Ángeles Domínguez López sabía leer y escribir porque creció en una “casa de señoritos”. Aprendió al mismo tiempo que los niños de esa familia pudiente a la que su madre, “soltera”, servía.

Esa educación le permitió después ayudar a los demás. Solía acudir a la Casa del Pueblo para enseñar a otros. Y esa educación también valió de excusa para ser detenida ilegalmente, asesinada y arrojada a una fosa común. Aún sigue desaparecida.

Ocurrió el 20 de septiembre de 1936 en Fuentes de León, un municipio en el sur de Badajoz, la segunda provincia más represaliada (después de Sevilla) durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Justo este mes de julio se cumplirán 90 años del golpe de Estado y sus consecuencias.

La historia de Ángeles la cuenta su bisnieta Lucía Expósito Cívico, 28 años, profesora en la Universidad de Granada e investigadora sobre memoria histórica. “Nos preguntábamos mucho cómo podía tener esa cultura en aquella época”, expresa. “Madre soltera decían… —añade sobre su tatarabuela— Se habla poco de la violencia sexual que han vivido las mujeres. Si ahora hay silencio, imagínate antes”.

Ángeles Domínguez López a veces leía la prensa en voz alta. Era una mujer adelantada a su tiempo, también en la forma de vestir, con ropa más llama­tiva.

¿Dónde empieza la búsqueda? Una fotografía en el salón familiar de una chica todavía joven que sonríe. Mirada profunda, inquieta, curiosa. Y un silencio inevitable que envuelve a esa imagen. “No se hablaba por dolor. A mi abuela se le removía todo con su madre. Lo que tenía de ella eran las pocas cosas que le contaron y esa foto”. A Lucía Expósito se le despertó la necesidad de conocer la historia de su familia cuando todavía estaba en el instituto. Ahí empezaron las primeras conversaciones y obtuvo las primeras pistas.

Los retazos que le han llegado es que su abuela, Dolores Cárdeno Domínguez, apenas había cumplido un año de vida cuando se quedó sin madre; iba en sus brazos cuando la detuvieron en mitad de la calle delante de una vecina, a quien le pidió que se llevara a la niña a casa. Los días que aguantó en la cárcel se la acercaban para que le diera de mamar. Hasta que desapareció. Fue asesinada en el cementerio junto con una decena de mujeres. Con 33 años.

Dolores y sus tres hermanas, la mayor de nueve años, ya estaba señaladas. “Las cuatro fueron separadas y forzadas a servir desde pequeñas en casas de señoritos”. Fue su herencia.

“No nos podemos quedar solo en la superficie de conocer los nombres de las represaliadas, tenemos que saber la historia que hubo detrás para entender las violencias que sufrieron las mujeres”, resalta Lucía Expósito. Ella creció en el municipio sevillano de La Puebla de Cazalla. Desde el verano de 2019 colabora con el proyecto de exhumación de las fosas comunes de Fuentes de León. Los restos de su bisabuela no han aparecido, pero sabe que están ahí.

Su abuela Dolores falleció el año pasado con 89 años. Nunca se separó de la fotografía de su madre.

En su búsqueda por la verdad, Expósito contactó con Candela Chaves, investigadora, doctora en Historia por la Universidad de Extremadura y un referente en Memoria Histórica en Extremadura. Además, sus investigaciones son innovadores porque se abordan con perspectiva de género.

El papel de Chaves (Montijo, 1982) fue crucial en la citada exhumación en Fuentes de León. Así describe en una sus publicaciones lo que ocurrió en este municipio pacense que ahora ronda los 2.100 habitantes: “La ma­ñana del 14 de septiembre de 1936, un grupo formado por falangistas y guardias civiles […] entró en la localidad tras un breve, casi anec­dótico, enfrentamiento con algunos vecinos armados, entre ellos dos guardias municipa­les, a las puertas del municipio. […] La localidad quedó bajo control de los suble­vados inmediatamente. Y la primera medida tomada por el capitán de la Benemérita fue constituir una nueva gestora municipal, afín a la sublevación. Conformada por grandes pro­pietarios y políticos derechistas locales, a las 11.00 horas se firmaba en el libro de Actas la destitu­ción de la anterior corporación, electa en fe­brero de 1936, y la formación de la nueva. Veinte minutos duró la eliminación de la democracia y la instauración de un régimen de terror y sometimiento”.

El trabajo de esta investigadora ha permitido sacar a la luz las historias que permanecían enterradas, entre ellas la de Ángeles Domínguez López. Siempre con el empeño de evidenciar la doble represión que ellas sufrieron: por ser mujer y vencida.

En este sentido, destaca: “El testimonio oral es parte esencial en la búsqueda, porque el rastro de ellas en los documentos suele ser mucho menor que el de los hombres. Por eso los relatos son imprescindibles”.

Chaves ha recibido este año uno de los premios de Igualdad de la Diputación de Badajoz precisamente por su acción “pionera, valiente y profundamente transformadora en el ámbito de la memoria histórica, con un proyecto que rescata del olvido a miles de mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, realizado desde una perspectiva de género rigurosa y con un fuerte impacto social”. Así lo recoge la Institución provincial pacense.

Hay violencias que no dejan huella en los documentos, que pertenecen a la esfera más íntima. Más el estigma social. Para ellas y su entorno. “En la represión franquista, sobre las mujeres se practicarán los mismos métodos represivos que sobre los hombres. Ellas serán detenidas, encarceladas, asesinadas de forma extrajudicial, sentenciadas, exiliadas, sus bienes serán incautados, serán inhabilitadas de sus em­pleos, apartadas de sus hijos, recluidas en centros correccionales... Y, al mismo tiempo, habrá una especificidad, pues ellas sufrirán violaciones, rapados de cabello, purgas con aceite de rici­no y la exposición pública bajo los efectos de este purgante, obligando a sus vecinos a verlas, paseándolas por las calles para la humillación”, explica Chaves.

También fueron castigadas, agrega, en sustitución de sus maridos o hijos “que no pudieron ser detenidos cuando llegaron las tropas a las localidades”.

Pero además de ser sujeto de esas violencias, serán también objeto, “porque servirán para dar ejemplo del ideal de mujer que quiere imponer el régimen ultraconservador, machista y católico”.

Para el franquismo, las mujeres “servían para estar en casa y cuidar a la familia”. “Una mujer sumisa y subyugada”. “La brutal represión extrajudi­cial, esos asesinatos sin juicio previo prosigue Chaves- perseguían el castigo con la muerte de quienes fueron reivindicativas y avanzadas”.

Destaca Chaves, también, “la búsqueda de la erradicación de su derecho a estar en el espacio público y en el imaginario colectivo como refe­rencias, penalizar esa trasgresión de la esfera privada a la pública”.

Asimismo, a las mujeres republicanas se les acusó de ser “individuas de dudosa moral dominadas por sus bajas pasiones, tal y como lo definió Antonio Vallejo-Nájera, el psiquiatra del régimen”, recuerda.

Básicamente, se eliminaron todas las conquistas sociales y políticas logradas, “con mecanismos de control y reeducación ejercidos desde la Iglesia”.

“Hacían con las mujeres lo que les daba la gana”, así lo resume Carmen Díaz Sánchez, 68 años, que ha sido administrativa y celadora en un hospital. Lleva tres décadas viviendo en Granada pero su familia paterna tiene raíces en Bodonal de la Sierra (no llega a mil habitantes, también en el sur de la provincia de Badajoz). Allí, su abuela, fue otra mujer represaliada.

Se llamaba Asunción Arias Catela. La mataron con 36 años. “Era viuda y se dedicaba a vender cosas, tenía una especie de tiendecilla. También hacía rifas. Se buscaba la vida. Y apuntaba en una libreta el dinero que le debían. Por lo que me han ido contando, alguien con una deuda que no quería pagar, quizá por envidia, la acusó de hacer cosas no propias de una mujer, y fueron a por ella”. La metieron en un camión y en el camino al cementerio ella saltó; los que conducían le dispararon. Ocurrió en septiembre de 1936.

“Tenía una hija y tres hijos, uno de ellos mi padre, de solo ocho años. Luego mataron a más miembros de la familia”.

El contexto se repite de nuevo. Dolor y silencio. Una fotografía en la mesilla de noche de su padre de la que no se habla. Pero de la que no se separa nunca. “Él era incapaz de mantener una conversación. A mi madre tampoco le gustaba hablar de la guerra, lo pasó muy mal”. El luto, silencioso y clandestino. Un duelo constante que no se cierra.

A Carmen Díaz le gusta contar que su padre, Antonio Díaz Arias, a pesar de haberse quedado huérfano, supo salir adelante y ganó un premio de platos regionales con el cocido madrileño. Falleció en 2019, con 90 años.

Y es, a partir de ahí, cuando su hija se decide a iniciar la búsqueda. Contactó también con la investigadora Candela Chaves y empezó a descubrir la verdad. Sabe que los restos de su abuela están en la fosa común de Bodonal, aunque siguen bajo tierra. En esa única imagen que conserva de ella, aparece con unos pendientes. “Pienso que aún pueden encontrarse”.

¿Qué por qué lo hace? “Por rendirle homenaje a mi abuela y a mi padre, yo lo quería mucho, y lo que él no pudo conseguir, quiero intentarlo yo”. Se emociona al otro lado del teléfono. La herida se hereda, pasa de generación en generación.

Este camino que emprendió hace años le ha regalado familia en Bodonal de la Sierra que no conocía. Ahora mantiene relación con una prima que vive en el municipio pacense que también ayuda a recomponer el relato. “Cuando la conocí le dije: tienes la misma cara que la abuela en la foto, fue muy emocionante”.

Las historias de Asunción Arias Catela y Ángeles Domínguez López son solo dos más de los miles de casos de mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. “Hay que recuperar sus nombres para tenerlas también como referentes. Es una cuestión de derechos humanos”, defiende Chaves.

19 de septiembre de 1983. Una joven cae desde una ventana de la tercera planta de un reformatorio femenino de la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Tenía 15 años y se llamaba Inmaculada Valderrama. Ese mismo día miles de personas salen a la calle para protestar por su muerte. Un crimen que la ciudadanía atribuye a las encargadas del reformatorio en el que se encontraba Inmaculada, todas de las Cruzadas Evangélicas. 

Su muerte se produjo en el seno del Patronato de la Mujer, una institución franquista que, con las protestas por su fallecimiento, acabó en 1985, dos años más tarde. Casi 43 años después, el gobierno reconoce el Patronato de Protección a la Mujer como Lugar de Memoria Histórica. Verdad, justicia y reparación. Tres peticiones que ahora el Gobierno escucha. 

Su manifestación se ha hecho clara en un acto organizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ministerio de Igualdad, y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con la Cortes, junto a la Comisionada para la celebración de los 50 años de “España en Libertad” en el Auditorio Nacional de Madrid. 

En este encuentro, al fin 53 mujeres que pasaron por el Patronato han sido reconocidas. Una a una, varias de ellas o sus familiares han subido al escenario emocionadas por un reconocimiento que llevan muchos años esperando. “Nosotros no somos víctimas, somos supervivientes”, han declarado. Como símbolo han recibido un certificado de manos de Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática; Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia; y María Guijarro Ceballos, secretaria de Estado de Igualdad. 

Las supervivientes también han recibido las disculpas del Ministerio de Justicia, del que dependía el Patronato. “No podemos hacer desaparecer lo sucedido pero os podemos trasladar nuestra vergüenza y solicitaros vuestro perdón para dar nuevos pasos para la reparación. Esto tiene que ser visible, para que nunca más suceda”, ha declarado el ministro Félix Bolaños en una intervención telemática. 

Precisamente para que sea visible, se instalará una placa en un lugar de honor del Ministerio de Justicia para que no sigan existiendo los silencios ni las desmemorias. Además, desde el Ministerio de Memoria Democrática han anunciado que se creará una comisión de investigación y que se incorporarán líneas específicas sobre el Patronato a las investigaciones ya existentes. 

A las supervivientes les han puesto voz tres de ellas: Consuelo, Paca y Pilar. Ante la mirada atenta de sus compañeras y el aplauso atronador del patio de butacas, las tres han reclamado su espacio en la memoria de todos y han pedido que se investigue lo que les ocurrió.

Investigar para reparar. Algo complicado cuando los que deben reparar buscan por todos los medios evitarlo. Las mujeres han contado cómo la Iglesia, que tendría que haber facilitado los expedientes de todas ellas, no solo no lo ha hecho, sino que ha justificado que no lo hacen “por protección de las internas”. 

“No es por protegernos, es por protegeros a vosotros”, han recalcado. La Iglesia se aprovechó de la situación de estas mujeres para así poder beneficiarse, han denunciado. No era solo una cuestión del franquismo, sino que el entramado de la Iglesia también estaba detrás. Las obligaban a trabajar bajo condiciones extremas y, en la maternidad Nuestra Señora de la Almudena de Peña Grande, les robaban a sus niños. “Los reformatorios se sostuvieron por el trabajo forzado nuestro, se vulneraron nuestros derechos humanos. Ahora esas mismas congregaciones se comportan como si fueran ONG y viven del dinero público”, han denunciado. 

El patronato se creó en 1941, con el objetivo de llevar por el buen camino a las mujeres “descarriadas”.  El criterio para entrar era tan ambiguo como peligroso. Buscaban “redimir a la mujer caída y ayudar a la que estaba en peligro de caer”. Caer, claro, fuera de los cánones del franquismo. Esto iba desde ser lesbiana hasta contestar mal a tu padre a la hora de poner la mesa. Durante más de cuarenta años fue así para las chicas desde los 16 hasta los 25 años. 

La institución estaba a cargo de Carmen Polo y tenía el firme propósito de "velar por la moralidad pública, muy especialmente la de la mujer". Eran condenadas sin ningún delito, sin juicios y las denuncias llegaban desde cualquier parte. Un vecino, un conocido y, sobre todo, los padres. “Si no te portas bien te llevamos con las monjas”, es una frase que la mayoría de las víctimas han escuchado. 

Fue el caso de Consuelo. Un día se despertó ante la fija mirada de su madre y un médico que la acompañaba, con lo que, según le dijeron, era una jeringuilla para ponerle una vacuna. Lo siguiente que sabe es que se despertó en una habitación con una cama, una maleta y una ventana con barrotes. Ya no estaba en Barcelona. Estaba en Madrid. 

Su madre se había quedado viuda muy joven y no aprobaba el pensamiento político de su hija, que participaba en manifestaciones en defensa del comunismo. La solución estaba clara para ella. "A mí me machacaron viva porque estaba allí por pensar", narró Consuelo a infoLibre. 

La mujer contó a este medio las condiciones en las que vivían y evocó una imagen de aquel primer día en el centro de Adoratrices, en Padre Damián 52. "Era una fila de chicas con batas de rayas verdes, más ojeras que ojos y una cara de profunda tristeza. Ese retrato lo tengo grabado: era el gesto del abandono y la desesperanza pura". 

Cuando llegaban allí (por comunistas, lesbianas, rebeldes, pobres o embarazadas) las clasificaban. En distintos centros de observación, les realizaban evaluaciones médicas, psicológicas y morales para luego destinarlas dentro de una red de instituciones como reformatorios, colegios, hogares-taller y maternidades. La mayoría controlados por la Iglesia. 

La primera fase tenía lugar en lo que se llamó Centro de Observación y Clasificación (COC). Allí, las niñas permanecían seis días aisladas. Para la clasificación las examinaban con un examen de virginidad. Completa o incompleta, ese era el criterio. Las mujeres vírgenes estaban “limpias”, el resto no.

La reparación ha llegado tarde. No fue hasta octubre de 2025, cuando se concedió el primer certificado de víctima del fascismo a una mujer represaliada por el patronato. Fue a la sevillana Eva García de la Torre. Ella ingresó ya en tiempos de democracia por ser lesbiana. La juzgaron en Andalucía en 1978, cuando todavía era menor, y estuvo internada hasta 1985 en entidades católicas del Patronato en Galicia. 

Eva falleció en 2022 y no pudo ver cómo se conseguía lo que muchas de sus compañeras pedían: reparación y reconocimiento. Fue a recogerlo su viuda, Silvia Fernández Quinteiro. Precisamente fue ella quien averiguó lo que había pasado tras el fallecimiento de la que fue su pareja. Nunca le pusieron nombre, pero cuando leyó la historia en el periódico supo que Eva tuvo que haber estado ahí. 

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, lo ha recordado como un acto necesario de “salud democrática”, para reparar a las supervivientes de un patronato que fue “una herramienta política para cortar cualquier atisbo de libertad en niñas que empezaban a vivir”. Ahora otras 53 serán recordadas, no como víctimas, sino como supervivientes, para que nunca más vuelva a ganar el silencio. Verdad, justicia y reparación. 

La Fiscalía de Barcelona ha concluido la investigación iniciada como consecuencia de la primera denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por una víctima de torturas durante el franquismo.

Durante la investigación, que se ha llevado a cabo en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, se han practicado todas las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de sus autores, incluidas testificales, periciales y documentales.

Tras analizar el resultado de las mismas, el Decreto realiza un relato de los hechos, que considera constitutivos de delito de torturas perpetradas en el contexto de crímenes contra la humanidad. Según dicho relato, agentes de la llamada Brigada Político Social detuvieron a la denunciante y a su hermana por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura y le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático.

Considera, además, que los hechos se perpetraron en el contexto de la persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada, y atribuye a la denunciante la condición de víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática.

Pese a ello, las diligencias practicadas no han podido revelar la identidad de los autores materiales del delito, por lo que la Fiscalía ha procedido a presentar denuncia ante el órgano judicial solicitando el archivo provisional por falta de autor conocido.

Todo ello sin perjuicio del ejercicio de otras acciones judiciales previstas en la ley, como los expedientes de jurisdicción voluntaria en el ámbito civil.

Las asociaciones proderechos humanos Irídia y Òmnium Cultural, que representan a Serra, consideran “insuficiente” la investigación de la Fiscalía, por lo que estudian recurrir el archivo de la causa.

La Fiscalía de Barcelona plantea el archivo del caso al no haber podido identificar a los autores de los hechos. “Esta investigación es absolutamente insuficiente. Ha habido una falta de voluntad política más que evidente por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de ir hasta el fondo. No se han recabado informes judiciales, ni se ha hecho ni una sola diligencia para identificar a los autores, saber si están vivos o muertos ni citarlos a declarar, aunque la información estaba en los expedientes”, ha denunciado este la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella.

En el caso de España, los museos de la memoria son un elemento primordial contra el silencio, el olvido y la desmemoria. Después de una cruel represión ejercida por la dictadura franquista durante cerca de cuarenta años, conquistada la democracia se echa en falta la creación de centros de la memoria y los derechos humanos que, a través de documentos, testimonios orales y escritos, fotografías, cartas, grabaciones de la época, material de prensa escrita, documentales, panfletos, producción literaria, archivos en diferentes soportes y formatos, visuales y auditivos, reflejen nuestro pasado traumático reciente y el sufrimiento de las víctimas que lo fueron por su compromiso por traer la libertad y la democracia a este país. Todo ello, testimonio de un tiempo y una lucha por poder ejercer derechos y libertades cimentados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Terminada la guerra de España, desde el Gobierno del dictador Franco se ejerció una terrible represión sobre cualquier tipo de disidencia. También sobre la mujer por el mero hecho de serlo. Carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión, fueron relegadas al ámbito doméstico y bajo la tutela masculina. España se había convertido en una inmensa cárcel. A las decenas de miles de fusilados, habría que añadir a aquellos que murieron en las cárceles, campos de concentración, campos de trabajo, como consecuencia de las malas condiciones de vida. Sin olvidar las condiciones en las que se desarrolló el exilio.

Durante las décadas de los años 60 y 70, miles de personas, jóvenes en su mayoría, se jugaron la vida y la libertad en las manifestaciones y en la lucha clandestina enfrentándose a la dictadura en la batalla por instaurar la democracia, el cambio social y elevar el bienestar del pueblo. Esta situación derivó en decenas de miles de personas encausadas por delitos que hoy, ya en democracia, no lo serían. La práctica de la tortura era común en las comisarías de policía, ejerciéndose la violencia fundamentalmente contra la sociedad civil. El conocimiento de los testimonios de los protagonistas de las luchas sociales, culturales, políticas, del movimiento obrero, universitario y vecinal de la época nos obliga a preservarlo para las futuras generaciones como antídoto contra las proclamas neofascistas de la extrema derecha.

La democracia no se puede construir desde el olvido y el silenciamiento de las víctimas. Una democracia que se precie de su calidad debe mantener vivos los recuerdos del trágico pasado, con el fin de honrar y dignificar la memoria de las víctimas y de que no se vuelvan a repetir estos hechos. Los espacios y los museos de la memoria son una contribución necesaria para que las nuevas generaciones sepan lo que supuso la dictadura franquista en este país y el costo en sufrimiento y en vidas para conquistar la democracia. Permiten rescatar del olvido y la desmemoria el carácter masivo y sistemático de la represión ejercida sobre aquellos ciudadanos que, en su lucha por devolver al pueblo la democracia y las   libertades que nunca debió perder, sufrieron todo tipo de atropellos y desmanes, incluso perdieron la vida. Estos luchadores por la libertad, la democracia y contra la opresión en sus diversas manifestaciones, sufrieron una doble violencia, la de los verdugos y la de ser borrados de la memoria colectiva.

Vivimos unos momentos de blanqueamiento y banalización de la dictadura franquista por parte de la derecha y extrema derecha, que ponen todo tipo de trabas al desarrollo y mantenimiento de los lugares de la memoria en homenaje a los luchadores por la libertad y los derechos humanos. Sólo una derecha realmente democrática haría de la denuncia de la represión sufrida una política de Estado. Se hace imprescindible combatir la distorsión y el revisionismo histórico. Y es que mientras que otras democracias en Europa se fundaron sobre el antifascismo y el anticomunismo en los países de la órbita de la desaparecida Unión Soviética, la democracia española lo hizo sobre la desmemoria y olvido del pasado.

Como dice el Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) de la Unión Europea hablando sobre el siglo XX europeo marcado por crímenes horribles como el Holocausto y los crímenes cometidos por regímenes autoritarios y totalitarios: “Es necesario que se comparta y se recuerde continuamente el legado de estos crímenes, así como que se realicen investigaciones parar frenar su distorsión. Hay que capacitar a los jóvenes para que se conviertan en embajadores de esta memoria, para que se conciencien sobre su tragedia y conecten con los lugares conmemorativos y los museos. Los testimonios de los testigos de estos crímenes son especialmente valiosos para educar a los jóvenes, sobre todo porque cada vez quedan menos testigos con vida”.

Los museos de la memoria, también llamados en algunos sitios de la resistencia, deben ser espacios públicos, simbólicos en muchos casos, como cárceles, centros de tortura y en otros centros específicos construidos para este fin, que inviten al conocimiento del pasado durante la dictadura y a la reflexión; que permitan a las nuevas generaciones y a los indiferentes tomar conciencia de los hechos ocurridos para que no vuelvan a repetirse. Deben ser también centros culturales donde se puedan llevar a efecto conferencias, debates, exposiciones, proyecciones y espectáculos que permitan traer al presente el pasado traumático; que actúen como vacuna o dique de contención contra aquellos decididos a acabar con las libertades y la democracia. De ahí también la importancia de la visitas guiadas para los centros educativos.

Desde 2009, el 23 de agosto se declara día de recuerdo de las víctimas de todos los regímenes totalitarios y autoritarios. Al respecto, el Parlamento Europeo ha aprobado resoluciones clave, como la de 05-11-2019, sobre la importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa, y la de 17-01-2024, sobre la conciencia histórica, abordando la necesidad de investigar estos crímenes.

Sirvan las palabras inscritas en el hall del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile como reflexión: “No podemos cambiar nuestro pasado; sólo nos queda aprender de lo vivido. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro desafío”.

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Pedro Olivares Martínez es socio de infoLibre.

El Supremo confirma que el Pazo de Meirás es un bien público, pero también que el Estado debe indemnizar a los Franco. La Sala Primera del tribunal desestimó todos los recursos interpuestos contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial hace cinco años respecto de la propiedad del inmueble y que “confirma en todos sus términos”.

Así, el Tribunal Supremo, en una sentencia emitida este pasado miércoles 11 de marzo, acaba de confirmar que el Pazo de Meirás pertenece al Estado, ratificando así la histórica sentencia del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña que en septiembre de 2020, hace más de un lustro, ordenó a los Franco devolverlo. La titularidad pública del inmueble había sido también confirmada cinco meses después por la Audiencia Provincial que, no obstante, había ordenado indemnizar a la familia del dictador en una polémica decisión.

Ahora, el Supremo ratifica aquel dictamen de la Audiencia Provincial, en el que se determinaba que el Pazo era propiedad del Estado, que los hermanos Martínez-Bordiú debían devolverlo pero también que tenían derecho a ser indemnizados por los “gastos necesarios y útiles realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesión”, tal y como resume el gabinete técnico del alto tribunal.

Ese derecho a indemnización o liquidación del estado posesorio se les permitía a los Franco “como poseedores de buena fe” del Pazo, en una resolución que había sido aceptada en un primer momento por el Gobierno de España, que acabó recurriendo para evitar pagar tras la presión de varias asociaciones por la memoria histórica. Pero el Supremo reconoce el derecho de los herederos del dictador a ser compensados.

Aquella sentencia de la Audiencia Provincial había condenado a la familia del general fascista a desalojar las propiedades de Meirás, “dejándolas libres y a disposición del Estado español, con liquidación de los gastos útiles y necesarios”, pero añadió un matiz relevante: les reconoció el derecho a ser resarcidos por los gastos en que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio, algo que no se había aceptado en la sentencia de 2020.

El controvertido dictamen de la Audiencia, que le dio la razón al Estado en lo fundamental pero que reforzó algunas tesis de los Franco, dejaba claro también que fueron la inacción y la dejadez del Estado —en plena democracia y durante más de 40 años— en todo lo que tuvo que ver con el Pazo de Meirás lo que provocaba que los herederos del dictador pudiesen ser indemnizados por la administración después de ver cómo era aceptada parte de su recurso.

“La reivindicación de la propiedad [del Pazo de Meirás] es un evento totalmente nuevo que se produce ahora por vez primera”, advirtieran los jueces de la Audiencia Provincial para justificar que los Franco no tuviesen por qué considerar de “mala fe” su adquisición —como destacaba la sentencia de primera instancia— o ni siquiera creer que hubiese algo irregular en ella. ¿Por qué iban a hacerlo si gozaron de la propiedad del inmueble sin impedimento ni obstáculo alguno durante casi 45 años tras la muerte del dictador? He ahí la cuestión.

En esta sentencia, conocida este jueves, el Supremo aclara que “en la demanda” original sobre el Pazo “se indicó expresamente que no se discutía que los herederos de Franco fuesen poseedores de buena fe y que, por lo tanto, una vez devuelta la posesión del pazo, deberían ser indemnizados en los términos previstos para estos casos en el Código Civil”. “Es perfectamente congruente con lo sostenido en el informe jurídico que se incorporó al informe de la comisión de expertos creada en el Parlamento de Galicia para estudiar la viabilidad de la reclamación de la propiedad del Pazo, que se pronunció expresa y taxativamente en esos términos”, aclara la Sala en la explicación técnica del dictamen.

Así, el Supremo considera que si en la demanda se mantuvo esta postura, “no se puede modificar posteriormente para negar la buena fe y el derecho a la indemnización previamente reconocidos”. “Los demandados contestaron a la demanda confiados en esas afirmaciones y un improcedente cambio posterior de las pretensiones de los demandantes les causaba una indefensión constitucionalmente proscrita”, añade.

El Supremo da ahora la que es la última palabra sobre las Torres, que pasaron a manos del Estado tras un proceso judicial impulsado por la Abogacía del Estado en Galicia con la demanda presentada en el verano de 2019 contra la familia Franco y que contó con un importante apoyo social y de las entidades de memoria, así como de la Xunta y la Diputación de A Coruña, además de los ayuntamientos de A Coruña y Sada.

Entregadas las llaves al Estado en un acto histórico en diciembre de 2020, la titularidad pública del Pazo de Meirás —hasta ahora provisional— se vuelve definitiva este viernes. Ahora, y ante los recursos de la familia Franco para recuperar las Torres, el Supremo “confirma la propiedad del Estado” y concluye que “desde 1938 el Pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, como una dependencia similar al Palacio de El Pardo, por lo que sus moradores no pudieron poseer el predio en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los años 90 del siglo XX, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración”.

En definitiva, ante la intención de los herederos del dictador de adquirir por usucapión el inmueble, aclara que “no transcurrió el plazo legal de treinta años para poder adquirir la propiedad por esta vía” ya que antes fue, en realidad, residencia del jefe del Estado.

Además, el Supremo aclara también que en los recursos interpuestos por el Estado y la familia del dictador “ya no se discutía que los títulos jurídicos en los que se fundara la propiedad de Francisco Franco Bahamonde (donación y compraventa) eran nulos”, sino si la propiedad era del Estado y si los herederos del dictador debían ser indemnizados.

Por lo tanto, lo que sí volvió a confirmar el Supremo, como hizo la primera de las sentencias sobre la titularidad de Meirás, es la nulidad de la donación efectuada en 1938 de las Torres, al demostrar los documentos que la Xunta Pro Pazo —constituida por élites franquistas para sufragar el regalo— regaló el inmueble al jefe del Estado, no a Francisco Franco a título personal.

También ratifica que la compraventa del 24 de mayo de 1941 fue una “simulación”, lo que determina la nulidad de la misma. Se trata del título esgrimido por los demandados y por el que Franco, a título particular, logra la inscripción del predio en el Registro de la Propiedad.

La memoria. Ese músculo aparentemente atrofiado que condena a nuestro país a ignorar su pasado y que con tanta fuerza se intenta reanimar. Desde infoLibre,  y con la colaboración de 50 años de Libertad, los esfuerzos para prevenir que la historia se repita se materializan en actos como el de este 12 de marzo, titulado Del acero a la palabra: trabajo, dignidad y memoria en Euskadi. El evento, enmarcado en una gira de charlas por toda España llamada La memoria que somos, ha analizado con diferentes expertos la huella que el franquismo y su represión ha dejado en la sociedad española, y especialmente la vasca.

La charla se ha celebrado en el Auditorio del Museo Marítimo de Bilbao. El lugar elegido no es casualidad. El Museo se levanta en la zona vinculada a los astilleros euskalduna, y cuenta el recorrido de la lucha de los trabajadores de este sector, una zona históricamente obrera y sindicalista.

El silencio en la sala, amplia y con un gran espacio para el público asistente, se ha visto interrumpido por música. Se trataba de dos intérpretes de txalaparta, un instrumento tradicional de Euskadi. El sonido profundo y la pasional interpretación de los músicos ha marcado el tono de un evento con todo el peso de la memoria histórica presente. 

Tras ellos, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, ha dado la bienvenida al evento. El periodista ha asegurado que estas charlas surgen de “la necesidad de reflexionar sobre las formas en las que una comunidad puede reconocerse a sí misma”. Carmina Gustrán Loscos, comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, ha sido invitada posteriormente a subir al escenario, y ha explicado que tanto para ella como para el proyecto se cumplen “50 años del principio de la salida de la dictadura”, pero no de una democracia directa.

Esta "falsa" Transición y las consecuencias de la represión sufrida han sido debatidas en la posterior mesa de debate, pero antes, Gustrán no podía dejar de declarar: “Memoria histórica también es hablar con tu abuela”.

La mesa redonda ha sido moderadas por la directora general de este periódico, Marta Gesto. Como expertas y expertos, un plantel de lujo con Afra Blanco, sindicalista y tertuliana; Carlos Entenza, politólogo, jurista, codirector de Ideas en Guerra y sindicalista; Iñigo Ugedo Vicario, presidente Consejo de Estudiantes de la EHU; y Eztizen Miranda Bernabé, antropóloga especializada en comunicación y memoria histórica.

Gesto, introducía así: “Euskadi, y Bilbo en particular, representan este vínculo tan especial entre trabajo, organización colectiva y democracia”. El conversatorio, muy rico en aportaciones, ha debatido sobre la construcción colectiva de la identidad a través del trabajo, cómo se encuentra esa cultura obrera en la actualidad y cómo podemos hacerla llegar a los jóvenes, entre otros asuntos. 

Bernabé, la primera en hablar, respondía a la pregunta de qué era hablar de trabajo para Euskadi en el pasado. “Cuando hablaban de trabajo, hablaban de unión”, asegura Bernabé. Sobre el sindicalismo, “todos tenían muy claro que eso era lo que tenían que hacer”. “Sabían que serían represaliados, pero estaban dispuestos a hacerlo por el bien de los demás”, cuenta la experta en memoria. Añade, además, que no sabe si esos valores se están transmitiendo de forma correcta al presente.

Entenza, politólogo, apunta que antes “se aprendía la participación política por el hecho”. “El trabajo tenía un componente fundamental de colectividad, y eso tenía una serie de implicaciones. Ahora el trabajo está más precarizado y más individualizado, y eso dificulta generar comunidad”. Entenza continuaba: “Lo que se tiene que hacer es intentar readaptarnos a los tiempos”. “Puede que cambien muchas cosas. Se pueden inventar mil códigos y la IA, pero la idea de que unidos somos más fuertes, esa no va a cambiar”, afirmaba el experto.

Las claves de los ponentes respecto a la política actual nacían de forma natural al hablar del pasado. La necesidad social de cambio estaba presente en la conversación. Para Bernabé: “Había unos objetivos claros. Sabían contra qué luchaban. Y cuando todos luchan contra lo mismo, es más fácil”. “La fórmula es matemática: ¿Dónde hay mejores condiciones laborales? Donde hay lucha obrera.”, aseguraba Entenza.

La pregunta de “¿Cómo hacemos llegar todo esto a los jóvenes?” también ha revoloteado durante toda la charla. Uno de los ponentes de menor edad, en este caso, Vicario, decía: “Antes estaba todo por conquistar. Ahora vivimos en una sociedad cada vez más individualista". "Vivimos nuevas formas de subordinación que a lo mejor se escapan un poco de lo que era antes. La crisis de la vivienda, la especulación…”.

Sobre la cultura del esfuerzo, Entenza plantea la paradoja de las nuevas generaciones: “Si el trabajo no me garantiza unos mínimos aspiracionales que sí que garantizaba a las generaciones anteriores, entonces quiero que el trabajo no ocupe un rol central, como tenía antes. Esto ha sido caricaturizado como falta de cultura del esfuerzo”. Vicario afirma estas declaraciones: “Somos la generación más preparada, pero no aspiras a tener una casa. Las aspiraciones son distintas”.

Muchas preguntas y respuestas fueron lanzadas durante la hora que duró el conversatorio, y pese a la generalizada sensación de que se había quedado corto, todo se puede resumir con una frase lanzada por el representante de estudiantes, Vicario: “Faltan espacios intergeneracionales para poder hablar de esto”. “Por eso son muy importantes espacios como este”, añadía, refiriéndose a este evento organizado por infoLibre que viajará también a otras ciudades para hablar, incansablemente y sin parar, sobre la lucha democrática.

Volver al pasado para comprenderlo todo. Es el objetivo que persigue el acto Del acero a la palabra: trabajo, dignidad y memoria en Euskadi, organizado por infoLibre junto con la celebración de los 50 años de España en libertad. Tendrá lugar el 12 de marzo a las 18:00 horas en el Auditorio del Museo Marítimo de Bilbao. Si te apetece venir puedes reservar tus entradas aquí.

Los años de represión del franquismo han dejado una huella que todavía atraviesa a España y que se siente en todos los rincones del territorio. En Euskadi, la resistencia al régimen estuvo marcada por los sindicatos y los obreros que –al contrario de lo que les ordenaba el régimen– se unieron y organizaron para poder resistir. 

Allí, el movimiento obrero resistió y salió a la calle. En abril de 1951, miles de vascos y vascas paralizaron Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra. Pedían lo más básico: mejoras salariales ante el alto coste de vida. Después de varias semanas, consiguieron lo que parecía imposible. Lograron que se aceptaran sus peticiones. 

El lugar en el que se celebrará el acto no es ninguna casualidad. Este territorio concentra la memoria del esfuerzo industrial y de las luchas obreras y sindicales que fueron decisivas para conquistar derechos laborales y libertades políticas. Ese lugar es un símbolo de la capacidad de transformación de la sociedad vasca.

El evento dará comienzo con una actuación liderada por una txalaparta, un instrumento de percusión idiófono tradicional en Euskadi. Tras la actuación, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, estará a cargo de dar la bienvenida al evento. Después, Maraña conversará con Carmina Gustrán Loscos, comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, para explicar el proyecto. 

El plato fuerte llegará con una mesa redonda moderada por Marta Gesto, directora general de infoLibre, sobre cómo el trabajo, la organización sindical y la memoria obrera fueron claves en la construcción democrática. El cómo esto ha llegado hasta hoy también será una de las grandes preguntas de la tarde. 

En la mesa redonda participarán Afra Blanco, sindicalista y tertuliana; Carlos Entenza, politólogo, jurista, codirector de Ideas en Guerra y sindicalista; Eztizen Miranda Bernabé, antropóloga especializada en comunicación y memoria histórica; e Iñigo Ugedo Vicario, presidente Consejo de Estudiantes de la EHU. 

Con ellos, debatirán sobre cómo fue el tránsito del conflicto industrial al pacto democrático y cómo éste es recordado en la sociedad vasca; el papel que jugaron los sindicatos; cómo las nuevas generaciones entienden el trabajo; qué significa la dignidad en el trabajo y la memoria obrera frente a la precariedad y la desafección democrática.

Resistir, pero con silencio y miedo. “De esto no se habla” es una frase que todos los españoles han escuchado demasiadas veces. En casa, pero también en el trabajo. La represión a los trabajadores durante el franquismo tuvo un grandísimo impacto en lugares como Euskadi en los que los obreros de las fábricas tuvieron que ver cómo se quedaban sin la mitad de sus compañeros por la represión en contra de quien estuviera mínimamente en contra de Franco.

Para que estas historias no se olviden, infoLibre ha puesto en marcha la iniciativa La Memoria que Somos, una serie de charlas que pretenden acercar a personalidades de la cultura o la información con las nuevas generaciones para debatir sobre cómo han trascendido hasta hoy los años de Franco en España, 50 años después de conseguir la tan ansiada democracia. 

En ella se guarda bajo llave el legado de reconocidos artistas. Y desde este miércoles, la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid ya atesora el de las pioneras Clara Campoamor, Victoria Kent y Elena Fortún por el Día Internacional de las Mujeres. Resulta un hecho incontestable: la historia de España la han escrito hombres. Y en la de la lucha por la igualdad, en mayor o menor medida, también han intervenido. Campoamor y Kent fueron dos mujeres que abrieron paso, que representaron los ideales del feminismo y que constituyeron una parte esencial de la historia política de España y del mundo. Sin embargo, cuando sus nombres se ponen uno al lado del otro de lo que se habla es de su enfrentamiento de ideas. Una quería el voto, la otra lo impedía.

Es cierto, pero solo en parte. Campoamor consiguió el voto, pero Victoria Kent no era antisufragista, ni mucho menos. No pedía que las mujeres no votaran sino que fuera más tarde, cuando la recién nacida República gozara de mejor salud. Para ella, las mujeres de España se convertirían en republicanas y de izquierdas en cuanto pudieran vivir los derechos conquistados con la nueva política. Era cuestión de tiempo.

Otras que también abrieron paso, que vivieron esa República y su posterior caída, también han sido olvidadas o simplificadas por la historia. La escritora Elena Fortún cambió la literatura infantil y defendió el feminismo desde antes de convertirse en la madre y escritora de Celia, una colección de novelas sobre una niña de siete años que vivía con su familia en Madrid. 

Las encargadas de poner en palabras la historia de estas mujeres en el evento organizado por el Cervantes han sido Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado; la doctora en Historia, Maria Dolores Ramos Palomo; la editora de Editorial Renacimiento, Christina Linares; las sobrinas nietas de Kent, Ana María y Concepción O’Kean; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha clausurado el acto. 

El acto también ha homenajeado el Lyceum Club Femenino, una asociación que buscaba el desarrollo social y cultural de las mujeres entre 1926 y 1939. Ser socia significaba haber realizado trabajos literarios, artísticos o científicos, participado en causas sociales o tener títulos académicos. Victoria Kent llegó a ser vicepresidenta de la entidad y Campoamor y Fortún también formaron parte de ella. 

El evento ha arrancado con la intervención de Carmen Calvo, que ha reclamado la figura política de Clara Campoamor como una mujer más allá del voto o más allá de ser una pionera. “El machismo quiere que hablemos de ella como una política que hizo algo en un apartado, el de pelear por el sufragio, pero ella es el personaje político, hombres y mujeres incluidos, que más ha sabido comprender lo que es la democracia. No se la entendía por muchos flancos y de una manera cruel las Cortes decidieron enfrentar a las dos únicas mujeres que había en la Cámara”, ha relatado Calvo. “El machismo nos quiere como pioneras o como víctimas pero tenemos que reaccionar contra esto. Cuando somos pioneras somos frágiles porque estamos solas, pero nos podemos hacer fuertes formando parte de un grupo, formando parte del feminismo”, ha añadido. 

Tras su discurso, ha acompañado a Luis García Montero, director del Instituto y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hacia la Caja de Letras para guardar parte del inmenso legado que ha dejado la política. Entre los obsequios, el Congreso ha cedido un tomo del Diario de Sesiones que recoge varias de las intervenciones de Campoamor, entre ellas, ese famoso reclamo por el derecho de la mujer del 1 de octubre de 1931, para que el Instituto pueda ser su nueva casa durante unos meses. 

Tras el emocionante momento, Christina Linares se ha subido al escenario para rendir tributo a la escritora Elena Fortún –o Encarnación Aragoneses de Urquijo, su verdadero nombre–. Ella también tuvo un papel decisivo en la lucha de las mujeres. Como escritora, creó el personaje de Celia, una niña de siete años que vivía con su familia en Madrid. En su obra, aunque era para los más pequeños, siempre se podía apreciar su lucha por las mujeres y, en un tiempo marcado por el franquismo y el exilio, por la democracia. “A través de la mirada de una niña, era capaz de criticar el mundo de los mayores”, ha destacado Linares. 

Ya en su momento, reflejaban los ideales de la Institución Libre de Enseñanza. Se acabaron editando los manuscritos de Celia en la revolución (1987), sobre Guerra Civil, y las novelas de temática lésbica Oculto sendero (que firmó como Rosa María Castaños y que no se publicó hasta 2016) y El pensionado de Santa Casilda (2022, con Matilde Ras).

Poco se sabía de ella como escritora. Por ello, Linares ha querido reclamar el papel de expertas e historiadoras que han conseguido desempolvar la historia que muchos querían que fuera olvidada. “Fortún transformó el panorama de la literatura infantil pero antes ya escribía artículos sobre feminismo. Fue vegetariana, sabía leer las cartas, se refugió en el espiritismo para superar la muerte de su hijo y era lesbiana. Todo esto lo sabemos gracias a las expertas”, ha recalcado. 

Como con Campoamor, se han dirigido a la Caja de las Letras para poder entregar varias primeras ediciones de la obra de Fortún. Junto con la hija de Carmen Laforet, Cristina Cerezales, han hecho entrega de los libros, que según la escritora ha conseguido gracias a la “amistad de su madre con Fortún”. 

Victoria Kent también ha recibido su propio homenaje. Faltaría más, en la fecha del evento, el 4 de marzo, nació la política en 1898. Ha pasado a la historia de muchos como la mujer que se opuso al voto femenino. No fue así. Abogó por los derechos de las mujeres durante toda su vida y abrió las puertas de todas las que vinieron después. 

Ella fue la primera mujer que formó parte del Colegio de Abogados de Madrid. Allí, también se convirtió en la primera mujer defensora en el mundo ante un tribunal militar en 1931. Además, Consiguió que se cerraran 114 centros penitenciarios, mandó construir la Cárcel de mujeres de Ventas en Madrid –sin celdas de castigo–, y creó el Instituto de Estudios Penales. 

La historiadora María Dolores Ramos Palomo ha relatado la forma en que tuvieron que volver a reconstruir, como si de un puzle se tratase, la vida de todas estas mujeres, de las que no había prácticamente nada ya descubierto. Solo fue cuando se abrieron las hemerotecas y las bibliotecas cuando las investigadoras descubrieron la aventura que fue la vida de todas ellas. 

El legado de Kent se ha representado con la lectura por parte de sus sobrinas nietas, Ana María y Concepción O'Kean, de varias cartas de la política en su tiempo en Nueva York. Los objetos también han incluido varios de sus escritos y una foto con Louise Crane, quien fue su pareja hasta que falleció en 1987. Precisamente la compañía de teatro Arte por el Arte Producciones ha realizado una lectura dramatizada de un extracto de la obra Victoria Kent o la verdadera identidad de Madame Duval sobre la relación entre ambas. 

La presidenta de las Cortes, Francina Armengol, ha puesto el broche final al acto: “Cuando vemos sus biografías podemos ver cuánto empeño se puso en silenciarlas. El orden mundial ahora se tambalea, en muchos lugares del mundo se ve la barbarie, que también se asienta en las grietas de una sociedad polarizada”, ha apuntado. 

“Comprometernos por la lucha es saber que las democracias que con tanto esfuerzo se han levantado, se pueden destruir de un mazazo. Nuestra responsabilidad con estas mujeres y las nuevas generaciones es proteger estos valores sobre los que hemos construido la sociedad que somos”, ha zanjado. 

Cincuenta años después de la muerte de Franco, el periodismo vuelve la vista atrás para interrogar no solo el pasado, sino el relato con el que la democracia española se ha explicado a sí misma. La conversación Periodismo y memoria, organizada por infoLibre con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en libertad y enmarcada dentro del ciclo La Memoria que Somos, reunió a Nativel Preciado e Isabel Cadenas Cañón bajo la moderación de Virginia Pérez Alonso, directora de infoLibre, en un diálogo intergeneracional atravesado por una pregunta incómoda: ¿qué hemos contado y qué hemos preferido no contar en estos 50 años?

Nativel Preciado, que tenía 27 años cuando murió Franco y cubrió la capilla ardiente del dictador, resumió medio siglo con un titular tan sobrio como crítico: “La democracia imperfecta mereció la pena o merece la pena”. Pero también añadió otro lema que, a su juicio, define la Transición: “Hemos vivido un periodo de paz a cualquier precio”.

Su relato no fue nostálgico, sino descarnado. Recordó la impresión de aquel día ante el féretro de Franco y la mezcla de emociones de quienes desfilaban ante el cadáver: “Pensé en ese momento que muerto Franco se acabó la rabia y me he dado cuenta de que no”. La dictadura, explicó, no fue solo la ausencia de derechos políticos, sino una maquinaria cotidiana de arbitrariedad: “Las leyes de una dictadura son arbitrarias. Las leyes de una dictadura se hacen a la medida del momento”. No poder reunirse, leer, escuchar música o expresarse libremente formaba parte de una represión que caló en los cuerpos y en las familias.

Frente a quienes hoy banalizan el término censura, Preciado fue tajante: “Censura era que te cerraban el periódico o que metían en la cárcel a un señor por publicar determinada historia”. Recordó cómo la llamada ley Fraga sustituyó la censura previa por una posterior, donde el castigo llegaba después de publicar, pero con efectos igualmente disuasorios. Y reivindicó el papel de periodistas que, incluso en democracia, se jugaron el puesto por investigar los abusos del poder. “Me duele que no se reconozca el valor de algunos periodistas que se han jugado el tipo y se han jugado la carrera y se han jugado el puesto de trabajo por contar algo de eso”, lamentó.

En este sentido, Preciado reivindicó el papel del buen periodismo incluso en escenarios de presión, silencios interesados y poderes intocables. Recordó a “mucha gente dignísima en la profesión que ha tratado de investigar”, citando expresamente a compañeros como José Antonio Martínez de Soler, Pepe García Abad o Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, como ejemplo de periodistas que han sostenido la exigencia profesional frente a la autocensura y las complicidades del poder. 

Para Isabel Cadenas, nacida siete años después de la muerte de Franco, el titular es otro, uno muy relacionado con el podcast que la llevó a ganar un Premio Ondas recientemente: De eso no se habla. ¿Por qué definir este medio siglo de democracia con esa frase? La periodista explicó que para ella la herencia recibida del franquismo a través de la familia y la sociedad es como un “ruido blanco”: “No destacar, no llamar la atención, por supuesto, no hablar de política”. Esa pedagogía del silencio —“no te signifiques, no te metas en política”— marcó a una generación que creció creyendo que su familia era “rara” hasta descubrir que el silencio era sistémico.

Cadenas cuestionó no tanto la Transición como su relato épico. “No puede haber reconciliación si no hay justicia”, sostuvo, en referencia a las fosas comunes y a la ausencia de una reparación plena. Para ella, los cuerpos sin exhumar son una realidad material y también una metáfora de un país que dejó asuntos sin resolver. “Si no hay de verdad justicia y reparación, ¿cómo te vas a reconciliar?”, preguntó.

El debate sobre las “heridas reabiertas” sobrevoló la conversación. Preciado recordó que el pacto de la Transición priorizó evitar la violencia y que “los políticos decidieron hacer borrón y cuenta nueva”. Pero también admitió que esa reconciliación “por arriba” no siempre correspondió a una reconciliación “por abajo”. Cadenas, por su parte, rechazó la idea de que hablar de memoria sea un ejercicio de revancha: transformar el silencio exige no solo nombrarlo, sino actuar sobre él.

Ambas coincidieron en que el presente plantea nuevos desafíos. Si antes el enemigo era visible, hoy el poder es difuso. “Antes era mucho más fácil porque había un enemigo único”, apuntó Preciado. Cadenas alertó del papel de las plataformas digitales y los algoritmos en la configuración de lo visible: no es la censura clásica, pero “es algo parecido” cuando determinadas palabras o posiciones quedan invisibilizadas.

Ante un público joven que preguntó por el miedo —si se perdió o si está volviendo—, Preciado reconoció que el miedo nunca desaparece del todo y que incluso hoy observa con “estupor” cómo antiguos compañeros, que incluso se definían como socialistas, han girado hacia posiciones reaccionarias. “Yo ya no tengo miedo a nada, pero sí tengo miedo por las futuras generaciones”, confesó.

En este contexto, Nativel Preciado subrayó una idea clave que atraviesa su trayectoria y que para ella resume su concepción democrática del oficio: “El periodismo es la mayor inversión contra la tiranía y es verdad, es un pilar contra la tiranía de todo tipo”. Frente a la censura explícita del pasado y las formas más sutiles de presión del presente, Preciado dibujó así una línea roja ética: investigar, probar y publicar, incluso cuando no todos quieran escuchar. Porque, sostiene, el periodismo no se trata de insinuar, sino de probar. “Lo que no se puede hacer es hablar de cosas que no se pueden demostrar”, afirmó, defendiendo un periodismo riguroso que publica cuando hay pruebas, aunque eso suponga incomodidad o aislamiento. Para ella, la esencia del oficio sigue siendo clara: “Contar lo que pasa, denunciar lo que pasa”. Para Cadenas, hoy se trata también de “resistir”: resistir a la concentración mediática, a la precariedad, al ruido y al acoso.

La conversación dejó una conclusión compartida: la democracia no es un punto de llegada, sino una cultura que debe ser defendida cada día. La memoria no es un ejercicio melancólico, sino una herramienta para comprender el presente y evitar retrocesos. Como recordó Virginia Pérez Alonso al cerrar el acto, los derechos no pueden darse por sentados. Y el periodismo, cuando está a la altura de su responsabilidad democrática, es uno de los diques más firmes frente al olvido y frente al miedo.

Izquierda Unida registrará mañana lunes en el Congreso una iniciativa para reformar las leyes de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, de 2011, y la de Memoria Democrática, de 2022, para que en ellas se incluyan a las víctimas de agentes del Estado, según recoge EFE.

Con esa proposición de ley, IU pretende que se repare la situación de víctimas excluidas y de sus familiares, como la de Manuel José García Caparros, el joven asesinado por disparos de la Policía el 4 de diciembre de 1977 mientras se manifestaba a favor de la autonomía andaluza. En suma, todas las que han quedado "sin reconocimiento oficial de su carácter de víctima de la violencia que se ejerció por parte de agentes policiales del Estado", subraya IU en un comunicado.

IU considera que "es el momento de reconocer, si no es ya tarde, a todas las victimas que sufrieron esa violencia policial, incluyendo en este periodo a las producidas hasta la plena consolidación democrática, pasada ya la intentona golpista del 23F de 1981". De este modo, ve "apropiado desde un punto de vista legal e histórico" fijar el final de ese periodo temporal a partir del 1 de enero de 1983.

La proposición de ley ha sido coordinada por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y cuenta también con la firma del diputado y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, además de Engracia Rivera, Francisco Sierra, Nahuel González y Fèlix Alonso.

Según recuerda IU, la propuesta es una respuesta "legal, argumentada, clara y contundente" a la "grave comunicación" conocida a comienzos de esta semana después de que el Ministerio del Interior hiciera público que denegaba la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós.

Precisamente, el pasado viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, anunció que el Ejecutivo llevará al próximo Consejo de Ministros un decreto ley con el que busca asimilar las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado con la del resto de personas afectadas por esta forma de violencia extrema.

Toda escritura te lleva a otro lugar y, si sabes que no va a ser así, es mejor no emprenderla. Ese territorio nuevo puede desvelar asuntos que no gustan o que no quieres ver. De la escritura de ,mi último libro aprendí muchas cosas, me tuve que hacer muchas preguntas cuya respuesta solo llegué a rozar. Asumir la frustración de que solo las llegué a rozar, y que no fue por falta de búsqueda, fue otro aprendizaje. Que nuestra historia no está relatada por completo. Que la historia contemporánea de España se sostiene sobre un relato muy bien trazado que perdura intocable. Que, por poner solo un ejemplo, aquello que concierne a las mecánicas del Régimen de Franco para la represión sigue en la sombra, y no podemos saber si destruido o perdido o está guardado en cajones que no sabemos dónde están. Y que el acceso a la documentación no siempre garantiza el acceso a la verdad completa. Que la historia todavía está callada en bocas que no hablan. Que los nombres de los hombres y sus esbirros que ejercieron el poder y sus abusos están tachados u omitidos. Que conocemos tres o cuatro. Que saber cuánto nos falta por saber debería ser el primer ejercicio de transparencia histórica que podría haber acometido cualquier Gobierno en estas décadas de democracia. 

En la 45ª efeméride del 23 de febrero de 1981, el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado. Algo que podemos celebrar. Pero lo primero que me sorprende es que, si un Gobierno tiene voluntad de desclasificación de archivos, pueda hacerlo porque tiene la competencia. Porque me lleva a preguntarme por qué no se hizo antes y qué pasa con todo lo demás. Lo segundo es que no sabemos si eso es todo lo que hubo. Cuánto más pudo existir. Cuánto se destruyó en aquel entonces y quién lo hizo y por qué dejó lo que dejó y por qué se revela esto ahora. Por qué se relaciona todo esto con el posible regreso del emérito rey Juan Carlos a España si, en realidad, aquí no tenemos pena de destierro y puede volver, y así lo hace habitualmente, cuando quiera. No es retórica, son preguntas que deberíamos poder respondernos.

Perdimos una gran oportunidad para la transparencia hace cincuenta años, cuando –desde el final de la dictadura– se emprendió el camino de transición a la democracia. Punto y seguido. Argentina, Alemania, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y otros países que padecieron dictaduras en el siglo XX abrieron sus archivos cuando se convirtieron en naciones democráticas, especialmente para saber qué violaciones de Derechos Humanos se habían cometido. 

Aquí, no. 

La Ley de Secretos Oficiales en España es la ley de 1968, es decir, una ley de la dictadura, preconstitucional y desfasada con respecto a otros países. Una norma que no fija plazos claros para la desclasificación de forma automática, por lo que los documentos pueden permanecer secretos de forma indefinida si no se da la acción de desvelarlos. Más de cuatro décadas después del intento de golpe de Estado de 1981, parece que se ha reducido el riesgo actual para la seguridad del Estado, uno de los criterios para haberlo mantenido en secreto. Pero, ¿hasta cuándo saber ponía en peligro la seguridad y la estabilidad del país? ¿Depende todo de la voluntad política de quienes gobiernan al margen del derecho de los ciudadanos y ciudadanas, de los periodistas y, sobre todo, de los historiadores a conocer?

No necesitamos héroes patrios para sujetarnos, ni más mitología, ni relatos oficiales que no se atrevan a ser cuestionados: necesitamos saber. Qué pasó. Cómo pasó. El 23-F es solo uno de esos hechos históricos de un pasado limpio o sucio. Un pasado que es el que hay. Pocas cosas son más duras en su hueso, pero más frágiles a la manipulación y la ficción, que lo que ya sucedió. Estamos preparados, o democráticamente maduros, para encajar nuestra imperfecta historia con sus matices y claroscuros y que se permita hacer su trabajo completo a los historiadores, que son quienes saben interpretar la hondura y complejidad de los archivos. No es búsqueda de conspiranoias, no es fomento de bulos, es el rechazo a la servidumbre eterna a una Historia que sigue sin responder algunas preguntas. 

En 1936 , la república, con la legitimidad que le dieron las urnas ese año, fue abandonada por una parte de las potencias europeas ante el auge fascista, por lo que fue aplastada militarmente y moralmente para dejarla a los “pies” de la alianza de las dictaduras de Alemania e Italia, fundamentalmente. Así mismo vemos que hoy, pese a la falaz paz firmada entre Israel y Palestina propuesta por EEUU, Palestina continúa sufriendo un aislamiento, una ocupación continua, bombardeos todos los días, además de la negación de todos sus derechos, mientras una gran mayoría de estados miran hacia otro lado o justifican irracionalmente y mezquinamente la realidad. Como vemos, una situación muy similar a la de 1936 respecto a España. 

Otro punto similar, desde mi opinión personal, es que en 1936 miles de voluntarios se unieron a las Brigadas Internacionales para defender la república española, mientras las que se denominaban “democracias occidentales” no intervenían. Así vemos hoy que, ante una parecida situación en Palestina, observo una fuerte movilización de la sociedad civil mundial, con numerosas acciones,  para acabar con el cruel ataque y genocidio a Palestina, y mientras esto ocurre, la mayoría de las grandes potencias y determinados estamentos internacionales siguen prestando apoyo a Israel, escondiendo la cabeza o apoyándola militarmente, a través  de sus medios informativos y económicamente, para que los genocidas  Netanyahu y Trump consigan ejecutar sus planes expansionistas y económicos. Por último, otra comparación sería que, en 1936, el golpe de Estado y por tanto esa mal llamada guerra civil se percibió como un anticipo de la lucha mundial entre el fascismo y la democracia. Por lo cual la república se convirtió en símbolo de  una causa universal. Y lo mismo ocurre con Palestina, pues se está convirtiendo en símbolo de la lucha contra la opresión, el colonialismo y la ocupación ilegal y genocida.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

El periodista y escritor Gregorio Morán, autor de obras como Adolfo Suárez, historia de una ambición, articulista de piezas como las Sabatinas intempestivas en La Vanguardia o guionista del filme de J.A Bardem Siete días de enero, ha fallecido este lunes en Barcelona a los 78 años de edad.

Autor que no dejaba indiferente, inconformista, implacable, La Vanguardia, donde escribió hasta el año 2017, cuando dijo que le habían "censurado" un artículo, ha dado a conocer este lunes su fallecimiento y ha destacado que este coincida con una fecha como la del 23 de febrero, porque él ahondó en la Transición con obras como El precio de la Transición, que publicó en 1991.

Nacido en Oviedo en 1947, aunque hacía años que vivía en Barcelona, estudió en Madrid y París y durante unos años fue un activista antifranquista, así como periodista de investigación y colaborador, a partir de los años setenta, de varios medios de comunicación.

En 1978 publicó el libro sobre Adolfo Suárez y, posteriormente, firmó otros títulos como Miseria y grandeza del PCE (1986), Testamento vasco (1988), El maestro en el erial. Ortega y Gasset y la cultura del franquismo (1998) y Llueve a cántaros (1999).

También escribió libros de viajes y de creación literaria como Nunca llegaré a Santiago (1997), El viaje ruso de un vendedor de helados (2001) o, en 2007, la semblanza biográfica, Asombro y búsqueda de Rafael Barrett.

Una de sus obras más polémicas fue El cura y los mandarines (Historia no oficial del Bosque de los Letrados). Cultura y política en España, 1962-1996, donde ahondó en la historia intelectual de la cultura española y en sus protagonistas, con el hilo conductor de la figura de Jesús Aguirre.

Al conocerse su deceso, algunos de sus amigos y conocidos lo han recordado a través de las redes sociales.

El escritor Javier Pérez Andújar ha rememorado su figura, a través de una fotografía de Juan Santiso del concierto de Raimon en la Facultad de Económicas, en Madrid en el año 1968, donde se le ve escuchando al cantante valenciano y ha afirmado que Morán fue un "inconformista y le costó el pellejo. También despellejó lo suyo. DEP, maestro".

La despedida del escritor y periodista tendrá lugar en el Tanatorio Sancho de Ávila, en Barcelona, el día 25, entre las 13:25 y las 21:00 horas, y al día siguiente se celebrará el entierro, que la familia quiere en estricta intimidad. 

En noviembre de 1975, apenas unos días después de la muerte del dictador, centenares de mujeres celebraron en Madrid las primeras Jornadas de Liberación de la Mujer en semiclandestinidad. Medio siglo después, esa memoria volvió a ocupar el centro del debate en la conversación “Igualdad de género y derechos conquistados”, organizada por infoLibre dentro del proyecto La Memoria que Somos, con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en libertad.

El encuentro estuvo moderado por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, y reunió a la activista, feminista y experta en políticas de género, Justa Montero, y a Daniel Valero 'Tigrillo', creador de contenido, escritor, periodista y columnista de infoLibre, en un diálogo intergeneracional con la participación de estudiantes y jóvenes desde el público.

La intervención de Justa Montero desmontó uno de los mitos más extendidos sobre la Transición: el de un proceso pacífico y ordenado, casi providencial. Franco murió “matando”, recordó, con fusilamientos apenas dos meses antes de su fallecimiento. Y tras su muerte, el aparato del Estado permaneció intacto: represión policial, violencia de la ultraderecha, asesinatos como los de Atocha o la matanza de Vitoria en 1976.

Montero reivindicó el papel del movimiento feminista en aquel contexto de incertidumbre y riesgo. “Nada nos ha venido concedido por la gracia de no se sabe quién ”, subrayó. Cada derecho, desde la despenalización de la homosexualidad hasta el acceso al aborto, fue fruto de una lucha sostenida.

La memoria feminista, explicó, no es un apéndice del relato general sobre la dictadura, es una parte central. Miles de mujeres fueron internadas en cárceles, psiquiátricos o en centros del Patronato de Protección a la Mujer por romper el modelo de “buena esposa” impuesto por el régimen. Instituciones que, recordó, sobrevivieron hasta 1985. La represión no fue anecdótica: fue estructural.

Y, sin embargo, medio siglo después, el desconocimiento persiste incluso entre quienes han nacido en democracia. Los jóvenes presentes en el acto reconocían conocer poco o muy poco lo que era el Patronato de la Mujer u otro lugar de memoria como es el Pasaje Begoña, en Torremolinos, cuna de los derechos y libertades LGTBIQ+ en España.

Por ello, desde la otra orilla generacional, Daniel Valero puso el foco en el déficit educativo. La historia del franquismo, y en particular la represión contra mujeres y personas LGTBIQ+, apenas ocupa espacio en los currículos escolares. Muchos jóvenes, reflexionó Valero, desconocen hitos fundamentales de esa memoria, como el ya nombrado Pasaje Begoña en Torremolinos, uno de los primeros espacios de libertad para el colectivo LGTBIQ+ durante el franquismo, desmantelado por redadas policiales.

El también creador de contenido denunció que mientras el Stonewall estadounidense forma parte del imaginario colectivo, la historia LGTBIQ+ española sigue borrada. Y advirtió de las consecuencias: sin memoria, los derechos parecen naturales; y lo que parece natural, puede perderse sin resistencia. “Toda esa parte está borrada, entonces todo ese dolor ni siquiera está reparado. Si no está reparado, ¿cómo podemos mirar hacia un futuro en el que genuinamente tengamos una libertad que no está ser heredada de todo ese tiempo?”, reflexionó, pero añadiendo al mismo tiempo: “Tenemos muchísima historia que honrar y tenemos hitos históricos maravillosos en los que inspirarnos para decir, ‘Oye, la lucha no hay que abandonarla’”.

En este punto, el debate derivó hacia la educación sexual. Una estudiante de 18 años reconoció no haber recibido nunca formación en este ámbito. Para los participantes en la mesa, esa carencia no es neutra: deja espacio a discursos reaccionarios que promueven modelos rígidos de masculinidad y feminidad, hoy reciclados por la extrema derecha en clave digital.

Tanto Montero como Valero coincidieron en que los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+ se han convertido en moneda de cambio en pactos políticos y en objetivo prioritario de la ofensiva ultraconservadora.

El aborto es un ejemplo paradigmático. Montero recordó cómo el movimiento feminista logró frenar en 2014 la reforma restrictiva impulsada por el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Pero alertó de que el derecho sigue siendo frágil: no todas las mujeres pueden ejercerlo en igualdad de condiciones, especialmente las que se encuentran en situación administrativa irregular.

Valero amplió el foco: las personas trans, migrantes o racializadas son hoy chivos expiatorios en una estrategia que busca desviar la atención de las desigualdades económicas estructurales. Se trata, dijo, de una importación de guiones internacionales, desde Estados Unidos hasta Hungría, donde la ultraderecha necesita enemigos simbólicos para cohesionar a su base social.

Una de las preguntas más sugerentes del público planteó si el feminismo tiene una meta alcanzable o si está condenado a ser una lucha activa indefinida, y si esa ausencia de “final” puede resultar desesperanzadora.

Justa Montero respondió que el feminismo “tiene un horizonte, efectivamente”, pero que ese horizonte “va mucho más allá de lo que este sistema puede conceder”. No se trata de una meta cerrada ni de una fotografía fija del futuro, sino de un proceso colectivo de transformación profunda. Habló de que “el feminismo es una lucha contra el patriarcado que es también antirracista, anticapitalista, transinclusiva” y defendió que no puede reducirse a una apuesta individual —que agota—, sino que debe entenderse como un movimiento social plural. El horizonte, insistió, es “muy esperanzador”, aunque su forma concreta esté aún por construirse.

En esa misma línea, Daniel Valero coincidió en la necesidad de mantener una mirada esperanzadora. Admitió que no sabemos cuál será la “photo finish”, pero subrayó que el movimiento feminista y el LGTBIQ+ forman parte “de raíz” de esa transformación social más amplia. Para él, el avance no se mide en una meta cerrada, sino en algo más tangible: en que cada vez haya “un poquito más de confianza y de comodidad en un mundo que a mucha gente nos había dicho que no era para nosotras”. Ese desplazamiento —del miedo a la pertenencia— es ya, en sí mismo, una conquista política: “Creo que solo con eso, merece la pena seguir peleando para ver hasta dónde nos lleva”.

El título del proyecto, La Memoria que Somos, no es casual. La memoria no es un ejercicio conmemorativo, sino una herramienta política. Recordar que hubo mujeres encarceladas por besarse en un cine o por abortar es entender que los derechos no son un punto de partida, sino una conquista.

En un contexto de polarización y repliegue identitario, el mensaje que dejó la conversación fue inequívoco: la igualdad no está garantizada. Se construye, se defiende y se amplía. Y la única forma de hacerlo es desde lo colectivo, tejiendo alianzas entre feminismo, movimiento LGTBIQ+, antirracismo y defensa de los derechos sociales. Como señalaba Valero en una de sus intervenciones: “La ciudadanía no tenemos un poder enorme de manera individual, pero igual tampoco hace falta porque tenemos que buscarlo en el comunitario”.

Es en ese camino colectivo en el que hay que mirar hacia atrás, hacer memoria, porque tal y como recordó Marta Jaenes al cerrar el acto, la memoria no solo explica de dónde venimos. También marca hacia dónde queremos ir.

Sobre este acontecimiento, que yo sepa —y me gustaría equivocarme—, no he oído ni leído nada en ningún medio, ni conservador ni progresista. En él han participado una media de unas 280 personas diariamente (cerca del 50% mujeres). Partieron de Málaga y han pasado por Almuñécar, Salobreña, Motril, Nerja, Castell de Ferro, Melicena, La Rábita, Adra, Vícar, Roquetas, Balerma, El Egido, y algunas localidades y comarcas más. Por la mayoría de estos lugares han sido muy bien recibidos, incluso con saludos e intervenciones con discursos de alcaldes o alcaldesas, cediéndoles pabellones municipales para dormir; pero tampoco ha faltado en alguna ocasión en que, a su paso, han tenido que escuchar vivas a Franco. En Roquetas, por ejemplo, su alcalde durante ocho mandatos, Gabriel Amat Ayllón, les ha negado cobijo, argumentando que las instalaciones deportivas no son para dormir sino sólo para hacer deporte. 

Se hace necesario ir al comienzo. Carlos Arias Navarro (el carnicerito de Málaga), quien tras el triunfo del fascismo golpista de Franco llegó a ser ministro de Justicia y hasta Jefe de Gobierno (sí, el que anunció en 1975, medio llorando, que Franco había muerto), durante la II República era fiscal de Málaga, y tras el levantamiento militar pasaba información y animaba a castigar al pueblo malagueño al asesino Queipo de Llano, quien, desde Sevilla, insultaba, amenazaba y mataba a todo aquel o aquella que no fuera de los suyos. Málaga comenzó a ser bombardeada por la Legión Cóndor de Hitler y la aviación fascista de Mussolini, y ahí comenzó la Desbandá original, la primera, la real. Huyendo de las bombas, entre 150.000 y 200.00 personas iniciaron una dura marcha desde Málaga hacia Almería; había de todo, pero principalmente hombres mayores, mujeres y niños, a los que se les podría calificar perfectamente de refugiados. Durante el recorrido, por la N-340 y parajes de todo tipo próximos, siempre cerca del mar, fueron perseguidos y bombardeados desde el aire y atacados también desde el agua por los cruceros Canarias, Baleares y Almirante Cervera, produciéndose entre 3.000 y 5.000 (hay quien asegura que pudieron llegar hasta los 30.000) muertos. Un pequeño paréntesis: el Baleares fue hundido en 1938 por la Marina republicana en el Cabo de Palos.

No puedo dejar de reflejar una extraña y curiosa circunstancia: al frente del Almirante Cervera estaba el almirante Salvador Moreno, quien llegó a ser ministro de Marina durante la dictadura de Franco, y posteriormente pusieron su nombre a una calle de Pontevedra. Pues en 2017, Mariano Rajoy, siendo jefe de Gobierno, dijo en una entrevista que no entendía por qué, en 2002, en Pontevedra, donde él tenía casa, habían cambiado el nombre del almirante Salvador Moreno por el de Rosalía de Castro.

Hasta aquí una pequeña, pero muy triste, parte de nuestra historia reciente, que expreso como modestísimo, pero emotivo, homenaje a los perseguidos, encarcelados, exiliados y muertos por un levantamiento militar injusto contra un Gobierno legal y democrático salido de las urnas como fue la II República.

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Pedro Crespo Rubio es socio de infoLibre.

El Ministerio de Cultura ha dado un paso más en el proceso para pedir la extinción de la Fundación Francisco Franco tras estudiar las alegaciones presentadas por esta entidad y concluir que debe instar su extinción judicial, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones, informa EFE.

Todavía la fundación dispondrá de un plazo de diez días para presentar nuevas alegaciones, y después habrá que esperar un informe de la Abogacía General del Estado antes de que Cultura solicite a la justicia definitivamente la disolución de la entidad, que preside el general Juan Chicharro.

La propia fundación ha emitido un comunicado este miércoles en el cual revela que el pasado 16 de febrero recibió notificación de la inadmisión de un recurso de alzada contra la negativa a una práctica de prueba testifical y que solo 24 horas después ha recibido la resolución firmada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que propone su extinción, una rapidez que le resulta sorprendente.

En este documento, de 58 folios, se recoge el análisis que en su día hizo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de la página web de la FNFF, con "componentes de exaltación del franquismo, resaltando los logros del régimen", y se constata que el acceso a los fondos de su archivo histórico está limitado y sujeto a autorización previa, y organizado con un enfoque "unilateral".

También incluye la resolución los elementos de su actividad que según Cultura prueban las prácticas de apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado de 1936 y la dictadura y sus dirigentes, así como el "menosprecio" a las víctimas -otro motivo para la extinción- a través de textos bajo un "prisma negacionista" de la represión franquista.

Tampoco admite que sus actividades únicamente persigan el interés general, como sostenía en las alegaciones, porque su propósito de difusión de la "vida, pensamiento, legado y obra" de Francisco Franco "no puede considerarse de interés general" según la normativa de fundaciones y además de un modo "incompatible" con la legalidad.

En suma, Cultura entiende que le corresponde proponer la extinción y le concede diez días hábiles para presentar nuevas alegaciones, mientras la fundación asegura que está estudiando el contenido de la propuesta y los pasos a dar para defender sus "derechos".

Los trámites para reclamar la extinción de la FNFF se iniciaron en junio de 2024 cuando Cultura comenzó a recopilar información sobre sus actividades mediante informes al registro de fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La apología del franquismo, la humillación a las víctimas y la no persecución de fines de interés general son los argumentos contra la fundación que lleva repitiendo el Gobierno en todo este largo procedimiento.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que convocará al Consejo Territorial de Memoria Democrática para aprobar otra partida de tres millones de euros con la que espera completar las 10.000 exhumaciones pendientes de la Guerra Civil y la dictadura, según informa EFE.

En declaraciones a los periodistas, Torres ha dicho que espera contar con el respaldo de las comunidades autónomas para aprobar estos tres millones de euros y que "nadie vote en contra", aunque se produzcan abstenciones para poder recuperar "los cuerpos que quedan del lado vencido por defender la democracia y la República".

Torres ha dicho que esta nueva partida permitirá seguir con estos trabajos que se llevan a cabo en las comunidades autónomas con los cabildos y los ayuntamientos para que cualquier persona que pueda ser sacada de una fosa o un pozo o cuneta tras perder la vida de manera violenta pueda ser devuelta a sus familiares.

El ministro además ha anunciado que el próximo día 27 de febrero se va a designar como primer lugar de Memoria en Canarias a la antigua colonia penitenciaria de Tefía, que fue centro de reclusión y trabajos forzados por ser homosexuales durante la dictadura franquista. Será un homenaje a todo el colectivo LGTBIQ+, por lo que será un día "muy importante en defensa de la libertad y de la orientación sexual". Torres ha recalcado que los jóvenes deben saber que a los homosexuales se les sometía a trabajos forzados durante la dictadura de Franco. 

El acto de Fuerteventura contará con la presencia de todas las administraciones canarias, el Gobierno de España y los colectivos LGTBIQ+.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho estas declaraciones con motivo de su visita a la exposición El viaje de Celia en la Fundación Juan Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, donde se aborda el auge de la literatura infantil durante la República y su transformación tras la llegada de la dictadura franquista.

Los Carnavales de Cádiz (COAC) pueden parecer, a simple vista, un folclore más, apolítico y amable. No obstante, tras siglos de censura y persecución, el evento se ha convertido en el altavoz de la lucha obrera andaluza. Son el resultado de la organización de un espacio combativo, dedicado a la denuncia social, donde la ira provocada por las injusticias se canaliza a través de una de las especialidades andaluzas: hacer reír y saber reírse de uno mismo.

A través de la ironía, el ingenio del disfraz y la composición de atrevidos versos, las agrupaciones carnavalescas muestran tanto lo cruda como ridícula que es la realidad en la que vive España. Una de las formas más divertidas, aunque también elegantes, de poner en jaque al poder.

Los COAC de 2026 han convertido el Teatro Falla en un escaparate para evidenciar cuestiones de talla estatal. Han defendido el feminismo, reivindicado el derecho a la vivienda y exigido un mejor futuro para los jóvenes. Los líderes políticos tampoco han quedado al margen del escarnio humorístico. Un ejemplo especialmente sonado fue la respuesta de la comparsa 'El Patriota', caracterizada como Blas Infante, a unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo del pasado diciembre, cuando afirmó que "los andaluces no saben contar". Los gaditanos le retaron a encontrar siete diferencias entre lo público y lo privado y a contar cuatro pilares que, según denunciaron, el PP está destruyendo: "Educación, empleo, sanidad y dependencia".

Naturalmente, los gaditanos barren para casa, por lo que hacen especial hincapié en problemáticas que afectan concretamente a la población andaluza. En esta edición, la sátira dirigida a Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha sido una de las más recurrentes, especialmente a raíz de las negligencias en los cribados del cáncer de mama.

Asimismo, el escándalo del obispo de Cádiz y Ceuta, acusado de pederastia, ha provocado que múltiples actuaciones arremetan furiosamente contra la institución de la Iglesia. El bullying también ha sido una problemática especialmente denunciada este año, debido al reciente fallecimiento de Sandra Peña, la adolescente sevillana de 14 años que se quitó la vida a causa del acoso escolar que sufría.

Entre los gags más recurrentes, han sido frecuentes los chistes relacionados con el mal tiempo al que se ha enfrentado Andalucía. Por ejemplo, la chirigota 'Los Robins' cantó en semifinales unos versos en gallego por lo que "choveu" —ha llovido— en los últimos días, sufriendo un clima más similar al de la comunidad del noroeste que al andaluz.

La presentadora de televisión Sonsoles Onega también ha tenido que recibir los dardos de este humor a raíz del error que cometió en su programa de Antena 3, al confundir una carretera inundada por las intensas precipitaciones con la Bahía de Cádiz. La comparsa 'El jovencito Frankenstein' dedicó un cuplé entero al error de la periodista en semifinales, contraatacando a la ofensa mediante la burla: "Dice que ha sido una tragedia y que animales han perdido la vida, y lo que ha perdido su familia con ella ha sido una paguita".

La sátira por excelencia fue otorgada a Madrid y a su propuesta Madrilucía. Una cuestión que da mucho coraje a los andaluces pero que, además, pone en evidencia una realidad innegable: la apropiación cultural. La comparsa 'OBDC! Me quedo contigo' hizo, en cuartos de final, una dura crítica a la mercantilización de la identidad andaluza a través de un pasodoble. "Se anunció Madrilucía, una feria de Sevilla sin acento de podredumbre", cantaron con un fingido acento neutro, mientras acusaban a los madrileños de hacer "como el señorito hacía". Y sentenciaron: "Nos silencian, nos sacuden. Nuestra cultura y tradición de Andalucía para poder saquearla, sin andaluces".

Los COAC de 2026 han dedicado una enorme parte de sus letras a la reivindicación de la mujer, tanto para poner en valor su papel como para sumarse a la defensa del derecho al aborto y a la lucha contra la violencia de género y sexual. "Porque el hombre que soy hoy se lo debe todo a una mujer", explicó la chirigota 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)' en un pasodoble.

De lo más destacado, el desgarrador pasodoble que la comparsa 'Los Locos' llevó a cuartos de final. Cuenta la "doble violación" que sufre el personaje de María, como tantas otras mujeres, durante una fatídica noche. La joven volvía de fiesta a su casa, "con un dolor en el alma y un nudo en el pecho", cuando su padre le preguntó qué le había ocurrido. Ella, "con pudor, le cuenta que por sus caderas un cabrón se le arrojó sin compasión, como una fiera". A lo que el padre respondió con la misma poca compasión, iracundo: "Yo sabía que esto algún día te pasaría, no se puede ir siempre como una golfa así vestida". El hombre explicó que "feminismo y tonterías no hacen bien a la mujer".

La historia termina con María dirigiéndose a su cama, destrozada, sin estar segura de qué había ocurrido. Aquella noche, "dos hombres su alma arrancaron, se repite el dolor pero nadie ahora la ha tocado". 'Los locos' culminan la actuación sentenciando, furiosamente, que a la joven, al volver a casa, "otra vez la han violado".

La comparsa 'OBDC! Me quedo contigo' es otra de las agrupaciones que ha aprovechado el escenario para defender a las mujeres. En esta ocasión, volvió a traer a colación las ya archivadas denuncias de dos exempleadas de Julio Iglesias, quienes acusaron al cantante de violencia sexual. Los gaditanos señalaron que el artista cuenta "a su favor con el juez, la prensa y los medios".

El pasodoble termina con una firme denuncia: "Como Plácido Domingo, Julio Iglesias, la Manada, en este siglo es impune a la coartada de comprar a una mujer como una esclava".

Los roles se han alterado. En los Carnavales de Cádiz, la Iglesia se convirtió en víctima y el pueblo en verdugo.

La chirigota 'Los que la tienen de mármol', donde muertos en sus nichos cantan "que la vida es un teatro y tú tienes el guion", interpretaron un pasodoble como si fuera un rezo al 'Padre Nuestro'. A través de la oración, denunciaron los casos de pederastia en el clero. Así, contaron a Dios que "un siervo tuyo de este Reino se saltó tus mandamientos, mientras me robó la infancia". Hablaron del tormento que supone y las secuelas que los abusos dejan de por vida: "50 años han pasado y no hay día que no sienta por mi cuerpo esas manos pecadoras que en la tentación cayeron".

Los difuntos culminaron la actuación sentenciando que la infancia y la vida no "la devuelve un Dios ni un padrenuestro".

Entre las críticas al poder eclesiástico, también resultó destacable la comparsa femenina 'La Camorra'. Representaron al clero sobre las tablas, mientras cantaban una melodía con ecos de tarantela, en clara alusión a las mafias italianas. "Un lobby que tú pagas aunque no creas en nada", definieron las artistas a la Iglesia; o, como la vidriera del templo del decorado la denominó, la "Iglesia S.A."

En las semifinales, acusaron al clero de hacer "pervivir el franquismo con aromas del incienso", así como de, en nombre de Dios, haber "matado a cientos de miles republicanos". También aludieron al robo de bebés y a la codicia de bienes ajenos, señalando el uso de dinero público, la apropiación de espacios de culto y la posesión de miles de terrenos.

Los recortes sanitarios en Andalucía bajo la gestión de Juanma Moreno Bonilla, han provocado que el presidente de la Junta se convierta en el blanco del Teatro Falla. "La Sanidad en mi tierra nos la tomamos a pecho", advirtió la chirigota 'Ssshhhhh!', ganadora de esta edición. Durante la semifinal, los saeteros se dirigieron a Trump para corregir que no tendría que haber secuestrado a Maduro, sino al dirigente andaluz, quien mientras ha dejado "a las mujeres andaluzas olvidadas en una lista de espera, él se marca un blackface de Baltasar echando balones afuera".

"Con lo de los cribados, lo que hace literalmente es escurrir el bulto", añadieron. Y culminaron el pasodoble dirigiéndose a Moreno Bonilla de manera clara: "Y venga AMAMA y venga AMAMA, esta palabra tú estarás harto de escucharla, pues aplícatelo ya. ¡Y te vas pronto AMAMArla! ".

Y ha sido precisamente la crítica contundente de la comparsa ganadora, ‘DSAS3’, a la gestión de la Junta del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la que ha puesto el broche de oro a los COAC 2026, pasadas las seis de la mañana. Llamaron al presidente de la Junta "hijo bastardo de Andalucía", quien "le ha robado la salud al pobre, cambiando el oro por cobre, enriqueciéndose con su agonía".

Los últimos minutos del certamen, iniciado desde el 11 de enero, fueron protagonizados por el fin del popurrí de la comparsa, un canto de agradecimiento por poder vivir la vida... "¡Con salud!"

Un año más, el Carnaval de Cádiz ha demostrado que el arte nunca dejará de ser un acto político.

Sentarse a escribir, igual que sentarse a escuchar, es una toma de postura ante la prisa, esa dinámica que enturbia la capacidad de pensar y nos empuja al mundo accidentado de las obsesiones. Cuando habitamos una situación difícil, el destino puede llegar a confundirse con la fatalidad y el futuro se hunde en la desconfianza como si cualquier deseo de luz estuviese condenado al fracaso. Tomar conciencia supone desde luego valorar las heridas, medir la gravedad, sentir los peligros, pero también implica una reflexión sobre las causas, un análisis de los acontecimientos y un compromiso con la esperanza. Se puede tratar de un compromiso activo, porque no tirar la toalla, no renunciar a la conciencia, debe ser algo más que sentarse a esperar los acontecimientos. La esperanza invita al activismo. Seamos activistas de la esperanza, un modo de espera en el compromiso de la propia conciencia.

Las dinámicas que atentan en los últimos años contra la democracia son evidentes. Más allá de los desalientos y las tristezas de la actualidad, la memoria puede ayudarnos a comprender el significado de las situaciones, y la comprensión de las causas facilita a veces que el desaliento se convierta en orgullo. Cosas de la edad y la poesía. La relevancia que el machismo ha recuperado ahora en el pensamiento reaccionario puede ser un buen ejemplo.

Confieso que se trata de un asunto que me afecta de manera especial, porque la poesía se relaciona de forma íntima con la educación sentimental de la sociedad. Los poetas herederos de Antonio Machado aprendimos que la historia no sólo pasa por las declaraciones políticas, sino también por el modo de decir amor, te quiero. Así que intentar comprometerse en la sociedad a través de la poesía supone siempre un esfuerzo por transformar los sentimientos más íntimos, esos que dialogan con el deseo, el miedo y los matices profundos de la palabra yo. ¿Qué digo yo cuando digo te quiero?

A principios de los años 80, hace más de 40 años, un grupo de poetas publicamos una declaración en la que asumíamos nuestro compromiso para conseguir una nueva sentimentalidad. La democracia no consistía sólo en poder votar cada 4 años. El franquismo había supuesto algo más que la cancelación del derecho al voto. Además de prohibir la libertad del pensamiento político, la dictadura había fijado una vigorosa instrucción sentimental fundada en un machismo imperativo.

Quien tenga edad para recordar las costumbres dictatoriales sabrá qué significa vivir en una sociedad fundada en el machismo, y no sólo porque la mujer dependiese legalmente del marido a la hora de tomar decisiones, sino porque la condición femenina se identificaba con el espacio de lo privado, la dependencia familiar, la incomodidad pública (en el trabajo, la literatura o las relaciones sociales) y la tarea natural de los cuidados domésticos. Si comparo la condición femenina que marcó la vida de mi madre con la que hoy define la vida de mis hijas, la distancia es abismal. Y yo me siento democráticamente orgulloso de esa diferencia. Creo, además, que la poesía, la cultura democrática, han ayudado mucho a transformar la sociedad.

Creo también que el protagonismo machista en el pensamiento reaccionario es una respuesta a los avances conseguidos por una democracia de la que, en medio de las dificultades, podemos sentirnos orgullosos. Y podemos comprender así las estrategias reaccionarias: un esfuerzo por no hablar de los derechos legítimos en la igualdad, una apuesta por convertir cualquier avance justo en una amenaza. Las mujeres son un peligro contra los hombres. De ahí la confusión que un pensamiento conservador e indignado busca a la hora de denunciar cualquier progreso, convirtiéndolo en un peligroso desarreglo social.

Y puestos a sentir orgullo, me hago una pregunta que nos invita a seguir pensando. El apoyo de las élites económicas, los oligarcas de las tecnológicas y las grandes multinacionales a la extrema derecha antidemocrática, ¿no significa también que la democracia, pese a sus defectos y limitaciones, ha conseguido avances económicos en favor de la igualdad?

Para luchar por la democracia, además de los defectos, conviene sentirse orgulloso de lo conseguido. Y un poeta como yo, nacido en Granada poco después del asesinato de Federico García Lorca, tiene muchos motivos para sentirse orgulloso de nuestra democracia.

No sé si recuerdan aquella película de Dennis Gansel que vimos en 2008. Die Welle, La ola. En un instituto de Alemania, durante la semana de proyectos, un profesor se propone explicar a los alumnos cómo funciona un régimen totalitario realizando un experimento con el grupo. La película se basa en un caso real. En la primavera de 1967, Ron Jones, que era profesor de Historia en un instituto de Palo Alto, California, instauró en su clase el autoritarismo, lo llamó La tercera ola. Los alumnos no podían creer cómo había sido posible que Hitler se hiciera con el poder y cómo aquello transformó a la sociedad alemana. En menos de una semana, aumentó la disciplina y fue aceptada, los chicos y chicas adoptaron un saludo que los diferenciaba del resto del instituto, homogeneizó la estructura social de la clase, abrían el grupo o rechazaban a nuevos miembros, acataron normas absurdas, asumieron que juntos eran más fuertes y la experiencia empezó a irse de las manos: delaciones, complots, borrado de identidades distintas, señalamientos entre chavales que eran amigos desde la infancia.

He estado en un instituto de Rennes, en la Bretaña francesa. Hay un programa que permite que los alumnos y alumnas saquen simultáneamente el título francés y el español. Me reuní con ellos para hablar de escritura, de libros y, como siempre, terminamos hablando de otras cosas. Vimos un pequeño cortometraje juntos que se titulaba Haciendo memoria, con guion y dirección de Sandra Ruesga, donde una mujer española llama por teléfono un día a la casa familiar para hablar con sus padres. Quiere saber por qué tienen imágenes domésticas de vídeo en las que aparece la familia pasando el día en el Valle de los Caídos. Es que estaba cerca de casa, le responde el padre. ¿No te incomodaba llevarnos a pasear de niños a un lugar donde está enterrado un dictador?, le pregunta Alexandra, a la que, explican, tuvieron que bautizar Alejandra porque la equis no estaba en nuestro santoral. ¿No te parece falta de libertad que no os dejaran nombrarme como quisierais?, les pregunta. La madre dice tibiamente: pues sí.

A los chicos y chicas del Lycee les llamó mucho la atención la conversación, la normalidad con la que el padre y la madre asumían las normas. En un momento del corto, la madre, que puede ser mi madre o la tuya o alguna de tantas mujeres que nació en la dictadura, alguna mujer que fue joven en aquella ola, dice: por ahí decían que torturaban a gente. El padre dice: es que nosotros estábamos trabajando. Un diálogo que acaba resumiéndose en algo así como es que nosotros queríamos que tuvieseis otros valores, que no pensaseis en lo que tuvimos que pasar antes. ¿Y entonces paseábamos bajo el yugo y las flechas? Y se abre una grieta de reconocimiento. Ver esta pieza junto a miradas extranjeras a nuestro país ha sido una experiencia. A mí no me extraña nada de lo que dicen en el cortometraje. Esa llamada podría ser una llamada mía a mi propia casa. Ni siquiera me llamo solo Aroa por las mismas razones que Alexandra.

La conversación avanzó y uno de los alumnos levantó la mano y preguntó por qué algunos jóvenes ahora están eligiendo seguir ideas de extrema derecha. Le respondí que ojalá él pudiera explicármelo mejor de lo que yo lo consigo entender. Me contó que habían estado con algunos compañeros españoles y les habían hablado del franquismo, reivindicándolo.

Algunas amigas y amigos, profesores de distintas asignaturas en institutos de distintas regiones del país, también cuentan que ha vuelto a escucharse a los estudiantes cantar el Cara al sol, decir “Arriba, España” o ¡Viva Franco! Resulta chocante que una generación que apenas sabe cómo fueron aquellos tiempos elija –provocación o no, insumisión o decisión– regresar a los símbolos y a algunas de las ideas de una dictadura represiva y gris.

Es más complejo que decir únicamente que la rebeldía hoy ha cambiado de bando. La ola es global y no solo pasa en esa franja de edad y no solo en España. La juventud devuelve el mismo reflejo que otras generaciones, solo que nos extraña más. Sienten que la política les falla respondiendo a sus demandas, como si les hablara en un idioma distinto al suyo, se ha roto el ascensor social, el futuro se adivina caro y lleno de incertidumbre, sienten que viven peor que sus padres y un nuevo lenguaje entra como una corriente imparable por las pantallas de sus teléfonos con una idea: cuando todo ha sido derrotado, hay que probar algo nuevo.

¿Nuevo?

¿Derrotado?

Frente a lo líquido, frente a aquello que ya no se puede apresar, cuando parece que nadie va a salvarles de nada: conceptos inamovibles, órdenes, grupo, pertenencia, símbolo y mentiras. La ola. No hay nada que experimentar, solo hay que hablar y escucharse y no dejar que la marea nos borre.