En su obra Chavs: la demonización de la clase obrera, el autor británico Owen Jones advertía, hace ya quince años, sobre el proceso político, mediático y cultural mediante el cual se estereotipaba a sectores de personas trabajadoras como fundamentalmente irresponsables y subvencionadas. La caricaturización despectiva estaría relacionada con la legitimación de la desigualdad, al vincular la situación económica de cada cual con un problema de conducta personal o de un estilo de vida “vicioso”, desligándola de los problemas estructurales de acceso a empleos dignos o a viviendas asequibles, y abundando en la idea moral de la culpabilización: el sistema es justo, y por tanto la pobreza o la precariedad no responden a fallas sistémicas, sino a falta de ambición y pereza personal. Meritocracia perfecta frente a inadaptados aspirantes a vivir parasitariamente del sistema.

Recordaba los trabajos de Jones al observar el tono que están adquiriendo algunos mensajes políticos y empresariales, coronados por la infame campaña de comunicación que las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han emprendido en algunos territorios de España. “Mientras unos no están, otros esperan” vincula la situación de “absentismo injustificado” con el deterioro de la calidad de la atención en la hostelería, el retraso del servicio de los técnicos de internet y, ¡ojo!, con el hecho de “que tu abuela no reciba la medicación a su hora”.

Este exabrupto llegó pocos días después de las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en las que, mezclando churras con merinas, gimnasia con magnesia, y el culo con las témporas, incidía en la utilización del absentismo como categoría de sospecha, acompañada de una propuesta programática implícita (aunque cada vez menos implícita) de reducción de derechos. 

Soy de la opinión de que esto no ha hecho más que comenzar, y el campo de batalla del hostigamiento va a ir in crescendo a la espera de un cambio de ciclo político, para que, bajo el gobierno de las derechas extremas y extremadas —en caso de llegar al poder—, se pongan en cuestión los niveles de protección del trabajo. Particularmente lo que tiene que ver con las prestaciones de desempleo, subsidios para personas mayores de 52 años, rentas de garantía vital como pueda ser el Ingreso Mínimo Vital, las pensiones, las medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, la estabilidad contractual, además, como es obvio, del derecho a recuperar la salud en buenas condiciones.

La razón de esta ofensiva no es la existencia de una sociedad española inactiva, ociosa o subsidiada. Es todo lo contrario. El incremento de las personas activas, ocupadas, y con empleo, es constatable. Nunca ha habido más gente trabajando en España, nunca ha habido tantas personas en disposición de trabajar. La mejor evolución comparada de la economía española respecto a las de otros países de nuestro entorno tiene que ver en parte con la evolución del mercado laboral. La temporalidad en la contratación del empleo asalariado en el sector privado es menos de la mitad respecto a la que sufríamos desde finales de los años 80. Las tasas de desempleo bajan por fin de los dos dígitos, el pleno empleo empieza a ser una realidad palpable en una parte de los territorios de nuestro país, y la opción de consolidar un pleno empleo a nivel general ya no es una quimera, sino que es factible. 

Pero hay más. En la próxima década se jubilarán más de 5 millones de personas, y algo menos de 2 millones de jóvenes entrarán en el mercado laboral. La retirada paulatina de las generaciones del baby boom y su sustitución por generaciones mucho menos numerosas se ha analizado desde diversos planos (el envejecimiento, la necesidad del fenómeno migratorio), pero se suele pasar por alto otro efecto, no menor: cambian las tornas. La capacidad de negociación salarial de los españoles del futuro inmediato va a incrementarse notablemente. Las vacantes laborales con las que se van a topar muchas empresas les van a obligar a mejorar sustancialmente sus ofertas salariales, o no van a encontrar personas a las que emplear. En una situación de paro inferior al que históricamente ha tenido España, con puestos de trabajo por cubrir y la expectativa razonable de encontrar un empleo si se pierde el que se tiene, las personas trabajadoras pondrán más en valor su salud, física y mental, su bienestar, la compatibilidad y conciliación de la vida personal y profesional. 

Y ahí radica “el problema”. Buena parte del capitalismo español no está “programado” para asumir ese paradigma. ¿Recuerdan? “Esto es lo que hay. Si te gusta, bien. Y si no, tengo a doscientos esperando en la puerta para coger este curro”. 

Ante esta situación, se perfila una batería política pensada para desposeer de redes de seguridad a las clases populares, que les fuerce necesariamente a asumir empleos de mala calidad, bajos salarios, deficiente prevención de riesgos laborales, o inestabilidad contractual. La idea es demonizar los derechos de conciliación, cuidados, recuperación ante la enfermedad o actividad sindical, resignificándolos en signos de improductividad, para recuperar valores de abnegación, vínculo heroico al trabajo, asunción de la explotación como forma laboral ordinaria. “Qué tiempos aquellos en que ir al trabajo con unas decimitas de fiebre estaba bien visto, y no estos flojos, que les deja la novia y se deprimen…”. 

Se trata de reducir el poder contractual de la clase trabajadora. Se trata de ir preparando el terreno para una multimillonaria transferencia de recursos públicos y salariales a los márgenes de beneficios de las empresas, y a una desregulación del cuadro de derechos y garantías sociales que España ha ido construyendo. Y se trata de favorecer las condiciones de acumulación del capital menos productivo de nuestro país, volviendo a situar los costes laborales y la precariedad en la contratación (que nunca ha desaparecido, pese a la notable reducción de una de sus expresiones más claras como es la temporalidad), como principales ventajas comparativas de nuestro modelo económico.

El error sería mayúsculo. España tiene la oportunidad de modernizar su aparato productivo en base a ventajas comparativas diferentes, particularmente el precio de la energía, continuando con la transición energética y ecológica y acelerando la electrificación de nuestro país. El contexto geoestratégico nos “obliga” a ello. La motosierra que algunos empiezan a apuntar no solo implicaría una profunda regresión social, sino que pondría palos en las ruedas de una mejora de la productividad de nuestro país, que no puede volver a pasar por el deterioro de las condiciones laborales y la desprotección social de amplias capas de la sociedad. La simplicidad de la insultante campaña sobre el absentismo anteriormente mencionada no es solo una pasada de frenada o una provocación. Es todo un síntoma.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

Llevamos décadas escuchando que el sistema público de pensiones en España es insostenible. Vox, por ejemplo, lo califica de estafa piramidal. Son afirmaciones casi siempre interesadas, que no se corresponden con la realidad. Vamos a ponerle cifras al debate. En 2025 destinamos el 12,9% del PIB a pagar las pensiones públicas: 218.000 millones de euros, sin duda una cifra elevada, pero perfectamente asumible, por cuatro razones.

La primera es que, a pesar de los discursos apocalípticos que hablan de un crecimiento disparado, el gasto en pensiones lleva más de una década prácticamente estabilizado: desde 2014 apenas se incrementó en siete décimas de PIB.

Esto contrasta con lo ocurrido durante la crisis financiera: en los años de la austeridad, la caída del PIB hizo que el gasto en pensiones pasara del 8,6% en 2008 al 12,2% en 2014, un salto de 3,6 puntos, y eso a pesar de los duros recortes que impuso la reforma de Rajoy en 2012.

Ahora ha ocurrido lo contrario; aunque la sociedad española envejece y aumenta el gasto —porque la reforma de 2021 devolvió la revalorización de las pensiones con el IPC, entre otras mejoras—, el peso sobre el PIB apenas se ha movido. Llegó a un máximo del 14% en 2020 por el hundimiento de la economía en la pandemia, pero desde entonces bajó hasta el 12,8% en 2023, donde se mantiene.

La segunda razón es que las estimaciones más rigurosas señalan un crecimiento moderado hasta 2050 y, por lo tanto, sostenible. Según la AIReF, el gasto medio anual en pensiones hasta 2050 se situará en el 14,6% del PIB. El Ministerio de Inclusión lo calcula algo más bajo, en el 14%.

En cualquiera de los dos casos, el aumento de los próximos 25 años sería de poco más de un punto de PIB. Habrá más pensionistas y pensiones más altas, pero el crecimiento previsto del PIB permitirá absorber ese incremento sin desequilibrar el sistema.

En tercer lugar, porque el sistema se financia sobre todo con cotizaciones, no con impuestos. El 87% de lo que destinamos a pagar las pensiones de la Seguridad Social procede de las cotizaciones sociales, una aportación finalista que solo puede usarse para pagar estas prestaciones. En la práctica, cada trabajador deja de percibir el 25% de su retribución bruta mientras está en activo para cobrarlo después como pensión al jubilarse. Es un salario diferido.

Precisamente como el sistema se autofinancia con cotizaciones, las transferencias del Estado —financiadas con impuestos o deuda— son la mitad de lo que se destina a sanidad.

Por último, estamos ante una decisión política, no técnica. La verdadera pregunta no es si España podrá pagar las pensiones en el futuro, sino qué prioridad quiere darles frente a otras opciones. España aún tiene un margen de crecimiento de sus ingresos públicos de hasta 3,5 puntos de PIB para elevar sus ingresos hasta la media de la Unión Europea.

En una democracia es la ciudadanía quien debe decidir esa prioridad. Nuestro país tiene margen de sobra para financiar ese incremento de un punto de PIB en pensiones, siempre que se mantenga el actual nivel de gasto militar y no se cometa el error de elevarlo hasta el 5%, que reclama Trump a los países de la OTAN.

En síntesis, la variable clave en el futuro de las pensiones es la evolución del PIB. La decisión que debemos tomar como país es qué porcentaje de la riqueza que generamos cada año queremos destinar a pensiones.

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Manuel Lago es economista y diputado en el Congreso por Sumar. 

Las camareras de piso han movido la primera ficha para conseguir un derecho que llevan años persiguiendo: ser consideradas como profesión de riesgo. Este pasado jueves 9 de julio, Omar Rodríguez Cabrera, secretario del sector estatal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de FeSMC-UGT, presentó formalmente la solicitud para la tramitación de coeficientes reductores para conseguir anticipar la edad de jubilación de estas trabajadoras, lo que defiende como “un acto de justicia social”.

Los coeficientes reductores son un mecanismo previsto en la Ley General de la Seguridad Social que permite adelantar la edad ordinaria de jubilación en aquellas actividades que acrediten unas condiciones de trabajo excepcionalmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres y que presenten elevados índices de morbilidad o mortalidad.

El sistema funciona aplicando un coeficiente concreto por cada año efectivamente trabajado en la actividad de riesgo. Esto significa que los trabajadores de las profesiones a las que se les aplica un coeficiente de 0,20, pueden descontar un año de la edad de jubilación por cada cinco trabajados, mientras que uno de 0,10 exige diez años. Sin embargo, la jubilación no puede ser nunca antes de los 52 años.

Gracias al Real Decreto 402/2025, en vigor desde mayo del año pasado, se fija un procedimiento común para solicitar este reconocimiento: cada profesión debe demostrar, mediante indicadores objetivos como la siniestralidad, las enfermedades profesionales o las bajas laborales, que el riesgo no puede eliminarse únicamente con medidas de prevención. Si el Gobierno aprueba la solicitud, los trabajadores de ese colectivo podrán jubilarse antes de la edad ordinaria sin sufrir recortes en la cuantía de su pensión, a cambio de una cotización adicional que asumirán empresas y trabajadores.

Los primeros trabajadores que consiguieron este derecho en los años 70 fueron los mineros y los trabajadores del mar. Más tarde llegaron los artistas, por las peculiares características de determinadas actividades y por la brevedad de la vida profesional en algunas categorías; y los toreros, que se pueden jubilar a los 55 años. También lo han conseguido trabajadores ferroviarios, el personal de vuelo de trabajos aéreos y los bomberos.

Sin embargo, son todavía muchas las profesiones, que, aunque cada día se enfrentan a situaciones muy complicadas que comprometen su salud física y psicológica, todavía no han logrado tener un coeficiente reductor específico.

En el caso de albañiles y trabajadores primarios de la construcción no tienen reconocido este derecho, por lo que mantienen la misma jubilación que el resto de trabajadores. “No tiene sentido que una persona de más de 60 años siga trabajando en un andamio, cargando pesos, adoptando posturas forzadas o expuesta a agentes cancerígenos y tóxicos”, denuncia Aída Suárez, secretaria de Salud Laboral y Política Energética de CCOO del Hábitat, en conversación con este periódico.

Por esta razón, junto a UGT, registraron en julio de 2025 una solicitud para que los profesionales que trabajan en los oficios de mayor desgaste físico, como albañiles, poceros u operarios de carreteras, puedan tener coeficientes de reducción y disfrutar de una jubilación anticipada. Su principal argumento es la elevada siniestralidad en el sector. 

Sergio Estela, portavoz de UGT-Federación de Industria, Construcción y Agro, recuerda que “en los cinco primeros meses de 2026 han fallecido 71 trabajadores en la construcción”, el mayor número de todos los sectores económicos, y advierte de que, si la tendencia continúa, "superaríamos los 200 fallecidos al año, y eso no lo podemos consentir”. Para ambos sindicatos, permitir la jubilación anticipada de quienes desempeñan los trabajos más penosos no solo mejoraría la salud de los trabajadores, sino que contribuiría a renovar el sector y a hacerlo más atractivo para las nuevas generaciones.

La petición no cuenta por el momento con el respaldo de la patronal, porque defienden que “supondría un sobrecoste que no están dispuestos a asumir”. Desde los dos sindicatos indican que están en contacto constante para conseguir su respaldo, “perfilar los cálculos y determinar con precisión qué profesiones presentan un mayor riesgo y una mayor exposición a la siniestralidad y a las enfermedades profesionales”, porque consideran que “es una cuestión de justicia”.

Una lucha que también se arrastra desde hace años y que puede estar cerca de terminar, está dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Ertzaintza tiene reconocido un coeficiente de 0,2 desde 2010, mismo grado que recibieron las policías locales en 2019 a través del Real Decreto 1449/2018. También lo consiguieron los Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra 2022, dejando fuera a los dos cuerpos principales: Policía Nacional y Guardia Civil.

La reducción de la edad de jubilación en ambos cuerpos es uno de los principales caballos de batalla de los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil. Sin embargo, todo el proceso se ha acelerado gracias a una sentencia del Tribunal Supremo impulsada por JUPOL, sindicato mayoritario dentro de la Policía Nacional.

El Alto Tribunal concluyó en mayo de 2025 que el Estado estaba incurriendo en un “trato discriminatorio” al no regular la jubilación anticipada de los agentes de la Policía Nacional adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, mientras sí la había reconocido para policías autonómicas y locales. En su fallo, el Supremo obligó al Gobierno a iniciar el procedimiento para desarrollar esta regulación mediante un real decreto, al considerar que la diferencia de trato carecía de una justificación objetiva y razonable.

Unas semanas después, el Gobierno aprobó el nuevo Real Decreto 402/2025, que establece un procedimiento común para solicitar coeficientes reductores en profesiones especialmente penosas, peligrosas o insalubres. Desde entonces, tanto los sindicatos de la Policía Nacional como las asociaciones de la Guardia Civil están participando en las mesas de negociación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para concretar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y la financiación del sistema mediante un incremento de las cotizaciones.

Según indican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en este cuerpo, actualmente se encuentran en un parón de las negociaciones, que se retomarán en septiembre. Su portavoz, Diego Madrazo, se muestra optimista y asegura a infoLibre que espera que para el próximo enero ya tengan reconocido este derecho.

La jubilación anticipada es también una de las reivindicaciones centrales del personal sanitario y se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción durante la negociación del nuevo Estatuto Marco. Los sindicatos sostienen que las guardias, el trabajo nocturno y a turnos, la sobrecarga asistencial, el desgaste físico y emocional y la exposición a riesgos biológicos y psicosociales justifican que se estudie la aplicación de coeficientes reductores a determinadas actividades y categorías profesionales del Sistema Nacional de Salud.

Esta petición se ha convertido en el motor de diferentes movilizaciones y protestas en los últimos años, pero, según aseguran fuentes sindicales, “lo ven muy mal” para conseguir este objetivo en un futuro próximo. En enero de 2026, SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF alcanzaron con el Ministerio de Sanidad un acuerdo para iniciar la tramitación del Estatuto Marco y el borrador negociado contemplaba que Sanidad elaborase informes técnicos sobre las ocupaciones que pudieran considerarse excepcionalmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y que, una vez realizados estos estudios, las administraciones y las organizaciones sindicales promovieran ante la Seguridad Social el procedimiento para determinar si correspondía establecer coeficientes reductores.

Sin embargo, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros y sometido a audiencia pública en junio eliminó esa regulación detallada. El nuevo texto mantuvo una referencia genérica a que la jubilación anticipada podría regularse mediante la correspondiente norma reglamentaria y previa tramitación del procedimiento establecido en el Real Decreto 402/2025, pero dejó de recoger expresamente el compromiso de realizar los estudios y de impulsar la solicitud. 

Los sindicatos denunciaron entonces que el cambio debilitaba lo pactado y exigieron recuperar la redacción anterior. infoLibre ha contactado con Sanidad, donde aseguran que estos informes todavía están en proceso de elaboración, pero la decisión final recae en el Ministerio de Inclusión, por lo que el proceso está todavía en una fase embrionaria.

Sin embargo, existe un rincón oscuro donde este principio parece esfumarse: el de las pensiones. Y lo traigo a colación por la reciente —y traumática— modificación de la disposición transitoria 34 de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), que perjudica a los futuros jubilados que espero sea una más de las aventuras de la actual ministra. No entraré hoy en los detalles técnicos de esa disposición concreta, porque mi reflexión pretende ir más allá, al corazón del problema filosófico y social que subyace.

Cuando un trabajador comienza su vida laboral, no solo firma un contrato con una empresa o la administración; suscribe un pacto social firme con la sociedad. Es un "contrato social" en toda regla. Los términos de ese acuerdo son claros y simples: trabajarás durante determinado tiempo, cederás una parte de tu salario durante décadas al sistema público. A cambio, la sociedad —a través del Estado— te promete que, tras unos años concretos de esfuerzo, podrás retirarte con dignidad, liberando tu puesto para las generaciones venideras.

Sobre la base de ese acuerdo explícito, recogido en las leyes vigentes en cada momento, las personas construyen su vida. Hacen sus previsiones, calculan sus ahorros, ingresos y gastos, valoran el desgaste físico y mental de una profesión, planifican un futuro. El minero, el oficinista, el funcionario el autónomo que empieza a determinados años, sabe —y si no lo sabe está escrito en la ley que acepta en el momento de empezar a trabajar—que tendrá que aguantar hasta los años que sean que en ese momento de firmar el contrato. 

Pero entonces ocurre lo inesperado. Una de las partes del contrato —no la sociedad en su conjunto, sino sus legítimos pero cambiantes representantes políticos— decide unilateralmente reescribir las cláusulas. Y uno, en su ingenuidad, se dice a sí mismo: "Tranquilo, las leyes que me perjudican no tienen efecto retroactivo, eso es sagrado. Solo me beneficiarán las que mejoren mis condiciones futuras". Error.

Porque lo que sucede es que te dicen: "Bien, sé que cuando empezaste a trabajar el contrato estipulaba la jubilación a los 65 años, pero la nueva cláusula dice que será a los 67. Y aunque hayas estado 35 años cumpliendo las reglas que firmaste, te aplicamos las nuevas". Y zas. Se te exigen más años cotizados. Se te retrasa la edad de jubilación. Se te reduce la cuantía. Se te aplican unos coeficientes reductores agresivos. Se ha aplicado una nueva ley a una situación que empezó hace 35 años, modificando las condiciones de un pacto que ya estaba en marcha perjudicando tus previsiones.

Y esto, ¿no es acaso una aplicación retroactiva de la ley que perjudica y restringe derechos individuales? Lo es, pero disfrazada. Se le llama "modulación", "transitoriedad larga" o "adaptación al envejecimiento de la población". Sin embargo, para el ciudadano de a pie el efecto es idéntico al de la retroactividad prohibida que restringe derechos: una ley nueva le exige más a cambio de lo que ya había pagado.

Me sorprende profundamente —y ahí reconozco mi desconocimiento jurídico— que no haya habido recursos masivos y exitosos contra esta aplicación encubierta del principio de retroactividad. ¿Dónde están las demandas por modificación unilateral de contrato? ¿Dónde está el clamor por la expropiación de derechos adquiridos?

Entiendo que el sistema necesita sostenerse. Entiendo que la demografía pone presión. Pero ¿la única forma es romper el “contrato social” firmado con los trabajadores que hicieron sus previsiones con unas determinadas cláusulas? La forma en que se hace es, cuando menos, perversa. Se utiliza la excusa de que "no hay derechos adquiridos a futuro" siendo uno mismo el mismo trabajador que aquel que firmó ese contrato, para dinamitar la confianza en el pacto intergeneracional.

Porque la cuestión de fondo es si el "contrato social" de la jubilación es una apuesta de futuro incierto o un derecho consolidado por el esfuerzo pasado. Si se permite que las reglas cambien constantemente a peor —en las mejoras, y ha habido muchas, no se aplica el principio de irretroactividad que solo actúa en aquellos aspectos perjudiciales— para quienes ya están dentro del juego, ¿qué seguridad jurídica nos queda? Se termina transmitiendo el mensaje de que el principio de irretroactividad es un adorno bonito para los manuales de derecho, pero que, en la práctica, todo contrato con el Estado puede ser reescrito cuando la caja está vacía.

Hay que entender que cuando se rompe esa confianza, el daño es casi irreversible. La sociedad no solo empobrece a sus mayores; deslegitima el propio sistema que los sustenta. Porque si el pacto de la jubilación no es firme, entonces todo el edificio de la contribución social empieza a tambalearse. Y ese, quizás, es el precio más alto que pagamos por esta excepción a la regla.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

Empecé a trabajar nada más acabar mis estudios y cumplir con el obligatorio servicio a la patria. Desde entonces, no he dejado de cotizar. Crisis, reconversiones, reformas laborales, precariedad, cambios de empresa. Siempre cumpliendo. Siempre aportando.

Hoy, con casi 39 años cotizados, más de lo que exige la ley para cobrar el 100% de la pensión, descubro que, si no aguanto hasta la edad exacta que marca la normativa, seré penalizado de por vida.

No por fraude.

No por incumplir.

No por comodidad.

Por no poder más.

Y esto ocurre bajo un gobierno que se presenta como progresista.

Cumples todo… y aun así pierdes.

La legislación fija que, con unos 38 años y 6 meses de cotización, se alcanza el derecho al 100% de la base reguladora. Muchos trabajadores superamos esa cifra con creces.

Hemos sostenido el sistema durante cuatro décadas.

Hemos financiado pensiones ajenas.

Hemos cumplido nuestra parte del contrato social.

Pero si te jubilas un año o dos antes de cumplir los 65 aunque hayas cotizado más de 40 años, se nos aplican coeficientes reductores permanentes. Eso significa cobrar menos hasta el último día, aunque hayas cumplido todas las reglas. 

¿Dónde está el sentido común?

Incentivos para quien puede o quiere, castigos para quien no.

El sistema premia a quien prolonga su vida laboral más allá de los 65. Me parece razonable: quien quiera y pueda seguir, que lo haga.

El problema es el otro lado.

A quien llega agotado, se le castiga.

A quien no puede más, se le recorta.

A quien necesita parar, se le penaliza.

El mensaje es claro:

“O sigues produciendo, o pagas”.

Eso no es justicia social. Es una lógica empresarial aplicada a la vida.

La política ha puesto el tema sobre la mesa, aunque sin resolverlo.

En mayo de 2024 se registró una Proposición de Ley para eliminar las penalizaciones a quienes acrediten 40 años o más cotizados, promovida por Unidas Podemos junto a colectivos como ASJUBI40. La propuesta plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para impedir esos recortes.

En noviembre de 2025, el Congreso aprobó una moción instando al Gobierno a avanzar en esa dirección. Pero no es vinculante. El Ejecutivo mantiene los coeficientes, alegando la sostenibilidad del sistema. Resultado: el Parlamento reconoce la injusticia, pero la ley sigue castigando a los mismos.

El sistema presume falsamente de tratar a todos por igual.

Pero no es lo mismo 40 años en una oficina cómoda que en una obra, una fábrica o un hospital, en una cátedra que en una peluquería. No es lo mismo llegar con 65 estupendo que llegar roto.

Un sistema progresista debería reconocer otros factores como el desgaste. Este no lo hace. Mi generación levantó este país. Pagó impuestos. Pagó cotizaciones. Sostuvo servicios públicos. Y ahora recibe este mensaje: “Aguanta un poco más”. Siempre un esfuerzo más. Siempre un sacrificio más. Nunca basta. Eso no es solidaridad intergeneracional. Es cargar el ajuste sobre los mismos de siempre. No pedimos privilegios. No pedimos regalos. No pedimos más dinero. Pedimos lo que es justo.

¿Es radical exigir jubilarse sin castigo tras cumplir el tiempo exigido?

Lo insostenible es obligar a la gente a trabajar hasta enfermar.

Un error político grave, se está erosionando la confianza de un electorado clave: trabajadores veteranos, futuros pensionistas, clase obrera madura. Personas que votaron esperando protección social. Y reciben recortes. Luego se habla de abstención o voto de castigo. El desencanto nace de decisiones como esta.

Un gobierno que se dice progresista no puede penalizar a quienes más han contribuido. No puede hablar de justicia social mientras recorta pensiones a quienes han trabajado toda su vida. La jubilación debería ser un derecho ganado.

Hoy, para muchos, es un peaje.

Y eso no es progreso. Es fracaso.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

La vida, entendida como reparto de tiempos, decisiones y expectativas, ya no se parece a lo que fue. Durante décadas dimos por sentado que la vida avanzaba siguiendo un mapa fijo: estudiar, formarse, trabajar, formar una familia, jubilarse. Una secuencia lineal, ordenada y relativamente predecible. Sin embargo, en los últimos años ese mapa ha empezado a desdibujarse. La longevidad crece, la natalidad cae, el trabajo se transforma, las familias se retrasan y la neurociencia revela que maduramos más tarde de lo que creíamos. Con ello, las etapas de la vida ya no duran lo mismo ni significan lo mismo.

Hoy vivimos más y también vivimos distinto. Durante toda nuestra vida el cerebro humano pasa por fases diferentes. Estos ciclos se dan gracias a los hitos conseguidos durante los años y que se acompañan de unas experiencias concretas. Cada hito y etapa se puede identificar por conocimientos específicos adquiridos a través de vivencias determinadas. Así, podemos ver que estos cambios no responden a patrones uniformes, se dan cuando la persona experimenta acontecimientos específicos que son significativos. Ejemplos de estos hitos pueden ser: terminar los estudios, independizarse, formar una familia, la compra de la casa o el coche, entre otros.

Hasta hace unas décadas se podía observar que el paso por estas etapas se daba de manera generalizada en rangos específicos de edad. Hoy en día, la situación socioeconómica y demográfica no es la misma y esto ha cambiado. Pero, ¿cómo influye esta realidad en nuestra biología?

Gracias a los avances médicos, nutricionales y tecnológicos, las personas no solo vivimos más, sino mejor. La esperanza de vida supera en muchos países los 85 años y la llamada “vida útil” se estira: seguimos física y cognitivamente activos mucho más tiempo que generaciones anteriores. Este fenómeno, que algunos expertos denominan paso de una sociedad envejecida a una sociedad de longevidad, implica que las fronteras entre juventud, madurez y vejez se vuelven más difusas.

La ciencia del cerebro refuerza este cambio. Investigaciones recientes muestran que la corteza prefrontal, responsable del juicio y de la planificación, termina de madurar entre los 25 y los 30 años, mucho después de lo que se pensaba. Por eso algunos estudios hablan ya de una “adolescencia extendida”, que no terminaría a los 18, sino más cerca de los 30. En otras palabras: no solo vivimos más años, sino más etapas dentro de esos años.

A este alargamiento vital se suma otra tendencia: la natalidad desciende en casi todos los países desarrollados. Las familias se forman más tarde, si es que se forman. La edad media del primer hijo no deja de aumentar. El resultado es una pirámide poblacional transformada: menos niños, más adultos mayores, y una población con más longevidad que juventud.

Este aplazamiento generalizado de decisiones (tener hijos, emanciparse, estabilizarse laboralmente), alarga la juventud, complica la entrada en la adultez y hace que las transiciones vitales ya no ocurran al mismo tiempo para todas las personas. La norma hoy es la diversidad de ritmos.

La prolongación de la vida activa también está redibujando el mercado laboral. La fórmula clásica (estudiar 20 años, trabajar 40 y jubilarse a los 65) se ha roto. Ya no encaja en un mundo en el que la longevidad aumenta, la tecnología desplaza empleos y la reinvención profesional se vuelve imprescindible.

Cada vez más personas cambian de ocupación a los 40 o 50 años, continúan formándose, emprenden, se reinventan. Para muchos, la llamada “segunda juventud profesional” es una realidad: un tramo vital de descubrimiento y oportunidad que antes no existía.

En paralelo, la jubilación deja de ser un punto final. Se convierte en una transición flexible: algunas personas trabajan más allá de los 67, otras emprenden proyectos, otras alternan descanso y actividad. Donde antes había un cierre definitivo, hoy hay múltiples caminos.

La unidad tradicional de etapas (infancia, juventud, adultez y vejez) ha dado paso a una constelación de microfases:

Las decisiones vitales ya no están ordenadas cronológicamente. Algunas personas estudian con 50, otras emprenden con 60, otras se reinventan con 35 y otras deciden no seguir un camino convencional. La flexibilidad amplía las oportunidades, pero también multiplica las dudas.

¿Cuándo empieza la edad adulta? ¿En qué momento se espera estabilizarse? ¿Qué significa “envejecer” cuando a los 70 se sigue activo? Si la vida cambia, también deben cambiar nuestras instituciones. La escuela, la universidad, las empresas, el sistema de pensiones, la sanidad, la vivienda… todos fueron diseñados para una vida más corta y lineal. Hoy deben enfrentarse a nuevas preguntas:

El futuro no será de quién viva más, sino de quienes sepan rediseñar la vida en función de estos cambios.

El alargamiento de la vida no es solo un dato demográfico: es un cambio en la civilización. Nos obliga a reconsiderar qué significa ser joven, adulto o mayor. A entender que la vida ya no es una línea recta, sino un viaje flexible, con etapas reversibles, decisiones aplazadas y oportunidades múltiples.

Vivir más debería ser sinónimo de vivir mejor: con más aprendizaje, más relaciones, más proyectos y más libertad para elegir. Y para que eso sea posible, nuestras instituciones, nuestra cultura y nuestras propias expectativas deben actualizarse.

Porque vivir más años no es el reto. El reto es reimaginar la vida que queremos vivir dentro de esos años.

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Fernando Díez Ruiz es profesor asociado en la Universidad de Deusto y Elene Igoa Iraola es profesora e investigadora de la Universidad de Deusto. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Puedes leer el artículo original aquí.

El Tribunal Supremo (TS), a través de su Sala de Gobierno, ha hecho llegar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un acuerdo aprobado por unanimidad de sus miembros para que se retrase la edad de jubilación de sus magistrados de los 70 a los 75 años. La medida, que supondría una prórroga de la apabullante mayoría conservadora del órgano, implica una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fuentes del Gobierno ven inviable. El Alto Tribunal justifica su iniciativa por la falta de experiencia del gran número de nuevos miembros recién nombrados tras años sin poder hacerlo debido al bloqueo del Consejo, pero fuentes judiciales aseguran que detrás de ello hay, sobre todo, un motivo económico: la enorme pérdida de ingresos que supone convertirse en pensionistas.

La propuesta fue aprobada el pasado octubre en la Sala de Gobierno por unanimidad de sus miembros, lo que significa que salió adelante también con el voto de la presidenta del Supremo y del Consejo, Isabel Perelló. El encargado de redactar el informe que la contiene fue el vicepresidente del Alto Tribunal, el conservador Dimitry Berberoff. "El desempeño de los nuevos magistrados de reciente ingreso no alcanza un rendimiento pleno, equiparable al de los magistrados veteranos, hasta trascurrido cierto tiempo", decía el documento. "La exigencia de calidad en las resoluciones judiciales (...) y la altísima especialización (...) impone una especial dedicación por parte de los magistrados recién incorporados", añadía.

Actualmente, la edad de jubilación de los miembros de la judicatura está establecida en los 70 años en el artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa misma norma permite que dos meses antes de que cumplan esa edad, puedan solicitar una prórroga al CGPJ hasta los 72 años que este está obligado a conceder. Los magistrados del Supremo mantienen esa categoría desde su nombramiento hasta que alcanzan esa edad. La Sala de Gobierno asegura que, en los próximos 10 años, 65 magistrados –es decir, el 72% de la plantilla del Supremo– se convertirán en pensionistas, lo que impediría garantizar, a su juicio, "una plantilla estable, de modo que la actividad del Tribunal Supremo mantenga la homogeneidad deseable", sostiene su informe.

La propuesta reclama que la ampliación de la edad de jubilación a los 75 se apruebe para todos los jueces y magistrados, pero en caso de no poder hacerse, se establezca únicamente para los miembros del Alto Tribunal. Como alternativa, plantean la reintroducción de la figura de los "magistrados eméritos", que puedan desarrollar sus funciones hasta esa edad. Esa figura fue abolida en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. "En el caso del Tribunal Supremo, la situación coyuntural que atraviesa precisa el establecimiento de dicha medida de prolongación de la edad de jubilación de modo urgente", afirma la Sala de Gobierno en el documento que ha enviado al Consejo.

En el órgano de gobierno de los jueces, las posiciones están divididas. La presidenta Perelló –que también preside la Sala de Gobierno del TS– ha trasladado ya el acuerdo a los vocales. Mientras que en el sector conservador se ve con buenos ojos la propuesta, el progresista, en principio, se opone. Una de las razones para hacerlo es supondría alargar el mandato de los actuales magistrados, muy escorados a la derecha, después de un Consejo netamente conservador prorrogado durante más de cinco años por la negativa del PP a negociar su renovación hasta junio de 2024.

En el Gobierno, que es quien tendría que incluir la medida en alguno de los proyectos de ley orgánica en tramitación, tampoco se entiende la propuesta. Fuentes judiciales aseguran que la iniciativa de la Sala de Gobierno no es nueva y que lo que en realidad tiene detrás son motivos económicos. Al jubilarse, los magistrados del Supremo quedan con la pensión máxima, pero ello supone una pérdida de ingresos en su nómina mensual de varios miles de euros. Permitirles jubilarse más tarde, según fuentes del Ejecutivo, supondría un agravio comparativo frente a otros cuerpos, como, por ejemplo, los profesores de universidad.

La falta de apoyos del Ejecutivo en el Congreso debido a la ruptura de Junts con el PSOE también dificulta que una iniciativa como esta, que requiere el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara al tratarse de la reforma de una ley orgánica, pueda salir adelante.

Telefónica ha rebajado el 20% las salidas mínimas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para Telefónica SA, la filial de Global Solutions y la de Innovación, en una oferta que es la definitiva por parte de la compañía y que "valoran" los sindicatos, que "actuarán con responsabilidad", según ha informado EFE.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han asegurado que analizarán la propuesta "con el fin de adoptar una posición definitiva, valorando de forma realista el contexto y las consecuencias que se derivan de cada una de las posibles opciones".

Este planteamiento definitivo de Telefónica contempla una mejora para las prejubilaciones y que las bases reguladoras integren los salarios fijos y el total del variable para los meses en activo en los que sigan trabajando.

Con esta nueva propuesta, las salidas para las filiales negociadas este martes son: 112 para Telefónica Global Solutions, 186 para la filial de Innovación y 301 para Telefónica SA.

Asimismo, Telefónica elimina el criterio de 'performance' de los requisitos de adhesión al ERE, mientras que ha aumentado el porcentaje de base reguladora un 1% anual, de cara al segundo tramo de rentas.

Telefónica también permitirá las salidas de áreas críticas a personas prejubilables y un 10% adicional en el resto de áreas, con un 35% en global respecto a salidas en Telefónica Innovación Digital.

Al mismo tiempo, el grupo plantea una antigüedad mínima de trece años en el grupo, mientras que establece primas de voluntariedad en función de antigüedad de hasta 18.000 euros y mantener el seguro de salud privado.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han reivindicado que siguen existiendo "alternativas" a este ERE "que deberían haberse explorado con mayor profundidad y que el ajuste de empleo no puede convertirse en una herramienta recurrente de gestión".

El pasado mes de noviembre, la compañía anunció a los trabajadores la implantación de expedientes de regulación de empleo en las tres filiales principales -Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones- y Movistar+.

Posteriormente, a principios de diciembre Telefónica propuso que estos ERE tuvieran las mismas condiciones que el que se efectuó el año pasado, sin descartar la posibilidad de despidos forzosos. Además de las filiales mencionadas en el primer anuncio, también se verían afectadas Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital.

Concretamente, se estimaba que afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas. Sin embargo, los sindicatos que participan en el proceso negociador criticaron la oferta.

Telefónica ha planteado reducir otro 5% la afectación por el expediente de regulación de empleo (ERE) en tres de las siete compañías del grupo, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y su matriz, Telefónica SA, ha informado UGT en un comunicado.

La dirección ya planteó el pasado día 4 reducir el número de despidos en un 5%, lo que, unido a este 5%, permitiría que la afectación fuera del 10%. Inicialmente, la medida afectaba a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas.

Según el sindicato, Telefónica ha propuesto que el ERE rebaje 38 despidos respecto a la propuesta presentada por la dirección la semana pasada, que ya planteaba reducir en 38 personas la primera cifra del ERE para estas tres empresas.

Con esta nueva oferta, la multinacional plantea que los despidos en la matriz sean 359, mientras que en Telefónica Innovación Digital propone 221 salidas y 133 en Telefónica Global Solutions, lo que elevaría 713 despidos en estas tres filiales. En total, el cambio que proponen es reducir los despidos a 5.961 en el total del grupo.

UGT considera que la reducción es "totalmente insuficiente" y continúa "muy alejada" de un posible escenario de acuerdo, al tiempo que reclaman explorar alternativas como la movilidad funcional dentro del grupo. Así, han destacado que no existe "posibilidad de acuerdo real" en estas condiciones y urgen a acelerar la negociación porque los avances "siguen siendo claramente insuficientes".

Asimismo, Telefónica ha propuesto actualizar los tramos de renta para las prejubilaciones, con un 68% del salario para los trabajadores hasta los 63 años y un 38% a partir de entonces, aunque UGT pide mejorar "todavía más los márgenes", que son, a su juicio, poco atractivos. El sindicato también exige ampliar la edad mínima para poder inscribirse como salida voluntaria a aquellas personas nacidas en 1971, y años anteriores. 

Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,7% en 2026, una vez adelantado el dato de inflación de noviembre (3%), que permite avanzar el cálculo de la revalorización para el año que viene.

El 2,7% es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal y como se recogió en la reforma de las pensiones.

Según datos del Ministerio de Inclusión, la revalorización supondrá que un pensionista que perciba una pensión de 1.511,5 euros al mes (la pensión media de jubilación) pasará a recibir 1.552,3 euros mensuales en 2026, lo que supone un incremento anual de 572 euros o de 40,8 euros mensuales.

Este incremento beneficia a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.000 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre, que en esta ocasión da como resultado un 2,66 %.

La cifra se confirmará el 12 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo del IPC.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que con esta revalorización conforme al IPC "los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo", dentro de los compromisos del Gobierno para que el sistema "sea cada vez más equitativo y sólido".

La penúltima estrategia de la cruzada mercantil contra las pensiones públicas está azuzando el conflicto generacional entre boomers y millennials. El ‘’hit’ más reciente ha sido el libelo titulado La vida cañón. La historia de España a través de los boomers, escrito en ameno estilo periodístico, lenguaje cheli y jerga millennials por Analía Plaza (AP), que selecciona a medio centenar de entrevistados (flagrante error muestral), retorciendo los números y los hechos para confirmar una idea preconcebida: los boomers tenemos la culpa de todo lo que les pasa hoy a los millennials. ¡Qué bárbara!

Soy boomer, claro, y pensionista (la mayoría de esta generación acotada arbitrariamente no se ha jubilado aún), he cotizado, sí, durante 40 años a la Seguridad social (en la base máxima durante 38 de ellos), no he tenido jamás un empleo estable y permanente en una sola empresa (contra lo que AP estereotipa), no tengo un piso en la playa, no me voy de safari a Kenia ni viajo de placer a Vietnam (y me encantaría conocer la Bahía de Ha-Long), tengo una casa pagada, sí (no me la trajeron los Reyes Magos, sino una hipoteca por 25 años al 14,75% de interés, y un préstamo personal al 15,80% para la entrada). Cuando terminé dos licenciaturas en la Universidad Complutense, estuve más de un año sin encontrar un trabajo y desde que firmé mi primer contrato (al que siguieron seis o siete más en otras tantas empresas) no tuve en ningún momento la percepción de empleo vitalicio, como los funcionarios y ‘telefónicos’ en los que AP engloba, en desnortada sinécdoque, a todos los boomers que en España somos. Conclusión: no debo de ser un Búmer Bumérez (el personaje masculino de La vida cañón) o no lo es la mayoría de los cinco millones de boomers que vivimos en este país. Y last but not least, tengo tres hijas millennials, lo que explica que conozca bien a esta generación y sus problemas (la vivienda, el primero) y que no me pueda permitir aquí el lujo de devolver la crítica en modo búmeran. 

Dejemos el anecdotario que distrae la atención de la premisa mayor: cómo nos pagamos los boomers la vidorra que tanto envidia Analía Plaza. Pues con la pensionazas que les han caído a este panda de suertudos. Digamos que este es el core business del libro citado, aunque la imputación entronice a los boomers además como los grandes beneficiarios de todas las fallas y despropósitos del sistema capitalista y de los regímenes políticos que han venido administrándolo en la historia de España de los últimos 70 años.  

La interpretación que hace AP del “sistema de reparto” que consagra nuestra ordenamiento jurídico vigente de la Seguridad social se simplifica con que “la generación de pobres está transfiriendo (parte de su renta) a los ricos a través de sus esquilmadas cotizaciones sociales”. Silogismo falso en todas sus premisas. Como se sabe, ha sido la equidad intergeneracional la que ha inspirado este sistema, frente al de “capitalización”, que habría perjudicado a la inmensa mayoría de ciudadanos en este país, antes y ahora. La gestión de las pensiones públicas ha sido, es y será siempre problemática, aquí y en los demás países avanzados que las disfrutan (yo mismo dudaba hace cuarenta años si tendría una pensión digna cuando llegara mi jubilación). Y siempre se dirá que la financiación del sistema es estructuralmente inviable.  

Hay que advertir contra los falsos amigos (los datos trucados) y las cruzadas que desde siempre son y serán enemigas de las pensiones públicas: l@s abanderad@s de los fondos de pensiones privadas y la propia banca que los acoge. Entre los datos falsos, los del coro de escandalizados con el importe abusivo de las pensiones revalorizadas. Lo cierto es que el importe medio de las pensiones de jubilación en España en septiembre de 2025 es de 1.508€, que baja a 1.313€ si contabilizamos todas las pensiones: incapacidad permanente, viudedad, orfandad,… España ocupa el puesto 14º entre los países europeos por el importe medio de sus pensiones de jubilación (están por delante Islandia, con 2.762 €, y siguen Noruega, Dinamarca, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Finlandia, Italia, Francia, etc.). Más detalles: la pensión media en Andalucía es de 1179€, en Madrid, 1.522€; en Cataluña, 1.366€, en el País Vasco, 1.618€,…. Es la renta el factor crítico.

Si nos referimos al gasto en protección social, en términos de PIB, en la UE-27, España (25,8%) está también por debajo de Francia (34%), Alemania (30%), Italia (29,8%), Países Bajos (27,1%),… 

El problema no son tanto las pensiones ni los pensionistas como los salarios, es la precariedad laboral, es la desigualdad. Se angustian los millennials porque no hay/habrá gente para costear las pensiones hasta que no desaparezcamos los millones de boomers, pero la Seguridad social cuenta ahora con 21,69 millones de afiliados, récord absoluto, tres millones más que en 2017. Y los angustiados dirán “pero con salarios más bajos”. En efecto, los déficits son la renta, la desigualdad, la brecha de género,…como apuntaba muy bien en su informe Selina Bárcena en infoLibre.

Otro falso amigo de las pensiones es el falso ‘coste de oportunidad’ de su encarecimiento sostenido (en los últimos años): aquello de que lo que se destina a subir las pensiones podría ir a otro capítulo de gasto público (por ejemplo, la política de vivienda). (Paréntesis: a mí me decían lo mismo cuando dirigía una empresa pública de radio y televisión). Es falso que pueda haber un coste de oportunidad: primero, porque esos capítulos de gasto proveen derechos esenciales para los ciudadanos y, además, alimentan la demanda agregada de la economía, vía consumo y, por tanto, contribuyen al crecimiento; y, segundo, porque no hay evidencia alguna de que minorar un gasto de esa naturaleza vaya a aumentar en la misma medida otro de distinta finalidad no atendido antes en el Presupuesto público. Y una pregunta más, en la misma línea: ¿por qué duele tanto la subida de las pensiones y no se da hiperestesia alguna con los más de 70.000 millones de euros, agujero del rescate bancario que no nos iba a costar nada, según Rajoy, ni los 34.000 millones que ha costado el ‘banco malo’ (SAREB), que se quedó con los activos tóxicos de los bancos tras las crisis inmobiliaria?   

En cuanto, finalmente, a los ‘cruzados’ enemigos de las pensiones públicas, ahí están los fondos de pensiones privados, hijos del capital financiero global, y la banca que suele hacer de depositaria y que está encantada con los planes de pensiones: tienen muy baja rentabilidad para el titular y son costosos (suelen cobrar un 1,70% del total, décima arriba o abajo, por las comisiones de gestión y depósito). Yo tenía hace treinta años tan ‘poquita fe’ en mi buena pensión futura, como boomer privilegiado, que he venido suscribiendo PPs y ahí estoy aguantando el chaparrón.  

En fin, menos camelos, que el futuro siempre fue y será incierto pero estoy seguro de que mis hijas no serán más pobres ni vivirán peor que yo cuando sean mayores (state of mind de boomer). Es tramposo comparar la riqueza de un boomer actual, que tiene 60 años o más, con un millennial, de 35, como si lo haces con el mismo boomer de hace 30 años. Entonces, hago votos por la generosidad del Espíritu Santo con Analía Plaza en la procura a la mayor brevedad de casa pagada, empleo vitalicio, pensión máxima y creciente patrimonio…. Para que empate ya y pueda entregarse a la vida cañón.

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Rafael Camacho Ordóñez es periodista y consultor.

Los catedráticos de Universidad nos jubilamos de forma obligatoria a los 70 años. Algunos amigos se quejan del edadismo que afecta a la sociedad actual y se consideran víctimas de una ofensa personal. Sin duda ninguna podrían seguir con sus clases y sus reuniones de departamento, porque los 70 años no son una bomba de destrucción masiva. De hecho, después de jubilado, uno puede seguir leyendo, investigando, escribiendo y publicando, junto a otros gerundios terminados en ‘ando’ que, desde luego, son una forma de hacer camino. Aunque evito la discusión, no dejo de recordar al muchacho de 22 años que en 1981, recién terminada su carrera, se convirtió en profesor de literatura en la Universidad de Granada. Tenía por delante no sólo una plaza y un sueldo a fin de mes, sino toda una vida.

No está mal recordar, en este tiempo de discusiones y quiebras generacionales, que si los profesores nos perpetuamos en nuestros puestos más allá de los 70 años, orgullosos de nuestra vitalidad inagotable, habrá muchos jóvenes que no puedan entrar a tiempo en un departamento para protagonizar y cumplir el destino de su vocación. Convivir es dejar espacios libres para los demás. El diálogo generacional debe empezar por la comprensión de los mayores ante las necesidades y los derechos de los jóvenes.

Pero convivir supone también comprometerse con la comunidad. Como pensar es dar vueltas a las cosas, y la literatura enseña a darle muchas vueltas a la vida, debo confesar que en el diálogo generacional, mientras me convenzo de que debemos darle espacio a los jóvenes, me preocupan algunas ideas de individualismo egoísta que se han extendido entre la juventud frente a las ilusiones colectivas. Con mis compañeros de la Universidad, como estudiante y profesor, hacerme historiador de la literatura, igual que hacerme poeta, resultaba inseparable de un sentido de pertenencia, la elección de una manera de comprometerme con el Nosotros, con las apuestas compartidas de toda una sociedad. Repetí muchas veces una frase de Sartre con la que explicaba mi vocación y mi militancia: ser libre no supone hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace.

El individualismo radical que están extendiendo la ideología neoliberal y las urgencias de la sociedad de consumo determina una quiebra en las ilusiones colectivas, algo que también marca el diálogo generacional. El bienestar social cortoplacista se ha desentendido de pensar desde el presente en los caminos futuros de los jóvenes, y los jóvenes piensan ahora que triunfar es una tarea individualista, algo que no tiene que ver con el compromiso colectivo. La vida se entiende como una carrera de competición donde el fracaso y el éxito son asuntos propios. Resultan no sólo prescindibles, sino despreciables, las ilusiones políticas, las herencias culturales del pasado, la compañía que dan los valores compartidos en los momentos de soledad y la dignidad de la conciencia individual que se afirma a sí misma al formar parte de lo comunitario. 

Cuando nuestro trabajo deja de ser una responsabilidad social, ya sea al hablar de Cervantes, al pasar consulta en un hospital o al cubrir una información periodística, se rompe el compromiso con uno mismo para vivir el individualismo de una manera decente en nombre de la propia libertad. 

El recuerdo del joven que encontró trabajo de profesor en 1981 hace que no me sienta víctima del edadismo al acercarme a mi jubilación. Feliz de dejar paso y apurar el sentido de la vida. Por la misma razón, espero que el joven que me sustituya en la Universidad no se queje de pagar impuestos, esos impuestos que servirán para mantener la sanidad pública que me cuide y la pensión que me paguen cada mes, con revisiones anuales, igual que su salario.

Boomers contra millennials. Caseros contra inquilinos. Jóvenes contra jubilados. Y así, una retahíla de análisis y de simplificaciones llenan últimamente el debate público. La bronca tiene como trasfondo, no tanto un supuesto conflicto entre generaciones, sino la precariedad salarial y la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda o para acumular un patrimonio propio. Y en el centro de la tormenta está el mercado inmobiliario, que ha detonado la polémica y que determina la principal brecha cuando se analiza la riqueza por cortes de edad. En 2004, el 71% de quienes tenían entre 30 y 44 años eran propietarios, hoy esa cifra es del 55%. Entre los 16 y 29 años, el número de propietarios ha bajado del 48% al 29%, de acuerdo con la Encuesta Financiera de las Familias publicada por el Banco de España. 

La brecha de riqueza se alimenta de la revalorización de los activos inmobiliarios, es decir, quienes poseen una vivienda ven su patrimonio crecer y para quienes tratan de comprar una, los precios del mercado cada vez son más difíciles de perseguir con un salario. Por eso, la brecha se acentúa. La riqueza media de las personas entre 65 y 74 años en 2002 era de 148.000 euros, mientras que la de los jóvenes entre 35 y 44 años era de 132.000 euros. Veinte años más tarde, en 2022, la riqueza de los mayores aumentó hasta 226.000 euros y la de los jóvenes cayó hasta los 75.700 euros. 

Entre los factores que agudizan el problema está la precariedad laboral que se manifiesta, por ejemplo, en factores como la parcialidad. Entre los asalariados de 16 a 29 años, la tasa se sitúa en el 26,9%, 12,7 puntos porcentuales superior a la del total de asalariados, según señalan los datos del Ministerio de Trabajo. Además, señala el documento, las dinámicas de paro “se amplifican” en los cortes de edad más bajos y en el primer trimestre de 2025 la tasa de paro de la población de 16 a 24 años se situó en el 26,5%, seis puntos superior a la del grupo de 16 a 29 años, y 15 puntos más alta que la de la población de 16 a 64 años.

Pero el debate económico tiene un correlato sociológico que muchos tratan de llevar más allá de la constatación de una brecha patrimonial, señalando un choque intergeneracional del que hay pocas evidencias, o deslizando en el debate que la mejora de las pensiones va en detrimento del las políticas para paliar los problemas que enfrenta la juventud. 

Así, el foco se desplaza hacia los pensionistas, quienes, al haber concluido una carrera profesional, acumulan, en general, más patrimonio. Pero, ¿cómo son realmente las pensiones en España? ¿Cuánto mejor vive un jubilado que un trabajador? La respuesta siempre es “depende”, pero los datos ayudan a orientarse en el debate. Y aunque la generación del baby boom suele acaparar la polémica, lo cierto es que muchos de ellos aún no han llegado a la edad de jubilación, ya que esta denominación en España suele hacer referencia a los nacidos entre 1958 (67 años) y 1975 (50 años). 

A uno de septiembre de este año, el importe medio de las pensiones por jubilación en España ascendió a 1.508,70 euros al mes. Quienes menos cobran dentro de este grupo son los cotizantes que aún quedan del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), que se usaba durante la dictadura, con un importe medio mensual de 504 euros; les siguen los trabajadores autónomos, con una media de 910 euros al mes. Después, los trabajadores del mar con importes en torno a los 1.300 euros. En la parte alta de las prestaciones están los trabajadores del carbón, con una media mensual de 2.300 euros, y los trabajadores del régimen general, con 1.429 euros. En total, componen un conjunto de 6,6 millones de pensiones que percibe un grupo de 6.498.583 millones de pensionistas con una media de edad de 75 años. En este grupo no están contempladas las pensiones por incapacidad, viudedad, orfandad o enfermedad profesional. 

Pero este conjunto no es uniforme y aquí se dan desigualdades internas. Por ejemplo, por edad, quienes llegan ahora a la jubilación cobran más. Si tomamos los datos de pensiones de jubilación –excluyendo incapacidad, accidentes, orfandad, etc.–, quienes menos cobran son los mayores de 85 años, con unos 1.100 euros al mes. Unos ingresos que, sin un patrimonio que los respalde, son poco ostentosos. En el rango de edad de los mejor parados, es decir, entre los 60 y los 65, el importe medio de la pensión supera los 2.000 euros mensuales y se mueve en los 1.600 entre los 65 y los 74.

Otra brecha significativa se da por género y ellas cobran, en general, pensiones un 31% más bajas que ellos, según datos del Instituto de las Mujeres.

El factor de desigualdad es una brecha que no está cerca de cerrarse. En los últimos datos anuales disponibles, relativos a 2024, la Seguridad Social constata que ellas cobraron de media 1.139 euros mensuales frente a los 1.654 que cobraron ellos. Además, en la riqueza acumulada por género, la vivienda vuelve a tener mucho que decir. En la franja de edad en la que la propiedad inmobiliaria está más extendida –a partir de los 65 años, cuando el 88% de los hogares poseen vivienda en propiedad, según el INE– la casa se convierte en un factor determinante de desigualdad de género. Ellas acumulan menos patrimonio que ellos, y buena parte de esa brecha se explica porque ellas poseen menos casas en propiedad a su nombre. En concreto, en algunos casos, hasta el 62% de este salto en la renta se debe a los activos inmobiliarios, según un informe realizado por Closing Gap. De nuevo, es la vivienda la que se convierte en un factor determinante para la riqueza y esta vez, sin que se de un corte etario.

La viabilidad del sistema de pensiones y la salud de las cuentas de la Seguridad Social son cuestiones que componen una de las principales preocupaciones de los analistas económicos y de los españoles. En marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalaba en un informe que la reforma de pensiones se ajusta a la denominada regla de gasto, por lo que no se requerían medidas adicionales para proteger el sistema, aunque alertaba de que la sostenibilidad de las pensiones no había mejorado, con un gasto que aumentará en 3,4 puntos del PIB hasta 2050.

El análisis no es halagüeño, pero el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señalaba el pasado lunes en una entrevista para RNE su preocupación por el hecho de que las visiones más pesimistas terminen por poner en cuestión la importancia del sistema público. “Ahora a los jóvenes se les dice que mejor el dinero en vuestro bolsillo. Todo esto es pura propaganda para conseguir que en España se privatice el sistema de pensiones”, señalaba Álvarez, que también insistía en que las pensiones de los jóvenes “estaban aseguradas”.

El comportamiento del mercado laboral y unas reformas destinadas a aumentar los ingresos, son, para el sindicato, un balón de oxígeno y una ventana de optimismo a tener en cuenta en las valoraciones de la coyuntura.

Para el Banco de España, las tendencias demográficas representan uno de los principales factores que ejercen presión sobre la hucha de las pensiones. Entre los desafíos más importantes para la sostenibilidad del sistema se encuentran la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom —un grupo compuesto por 7,7 millones de personas actualmente entre los 50 y los 66 años—, el incremento en la esperanza de vida y la reducción de las tasas de natalidad. Es decir, las oleadas generacionales que se incorporan al trabajo son menos numerosas que las que llegan a la jubilación, por lo que cada vez habrá menos trabajadores por pensionista y se elevará el gasto. AIReF señala que en España se gastan 206.000 millones de euros cada año en pensiones, un 12,9% del PIB, pero esa factura seguirá creciendo hasta llegar a un gasto del 16,1% en 2050.

Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de la agrupación y vicepresidenta del Consejo Económico y Social, explica que si bien la demografía plantea un reto: “ningún sistema público de pensiones en el mundo se sostiene solo con cotizaciones sociales y es impensable que este solo se sostenga con las aportaciones de trabajador y empresa”. Para Estévez, el hecho de que las transferencias del Estado tengan que aumentar es coyuntural y no supone un desafío insalvable para el sistema.

Las pensiones se financian por tres vías. La primera son las cotizaciones de los trabajadores; la segunda, a través de los presupuestos del Estado y, finalmente, por medio de transferencias del Estado (denominadas gastos impropios), que son partidas para costear, principalmente, las pensiones no contributivas. Además de estos recursos, se destinan las denominadas transferencias implícitas, que se mueven desde otras partidas presupuestarias en caso de ser necesario. Según la AIReF, estas transferencias “cada vez serán mayores” debido a la presión demográfica, y ese es un elemento de preocupación para los analistas. 

Estévez argumenta que, en el cálculo de la sostenibilidad, algunos informes dejan fuera las aportaciones del Estado. "En el informe de la Comisión Europea para evaluar el sistema de pensiones no se contemplaban las partidas que los presupuestos generales del Estado tienen que traspasar a la Seguridad Social para los gastos impropios. Es decir, no los tomaban en consideración y por eso nosotros discrepamos. No se está contando con una parte del balance", y concluye: "Aun sin tener eso en cuenta, las conclusiones del informe de AIReF señalan que no se requiere ajuste".

"Cuando se hacen análisis tan a largo plazo como se ve en estos informes, no se pueden prever todos los parámetros que pueden intervenir en la evolución del gasto", explica la responsable de UGT. De hecho, apunta al efecto positivo que estaría teniendo la evolución de parámetros como el mercado laboral o las reformas llevadas a cabo para aumentar los ingresos. Un ejemplo de esto último sería el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que se aplica desde 2023 a trabajadores y empresas para reforzar los ingresos del sistema hasta 2032. "No estábamos en la media europea en cuando a ingresos y eso es lo que se ha intentado corregir con estas reformas", apunta.

Para UGT la evolución del mercado laboral, que superó los 22 millones de ocupados en el segundo trimestre del año, "es buena" y no había sido prevista por los informes anteriores, por lo que las proyecciones, apunta, pueden cambiar. "Y tampoco se están teniendo en cuenta los flujos migratorios", matiza Estévez, que podrían compensar el descenso en la natalidad y el estrechamiento de la pirámide de personas en edad de trabajar.

Lejos de hablar de recortes, desde UGT señalan que las dificultades del sistema de pensiones no deben leerse desde un puto de vista catastrofista. "Abogamos por aumentar la partida de gasto en pensiones cuando se requiera y, de hacerlo, España lo va a requerir solo en un momento muy puntual. Esto es, cuando llegue el pico de la generación del baby boom", concluye la responsable sindical.

Hace unos días, con el mes de agosto paseando sus calores por las calles de mi pueblo, mi osadía me llevó a ir hasta la Plaza Mayor a sentarme en una hermosa terraza a la sombra, donde todos los viejos se juntan a comprobar quién se ha muerto y quién no lo ha hecho aún.

Tras disfrutar de oír los cotilleos de las mesas vecinas por los que me enteré de que Franco había muerto y otras novedades locales, pagué mi café, me levanté para volver a casa y me di cuenta de que no sabía hacia dónde tenía que ir.

Por fin, ya estaba allí de cuerpo presente aquel fantasma diagnosticado hace unos pocos años que me auguraba ser un transeúnte de callejones oscuros sin memoria ni recuerdo, sin conciencia ni razón. 

Es por eso por lo que uno de los pocos alicientes de los que logro disfrutar en esta pelea diaria contra la carcoma de mi memoria y del páramo que empiezan a ser mis sesos, es “bajarme” al parque de infoLibre.

Un “parque “, donde amigos sin derecho a roce de todos los colores en la escala del rojo al morado y de edades de distintas generaciones, predominando los de edades geriátricas, nos juntamos cada uno en su banco —en su rincón al sol, pero sin cantarle nada, que para algo la mayoría somos rojos fusilables—  y soltamos nuestras inservibles opiniones, enfrascándonos en debates, disquisiciones, lecturas de cartilla y “peleíllas” de hermanos mal avenidos o cuñados creyentes y practicantes. 

Para mí, “ir" cada día a esa reunión en el parque de los foros opinadores de infoLibre donde trato de juntar letras y pensamientos, más que un ejercicio de opinar para tener razón o mejorar algo, es una medicina, un tratamiento para barrer las telarañas oscuras que día a día van obligándome a usar más notas y apuntes en recordatorio de cosas sabidas desde hace años.

Allí, en el parque soleado y con olor a jazmín de este periódico digital, enemigos íntimos de esos que hemos vivido toda la vida pensando los mismos ideales y luchando por lo mismo unos que otros, me encuentran, se sientan a mi lado y me recriminan por mi ortografía kafkiana y anarquista, por mis sobredosis de comas o ausencia de ellas. Otros más cultos y pudorosos me reconvienen por mi abusivo uso de los calificativos barriobajeros propios de patio carcelario y también encuentro a los que me consideran enemigo de ideales porque su pan no se llama pan y su vino no se puede llamar vino.

Los aprecio a todos, los disfruto a todos, los necesito a todos.

Pero lo que más me gusta es ver pasar a los redactores de infoLibre y “decirles cosas” como si fuera el Gran Maestre de los jubilados ociosos desde su barandilla, explicando a unos peones de opinador con carrera de periodismo cómo se colocan con eficacia los encofrados de la argumentación en las noticias.

También a ellos hoy tengo que reconocerles que me resultan medicinales, que me alivian los rencores y los traumas, que meterme con ellos es como liquidar facturas pendientes de frustraciones acumuladas.

Este “parque” para muchos de nosotros no solo es lugar de encuentro de solos con vidas solitarias, sino también un espacio para recordar, una memoria común y compartida con un arcoíris de matices y opiniones diversas sobre el mismo color.

Muchos de nosotros nunca nos conoceremos, ni sabremos quiénes somos en realidad, pero sabemos que compartimos barco, que nos extrañaremos cuando no nos leamos o no nos encontremos aquí. Sabemos que en este parque con muchos asientos y bancos de colores hay siempre olor a honestidad y verdad, y eso ya nos vale para remar juntos, unos hacia Ítaca, otros hacia otros destinos soñados. Todos a la defensa de la justicia.

Esto no es una confesión, ni una despedida (espero); es un desahogo, un reseteo de mis neuronas revolucionarias que, de cuando en cuando, recuerdan su condición de hippies con el lema de hacer el amor y no la guerra y que hoy han decidido, por si algún día ya se me olvida, reconocer y agradecer lo bueno que es para mí el tiempo que vivo cada día en infoLibre y lo mucho que aprecio a todos mis amigos y enemigos habituales.

Colorín colorado, este cuento se ha terminado.

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José Manuel López-Neira Pérez es socio de infoLibre

La Seguridad Social ha abonado en agosto 10,4 millones de pensiones con un gasto que asciende a 13.621 millones de euros, un 6,21% más que en el mismo mes del año pasado. Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recoge EFE, casi las tres cuartas partes de este gasto corresponden a pensiones de jubilación con 9.954 millones.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.197 millones, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.252 millones; la de orfandad, a 178,8 millones y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,5 millones.

La pensión media del sistema se ha situado en 1.312,9 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior con diferencias entre los distintos tipos.

En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), es ya de 1.507,5 euros mensuales.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.666,6 euros mensuales, mientras que para los autónomos es de 1.010,3 euros al mes. Por su parte, la pensión media de viudedad aún no llega a los 1.000 euros, con 935,8 euros mensuales.

En las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.613 euros, según los últimos datos disponibles (julio). En concreto, en el régimen general, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.722 euros al mes.

Junto a los datos del gasto en pensiones, Inclusión destaca en la nota que hasta julio se han registrado 215.971 nuevas altas de jubilación. De ellas, las jubilaciones demoradas representan el 11,4% frente al 4,8% de 2019.

En conjunto, el 72,4% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 12,6 puntos porcentuales más que en 2019.

Las jubilaciones anticipadas, por su parte, caen un 12,4% en seis años y suponen el 27,6 % del total de nuevas jubilaciones.

Como resultado, añaden, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019.

En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.

Ahora mismo, a un chico/chica de 25 años el panorama que le hemos dibujado es el siguiente: tu vida va a ser precaria, en muchos sentidos. Vas a trabajar mucho, difícilmente en lo tuyo; a duras penas vas a llegar con un único sueldo para poder ser independiente. Tendrás que compartir casa con gente de tu edad o mayor durante mucho tiempo, independizarte será una quimera con la que soñarás cada noche. Comprarte una vivienda será misión imposible si vives y trabajas en algunas de las zonas que hemos definido como “tensionadas”, un eufemismo para decir que están por las nubes; que hemos especulado de nuevo con la vivienda y la hemos convertido en algo inalcanzable para sueldos medios. Y, para colmo de males, ahora nos descolgamos con un estudio en el que te decimos que, en el caso más que remoto de que llegues a percibir una pensión de jubilación, si quieres cobrar lo que te pertenece tendrás que trabajar hasta los 71 años. ¡¿En serio?!

Yo soy ellos y digo que, por favor, me bajo de esto. Decirles que, como van a incorporarse tarde al mercado laboral, vivirán únicamente para trabajar, y, encima, vivir mal es una condena. Jubilarte con 71 años es un horizonte deprimente. Por mucho que nos empeñemos en repetir ese maldito mantra de que “los 50 de ahora son los 40 de antes” y así sucesivamente conforme vamos subiendo de décadas. No, los 70 de ellos no serán los 60 de ahora. El cuerpo, las ganas, la cabeza, las fuerzas, el cansancio, no son los mismos. Y aunque fuera así, ¿qué tipo de vida y de futuro es plantear que nunca podrás dejar de trabajar y que podrás jubilarte cuando seas un anciano/a? ¿Cuándo vas a empezar a vivir?

Luego nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos que compran discursos populistas y erróneos de partidos o influencers que les dicen que pagar impuestos es una estafa, que hay que cambiar el sistema, que hay que dinamitarlo todo para volverlo a levantar, a imagen y semejanza de ideales que te ponen los pelos de punta. Es el mejor caldo de cultivo para todos los populismos que estamos hartos de combatir.

En serio. Por muy sensato o sensata que sea la criatura, por muy cabal y ordenada mentalmente, no le estamos dando ni una pizca de esperanza en ese futuro en el que ha empezado a echar a andar. Ya comienzan a saber lo que supone ganar un sueldo y lo que ese sueldo da de sí, cómo deben gestionarse los gastos: saber que, si sales hoy, mañana tendrás que ahorrar de otro lado; que el sueldo no se puede estirar como un chicle y que la vivienda, el vivir, el día a día, se come gran parte de tu salario, ese que ganas con muchas horas de trabajo, de esfuerzo… Que te levantas todos los días a las 6.30 de la mañana, te metes una hora de transporte público para ir a trabajar, estás 8 horas y, vuelta a casa, en otra hora perdida de transporte público… Y así, te dicen ahora, estarás hasta los 71, ¡venga hombre!

Y luego, claro, leen que los que tienen que decidir y planificar sobre su futuro, los políticos, se han dedicado más bien a meter la mano en la caja y a robar, a enriquecerse.

El momento es tan crítico que deberíamos ser escrupulosamente justos en cómo gestionamos ahora mismo lo público, los recursos, para no dejarles una herencia y un futuro desolador a nuestros hijos, a los que vienen por detrás.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha abierto este martes el plazo para solicitar plaza en su programa correspondiente a la temporada 2025/2026, que se prolongará hasta el próximo 23 de julio. La nueva edición oferta 879.213 plazas para mayores de 55 años, con nuevas condiciones y adjudicatarios para los tres lotes de viajes, según informa EFE.

El programa arrancará en octubre y contará, por primera vez, con la posibilidad de viajar con mascotas, gracias a la reserva de hasta un 2% de plazas en hoteles habilitados tanto en la costa peninsular como en las islas.

Además, se introduce un coste adicional de 100 euros para los viajes realizados en temporada alta (octubre, mayo y junio en la península y las Islas Baleares, y diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias) o para quienes reserven un segundo viaje en la misma campaña.

Como medida destacada, el Imserso mantendrá una tarifa plana de 50 euros para las personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad, a quienes se destinan 7.447 plazas subvencionadas.

Las personas acreditadas por el Imserso en temporadas anteriores no tendrán que presentar una nueva solicitud, ya que recibirán un documento con sus datos personales y preferencias de destino, que deberán devolverlo antes del 23 de julio si desean modificar alguna información.

La gestión de los viajes se ha adjudicado a tres operadores. Ávoris, la división de viajes del Grupo Barceló, resultó ganadora de los lotes 1 y 3, correspondientes al turismo de costa peninsular y escapadas nacionales y europeas, respectivamente. Por su parte, el consorcio W2M-Mundiplan, que incluye a IAG7, gestionará el lote 2, correspondiente a los destinos insulares (Canarias y Baleares).

Las tarifas de los viajes oscilan entre los 132,91 euros por cuatro días en capitales de provincia y los 564,72 euros por estancias de diez días en Canarias con transporte incluido. La reserva de plaza exige un anticipo de hasta el 20 % del importe total, mientras que el resto deberá abonarse 45 días antes del inicio del viaje.

La licitación podrá prorrogarse hasta dos temporadas más y tiene un valor estimado de 970,5 millones de euros.

Las cuentas de la Seguridad Social presentaron un saldo positivo a 31 de mayo de 2.835 millones de euros frente al saldo negativo de 635 millones del mismo periodo de un año antes, según las cifras facilitadas este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según ha informado EFE.

Estos 2.835 millones son el resultado de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 89.141 millones de euros, que muestran un incremento del 10,8% y obligaciones reconocidas de 86.307 millones, que crecen en un 6,5% interanual.

Al detalle por ingresos, las transferencias recibidas por la Seguridad Social suman 15.452 millones de euros, con un aumento interanual del 30,8%, mientras que las cotizaciones sociales aportaron 72.687 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,1%.

Dentro de los gastos, la mayor partida fue la destinada a las pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y el complemento para la reducción de la brecha de género), que se incrementó un 5,8% hasta los 64.827 millones.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que establece los criterios y el procedimiento para determinar los supuestos en los que se pueden aplicar coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación en actividades especialmente penosas o peligrosas, recoge EFE.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo la ministra de Inclusión, Elma Saiz, "hay trabajos de especial dureza, otros que se hacen duros en los últimos años de vida laboral, con mayor siniestralidad o con más accidentes de trabajo o enfermedades profesionales asociadas".

En este Decreto, fruto del acuerdo con los agentes sociales, "aprobamos el procedimiento para establecer cuáles son esas ocupaciones (...) que pueden beneficiarse del anticipo de la edad de jubilación".

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que esta medida que "nos acerca a las aprobadas ya en otros países vecinos como Francia, Austria o Italia".

La norma establece los criterios, basados en indicadores objetivos, para que trabajadores en ocupaciones excepcionalmente penosas, peligrosas o insalubres y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad puedan anticipar la edad de jubilación ordinaria, siempre que no sea posible una mejora de sus condiciones de trabajo.

En concreto, dentro de los criterios para determinar la penosidad se encuentra la exposición a temperaturas, ruido o vibraciones extremas; el uso permanente de la fuerza física; o la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.

En cuanto a la toxicidad, afectará a trabajos con exposición a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o nocivos; mientras que la peligrosidad contempla actividades susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad profesional al trabajador con un mayor grado de incidencia o frecuencia que otros trabajos. 

Por último, la insalubridad se refiere a actividades con exposición a un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud del trabajador.

Para acreditar la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de estos coeficientes se ha establecido una fórmula basada en indicadores objetivos.

Con todo ello, la Seguridad Social elaborará un informe en el que se tendrá en cuenta también las contingencias comunes, las profesionales, la edad, el sexo, la rotación en el trabajo, la parcialidad, el tamaño de la empresa o la distribución geográfica. 

Las organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos y administraciones públicas serán las encargadas de solicitar estas condiciones especiales para un colectivo en concreto, a lo se sumarán informes de la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo, y una comisión de evaluación decidirá si se dan las condiciones para la aplicación de coeficientes reductores.

Estos coeficientes sólo podrán aplicarse a trabajadores de al menos 52 años y conllevarán una sobrecotización, es decir, un tipo adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como de la persona trabajadora, que se fijará en los Presupuestos Generales del Estado de cada año.