EEUU envió a la Policía los mensajes clave contra Zapatero tras el "no a la guerra" de Sánchez a Trump

El Homeland Security Investigations (HSI), brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional, remitió a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional los mensajes clave contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras el último conflicto diplomático entre España y Estados Unidos. En un auto fechado el pasado viernes, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso infoLibre, el instructor del llamado caso Plus Ultra, José Luis Calama, explica que la información extraída de uno de los terminales móviles de Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera uno de los principales accionistas de la aerolínea, fue remitida a los investigadores el 18 de marzo. Cinco años después de que llegara a manos americanas y apenas unos días después de que el Gobierno español rechazase públicamente dar apoyo a Estados Unidos en su guerra con Irán.

El exlíder del Ejecutivo y sus hijas, a las que la acusación popular ha pedido citar como investigadas, se situaron bajo la lupa de los investigadores a comienzos de febrero, cuando en un informe de avance policial se hacía ya mención a la relación de Zapatero y la agencia WhaTheFav con Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez, y a los pagos recibidos. Una sombra sobre quien ha sido faro político y moral de la izquierda española que mantuvo la titular del Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid, Esperanza Collazos, cuando envió el caso a la Audiencia Nacional. En su auto de inhibición, la instructora añadió, entre otras cosas, una serie de mensajes que hacían referencia a la relación "personal y económica" de un empresario venezolano con alguien llamado "Zorro", "Z" o "ZZZZ".

En el auto de imputación de Zapatero, el magistrado Calama no incluye una sola referencia a ese chat. Pero sí introduce una serie de nuevas comunicaciones que la UDEF incorporó a la causa a finales de abril. Mensajes en los que se apoya el instructor para colocar a Zapatero como "núcleo decisor y estratégico de la red" de tráfico de influencias que está investigando. "Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas. Este rol se deduce de múltiples evidencias, entre ellas las conversaciones en las que se hace referencia a su capacidad de decisión", sostiene Calama en la resolución.

El magistrado recoge, en relación a esto, media docena de mensajes: "Nuestro pana Zapatero detrás", "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Los de gowair saben lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto", "No sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI", "Lo que quiero, es que hablé con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad" o "Mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España".

Todos y cada uno de estos mensajes proceden, según refleja la UDEF en su oficio 1908/26 de 22 de abril, de un teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas cuyo contenido volcó la estadounidense Homeland Security Investigations hace cinco años. Lo hizo en 2021, con Joe Biden en la Casa Blanca y en el marco de una investigación trasnacional que se había iniciado en 2018 y que giraba alrededor de una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos a través de complejas estructuras societarias. Unas pesquisas en las que trabajaban codo con codo las oficinas del HSI de Nueva York, Tampa, Miami y Boston y las autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal.

Cinco años después de su obtención y en plena crisis diplomática

En un principio, explica ahora Calama, la extracción que se hizo del móvil de Reyes Rojas estaba orientada "al contrabando". Sin embargo, el contenido del mismo "reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales". Un material probatorio que el HSI consideró que podía tener relevancia para la investigación relativa a Plus Ultra, motivo por el cual solicitaron y obtuvieron autorización para compartirlo con las autoridades españolas.

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Aunque la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción ya tenían la vista puesta sobre Reyes Rojas a finales de 2024, a raíz de unas comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación llegadas desde Suiza y Francia, lo cierto es que el contenido del teléfono de quien fuera principal accionista de Plus Ultra no llegó a la UDEF, según el instructor de la Audiencia Nacional, hasta el pasado 18 de marzo. En resumen, el volcado del dispositivo se produjo durante la Administración Biden y el envío de su contenido durante la Administración Trump.

La remisión de la información se produjo en un momento de máxima tensión diplomática entre España y Estados Unidos. El 3 de marzo, quince días antes del envío, Donald Trump amenazó con cortar todo el "comercio" con nuestro país por la negativa del Ejecutivo a que los estadounidenses pudiesen usar las bases de Rota y Morón en su ofensiva contra Irán. Veinticuatro horas más tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió a su homólogo. En una declaración institucional, aseguró que España estaría en todo momento del lado de la legalidad internacional: "No a la guerra".

Con su auto del viernes, Calama pone en marcha el proceso para legalizar los datos enviados por los estadounidenses. "La información facilitada por autoridades policiales extranjeras, en cuanto tal, puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones", resalta el magistrado. Y para ello, "resulta procedente" recabar "autorización expresa" de los estadounidenses para que todas esas conversaciones puedan ser utilizadas no solo como medio de investigación, sino también de "prueba". Un paso que ahora da el magistrado.