La jueza María Núñez Bolaños, que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, incluyó como investigadas a un total de 17 personas en la pieza separada abierta por la ayuda sociolaboral concedida a Santana Motor, entre ellas los exconsejeros de Empleo de la Junta José Antonio Viera y Antonio Fernández y otros cinco exaltos cargos de la Administración autonómica.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla incluye en esta pieza a los exconsejeros; a los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; a Juan Carlos Ollero Pina, director general del IFA entre 2001 y marzo de 2002, y al expresidente del IFA Salvador Durbán.

La jueza citó a declarar el próximo día 14 de marzo a los exaltos cargos investigados en esta pieza separada de los ERE, dentro de la cual también están incluidos seis exdirectivos de Santana y el dueño de dos sociedades mediadoras investigadas en el caso, José González Mata, quienes, en su caso, deberán comparecer ante la magistrada el 16 de marzo.

En esta pieza separada, y según explica la instructora, se investiga la tramitación de las ayudas sociolaborales o excepcionales concedidas en ejecución del Plan de Acción para Santana (PAS) de 19 de febrero de 2001 firmado por el entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, y representantes de UGT y CCOO.

En este sentido, la jueza añade en el auto consultado por Europa Press que, el 20 de julio de 2001, fue aprobado el ERE de la empresa Sociedad Útiles del Sur por el que se autorizaba la extinción de la relación laboral de hasta un máximo de 712 trabajadores.

En el expediente, consta el acuerdo de 21 de febrero de 2001 alcanzado por la empresa y los representantes de los trabajadores, consistente en un plan de rentas propuesto por la empresa que garantizaba el 90% del salario neto incrementado en un 2% anual hasta los 60 años, y después una renta fija y vitalicia por la diferencia entre dicho salario, sin incrementos, y la pensión por jubilación anticipada del Instituto Nacional de la Seguridad Social u optar por una baja incentivada.

En relación a dicho ERE, se suscribieron con la compañía La Estrella varias pólizas para cubrir los compromisos asumidos por la empresa, según indica la jueza, que a continuación analiza el ERE aprobado el 27 de noviembre de 2001 de la empresa Sociedad para el Desarrollo de Componentes, antes Sociedad Útiles del Sur, autorizando la extinción de la relación laboral de 451 trabajadores.

Seguidamente, la magistrada analiza los pagos realizados en relación a ambos ERE, como la ayuda de 77.988.355,12 euros a Sociedad Útiles del Sur para el pago de las indemnizaciones de los 597 trabajadores afectados por el ERE de 20 de julio de 2001 instrumentadas a través de pólizas de seguro para los trabajadores de 50 años que se acogieron al plan social.

También alude a la ayuda de 784.406,52 euros concedida a la Sociedad Útiles del Sur para el pago de un seguro de riesgo en caso de fallecimiento (antes de cumplir 65 años), siendo los asegurados 596 trabajadores afectados por el ERE de 20 de julio de 2001, o a la ayuda de 1.085.529,84 euros a esta misma sociedad para el pago de las indemnizaciones de 22 trabajadores en situación de invalidez permanente total afectados por el referido ERE (adheridos al Plan Social para Discapacitados), instrumentalizadas mediante un seguro de renta vitalicia.

La jueza, igualmente, describe la ayuda de 5.868.557,88 euros a la Sociedad Útiles del Sur para el pago de las bajas incentivadas para 85 trabajadores afectados por el ERE referido acogidos al Plan Social, y la ayuda de 9.816.029,87 euros a la Sociedad para Desarrollo de Componentes para el pago de indemnizaciones a 390 trabajadores afectados por el ERE aprobado en noviembre de 2001, contratados por las empresas que adquirieron los activos de esta sociedad.

Plan de Acción Social para Santana

A continuación, la jueza alude a la ayuda a Santana Motor para pagar a seis miembros del equipo directivo encargado de llevar a cabo y ejecutar las medidas contenidas en el Plan de Acción para Santana, todos los cuales fueron citados a declarar como investigados.

Asimismo, y por resolución de 17 de diciembre de 2009 de la Dirección General de Trabajo, se concedió a la Asociación Promoción Social '28 de febrero-Santana Motor' una ayuda sociolaboral de carácter excepcional para gastos de personal y prestación de servicios a extrabajadores recolocables de Santana Motor por importe de 603.291 euros, de los que se pagaron el 75%, en concreto 452.468,25 euros.

Este pago se realizó con cargo a la partida presupuestaria 31.L a la mediadora Uniter, encargada de prestar los servicios de apoyo técnico y contratación de personal y, "consecuentemente, no se cobró" por la Asociación, "que había sido la beneficiaria de la ayuda".

Respecto de esta ayuda, se inició un procedimiento de revisión de oficio por la Junta como consecuencia de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al considerar "nulas de pleno derecho" las resoluciones dictadas en su día por el director general de Trabajo.

Gastos en publicidad

El auto también alude a una ayuda excepcional de 4.560,92 euros a Santana Motor para el pago de facturas de gastos de publicidad, o a una ayuda también a Santana Motor por adenda al convenio IFA-Soprea, de 1.996.616,63 euros, en virtud del cual IFA autorizó a Soprea a aportar fondos hasta un máximo de 21.000 millones de pesetas (126.212.541,92 euros) para el Plan de Acción Social de Santana.

Según asevera la jueza, en este caso "no consta documentación justificativa alguna del compromiso y pago de la misma".

Por último, la instructora hace referencia a una ayuda excepcional a la Asociación Promoción Social '28 de febrero' para el pago de honorarios de abogados satisfechos al despacho Olivencia-Ballester, ascendentes a 119.828 euros y que incluye la intervención profesional en las ofertas a presentar a las potenciales adjudicatarias de las áreas a externalizar, contratos de compraventa de activos, arrendamientos de inmuebles, o contratos de suministros.

También incluye reglamento interno del parque de proveedores, asesoramiento al IFA en relación con los convenios complementarios a la externalización de actividades de Santana, formalización de préstamos, acuerdos de accionistas, o los borradores de escrituras de préstamos con empresas del parque de proveedores adjudicatarias de las actividades objeto de externalización.

El caso pone el foco en la antigua fundación contra el paro de la Junta, extinguida en 2001 y convertida en ejemplo del sobredimensionamiento lo que los sindicatos críticos y partidos de la oposición llaman "administración paralela". Con cargo a un terminal de dicha administración se acabaron pagando noches en La Casita, Don Ángelo, Top Show, Club Bahía 2 y Sala Delux, a los que se suman gastos en restaurantes y discotecas, entre otros. Un informe de la Guardia Civil señala además que se produjeron manipulaciones contables tras los gastos privados con fondos públicos para su ocultación, intentando aparentar que las cantidades eran respuestas. Durante los seis años (2004-2010) en que se prolongó la situación no saltó ni una alarma en la administración. Aunque la Faffe cerró en 2011, hasta 2016 no fue registrada la baja en el Registro de Fundaciones. 

La Consejería de Empleo aclara que las cuentas de la fundación fueron auditadas tres veces a lo largo del proceso de liquidación, la última tras un concurso público en 2014. "Sus conclusiones se remitieron a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la comisión de investigación del Parlamento sobre formación, al juzgado instructor. La consejería recuerda que el Tribunal de Cuentas descartó la existencia de "actos con alcance contable que requiriesen un reintegro posterior en la subvenciones concedidas a la Faffe".

"Los apuntes sólo recogían 'Liquidación tarjeta' y eran, desde un punto de vista estrictamente contable, correctos. Una vez conocida la posible existencia de  pagos que podrían ser irregulares desde la consejería se solicitó a las entidades bancarias  los extractos, se trasladó al juzgado el primero de los extractos recibidos, y se solicitó la declaración de Fernando Villén".

Una fundación en el punto de mira

La Faffe fue fundada en 2003, con Manuel Chaves en la presidencia de la Junta, José Antonio Viera como consejero de Empleo y Francisco Javier Guerrero como director general de Empleo. Los tres están imputados en los ERE. Fuentes de la administración calculan en unos 1.500 el número de trabajadores que alcanzó la fundación. "¿Para qué se creó? Está muy claro. Para hacer como administración paralela lo que no puedes hacer como administración pública. Para gestionar dinero público con menos controles, como si fuera dinero privado. Se convirtió en un punto neurálgico de los cursos de formación, que ya sabemos cómo acabaron", señala el parlamentario andaluz Juan Ignacio Moreno Yagüe, que representó a Podemos en la comisión de investigación sobre los cursos. Moreno Yagüe también apunta a los menores controles para la contratación de personal de estos organismos en comparación con la administración funcionarial.

La fundación se extinguió en 2011, pero la justicia aún persigue sus actividades. La jueza María Núñez Bolaños ha imputado al menos a 23 personas por contratos supuestamente irregulares para la realización de cursos de formación de la Faffe, por valor de 9,4 millones de euros. Aunque la llamada pieza política de la formación que impulsó Mercedes Alaya se cayó a lo largo de la instrucción, el caso sigue vivo en diversas piezas, como la que afecta a las empresas del exconsejero Ángel Ojeda, las ayudas a Delphi o la de la Faffe, entre otras. Los imputados por Núñez –sucesora de Alaya en el célebre juzgado de instrucción 6– por la Faffe declararon a lo largo de los meses de enero y febrero, explican fuentes judiciales.

Las supuestas irregularidades de los cursos, pese a su gravedad, están casi amortizadas políticamente. Pero en las entrañas de la Faffe latía una bomba de relojería en forma de juergas en burdeles con cargo al erario público que ha venido a explotar en 2018. No es que hasta este año la Faffe no haya estado en el punto de mira. De hecho es la fundación más cuestionada de la administración pública andaluza.

Un informe de la Cámara de Cuentas desveló en 2014 que entre 2009 y 2010 la fundación había recibido 49 millones de euros sin suficiente justificación. Aunque lo más singular de la Faffe está en el apartado de personal. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) denunció en mayo de 2018 ante el juzgado 16 de Sevilla que la Faffe fue epicentro de una dinámica de "clientelismo" y "nepotismo" basada en contrataciones irregulares de personal, al margen del mérito y la capacidad. El SAF daba incluso decenas de nombres de exalcaldes y exconcejales del PSOE, así como de familiares, amigos y convecinos de cargos socialistas. Un portavoz del SAF afirma que tras su cierre el grueso de la plantilla de la Faffe fue absorbida por los servicios centrales de la consejería y por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), asumiendo trabajadores que habían accedido sin méritos acreditados. Son más de 1.000 trabajadores los absorbidos, según el SAF.

Accesos al empleo bajo sospecha

El juzgado archivó la denuncia del SAF, al no ver relevancia penal. infoLibre preguntó a la Consejería de Empleo cuántos trabajadores tiene, tanto en los servicios centrales como en los organismos dependientes, cuántos provienen de la Faffe y qué funciones tienen, y cómo accedieron a su puesto de trabajo las personas señaladas por el SAF. La Consejería está trabajando en la recopilación de dicha información, señalaron desde el departamento. El PP, que ha sido el partido que ha denunciado públicamente los gastos en prostíbulos, se refiere a la Faffe como "agencia de colocación" del PSOE.

El sobredimensionamiento de la plantilla de Empleo a raíz de la subrogación de trabajadores de la Faffe es un hecho conocido. " No se puede permitir que haya gente cobrando y mano sobre mano", afirmó en 2016 el entonces portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, una declaración que causó un pequeño terremoto. Además el acceso por caminos torcidos a la función pública es un viejo conocido de la Consejería de Empleo. El que fuera director de Empleo, Francisco Javier Guerrero, incorporó trabajadores a la consejería a través de la contratación en una empresa privada, Umax, a la que accedían sin el menor control, en base a indicaciones del propio Guerrero al propietario de la compañía, con el que había alcanzado un acuerdo. Así entraron allegados del propio Guerrero, según la investigación judicial.

El caso Umax es otro de los que está pendiente de juicio, todo ello mientras se celebra el juicio de la parte política de los ERE, que será el preludio de un maratón de juicios por distintas ayudas concedidas con cargo al "fondo de reptiles" supuestamente irregulares. A ello se suman las piezas del caso de la formación en instrucción, entre ellas la Faffe. Es decir, aún le queda amplio recorrido judicial a los años de descontrol en Empleo.

Villén, citado a declarar

Pero ha sido la Faffe lo que se ha convertido ahora en un quebradero de cabeza para el Gobierno andaluz en la apertura de la carrera electoral. Y no por las supuestas irregularidades en las ayudas recibidas o por el modo de acceso al empleo público, sino por las tarjetas de crédito. El PP viene denunciando desde mayo los gastos en prostíbulos con cargo a tarjetas oficiales por parte de quien fue director general de la fundación, Fernando Villén. La jueza Núñez Bolaños está instruyendo una investigación. El propio Villén está citado a declarar este jueves, confirmaron fuentes judiciales. Y además hay un informe de la Guardia Civil entregado al juzgado de Núñez Bolaños el pasado 2 de octubre, y cuyo contenido fue dado a conocer este lunes por el PP, que pone negro sobre blanco seis años de gastos personales con cargo al erario público.

El gasto con las tarjetas de Villén en prostítubos asciende a unos 32.000 euros. Las fechas son importantes para poner el contexto. Por ejemplo, Villén cargó con una de sus seis tarjetas oficiales 15 pagos por valor de 14.737 euros entre las 20.57 del 22 de marzo de 2010 y las 2.43 horas del 23 en Don Ángelo. Ese mismo 22 de marzo había sido cesado el que era consejero de Empleo, Antonio Fernández, responsable político máximo de la Faffe, que ha acabado imputado en numerosas piezas del caso de los ERE y ha pasado por prisión preventiva. ¿Fue la juerga una especie de homenaje tras el cese de Fernández? ¿Quién más estaba presente y participó?

El caso evoca las juergas con alcohol y cocaína con dinero público que desveló durante la instrucción de los ERE el chófer de Guerrero. Además de los 31.969 euros en clubs de alterne con tarjetas de crédito en 12 pagos, a los que se suman 306 en un pago en efectivo, hubo gastos de casi 22.000 euros en restaurantes, 1.805 en hoteles, 173,79 en un taller, 113,9 en El Corte Inglés y 136,1 en la discoteca sevillana Buddha, entre otros cargos. También hay más de 11.000 euros en peajes. Hay más de 4.000 euros que la Guardia Civil no ha conseguido identificar. Los gastos de las tarjetas de Villén ascienden a 72.486,73 euros. No sólo Fernando Villén tuvo tarjetas. También tuvo dos su hermano Manuel Villén, que fue director de Administraciones Públicas de la Faffe, aunque sólo las empleó para pagar peajes de autopistas, con las que realizó 871 pagos, por un importe total de 8.109,03 euros entre 2006 y 2011, según el informe policial.

"Camuflaje contable"

Al margen de los aspectos cuantitativos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advierte una "dinámica dirigida a camuflar contablemente" los gastos del que fue máximo responsable de la Faffe, "a todas luces alejados de cualquier actividad de representación de la fundación". Los investigadores policiales creen que la Faffe introducía falsos asientos contables con supuestas devoluciones del dinero. "Estas supuestas devoluciones entran en contradicción directa con declarado en sede policial" por trabajadores de la Faffe, señala el informe de la UCO, que apunta indiciariamente a la comisión de un delito de malversación.

La Guardia Civil no se cree las supuestas devoluciones del dinero. Fernando Villén declaró a ABC en mayo, cuando aún no se conocía el informe de la UCO que pone de relieve que no hubo una sola noche de burdel, que cargó "por error" un pago en un club de alterne a la Faffe, pero que después lo arregló. "Si hubiera tenido que meter el PIN, ese error no se hubiese producido, pero te salía un papelito, tú lo firmabas y ya está", declaró Villén. Esta versión es difícilmente compatible con más de una decena de noches de prostíbulo con seis tarjetas oficiales.

Responsabilidades políticas

Todos los gastos en cuestión se producen antes de que ninguno de los actuales miembros del Gobierno andaluz ocupara ninguna consejería, y antes de que la actual presidenta, Susana Díaz, formase parte del Ejecutivo autonómico. No obstante, la oposición, en plena precampaña electoral, trata de impedir que el caso se despache aludiendo a que es una etapa anterior.

La oposición acusa al Gobierno de obstruir el acceso a la información y apunta al consejero de Empleo, Javier Carnero.La Junta puso a disposición del juzgado la información sobre los gastos del 1 de junio. Pero el consejero de Empleo no aludió a la misma durante una comparecencia dedicada a las "tarjetas black" de la Faffe en la comisión del ramo que tuvo lugar el 22 de marzo sobre la Faffe. El 31 de julio Carnero volvió a comparecer, pero la oposición no se dio por satisfecha y se acabó aprobando una comisión de investigación que ha quedado abortada por la disolución del Parlamento.

La Consejería de Empleo recuerda que el consejero ha abordado este tema en diez comparecencias en el Parlamento, "ofreciendo la información disponible". Y añade que Villén ha sido citado a declarar a petición de la propia Junta.

La parlamentaria del PP Teresa Ruiz Sillero afirma que la Junta conoce los hechos desde el principio, y que he hecho sigue resistiendo a proporcionarle información sobre el proceso de liquidación de la Faffe. "Tienen mucho que ocultar", afirma.

"Más de 3 millones de registros contables"

La Junta lo niega y asegura que está colaborando con la justicia. La Consejería de Empleo añade que ha remitido a la justicia "más de 3 millones de registros contables" de 2003 a 2011, años de fundación y extinción de la Faffe. "Se han atendido las peticiones de libros y anotaciones de registro de entrada correspondientes a esos mismos años. Se ha entregado a la UCO acceso completo y sin restricciones a los programas de contabilidad usados por este organismo (SAP y Navision), así como un equipo informático, y se les ha brindado la formación técnica necesaria para utilizarlos convenientemente. Y ha sido la propia Consejería la que ha solicitado a las entidades bancarias los extractos de las cuentas y ha trasladado, por intermedio del Gabinete Jurídico de la Junta, la información proporcionada por Unicaja, y la necesidad de reiterar desde el Juzgado la petición de información a Caixabank, ante la falta de respuesta oficial", señala la Consejería.

Según Empleo, Caixabank no facilita la información solicitada. infoLibre preguntó a Empleo cuántas tarjetas hubo en total, información que aún está recabando.  

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha comparecido este miércoles como investigado –anteriormente imputado– ante el juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ha ratificado la declaración que prestó en abril de 2015 ante el Tribunal Supremo, insistiendo posteriormente a través de un comunicado en que en los Consejos de Gobiernos que presidió como máximo responsable de la Junta "nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal".

Chaves ha comparecido entre las 9.58 y las 10.28 horas ante el juez Álvaro Martín y ha ratificado íntegramente su declaración del 14 de abril en el Supremo donde, según el comunicado que ha difundido una vez concluida la comparecencia, prestó declaración "durante varias horas" y contestó "a todas y cada una de las preguntas" que formularon "el magistrado instructor y el Ministerio Fiscal", tal y como consta "en la transcripción de la misma, de 49 páginas, que está incorporada a la causa".

Una vez Chaves ha ratificado la declaración prestada en el Supremo, la Fiscalía Anticorrupción ha dejado consignadas por escrito entre 15 y 20 preguntas sobre diversas ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla o vinculadas también a Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Recibido a gritos

Chaves ha llegado a la Audiencia Provincial hacia las 9.45 horas y ha sido recibido al grito de "¡chorizo!" y con consignas como "no hay pan para tanto chorizo" o "PSOE y PP la misma mierda es" por parte de un grupo de ciudadanos congregados a las puertas de la sede judicial. El investigado ha declinado realizar declaraciones públicas antes de su comparecencia judicial pese a la insistencia de los periodistas.

De hecho, el expresidente andaluz ha llegado hasta la misma puerta de los juzgados acompañado de un amplio dispositivo de seguridad integrado por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que han dispuesto vallas de seguridad que separan a los comparecientes de las personas y los medios de comunicación allí congregados.

Además de Chaves, también comparecerán este miércoles ante el juez Álvaro Martín el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, que comparece desde las 11.00 horas, y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que está citado a las 12,00 horas. 

El juez los llamó a declarar tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción del pasado día 26 de enero, que consideró "necesario" que sean oídas en calidad de investigadas quienes, hasta el auto de 17 de noviembre de 2015 –donde la juez María Núñez Bolaños abrió esta pieza separada en el marco de la cual han sido citados–, no hubieran sido oídos en el seno del caso ERE. Y todo ello, según expone el juez en una providencia, "para garantizar suficientemente su derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha declarado este jueves incompetente para seguir investigando la causa por los ERE fraudulentos en Andalucía referida a la implicación de los expresidentes autonómicos Manuel Chaves , José Antonio Griñán y otros dos exconsejeros de la Junta en una presunta prevaricación administrativa.

La decisión se ha adoptado tras recibirse comunicación del Congreso de los Diputados la renuncia a su escaño del exconsejero andaluz e imputado José Antonio Viera, lo que deja la causa sin aforados ya que anteriormente habían dejado de ser parlamentarios tanto Griñán como Chaves y el cuarto investigado, el exconsejero Gaspar Zarrías.

En consecuencia, el alto tribunal remite las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para la unión de lo hasta ahora actuado a las diligencias que allí siguen para la investigación de los hechos.

En dicho órgano, cuyo titular es ahora la juez María Núñez Bolaños, aún está pendiente de establecerse el reparto de las investigaciones entre ésta y su antecesora, Mercedes Alaya, que sigue en él de refuerzo.

Privilegio procesal

En su auto, la misma Sala que admitió la competencia en noviembre de 2014 dice ahora que la inmunidad parlamentaria, "como privilegio procesal que es", debe ser interpretada con carácter taxativo y restrictivo.

Además de acreditar la renuncia como diputados de Chaves, Zarrías y Viera, y tras dejar Griñan su escaño en el Senado, el Tribunal Supremo ha tenido en cuenta la norma establecida por la propia Sala de lo Penal en diciembre pasado para que sea el auto de apertura de juicio oral es el que determine si un caso ya sin aforados termina juzgándose o no por el Supremo. En este procedimiento aún no se ha llegado a este punto, por lo que la causa se remite a Sevilla.

Ya la semana pasada, y pese a no tener aún comunicación oficial por parte del Congreso de la renuncia de Viera, el Supremo decidió suspender su estudio sobre el recurso de Griñán contra su auto de imputación.

Durante la tramitación de este asunto en la cámara alta han venido a declarar, además de los cuatro antes aforados, la exconsejera Mar Moreno, también senadora y respecto de la cual se archivaron las actuaciones. Todos ellos negaron tener responsabilidad, y ni siquiera conocimiento del reparto de las ayudas sociolaborales investigadas.

Responsabilidad de aforados

El pasado 25 de junio el intructor del caso, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, acordó proceder contra los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves al estimar que existen indicios de que pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa.

El juez abrió una doble vía, instando por un lado el suplicatorio de Chaves y de los también aforados José Antonio Viera –al que también imputa malversación de fondos públicos– y Gaspar Zarrías, ambos diputados, y dejando fuera del procedimiento a la exconsejera y senadora Mar Moreno, en la que no encuentró delito.

Por otro lado, y tras perder Griñán su condición de aforado, el instructor elevó a través de su auto los indicios recabados en su contra y solicita que, por razones de conexidad, siga siendo enjuiciado junto con el resto de aforados. Todos estos documentos llegarán ahora al juzgado Sevillano.

En ambos documentos, el instructor analizaba el sistema establecido durante diez años, de 2000 a 2010 para conceder ayudas socio laborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía.

El juez relató en sus escritos cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.

Además de detallar la mecánica establecida para conceder las ayudas socio laborales el juez recogía las 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron a lo largo de estos años y que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación.

Esas modificaciones presupuestarias fueron arbitrarias ya que según el Jorque Barreiro, "se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del consejo de gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado". Es decir, se realizaba un aporte sustancial de dinero para pagar subvenciones ilegalmente concedidas.

El magistrado también cuestionaba el desconocimiento que esgrimieron los distintos aforados cuando comparecieron en el Tribunal Supremo y recuerda que se ha investigado una estructura claramente jerárquica y piramidal".

   El exconsejero de Empleo andaluz, José Antonio Viera, renunció a su acta de diputado en el Congreso, que conservaba en el Grupo Mixto después de que el Tribunal Supremo le inculpara en el caso de los ERE y se diera de baja en el PSOE de Sevilla, confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

La renuncia al acta de Viera se produce días después de que la Comisión del Estatuto del Diputado le concediera unos días más de margen para que presente alegaciones al suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder investigarle y que decidiera que el asunto se votará la próxima semana en el Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.

Viera, que era diputado socialista, pasó al Grupo Mixto tras ser imputado por el Supremo y negarse a renunciar la Cámara.

El Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso de los Diputados autorización para poder seguir investigando en la causa de los ERE fraudulentos al diputado y exconsejero de Empleo en Andalucía José Antonio Viera, a quien el instsructor de la causa, el magistrado Alberto Jorque Barreiro, imputa los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

En el auto dictado este jueves por la Sala de Admisiones del alto tribunal se señala que el Supremo ha sido informado de la renuncia a sus actas de parlamentarios del resto de investigados en este procedimiento, los exdiputados Manuel Chaves y Gaspar Zarrías y el exsenador José Antonio Griñán.

Todos ellos han perdido, por lo tanto, su condición de aforados, si bien la Sala recuerda que han presentado escritos contra las conclusiones del instructor que se han unido a la causa "a los efectos pertinentes" y que por lo tanto quedan pendientes de resolver, han informado fuentes jurídicas.

En su auto, la Sala considera "suficientemente razonable" la exposición del instructor para pedir suplicatorio respecto de Viera, no siendo necesario acordar lo mismo en relación al resto de investigados dada la pérdida de su condición de aforados en las Cortes.

Manuel Chaves y Gaspar Zarrías formalizaron este lunes su renuncia a sus escaños con sendos escritos dirigidos a la Mesa del Congreso para su aplicación a partir del 2 de julio, fecha en la que perderán su aforamiento. El presidente del Congreso, Jesús Posada, insistió en que el expresidente de la Junta de Andalucía y el exconsejero decidieron "libremente" renunciar a sus escaños en la Cámara Baja tras haber sido imputados por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE fraudulentos.

En declaraciones en la Cámara Baja, Posada explicó que le "parece muy bien" que ambos diputados hayan entregado sus actas de parlamentarios, pero hizo hincapié en que él como presidente del Congreso "nunca les hubiera dicho" lo que tenían que hacer.

Sin embargo, el exconsejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera, el tercer diputado imputado en la trama de los ERE, ha optado por mantener su escaño en el Congreso, aunque la semana pasada ya solicitó su baja en el PSOE y anunció que se incorporaría al Grupo Mixto.

Pero como Viera no dio formalmente ningún paso más, este lunes fue el PSOE el que ha registrado un escrito en el Congreso comunicando que Viera, diputado por Sevilla, ya no forma parte del Grupo Socialista del Congreso, lo que debería suponer su traslado al Mixto.

Viera explicó este lunes que no ha renunciado a su acta para que la causa siga siendo enjuiciada en el TS, donde dice que ha tenido "la primera oportunidad" de defenderse. En una entrevista en la Ser, recogida por Europa Press, Viera indicó que al no renunciar al acta de diputado hace uso de su derecho al aforamiento "porque durante cuatro años he recibido a través de los medios de comunicación, por filtraciones de los autos y atestados de la Guardia Civil y la Policía, que yo jugaba un papel esencial en las ayudas de la Sierra Norte de Sevilla". A su juicio, "quien escribe eso en un auto o atestado debe inmediatamente proceder a enviar la causa a TS porque entiende que hay indicios racionales de que hay una situación grave".

Aviso muy serio del secretario general del PSOE a los imputados por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE: si se rebelan y no entregan finalmente su acta, serán expulsados "de manera inmediata" del partido. 

Lo dijo Pedro Sánchez este viernes en conversación informal con periodistas después de presentar al equipo de expertos que le ayudarán a elaborar el programa para las elecciones generales. Fue casi al final de la charla cuando saltó la noticia de que José Antonio Viera, diputado en el Congreso y exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, anunciara que se daba de baja de militancia en el PSOE y que no entregará su acta, por lo que pasará al Grupo Mixto.

Su decisión tendría una consecuencia jurídica inmediata: Viera sería juzgado por el Supremo, y no por Mercedes Alaya en el Juzgado número 6 de Sevilla. Ahora quedaría por dilucidar quién juzgará a los otros tres exaforados: Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías. El instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, dejó claro en su auto del jueves que la causa era inescindible y que Griñán, en ese momento no aforado ya que renunció a su acta en el Senado hace dos semanas, debía ser juzgado por el alto tribunal. Esto es, si prevalece ese criterio, el destino judicial de los cuatro seguiría en manos del Supremo. Según fuentes jurídicas, el Supremo deberá pronunciarse ahora sobre si la causa con todos continúa o no en este tribunal por conexidad de los hechos investigados, informa Alicia Gutiérrez.

El secretario general reconoció que el de ayer jueves, cuando se conoció la decisión del Supremo –inculpar a los expresidentes andaluces Chaves y Griñán, y a los exconsejeros Zarrías y Viera, por prevaricación administrativa y a este último, también por malversación–, fue un día "muy duro y doloroso" para él. Con algunos de los afectados había hablado en los días previos, pero no justo este jueves, ya que se encontraba de viaje de trabajo en Bruselas. 

Una vez que trascendieron las resoluciones del instructor del caso de los ERE, el secretario de Organización, César Luena, informó a los periodistas de que los cuatro aforados imputados habían puesto a disposición del partido sus actas y este las había aceptado de forma automática. Pero aún tenían que formalizar la entrega del escaño. Sánchez, justo al comienzo de su breve conversación informal con la prensa, había adelantado que lo harían de forma "inmediata". No ha sido así. Viera se rebela, según se conoció minutos después. Fue entonces cuando el líder de los socialistas dejó muy claro que en ese caso no habría vacilación por parte de la ejecutiva: a los que se sublevasen, se les dará de baja. Mensaje que trasladó también personalmente horas después Luena a Viera, informa Europa Press.

Griñán ya renunció

Esa expulsión, en el caso de Viera, no se llegará a formalizar, dado que es él mismo el que rompe su carné de militante. Y como el acta es personal, el PSOE no puede hacer nada para obligarle a abandonar el Congreso. Griñán, por su parte, sí que renunció a su acta de senador a mediados de junio. 

Chaves y Zarrías, en una nota lanzada hoy, ratificaron que comunicaron el jueves el partido su renuncia a su escaño. Ambos transmitieron su "profundo sentimiento de orgullo porque las medidas sociolaborales de apoyo a empresas y a trabajadores sirvieron para ayudar a Andalucía y permitieron que en los tiempos más duros de la crisis, más de 6.000 trabajadires y sus familias hayan podido sobrevivir". Los dos esperan que la investigación avance "con rapidez" y manifestaron su convicción de que se acreditará que no cometieron "ninguna ilegalidad". La defensa de Zarrías presentó este viernes un recurso contra el auto del instructor, de forma que la Sala suspenda la tramitación del suplicatorio hasta que se resuelva la impugnación. 

Sánchez, en su charla con la prensa, defendió que el partido estaba aplicando el código ético del PSOE a rajatabla. En él se dice que los imputados deberán dejar sus cargos en cuanto se procediese a la apertura de juicio oral. Pero también dice ese texto, recordó, que en casos excepcionales, la dirección puede actuar antes. Y así lo ha hecho con los implicados en el caso ERE: tanto él como Susana Díaz pusieron el listón en la imputación con cargo. Cosa que ocurrió ayer. O con el escándalo de las tarjetas black o con el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar (en su caso, por presunta violencia de género). 

¿Cuándo el PSOE da de baja como militantes a imputados? En el momento de apertura de juicio oral igualmente. Los afectados deben solicitar su salida voluntariamente, pero si no lo hacen el partido procede. Por esa razón, Chaves y Zarrías seguirán en el PSOE. 

Los reiterados informes en que el interventor de la Junta de Andalucía alertó contra el sistema aplicado durante más de 10 años para repartir no menos de 854 millones en ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis dan la clave por la que el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro ha colocado en el camino hacia el banquillo por prevaricación a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros dos exdirigentes socialistas. Griñán ya había abandonado su escaño. Chaves, el hombre que durante 19 años dirigió el único feudo socialista inexpugnable desde la restauración democrática, seguirá ahora sus pasos arrastrado por el caso ERE.

El juez destaca con reiteración que, indiciariamente, los dos expresidentes de la Junta de Andalucía y expresidentes del PSOE tuvieron un papel activo y no de meros consentidores en el diseño de un sistema que define como abiertamente ilegal, aunque deja claro que ninguno de los dos, como tampoco el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, se lucró ni participó en el desvío de fondos. Al exconsejero José Antonio Viera le atribuye en cambio también el delito de malversación como responsable de ese supuesto desvío. La quinta imputada, la exconsejera Mar Moreno, queda exonerada.

Barreiro, que acusa a Chaves y Griñán de haber realizado un “ejercicio arbitrario del poder”, condensa así su posición sobre las advertencias del interventor Manuel Gómez: sus informes avisaban “no de meras 'irregularidades' o 'inadecuaciones' en la tramitación y control de las subvenciones (…),  sino de auténticas ilegalidades, pues no pueden catalogarse de otra forma las vulneraciones patentes de preceptos legales”. Haciendo suyas las palabras usadas por el interventor en un escrito que dirigió al Parlamento andaluz, el juez recalca que los imputados "cebaron sin descanso" la partida de los ERE.

El juez describe la trayectoria del interventor como la de un funcionario que en los primeros momentos hizo lo debido y que cuando debió dar “el paso siguiente que le marcaba la ley” –emitir un informe de actuación, es decir, el que hubiese implicado el cese inmediato de las ayudas– sucumbió a la “paralización”. Año tras año, a partir de 2005, advirtió del daño que para el erario andaluz implicaba ese sistema. Pero nunca emitió informes de actuación.

Paréntesis sobre el papel de la intervención

Esa “omisión”, razona Barreiro, “sólo podría explicarse por el dilema en que se vio envuelto: o ponía en evidencia y bloqueaba un sistema ilegal (…) pero teniendo que hacer la denuncia ante los máximos responsables que le habían designado discrecionalmente (…) o proseguía con sus reiteradas advertencias de ilegalidad pero sin emitir informe de actuación”.

Es en ese punto cuando el juez abre una especie de paréntesis para cuestionarse el modelo de la Intervención aplicado en España: "Sólo nos queda plantearnos el interrogante de si un sistema de Intervención puede alcanzar el grado necesario de eficacia cuando el que hace la labor de interventor general tiene que controlar la actuación de quienes lo nombran discrecionalmente para ejercerla. Es decir, si el interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecionalmente por el intervenido".

Aunque las acusaciones del magistrado figuran en la resolución con la que se abre el trámite para pedir el suplicatorio de los tres inculpados que aún tienen escaño en el Congreso –Chaves, Zarrías y Viera– y gozan por tanto de aforamiento ante el Supremo –Griñán ya ha dejado su escaño en el Senado–, su dimisión como diputados anticipa que la causa volverá a Sevilla.

"Conspiración del silencio"

Esto es, que el Supremo se inhibirá en cuanto se formalice su abandono del escaño y devolverá la causa a manos de la jueza que inició las investigaciones, Mercedes Alaya, cuyos argumentos fundamentales revalida ahora Barreiro. Alaya no tiene por qué cerrar de inmediato la instrucción, puede seguir practicando diligencias y los inculpados tienen todavía la opción de evitar el banquillo. Pero eso es mucho más difícil ahora tras su inculpación formal a cargo del Supremo.

En su exposición razonada –la resolución donde pide el suplicatorio– el magistrado tumba la principal línea de defensa de los antiguos responsables del Gobierno andaluz: el de que ignoraban que el sistema fuera ilegal porque nunca la Intervención les avisó de ello.

La Intervención sí avisó, concluye el juez. Pero, además, al magistrado le resulta inverosímil la hipótesis de que esos informes fueran conocidos por directores generales y viceconsejeros pero no por la cúpula del Gobierno andaluz. Porque, de ser cierta esa hipótesis, “en la Junta de Andalucía habría un sector de altos funcionarios que estarían realizando una especie de complot o de 'conspiración del silencio' dentro de las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda” para que sus respectivos titulares no se enterasen de lo que estaba sucediendo.

El testimonio de otro imputado en el caso, el exconsejero de Trabajo Antonio Fernández, que llegó a permanecer meses en prisión preventiva, ha resultado tan demoledor para Chaves como el del interventor Manuel Gómez.

Inverosimilitud

Barreiro recuerda que el exconsejero Fernández expresó ante la juez Alaya “su convicción” de que Chaves conocía el ya célebre convenio de 2001 que hasta 2010 permitió camuflar como transferencias para gastos de explotación de un organismo de la Junta, el IFA –luego rebautizado como Agencia Idea– lo que en realidad no eran sino subvenciones.

Fue ese sistema, el de las transferencias de financiación, el que permitió gastar al menos 854 millones de euros en ayudas sociolaborales sin publicidad ni fiscalización previa ni controles de ningún tipo. El juez incluye un recordatorio de calado al hilo de la cantidad desviada: que el total repartido ascienda como mínimo a 854 millones –la Cámara de Cuentas de Andalucía lo cifró en 1.200 millones– no significa "que todo el dinero haya sido defraudado en perjuicio del erario público". Es decir, que una parte –todavía no se sabe cuál– llegó al destino que habría llegado de aplicarse un procedimiento legal.

En relación a ese convenio marco, piedra angular del sistema cuyo diseño y mantenimiento constituyen los cimientos en los que Barreiro se basa para acusar a los imputados de prevaricación, el juez recupera el argumento de la inverosimilitud: no se cree, porque sería “incoherente” que viceconsejeros, directores generales y subdirectores conocieran su existencia y en cambio no lo conocieran “los integrantes de la cúpula de la pirámide” de la Administración andaluza.

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, el exconsejero de Presidencia andaluz Gaspar Zarrías y el exconsejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera comunicaron este jueves su decisión de renunciar a sus respectivos escaños en el Congreso tras conocer que el Tribunal Supremo les ha imputado en el caso de los ERE fraudulentos de la administración andaluza, según informa Europa Press.

Así lo anunció en el Congreso el secretario de Organización del PSOE, César Luena, quien explicó que la dirección del partido ha aceptado sus renuncias y ha recalcado que de esta forma el PSOE cumple el compromiso que había adquirido de que dejarían sus escaños si el Supremo les imputaba.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, manifestó que el partido respeta el proceso judicial y espera que sus defensas puedan demostrar su inocencia. “Los socialistas cumplimos los compromisos que adquirimos con los ciudadanos. Nos gustaría que el resto de partidos hiciera lo mismo”, dijo Cornejo.

Reacción del PP

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, mantuvo que este jueves es "un día triste" para Andalucía con la "crónica de una imputación anunciada", la de los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y pidió a la presidenta de la Junta y secretaria del PSOE-A, Susana Díaz, y al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que den explicaciones a la "década de corrupción" en el Gobierno andaluz.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Moreno pidió que Susana Díaz "salga de manera inmediata y comparezca en el Parlamento y ante los medios de comunicación" y que Sánchez también explique si el PSOE a nivel nacional "conocía los hechos y miró para otro lado".

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro propuso este jueves continuar el procedimiento contra los expresidentes socialistas andaluces José Antonio Griñan y Manuel Chaves, pero también contra los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, en todos los casos por un delito de prevaricación administrativa.

Por otra parte, Barreiro decretó el sobreseimiento de la acusación contra la también exconsejera socialista y en la actualidad senadora Mar Moreno.

En el caso de Jose Antonio Viera el juez entiende que, además del de prevaricación, hay indicios también de que pudo cometer malversación de fondos públicos, por lo que propone que se continúe el procedimiento contra él por estos dos delitos.

Para los tres aforados, que son Chaves, Zarrías y Viera tras la renuncia de Griñán como senador, el juez eleva una exposición motivada a la Sala de lo Penal del Supremo [consúltala aquí en PDF] para que tramite el preceptivo suplicatorio, necesario en este momento para continuar el procedimiento contra ellos. En el caso de Griñán, el magistrado motiva a través de un auto [aquí en PDF] los indicios recabados contra él por los que se le imputa el delito de prevaricación, al que le considera presunto coautor y por tanto desde el punto de vista sustantivo material debe ser enjuiciado conjuntamente con los restantes aforados.

A lo largo de los 130 folios de la exposición motivada, el magistrado Alberto Jorge Barreiro analiza en primer lugar el sistema establecido durante diez años, de 2000 a 2010 para conceder ayudas socio laborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía. El juez relata cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.

Modificaciones "arbitrarias"

Una vez que se ha detallado la mecánica establecida para conceder las ayudas socio laborales, el juez recoge las 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron a lo largo de estos años y que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación. “Esas modificaciones presupuestarias fueron arbitrarias", ya que, según el juez, "se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del Consejo de Gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado". Con esas modificaciones se realizaba un aporte sustancial de dinero para pagar subvenciones ilegalmente concedidas. El juez cita las palabras del interventor general en un escrito dirigido al Parlamento de Andalucía en el que señalaba que los imputados "cebaron sin descanso la partida de los ERE".

El juez en su exposición detalla todos los indicios recabados contra los aforados, así como las advertencias reiteradas del interventor, un elemento fundamental para acreditar el conocimiento de la ilegalidad del sistema establecido.

Alberto Jorge Barreiro concluye que el sistema de subvenciones investigado fue ilegal. El magistrado se pregunta si un sistema de intervención es eficaz "cuando el que hace la labor de interventor general tiene que controlar la actuación de quienes lo nombran discrecionalmente para ejercerla, es decir, si el interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecional mente por el intervenido”.

El problema de los aforamientos

El magistrado cuestiona el desconocimiento que esgrimieron los aforados cuando comparecieron en el Tribunal Supremo. En el auto que afecta a Griñán, el instructor recuerda que se ha investigado una estructura claramente jerárquica y piramidal: “Pues no sólo es que la falta de entrega por la viceconsejera de los informes que se dirigen al consejero contradiga de forma patentemente irrazonable lo que sucede en casos similares, sino que de acogerse la versión del imputado, en la Junta de Andalucía habría un sector de altos funcionarios (de viceconsejerías hacia abajo) que estarían realizando una especie de complot o de conspiración del silencio dentro de las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda para ocultar a los respectivos consejeros los informes relevantes y alarmantes que les llegaban referentes al sistema de aplicación de las transferencias de financiación". El juez considera que el sistema de conceder ayudas o subvenciones mediante las transferencias de financiación generaba el falseamiento del presupuesto.

El magistrado dedica gran parte de su exposición a fundamentar por qué las decisiones adoptadas por los aforados fueron arbitrarias e injustas, requisitos para acreditar que con sus actos pudieron cometer un delito de prevaricación administrativa.

El magistrado cuantifica en 855 millones de euros el dinero presupuestado y que la Junta de Andalucía gastó y pagó desde 2000 a 2010 en las subvenciones acordadas y concedidas. En relación con el perjuicio económico ocasionado a la Administración andaluza, el magistrado considera que no se podrá valorar con exactitud hasta pasados unos años. El grueso más importante de este dinero se dedicó a los 77 ERE, en donde se efectuaron pagos excesivos.

El magistrado dedica también un apartado en el auto de Griñán a destacar los problemas que plantean los aforamientos, por cuanto fragmenta el proceso e impide un enjuiciamiento conjunto, cuando el aforado además puede renunciar al privilegio en un momento determinado. El juez señala que la causa se ha instruido durante cuatro años en Sevilla sin que la jueza haya podido investigar directamente a la cúpula de la pirámide funcionarial de la Junta de Andalucía por tener la condición de aforados.

Y cuando el Supremo entra a hacerlo, cuatro años después, "la investigación procesal ya está consolidada y las posibles vías o fuentes de averiguación directas contra los aforados se muestran ya más bien marchitas o inaccesibles para reiniciar una instrucción". En el caso de Griñán, el juez entiende que por las razones de conexidad e inescindibilidad del contenido de la causa y dada la posible coautoría de un presunto delito de prevaricación no procede atribuir la competencia al juzgado de Sevilla.

La transcripción del interrogatorio judicial al que el expresidente andaluz Manuel Chaves fue sometido en el Supremo el pasado 14 de abril por el caso de los ERE acredita que el juez instructor de la causa abierta contra él y otros cuatro cargos socialistas aforados no se cree el principal argumento de sus defensas.

Y ese argumento es el de que nunca sospecharon que el procedimiento aplicado fuese ilegal porque la Intervención de la Junta de Andalucía jamás elevó lo que se conoce por “informe de actuación”, el previsto en caso de menoscabo de fondos como el que presuntamente se produjo aquí: 140 millones de euros sobre un total de 855 millones gastados entre 2000 y 2009.

"Yo –avisó a Chaves el magistrado, Alberto Jorge Barreiro, en un momento del interrogatorio– tengo que decirle que, con arreglo a la experiencia, una persona a la que nombran ustedes [el interventor] y que les hace tantas advertencias por escrito, el hecho de que no les lleguen informes de actuación tampoco puede tener la relevancia que ustedes le dan”.

El calado de la ausencia de esos informes de actuación, continuó razonando el juez instructor, “estaría fundamentado si no hubiera dicho nada el interventor, pero tanto en las memorias [de los planes de control financiero] como en los informes es bastante claro y contundente en sus advertencias a pesar de lo que ustedes alegan aquí en presencia del juez instructor”.

Cuajada de diálogos que evidencian la incredulidad del juez respecto del desconocimiento total esgrimido por Chaves en relación al procedimiento empleado para repartir las ayudas y las alertas que la Intervención fue emitiendo a lo largo de los años, la transcripción constata que el juez tampoco cree en el segundo gran argumento de la defensa: la legalidad de las llamadas transferencias de financiación como vehículo para canalizar subvenciones. El expresidente recalcó una y otra vez que jamás adoptó ninguna decisión ilegal. Y que si hubiera tenido dudas sobre la legalidad del procedimiento habría actuado.

“No leí las memorias, me habría pasado el tiempo leyendo papeles”

Tanto el juez como los fiscales sostuvieron que ese mecanismo de las transferencias de financiación vale para sufragar “actividades genéricas, no para el pago de subvenciones” que quedaban ajenas, por ejemplo, al principio de publicidad.

En un momento dado, y en referencia a las memorias que plasmaban los resultados de los programas anuales de control financiero permanente y en las que la Intervención reflejó distintos “incumplimientos”, el juez interpeló así a Chaves: “Parece ser que entonces sí le llegaban datos muy concretos a través de estas memorias de los problemas que había con las reiteradas transferencias de financiación, por lo menos aquí constan por escrito”.

Tras recalcar que jamás tuvo “constancia de ninguna irregularidad” y que “no lo hubiera permitido”, Chaves habló así: “Yo no leí las memorias. No sé si llegaron al Consejo de Gobierno, no lo sé, pero también le tengo que decir [...] que yo no me podía leer todos los informes que acompañan a cualquier iniciativa normativa que llegaba al Consejo de Gobierno porque entonces me hubiera pasado todo el tiempo de mi Presidencia de la Junta de Andalucía leyendo papeles”.

Díaz, sin ser investida

La transcripción del interrogatorio, que duró dos horas y media, llegó a todas las partes personadas en la causa del Supremo este viernes, horas después de que la presidenta en funciones de Andalucía, Susana Díaz, fracasara en su segundo intento por lograr la investidura.

Los socialistas andaluces, que días atrás daban por descontado el apoyo de Ciudadanos tras haber asumido el decálogo anticorrupción propuesto por esa formación, han visto finalmente cómo la permanencia de Manuel Chaves en su escaño del Congreso se convertía en el motivo invocado por Albert Rivera para dar marcha atrás.

El expresidente andaluz anunció el 24 de abril que no repetirá en las listas al Congreso, pero planea continuar en la Cámara hasta las elecciones generales. Su sucesor al frente del Gobierno andaluz, el también imputado José Antonio Griñán, ha optado en cambio por abandonar su escaño en el Senado tras la investidura de Susana Díaz.

Asunción de las tesis de Alaya

El fondo y la forma de las preguntas dirigidas por el juez Barreiro a Chaves no parecen augurar una rápida desimputación del hombre que durante 19 años (1990-2009) dirigió el Gobierno andaluz.

La dureza de los fiscales asignados al caso tampoco lo presagia. Fuentes de las defensas consultadas por este diario coinciden en que lo que transmite Alberto Jorge Barreiro es que ha hecho suyas las tesis de la jueza original del caso, la sevillana Mercedes Alaya: que hubo una especie de confabulación en las alturas del Gobierno andaluz para articular un sistema normativo y financiero que permitiese repartir ayudas públicas de forma ilegal y sin el menor control. O con “descontrol absoluto”, expresión literal utilizada por uno de los fiscales que interrogaron a Chaves.

Las defensas centran ahora sus esperanzas en las dos últimas declaraciones prestadas en la causa: la de los dos catedráticos –Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago– que han elegido como peritos para refutar las conclusiones de la Intervención General del Estado (IGAE).

Recta final

En contra de lo dictaminado por la IGAE, esos dos catedráticos sostienen que el uso de las llamadas transferencias de financiación –el dinero que la Junta de Andalucía remitió año tras año al organismo público autonómico encargado de pagar las ayudas a empresas en crisis y sus trabajadores– fue estrictamente legal. Fuentes de las defensas aseguran que, por primera vez en todas las comparecencias registradas hasta la fecha en el Supremo, los fiscales no plantearon ni una sola pregunta a Zornoza o Martínez Lago.

Si el juez Barreiro citará ahora a los peritos de la IGAE para contrastar con ellos, cara a cara, el informe de los peritos de la defensa continúa siendo una incógnita. Pero, desde luego, todo apunta a que la instrucción en el Supremo ha enfilado ya su recta final.

Y apunta que, también desde luego, ninguna de las defensas de los cinco imputados –Manuel Chaves, José Antonio Griñán, el exvicepresidente Gaspar Zarrías y los exconsejeros José Antonio Viera y Mar Moreno– puede cantar victoria ni dar por descartado que Barreiro opte por pedir el suplicatorio para inculparlos formalmente y sentar en el banquillo a alguno, algunos o todos.

La exconsejera de Presidencia y senadora Mar Moreno aseveró este martes ante el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Alberto Jorge Barreiro, que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que ella tenía una "absoluta falta de relación" tanto "temporal" como "material" o "competencial" con este asunto

En declaraciones a los medios de comunicación tras haber comparecido ante el instructor durante una hora y media, Moreno dijo que esa situación queda acreditada con los informes de la Guardia Civil. Además señaló que se siente "razonablemente satisfecha" tras haber comparecido ante el juez.

La de Moreno fue la última de las declaraciones prestadas durante las dos últimas semanas por los cinco aforados, tras las del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías.

Para poder interrogar a la senadora, el instructor tuvo el resultado de la investigación que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la propia Moreno y Zarrías.

No presidió ningún 'consejillo'

En este atestado, los agentes señalan que durante el tiempo en el que Moreno ocupó el cargo "no presidió ninguna sesión de la Comisión en la que se adoptaran acuerdos relacionados con los hechos que se investigan, ni tampoco sesiones en las que se diera lectura y aprobación de acuerdos de reuniones anteriores".

"De hecho, Mar Moreno, durante el tiempo que fue consejera de Presidencia sólo asistió y presidió una sesión de la Comisión de Viceconsejeros [los llamados consejillos], la que se celebró el 1 de septiembre de 2010, y en la misma no se llegó a tratar ninguna propuesta relacionada con los hechos que se investigan", apuntan los agentes en este atestado entregado al instructor del caso ERE en el Supremo.

El expresidente andaluz José Antonio Griñán sostuvo este jueves durante su declaración como imputado por el caso de los ERE ante el Tribunal Supremo que si dimitió de su cargo hace casi dos años fue porque asumió su “responsabilidad política” tras conocer la “barbaridad” en el reparto de unas ayudas que durante años se hizo “de forma aleatoria y sin control”. Así consta en el resumen de su larga declaración de cuatro horas, al que ha tenido acceso infoLibre.

Cuando dimitió como presidente de la Junta en agosto de 2013, Griñán aseguró que lo hacía para “preservar” al Gobierno andaluz “de la erosión” causada por el caso. Desde entonces, él mismo y su sucesora, Susana Díaz, han sugerido de forma alambicada aunque nunca explícita que aquella dimisión fue una forma de pagar políticamente los platos rotos del mayor escándalo de corrupción afrontado por los socialistas en lustros. Pero nunca hasta ahora, como este jueves ha hecho ante el Supremo, Griñán había definido de modo tan nítido su cese voluntario como una asunción de responsabilidades políticas.

En pleno debate sobre si, más allá de las responsabilidades penales que eventualmente señalen los jueces en este proceso, Griñán y su predecesor al frente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, deben asumir responsabilidades políticas abandonando sus escaños en el Senado y el Congreso, el primero de los dos exdirigentes citados reconoció de forma palmaria que fallaron los controles de gasto.

Pero lo hizo con un matiz clave que Griñán lleva reiterando desde que en agosto de 2013 abandonó la presidencia de la Junta de Andalucía: que la culpa de esa ausencia de controles –que merece la asunción de una responsabilidad política “e incluso penal”, dijo– recae sobre la Consejería de Empleo, no sobre la de Hacienda. La de Hacienda es la que Griñán dirigió entre 2004 y abril de 2009, cuando ascendió a la jefatura del Ejecutivo andaluz tras la incorporación de Chaves al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es más: el expresidente andaluz destacó que a partir de 2005, el primer año cuyas cuentas gobernaba como consejero de Hacienda tras la marcha de su antecesora, Magdalena Álvarez, se incrementaron los controles financieros.

Griñán atribuyó de forma tan estricta la autoría de lo sucedido a la Consejería de Empleo que negó incluso conocer el contenido del convenio marco que, firmado en 2001, fijó los parámetros legales para el reparto de ayudas a empresas en crisis o con expedientes de regulación de empleo.

El papel de Viera

Suscrito por José Antonio Viera, entonces titular de Empleo y también imputado ante el Supremo, ese convenio marco es el que determinó que un organismo adscrito a esa Consejería, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), canalizase los pagos previa recepción de los fondos a través de la figura conocida como transferencias de financiación.

El expresidente Griñán reiteró asimismo lo que ya había expuesto ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz: que la Intervención General de la Junta jamás alertó de ilegalidades ni reclamó el cese del sistema empleado para el reparto de ayudas. En esa comisión, en cambio, Griñán se había referido al convenio marco de 2001 con naturalidad. Es decir, como a un acuerdo conocido por todos.

La jueza Mercedes Alaya, durante años instructora del caso de los ERE y que lo envió al Supremo por la condición de aforados de varios cargos del PSOE a los que pretendía imputar –Viera, Griñán y Chaves entre ellos–, sostiene que ese convenio marco fue en realidad un andamiaje construido para sustentar el multimillonario fraude, que cifra en 855 millones.

"Un gran fraude"

Griñán, que declaró como imputado durante más de cuatro horas, también habló a los medios de comunicación a su salida del Tribunal Supremo: "No hubo un gran plan [para el desvío de fondos], pero hubo un gran fraude, y es evidente que algunos controles pudieron fallar", dijo. El ahora senador socialista reflexionó sobre su situación, que calificó de "mala" para él y para su familia y añadió que ha vivido un auténtico "calvario" con su implicación en esta causa aunque dejó claro que confía en la Justicia.

El expresidente se expresó en su declaración en términos muy técnicos a las preguntas que le realizó el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro. Y no contestó en ningún momento a las que le hizo la acusación particular en representación de Manos Limpias y el PP andaluz.

Las principales asociaciones de jueces defienden la legalidad "absoluta" del cobro de un total de 230.000 euros por parte de 32 jueces y fiscales de Madrid por asesorar en mejoras informáticas.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha venido abonando, según el diario El País, a través de la empresa Indra compensaciones para que funcionarios de justicia ayudaran a la mejora de un sistema informático que se va a implantar en un futuro en la justicia de esta Comunidad Autónoma.

El más categórico a la hora de defender la regularidad del cobro de los altos funcionarios de justicia es el portavoz de la asociación jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero: "La legalidad es absoluta. No entiendo la noticia que es de una falsedad absoluta".

Sexmero asegura que estas colaboraciones pagadas se encuentran dentro del desempeño normal: "Lo que han hecho los magistrados y funcionarios en general se ha hecho en otras Comunidades Autónomas y Madrid está muy retrasada en la informatización de las justicia. Y en este caso se trata de una colaboración técnico-jurídica, pues es imposible que ninguna empresa pueda hacer aplicaciones de gestión procesal sin la colaboración y el trabajo esclavo de los jueces, que tienen que trabajar en casa".

"Algo puntual"

En su defensa de la actuación de los magistrados, Sexmero sostiene también que hasta el momento en ninguna ocasión se ha reclamado una autorización: "Los Consejos no la han pedido, pues han entendido que se trata de algo puntual. Es una colaboración técnico-jurídica y todo está fiscalizado. Es legal y no hay ningún problema de ética ni de estética".

Por su parte, el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, destaca que cuando la Comunidad de Madrid lleva a cabo unos trabajos para la informatización de la justicia, hay una parte de este trabajo que no puede ser encomendada a los técnicos: "Y los hacen los jueces, secretarios y funcionarios en general. Se denomina el árbol de secuencias, y tienen que definir cada acto procesal en todas las jurisdicciones. Y por otro lado hay que construir las resoluciones tipo que puedan ser utilizadas por los profesionales".

Sin compatibilidad

Y esta actividad se suele encomendar a pequeñas comisiones de jueces. "Las empresas informáticas estarían incapacitadas por su desconocimiento del acto procesal. Hasta el momento, estos trabajos no han necesitado una compatibilidad, y en este caso la última palabra la tendrá CGPJ".

Por su parte, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, que también considera legales los cobros de los magistrados y fiscales, es más crítico con la posible incompatibilidad de estos trabajos: "Hubiera sido conveniente, dentro de un punto de vista ético, que se hubiera solicitada la autorización. Y no haberlo hecho perjudica la independencia judicial. Y perjudica la imagen de independencia, sobre todo porque se cobra un sueldo de una empresa privada. Se tendría que haber hecho para evitar suspicacias y sospechas".

Explicaciones de Vieira

La asociación Jueces para la Democracia ha preferido no hacer declaraciones a la espera de que aclaren las cantidades, si hay contratos y una autorización del Consejo y que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, dé alguna explicación.

En este sentido, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, defendió a los funcionarios, y destacó que si el presidente del Tribunal madrileño les encarga un trabajo remunerado en todo momento darían por hecho que no habría problemas de compatibilidad. 

Precisamente, el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha incoado de oficio una información previa para averiguar si el propio Vieira y otros jueces incurrieron en incompatibilidad al recibir una compensación económica por el desarrollo de una herramienta informática en Decanatos y Órganos Judiciales que se puso en marcha en 2010.

Sin autorización

Así lo ha señalado el CGPJ en un comunicado en el que explica que decisión se produce después de que Vieira haya confirmado de que la Comunidad de Madrid había solicitado la colaboración de jueces y magistrados además de otro personal de la administración de justicia para el desarrollo de esta herramienta y de que entendió que esa actividad no precisaba autorización ni reconocimiento de compatibilidad por parte del CGPJ.

El promotor de la Acción Disciplinaria ha citado para este martes al presidente del TSJ de Madrid en la sede del Consejo General del Poder Judicial.

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro citó a declarar por el caso de los ERE de Andalucía en calidad de imputados a los expresidentes de esta comunidad Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a los diputados, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, según una providencia hecha pública este martes.

El PSOE, sin embargo, no pedirá el escaño por el momento a ninguno de los cinco aforados. El listón que puso la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el secretario general del partido, Pedro Sánchez, era que se les imputara algún delito, y eso no aparece en la providencia. En ello se escudó el secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo: que no hay "motivo" para que Chaves y Griñán dejen sus actas de diputado y senador porque "no se les imputa ningún delito".

Recordó que ambos pidieron comparecer voluntariamente ante el Supremo y ahora tendrán la oportunidad de expresarse, por lo que tendrán la "oportunidad de aclararlo todo y de que se les escuche". "Siempre hemos dicho que ante casos de imputación de algún delito, cosa que no ha ocurrido en el caso de Chaves y Griñán, entonces de pronunciaría el partido", según dijo Cornejo, quien aseguró que será el juez el que diga, tras haber tomado declaración a los expresidentes, si se les imputa o no algún cargo.

Si se produjera esa imputación de delito, entonces el partido se pronunciará el partido en relación con "todo", dijo Cornejo, como la posibilidad de que tuvieran que abandonar sus escaños en las cámaras en las que están en este momento.

Chaves dice "nada ha cambiado en absoluto"

El portavoz de la Junta, el socialista Miguel Ángel Vázquez, también secundó esta tesis. Insistió en que Díaz dejó "meridianamente clara" su posición de que no haya ningún imputado con señalamiento de delito en ninguna Cámara. Vázquez subrayó que el Gobierno andaluz no comenta las decisiones judiciales y que esta vez no va a ser una "excepción". "Respetamos el funcionamiento de la Justicia, no interferimos y colaboramos permanentemente con la información que se nos solicita", apuntó, informa Europa Press. Se le preguntó si la Junta se personará en la causa de los ERE, y respondió que será el gabinete jurídico del Ejecutivo el que marcará el criterio a seguir. 

Y desde Madrid, se pronunció en el mismo sentido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Antonio Hernando defendió que los expresidentes pidieron declarar voluntariamente y "no hay otra forma" de hacerlo que en calidad de imputados. Por eso "no tendrán que entregar sus actas". Si luego se les culpa de algún delito, sí tendrían que dejar sus escaños, "cumpliendo así con la palabra del secretario general del PSOE". Hernando rectificó las primeras declaraciones que hizo tras conocerse la citación de Chaves y Griñán. En un primer momento, en rueda de prensa en el Congreso se remitió al código ético del PSOE, que fija la exigencia de responsabilidades cuando se abre juicio oral. 

El propio Chaves respondió a los periodistas en la Cámara baja que no se irá por ahora, que su situación procesal no ha cambiado porque contra él no pesa ninguna "imputación formal". Dijo tener la "conciencia tranquila" y confiar en que la causa se "archive". "No hay auto de imputación formal contra nosotros, no hay inculpación, ni indicio de delito, simplemente es así por tener que ir a declarar, nada ha cambiado en absoluto", señaló el expresidente, quien añadió que se ha sentido "respaldado" por su partido. También confió en que su citación no influya en las elecciones andaluzas del 22 de marzo, informa Europa Press. 

El PP pide a Sánchez que también pase el mocho en Andalucía

Ya infoLibre avanzó en noviembre que la única forma que tenían los aforados de dar explicaciones ante el TS era como imputados, pues ello les permite ir acompañados de abogados y disfrutar de garantías procesales. Cuando hayan prestado declaración, el Supremo podría atribuirles delitos concretos a cada uno o considerar que son inocentes y no hay materia para inculparles delitos concretos.

El PP vio una oportunidad en la imputación de Chaves y Griñán, más ahora en la precampaña electoral andaluza. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, emplazó a Sánchez a "coger el cubo y la fregona y a pasar el mocho también por el PSOE andaluz", dentro de la operación de limpieza que ha puesto en marcha en su partido al destituir a Tomás Gómez sin ni tan siquiera estar imputado por el caso del tranvía de Parla.

El conservador Hernando le dijo al líder del PSOE que, "a la ahora de limpiar, no se deje una zona un tanto oscura" en Andalucía porque allí su partido acumula ya "demasiados casos de corrupción" y se cuentan por centenares los socialistas implicados, informa Europa Press. "Cuando se hacen declaraciones de limpieza hay que ser coherentes y consecuentes", agregó. 

Documentación requerida

La providencia conocida este martes [consúltala aquí en PDF] especifica que los expresidentes, ahora senadores, tendrán que testificar en el Supremo el 9 de abril, en el caso de Griñán, y el 14 del mismo mes, en el de Chaves. Para el 7 de abril es citado José Antonio Viera; para el 16 de abril, Gaspar Zarrías; y para el 21 de abril, Mar Moreno. Todos ellos son citados en calidad de imputados en la presente causa, aunque no se especifica ningún cargo.

De esta forma, los cinco aforados socialistas tendrán que dar explicaciones finalmente en el Tribunal Supremo sobre sus decisiones en relación con los ERE de Andalucía. El propio magistrado que instruye el caso, Alberto Jorge Barreiro, especifica que a Chaves se le interrogará sobre sus decisiones como presidente de la Junta de Andalucía "con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a empresas de la referida autonomía, así como las prestadas a personas físicas".

En similares términos se expresa sobre la comparecencia como imputado de Griñán, "en su desempeño en la Consejería de Economía y Hacienda y en la Presidencia de la Junta".

Pero la providencia de Barreiro da cuenta de una diligencias de gran importancia para la investigación. En concreto se trata de la decisión del magistrado de encargar a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que analicen las deliberaciones de la Comisión General de Viceconsejeros, presidida por el consejero de Presidencia, y denominadas por uno de los imputados como consejillos.

De esta forma, el juez quiere que los funcionarios le informen de los temas que se trataban en los mencionados consejillos consejillosen relación a las modificaciones presupuestarias, a los planes anuales de control financiero y cualquier proyecto normativo relacionado con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de Andalucía, así como a personas físicas en el periodo comprendido entre 2000 a 2012.  

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, exsecretario general del PSOE de Sevilla y actual diputado por el PSOE-A en el Congreso, José Antonio Viera, aseguró este martes que el hecho de ser aforado, "indudablemente", le ha "perjudicado" porque le ha "mantenido tres años en una indefensión absoluta".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Viera, preguntado por si durante estos tres años se ha sentido solo, dijo que aprendió "hace ya algún tiempo lo de la soledad" porque también se ha movido en "otros sectores donde un día eres un héroe y al otro un villlano". "Cuando las cosas se complican, al final queda la familia y los amigos de siempre", resumió. A la cuestión de si se ha sentido apoyado por el partido, se limitó a decir que tiene "todos los apoyos" que le pueden dar tanto de la Ejecutiva federal, como regional y provincial, que "nunca se han pronunciado en contra".

Viera también ha admitido que ha hablado con el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien le ha mostrado su "total" confianza. "Le he dicho que a lo largo de estos meses se demostrará que siempre actué con honestidad en todos los actos", afirmó.

El diputado –que es uno de los nueve aforados citados en la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo (TS) por la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, Mercedes Alaya– lamentó que a lo largo de estos tres últimos años tanto haya visto su nombre "en numerosos escritos" de la Guardia Civil o de la propia juez en los que "se afirma, se rumorea y se hacen conjeturas" sobre su posible actuación y que eso se ha convertido en una "imputación camuflada y una acusación y condena mediática" de la que no se ha podido "defender".

"Esto es una especie de muerte civil", sentenció el socialista, que también criticó la filtración a los medios de comunicación de la parte razonada que Alaya elevó al Supremo y que apareció en "un serial de radios, televisiones y medios escritos con pelos y señales" sin que lo tuvieran ni las partes ni los aforados afectados.

Por ello, deseó que "alguna de las instituciones que deben de velar por las garantías procesales investigue lo ocurrido y pida responsabilidades al respecto". Sobre todo, según añadió, porque él entró en la política "con honor y con honra", no para "servirse" de ella, y no se "ha encontrado nada ni legal ni inmoral" en su actuación aunque, con la instrucción realizada del caso y la repercusión mediática, le "han destrozado el itinerario de más de 20 años dedicados al servicio público" y le han hecho un "daño desde el punto de vista moral y de prestigio irrecuperable".

En este contexto, y cuestionado sobre si sigue siendo diputado del PSOE-A en el Congreso para mantener el aforamiento, Viera nego este extremo y ha pedido "hacer pedagogía" de esta figura porque, en su opinión, "no es ningún privilegio que quite responsabilidad a las personas aforadas". "Yo diría que le quita incluso instancias para poder recurrir porque cuando el Tribunal Supremo se pronuncia ya no hay posibilidad de recurrir a ninguna otra instancia", dijo tras asegurar que, "indudablemente", en su caso a él le ha perjudicado tener esta condición porque ha pasado "tres años en indefensión absoluta".

A la pregunta de por qué no ha renunciado entonces a su acta de diputado, Viera señaló que "cuando uno está en una estructura como el PSOE-A, esas situaciones no se resuelven de manera individual". Respecto a si la dejará si finalmente es imputado por el Supremo, se limitó a decir que en caso de que llegue ese momento, el PSOE-A "tiene un código de conducta en el que se dice que el periodo de imputación es un periodo de defensa de un militante y que, si hay acusación firme, es el momento en que se tomará esa decisión".

Defiende su comportamiento legal y ético

A lo largo de toda la entrevista, el exconsejero de la Junta defendió que todas las acciones que llevó a cabo en la Consejería de Empleo entre el año 2000 y 2004 en los que la dirigió fueron "legales" desde el punto de vista jurídico y "éticas" desde el punto de vista moral.

Por ello, y porque tiene "muy claro" que para explicar "todo lo ocurrido" entre esos años en su Consejería hay "argumentos y documentación que acredita que nunca participé en ninguna acción ilegal y mucho menos amoral", expresó su deseo de acudir también voluntariamente a declarar ante el Supremo para evitar seguir en un "limbo jurídico", tal y como ya hicieron los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Viera recalcó que "no es posible que la ley de presupuestos del Gobierno andaluz, que pasa por el Parlamento, que entra en todas comisiones de la Cámara andaluza, pueda escapar justamente a esos controles jurídicos", por lo que insiste en que todos los que han trabajado en la Junta en esos años creían "firmemente" que sus acciones eran "legales".

En este sentido, criticó que la juez Alaya señalase al Parlamento en alguno de sus autos poniendo "a los parlamentarios en una absoluta situación de ignorancia" y defendió que en la Junta siempre se "ha ido buscando profesionalizar todos los sistemas de uso y gestión de los fondos públicos". Con todo, advirtió de que, por muchos elementos de control que haya, hay "un principio fundamental que es la confianza", la cual, si falla y "se produce una traición", hace que ninguno de esos elementos "sirvan para nada".

Al hilo de esta reflexión y preguntado sobre por qué ratificó en su puesto al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, Viera dijo que cuando lo mantuvo en el cargo fue porque, por las opiniones que recabó de él "no tenía motivos para dudar de su capacidad". A la pregunta de si se arrepiente de haberlo tenido en su equipo, indicó que no sabe "el resultado del proceso" pero que, si se "llega a una realidad que se pueda constatar, sin duda alguna, los comportamientos que no son éticos son repudiables".

Respecto a si nunca tuvo noticias de los supuestos comportamientos de Guerrero –cuyo chófer declaró ante la Policía Judicial que destinó a cocaína, "fiesta y copas" la mayor parte de ayudas que el propio Guerrero concedió a empresas de su propiedad–, Viera explicó entre "un director general y un consejero hay al menos tres o cuatro cargos subordinados" y que "nunca" le llegó "ningún informe ni comentario negativo de su conducta desde el punto de vista legal ni moral" ni por parte de la Intervención General ni del viceconsejero o secretario general técnico de presupuestos.

Niega la trama de la Sierra Norte

Cuestionado sobre la denominada 'trama de la Sierra Norte', zona de la provincia de Sevilla a la que fueron a parar en torno al 60 por ciento de las ayudas públicas concedidas entre 2001 y 2010, Viera negó con "rotundidad" que utilizara dinero de la Junta para beneficiar a sus amigos, familiares o conocidos. "Entre 2000 y 2004 jamás he tomado ninguna decisión que favorezca ni a sindicatos ni al entorno del PSOE-A ni a ningún familiar ni conocido. Jamás por ninguna decisión política mía", aseveró.

Viera también negó que conociera a los empresarios Rosendo y Sayago, con quienes ni se ha reunido nunca ni tiene amistad como "conjetura", en su opinión, la juez Alaya. Además, negó que supiera que una de sus hijas estuviera trabajando para una de estas empresas porque, al ser mayor de edad, "entró voluntariamente de la empresa y se fue de ella sin contar con mi opinión". "Lo conocí después cuando esto ya había saltado", explicó.

El socialista negó, igualmente, que diera orden a su sucesor en la Consejería de Empleo de completar el planing de las ayudas para la Sierra Norte. "Eso es absolutamente falso, no he vuelto a tener contacto con la consejería desde que me fui", zanjó. 

La jueza que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, ha enviado a la Guardia Civil al Congreso y al Senado para entregar un mandamiento judicial sobre la condición de diputados y senadores de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y del exconsejero de Empleo andaluz José Antonio Viera.

Agentes de la Policía Judicial vestidos de paisano se personaron este lunes, 7 de abril, en el Congreso de los Diputados para entregar un escrito en Presidencia, que ha recogido el letrado de la Secretaría General, según informaron a  Europa Press fuentes parlamentarias.

Consultado por el citado letrado sobre qué correspondía hacer con dichos escritos, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ordenó que, en base a la legislación vigente, estos mandamientos judiciales debían ser enviados a través del Tribunal Supremo, dada la condición de aforados de los implicados.

Paralelamente, otro mandamiento judicial ha sido entregado en la Secretaria General del Senado, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press. Pero en la Cámara Alta hubo la misma respuesta: debe hacerlo el Supremo. La intención de los agentes era de que la Presidencia de ambas Cámaras se encargara de dar traslado de los mandamientos judiciales a los afectados. No obstante, los dos escritos serán analizados mañana martes en las Mesas de Congreso y Senado. 

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y el exconsejero José Antonio Viera son diputados, mientras que José Antonio Griñán, expresidente andaluz, ocupa un escaño en el Senado. Todos ellos están siendo investigados en el marco del caso de los ERE irregulares en Andalucía caso de los EREque instruye la jueza Alaya.

Al tratarse de aforados, Chaves, Viera y Griñán sólo podrían ser juzgados en el Tribunal Supremo, de ahí que la magistrada se haya limitado a preimputarles e instarles a que declaren de forma voluntaria.

En un auto notificado este lunes, la jueza rechazó "por ahora" la petición de la Fiscalía Anticorrupción para abrir pieza separada por cada una de las ayudas investigadas y elevar al Tribunal Supremo la pieza que se formaría en relación con los expresidentes Chaves y Griñán y cinco exconsejeros, entre ellos Viera.

La jueza Mercedes Alaya puso por escrito en su último auto, conocido el martes, que había llegado el momento de dar "un paso cualitativo" en la instrucción del caso ERE. "Paso cualitativo" entendido también por el Ejecutivo andaluz y por el PSOE, quien ha abandonado su prudencia y ha acusado a la magistrada de impulsar una "causa general" contra los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Una expresión, la de "causa general", idéntica a la empleada el pasado 24 de junio por el PP para defenderse del caso Bárcenas. Los socialistas justifican sin fisuras que se haga ese juicio tan duro de la decisión de la instructora, plagada, dicen, de "aberraciones jurídicas", como el hecho de que no se atribuya delito a los 20 imputados, no se fije fecha y hora de toma de declaración más que a dos de ellos e incluso se "impute selectivamente", dejando fuera a los aforados y señalando a los que no tienen protección. Cuestión esta última que se singulariza con una pregunta citada por varios cargos del partido consultados por este diario: "¿Por qué sí está imputada Magdalena Álvarez y no José Antonio Viera?". 

La imputación de la exministra de Fomento y exconsejera de Economía de la Junta, señalada por haber "dictado las normas" que permitieron "el dispendio continuado de fondos públicos", conmovió al PSOE, tanto en Ferraz, la sede federal, como en Andalucía. La noticia saltaba además el mismo día en el que el Comité Director del PSOE-A, el máximo órgano entre congresos, ponía en marcha el proceso de primarias que culminará el 29 de julio con la elección, precisamente, del sucesor de Griñán. Pero el impacto del auto de la jueza eclipsó la reunión. El vicesecretario general, Mario Jiménez, reconoció en declaraciones a los medios que su partido siempre había sido "absolutamente respetuoso" con la instrucción, pero "llegado este día", estaba "muy preocupado" porque en la actuación de Alaya "no existen las casualidades". "Empieza a ser ya intolerable la coincidencia entre la agenda política del PSOE-A y los pasos que está siguiendo la instrucción", sostuvo. Y añadió: lo que quiere la jueza es trasladar a la opinión pública con sus resoluciones una "causa general contra los Gobiernos de Chaves y Griñán sin ningún sentido". 

Tras las palabras de Jiménez, se sucedieron ayer, miércoles, no pocas declaraciones públicas de dirigentes socialistas con un nexo común: las críticas nada disimuladas a Alaya. El auto, dijo Griñán, "no contiene absolutamente ningún reproche penal" por lo que es "manifiestamente recurrible". Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, puso "la mano en el fuego" por Álvarez y por Griñán, sucesor de esta en la Consejería de Economía y Hacienda y hoy presidente de la Junta. La número dos se detuvo en las "casualidades" que denunciaba Jiménez: "Es bastante chocante de qué manera tan precisa la jueza coordina la comunicación de sus autos con hechos políticos importantes del partido en Andalucía". El texto, abundó, carece de "fundamentación" porque los afectados "son personas que estaban cumpliendo la ley". La defensa que Valenciano hizo del PSOE andaluz y de la Junta sonó tan rotunda en Sevilla que Jiménez la telefoneó para agradecerle el gesto. 

"Daño irreparable" a los señalados

Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno andaluz, también respaldó en su blog a los cargos y ex altos cargos de la Junta imputados como servidores públicos "honestos y responsables por el mero hecho de cumplir una ley, la Ley de Presupuestos aprobada todos los años en el Parlamento, y se les somete a la pena del telediario sin atribuirles ningún delito", situándoles "al borde de la indefensión y del escarnio público gratuitamente", causándoles un "daño político y personal" ya "irreparable". El portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Francisco Álvarez de la Chica, también incidió en que la magistrada, al afirmar que era inadecuado el procedimiento de transferencia de fondos públicos para abonar ayudas sociolaborales, está poniendo en duda la misma Ley de Presupuestos, que año a año aprueba la Cámara autonómica: "Alaya ha decidido que el procedimiento por el que se ejecutaban los fondos es ilegal, con lo que el kilómetro cero de esa ilegalidad es el Parlamento", una situación "inaudita". 

Hasta el secretario general del PSOE de Jaén –el territorio más crítico con Griñán, feudo de la mano derecha de Chaves, Gaspar Zarrías–, Francisco Reyes, también calificó de "injustas" algunas "actuaciones" en el caso ERE, un proceso "muy lento, extremadamente lento", y dijo no entender "la coincidencia" de decisiones judiciales con "determinados hitos" del PSOE-A.

El goteo de declaraciones públicas no hacía sino apuntalar la idea de "causa general" proclamada por Jiménez. ¿Es contraproducente utilizar la misma expresión que Floriano hace tan sólo unos días? Varios responsables de la dirección federal y regional, y también en la Junta, asumían que, tal vez, "mediáticamente" sí se pueda ver como una coincidencia, pero rechazaron que sean paragonables las respuestas del PSOE al caso ERE y del PP a la trama Gürtel y los papeles del extesorero Luis Bárcenas. "Nosotros no sólo no hemos sido expulsados de la causa –decía un alto cargo del Ejecutivo consultado por infoLibre–, sino que hemos denunciado el caso, hemos facilitado más de 300.000 folios a la jueza, y hemos pedido fianza a los cargos implicados. Hemos colaborado y queremos que se persiga a los culpables y se llegue hasta el final con la máxima celeridad posible. Y vamos a seguir colaborando para que se siga el rastro del dinero y se recupere lo malversado, pero no vamos a aplaudir aberraciones jurídicas como esta". 

Los solapamientos de calendarios y autos

Ferraz y Sevilla convergen en los argumentos. Primero, citaban la coincidencia "clamorosa" de la agenda política e institucional del PSOE andaluz y los autos de mayor impacto de Alaya. El PSOE ha compilado varios ejemplos: la campaña de las generales de 2011 (la jueza reclama las operaciones de endeudamiento de más de 1,2 millones autorizadas por Griñán en su etapa como consejero de Economía), la campaña de las autonómicas de marzo de 2012 (envío a prisión de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y uno de los principales implicados), la firma del pacto de empleo entre la Junta y los agentes sociales en marzo de 2013 (lanzamiento de la operación Heracles, que desencadenó la detención de 20 personas) o la reunión del Comité Director que encendió el motor de las primarias el martes pasado (imputación de Álvarez y otros 19 cargos y ex altos cargos). "Busca el golpe de efecto, y hasta este martes eso no era tan evidente y chocante", aseguraban fuentes próximas a Jiménez. 

El segundo aspecto que enervaba a las direcciones federal y regional es el hecho de que la jueza impute a 20 personas y no diga por qué delitos, y sólo llame a declarar por ahora a Carlos Leal Bonmatí, que dirige el bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, y Manuel Gómez, interventor general de la Junta desde 2000 hasta 2010. El primero, último de los imputados en Heracles que aún no había comparecido, pasará hoy jueves por el juzgado. El segundo, el próximo 25 de julio. 

Tercer punto, la cuestión de los Presupuestos. La jueza sostiene que, al dictar la orden que recogía el "concepto presupuestario de transferencias de financiación" –teóricamente, traspasos de capital que se usaron para pagar ayudas sin fiscalización–, Álvarez abrió la espita del "dispendio continuado". Esa es la clave de su imputación y de la de otros 19 altos cargos de diferentes etapas que aplicaron esa misma fórmula. "Está cuestionando toda la política autonómica de la Junta, las leyes de Presupuestos aprobadas año tras año por el Parlamento", leyes que contenían la partida 31L de ayudas sociolaborales, la que supuestamente sirvió para desviar el dinero. 

Argumentación de Martín Pallín

Cuarto elemento: las personas. Ahí cabe la pregunta extendida de por qué está ya señalada Álvarez y no Viera. La jueza, con la última imputación de 20 personas –la causa ya acumula 93– señala a las cúpulas de las consejerías de Economía y Hacienda, de Empleo y de Innovación. A cargos como Antonio Lozano, director general de Presupuestos (2002-2009) y hoy viceconsejero de Presidencia (el único de hecho con puesto en el Gobierno regional). En cambio, no ha imputado a Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004, que firmó en 2001, con su viceconsejero Antonio Fernández, el convenio para empresas en crisis. Fernández, que le sucedería en el cargo, sí está imputado y ha pasado por prisión. Viera es aforado porque es diputado en el Congreso.

La magistrada tampoco ha señalado a Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera con Griñán y diputada andaluza (y actualmente consejera de Economía). Ni a Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación y hoy aforado al ser parlamentario autonómico. La conclusión que extraen Ferraz y Sevilla es que Alaya está "imputando selectivamente", esquivando a los aforados para no perder la causa en favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –en el caso de los que son diputados autonómicos– o en favor del Supremo (en el caso de Griñán, Chaves o Viera). "Lo lógico es que hubiera imputado a Viera, a quien la Guardia Civil le atribuía un 'papel esencial' en la concesión de ayudas. Pero no lo hace", comentaba indignada una dirigente muy próxima al jefe del Ejecutivo andaluz. 

El apoyo a la argumentación oficial se sentía ayer bastante general. Aunque no unánime. "Creo que es un error hablar de causa general. Hay otras maneras de decir las cosas sin esa expresión, porque efectivamente se nos asocia al PP", analizaba un miembro muy relevante del sector crítico con Griñán, quien añadía que eso mismo lo pensaba "seguro" más gente en el partido. 

Ferraz y Sevilla se agarraban a las razones ofrecidas, "entre otros juristas", por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien en una entrevista en la cadena Ser consideró que el auto del martes es "nulo" porque Alaya no aclara qué delito atribuye a los 20 señalados y porque "no puede criminalizar la forma política, administrativa y financiera" con la que se llevó a cabo el convenio para reservar un fondo para empresas con problemas. Martín Pallín también vio "sospechoso" que "pare" en quienes no están aforados. 

En la Junta, niegan que Griñán se temiera el explosivo auto del martes y que, por eso, anunciara su retirada la semana pasada. Sí recalcan la intencionalidad "política" de la magistrada, que "viene escopeteando en sus autos, con la intención de llegar a lo más alto de la pirámide", según un alto cargo del Gobierno. Esto es, al propio presidente. Sin embargo, fuentes del Gabinete y del PSOE dijeron no temer la imputación de Chaves o de Griñán. "Lo habría hecho ya", apuntaban ayer. 

Recursos individuales

La estrategia inmediata pasa por recurrir la última decisión de Alaya. Según confirmaron fuentes de la Junta a infoLibre, se presentarán impugnaciones "individuales" ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Es el caso de Lozano, quien ayer mismo renunció a su condición de secretario de actas del Consejo de Gobierno, pero no dimitió como viceconsejero. 

El socio de Gobierno del PSOE en Andalucía, IU, prestó cobertura a Griñán. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, confesó sentirse "preocupado" por la "escasa imparcialidad" del auto. Aunque avisó: "Ningún imputado o procesado puede estar en el Gobierno ni en ningún cargo de responsabilidad". 

"Verde y con asas". O lo que es lo mismo: que el PSOE andaluz siente cada vez más cerca la imputación del exconsejero de Empleo (2000-2004) y hoy diputado en el Congreso José Antonio Viera. 

Esa expresión, "verde y con asas", es lo que responde una dirigente socialista muy próxima a José Antonio Griñán cuando se le pregunta si la caída de Viera es cuestión de tiempo. Y la sensación de que así será, antes o después, es bastante compartida, según pudo constatar infoLibre. Pero más allá de la expectativa de un nuevo hachazo judicial –y si la jueza Mercedes Alaya lo da, perdería el caso a favor del Tribunal Supremo, porque Viera es aforado–, más significativo es aún el giro emprendido por el partido frente al caso de los ERE. Más "a la ofensiva", como se define desde dentro, dispuesto a exigir que la investigación llegue "hasta el final" y "caiga quien caiga". "Que se limpie todo lo que haya que limpiarse, porque no va a pagar por esto Griñán, que no tiene nada que ver", aseguran desde el aparato del PSOE-A.

El hoy diputado en el Congreso se ha situado, desde el estallido del caso de los ERE, bajo la sospecha judicial. Fue él quien, como consejero de Empleo, firmó con su entonces viceconsejero, Antonio Fernández (presidente a su vez del Instituto de Fomento de Andalucía), un convenio en 2001 por el que se creó el fondo para empresas en crisis que la Junta dotó de 721 millones de euros para una década. Un procedimiento administrativo que introducía una mayor agilidad en la concesión de las ayudas para los ERE, pero también mucha mayor opacidad y discrecionalidad, al carecer de controles previos. Un camino más corto para dar dinero que, según ha revelado la instrucción de Alaya, se convirtió en un vivero de corrupción durante diez años. La Intervención de la Junta incluso calificó de "legal", aunque "inadecuado", el procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales. El sucesor de Viera en el cargo de 2004 a 2010, Antonio Fernández, sí está imputado y estuvo en prisión desde abril hasta agosto de 2012. Viera, además, fue señalado con rotundidad por la Guardia Civil, quien subrayó su "papel esencial" en algunas subvenciones investigadas.

Comparecencia de Griñán mañana miércoles

La ola de detenciones ordenada por Alaya el pasado 19 de marzo, en la llamada operación Heracles, no ha puesto en entredicho la posición de Griñán, según interpretan sus compañeros de partido. Porque "por fin" se ha tirado del hilo, dicen, que apuntaba la Junta, el del "rastro del dinero". Esto es, la jueza se ha dirigido contra los intermediarios de los presuntos ERE fraudulentos (sindicatos, bufetes de abogados y consultoras) para indagar en las voluminosas sobrecomisiones que pudieron cobrarse –en torno a unos 50 millones de euros, según la Guardia Civil–. Además, la magistrada volvió a encarcelar al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los supuestos cerebros de la trama junto con el exsindicalista de UGT Juan Lanzas y el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín. 

No hay datos estrictamente nuevos que circunden, pues, a Viera, pero los últimos arrestos y la vuelta del caso ERE a la agenda política regional y nacional han hecho cambiar el chip al PSOE andaluz, según estiman varios dirigentes consultados. Para empezar, Griñán intentó devolver el golpe al líder del PP regional, Juan Ignacio Zoido, que en un sorprendente viraje pidió ver al jefe de la Junta desfilando en el Congreso. El presidente autonómico se ofreció a ir a la Cámara baja si lo permitiera el Reglamento, pero anunció que comparecería de forma urgente en la Cámara andaluza. Comparecencia que será mañana miércoles por la tarde. 

Pero Griñán en su rueda de prensa ante los medios dejó caer una reflexión que no pasó desapercibida. Se le preguntó si el Grupo Socialista cometió un error negándose a aceptar las conclusiones de la comisión de investigación que presentó Izquierda Unida, su socio de gobierno, y que apuntaban a Viera y Fernández como máximos responsables políticos. "No sé si lo cometió o no lo cometió, eso ya se hizo, yo en cualquier caso lo que si digo es que mirando al futuro las responsabilidades políticas quedarán muy claras", respondió. El PSOE se acababa en ese momento de autoenmendar, porque en el proceso de negociación del dictamen siempre impuso un tope: las responsabilidades políticas finalizaban en Guerrero. Hasta tal punto se enrocaron los socialistas que al final el pleno no aprobó ningún dictamen, hecho insólito que el propio jefe del Ejecutivo tachó de "fiasco". Así que lo que estaba haciendo Griñán hace una semana era abrir una fisura en ese muro de contención. 

El grupo se habría fragmentado

Los colaboradores del presidente autonómico desbrozan esa enigmática sentencia. "Sí, claro, fue un error no apoyar las conclusiones de IU, porque Viera inventó el fondo y el procedimiento administrativo, y a Guerrero lo sostuvo Viera, y Fernández no hizo nada por evitarlo". Pero, ¿por qué no se hizo en su día, en noviembre de 2012, cuando tocaba? "Habría sido imposible, porque el grupo parlamentario se nos habría roto", explica una voz cualificada de la cúpula. Y habría sido así porque varios diputados, los más cercanos al expresidente Manuel Chaves, se hubieran negado a disparar más alto. 

Queda la duda de si Griñán oficializará mañana en el pleno ese pequeño acto de contrición. No cabe la posibilidad, en principio, de una resolución parlamentaria. Pero sí una declaración pública en el hemiciclo. El presidente tendrá la oportunidad servida en bandeja, ya que el portavoz de IU, José Antonio Castro, hará valer la posición de su fuerza política, su dictamen de conclusiones y la idea de que Alaya no ha hecho sino seguir el camino de migas de pan que había regado la federación durante la comisión de investigación. Castro, no obstante, niega que se haya "pactado" nada con el PSOE.

Fuentes socialistas indican que el partido está "muy tocado a nivel emocional" por el caso de los ERE, porque mancha 30 años de gobiernos socialistas –no en vano, es el mayor caso de corrupción descubierto– y porque empaña toda la acción de la Junta. De ahí que se haya impuesto la tesis de salir a la ofensiva y pedir que la investigación llegue "hasta el final", sin miedo ni cortapisas. Ayer lunes, el portavoz socialista en la Cámara, Francisco Álvarez de la Chica, refrendaba que su formación no quita "ni un ápice de gravedad" a la causa, enfatizando su confianza en que los responsables acaben "pagando por ello". Y si se probaran, agregó, "responsables políticos" en el ámbito judicial, el PSOE procedería a cortar cabezas. 

Por eso duele menos que se impute a Viera. También porque, aducen, él ya ha perdido todo peso orgánico. No es ya el secretario general de la todopoderosa agrupación sevillana, y ahora todo el mando en ella lo tiene una mujer de la máxima confianza de Griñán, Susana Díaz, quien ya en 2011 pidió "perdón" por el escándalo. Viera es hoy un simple diputado en el Congreso, que está casi "desaparecido", según reconocen en el PSOE provincial. 

Petición de dimisión como diputado

¿Y si imputan a Viera, qué pasa? No hay una opinión colegiada aún, pero dirigentes de peso en el aparato creen que en ese momento el partido debería pedirle su baja como parlamentario. "Claro que todo esto lo complica lo que ha pasado con Pepe Blanco". El exministro de Fomento, acosado por el caso Campeón, ya adelantó solemnemente que no dejaría su escaño en el Congreso hasta que el Supremo no abriera juicio oral contra él. Posición de fuerza validada por Ferraz. 

La acusación del exconsejero de Empleo depende, no obstante, de la propia Alaya. Y si no lo ha hecho ya, sostienen fuentes socialistas, es porque se resiste a perder el caso. Inhibirse a favor del Supremo significaría no poner el broche a una investigación que lleva desde 2009 dando vueltas por su juzgado. Por el momento, la jueza decidió ayer lunes prorrogar un mes más el secreto de sumario que pesa desde el pasado 6 de noviembre, informa Europa Press. Se lo había solicitado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para así poder investigar a los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos presuntamente desviados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales. 

A la espera de los siguientes movimientos judiciales, la expectación se cernirá sobre las explicaciones que Griñán dé ante el pleno del Parlamento andaluz. Una comparecencia que, auguran en la cúpula regional, debería marcar "un punto y aparte" en el caso ERE.