ni José María Aznar. 

El estatuto que regula la situación de los expresidentes no tiene ninguna referencia sobre posibles labores privadas ni tampoco establece ningún control a la actividad de los que fueron jefes del Ejecutivo. Las limitaciones aplicables son las recogidas en la Ley del Alto Cargo, aprobada precisamente en la época de Rodríguez Zapatero y que afectan a todos los miembros del Gobierno. 

En el artículo 15 de dicha norma se dispone: “Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.

Este vacío que se detecta en la regulación de las actividades de los expresidentes llena ahora también el debate público después de la investigación abierta respecto a Rodríguez Zapatero. Por eso, desde los partidos de la izquierda transformadora se está poniendo sobre la mesa durante estas horas la necesidad de concretar más el estatuto regulatorio.

El grupo parlamentario de Sumar está trabajando ya en una propuesta para cambiar el estatuto de los expresidentes, según señalan fuentes del espacio, que trasladan: “Es fundamental una reforma. Y debe ser más dura que la ley de lobbies”. La idea con la que están trabajando es dejar claras las limitaciones que pueden tener los expresidentes.

Será una propuesta del grupo parlamentario y no prevén pactarla con el PSOE en esta fase previa. No hay fecha para su presentación, pero no se va a demorar, apuntan las fuentes consultadas del espacio, donde insisten: “No puede ser que cobres por vender tu agenda de contactos como presidente. Seas Aznar o Zapatero”.

Hay voces de este espacio cuestionando no sólo el marco normativo, sino también este tipo de trabajos de lobby por parte de expresidentes. La diputada de Sumar Tesh Sidi ha verbalizado estos días: “El ejercicio de lobby de un expresidente es injustificable. Reciben ya una pensión vitalicia por ser expresidentes”. El exdiputado andaluz José Manuel Jurado ha expresado también así sus sensaciones: “Es absolutamente falto de ética el lobbismo, y me vais a perdonar, pero, sea legal o no, no voy a defender a un tipo que se ha embolsado casi 300 mil euros al mes gracias a su influencia”.

La situación de Zapatero ha vuelto los ojos también hacia las figuras de los expresidentes. Mariano Rajoy volvió a su puesto como registrador de la propiedad y trabaja en Madrid tras el traslado de su plaza en Santa Pola (Alicante). En cambio, González y Aznar llevan años volcados en su labor de lobby en el mundo de la empresa.

Aznar va a cumplir 20 años como asesor del magnate Rupert Murdoch después de que el conglomerado News Corp lo renovara como consejero independiente el pasado mes de noviembre, aunque una parte de la junta de accionistas estaba en contra. Sólo en el último ejercicio se embolsó más de 341.000 dólares por este puesto. Ha sumado, a cargo de esta empresa, más de cuatro millones de euros desde que fue fichado en 2006, dos años después de dejar el Palacio de la Moncloa. El expresidente también ha estado ligado a Endesa, a Centaurus Capital, DLA Piper, Philip Morris y Latham Watkins.

El expresidente González fichó como consejero independiente en 2019 de Boluda Towage, una división del naviero Vicente Boluda, un millonario que preside la Asociación Valenciana de Empresarios. También estuvo varios años como consejero de Gas Natural, puesto por el que percibía 126.000 euros al año.

El caso que ha llevado a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero tiene una historia procesal larga y compleja. La Fiscalía Anticorrupción lo inició tras recibir comunicaciones internacionales sobre una presunta red de blanqueo vinculada a fondos venezolanos en la que aparecía Plus Ultra. La querella que el colectivo ultraderechista Manos Limpias presentó en diciembre de 2025 —de siete páginas, construida sobre recortes de prensa y con errores— llegó después. La Audiencia Nacional explicó el pasado 19 de mayo que el caso acabó en ese tribunal por la dimensión internacional —con pesquisas abiertas en Francia y Suiza— que había adquirido la investigación, una secuencia que deja poco espacio al papel impulsor de la querella ultra.

El auto de 85 páginas que el juez José Luis Calama dictó el pasado 18 de mayo y que ha supuesto la imputación de Zapatero se apoya en varios pilares, como las comunicaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, los dispositivos electrónicos incautados en la operación de diciembre de 2025 o la colaboración de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). Sin embargo, la parte contable del auto se estructura a través de un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) —dependiente de la Agencia Tributaria— fechado el 25 de febrero de 2026. Este documento es el que le pone cifras exactas a la presunta trama de tráfico de influencias.

El informe analiza el entramado societario bajo control de Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino identificado por el juez como lugarteniente principal de la red y administrador único de Análisis Relevante SL, la consultora que, según el juez, actuó como nodo central de distribución de fondos. 

La ONIF concluye que Martínez Martínez controló en el periodo de 2020 a 2024 un total de 39 mercantiles, la mayoría inactivas o sin actividad económica real acreditada. Buena parte de esas empresas figuran dadas de baja en la Agencia Tributaria, no presentan declaración del Impuesto de Sociedades o tienen una cifra de negocio nula, y varias de las que sí declaran actividad carecen de empleados o acumulan retribuciones por debajo de los 10.000 euros en todo el periodo. 

Tres de ellas, sin embargo, —Afitta Capital SLU, Rentas Emeritenses SL y Zenzap SL— combinan esa aparente inactividad con movimientos bancarios significativos. La estructura, concluye el informe, no responde a una lógica empresarial real sino instrumental.

Uno de los hallazgos más llamativos es el análisis de Inteligencia Prospectiva SL —antes denominada Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada—, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. La ONIF concluye que entre 2020 y 2025 esta sociedad, cuyos ingresos declarados son nulos o inferiores a 35.000 euros anuales, movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias, una cifra que el auto califica de "absolutamente incongruente" con su actividad declarada. 

El organismo concluye que “Inteligencia Prospectiva carece de actividad económica efectiva y funciona como punto de entrada de fondos del extranjero, simulados como ampliaciones de capital, para redistribuirlos hacia otras sociedades del entramado mediante contratos ficticios de asesoría”. Los principales destinatarios: Análisis Relevante (368.258 euros), Whathefav (561.440 euros) y Gate Center (266.200 euros).

El informe de la ONIF cuantifica los flujos que parten directamente de Plus Ultra hacia el entramado. El volumen total declarado asciende a 598.910 euros, distribuidos entre tres receptoras —todas ellas sociedades de Julio Martínez Martínez—: Análisis Relevante (301.290 euros), Voli Analítica SL (141.773 euros) e Iot Domotic Europe (155.847 euros). Sin embargo, las cuentas bancarias de dos de estas mercantiles reflejan discrepancias con los importes declarados: las transferencias reales desde Plus Ultra a Voli Analítica ascendieron a 119.993 euros, y a Iot Domotic a 126.807 euros. Todas estas sociedades carecían de trabajadores en los ejercicios en que perciben los ingresos.

Los contratos que justifican formalmente esos pagos reproducen, en los tres casos suscritos entre Análisis Relevante y Plus Ultra en 2020, 2023 y 2025, un objeto prácticamente idéntico: informes mensuales sobre la situación política, económica y social del mundo, asesoramiento sobre países y organizaciones internacionales, y apoyo a la preparación de discursos. La retribución pactada oscilaba entre 5.000 y 6.000 euros mensuales más IVA. Durante su comparecencia en el Senado, Zapatero admitió haber cobrado 430.000 euros de Análisis Relevante en seis años por asesorías e informes —que en ocasiones eran “orales”—, según el expresidente. 

Los informes, según el auto, los redactaba Sergio Sánchez, propietario al 25% de Análisis Relevante. Whathefav SL —la sociedad de las hijas del expresidente— se encargaba de su maquetación y distribución, “sin aportar un valor técnico propio”, según el juez.

Más allá de los flujos directos desde la aerolínea, la ONIF analiza también los pagos que llegan al entramado desde entidades sin vinculación aparente con Plus Ultra. Dos concentran especial atención. Gate Center —think tank presidido por Daniel Romero-Abreu Kaup, también al frente de la consultora Thinking Heads, y del que Zapatero es presidente del consejo asesor— recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva y habría transferido 352.980 euros al expresidente y 171.727 euros a Whathefav. El grupo Thinking Heads —Thinking Heads Group SL y su sucursal estadounidense Thinking Heads Americas LLC— habría abonado por su parte 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a sus hijas a través de Whathefav. 

La empresa ha emitido un comunicado aclarando que el auto no la vincula con ninguna trama delictiva y que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde 2014. Cabe señalar también que Thinking Heads actúa como agencia de conferenciantes (speakers bureau) de los también expresidentes Felipe González y José María Aznar, gestionando su contratación para eventos, conferencias corporativas y actos públicos.

Sumados todos los flujos identificados por la ONIF y recogidos en el auto, el destino final apunta al entorno del expresidente. Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav. Gate Center, otros 352.980 euros al expresidente y 171.727 euros a Whathefav. Thinking Heads, 681.318 euros adicionales a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav. 

Las cuentas personales de Laura Rodríguez Espinosa habrían recibido 247.191 euros de Whathefav entre abril de 2021 y diciembre de 2025, y las de Alba Rodríguez Espinosa, 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En ambas cuentas figura como autorizado el propio expresidente. En conjunto, el auto contabiliza casi dos millones de euros canalizados hacia el entorno directo de Zapatero entre 2020 y 2025.

La ONIF no es la única fuente de Hacienda que alimenta el auto. La propia Agencia Tributaria, de la que depende la ONIF, certifica que, a fecha de febrero de 2026, no consta en España ningún pago en ejecución del contrato por el que Idella Consulenza Strategica —sociedad de Julio Martínez Martínez— pactó cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra. Esa ausencia de trazabilidad en territorio español es uno de los elementos que llevan a Calama a concluir que la sociedad offshore constituida en la zona franca del aeropuerto de Dubái ocho días después de la aprobación del rescate —cuya existencia verificaron infoLibre y OCCRP— habría sido creada para recibir ese pago fuera del alcance del fisco español. El patrón, razona el auto, encaja con las modalidades de blanqueo mediante “sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia”.

La ONIF existe desde 1998, cuando la presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la creó para coordinar los esfuerzos de la inspección tributaria frente al fraude organizado. Depende del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y su función no es perseguir el fraude fiscal menor sino actuar allí donde la complejidad societaria o la presencia de estructuras criminales organizadas lo exigen. Tiene capacidad para elaborar informes técnicos a petición de la fiscalía o de los juzgados y actuar como auxiliar de la jurisdicción penal, suministrando al proceso la radiografía financiera que los investigadores policiales no siempre pueden construir con la misma precisión. 

A diferencia de unidades investigativas de la policía o la Guardia Civil, como la UDEF o la UCO, la ONIF no ejecuta registros, ni intercepta comunicaciones ni detiene a los investigados. La unidad de la AEAT no actúa en la calle sino sobre los balances, los registros mercantiles, las declaraciones tributarias y los movimientos bancarios, explican a infoLibre fuentes jurídicas. 

El 3 de julio de 2020, cuando el coronavirus azotaba con fuerza a todo el mundo, el Gobierno dio luz verde al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Con una dotación de hasta 10.000 millones de euros, el instrumento financiero estaba pensado para evitar el hundimiento de compañías clave para la economía. Una treintena de solicitudes recibieron el visto bueno. Media decena procedían de aerolíneas. Entre las beneficiarias, Plus Ultra. Una ayuda que fue auditada, junto con el resto de las concedidas, por el Tribunal de Cuentas. Y cuya concesión se encuentra ahora bajo la lupa del Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación que salpica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La aerolínea, que estuvo controlada por empresarios venezolanos considerados cercanos al régimen chavista, recibió 53 millones de euros de ayuda pública: 34 millones en forma de préstamo participativo y 19 millones de préstamo ordinario. El rescate recibió luz verde a comienzos de marzo de 2021. Cinco años después, la aerolínea ha pagado, según datos del propio Gobierno, 12 millones en intereses. Según el calendario fijado, la devolución debería completarse, como tarde, en 2028. Los 19 millones del principal deberían haberse reintegrado hace un par de meses, pero se acordó un aplazamiento "debido a la subida del coste del queroseno" y los cierres provocados tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela a comienzos de año.

El rescate ya estuvo bajo la lupa de un juzgado madrileño. Pero un error en la prórroga de la instrucción que dejó a la magistrada sin margen para nuevas diligencias provocó el sobreseimiento provisional de la causa. Unos meses más tarde, sin embargo, llegaron a la Fiscalía Anticorrupción unas órdenes europeas de investigación remitidas por Francia y Suiza. Y eso provocó la reactivación de un caso que ha terminado llegando a la Audiencia Nacional. Las autoridades galas y suizas alertaron de la posibilidad de que el rescate se hubiera usado en una trama de lavado de dinero venezolano. Plus Ultra aseguró que había destinado un 40% de la misma a pagar a acreedores, un 22% a gastos operativos –nóminas, impuestos o seguros sociales–, un 19% a reembolsos de pasajeros y otro 19% a "capital de trabajo".

El Gobierno, que siempre ha sido reacio a facilitar información sobre el rescate aludiendo al "carácter reservado" de la misma, insiste en que el rescate se ajustó a la legalidad. Y en que, hasta ahora, ni un solo organismo lo había puesto en duda. El Tribunal de Cuentas publicó en septiembre de 2024 su informe sobre la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el procedimiento de aprobación de las operaciones del fondo de apoyo. Tras analizar toda la documentación, el órgano fiscalizador concluye que los "órganos de gestión y decisión" aplicaron "un procedimiento adecuado para los fines que su normativa exige", dispusieron de información para "tomar una decisión fundada" y que la aplicaron "de forma no discriminatoria y con arreglo a las normas procedimentales".

El documento también resalta que la concesión de la ayuda "no se apartó, en ningún caso, de la opinión emitida por los asesores externos en sus informes sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad". Porque el procedimiento, en este caso, se apoyaba en el llamado principio de los cuatro ojos, por el cual una decisión debe ser validada por, al menos, dos personas: "En el proceso de la decisión sobre las ayudas el procedimiento contempla una intervención de los servicios de SEPI, que fueron reforzados por personal temporal contratado, y de los asesores externos –contratados específicamente para esta labor–, de forma que en la propuesta que llegara al Consejo Rector, aparecieran los resultados de los informes de los asesores, a su vez verificados por los servicios de SEPI en cada una de sus áreas".

El documento también refleja cómo la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda consultaba a la Abogacía del Estado cada vez que había dudas interpretativas sobre los criterios de elegibilidad. O que, en todos los casos, remitió peticiones de subsanación a los solicitantes. Y también dio respuesta a la oposición, que desde el primer momento había puesto en duda el carácter "estratégico" de una aerolínea que operaba "menos de un 1% de las conexiones aéreas". "El Fondo se basó en informes de entidades públicas o privadas de solvencia y aplicó los criterios interpretativos derivados del Marco Temporal, de los criterios de la Comisión Europea y del Tribunal General de la Unión Europea, al tener como base de la declaración de 'estratégica' la importancia del sector en el que la empresa opera y no considerar como criterio de exclusión el tamaño de la empresa", apuntaba.

La duración media de tramitación de los expedientes fue de 355 días. O 285 días si se pone el foco solo en las ayudas a las aerolíneas. En el caso de Plus Ultra, el asunto se resolvió en 182 días, frente a los 214 días en el caso de Volotea, 403 de Air Nostrum o 456 de Wamos. No fue, sin embargo, la resolución más rápida. Apenas 70 días se tardó, por ejemplo, en dar luz verde al rescate de 475 millones de euros de Air Europa. La normativa aplicable al fondo le confería una "potestad reglada". Es decir, si se cumplían las condiciones de elegibilidad "se debía proceder a la concesión". "Ello implica la concesión de ayudas a empresas que, aun cumpliendo los requisitos de elegibilidad, presentan una situación de debilidad económica y financiera", completaba el Tribunal de Cuentas.

El Gobierno defiende que hasta cinco informes avalaron que la aerolínea no era una empresa que estuviera en crisis –era una condición fundamental para recibir la ayuda–: del auditor de Plus Ultra, de Price Waterhouse Coopers, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de DC Advisory y de Deloitte –estas dos últimas, como asesoras externas del fondo–. Esto contrasta, sin embargo, con un informe pericial independiente que fue elaborado a petición de la magistrada Esperanza Collazos en el marco de la inicial investigación que se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid. En él, el perito Pedro Martín Molina hablaba de la existencia de un "préstamo participativo", de la falta de registro de "provisiones derivadas de ciertas contingencias" y de la "posibilidad de existencia de situación de insolvencia". Y ponía en duda, en definitiva, que la aerolínea no estuviera en crisis a cierre de 2019.

Aquella pericial no fue determinante entonces para la magistrada. Sin embargo, sí le da relevancia el instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, José Luis Calama. "El análisis pericial determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar. [...] Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp –que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica–, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo", recoge el auto de imputación de Zapatero.

Otro requisito para acceder a la ayuda era encontrarse al corriente de las deudas con la Seguridad Social. Cuando presentó su solicitud para el rescate en septiembre de 2020, la aerolínea adjuntó dos certificados de estar al corriente de sus obligaciones. Sin embargo, Deloitte, en su informe técnico, indicaba que Plus Ultra les había facilitado una resolución estimatoria, fechada un mes después de la solicitud, sobre el aplazamiento de una deuda preexistente de 451.954,79 euros contraída con la Seguridad Social. En el Gobierno, sin embargo, se defienden alegando que se puede "estar al corriente de las obligaciones" tanto cuando las deudas están pagadas como cuando las mismas se encuentran aplazadas, suspendidas o fraccionadas.

El instructor sospecha que la red de "tráfico de influencias" al frente de la cual pone a Zapatero habría cobrado una comisión por el rescate de la aerolínea a través de una sociedad offshore. El punto de partida se encuentra en un contrato suscrito el 19 de enero de 2021 entre Plus Ultra e Idella Consulenza Strategica, que forma parte de la estructura societaria administrada por Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del expresidente. "La duración de este contrato viene determinada por el tiempo que tarde en emitirse por la SEPI la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea", apunta el magistrado. Como remuneración, se establece el 1% más IVA de la ayuda aprobada, esto es, 530.000 euros.

Tal y como reveló en exclusiva infoLibre, casi un mes después de aquello, el 17 de marzo de 2021, ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara finalmente el rescate, se registró en Dubái Landside Middle East FZCO, una sociedad controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica. En su auto, el juez sostiene que Zapatero dio "instrucciones" para la creación de dicha offshore. Una afirmación que, por el momento, se apoya en el hecho de que Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, envió a Martínez un correo con indicaciones para crear una sociedad en Emiratos Árabes Unidos un día después de que ambos comieran con el expresidente. "Según lo conversado ayer", rezaba el mail.

Aún está por ver, del mismo modo, si el expresidente intercedió de alguna manera a favor de Plus Ultra. El instructor sostiene en su resolución que los directivos de la aerolínea intentaron obtener la ayuda a través de "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos". Y, para ello, articularon dos líneas de influencia. Una, a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Otra, a través de Zapatero, siendo la de este último la que adquirió un "papel predominante". Esto, por el momento, se apoya en mensajes de terceras personas. "Yo busco cómo llegarle a ZP", reza un mensaje que Rodolfo Reyes, accionista de la aerolínea, traslada a Julio Martínez Sola, presidente de la misma. "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", responde este último.

El juez, del mismo modo, pone el foco sobre una reunión que el expresidente habría mantenido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el 7 de septiembre de 2020, seis días después de que la aerolínea pidiera la ayuda y un mes antes de que se acordara el aplazamiento de la deuda preexistente que Plus Ultra tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. Un encuentro del que se tiene constancia porque un director envió un mensaje a Koldo García, entonces mano derecha del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Comunicación que este último reenvía a su jefe, quien también habría almorzado con el expresidente del Gobierno –según las evidencias extraídas de la agenda de García–, extremos que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional trata de confirmar a través de las agendas de Zapatero.

Si yo supiera que Zapatero paga sin factura al fontanero, yo sería el primero en reprobar su conducta. No digamos si el juez o quien sea constata que tiene dinero oculto o cualquier otra fechoría.

Pero sucede que no hay nada constatado, que no sea “indiciario” o “embrionario” en ese auto judicial, el best seller de la semana. A diferencia de los adefesios del juez Peinado, que ni siquiera sabe escribir, este juez ha cortado y ha pegado con elegancia los detalles que le proporciona la UDEF y respeta los interlineados, la gramática y la sintáctica. Pero no hay nada. El auto es un rosario de supuestos indicios sin un solo documento (el gran hallazgo es una carta de Plus Ultra al Santander “siguiendo instrucciones del Presidente”), grabación o testigo que demuestre que Zapatero ayudó a Plus Ultra a conseguir ayudas que, por cierto, obtuvo de manera estrictamente legal y está devolviendo en los plazos establecidos.

¿Cómo es posible que, sin pruebas concretas que no sean conversaciones de terceros y movimientos de facturas entre tres o cuatro sociedades perfectamente numeradas y codificadas, la Fiscalía Anticorrupción (Luzón, siempre Luzón), la UDEF (que depende de ella) y el juez Calama se atrevan a poner al presidente en “la cúspide”, en el “núcleo decisor y estratégico” de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, de una red criminal? ¿A qué funcionario, a qué “instancia pública”, presionó Zapatero para que se rescatara Plus Ultra? ¿A la SEPI? Se ha investigado cada papel de aquella operación de rescate, realizada al albur de las normas europeas y nacionales y no se detectó ninguna irregularidad. Al contrario. ¿Se plantó allí Zapatero quizá, en plena reunión del Consejo de Ministros, para obligar al Gobierno a romper las normas para salvar a la compañía aérea –que, por cierto, a día de hoy sigue operando con normalidad– y embolsarse medio millón de euros? ¿A quién presionó Zapatero? Y si no hay pruebas de tal “tráfico de influencias”, ¿de qué se le acusa?

¿Será que su señoría ha descubierto que en los toros se fuma? No es delito que un ciudadano privado, que ya no es funcionario del Estado, por mucha autoridad moral que tenga e incluso aunque haya sido presidente del Gobierno, interceda en nombre de una compañía, o que contrate conferencias y consejos y servicios de consultoría. Aznar, González y Zapatero lo practican y tienen derecho a hacerlo. Aznar desde su posición en uno de los despachos más grandes del mundo, Latham&Atkins, desde News Corp, desde FAES o desde Famaztella (Familia Aznar Botella), la sociedad familiar. Felipe González también tiene una empresa con sus tres hijos, Ialcon Consultoría, y un fondo de inversión y su propia Fundación. El menos audaz, y quizá el más próspero de los cuatro, es Mariano Rajoy, que se volvió al Registro de la Propiedad de Santa Pola en cuanto dejó la Presidencia del Gobierno. Por lo que sea, a los cuatro meses ya le habían concedido uno de los más lucrativos registros de España, el Registro Mercantil número 5 en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Nada que objetar. Podrá gustarnos más o menos que los cuatro hayan renunciado a su puesto en el Consejo de Estado, o que cobren la asignación estatal vitalicia. Quizá nos repateen las puertas giratorias. Pero todos ellos tienen derecho a hacer con su vida lo que quieran dentro de la ley. Zapatero tiene derecho a defender los intereses de quien quiera mientras no fuerce la voluntad de un funcionario público, cosa que es dudoso que pueda hacer en absoluto. Puede trabajar para Repsol, por ejemplo, ayudando en sus relaciones comerciales con Venezuela, y es solo un suponer, igual que puede hablar con las autoridades de ese país para facilitar la liberación de presos políticos. Puede hacerlo gratis o cobrar por ello. Es práctica normal en los exmandatarios del mundo ejercer su influencia y percibir por ello honorarios –incluso aunque se denominen “comisiones”–. 

Como lo de Plus Ultra no puede demostrarse –al menos en lo que se ve en el auto, si hay más me coseré la boca–, la UDEF y la Fiscalía y el juez describen –y dibujan, literalmente– una pirámide criminal en la que sitúan a Gertru, la secretaria del presidente, a Thinking Heads, una empresa de representación que también tiene como clientes a Aznar y a Felipe, al Gate Center, un think tank con tres decenas de papers y diversos eventos, y a las hijas de Zapatero, que trabajan con su padre en la preparación de los materiales, la promoción, la comunicación online, etc. Se nos rasgan las vestiduras la UDEF, y la fiscal anticorrupción y el juez, porque una empresa propiedad de dos hermanos de una familia del Opus Dei, muy conocida en Venezuela, vinculada al viejo ADECO, el partido de centro izquierda histórico, haya pagado a las hijas de Zapatero por servicios profesionales. Que le corten la cabeza a Zapatero por tamaño atrevimiento. Para tratarse de una organización criminal, de la que en el auto, por cierto, se dan espuria y vergonzosamente direcciones y números de cuenta privados, el presidente Zapatero no se ha ocupado mucho de esconderse.

Claro que, como todo, está muy bien explicadito. Que si Gertru le pide a uno que le diga qué pone en el concepto de una factura, lo cual vendría a ser prueba de delito; que si un venezolano llama “pana” a Zapatero; que el presidente tuvo una comida en restaurante que reservó el empresario; que Julito prefería no salir en los listados de la zona VIP de Barajas… Decía que como todos esos detalles, supuestamente delatores, se mezclan con movimientos bancarios y palabras malsonantes –tráfico de influencias, crimen, comisiones, delito, red delictiva, offshore, Dubái…–, el auto ha atemorizado incluso a la izquierda que más confía en el presidente.

Le ha partido el corazón a Rufián y hace llorar a los más grupies. Prudencia, se nos pide, mientras el PP y Vox, liderados por Ayuso, condenan a Zapatero –y a Sánchez, claro– por mafiosos. No es casual que los ataques a Zapatero empezaran justo cuando el expresidente empezó a hacer campaña con más énfasis en defensa de Sánchez y su proyecto.

Prudencia, dicen, y respeto a la justicia. Pues yo creo que ya hemos oído demasiado. Ya digo que rectificaré si hay la más mínima certeza de falta alguna. Pero mientras se produce este golpe difuso no podemos quedarnos quietos. Hay un juez que en un auto imputa a Zapatero por ser el jefe de una estructura criminal por la que debería, si se confirman sus “sospechas”, ser severamente condenado. Ni la UDEF, ni la fiscal, ni su señoría han sido prudentes en la atribución de responsabilidades, por muchas veces que se escriba a lo largo del auto que la investigación está en “fase embrionaria” o que todo es “presunto” o “indiciario”. Fuimos prudentes, asumimos la presunción de inocencia y confiamos en la justicia, y el Supremo se llevó por delante al fiscal general con resultado de cinco magistrados a dos y sin ninguna prueba. Paciencia y prudencia se nos pide, y ya hemos tenido demasiada.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de su investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra en la que le sitúa como "líder".

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado que investiga el caso Plus Ultra ha acordado el bloqueo de saldos de las cuentas del también exdirigente socialista hasta el límite de esos 490.780 euros, que sería el importe que habría recibido Zapatero de una de las empresas claves de la trama, Análisis Relevante, entre 2020 y 2025.

El pasado martes, día en el que el magistrado imputó a Zapatero y lo citó a declarar el próximo 2 de junio, acordó asimismo el "bloqueo de diversas cuentas bancarias", tal y como consta en una resolución judicial en la que se forma una pieza separada de la causa, algo habitual en estos casos.

La decisión adoptada por el magistrado responde a una petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes jurídicas explican a EFE que este tipo de bloqueo de cantidades es una medida habitual en estas investigaciones penales y va dirigida a asegurar una eventual responsabilidad civil a imponer en un futuro al investigado.

Zapatero está investigado por liderar, según la tesis del juez, una supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra en el marco de la obtención del préstamo de 53 millones de euros en 2021, a cambio de beneficios económicos.

Unos supuestos beneficios que "habrían sido canalizados" hacia el expresidente y "su entorno más próximo" a través de una maraña de empresas, algunas de ellas instrumentales y sin actividad real, según la investigación.

Análisis Relevante es una de las empresas clave del caso. Propiedad de Julio Martínez, amigo personal de Zapatero y considerado su "lacayo" por responsables de Plus Ultra, el juez la califica de "instrumental" para canalizar esos fondos en un periodo que "coincide temporalmente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas".

Entre marzo de 2021 y junio de 2025, según la investigación, la cuenta compartida entre Zapatero y su mujer recibió pagos de Análisis Relevante de 445.200 euros, si bien en el año 2020 también constan tres transferencias por 29.680 euros. Por tanto, según el juez, en ese periodo el expresidente recibió un total de 490.780 euros, que es lo que ahora ha acordado bloquear.

Zapatero, que asegura que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de Plus Ultra y que defenderá su inocencia, explicó en el Senado el pasado mes de marzo que él cobró 70.000 euros brutos de media al año de Análisis Relevante, todos contra factura y por los que cotizó al IRPF.

“Lloro con lo de Zapatero. No me lo puedo creer. He colgado una foto con él para apoyarlo. ¿Se sabe algo más?”. Esta confesión la hace un cargo territorial del PSOE. Y resume el estado de ánimo que comparten miles de socialistas a lo largo y ancho de España. La mayoría del partido digiere la imputación del expresidente por parte de la Audiencia Nacional, cruzando los dedos para que se despejen las dudas en su declaración del 2 de junio.

Rodríguez Zapatero es el gran bastión moral para la mayoría de socialistas, un expresidente cuyo Gobierno no tuvo ningún caso de corrupción. El hombre que aprobó la ley de igualdad, que impulsó el histórico matrimonio igualitario y que puso punto final a la dolorosa historia del terrorismo etarra. Llena los mítines, lo escuchan, lo aplauden, comparten sus cortes en redes. 

Y en el PSOE no lo reconocen en el perfil que señala el auto como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. 

La orden de Sánchez: respaldo a Zapatero

Los ministros y los dirigentes del partido ya han leído durante estas horas el duro auto. Lo están reposando, analizando, masticando. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado la directriz política: total respaldo a Rodríguez Zapatero, remarcando el respeto a la presunción de inocencia y mostrando total colaboración con la Justicia. Se abandonan las expresiones que apuntan al lawfare, como abrazó en un primer momento la dirección socialista cuando aún no se conocía el auto de manera íntegra.

Y, en la esfera pública, se detectan dos caminos diferentes: en la dirección del PSOE y en Moncloa trasladan tranquilidad después de leer las 85 páginas del auto, mientras que entre los socios que apoyan a los socialistas el ánimo se ha revertido, pasando de criticar a los jueces a pedir cautela. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, definió así su ánimo: “Jodido”. Para el republicano catalán: “Si es verdad, es una mierda. Y si es mentira, es una mierda aún mayor".

En Moncloa defienden que no hay pruebas concluyentes

En el Palacio de la Moncloa siguen defendiendo de manera cerrada al expresidente. ¿En qué se basan? Fuentes gubernamentales analizan que se trata de un “auto serio”, lejos de los que redacta el juez Peinado, pero remarcan que no hay ninguna prueba concluyente y que no existe ninguna conversación en primera persona del propio Rodríguez Zapatero. Por eso, en estos momentos de convulsión, apelan a la “máxima cautela”.

El modo de proceder del propio Sánchez es diferente respecto a su ex secretario de Organización Santos Cerdán, al que señaló la puerta de salida de manera inmediata cuando se hizo público el informe de la UCO sobre sus supuestas actividades para cobrar mordidas. Entonces sí había conversaciones del dirigente socialista en primera persona, algo que no pasa en el caso del expresidente.

“No creemos que sea como el caso Cerdán”, subrayan fuentes de Moncloa, que, en todo momento, inciden en que es un “auto serio, pero no tiene pruebas”. De esta manera, siguen creyendo en la inocencia del expresidente. ¿Puede ser contraproducente esa defensa si posteriormente se demuestra algún acto delictivo? En el entorno del presidente no quieren hacer especulaciones, pero hacen esta reflexión: “La vida es complicada”.

El PSOE se prepara para una larga travesía judicial

Algunos miembros del Consejo de Ministros se aferran también a que no hay conversaciones directas del expresidente en el auto del juez José Luis Calama y emplazan a conocer la declaración de Zapatero el próximo día 2 de junio. También recuerdan en el Ejecutivo que el exlíder del PSOE ya dio explicaciones en el Senado cuando fue convocado por el Partido Popular para comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Koldo.

En el partido, según varios dirigentes consultados, se espera una larga travesía judicial de este caso y sostienen que ahora mismo se trata de un auto embrionario. Pero, a la vez, la idea extendida es que hay que apoyar al expresidente y dejar que dé todas las explicaciones.

Es un momento “duro”, como reconoció el propio presidente del Gobierno en un chat con la Ejecutiva del PSOE después desconocerse la citación de Zapatero como investigado por parte del juez de la Audiencia Nacional. Y, aunque se evita hablar ahora de lawfare, muchos socialistas siguen comentando en privado la operación que llevan sufriendo desde hace años, que se ha materializado en el ex fiscal general del Estado y la esposa y el hermano del presidente del Gobierno.

A pesar de estos días complicados, el mensaje que sale desde el Palacio de la Moncloa es que se mantiene intacta la hoja de ruta de agotar la legislatura en verano del año que viene. Algo que comparten también en la dirección socialista después de que las andaluzas hayan concluido el anterior miniciclo electoral. 

Asimismo, fuentes socialistas remarcan que el PSOE también levanta ahora esa defensa de Rodríguez Zapatero porque representa la dignidad del partido, además de ser cultura de la formación, que también arropó a Felipe González en los momentos más complicados. Todo el mundo coincide, además, en que Zapatero fue uno de los pilares básicos para que la izquierda pudiera aguantar en las elecciones del 23 de julio de 2023.

Los socialistas mantienen su apoyo a Zapatero. Todos siguen minuto a minuto el devenir del caso. Con el gran valor sentimental que representa. Esperan, cruzando los dedos, que el expresidente tenga bien atadas las respuestas para el 2 de junio.

El objetivo que los directivos de Plus Ultra buscaban al "contratar" los supuestos servicios de la red presuntamente dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, era el rescate de la compañía aérea hispanovenezolana por un importe de 53 millones de euros, una finalidad que se logró. Pero, aunque el consejo rector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o el Consejo de Ministros no lo hubiese aprobado, el delito de tráfico de influencias que se atribuye al expresidente socialista podría haberse producido igualmente. Porque, como recoge el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el auto por el que acordó su imputación y el registro de su oficina, la empresa de sus hijas y otras sociedades de la trama, la principal infracción penal que se le imputa no exige un resultado concreto. Tampoco que se produzca un beneficio para el perpetrador.

Para que el tráfico de influencias –que se castiga con penas de hasta dos años de prisión– se consuma basta con que el autor haya intentado influir para lograr su objetivo. Que prospere la imputación de Zapatero depende de que se pruebe que ejerció su ascendencia sobre responsables de la SEPI, funcionarios o cargos del Ministerio de Hacienda –del que depende esa entidad–, su entonces titular, María Jesús Montero, o cualquier otro miembro del Consejo de Ministros –el órgano encargado de tomar la decisión definitiva– incluido su presidente, Pedro Sánchez.

Es lo que el propio instructor del caso y otros expertos penalistas llaman "delito de mera actividad". En su auto, Calama cita la Operación Avispa –el caso por el que se condenó en 2021 al exsubdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, por dar permisos de residencia a miembros de la mafia georgiana– o el caso Palma Arena –en el que fue condenado el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas (PP)– para explicar que "basta con que el sujeto activo intente influir en un funcionario, sin ser necesario que la resolución buscada llegue a dictarse".

El juez de la Audiencia Nacional aclara también que, para que se produzca el delito, tampoco es necesario "que la resolución pretendida sea injusta o arbitraria". En el caso que investiga, el magistrado sí considera, sin embargo, que el rescate de Plus Ultra se produjo sin que la aerolínea cumpliera los requisitos legales para ello, algo que en cualquier caso sería indiferente para la consumación de la infracción. "Lo relevante es que la influencia tenga la capacidad objetiva de orientar al funcionario hacia la decisión deseada", escribe Calama en su resolución.

"La conducta debe dirigirse a lograr una resolución que pueda implicar algún tipo de beneficio económico directo o indirecto", prosigue. "Sin embargo, ni la existencia real de ese beneficio ni la emisión de la resolución son requisitos para que el delito se considere consumado", añade. "Lo imprescindible es que quede acreditada la intención del autor de obtener tanto la resolución como el beneficio, sea para sí o para un tercero". En resumen: "El delito se consuma con el acto de influir, siendo irrelevante el resultado final de la gestión".

"Si todo esto es cierto, solo habría que concretar quiénes serían las personas en las que se intentó influir en la SEPI y cómo lo hizo Rodríguez Zapatero", escribe Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid en un artículo publicado este miércoles en El País. "No hace falta que se consiga lo que se pretende: basta con influir, pues se trata de un delito de mera actividad, de peligro para la recta Administración Pública. Ni siquiera haría falta que se haya influido efectivamente (...), también se castiga a quien se ofrece a realizar las actividades de influencia y recibe una dádiva por ello", añade el experto penalista en su tribuna.

El auto de Calama no refleja una pistola humeante como sería, por ejemplo, una conversación, un intercambio de mensajes o una cadena de correos electrónicos entre el expresidente del Gobierno, por ejemplo, con María Jesús Montero —máxima responsable de la SEPI en el momento de los hechos—, algún cargo de esa sociedad pública, otro ministro o el propio presidente Sánchez realizando la gestión. En la resolución no aparece una prueba directa del tráfico de influencias, pero sí tres grupos de indicios que apuntan a que Zapatero, o la estructura que presuntamente lideraba, realizó las gestiones prohibidas por el Código Penal.

El primero incluiría "los contactos personales" del expresidente y "su capacidad de acceso a altos cargos de la administración", algo que el juez supone a quien ha ocupado la más alta responsabilidad gubernamental del Estado. También la intervención de Manuel Aarón Fajardo –al quien los directivos de Plus Ultra se refieren como la persona de Zapatero en Venezuela– o Julio Martínez Martínez, su excompañero de carreras y empresario, "como intermediarios con los clientes". Esa intervención se deduce de las conversaciones de los directivos de la aerolínea, que llegan a referirse a Martínez como "el lacayo" o "el banco del jefe".

En segundo lugar, "la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones" indicaría que "la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia" del que salieron los 53 millones de euros del rescate a la compañía aérea. El hecho de que, antes de su aprobación, varios de los investigados ya conocieran que el desembolso se fuera a producir, también indica, según el magistrado, "el acceso anticipado a información privilegiada".

Por último, el juez encuentra también "un indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido", otro de los elementos del delito. Se refiere a "la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez [el amigo de Zapatero], mediante contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas". "La utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos", describe el juez.

Calama observa, con más claridad si cabe, los mismos elementos del delito de tráfico de influencias en las gestiones de Martínez Martínez, el empresario amigo de Zapatero, con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela. Se trata, según el instructor, "de una pluralidad de gestiones reiteradas, realizadas en unidad de propósito y aprovechando la posición de influencia que Julio Martínez Martínez mantenía sobre el presidente del INAC, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz". El auto resalta en negrita que, tras las conversaciones de Martínez con Teixeira que dieron lugar a la autorización de un vuelo Caracas-Madrid de Plus Ultra, el compañero de carreras del expresidente del Gobierno recibió un mensaje de una persona registrada como "Z" en la agenda de su teléfono que decía: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...".

Acto seguido, el empresario amigo de Zapatero envió otro mensaje al militar venezolano en el que le agradecía el apoyo y le indicaba que los vuelos habían sido aprobados: "Muchas gracias por su ayuda", le dijo Martínez Martínez al mayor general Teixeira. Además de tráfico de influencias, el juez imputa al expresidente el delito de blanqueo de capitales —por la supuesta constitución de una sociedad off-shore en Dubái—, así como el de organización criminal.

Julio Martínez Martínez constituyó una sociedad en los Emiratos Árabes Unidos cuya función, según la investigación judicial en curso, era recibir fuera de España la comisión pactada a cambio de las gestiones realizadas para obtener el rescate público de 53 millones de euros que la SEPI concedió a Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021. 

La empresa se llama Landside Middle East FZCO e infoLibre ha podido comprobar su existencia en el registro de Dubái, con la colaboración de OCCRP, consorcio de investigación periodística del que es socio este medio. Pertenece a DAFZ, la zona económica especial del aeropuerto de Dubái, y quedó registrada el 17 de marzo de 2021 —ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate— con validez hasta 2041. La actividad declarada corresponde a servicios de consultoría, gestión, información y marketing.

La Dubai Airport Freezone, conocida como DAFZ, gestionada por la Dubai Airport Freezone Authority y ubicada junto al aeropuerto internacional del emirato, es una de las más de 20 “zonas especiales” que ofrecen los Emiratos Árabes a sus empresas. Entre sus ventajas se incluye la posibilidad de que la propiedad sea extranjera al 100% —sin necesidad de un socio emiratí—, la exención de impuestos corporativos, la repatriación total de beneficios y un proceso de constitución que puede completarse íntegramente de forma telemática. La DAFZ cuenta con más de 3.300 empresas registradas, a las que les exige un capital mínimo de un dírham —equivalente a algo más de 20 céntimos de euro—. Solo es necesario un accionista para la constitución, y se permite un máximo de 50.

Lo que DAFZ no ofrece, ni ningún otro registro público de Dubái, es información sobre los propietarios reales de las empresas inscritas en ella. El registro de accionistas, administradores o cuentas anuales no es público. La sigla FZCO responde a "Free Zone Company", la denominación estándar para empresas constituidas en una zona franca emiratí, diseñadas para operar internacionalmente y no en el mercado local de los Emiratos.

En los correos intervenidos por la investigación judicial, la empresa aparece referenciada de dos formas distintas: "Landside Dubai Fzco" y "Landside Middle East Fzco". El auto reproduce ambas denominaciones tal como figuran en las comunicaciones internas de la red. El nombre con el que la sociedad acabó siendo registrada es el segundo, y no es casualidad: las zonas francas emiratíes prohíben explícitamente el uso del término "Dubai" —junto a otros como "UAE", "Emirates" o nombres de la familia real— en la denominación de empresas privadas, por considerarlos términos protegidos. 

El auto del juez Calama reconstruye el origen de la sociedad a partir de los correos y mensajes intervenidos. El 19 de enero de 2021, la sociedad Idella Consulenza Strategica SL —controlada por Julio Martínez Martínez, identificado por el juez como lugarteniente principal de la red— había suscrito con Plus Ultra un contrato por el que percibiría el 1% más IVA de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate de la SEPI: con el rescate fijado en 53 millones de euros, esa comisión ascendía a 530.000 euros. 

En algún momento entre la firma del contrato y la aprobación del rescate, Zapatero convocó una reunión en el restaurante Portonovo de Madrid, a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, director del Halal Trade and Marketing Centre, que se describe como un “centro de desarrollo de negocios global” centrado en la economía de productos halal. El centro está registrado en la Dubai Airport Freezone.

Al día siguiente de esta reunión, Guerrero Blanco envió a Julio Martínez Martínez la documentación para constituir la sociedad en los Emiratos, "según lo conversado ayer". El 3 de marzo, cuando el Consejo Gestor del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) ya había aprobado internamente el rescate —la supuesta trama tuvo conocimiento de esta aprobación antes de que se decidiera formalmente, según se desprende del auto—, Cristóbal Cano (gestor del entramado societario de Julio Martínez Martínez) enviaba a este un documento denominado "Landside Middle East FZCO Business Plan", un plan de negocio que preveía ganancias de tres millones de dólares en cinco años. Según el auto, esto “permite inferir de forma indiciaria la creación de una estructura societaria para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Idella en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero”.

El Consejo de Ministros aprobó definitivamente la ayuda el 9 de marzo de 2021. La sociedad quedó constituida ocho días después, el 17 de marzo, participada al 100% por Idella Consultanza Strategica, según las comunicaciones intervenidas por la UDEF. Idella no presenta sus cuentas anuales al Registro Mercantil desde 2018 —tres años antes de la constitución de la offshore— por lo que no se puede comprobar si esta aparece en sus documentos financieros. 

De estos hechos, el juez concluye que "las instrucciones parten necesariamente" de Zapatero. Según datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria recogidos en el auto con fecha de febrero de 2026, no consta que se haya efectuado en España pago alguno en ejecución del contrato con Plus Ultra. El auto señala que el patrón detectado "encaja en las modalidades típicas de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo", en particular en lo relativo a la "creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia" para impedir el rastreo de los fondos.

La política española se adentra en un terreno desconocido. Por primera vez un expresidente del Gobierno ha sido imputado por la Audiencia Nacional por un caso de corrupción. La decisión sobre José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un shock en el socialismo por lo que supone su figura, y desde el Palacio de la Moncloa y la sede de Ferraz se hace una defensa cerrada del que fuera su líder.

A pesar de haber dejado el Gobierno hace casi 15 años, Rodríguez Zapatero es un expresidente con mucha presencia pública y se ha convertido en uno de los principales activos de su partido. Es ovacionado en cada mitin, se implica de lleno en las campañas, tiene hilo directo con Pedro Sánchez y fue uno de los pilares para que la izquierda pudiera resistir en las elecciones del 23 de julio de 2023.

Pero ese fervor que despierta en todo el espectro progresista tiene el efecto contrario en la derecha mediática y política, que lo detesta desde aquella victoria contra pronóstico en las elecciones de 2004. El PP y Vox tienen una especial obsesión con él y lo han puesto en el centro de su cacería política, como se pudo ver en su reciente citación en la comisión del Senado para estudiar el caso Koldo.

El juez José Luis Calama ha llamado a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio a través de un duro auto en el que sitúa al expresidente del Gobierno como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

El propio Zapatero negó, tras conocerse la decisión del juez, tener una sociedad mercantil “ni en España, ni en el extranjero, ni participada por terceros”. “Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad”, recalcó en un vídeo, en el que proclamó: “Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración”.

El movimiento judicial respecto a Zapatero ha causado conmoción dentro de todo el partido, en un momento en el que se intentaba pasar página del mal resultado cosechado el domingo en Andalucía. Pero, por el momento, el apoyo es generalizado en Moncloa y en Ferraz. De hecho, el propio presidente del Gobierno envió un mensaje en el chat de la Ejecutiva, según reveló la Cadena Ser, en el que le decía a la cúpula del partido que “son momentos duros” pero que hay que sacar “orgullo y entereza”: "Hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista".

En el Palacio de la Moncloa, según fuentes del Gobierno, están convencidos de la inocencia del expresidente y ponen el énfasis en que Zapatero ha sido objeto de una campaña de la derecha desde hace años, además de subrayar que la denuncia viene de la asociación ultra Hazte Oír, con apenas unos enlaces y citando a youtubers. Desde el Ejecutivo lo que sí se trata de evitar es un choque con los jueces y se rehuye la expresión lawfare.

Pero en Ferraz sí se revuelven en público y en privado contra esa operación de las derechas para tratar de tumbar al PSOE ahora a través del expresidente. La número tres del partido, Rebeca Torró, afirmó: “‘El que pueda hacer, que haga” llevado a su máxima expresión. El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia”.

El mensaje que emiten en Ferraz pasa por estos argumentos: “José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social. Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país. La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances. El que pueda hacer, que haga”.

Esa sensación recorre a todo el socialismo en estos momentos: defensa del expresidente, pero un duro golpe al ver las imágenes del registro y la sensación de vivir en una continua operación contra ellos. Todo ello justo casi un año después del terremoto político que supuso el informe de la UDEFsobre las actividades de Santos Cerdán, ex secretario de Organización.

No obstante, en la Moncloa insisten en el mensaje de tranquilidad y de confianza en Zapatero. Por todo ello, fuentes gubernamentales descartan que el presidente pueda convocar elecciones anticipadas y tampoco ven que se pueda dar el escenario de una moción de censura.

Cuando se zarandea el tablero político, tanto en el Gobierno como en el Partido Popular miran a los socios de investidura, que son los que tienen la llave para hacer caer a la coalición. Sumar rechazó cualquier posibilidad de ruptura con el PSOE y apuntó de hecho a los jueces, a través de las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, en las que indicó que tiene “dudas” sobre la propia imputación.

Desde ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó que los jueces “están yendo” contra el PSOE, además de referirse así acerca del expresidente: "Es un activo electoral, todo el mundo lo sabe y, como dijo aquel, quien pueda hacer que haga”. El PNV, otra de las piezas clave de la legislatura, pidió “cautela” ante esta fase inicial de la investigación. Otro foco que puede provocar inestabilidad es Junts, que pidió esclarecer los hechos “respetando la presunción de inocencia”.

En la cúspide, José Luis Rodríguez Zapatero, el "presunto líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias". Esa supuesta estructura, que ha servido al juez número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para imputar por primera vez en España a un expresidente del Gobierno, tendría, según la información facilitada desde el tribunal y auto del instructor, tres niveles. El comunicado difundido desde la Audiencia no lo explica en detalle, pero el entramado liderado por Zapatero no solo habría tenido a Plus Ultra Líneas Aéreas entre sus clientes, sino que en su nómina habría algunos más. Del contacto y las gestiones con todos ellos se encargaría el segundo nivel de la estructura, en el que el juez sitúa al compañero de carreras del expresidente, el empresario alicantino Julio Martínez Martínez. El nivel más bajo de la supuesta red corrupta, en la gestión diaria del entramado, el instructor coloca a otras dos personas. A un lado María Gertrudis Alcázar, la secretaria de la oficina del ex jefe del Ejecutivo y con relación directa y supuestamente bajo las instrucciones de este. Al otro, Cristóbal Cabo Quiles, al que el juez otorga el rol de gestor diario del entorno societario de Martínez.

Zapatero, como el jefe de todo, mantendría, según Calama, el control total de las operaciones corruptas del entramado. A la red, el expresidente aportaba sus contactos personales forjados durante los siete años que ocupó el Palacio de la Moncloa. Esos contactos junto con la capacidad de acceso que un exlíder del Ejecutivo tiene a los altos cargos de la administración, se ponían a disposición de los clientes de la estructura, que recurrían a ella, según el resumen de la resolución facilitado por la Audiencia, para "obtener decisiones favorables" a cambio de contraprestaciones económicas. Desde su posición de liderazgo, no solo se habría dedicado a ejercer la influencia objeto de investigación, el expresidente se ocuparía desde el máximo puesto jerárquico de la selección de clientes, pero también del mecanismo para que sus pagos quedaran fuera del radar, impartiendo instrucciones "para crear sociedades off-shore" –la información facilitada por la AN cita una con sede en Dubai–. También adoptaría estrategias para desvincularse formalmente de la estructura. Los detalles en los que se basa el juez para hacer esa durísima acusación no aparecen en el auto.

El expresidente del Gobierno, tras conocerse su imputación, ha señalado, como ya hizo el pasado 2 de marzo durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, que él no ha tenido ninguna relación Plus Ultra ni realizó gestión alguna a su favor para que el Gobierno aprobara su rescate. Su relación con Julio Martínez, según ha asegurado en repetidas ocasiones, se limitaba a elaborar informes de consultoría "a precios de mercado".

Por debajo del exjefe del Ejecutivo y directamente a sus órdenes se encontraría Julio Martínez Martínez, su compañero de sesiones de running. Martínez era quien trataba con los clientes como "interlocutor habitual". También actuaba, según el instructor, "como receptor y ejecutor de las instrucciones directas de Rodríguez Zapatero". Fue supuestamente a sus órdenes que puso al servicio del entramado su estructura societaria para canalizar los cobros de los clientes. Martínez formalizaba esas entregas de dinero a sus empresas mediante contratos de asesoría o consultoría que, según Calama, serían ficticios y que solo se usarían "como mera justificación documental frente a terceros". En realidad esos fondos acababan en poder del expresidente o en la caja de Whathefav, la empresa de sus hijas. Durante su declaración en el Senado, Zapatero admitió haber cobrado en total en seis años 430.000 euros de Análisis Relevante, otra de las empresas de Martínez, por asesorías. La sociedad de sus hijas se habría encargado de la maquetación y el envío de sus informes, según su versión.

En el caso de los servicios prestados por la supuesta estructura corrupta a Plus Ultra, Martínez Martínez, "siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero", señala el instructor, creó al menos una sociedad en el extranjero denominada "Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco". Esas firmas estaban participadas al 100% por otra de las sociedades del compañero de carreras del exlíder de Gobierno, Idella Consulenza Strategica, con sede en Alicante. Esta última, cuyo único administrador y propietario es Martínez, firmó un contrato con Plus Ultra por el que cobraría un 1% de los 53 millones desembolsados para el rescate de la aerolínea hispanovenezolana. El instructor cree que la sociedad con sede en Dubai estaba pensada para canalizar esos fondos porque se creó solo siete días después del acuerdo con la compañía de aviación.

Fue a través de otra de las sociedades de Martínez, Análisis Relevante, con la que Zapatero sí ha reconocido una relación profesional, la que remitió un total de 490.780 euros al expresidente y otros 239.755 a la empresa de sus hijas. Esos fondos, según el auto, procedían de Plus Ultra y otras empresas interpuestas. "La mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante", sostiene Calama, "terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero". En este segundo escalón de la trama, el instructor también coloca a Manuel Aarón Fajardo García, a los que los gestores de Plus Ultra denominan "el hombre de Zapatero en Venezuela". El auto asegura que fue Fajardo con quien se pusieron en contacto los directivos de la compañía aérea para gestionar el rescate y que este les dirigió a Martínez, con el que siguieron tratando.

En el último escalón se encuentra Gertrudis Alcázar, la secretaria personal de Zapatero, que continúa con la misma función en la actual oficina del expresidente, situada justo en frente de la sede central del PSOE. Alcázar, según el auto, se encargaría de "la gestión cotidiana" de la red corrupta, ejecutando las órdenes del expresidente. Junto a ella, en ese tercer nivel, se encontraría Cristóbal Cano Quiles, el "gestor diario del entorno societario" controlado por Martínez, que tenía una fluida relación con la asistente administrativa del ex secretario general del partido. De varios correos intercambiados entre ambos, el juez deduce que, tras una comida en un restaurante entre Zapatero y Martínez, ambos habrían acordado la constitución de la sociedad off-shore con sede en Dubai.