Jueces y parte: así funciona un sistema educativo que se autoabsuelve en los casos de acoso escolar

El caso de Sandra Peña ha encendido una ola de protestas que reclama un giro urgente en el sistema educativo para combatir el acoso escolar. El pasado 14 de octubre, en Sevilla, la joven de 14 años se quitó la vida tras haber sufrido acoso prolongado sin intervención de su centro, el Colegio Irlandesas de Loreto. Estos hechos han dejado al descubierto lo que muchas voces expertas llevan años advirtiendo: el acoso escolar no es un episodio aislado, sino un síntoma grave de un sistema de convivencia que tropieza una y otra vez con la falta de recursos y la urgencia de un cambio estructural.

En ese contexto, miles de estudiantes convocados por el Sindicato de Estudiantes se echaron a la calle este martes en al menos 55 ciudades. Bajo el lema "Sandra, ¡no te olvidamos!", exigieron una mayor inversión, protocolos efectivos y el fin de lo que califican como "negocio educativo" cuando falla la protección de los más vulnerables.

En el colegio Irlandesas de Loreto, un centro privado-concertado, la única medida que se adoptó fue cambiar de clase a las tres alumnas que presuntamente acosaban a Sandra, pese a que su madre había solicitado formalmente la activación del protocolo antiacoso el pasado 3 de septiembre. Según su testimonio, la dirección conocía desde el final del curso anterior que la menor presentaba conductas autolesivas, pero, aun así, no se pusieron en marcha los mecanismos de protección necesarios.

Las cifras generales no disminuyen la magnitud del problema. Según el VII Informe La opinión de los estudiantes, publicado por la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) en septiembre, el 12,3% de los alumnos afirma que él o uno de sus compañeros está sufriendo acoso escolar. Un dato tres puntos mayor que el del anterior curso, que se fijaba en un 9,4%.

"Los protocolos se aplican tarde, mal y para cubrir el expediente"

Al igual que la familia de Sandra Peña, José Manuel López también denunció la negligencia de su centro escolar tras el suicidio de su hija Kira, provocado por el hostigamiento de sus compañeros. López, presidente de la asociación Trencants y perito judicial en detección de acoso escolar, señala que, aunque todas las comunidades autónomas cuentan con protocolos, "se aplican tarde, mal y muchas veces solo para cubrir el expediente". "Es incomprensible que los colegios actúen como juez y parte del proceso. El problema no es que no se identifique el acoso, sino que se detecta y luego no se actúa o se hace lo mínimo para cumplir el trámite, y quienes sufren son los menores", lamenta.

El experto sostiene que numerosos centros evitan activar los protocolos para preservar su imagen pública. "Hay colegios en los que se aplica y el protocolo funciona, pero acaba dependiendo de la voluntad de los directivos. Muchos se niegan a ponerlo en marcha porque supone llamar a los padres de los agresores y admitir que existe un problema que afecta a la reputación del centro", explica. López confiesa que, cuando denunció la situación de su hija, lo único que le ofrecieron fue cambiarla de colegio.

Una falta de implicación que, según López, se agrava porque los protocolos carecen de sanciones para los centros, a pesar de que la ley las contempla. La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, conocida como la ley del solo sí es sí, introdujo modificaciones significativas en el Código Penal español. Entre ellas, destaca la ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a todos los supuestos de acoso recogidos en el artículo 173, lo que incluye el acoso escolar. Esta reforma implica que los centros educativos, en su condición de personas jurídicas, pueden ser considerados penalmente responsables si se demuestra que no adoptaron las medidas necesarias para prevenir o abordar casos de acoso en su entorno.

No obstante, Noelia Rebón, la abogada que asesoró a la familia, explica a infoLibre que en muy pocas ocasiones estos procedimientos prosperan por la vía penal, por lo que decidieron acudir directamente a la Conselleria de Educación de la Generalitat después de que se archivó el caso. La familia ha solicitado por carta medidas contra la dejación del colegio, pero no han recibido respuesta y solo cuentan con el informe oficial en el que se señalaba que "había margen de mejora". Una fórmula que, según Rebón, sirve para eludir responsabilidades y representa "la inacción institucional frente al acoso escolar".

"Otra prueba más de la precariedad"

Además de la falta de voluntad, la comunidad educativa denuncia que el sistema "no está dotado de recursos suficientes" para afrontar una realidad cada vez más compleja. Teresa Esparbé, secretaria general de Políticas Educativas de CCOO, advierte de que entre el alumnado "cada vez hay más niños y niñas con una fuerte exposición a sufrir situaciones de acoso". Esparbé detalla que ha aumentado la complejidad de las aulas porque hay más alumnado vulnerable —con discapacidad, con orígenes diferentes, con orientaciones sexuales diversas, con vulnerabilidad económica o con dificultades de aprendizaje— que no se tiene en cuenta.

Esa diversidad, que debería ser una riqueza, se convierte en un desafío cuando no va acompañada de los recursos necesarios. "Si esa complejidad no la cuidamos con más profesionales en el aula, con más docencia y con formación específica, el sistema de convivencia se resiente", explica Esparbé. Sin embargo, las cifras muestran una tendencia contraria. La inversión en Educación fijada en los presupuestos generales del Estado era del 4,53% del PIB en 2023, cuando en 2020 llegó a ser de un 4,89%.

La representante de CCOO considera que esta falta de inversión deja al descubierto una "grieta estructural". "Es otra prueba más de la precariedad en la que se encuentra la educación pública". Un sistema que, incide, "responde con medios antiguos a problemas nuevos", en un contexto en el que "cada vez hay más alumnado con necesidades educativas especiales y menos profesionales que puedan acompañarlo".

Más formación y facilidades para el profesorado

Una de las reivindicaciones que emergen con más fuerza en las movilizaciones de los últimos días es la creación y dotación real de dos figuras clave dentro de los centros educativos: la coordinadora de convivencia y bienestar y la coordinadora de coeducación. La experta en políticas educativas señala que en muchos ya existen, pero sin posibilidad real de dedicar tiempo a la observación, la detección y la activación de los protocolos.

Según Esparbé, no se trata de crear cargos simbólicos, sino de asegurar que "estas funciones se puedan ejercer con tiempo, estabilidad y respaldo institucional". "Hay docentes que quieren implicarse, pero no tienen margen. Si no se les libera de carga lectiva o no se les reconoce ese trabajo, al final la prevención del acoso se convierte en una tarea imposible", lamenta.

A esta falta de estructura se suma la ausencia de formación. "Entre las profesionales de la educación hay pocas que tengan formación sobre el tema del acoso", explica. La representante de CCOO incide en que la mayoría de la oferta de cursos es privada y no pública. "Muchos de los profesionales no pueden acudir porque esos cursos son de pago y no están dentro del horario laboral. La formación tendría que estar asumida por las Administraciones educativas y ser accesible para todos", añade.

No obstante, la comunidad educativa exige que se aplique un enfoque colectivo y que no caiga todo el peso de la prevención sobre un profesorado desbordado. Esparbé detalla que los docentes "ya tienen ratios altísimos, presión burocrática y, aun así, se les exige que sean mediadores, orientadores y expertos en convivencia". "Si no se ponen equipos multiprofesionales, con figuras como educadoras sociales, integradoras o enfermeras escolares, es imposible abordar la complejidad que tienen hoy los centros", aclara.

Las manifestaciones de este martes recogieron esas mismas demandas en las calles. Los convocantes reclamaron "más orientadoras y mediadoras en todos los centros", "contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la pública" y "ni un euro público para engordar el negocio de la enseñanza privada que tapa el acoso".

Las redes sociales descontrolan el acoso

La transformación digital y la proliferación de redes sociales han dado al acoso escolar una dimensión nueva y, en muchos casos, más difícil de controlar. El último informe publicado por la Fundación Mutua Madrileña y ANAR detecta que el incremento de los casos de acoso escolar se debe al aumento del ciberbullying y de aquellos casos que combinan la presencialidad con las acciones online.

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Un entorno en el que la IA ya aparece en el 14,2% de los casos de ciberacoso, utilizada en más de la mitad de ellos para crear vídeos falsos manipulando imágenes o audios de la víctima, y en el 32,2% para suplantar identidades. No obstante, WhatsApp, Instagram, TikTok y los videojuegos concentran la mayoría de incidentes, con especial incidencia a partir de los 12 años.

Para Pilar De Castro, especialista de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra, internet multiplica el impacto de las agresiones verbales cuando los adolescentes aún no dimensionan el impacto de las palabras. "Lo que antes era un insulto aislado hoy tiene un impacto exponencial y difícil de controlar, amplificado por la velocidad en los grupos y plataformas", aclara.

Las medidas pasan, según la especialista, por adaptar la escuela y las familias al nuevo escenario. De Castro pide formación específica y periódica en ciberconvivencia, vías seguras y anónimas para que los testigos activen la alarma sin estigmas, y protocolos claros que también actúen sobre lo digital. "No podemos dejarlo solo en manos de un profesor desbordado; los adultos deben poner un límite y acompañar rápido para que no se enquiste", concluye.