El Consejo de la Juventud de España (CJE), de la mano de la Celebración de 50 años de España en Libertad, ha anunciado este jueves la puesta en marcha del proyecto DemocraZia con Z, una iniciativa destinada a reintegrar a la juventud en el tejido democrático español. La propuesta promete no limitarse a la superficie del diagnóstico de que "la juventud es crítica con el funcionamiento de la democracia", sino que pretende llevar a cabo un análisis, "más riguroso y menos estigmatizante", tanto de las causas del distanciamiento como de las posibles soluciones para impulsar a los jóvenes a seguir fortaleciendo la democracia.

Para la Comisionada de la Celebración de 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, “la debilitación de la juventud debilita el tejido democrático”, por lo que la colaboración con el CJE para frenar el retroceso de la participación juvenil se ha convertido en una prioridad estratégica.

Por ende, ambas entidades han diseñado DemocraZia con Z como un proyecto para proporcionar "una serie de recursos, más que una guía, para que los espacios juveniles sean más democráticos". El plan de actuación implica trabajar con escuelas, centros deportivos y administraciones públicas para orientar su influencia sobre los jóvenes, además de desarrollar campañas de concienciación tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

La iniciativa surge también como respuesta a la “falta de práctica democrática”, derivada de un sistema de estructuras jerárquicas y poco permeables. Ante la frecuente exclusión de los jóvenes de los espacios de decisión, el proyecto apuesta por un cambio de paradigma que los sitúe en el centro de la toma de decisiones. En palabras de sus impulsores, se trata de “romper relatos y ofrecer otros nuevos”.

Pilar Blasco, la vicepresidenta del CJE, ha explicado en la presentación del proyecto que existe "desafección porque la propia democracia no está dando una respuesta" a las problemáticas juveniles. La sociedad vive en lo que el Consejo denomina "adultocentrismo", un sistema en el que "no te conviertes en ciudadana de pleno derecho hasta que no te conviertes en persona adulta". Ello desvía la atención de los conflictos que afectan a la juventud y debilita su legitimidad como actores democráticos.

Por otro lado, la organización acusa al sistema de no estar proporcionando las "condiciones vitales para que la gente joven viva un presente lo suficientemente digno para poder proponer un futuro". La presidenta del CJE, Andrea Henry, explica que "democracia es tener estructura, tiempo, recursos y conocimientos para poder participar en ella". Metidos de lleno en la crisis de la vivienda, la precariedad laboral y el progresivo incremento de la desigualdad, los jóvenes "no tenemos condiciones para participar en la vida pública".

El Consejo también señala la pérdida de los espacios físicos de convivencia como otro de los factores que alimentan el desamparo juvenil. El acceso a la vivienda es cada vez más difícil y los espacios públicos para relacionarse resultan poco accesibles. Así, cualquier forma de interacción social termina desplazándose a bares u otros ámbitos privados que exigen consumo, un requisito difícil de asumir en contextos de precariedad económica. Como consecuencia, la juventud termina refugiada en la esfera digital, un entorno con escasos límites y donde predominan dinámicas algorítmicas que favorecen la circulación de contenidos polarizantes.

“DemocraZia con Z” nace también como una respuesta al auge de la ultraderecha que, según advierten sus impulsores, ha sabido capitalizar el malestar juvenil mediante una “politización del desencanto”. Ante la falta de canales eficaces para escuchar y atender las demandas de los jóvenes, estos discursos logran canalizar un descontento que otros actores no han sabido interpretar ni encauzar. Por ello, el proyecto subraya la necesidad de reforzar los espacios de participación democrática y reclama, además, una mayor regulación de las redes sociales.

Frente a este complejo panorama, el Consejo de Juventud toma la responsabilidad de convocar a los jóvenes a "reescribir la democracia".

El proyecto despegará con una fase de investigación principalmente cualitativa, para ahondar más allá de las pesimistas cifras que actualmente definen la relación juventud-democracia. A partir de los datos cuantitativos existentes y los innovadores que pretenden obtener, generarán hipótesis que serán contrastadas a través de la interlocución directa con grupos que reúnan al colectivo juvenil (16-30 años) en su diversidad.

La investigación se desarrollará en torno a ciertas incógnitas primordiales: "¿Qué rol tiene la democracia con la juventud?" y "¿Qué necesita la juventud de la democracia?". Los resultados serán expuestos en un informe, que prevén tener finalizado para el mes de junio.

El plan continuará con eventos durante el próximo verano, que responderán al deseo de la iniciativa de trabajar de manera descentralizada, "sembrando semillitas" en 14 comunidades autónomas. A partir del inicio del próximo curso escolar, prometen difundir los recursos desarrollados y adoptar el rol de "escuela de la democracia".

El Consejo de Juventud y la Celebración de 50 años de España en Libertad han expresado ser conscientes de la importancia de los medios de comunicación para lograr que su campaña sea efectiva, por lo que se han dirigido a los principales actores del panorama mediático para solicitar colaboración: "Os necesitamos para consolidar un canal estable de diálogo que contribuya a enriquecer el tratamiento informativo sobre juventud y democracia en los próximos meses".

“Antes, los partidos políticos eran un hervidero intelectual. Hoy en día, cuando aún existen, parecen vacíos”, dice un estudiante micrófono en mano, con gafas redondas y una sudadera gris sobre los hombros, preguntando a la asamblea reunida frente a la facultad de letras y filosofía de la universidad La Sapienza de Roma: “¿Cómo podemos recuperar los lugares que antes eran del pueblo?”.

Bajo un sol otoñal, un centenar de estudiantes se sientan en las escaleras de la facultad y comparten con el director de cine Andrea Segre sus reflexiones sobre su película Berlinguer. La gran ambición. “La cuestión que me gustaría que abordara vuestra generación es cómo reinterpretar lo que ya no existe hoy en día”, les respondió el director. Esa escena, rodada hace justo un año, abre el documental Noi e la Grande Ambizione (Nosotros y la gran ambición), que se estrena en noviembre en Italia.

Desde Nápoles hasta Padua, desde Roma hasta Florencia, los testimonios que contiene tejen la historia de una Italia comprometida, politizada, movilizada y también preocupada. Hablan de la falta de confianza en las organizaciones juveniles, de un servicio público laminado que hace olvidar el sentido del bien común, de la dificultad de los políticos para defender las luchas colectivas, de la llegada de modos de comunicación que impiden la complejidad, de una sociedad acelerada que ya no deja tiempo para que las luchas se construyan a largo plazo. “Esto no debe hacernos sentir nostalgia, sino ser una invitación a luchar”, dice una espectadora de unos veinte años.

Esa era la esperanza secreta del director Andrea Segre: que la historia de Enrico Berlinguer y del Partido Comunista Italiano (PCI) permitiera “cuestionar la crisis del sistema democrático, el vínculo entre la participación política y la vida social, la grave crisis de la izquierda y la tendencia a hacer triunfar una inclinación individualista neoliberal”. Desde las primeras proyecciones, la apuesta parece haberse cumplido. “¿Qué es realmente la política?”, pregunta, por ejemplo, la joven Elettra en Turín. “¿Los partidos y las instituciones o la forma en que organizamos nuestras vidas?”. El director italiano decide filmar esos debates para recoger estas opiniones.

En un país donde la abstención se describe a veces como “el primer partido político”, ha podido sorprender el éxito de una película que narra la epopeya de Enrico Berlinguer, líder emblemático del PCI en los años 70. Y sobre todo el hecho de que “de las casi 700.000 entradas vendidas, 300.000 fueron a menores de 40 años”, precisa Andrea Segre.

“Se les ha descrito como aplastados por el individualismo, consumistas, siempre en las redes sociales... En realidad, tienen una capacidad instintiva para comprender la violencia del neoliberalismo, porque forma parte de su ADN. Eso redistribuye completamente las relaciones entre lo privado y lo político”, dice Segre.

Ugo Sposetti, presidente de la Asociación Enrico Berlinguer, hace una observación similar. Desde hace dos años lleva por todo el país una exposición dedicada a la lucha política del antiguo líder comunista, que ha llegado a cerca de 170.000 personas. Los primeros visitantes eran más bien contemporáneos de Berlinguer, hoy septuagenarios u octogenarios, pero el público se ha ido rejuveneciendo a medida que los medios de comunicación se hacían eco del evento.

“La sociedad de los años 70 tuvo suerte, porque en cuanto nos acercábamos a la edad adulta, nos reuníamos en la plaza del pueblo y siempre encontrábamos una puerta abierta: la de los partidos o la de los sindicatos”, opina Ugo Sposetti. “Las generaciones siguientes se encontraron con esas puertas cerradas”. “¿Dónde se encuentra ahora la gente con la política?”, se lamenta, como haciéndose eco de sus palabras, un estudiante entrevistado en el documental Noi e la Grande Ambizione.

¿Qué es lo que atrae, intriga y fascina tanto de Berlinguer? Quizás una especie de nostalgia para sus contemporáneos, como esa señora de pelo blanco que, en el documental, se seca las lágrimas al final de la proyección. Pero los debates que ha suscitado su historia, incluso entre quienes aún no habían nacido cuando Berlinguer falleció, demuestran que resuena especialmente en la Italia de Meloni, polarizada al extremo.

“Él encarna una política que ya no existe, honesta, sin ser arrogante ni indiferente. Si muchos jóvenes aplauden al final de la película es porque necesitamos una política diferente a la actual”, analiza Claudio Caprara, periodista y autor del libro Fischiava il vento (Silbaba el viento), una “historia sentimental del Partido Comunista Italiano”.

A lo largo de casi 340 páginas, el autor se lanza a la búsqueda de los mitos, los ritos y los lugares que han moldeado el imaginario colectivo del PCI y que han atravesado la historia italiana. “Era el lugar de una comunidad que se reconocía en las mismas ideas, a través de los líderes del partido, pero también a través de los militantes de base”, continúa Claudio Caprara. “Esa experiencia política pertenece a otro mundo, a menudo era la vida cotidiana de la gente. En su apogeo, el PCI contaba con 2,2 millones de afiliados. El Partido Demócrata cuenta hoy con 60.000...”

La película también narra cinco años singulares de la lucha política de Enrico Berlinguer, los del “compromiso histórico”, que le valieron duras críticas incluso dentro del PCI. Tras el golpe de Estado en Chile en 1973, intentó pactar con el líder de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, para garantizar que la participación del PCI en el poder no provocara tentativas golpistas.

Durante la investigación para la película, el director Andrea Segre se reunió con decenas de antiguos opositores a Berlinguer, sobre todo de su ala izquierda política o sindical, para quienes ese compromiso era una traición. “Muchos de ellos han rehabilitado el término y reconocieron que probablemente se adelantó a su tiempo”, cuenta, “aunque fue un gran error de comunicación utilizar la palabra compromiso en la sociedad de los años 70.”

También era una época en la que, “a pesar de las divisiones, el Parlamento aprobó grandes reformas sociales, desde los derechos de los trabajadores a los de la familia, desde la reforma del sistema sanitario al derecho al aborto o al divorcio”, recuerda Ugo Sposetti. Poco después de la muerte de Berlinguer en 1984, Italia daría la espalda a esta historia durante mucho tiempo.

“Tras la caída del bloque del Este, a principios de la década de 1990, se impuso la idea de que la izquierda ya no podía transformar el mundo, que el capitalismo había ganado y que había que aceptarlo, todo lo contrario de lo que defendía Berlinguer”, contextualiza Gianfranco Nappi, editor napolitano y autor de la obra L’ultima generazione di Enrico Berlinguer.

Para él, el pensamiento de Berlinguer resurgió con fuerza a raíz de la crisis financiera de 2007-2008, cuando “el paradigma del neocapitalismo y la neoglobalización entró en crisis”. Pero Italia ya había cambiado profundamente. En aquella época, Silvio Berlusconi iniciaba su cuarto mandato al frente del Gobierno. Desde la creación de su partido Forza Italia en 1994, había impuesto el modelo de “partido-empresa”, utilizado a menudo para definir su concepción de la política.

Berlusconi, gran vencedor de las elecciones legislativas de 2008 con su partido Il Popolo della Libertà,  se frotaba las manos al ver que no había sido elegido ningún parlamentario comunista. La transformación interna de la izquierda se llevó a cabo con dolor, dejando huérfanos a gran parte de aquellos que se inspiran en el pensamiento de Berlinguer. Las reflexiones que surgen en el documental de Andrea Segre muestran que sigue siendo así.

Sin embargo, desde finales de septiembre y las manifestaciones masivas de apoyo a Gaza, esos ideales han encontrado una resonancia sin precedentes. “Hay que encontrar nuevos instrumentos que no sean ni los de los partidos de la época, ni los de los partidos de hoy, convertidos en pequeños comités de negocios o aceleradores de carreras”, opina el periodista Claudio Caprara.

Es precisamente a través de una movilización de las bases, gracias a los vínculos militantes que persisten en el tejido social, como Italia ha visto reunirse en las calles a cerca de dos millones de personas, según cifras de los sindicatos, durante la convocatoria de huelga general del viernes 3 de octubre. Un acontecimiento que refleja la solidaridad con la causa palestina, pero también la aspiración insatisfecha de una política popular, al servicio de los ideales de justicia e igualdad.

Traducción de Miguel López

He visto una película maravillosa que me hace pensar en ello. El maestro que prometió el mar explica perfectamente la España de posguerra, que es precisamente la que quieren recuperar en la derecha más radical europea, la española, porque se basa en algo terrible que arrastra voluntades: la patria. Ese nombre que no se sabe por qué engaña a muchos ignorantes para que fascistas recuperen el mando. Y en esa película se ve lo que ocurrió aquí, en cada pueblo, en cada ciudad, y que ya –muy ligado a ello– lo explicó precisamente muy bien Patxi Andión con su canción El Maestro. Sí, porque esos maestros que trataban de enseñar principios básicos de la vida, o simplemente pensar por sí mismos, estaban prohibidos.

Hoy vemos a Trump castigar económicamente a Harvard, una de las más prestigiosas universidades del país, o cómo Ayuso cercena a esas mismas universidades de Madrid con una financiación ridícula. Porque ellos saben que la universidad y la cultura son sus enemigos. 

Yo solo puedo explicar esto a mis nietos, pero no puedo extender este proceso a una juventud que todo lo hace a través de las redes sociales, que por desgracia usa la derecha radical fascista con profusión. Y ellos son los que deben cambiar el mundo, aunque ahora parece que hay demasiados que votan al fascismo por culpa de una tecnología mal intencionada. Y en mis charlas familiares veo que la ignorancia de los jóvenes, muy bien dirigida por el fascismo, muestra un futuro que les decepcionará al poco de llegar. Pero ya será tarde, porque no hay una corriente de información suficiente para que se enteren de ese futuro que nunca creímos que volvería.

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Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.

Con 30 años no sois demasiado jóvenes, por favor, que no os engañen con frases de libro barato de autoayuda como esta: “Eres demasiado joven, no tengas prisa”. ¿Prisa de qué? ¿Qué es ser demasiado joven? 

Detrás de la excusa de la falsa juventud se esconden trampas que fomentan la discriminación y normalizan la precariedad, la engañosa cultura de la meritocracia o la infantilización de varias generaciones de adultos.

“No es por maquillajes baratos de aliade, pero tú, como mujer joven, todavía lo tienes más jodido que yo”, me dijo el otro día un compañero de profesión, un par de años mayor. El machismo, si os parece, lo dejo para otro día. Porque antes hay mucho que comentar.

Este sábado hubo, una vez más, una gran manifestación por la vivienda. El principal problema que congela la vida de muchos adultos en un limbo que hace que, profesionalmente, se les tome menos en serio por las apariencias. Profesionales valiosísimos y preparadísimos de 35 años obligados a compartir piso, como si fuesen universitarios con edad de padres. 

A esto se añade la inexistencia de una carrera laboral en la mayoría de las empresas. Muchas son incapaces de valorar y promocionar el talento y pagar bien. Viven en un status quo con una estructura piramidal, en la que unos pocos viven increíblemente a costa del bienestar de una base en constante renovación, ya que nadie aguanta tanto tiempo en esas condiciones.

Otro factor de discriminación es la engañosa cultura de la meritocracia. Da igual la experiencia, el esfuerzo, el currículum, el conocimiento, los méritos académicos, las estancias en el extranjero, las buenas ideas, empezar a trabajar en lo tuyo con 18. En muchas ocasiones, se valora y juzga a los más jóvenes por los prejuicios de la edad. Si eres o pareces joven, vales menos. 

El problema hoy es que ser joven ha dejado de ser un número objetivo y se ha convertido en una cuestión de clase. Puedes ser joven a cualquier edad. Ser joven es igual a ser precario o inestable. También, en lo emocional. Así que un chico de 28 casado que vive solo en su casa en propiedad siempre va a parecer más mayor y experimentado que una chica de 35 que sigue compartiendo piso con sus amigas. 

Muchos se siguen escudando en la falsa juventud para mantener sus privilegios. Una pescadilla que se muerde la cola. Porque cuanta más precariedad, más apariencia de falsa juventud y menos oportunidades. Curiosamente, quienes suelen esgrimir este argumento, a su misma edad, tenían ya un sueldazo y una posición poderosísima. A esos sí que habría que ponerles un 20% de aranceles.

Solo el 14,8% de los jóvenes vive fuera del hogar familiar, la cifra más baja desde que se tienen datos de emancipación —en 2006—, pese al aumento de su salario y mejores cifras de paro, pero pesa como una losa la subida de los alquileres. Son los últimos datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud referidos al primer semestre de 2024, que muestran que un joven tendría que dedicar todo su salario a pagar el alquiler de una vivienda en solitario y no le llegaría, que recoge EFE.

Así, el salario medio se sitúa en 1.048 euros y el alquiler medio es de 1.072 —el más caro de la historia—; aún le faltarían 24 euros para asumir el coste de la vivienda, sin contar los suministros ni la comida. Ante esa situación, el 70,5% de los hogares jóvenes están sobreendeudados, es decir, dedican más del 40% de los ingresos totales a pagar la renta.

"El informe muestra no solo que hay menos jóvenes emancipados que un año antes, sino que la amplia mayoría de quienes se emancipan lo hacen en unas condiciones muy precarias", ha explicado en la presentación del estudio Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud.

La presidenta, Andrea González, ha lamentado que el primer semestre de 2024 recoja los peores datos de emancipación juvenil de la historia, frente al máximo que se produjo en 2008 cuando uno de cada cuatro jóvenes vivía fuera del hogar familiar —el 26%—.

Para Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, junto a las propuestas sobre vivienda anunciadas por el Gobierno, se requieren más acciones "para romper la burbuja especulativa". "No queremos un país de propietarios ricos e inquilinos pobres, pero privatizar y liberalizar el suelo público como defiende el PP son las recetas que nos han traído aquí", ha aseverado en la clausura del acto.

El primer semestre de 2024 cerró con una bajada de la emancipación, pasando en un año del 16,3% al 14,8% de las personas jóvenes residentes en España. Son 62.458 jóvenes menos viviendo fuera del hogar familiar que un año antes.

Esta bajada en la tasa de emancipación de 1,47 puntos ha afectado sobre todo a las mujeres jóvenes y a los que tienen entre 25 y 29 años y se da a pesar de la subida del salario mediano joven —un 4%— y de una ligera bajada en la tasa de paro joven, de 0,34 puntos porcentuales. Casi tres de cada cuatro jóvenes con trabajo seguían viviendo con sus familias, destaca el estudio.

Tres de cada diez jóvenes en España se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social. Además, el 22,8% de los que tenía un trabajo también eran pobres, por lo que contar con un salario no es excluyente de encontrarse en situación de pobreza, indica.

Incluso alquilando una habitación en lugar de una vivienda entera, tienen que dedicar más del 30% de su salario a la vivienda, frente a la recomendación de organismos internacionales de no superar ese porcentaje.

En España el precio mediano de una habitación es de 375 euros al mes, el 35,8% del salario. Y en algunas capitales de provincia, como Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, València o Donostia, la renta mediana superaba el 40% del salario.

Desde 2008, los sueldos de las personas jóvenes han aumentado en un 10,8%, mientras que los alquileres lo han hecho en un 54%, muestra el informe.

El Observatorio destaca las grandes diferencias entre las tasas de emancipación de las distintas comunidades: si en Asturias el 17% de las personas jóvenes viven fuera del hogar familiar, el porcentaje en Castilla—La Mancha es del 11,2 %, siete puntos porcentuales menos. También se encuentran grandes desigualdades en la tasa de paro: en la Comunidad de Madrid es del 13,9 %, frente a comunidades como Andalucía y Extremadura que el porcentaje es más del doble.

Con respecto a los salarios jóvenes, los más altos son en Madrid (1.284,92 euros netos al mes) y los más bajos, en Canarias (834,21 euros netos al mes). Entre sus propuestas, apuestan por subir el salario mínimo profesional, un bono de alquiler joven efectivo y cambiar el Ingreso Mínimo Vital para incluir a los jóvenes vulnerables.

Los efectos de una crisis pueden ser catastróficos si la principal preocupación del presidente de un gobierno es la propaganda y no la gestión. La principal preocupación del presidente del gobierno valenciano el día de mayor crisis de la comunidad autónoma fue la contratación de una directora para su televisión pública, es decir le preocupó más la propaganda que la solución de los problemas que la Dana estaba ocasionando. Mientras se afanaba en convencer a una candidata para el puesto de directora de su televisión, muchas personas estaban muriendo en su comunidad.  

Conocemos los resultados de la gestión de la pandemia por parte del gobierno de coalición. No sabemos lo que habría ocurrido si al frente del gobierno hubiera estado el PP. Algo podemos barruntar conociendo la respuesta que dio a la crisis financiera de 2008-2014 cuando asumió el gobierno en 2011, respuesta que más adelante se comentará. 

Para conocer lo que hizo el gobierno de coalición durante la pandemia, sobre todo en materia laboral, es muy útil el libro Empleo y Contratación laboral: políticas públicas en España frente a la Covid 19, cuyo autor es Adrián González Martin, inspector de trabajo, destinado en aquellos años en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

En el aspecto económico, las consecuencias de las medidas de cese de actividad y declaración del estado de alarma, fueron en 2020 desastrosas: el Producto Interior Bruto (PIB) descendió un 11,2%, lo que podría significar la pérdida irreparable de millones de puestos de trabajo. 

A los tres días de la declaración del estado de alarma, se aprobó el real decreto ley 8/2020 de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del Covid 19. “El Gobierno no quería que se reprodujera lo ocurrido en la crisis financiera de 2008-2013, cuando se destruyeron 3,6 millones de puestos de trabajo, comenta Adrián González; el número de parados ,según la Encuesta de Población Activa, se incrementó en 4.5 millones y la tasa de paro pasó del 7,9% en el segundo semestre de 2007 al 26,9% de la población activa en el primer semestre de 2013. Para evitar esa situación en 2020, se buscó priorizar el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos de trabajo, recogiendo medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal para evitar despidos”. 

Con este fin, se estableció que las pérdidas de actividad consecuencia directa del Covid 19 tendrían la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o reducción de jornada. Se agilizó la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se reforzó la cobertura de los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) posibilitando su acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carecieran del periodo de cotización necesario, sin que el período de percepción computara a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos y se exoneró a las empresas en los casos de fuerza mayor del pago de su aportación empresarial, siempre que se comprometieran a mantener el empleo. 

Las medidas aprobadas por el real decreto 8/2020 no fueron las únicas. Hasta septiembre de 2021 se aprobaron otros cinco reales decretos que ampliaron o modificaron las medidas según la evolución de la pandemia; pero lo más importante es que todos ellos fueron el producto de acuerdos de los agentes sociales, empresarios y sindicatos, que se denominaron Acuerdos Sociales de Defensa del Empleo (ASDE), seis en total, más otro producido en la Comisión de Seguimiento de los ASDE, cuyo resultado fue la adopción de medidas para la protección de los trabajadores autónomos. 

El reforzamiento de la negociación colectiva como mecanismo para solucionar problemas sociales y laborales supuso un contraste total con lo realizado por el Partido Popular en su reforma  laboral de 2012, que se destacó por su obstrucción a la negociación colectiva en convenios y en despidos colectivos y por el aumento de las facilidades para el despido colectivo, derogando la necesidad de pérdidas para los motivados en causas económicas. A ello hay que añadir la reducción de la indemnización por despido improcedente y la ampliación del catálogo de despidos procedentes, entre otras materias.   

El número de trabajadores afectados por Ertes fue disminuyendo paulatinamente a lo largo de los años como consecuencia de la recuperación de la actividad. De 3,5 millones de trabajadores afectados en abril de 2020, se pasó a 119.921 en diciembre de 2021 y a 17.186 en marzo de 2023.  El PIB pasó de un -11,2% en 2020, a un incremento del 6,4% en 2021 y un 5,8% en 2022, continuando el crecimiento, aunque menor, hasta 2024. 

El anterior director del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, destacó en una conferencia pronunciada en el “Foro Canarias, eje de inversión” en noviembre de 2023, el papel destacado que cumplieron los Erte en la mejora del mercado laboral y la recuperación de la actividad, según se recoge en el libro de Adrián González. 

“Durante la pandemia, dada la fuerte caída que experimentó la actividad económica en 2020, las tasas de empleo registraron disminuciones muy inferiores a las que serían esperables sobre la base de regularidades históricas,” señaló Hernández de Cos. 

“Cabe destacar el papel desempeñado en muchos países por los Erte, como opción alternativa a los ajustes de empleo, añadió el anterior gobernador del Banco de España; su uso mitigó de manera muy intensa las necesidades de dichos ajustes y favoreció la reincorporación laboral posterior. Más allá de la reacción inicial a la crisis del Covid 19, a lo largo de la recuperación posterior el empleo ha seguido mostrando un comportamiento positivo. Este comportamiento está siendo especialmente destacable cuando la actividad económica en España y en otros países se está viendo lastrada por la guerra de Ucrania y por el aumento de la inflación. En este contexto, el empleo ha seguido creciendo en tasas notables. Como ilustración, el empleo en España aumentó en torno al 3% interanual ( en 2023), cuando el PIB se ha desacelerado hasta mostrar un crecimiento interanual del 1,8 %, en el tercer trimestre de 2023”. 

El mismo directivo destacó en su conferencia en Canarias la reducción significativa de la tasa de temporalidad, especialmente significativa en el sector privado, asociada a la reforma laboral aprobada en 2021.  

España hizo un esfuerzo considerable para financiar los Erte, dentro del marco abierto por la Unión Europea, quien cambió de política en la pandemia con respecto a lo sucedido en la crisis financiera, cambio que se debió en parte a las propuestas españolas, con apoyo de otros países. La UE estableció el instrumento SURE dotado con 100.000 millones de euros, en forma de préstamos en condiciones favorables para los países miembros. España obtuvo una ayuda de más de 21.000 millones de euros pagaderos en 15 años,  que fueron destinados a la financiación de los Erte, exención de cotizaciones a la seguridad social de los empresarios, prestaciones  por cese de actividad a autónomo, y ayudas a los trabajadores fijos discontinuos. 

El éxito de los Erte llevó a diseñar un mecanismo permanente para afrontar futuras crisis mediante el real decreto ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes de reforma laboral.  

La Exposición de Motivos del real decreto analizaba la necesidad de una reforma laboral en profundidad en España de la forma siguiente: “Hablar de reforma laboral en España es evocar un larguísimo proceso de cambios normativos que no han logrado, sin embargo, acabar con los graves problemas de nuestro mercado de trabajo: el desempleo y la temporalidad. La combinación de ambos ha dado lugar a que el trabajo en nuestro país esté especialmente afectado por la precariedad, una inquietante realidad que da lugar a malas condiciones de empleo, priva a nuestro sistema productivo de desplegar toda su capacidad y dificulta una ciudadanía plena en el trabajo”. 

El Mecanismo Red permitirá a las empresas la reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo en dos modalidades, cíclica y sectorial; esta última se producirá cuando en un determinado sector o sectores se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional, con una duración máxima inicial de un año y dos prórrogas de seis meses cada una. 

Para financiar el mecanismo RED se ha creado un Fondo Red de Flexibilidad y Estabilidad del Empleo, por el Real Decreto 608/2023 que establece los beneficios para personas trabajadoras y empresas de dicho mecanismo. 

Los primeros efectos de este mecanismo se han producido ante la Dana valenciana. Más de 30.000 trabajadores y 2800 empresas se han acogido a  Ertes. 

Las normas aprobadas durante la pandemia y las derivadas de la reforma laboral de 2021 han mejorado la vida de muchas personas, aunque persistan muchos problemas por resolver en materia de igualdad. 

El índice Gini mide la desigualdad de ingresos en un país en un periodo determinado ( de 0 a 100, donde 0 significa que todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos y 100 que una sola persona tiene toda la riqueza). En 2014, el índice en España era de 34,7 y en 2023 fue de 31,5, lo que refleja que la desigualdad ha disminuido en términos globales. 

La tasa Arope, que mide el peligro de exclusión social a través de varios subíndices, también ha bajado desde 30,20 en 2014 a 26,50 en 2023. Que baje o suba un punto significa que cientos de miles de personas han mejorado o empeorado sus condiciones de vida, no son frías estadísticas. 

Otro dato interesante, según un estudio de noviembre de 2024 de Caixa Bank Research (Servicio de estudios de la Caixa)  es que  la clase media ha aumentado en número de personas, pasando del 59,2% en 2007 al 61,1% en 2022. Dicho dato puede parecer sorprendente cuando tanto se habla de la desaparición de la clase media. 

El método utilizado para la medición, realizado por los economistas Oriol Aspesch y Josep Mestres Domenech, es el utilizado por la OCDE, que sitúa la clase media en la proporción de la población que dispone de ingresos que se sitúan entre el 75% y el 200% de los ingresos medianos del conjunto de la población en cada año. La proporción del 61,1% alcanzado en 2022, ha ido acompañada de una reducción de las personas de clase baja  que es del 30% y también de la clase alta situada en el 8,8 % de la población. 

A pesar del leve crecimiento de la clase media, la percepción es a menudo la contraria. ¿Qué puede explicarla?, se preguntan los autores del estudio de Caixa Bank Research. Una posible explicación es la pérdida de poder adquisitivo que se produjo durante la crisis financiera. En 2013, los ingresos eran un 15% inferiores a los de 2007, siendo la caída similar en las distintas clase. En 2022, todos los grupos recuperaron los niveles previos a la crisis financiera. La caída de la clase media fue notable entre los años 2008 y 2013, en los que se pasó del 59,2% al 53%. 

No obstante, la clase media no aumenta de la misma forma cuando se analiza la evolución por edades. Entre 2007 y 2022 se ha reducido la proporción de jóvenes que pertenecen a la clase media y ha aumentado el número de jóvenes que pertenecen a la clase baja. 

Otra forma de analizar la evolución de los ingresos de las distintas generaciones consiste en comparar sus ingresos en términos reales a lo largo de la vida. Si dividimos las personas nacidas entre 1948 y 1991 en cuatro grupos generacionales y comparamos la evolución de los ingresos, se observan cambios relevantes: por ejemplo, las personas nacidas entre 1981 y 1991 tienen un nivel de ingresos inferior al de las personas nacidas entre 1970 y 1980 cuando tenían entre 34 y 38 años, patrón que se repite en todas las generaciones. 

La generación que percibe mayores ingresos es la situada entre 48 y 58 años. En la generación de mayores de 65 hay mayor variedad. Una parte se sitúa en lo que se define como ingresos de clase baja, debido sin duda a la baja cuantía de no pocas pensiones. 

Pese a que los efectos de las medidas tomadas desde la pandemia han mejorado la vida de muchas personas, quedan todavía muchas tareas pendientes. La principal es romper la brecha generacional causada por los bajos ingresos de las personas más jóvenes. El aumento del salario mínimo y el crecimiento de la contratación indefinida no bastan. Se necesitan mejores salarios y mejores empleos para reducir esa brecha, además de mejorar el acceso a viviendas dignas  para  que los jóvenes no se dejen seducir por los cantos de sirena de la extrema derecha. 

Otra  tarea es mejorar los mecanismos administrativos de gestión de las ayudas. Desde que los gobiernos aprueban las ayudas o medidas hasta que éstas son recibidas por los ciudadanos pasa demasiado tiempo. El mecanismo administrativo interpuesto, es decir la información, la regulación, los medios de que dispone la administración, el grado de compromiso de los funcionarios con su labor (no siempre el mejor) se interponen entre medidas legislativas pertinentes aprobadas y los ciudadanos. 

Ambas tareas siguen pendientes y son imprescindibles. Queda mucho por hacer hasta 2027.  

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

Lo primero que crean los sabios del mundo para hacer el mal es una nueva tecnología, que no la crean ellos, pero aprovechan el envite para sus macabros designios. Con ella y dándoles opciones para su uso casero se crea un mundo en su alrededor, ficticio pero juguetón, que les engancha y les atrae. Todo, lógico, en gente joven. Pero ese enganche crea adicción y parece que no se ocupan de los problemas reales de la humanidad y, sobre todo, del futuro de ellos mismos que lo tienen borrado de su mente en muchos casos. Obviamente estoy hablando de muchos, pero no todos, porque existe una juventud preparada como nunca pero sin encontrar su sitio, que es el de protestar, el salir a la calle a cambiar las sociedades anquilosadas. La política parece que no los escucha y en este país es para que muchos lleguen al desprecio a gentes que lo único que hacen es insultarse porque el otro es el malo y yo soy el bueno. Y la derecha es especialista en todo ello. Y lo hace muy bien, pero solo con intenciones malevas para, simplemente, gobernar. Porque si llegan a ello no van a tratar de mejorar la sociedad sino a sus amiguetes del alma poderosos que les reconocerán su trabajo. Y a algunos se lo reconocerán. 

Pero esa tecnología que, utilizada para el bien, es maravillosa, si la usamos para anestesiar a la masa con estupideces como el TikTok o el Instagram, en donde se ven escenas ridículas solo por hacerse ver por muchos, llegamos a una situación como la actual. Nunca habíamos conocido una sociedad con tanta bajeza moral, intelectual, social y, por no decirlo, religiosa, por cierto, con una iglesia en silencio. Todo se transforma en porno, que es lo que practica la sociedad actual, no solo en sexo, sino en lo citado antes, una bajeza que cualquier insulto, bulo o exceso tiene cabida. Trump y su gente lo han hecho muy bien para crear el silencio ante sus deseos de dominar todo para acabar con todo. Porque lo que quiere Trump and Musk está ligado a Putin, acabar con los tontos para hacerse con el poder único fascista que hace posible que solo vivan bien esos listos que lo han provocado para su beneficio. Es el egoísmo personal elevado a la potencia enésima. 

Pero lo más preocupante es esa juventud dormida en su móvil, que lo pagará muy caro por no haber usado esa fuerza que te dan los pocos años para formarse, educarse y crearse un futuro de dignidad y fuerza que los lleve a una vida mejor. No hay que echarle culpas a ellos, porque sus familias en muchos casos y obviamente la educación en medios han contribuido a este desastre. Porque solo se han dedicado muchos de ellos a protegerlos hasta el infinito, de manera que muchos jóvenes actuales creen que el esfuerzo para conseguir las cosas no existe porque hasta ahora sus padres se lo han comprado. Pero es que la ilusión de algo que aún no posees es necesaria porque no hay mayores desgraciados que aquellos que lo tienen todo. ¿O creemos que esos millonarios de grandes fortunas son felices? Su tragedia es no poder duplicar sus beneficios cada minuto, así funciona la mayoría. Además, a estos jóvenes nadie les habla ya de la espiritualidad necesaria, que puede que no coincida en muchos casos con la religión, pero es necesario que esos jóvenes crean en algo y no solo en la paga semanal que les den sus padres. El materialismo extremo es un peligro enorme. Incluyo la enseñanza en la voluntad del querer es poder. El joven necesita saber que con su esfuerzo puede llegar. Y dejo lo más importante para el final. El respeto conseguido por una buena educación y el tener ciertos conocimientos culturales y saber en dónde se mueven, en qué país, su historia, la verdadera, no la que quieren ocultar algunos políticos, para ocultar una tragedia que parece se quiere repetir, la vuelta al fascismo, puede acabar muy mal si ellos no actúan con responsabilidad y tratando de no acabar en manos de lo dicho y que asoma por la ventana cada día en la información que se cuela por los TD.

Yo viví el fascismo de la posguerra y no quiero un país así. Mi voto es siempre para una izquierda discreta con sus defectos porque es la derecha simpática y europea. La derecha económica es la que hay en la Europa actual cercana, y es lo menos malo, pero dentro de unos límites que yo sé que el fascismo de PP y VOX no respetarán si llegan a gobernar, porque ellos solo hacen el trabajo sucio a los grandes poderosos bajo el engaño de la Patria. Es una mentira que los jóvenes deben saber si quieren tener futuro. El próximo mundo del fascismo trumpista que amenaza debería ser respondido por esos jóvenes hoy engañados por aquellos, precisamente. Y la izquierda real, la que representa Podemos, debería saber que con extremismos no se llega a nada porque en eso la derecha tienen todo el poder y en España, mucho más con una Judicatura que actúa de alfombra con ellos porque juegan en el mismo equipo. Y la batalla la ganarán siempre.

NOTA. La expresión “fascismo” parecerá algo exagerada por su recuerdo hitleriano pero no creo que lo sea hoy porque no sabemos adónde puede llegar.

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Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.

Tenía que ocurrir, iba a ocurrir y por fin ha ocurrido: el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha puesto el cascabel al gato al reivindicar en un informe político presentado a la Coordinadora Federal de su partido, “una propuesta unitaria para que las formaciones que tengan coincidencias programáticas en la construcción de un proyecto de país y la gestión de gobierno tenga una correlación en una propuesta electoral unitaria con todos dentro y sin vetos cruzados”. 

¿Por qué tenía que ocurrir? Lo explicamos con números en el análisis del barómetro del CIS de este mismo mes. Si mañana hubiera convocatoria de elecciones generales y tanto Sumar como Podemos concurrieran por separado, apenas obtendrían 12 y 3 escaños respectivamente, cuando juntas lograron 31 hace apenas un año y medio. Sin esos escaños, game over. Los efectos de la ley D’Hondt en partidos que están a nivel nacional en la horquilla del 8% al 12% es demoledor, por la cantidad de votos perdidos que no revierten en diputados en las provincias medianas y ya no digamos las pequeñas. Pero es que además, la división está pasando factura también en términos de horizonte y expectativa vital en un segmento clave para la izquierda en su conjunto: los nuevos votantes, la generación Z y la generación Y (más conocidos comúnmente como millennials), muchos de ellos padres de familia con hijos en edades tempranas. Es decir, entre aquellos que se incorporan al censo electoral y votarán por vez primera en ¿2027?, aquellos que viven en casas de sus padres con 25 o 30 años, y entre aquellos que se han emancipado y están haciendo malabares para seguir formándose, trabajar, pagarse un alquiler o formar una familia.  En estos destaca la ausencia de un relato vital de futuro ilusionante a lo que se une, en la izquierda, una moral de victoria baja, a diferencia de lo que sucede con una derecha efervescente. 

La marcha por la vivienda ha servido de acicate a Pedro Sánchez para anunciar ayudas por valor de 200 millones de euros a menores de 35 años.  ¿Por qué ahora y no hace 4 o 6 años? ¿Qué votan esos menores de 35? Vamos a coger como referencia el estudio “Fecundidad, Familia e Infancia” publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas el pasado 8 de octubre, con 5.742 entrevistas, uno de los más importantes que se han realizado en los últimos tiempos en cuanto al número de entrevistas, ya que permite hacer un análisis segmentado con un margen de error relativamente reducido.

Los datos son elocuentes. La comparativa entre voto directo declarado (a quién votarían en unas elecciones generales que se celebran en la actualidad) y el recuerdo de voto (a quién se votó en los últimos comicios), deja una conclusión a marcar en negrita: la derecha recupera terreno con claridad por debajo de 55 años, que es donde la izquierda perdería las elecciones si las cosas no cambian. Vamos a ver en detalle cómo ha variado la distancia entre izquierda (PSOE+Sumar+Podemos) y derecha (PP+Vox+SALF), obviando en este análisis a los partidos nacionalistas de uno y otro lado:

La fotografía, con algunas diferencias, no varía en lo sustancial en el barómetro político recién publicado este mismo lunes, lo que viene a corroborar la consistencia de los resultados y la conveniencia de las reflexiones que se plantean de fondo. 

En primer lugar, el retroceso que está sufriendo la izquierda (y sensu contrario el avance de la derecha) en la franja de 25 a 44 años, la misma que desniveló la balanza hace una década con la aparición de los nuevos partidos. Hay que pensar en las dificultades específicas de esas generaciones, con la vivienda y la conciliación subrayadas en mayúsculas. Esto puede verse con claridad en cómo responden a la pregunta de los problemas que más les afectan, donde la vivienda, las dificultades de índole económica y las cuestiones relacionadas con la calidad del empleo se sitúan a la cabeza. No es de extrañar que el gobierno, con el presidente y la vicepresidenta a la cabeza, pongan el foco ahí.

En segundo lugar, cabe fijarse en la ascendencia que tiene entre los votantes que se incorporan al censo electoral (que hoy tienen 18 o 19 años) las posiciones que rompen con el sistema. Ya en las últimas generales fue la franja en la que mejor se comportó la derecha en términos comparativos, pero han aparecido más señales que apuntan en esa dirección.

Los españoles entre 18 y 24 años son los más situados a la derecha en el eje ideológico con un 5,5 en la escala de 1 a 10. Seguidos de los que tienen entre 25 y 34 años que se ubican en el 5,2 (la media del país es 5,0 según el mencionado estudio de fecundidad, familia e infancia). Y no acaba aquí, más madera. El voto a Vox por debajo de 35 está a la par del voto al PP o directamente por encima, como señala el CIS de este lunes que sitúa a Vox en esa franja con el 17% y al PP con 12%. Por último, cuando se pregunta en espontáneo por el presidente preferido, Abascal (14%) duplica en menciones a Feijóo (7%), la misma franja en la que también despunta Alvise (sobre todo entre los 25 y los 44 años).

España no es la excepción. En el análisis postelectoral de las elecciones europeas publicado en estas páginas ya abordamos la incidencia de la brecha generacional en los resultados. 

Llegados a este punto volvemos aquí a las palabras de Maíllo del pasado fin de semana en las que pedía una confluencia de partidos a la izquierda del PSOE. Lo cierto es que el Partido Socialista sigue liderando en voto declarado todas estas franjas, también las jóvenes –con mucho menos apoyo que entre los mayores–, con que lo que le está faltando al bloque de la izquierda son los aportes que en su momento hacían Sumar y Podemos. Un ejemplo de ello, si nos detenemos en la franja en la que más ha caído la izquierda, la de 25 a 44 años, el PSOE mantiene los mismos apoyos que tenía en julio’23, un 17% de los votos, pero sin embargo Sumar/Podemos han bajado de 16% a 10%, al mismo tiempo que la derecha se refuerza. Esto no es extrapolable del mismo modo a territorios como País Vasco o Cataluña, pero sí es una tónica general a la mayoría. 

En tercer lugar la izquierda muestra síntomas de agotamiento entre las mujeres, el sostén que le permitió ganar las elecciones en julio del año pasado. Tras el verano el PSOE experimenta una caída significativa en su apoyo, que tampoco se ve compensada con un crecimiento en voto a Sumar o Podemos. Entre 4 y 5 puntos de caída desde junio. Aquí las cosas se simplifican, ellas han sido el sostén de la izquierda y sin ellas jaque mate. Las mujeres siguen votando más a la izquierda pero la distancia se acorta. No es que salten al PP, lo que crece es la indecisión: en torno a un 20% no tienen decidido a quién votarían.  

A estos tres frentes de batalla se suman otros, en clave ocupacional, formativa y vital que iremos desglosando en futuros artículos.

Rafael Ruiz es consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab.

Cuando hace unos años empecé a escuchar de manera constante, sobre todo por parte de conocidos algo mayores que yo, la frase “los treinta son los nuevos veinte”, lo cierto es que pensaba que significaba otra cosa. O, al menos, que la frase venía de un estilo de vida que, a los treinta, tú mismo elegías. No pasaría mucho tiempo hasta que descubrí que estas palabras se solían decir, no con alegría, sino con resignación. 

Tengo treinta años y sigo sin poder congelar todos los tuppers que me gustaría si hago lentejas un día porque solo tengo a mi nombre medio cajón del congelador. Sigo llegando tarde a los sitios porque, a media hora de salir, alguien ha decidido atrincherarse en el baño para siempre. Sigo quedándome sin calzoncillos limpios porque ya entramos en esa época en la que la ropa tarda días en secarse y tanto la lavadora como el tendedero están ocupados y con otro nombre antes que el mío en la lista de espera. 

Tengo treinta años y sigo sin sentirme adulto del todo. Sigo sin tener la sensación de total independencia ni la posibilidad de crear mi propio proyecto de vida. Y es porque me han robado la posibilidad de tener un espacio en el que crearlo. Por mucho que ahorre, por mucho que trabaje, por mucho que forme parte de la juventud pluriempleada (los jóvenes actuales somos la generación con mayor tasa de pluriempleo de la historia de nuestra democracia).

No creo que sea cosa mía, que seré muy vago o que querré un ático con terraza en pleno Malasaña. No será cosa mía cuando, además, estoy en la misma situación que la gran mayoría de mi generación: 7 de cada 10 jóvenes que tienen trabajo tienen que seguir viviendo en casa de sus padres. El salario mediano de los jóvenes ha subido un 6,1% desde 2008, pero el precio medio del alquiler, un 40,7%. 

Entro a mirar pisos, para ver si de repente aparece algo que me pueda permitir. Nunca he tenido problema en vivir lejos del centro. Qué horror, qué agobio. Lo primero que me aparece al visitar un conocido portal de búsqueda de vivienda es un apartamento en Quintana (cerca de Ciudad Lineal) de 32 metros cuadrados a 1.600 euros mensuales. Literalmente se comería la totalidad de mi sueldo. Y tengo la mala costumbre de comer. A veces hasta bebo agua. Caprichos que tiene uno. 

Podría ser peor. Al menos, solo convivo con otras dos personas. Otros conocidos están conviviendo en pisos de cinco o seis habitaciones. Los dueños los conoce todo Madrid: grandes tenedores que han partido sus decenas de pisos en habitaciones cada vez más pequeñas e inhabitables para sacar cada vez más dinero de una necesidad tan básica como tener un techo.

"Pues todo esto pasa porque no se construye suficiente vivienda”. Señores, que en España hay casi cuatro millones de viviendas vacías y casi 400.000 dedicadas al alquiler turístico. “Bueno, pero esa vivienda está en municipios pequeños y allí nadie quiere vivir. Todos os queréis ir a Madrid o a Barcelona”. Claro, amiga, porque es en las ciudades en las que se invierte y se crea empleo mientras se abandona todo lo que se considere periferia. Casi un 40% de tasa de desempleo había en Jerez de la Frontera, en mi ciudad, cuando yo me fui. ¿Qué te crees? ¿Que todos nos vamos a Madrid porque nos gusta mucho el musical de El Rey León? La vivienda no es lo único que hay que empezar a gestionar un poquito mejor. 

No solo eso. La excusa de “todos queréis vivir en Madrid” tampoco me sirve. La capital perdió más de 300.000 habitantes entre 2020 y 2022. Cada vez vive menos gente en Madrid y, sin embargo, es donde más sube el precio cada año. Algo falla, ¿verdad? Eso por no hablar de que la ciudad tiene unas 100.000 viviendas vacías y cerradas y unos 20.000 apartamentos dedicados al alquiler turístico de manera ilegal. Vivienda hay. Lo que no hay es un mínimo de vergüenza, aparentemente. 

Termino de mirar pisos, termino de asumir que la cosa está imposible, y vuelvo a pensar en toda esa gente que vive de alquilar propiedades. Es decir, ¿trabajar no debería servir para producir? ¿Para construir algo que otra persona necesita? ¿Para continuar la marcha de la sociedad y ayudarnos los unos a los otros a alimentarnos, a resguardarnos, a vestirnos? ¿Qué produce una persona que se dedica a especular con la vivienda? ¿Qué aporta a la sociedad alguien que, como tiene dinero, se dedica a comprar casas antes de que tú puedas hacerlo para luego alquilártela más cara de lo que inicialmente sería? ¿Qué bien hace robar un derecho básico a los demás?

Lo digo y lo repito sin vergüenza alguna. Tengo treinta años y sigo compartiendo piso. Sigo sin sentir que mi vida como adulto ha despegado del todo, y sin sentir que tengo un proyecto de vida propio. No tengo el espacio para ello. Y no es porque yo no haya sabido conseguirlo. Ni todos esos compañeros de mi generación que hicieron todo lo que les dijeron que había que hacer: estudiaron, se formaron, consiguieron trabajos, muchos los compatibilizaron (y compatibilizan) con otros trabajos porque con uno no les llega. No tenemos nuestro propio espacio, no porque no nos lo merezcamos, sino porque nos lo han robado. 

Supongo que nos toca recuperarlo. 

Nos vemos en las calles.

El mercado español de la vivienda es complejo. Pero al consultar algunos informes centrados en este asunto de distintos organismos se pueden sacar conclusiones como que la modalidad del alquiler está al alza, pese a las subidas de precios; que cada vez hay que destinar más recursos para tener un techo; o que el parque público se ha despoblado con el tiempo.

En el estudio El mercado de la vivienda en España: evolución reciente, riesgos y problemas de accesibilidad, elaborado por el Banco de España se señala un hecho históricamente anómalo: desde 2021, el número de nuevas viviendas terminadas se ha estabilizado en torno a las 90 mil unidades anuales, una cuantía significativamente inferior a los hogares que se crearon en 2022 y 2023. El diferencial acumulado en esos dos años entre la creación neta de hogares y la producción de edificaciones “alcanza unas 375 mil unidades” y ese déficit “es particularmente intenso en las comunidades donde se concentra el crecimiento poblacional y la actividad turística”. De hecho, el regulador estima que se necesitarán 600.000 viviendas hasta 2025, pese a que hay casi 4 millones vacías o desocupadas, según sus datos, que coinciden con los reflejados en otro informe, Cuatro décadas fallidas de política de vivienda, del Gabinete Económico de CCOO, donde se asevera que “España dispone de 3,8 millones de viviendas vacías (1,1 millones en capitales y grandes ciudades) que sumadas a las turísticas, podrían destinarse al alquiler residencial y cubrir la demanda de vivienda habitual de la próxima década”.

El Banco de España también apunta al auge del alquiler vacacional o turístico, como una de las causas del menor stock de vivienda disponible, supone ya cerca del 10% del tamaño del mercado del alquiler y tiene una ratio del 1,8% del total de moradas principales del mercado residencial. El Instituto Nacional de Estadística (INE) las cuantifica en 351.389 este año. Cinco provincias sufren sobre todo la escasez de inmuebles: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante.

En general, el mercado del alquiler se expande. Desde la gran crisis hipotecaria que estalló en 2007, los inquilinos no han dejado de crecer, al tiempo que disminuye el porcentaje de hogares con casa en propiedad. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, las familias arrendadoras pasaron del 13,5% en 2007 al 18,7% en 2023, llegando hasta el 23,7% en la Comunidad de Madrid y al 24,9% en Catalunya. El Banco de España ha determinado que ocuparon 3,6 millones de viviendas principales en 2023. Ello implica un aumento de 1,3 millones respecto a 2007. Y, de acuerdo a los datos que maneja CCOO, “los niveles más altos de hogares en alquiler en 2023 se encuentran en las islas: 31% en Islas Baleares y 29% en Canarias”.

Si el análisis del regulador bancario mete a los jóvenes y a los migrantes, colectivos donde se concentran los hogares con menor nivel de renta, entre las razones del auge inquilino; no es el único que lo hace. El Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), en su trabajo De propietarios a inquilinos. Informe sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad, pone el foco en que los arrendatarios "representan el 53% de los hogares entre 16 y 29 años y el 32% de los hogares entre 30 y 44 años”. Con todo, matiza que, aunque la población joven vive principalmente arrendada, “en términos absolutos la mayor parte de la población inquilina tiene entre 34 y 65 años”. E, igualmente, si bien los hogares de origen extranjero viven en su mayoría de alquiler, “en términos absolutos la mayoría de personas que viven de alquiler son españolas, ya que representan un mayor porcentaje sobre la población total”. 

El grueso de los hoy inquilinos, jamás será propietario, a la luz de ese estudio, al no poder comprar ni heredar. “En la cohorte de 35 a 64 años, sólo un 30% espera heredar, porcentaje que aumenta al 40% entre inquilinos de menos de 35 años”, se afirma en el texto. Y en el caso de la adquisición de una casa, “7 de cada 10 inquilinos” de una ciudad como Madrid “no cree que pueda comprar una vivienda en el futuro”. 

Desde IDRA avisan: “Los hogares inquilinos, con una renta media de 22.183 euros anuales, no tienen opción de acceder a una propiedad y se ven obligados a transferir buena parte de sus ingresos a los hogares rentistas”, cuyos ganancias medias “se sitúan en 46.725 euros anuales”. A juicio de los autores de ese informe, Pablo Pérez y Jaime Palomera, “la brecha cada vez mayor entre la población inquilina y la población propietaria profundiza el papel del mercado de alquiler como un vector de desigualdad social”.

Hay otra realidad en la que coinciden varios estudios consultados por infoLibre: ha habido un encarecimiento sostenido de los precios de compraventa y alquiler de vivienda en la economía española, sobre todo desde 2014. En el informe de CCOO se expone que “hoy son necesarios 6,1 salarios brutos medios anuales para adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados en España”, que se convierten en “3,9 salarios medios para adquirir una vivienda protegida”. “El esfuerzo hipotecario alcanza el 34% de los ingresos medios”. Y ello en un escenario de caída del crédito, desde el inicio del endurecimiento monetario a finales de 2021, aunque esto ha empezado a cambiar levemente este ejercicio. 

Datos difundidos este mismo jueves 10 de octubre por el Centro de Información Estadística del Consejo General del Notariado indican que el coste de la vivienda se ha acrecentado en el país una media del 4,3% entre agosto de 2023 y el mismo mes de este año. Se ha encarecido en 13 regiones, disparándose casi un 63 % en Castilla-La Mancha o un 25,6 % en Navarra.

Por lo que respecta al arrendamiento, según el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA) del INE, éstos han trepado un 15,7% entre 2015 y 2022 en promedio a nivel nacional. Y son numerosos los informes y expertos que han alertado de que en el mercado inmobiliario actual es imposible cumplir la regla de que ese gasto no sobrepase el 30 por ciento de los ingresos brutos mensuales menos las deudas. En concreto en una publicación de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliaria (FAI) se mantiene que la mitad, el 50,01% con exactitud, de los alquileres que se gestionan en España necesitan de más de un sueldo o recursos de más de una persona para pagar la renta mensual. 

Hay otro análisis rotulado como Prevención y atención de la exclusión residencial: Factores explicativos, de Provivienda, que constata que, “por edad, a las personas jóvenes es a quienes más les afecta el precio de la vivienda, ya que están más expuestas a las fluctuaciones del mercado y a la crisis de asequibilidad: un 23,5% de los hogares jóvenes están afectados, frente al 12,9% de los hogares mayores”, aseguran.

“Mientras que en torno al 87% de los hogares eran propietarios de su vivienda principal en 2002, esta cifra se redujo a alrededor del 80% en 2020. Mientras que en 2002 la proporción de hogares en alquiler era de aproximadamente el 13%, en 2020 había crecido hasta cerca del 20%”, se plasma en el trabajo Vivienda para vivir: de mercancía a derecho de Future Policy Lab. En él se incide en otra idea común: “La vivienda en alquiler era antes considerada un estado transitorio reservado a inmigrantes o jóvenes españoles que acababan de abandonar el hogar familiar. Esto ya no es así. Dada la residualidad del alquiler social (que apenas llega al 2% de los hogares en España), el mercado privado de alquiler se ha convertido en el principal recurso habitacional para la mayoría de los hogares con dificultades económicas”.

En ese sentido, los datos de Provivienda sirven para manifestar que “existen 5,5 millones de hogares en situación de exclusión residencial, con especial impacto en el alquiler que empobrece a 4 de cada 10 hogares en España”. De ellos, “más de 250.000 tienen ingresos medios” y la probabilidad de caer en exclusión residencial siendo joven “es del 39,8%”. La Encuesta de Presupuestos Familiares permite confirmar, asimismo, que para el 20% de los hogares de menores ingresos, la vivienda y los suministros vinculados a ella representan un esfuerzo muy elevado. Entre 2021 y 2023 supuso el 42% del gasto total del hogar, frente al 37% que suponían en el periodo 2006-2007.

El informe de CCOO posibilita aportar otro ángulo a la radiografía del estado actual del mercado de la vivienda en torno al parque estatal. La apuesta global por “la construcción de vivienda en propiedad” ha dado lugar a que se levantaran 11,8 millones de casas entre 1980 y 2023, “la inmensa mayoría”, 9,1 millones, de precio libre, frente a los 2,7 de protegidas. Es decir, “apenas 1 de cada 4 viviendas terminadas desde 1980 ha sido protegida”. Y hay más: “El Gobierno central ha destinado más de 200.000 millones de euros a política de vivienda durante los últimos cuarenta años, sin incluir en esta cifra el esfuerzo adicional realizado por comunidades autónomas o corporaciones locales”, se lee en el documento. Con ese volumen de recursos “se habría podido edificar un parque de 2 millones de viviendas de alquiler, que en 2024 serían la clave de la solución al problema de la vivienda en España”, defienden desde el sindicato.

Desde Future Policy Lab se denuncia que, si no se hubiesen descalificado los pisos protegidos desde los 1980 hasta la actualidad, “el stock de vivienda social en España podría ascender a más de 4 millones de unidades”. “El problema de fondo -consta en su informe- es la mercantilización de una necesidad básica como es la vivienda, consentida durante muchos años por un Estado de bienestar deficiente y, en ocasiones, cómplice. Reforzar el llamado 'pilar débil' del bienestar pasa necesariamente por la desmercantilización de la vivienda. Es inaceptable que el enriquecimiento de unos pocos se produzca a costa de la negación de un derecho básico de los hogares”, cierran.

De momento, los desahucios siguen. Es más, los lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024 han sido 7.850, un 7,8% más que en el mismo trimestre de 2023, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tres cuartas partes de ellos fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.469 estaban ligados a ejecuciones hipotecarias. En materia de vivienda, como en otras muchas, los números pueden desamparar.

La vivienda es el sexto problema que perciben los ciudadanos en España, según el Barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aunque llegó a escalar hasta la primera posición el pasado verano. La preocupación está latente. Con ese asunto como telón de fondo, más de 30 organizaciones, entre las que se encuentran la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas, Amnistía Internacional, CCOO o UGT, han convocado una manifestación el domingo 13 de octubre en Madrid bajo el lema La vivienda es un derecho, no un negocio. Y no será la única protesta. Antes, más de un centenar de entidades, sobre todo catalanas, han llamado a otra marcha el próximo miércoles 25 de septiembre en Barcelona contra la tercera edición del congreso inmobiliario The District. Y el Sindicat de Llogateres i Llogaters baraja acciones contra la celebración de la Copa América de Vela, que se celebra en la capital catalana entre el 22 de agosto y el 27 de octubre, dado que “siempre se ponen por encima los intereses económicos de unos pocos, frente al derecho de muchos a la vivienda”.  

En ese hervidero ciudadano, ¿puede la crisis de la vivienda ser el germen de otro 15M en España, en el que organizaciones como la PAH o V de Vivienda jugaron entonces un papel relevante? Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, cree que “el motor de la crisis de la vivienda es diferente al que generaba la demanda política en el 15M, por eso es muy complicado que se dé con la misma forma”. Sustenta su opinión en varias razones. “La problemática del acceso a la vivienda, a diferencia de lo que ocurría con el 15M, es global. Esto es una novedad, afecta a todo occidente y tiene que ver con la financiación de ese sector, en el que no sólo ha entrado la especulación de los fondos buitres, también los alquileres vacacionales y las dinámicas del turismo, lo que es un segundo punto de novedad”, arranca.

Recuerda que, “cuando se discutía sobre esos temas en el 15M, se hablaba de los desahucios y de la gente que se había entrampado en dos viviendas porque el crédito era barato" y el acceso a un inmueble "notable". "Cuando colapsa la burbuja inmobiliaria –tras las crisis financiera mundial que provocó la caída del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers–, muchos se quedaron atrapados. Pero hoy la problemática de la vivienda va en una dirección distinta”, explica. Junto a esto, anota que el 15M respondió a un abanico muticausal: “La vivienda era una de las demandas, pero había otras relacionadas con la regeneración política, el malestar con el sistema electoral, los bancos, el bipartidismo… V de vivienda fue una de las organizaciones que estuvo ahí, pero también Juventud sin futuro y otras”. Aquello tuvo un caldo de cultivo económico que ahora no existe, argumenta. “No tenemos un incremento del desempleo entre los jóvenes o malestar respecto a la economía”, asevera.

Y hay más diferencias: “El motor del debate de la regeneración democrática es ahora el Gobierno. Entonces se hablaba de despolitizar la Justicia y ahora de que la Justicia está impidiendo al Congreso hacer su trabajo y de que los jueces están persiguiendo al presidente. El marco no tiene nada que ver”. En relación a la vivienda, Simón plantea que, aún reconociendo que hay un runrún social difuso que “se empieza ahora a articular en protestas”, es un tema “muy difícil de regular por la fragmentación de administraciones y porque tiene unos ganadores y unos perdedores muy claros. El 75% de la población tiene vivienda en propiedad, por lo que es muy difícil de tocar. Y ni siquiera está claro que las medidas que están encima de la mesa sean eficaces”, lanza. 

En ese sentido, apunta a otro elemento distanciador del 15M: “No está claro contra quién se tiene que protestar porque el Gobierno quiere aplicar controles de alquiler, mientras las autonomías y los ayuntamientos del PP no quieren”, ejemplifica. Por todo lo expuesto, no ve “el germen de una revolución en diferido que genere que emerjan nuevos partidos o cosas así. El 15M fue un movimiento social espontáneo, con múltiples causas, que hablaba de un reset del sistema político y que se tradujo en que permeó con nuevos partidos y en los viejos”. A juicio de Simón, “pinchar una burbuja inmobiliaria en la que la gente estaba siendo desahuciada o ahogada por su hipoteca genera consensos más transversales que la situación actual, en la que los jóvenes son los perdedores, pero los padres no, porque ya tienen la vivienda en propiedad. Hay una dinámica mucho más complicada porque afecta a sectores muy concretos con una capacidad de movilización limitada”, defiende. Y remata: “Así como las medidas que proponía el 15M podían tener un apoyo transversal, hoy, busca una política que sea popular a derecha y a izquierda para solucionar el problema de la vivienda. Es muy complejo. Los potenciales ganadores son difusos y los perdedores están muy claros y la gente quiere proteger su inversión”.

De su lado, la politóloga Cristina Monge sostiene que “es verdad que en la emergencia del 15M la vivienda fue importante, la PAH tuvo un papel muy relevante, pero también Juventud sin futuro, entre otras entidades, que fue una de las impulsoras de todo aquello y hablaba mucho del tema. Pero además había un malestar social más amplio, que tenía que ver con el desempleo porque estábamos en años en los que superaba el 50% en el caso de los jóvenes”. En agosto de este año, el desempleo de los menores de 25 años subió un 1,25% respecto al mes anterior, para colocarse en las 177.112 personas, si bien se trató de la cifra más baja de la serie en ese periodo. Y acumula 40 meses consecutivos de caídas interanuales.

“Había –enlaza Monge– una crisis económica grave, casos de corrupción continuamente en la prensa… Fue el conjunto de todo eso lo que hizo prender la mecha y, de momento, en 2024 no hay ese problema de empleo. Aunque sí hay una sensación de precariedad, el empleo se está comportando bastante bien”. 

Añade que, cuando surgió el 15M para trastocar códigos habituales y hacer entender que ya no servían, “la percepción de la sociedad era que, en aquella coyuntura de crisis, su Gobierno, en vez de intentar solucionar los problemas que estaba generando, lo que hacía era proteger a los poderosos que la habían creado”. En la actualidad, “esa sensación no está instalada en la sociedad”. “Podrás estar más o menos de acuerdo o contento con el Gobierno, pero no se piensa que no nos representan”, une, para concluir: “Hay que ver cómo evoluciona, pero a priori, no se dan todos los elementos que se juntaron entonces y ni están surgiendo nuevos movimientos ni nuevas entidades”.

Javier Gil, investigador del Grupo Estudios Críticos Urbanos de la UNED, comparte que “no se dan las condiciones para que se repita un 15M, en el que se juntaron una serie de factores que facilitaron que se produjera la movilización que se dio. Y no sólo en el Estado español, también en otros lugares”. Centrado el foco en 2024, considera que “la rabia en torno a lo que está pasando con la vivienda está yendo a más” y habrá que ver “cómo canalizarla en movilización política”.

A su entender, “la clave va a ser la capacidad que tengan entidades como el Sindicato de Inquilinos de organizar a las personas que están sufriendo la situación de la vivienda”. ¿Por qué? “Legislativamente no se va a solucionar nada, lo vimos en la votación reciente en el Congreso –alude a la que el no del PP, Vox y Junts tumbó una proposición de ley para intentar regular el alquiler temporal–“ y, más allá de las movilizaciones que puedan ir brotando, Gil piensa que será fundamental “cómo los inquilinos, que se están empobreciendo masivamente por culpa del alquiler, se organizan para transformar esa situación de injusticia y de rabia en formas de desobediencia civil colectivas y masivas, que agiten a la sociedad para que empiece a haber cambios. En corto: “Más que algo como el 15M o cambios legislativos que puedan solucionar, entramos en una fase de cómo organizar la rabia para transformar la situación de todas esas personas”.

Alba Agraz, coordinadora del área de Trabajo y Vivienda en el think tank Ideas en Guerra, afirma que “la vivienda podría ser la causante de la siguiente movilización masiva”, pero para que cristalice, “hace falta cambiar el rumbo de la batalla cultural”. Mover el foco, por ejemplo, de “que los malos son los okupas, y ponerlo en que la problemática de que la juventud para emanciparse, a los 29 años de media, tiene que destinar el 80% de su sueldo”. Igualmente tilda de “indispensable” la “organización colectiva” y “el pensar este conflicto como conjunto, no como que yo no me puedo emancipar o yo no puedo vivir de alquiler o mi salario no me da para llegar a fin de mes. No habría que verlo como un problema individual, sino como uno que afecta a toda la sociedad” para poder perforar creencias.

Agraz hace notar que uno de los ejes del Manifiesto por el Bienestar que han armado y lanzado en Ideas en Guerra recientemente, versa sobre la vivienda y se proponen en él algunas posibles soluciones, reconociendo, como el resto de los sondeados, que es un debate complejo porque el inmobiliario podrá ser un negocio, pero es un negocio con gente de por medio. “Hay que organizarse en sindicatos de barrios y asociaciones vecinales para poder llegar a soluciones y presionar a las clases políticas para que aborden el problema”, remata.

Algunos estudios nos dicen que hoy los jóvenes son más conservadores o que los universitarios ya no tienen miedo a decir que son de derechas. Más los de la privada que los de la pública, por razones, supongo, evidentes. Más los abogados y economistas que los de humanidades o ciencias experimentales, por razones menos evidentes, aunque claras. Lo cierto es que, según parece, las acampadas pro Palestina que vimos en las universidades hace solo unos meses no son sintomáticas. Los campus no son mayoritariamente progresistas. Así que el régimen sancionador que prepara Ayuso, en la idea de que los centros universitarios son nidos de rojos, es pura propaganda antisistema. Ayuso juega al deterioro de las instituciones públicas, en las que se ha venido detentando una supuesta autoridad, porque resulta rentable electoralmente. Que ese deterioro gane adeptos entre jóvenes y nuevos votantes es uno de esos problemas a los que deberíamos prestar atención. 

Y, ojo, porque no se trata tanto de confrontar a la autoridad, como tal, cuanto de cambiar unas referencias por otras. O sea, no hay que confundir la oposición a la autoridad estatal (y sus derivadas) con la oposición a cualquier forma de autoridad. De hecho, acabar con el sector público exige fortalecer instituciones privadas como las iglesias, las familias y las empresas, que es la parte más interesante del plan.

La articulación entre anarcocapitalismo e ideas reaccionarias en el plano social es lo que Murray Rothbard llamó “paleolibertarismo”, y hoy resulta profundamente transgresora. Por esa razón, entre otras, es una articulación que está triunfando entre la Generación Z, más entre los hombres que entre las mujeres. Es lógico. Aunque la tradwife se vaya abriendo camino, es evidente que son ellos quienes ganan o recuperan viejos privilegios con el cambio. La victoria de Alternativa por Alemania en Turingia y sus excelentes resultados en Sajonia, se nutrió del voto de jóvenes varones. Y el caso de Alvise es muy similar.  

Hay muchos factores que pueden explicar este fenómeno y uno de ellos es, sin duda, el de las redes sociales, especialmente, Tik Tok y Twitter (la apuesta empresarial e ideológica de Elon Musk es la de no quedarse atrás).

Como bien señala Eric Sandin, las redes sociales han alimentado la ilusión de la autosuficiencia y la ausencia de límites. Permiten que cada quien exprese toda su agresividad como si formara parte de una turba, sea real o ficticia, y facilita actitudes irresponsables y autoindulgentes. Siempre es más fácil autojustificar los discursos de odio, las humillaciones en línea o el ciberacoso, si uno cree que todo el mundo lo hace o haría lo mismo, si pudiera. Y como el anonimato garantiza la impunidad, es fácil disociar los clics encadenados con los que se masacra a los demás de las consecuencias de tal masacre.

La libertad irrestricta para odiar se combina aquí con el espíritu revanchista de quien cree estar llamado a hacer(se) justicia o a desempeñar un papel heroico. Los jóvenes sufren la precariedad, la falta de representación y la ausencia de un futuro al que tienen, o creen tener, derecho. O sea, están en condiciones óptimas para montar un ejército digital y ejecutar una venganza sin miramientos. Las derechas lo tienen claro. Lo hemos visto en Reino Unido y también en España con el caso de Mocejón.

A esto se suma la desconfianza frente a las instituciones públicas que, de manera continuada, han venido alimentando Vox, Alvise o buena parte del Partido Popular. Se ha extendido la idea de que el poder público (no solo político) ha traicionado a las mayorías, así que o bien hay que volver “a lo de antes” o bien debemos confiar en el sector privado, cuyos intereses pueden ser mezquinos, pero, al menos, no son engañosos. Hay una gran obsesión por lo auténtico y lo verdadero, por creer ciegamente al que “habla claro” y “dice las verdades a la cara”, diga lo que diga, como si hubiéramos vivido chapoteando en una gran mentira durante décadas y una legión digital tuviera que abrirnos los ojos justo ahora. 

Finalmente, con las redes cualquiera se puede sentir (super)informado o establecer una relación de igualdad, incluso de competencia, con la autoridad pública, con sus profesores, sus médicos o sus representantes. Los electores digitales se lanzan compulsivamente a criticar las decisiones o la gestión que se hace a diario desde las instituciones, convencidos de que ellos tienen herramientas de sobra para hacerlo mejor. La falta de credibilidad en el espacio compartido y representado por políticos y funcionarios está poniendo en jaque a todo el sistema. 

Cerca de un 30% de los jóvenes en España prefieren el autoritarismo a la democracia en según qué circunstancias. Habría que analizar despacio a qué autoritarismo se refieren y detallar los casos en los que se considera justificado, pero parece que nuestra democracia tiene una salud bastante precaria. La responsabilidad, por supuesto, no es de las nuevas generaciones.

Hace décadas que hablamos de crisis de representación, déficit de legitimidad democrática o democracia business, y no hemos logrado cambiar el rumbo de las cosas. En la medida en la que los partidos se han ido convirtiendo en empresas, los líderes en productos y los electores en clientes, se ha ido perdiendo la distinción entre la lógica de lo público y lo privado porque, básicamente, todo cotiza según demanda. Esta deriva descendente ha ido empeorando con el tiempo y se ha agravado con la llegada del capitalismo cognitivo en la que los datos personales son una fuente de negocio (empresarial o electoral) y el militante ha sido sustituido por el inscrito. Si hay un sector sensible a semejante proceso es el de los alfabetizados digitales, mayoritariamente jóvenes, para quienes seguramente la identificación y la participación política solo resulte emocionalmente motivadora en un sentido negativo. Algo que también aprovechan las derechas.

Si estos procesos no se revierten, las derechas seguirán encontrando un terreno abonado en determinadas franjas de edad y lo previsible es que esas franjas se amplíen y el terreno fructifique. 

La gran batalla de nuestro tiempo es la de la defensa de lo público, que no solo consiste en ofrecer los servicios adecuados sino en recuperar la confianza en ellos, en quienes los dispensan y en las instituciones que los garantizan. Esa batalla no puede ganarse sin gente joven dispuesta a defender una nueva cultura digital.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

La esperada celebración de los Juegos Olímpicos, envueltos en el pretendido glamour parisino, ha acaparado las últimas semanas el interés mediático internacional. Atletismo, natación, gimnasia, baloncesto… Una sucesión infinita de disciplinas y pruebas deportivas relevaban a los acontecimientos políticos, económicos y sociales en las portadas de los grandes medios. No obstante, y sin pretenderlo, ha sido este certamen deportivo el que ha vuelto a poner en el foco de atención una lucha hace tiempo olvidada por la comunidad internacional: la resistencia de las mujeres afganas.

Viernes 9 de agosto. Fase preclasificatoria y estreno de una nueva disciplina olímpica, el breakdance. La refugiada afgana Manizha Talash y la holandesa India Sardjoe se enfrentan en la pista de baile. Pero no son sus pasos o su interpretación musical lo que trascenderá en los medios, sino un gesto simbólico de la b-girl afgana. En un momento de su actuación, la deportista despliega una capa con el lema Free Afghan Women, en referencia a la pérdida progresiva de derechos y libertades a la que se enfrentan las mujeres en Afganistán desde hace décadas, pero que se ha incrementado drásticamente en los últimos tres años de gobierno talibán.

La concursante fue rápidamente descalificada en los días posteriores por un acto de “propaganda política”, contraria al reglamento olímpico. Pero la denuncia ya estaba hecha ante la mirada de millones de telespectadores. Y tan solo unos días antes del tercer aniversario de la retirada estadounidense y el retorno de los talibanes al poder en Afganistán, ese fatídico 15 de agosto de 2021.

Corre el año 1978. El Partido Democrático del Pueblo toma el poder mediante un golpe de Estado, conocido como la Revolución de Saur, e instaura en Afganistán un régimen socialista y, como es lógico, prosoviético. Un año más tarde y hasta 1989, la URSS ocupa el país afgano para sostener al cuestionado gobierno. En paralelo, Estados Unidos comienza a financiar a la resistencia islámica muyahidín como parte de su lucha generalizada contra el comunismo. Tras la caída de la URSS en 1991, Afganistán se sume en una larga guerra civil, de la que salen victoriosos los talibanes, uno de los grupos del integrismo islámico opositor al derrotado gobierno comunista.

11 de septiembre de 2001. El atentado de las Torres Gemelas marca un antes y un después en la estrategia estadounidense contra el terrorismo islámico, convertido ahora en la nueva amenaza internacional. Alegando vagas acusaciones, el entonces presidente Bush, secundado por la OTAN, se lanza a ocupar el país islámico, en el que Estados Unidos mantendrá su presencia hasta su retirada definitiva, en favor de los talibanes, en el verano de 2021. De vuelta al fundamentalismo islámico.

A lo largo de todos estos vaivenes históricos, la fragilidad de la situación de las mujeres ha sido una constante, que se ha exacerbado en los tres años de mandato talibán. El último informe del proyecto Afghan Witness, al que ha tenido acceso infoLibre, denuncia la vulneración de derechos humanos básicos, los escandalosos niveles de violencia de género y el progresivo borrado de las mujeres afganas de todos los ámbitos de la vida pública. “Nuestra investigación demuestra cómo los talibanes han eliminado sistemáticamente a las mujeres de la sociedad afgana, excluyendo a la mitad de la población de la red educativa, el mercado laboral, el sistema sanitario, las instituciones de gobierno, los medios de comunicación, el debate público e incluso las formas más básicas de vida social”, describe David Osborn, director del centro de investigación.

A partir de un análisis de fuentes abiertas, el informe recoge 700 casos de violencia de género denunciados a través de redes sociales y de varios medios digitales entre enero de 2022 y junio de este año. Las formas de agresión van desde detenciones y registros arbitrarios hasta violencia doméstica, matrimonios forzados, violaciones, tortura, esclavitud sexual, desapariciones y feminicidios. Los casos estudiados, la mayoría (422) responsabilidad de los propios militares talibanes, han dejado un total de 840 víctimas entre mujeres y niñas, 332 de ellas directamente asesinadas.

Entre las denuncias, por detrás de los asesinatos, repuntan los incidentes de violencia sexual (115), seguidos por diferentes formas de tortura y violencia no sexual (73) y por los arrestos (113), la mayoría como castigo por protestar contra el régimen o no someterse a las normas en aplicación sobre las mujeres.

“Los datos que hemos recogido son solo la punta del iceberg”, sostiene Osborn. El volumen de las denuncias demuestra que no se trata de casos aislados, sino de una realidad estructural más amplia, resultado de las políticas del régimen talibán, de acuerdo con su interpretación de la sharía islámica. “La violencia de género es un hecho cotidiano en todo Afganistán. Nuestros datos reflejan la impunidad de estas agresiones, a pesar de haber por lo menos 28 víctimas de violencia de género confirmadas al mes”, continúa Osborn.

Las tareas de documentación se ven también considerablemente impedidas tanto por la censura impuesta a los medios de comunicación, como por la brutal represión de las voces disidentes. “Muchas mujeres afganas han intentado hablar contra el régimen. Las activistas por los derechos de las mujeres que salieron valientemente a las calles cuando los talibanes tomaron el poder han sido arrestadas, asesinadas, encarceladas o han tenido que huir del país”, denuncia Osborn. Así, mientras el 88% de las protestas se llevaban a cabo en las calles en 2021, a día de hoy casi el 94% se realizan vía online, con la identidad y la ubicación en oculto para evitar posibles represalias del régimen.

La violencia contra las mujeres tiene muchas formas, algunas más evidentes que otras. Más allá de las agresiones físicas, las restricciones de sus derechos y libertades condicionan gravemente sus posibilidades vitales, así como las de sus familias.

Sin educación, no hay futuro. El veto educativo en escuelas y universidades ha afectado ya, según los datos de ONU Mujeres, a al menos un millón de niñas y jóvenes, que ven desaparecer sus posibilidades de desarrollo formativo y laboral a largo plazo. Sin acceso a la educación, se imposibilita su subsiguiente inserción laboral, lo que, además, coloca una presión social y económica insoportable sobre las mujeres, palpable en el aumento de las tentativas de suicidio, disparadas en los últimos meses. Tampoco se salva su derecho a la atención sanitaria, que solo pueden proporcionar otras mujeres, a las que paradójicamente se les niega una adecuada formación. La pescadilla que se muerde la cola. De nuevo, ONU Mujeres avisa de un previsible repunte de los casos de mortalidad materna, así como de la peligrosa bajada de la esperanza de vida general de las mujeres.

La resistencia de las mujeres afganas merece que no las releguemos al olvido como una más de esas noticias que terminan desapareciendo de las portadas. El olvido es otra forma de borrado, cómplice de la opresión sancionada por los talibanes. Combatamos su silenciamiento haciendo oír su voz.

La tasa de emancipación en España subió hasta el 17% en el segundo semestre de 2023, siete décimas más que en el primer semestre de 2023 y un punto más que hace un año, aunque 7 de cada 10 jóvenes que trabajan (70,4%) siguen viviendo en casa de sus padres, según la última edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), presentado este lunes, informa Europa Press.

Según destaca el informe, es el mejor dato de emancipación desde el primer semestre de 2020, cuando se desencadenó la crisis mundial causada por el coronavirus y, además, se encadenan cinco semestres seguidos de subida en la tasa de emancipación. No obstante, aún está lejos de las cifras alcanzadas antes de la pandemia, cuando el porcentaje de emancipación era del 18,7% y antes de la crisis de 2008 (26,1%).

Desde el CJE hacen una doble lectura de los datos. "Aunque nos emancipamos más, lo hacemos en peores condiciones, por lo que el resultado de mejora del porcentaje de emancipación no se puede celebrar", ha señalado en rueda de prensa la presidenta de la entidad, Andrea González Henry, para luego exigir mejoras en las condiciones de acceso a la vivienda y apelar a las administraciones para pedir que sea un tema de urgencia en la agenda pública.

"Nos emancipamos lejos de casa, obligadas por la falta de empleo digno en los lugares donde la vivienda es más asequible y por la falta de vivienda de calidad en los lugares donde se encuentra el empleo. Tenemos los alquileres más altos de la historia, es una de las razones por las que no nos emancipamos", ha reiterado González durante la presentación del informe, al tiempo que ha añadido que esta situación puede afectar gravemente a la salud mental.

En concreto, del documento se desprende que, a finales del año pasado, había en España 236.333 personas jóvenes más viviendo fuera del hogar familiar que un año antes. Esta mejora de la tasa de emancipación estuvo acompañada de una bajada de 1,08 puntos en la tasa de desempleo y de un aumento del 4% del salario mediano de una persona joven.

No obstante, el CJE advierte de que, a pesar de estas mejoras, hay distintos factores que podrían propiciar una bajada en la tasa de emancipación en el corto y medio plazo.

El primero de estos factores es el incremento en la edad media de emancipación, que se situó en 2023 en los 30,4 años frente a los 26,3 años de media en Europa. Además, la tasa de emancipación en España era 14,9 puntos más baja que la europea.

Otro factor es que en 2023 el precio de las viviendas en alquiler era el más alto de la historia: la mediana para un piso estándar se situaba en 968 euros al mes, 88 euros más que un año antes (un 10% más), por lo que los jóvenes deberían destinar el 92,1% de su salario. Los suministros, por su parte, sufrieron una subida de precio del 17,3% en un año. Estos precios han provocado que, pese a que haya un mayor porcentaje de personas jóvenes emancipadas, menos lo hayan hecho en solitario.

Si bien, tal y como refleja el estudio, ni siquiera alquilando una habitación en lugar de una vivienda entera las personas jóvenes se libran de dedicar el 30% de su salario a la vivienda (el máximo que recomiendan los organismos internacionales) pues, en España, el precio mediano de alquiler de una habitación era de 380 euros al mes, el 36,2% del salario neto mensual de una persona joven, un porcentaje que sube hasta el 40% en algunas capitales de provincia, como Málaga, Sevilla, Barcelona, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria o Palma de Mallorca.

Además, el informe revela que, a pesar de que la tasa de emancipación subió en el conjunto del Estado, hubo un total de cinco comunidades autónomas (Baleares, Extremadura, Región de Murcia, Navarra y La Rioja) en las que hay un menor porcentaje de personas jóvenes emancipadas que un año antes. Asimismo, se observan "grandes diferencias" entre las distintas autonomías, por ejemplo, entre Cataluña, con un 20,6% de jóvenes emancipados y Extremadura (13,6%).

La investigación también hace hincapié en la tasa de riesgo de pobreza y advierte de que 2023 cerró con un 31,2% de la juventud en riesgo de pobreza y exclusión social, un punto más que en 2022, siendo el segundo colectivo con mayor riesgo de pobreza, superado solo por la infancia.

Por otro lado, el estudio se refiere a los conocidos como ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan ni tienen capacidad para hacerlo) para puntualizar que "tan solo" representan el 2,1% de la juventud inactiva en España (un total de 70.831 personas).

Mientras, el informe destaca el aumento de los sisis, los jóvenes que estudian y trabajan a la vez, cuyo porcentaje subió del 32,9% en el segundo semestre de 2022 al 34,1% a finales de 2023, siendo más alto entre las mujeres (lo hacían casi cuatro de cada diez) que entre los hombres (tres de cada diez).

El técnico de investigación de CJE, Rubén Díaz, ha recalcado que la tendencia entre las mujeres es emanciparse en pareja o compartiendo vivienda, mientras que los hombres tienden a hacerlo en solitario.

Ante estos datos, el vicepresidente del CJE, Juan Antonio Báez, ha añadido que "es responsabilidad de las administraciones públicas dar una solución a la situación precaria de las personas menores de 30 años que en muchos casos se ven obligadas a salir de casa a pesar de tener que sobreendeudarse por la falta de trabajo en sus municipios o comunidades autónomas de nacimiento".

Báez ha asegurado que en España ser joven es un "factor de riesgo" y ha lamentado que se trata de una generación que "ha llegado tarde" a los "sueldos dignos" o incluso a poder plantearse tener hijos.

"Con estos datos, en este Día Internacional queremos reivindicar un cambio para que la situación no sea tan precaria. Hemos sido una generación que hemos llegado tarde. A los sueldos dignos, a emanciparnos jóvenes, a alquilar sin tener que endeudarnos, a pensar en tener un piso en propiedad –solo es posible acceder a una hipoteca si se ahorrase 4,4 años sin gastar ni un solo euro en nada–. Queremos saber cuando se aprobará el Estatuto del Becario, el bono de alquiler que por parte de las comunidades autónomas aún no se ha puesto en marcha. Pero necesitamos que los políticos escuchen a las personas jóvenes", ha concluido.

Entre las soluciones que el CJE considera que son necesarias, han puesto en valor la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional, que aseguran ha reducido, entre otros aspectos, la temporalidad.

"Hoy los jóvenes de Myanmar son testigos de cómo sus centros educativos, sus oportunidades vitales, se reducen a escombros", se lamenta el investigador Matt Lawrence en el último informe de Myanmar Witness, que revela hasta qué punto la educación se encuentra “atrapada en el fuego cruzado” entre el gobierno militar y los grupos disidentes, conflicto que ahoga al país desde comienzos de 2021.

Rebobinamos hasta noviembre de 2020. Myanmar, antigua Birmania británica, celebra sus segundas elecciones pretendidamente democráticas después de casi cincuenta años de dictadura militar (1962-2011). La presidenta Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz (1991), pero salpicada por las acusaciones de connivencia con el genocidio rohinyá, se prepara para la reelección de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), al frente del gobierno. No por mucho tiempo. La principal formación de la oposición, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), instrumento político del Ejército, se niega a aceptar los resultados de unas elecciones que califica de fraudulentas y privadas de libertad.

1 de febrero de 2021. El día que se constituye el nuevo Parlamento, las Fuerzas Armadas de Birmania, conocidas como Tatmadaw, protagonizan un golpe de Estado, encarcelando a Suu Kyi. El comandante en jefe de las Tatmadaw, Min Aung Hlaing, se autoproclama entonces primer ministro del país, cargo que ostenta de facto hasta el día de hoy.

La reacción civil no se hizo esperar. Miles de personas se echaron a las calles en protesta por todo el país. ¿La respuesta del nuevo gobierno golpista? Represión, arrestos y ejecuciones. La lucha política contra la junta militar se organizó en torno al recién formado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), heredero del ejecutivo depuesto, y a la Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF), su brazo armado. A este conflicto central, se suma una intrincada mezcolanza de enfrentamientos étnicos y religiosos. Y es que en Myanmar coexisten 135 grupos étnicos reconocidos y cinco credos religiosos principales, divididos en siete estados y siete regiones, con un estatuto especial para la capital, Naipyidó. Sin olvidar los intereses geoestratégicos en disputa de los dos gigantes asiáticos con los que hace frontera, India y China.

Desde ese convulso comienzo de 2021, el conflicto permanece activo y la escalada de violencia no ha hecho más que recrudecerse. ¿Cómo afecta toda esta violencia endémica al ya deficitario sistema educativo? La progresiva pérdida de control territorial de la junta militar se ha traducido en su instrumentalización de la violencia contra la población civil: bombardeos indiscriminados, violaciones sistemáticas de mujeres, persecución política, tortura, campos de trabajos forzados… Así lo confirmaba en marzo el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Thomas Andrews: "El declive de la junta militar, motivado por importantes pérdidas en el campo de batalla y una oposición ciudadana generalizada, ha llevado a una aumento vertiginoso de los ataques contra civiles, lo que subraya la necesidad de una acción internacional más contundente y coordinada".

El último informe de Myanmar Witness culmina, precisamente, una serie de investigaciones que documentan vulneraciones de los derechos humanos y daños infligidos a infraestructuras civiles protegidas por el derecho humanitario internacional: viviendas, instalaciones sanitarias, lugares de cultuto y, concretamente, centros educativos.

A partir de un análisis de fuentes abiertas, el informe evidencia daños cada vez mayores en la red educativa de Myanmar, con un total de 174 ataques a 133 escuelas y universidades desde el golpe militar hasta el 30 de abril de 2024. La mayoría, ataques aéreos, pero también con armamento pesado o como resultado de ofensivas terrestres e incendios. Además, casi la mitad han supuesto la destrucción completa o significativa de los centros afectados, provocando 64 víctimas mortales confirmadas y 106 heridos. Las escuelas de Sagaing, región considerada el epicentro del conflicto, son las que más daños han sufrido, con alrededor de un tercio de todos los incidentes, más frecuentes en las áreas fronterizas.

Estas cifras son solo una pequeña parte de la historia. Las fuentes del informe se limitan a imágenes de redes sociales y de noticias que muestran daños verificables, así como vídeos de ataques con drones, publicados por las PDF. Las fotografías seleccionadas exhiben escuelas con tejados derrumbados, estructuras quemadas y llenas de escombros, personas heridas… Un panorama desolador. Sin embargo, el propio centro de investigación reconoce la dificultad para cotejar y geolocalizar el contenido recopilado y, por tanto, ofrecer datos más completos.

Lo que sí incluye es un análisis más detallado de cuatro estudios de caso, que demuestran que la junta militar es la responsable de la mayoría de estos ataques y también de los más destructivos. "La junta es el principal impulsor de la violencia, la inestabilidad, el declive económico y la anarquía en el país", sentenciaba ya hace meses el relator especial de la ONU. Uno de los casos concretos analizados en el informe se produjo en noviembre del año pasado. Un asalto de las PDF a unidades militares de Myanmar en la Universidad de Loikaw sugiere que ambos grupos armados podrían estar utilizando las instalaciones educativas como bases, poniendo en peligro su protección en virtud del derecho internacional.

Más allá de los datos numéricos, está el presente y futuro de las víctimas del conflicto, la población civil. La destrucción de instalaciones educativas entraña el ensombrecimiento del futuro de los jóvenes y, por tanto, del país. “Atrapada en el fuego cruzado de los combates hay una generación de estudiantes a los que les están arrebatando las expectativas de acceder a la educación”, condena Lawrence. La educación es un derecho fundamental, el reservorio de la esperanza de un cambio a mejor. “Si no se protege la educación en todo Myanmar, la próxima generación corre el riesgo de dejarse llevar por el faccionalismo y la guerra, en lugar de por la esperanza y la razón”. Especialmente tras la puesta en marcha del reclutamiento forzoso de jóvenes por todo el país.

Las cicatrices de la herencia colonial nunca se han suturado y siguen abiertas, emponzoñando la sociedad y las estructuras políticas de Myanmar. Como ha ocurrido demasiadas veces con antiguos territorios coloniales, Occidente se desentiende una vez que se ha retirado, depositando la culpa en el atraso de esos pueblos empobrecidos y lejanos. La crisis en Myanmar es uno de tantos conflictos olvidados, que ya no están de moda y, como consecuencia, no tiene presencia en los medios convencionales. Lo que no se cuenta, no ocurre.

Sumergirse en la resignación no es una opción para ellos. Los miembros del think tank Ideas en Guerra creen que es “profundamente antidemocráctico” que haya un número creciente de personas sin esperanza en el futuro y han pasado a la acción. Forman parte de una juventud crítica, heredera del movimiento 15M que zarandeó el tablero político nacional hace 13 años. Son investigadores, estudiantes y graduados en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Periodismo, Sociología o Derecho; y provenientes de diferentes militancias, culturas políticas y preferencias partidistas, pero que comparten una mirada común y han decidido apostar por un proyecto: dar forma a un Manifiesto por el Bienestar. “Somos un think tank de carácter progresista, laborista y verde. Un espacio multidisciplinar que combina el estudio en torno a distintas áreas de trabajo con la acción práctica y nuestro objetivo fundamental es construir un relato alternativo que promueva nuevas oportunidades en favor del cambio social”, explica a infoLibre Ángel Muelas, codirector de Ideas en Guerra.

Han elaborado “un diagnóstico de la realidad política y social” de España, “pero que es extrapolable a nivel global”, y que les lleva a sostener que “el contexto social y político está atravesado por la incertidumbre y por un malestar ascendente, que es aprovechado por las fuerzas reaccionarias”, resume. “Cada vez son más –agrega– las personas que viven en riesgo de pobreza, y la desigualdad y la brecha entre ricos y pobres aumentan, a pesar de que hay datos para la esperanza. En la última década los precios de los alquileres han subido de media un 77%, el de los alimentos en los últimos tres años un 33%... Todo esto hace que haya un malestar social y que en muchas ocasiones este se traduzca en un malestar político”, incide. Y hay más. El 1% de la población a nivel mundial tiene la misma riqueza que el 66% más pobre; y la confrontación política y el hartazgo de la ciudadanía no paran de expandirse. Sin embargo, la mayor victoria del sistema capitalista es, para Ideas en Guerra, el “haber logrado que donde antes se enfrentaban quienes menos tenían con quienes más, ahora se enfrentan quienes pertenecen al 66%”, junto a la “desconfianza política global” que se ha generado y “que es canalizada por los movimientos de la ultraderecha capitalista y neoliberal”.

Ante esto, a juicio de Muelas, “generalmente la única respuesta han sido pequeños ajustes o medidas compensatorias, es decir, un mismo modelo del Estado del bienestar y unas mismas reacciones”. Pasos insuficientes, en su opinión, dado que defienden que lo que hay que hacer es “repensarlo”, porque “no puede ser redistribuir migajas, sino que debe ser una forma de democratizar y organizar la sociedad en la que los ciudadanos tenemos el derecho a vivir bien”. “Necesitamos abrir la conversación sobre los derechos y su conquista, porque muchas veces los damos por hechos y no. Hay que plantear un horizonte alternativo que conecte con la mayoría social, que dé respuesta a sus inquietudes, a través de la clave que habita en el concepto de bienestar. Tenemos derecho al buen vivir. El bienestar va ligado a la democracia y queremos abrir esta conversación”, arguye Muelas.

Con ese objetivo surgió la idea del Manifiesto, que ha coordinado la politóloga y economista Katrina Calderón, en el que han logrado implicar a una hilera de referentes en varios ámbitos como Unai Sordo, secretario general de CCOO; Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo del mismo sindicato; Jaime Caro, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid; Luis Esteban, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y coordinador del área de economía social y solidaria de Ecooo; Laura Barrio, socióloga y activista por el derecho a la vivienda en Madrid; o Javier Rubio, licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas. A ellos se suman Irene Rubiera, activista y abogada ambiental con Ecologistas en Acción; Héctor Tejero, doctor en Bioquímica y Biología Molecular, activista climático y responsable de Salud y Cambio Climático en el gabinete de la Ministra de Sanidad; Héctor Escudero, ingeniero técnico agrónomo, especializado en Economía y Política Agraria; Margarita Guerrero, directora general del Injuve; Alejandro Román, economista y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid; Ana Bueriberi, periodista, activista y comunicadora digital; y Julen Bollain, doctor en Estudios sobre Desarrollo, profesor e investigador en el Departamento de Economía y Finanzas de Mondragon Unibertsitatea.

De su mano, han armado el Manifiesto por el Bienestar en torno a cuatro ejes de medidas posibles y urgentes: trabajo, vivienda pública, planificación ecológica, y participación y cultura democrática. Dentro del primero abogan por la reducción de la jornada laboral, por agencias de control de legalidad sobre la configuración de los algoritmos y la Inteligencia Artificial (IA) en todo lo que afecta a las relaciones laborales; o por un Pacto Estatal e Integral de los Cuidados, que han de ser un asunto público, no privado ni de las mujeres. Proponen que el sindicalismo vuelva a la ofensiva, o que la economía social y la democracia empresarial pasen a ser pilares principales de una nueva concepción del Estado del Bienestar, entre otras cuestiones.

Por lo que respecta a la vivienda, avisan en su documento de que el sistema de acceso a ella “funciona como en una centrifugadora social que afecta ya a un tercio de la población” y los precios se han convertido en un factor esencial de desigualdad y del inicio de procesos de exclusión social para muchos hogares. En ese escenario, la vivienda de protección oficial se ha orientado mayoritariamente hacia la compra, de tal manera que los casi siete millones de VPO que se calculan construidas entre 1952 y 2016 en España “se han transformado en viviendas libres al decaer su régimen jurídico protegido por el transcurso de los años establecidos para ello”; mientras que los inmuebles de alquiler público son una figura casi residual, con apenas 275.000 –el 1,5% del parque total de viviendas, frente a la media en Europa que es del 15%–. España es el duodécimo país de la UE con menos vivienda pública en relación a su población, al no llegar a una por cada 100 habitantes. Por el contrario, Países Bajos (12), Austria (10), Dinamarca (9,5), Suecia (8), Reino Unido y Francia superan holgadamente la media de la Unión (4). Advierten, asimismo, de que “la ola especulativa” no se ha detenido en el alquiler, sino que la “sofisticación mercantil” ha llevado incluso a reparcelar casas para obtener varios mini pisos, reconvertir locales y garajes en zulos, subarrendar habitaciones y camas por horas o hasta a alquilar balcones en zonas de las ciudades más tensionadas.

En relación a la planificación ecológica, entienden que el reto de las próximas décadas será cómo asegurar niveles de bienestar elevados para la inmensa mayoría, a la vez que no se sobrepasan los límites ecológicos que impone una naturaleza finita. En el Manifiesto se recoge que “la crisis climática es ya una crisis de salud pública y como tal es reconocida por la OMS –Organización Mundial de la Salud– como la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI”. Junto a esto, cada año, la fecha en la que se consumen los recursos disponibles para ese periodo llega antes, con lo que se están “copando los recursos de las generaciones futuras”.

En cuanto al bloque de igualdad y participación pública, se insta a fomentarlas, a permitir el derecho a voto de las personas migrantes con residencia en el país y a las personas de 16 y 17 años; y a acabar con la inequidad educativa y los problemas estructurales que lastran la vida de la gente común. “La discriminación étnico-racial, la brecha de género, la exclusión del colectivo LGTBIQ+ y los desafíos en la regularización de personas migrantes representan barreras significativas para alcanzar un Estado del Bienestar verdaderamente inclusivo y equitativo”, se mantiene en el documento, consultado por infoLibre.

Para los artífices de esta iniciativa, la desigualdad no sólo afecta a la estabilidad económica y social, además “socava los principios fundamentales de igualdad de oportunidades y de justicia social”, por lo que sugieren la implementación de una renta básica “que garantice la existencia material de toda la ciudadanía” y que se financie “a través de una reforma fiscal progresiva que beneficie a la gran mayoría social”.

“Este proyecto une a muchas personas que se han puesto de acuerdo en torno a esos temas fundamentales. Todos comparten la idea general de que tenemos derecho a vivir mejor. Hemos buscado dónde están las voces más legitimadas del mundo activista, político o académico para trabajar estos asuntos y hemos contactado con ellos para que aportaran su saber colectivo”, sintetiza Muelas. Y engarza rápido. “Pero es un proyecto abierto, que queremos que suscite una conversación pública sobre el derecho al buen vivir, a tener una vida plena y con nuevos derechos. Es un proyecto que aspira a ser el inicio de ese futuro del bienestar que nos merecemos y confiamos en que tenga un largo recorrido”, asevera.

De momento, presentarán el Manifiesto del Bienestar este miércoles 8 de mayo en un acto en el que se prevé la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el Espacio Ecooo de Madrid.

La ley más importante que un gobierno promulga cada año es la de presupuestos. Una ley que establece las prioridades y determina el destino de los recursos que son de todos, y porque tiene capacidad de condicionar también el destino de los privados.

Solemos otorgar mucha importancia, que la tiene, a que las personas adquiramos conocimientos suficientes para tomar decisiones informadas y para gestionar nuestras finanzas personales. No se la otorgamos tanto a que los adquiramos para tener un mínimo criterio para siquiera opinar sobre la administración de las finanzas que son de todos. Finanzas de todos sobre las que nos preguntan cada cuatro años para que elijamos entre las diferentes candidaturas postuladas a administradores de lo común. Se nos presupone que entendemos las implicaciones de las ofertas disponibles en el mercado electoral. Un mercado en el que estamos invitados a participar cuando cumplimos 18 años, y sobre el que existe un debate muy relevante sobre si no deberíamos poder participar ya con 16.

Frank H. Dixon fue un economista estadounidense cuya línea de pensamiento subrayaba la importancia de los factores históricos, sociales e institucionales que condicionan las “leyes” económicas, aquellas que rigen la producción, la distribución, el cambio y el consumo de los recursos en los diferentes estados de desarrollo de las sociedades; aquellas que expresan las relaciones más esenciales, más estables, y que describen las causas y las consecuencias de los fenómenos y los procesos de la economía en la sociedad.

Dixon argumentaba que gran parte de las relaciones económicas no son inmutables, sino que están condicionadas por el momento histórico, por la actuación de las instituciones y por el contrato social existente en cada momento entre los ciudadanos.

El contrato social vigente hoy —el del Estado de Bienestar al que España se incorporó tarde— bien merecería una actualización porque el mundo ha cambiado, está cambiando y más que va a cambiar. Quizá las trazas de anacronismo que se adivinan son más de carácter interpretativo que explícitas o literales, más relacionadas con los algoritmos mentales de sus intérpretes, que son esos administradores a quienes elegimos democrática y periódicamente.

En su escrito “The Teaching of Economics in the Secondary Schools” de 1898, Dixon arranca recordando que “la función principal de la Educación secundaria es enseñar a los hombres y las mujeres a ser ciudadanos” y relega a una función secundaria la preparación para la Universidad. Nuestra RAE define el término ciudadano como una “persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a su vez a sus leyes”. Las personas de 16 años, ¿son ciudadanos? Parece que para unas cosas sí, pero para otras no.

El Censo de población y viviendas nos informa de que en España hay algo más de 850.000 personas de 16 y 17 años, una cifra equivalente a toda la población de la provincia de Tarragona, y al 2,3% del tamaño del actual censo electoral (34,8 millones del CER y 2,1 millones del CERA). 

Con 16 años una persona en España ya puede iniciarse en muchas actividades asociadas a la vida adulta (como emanciparse y trabajar, con todo lo que ello implica; o dar consentimiento médico), y también está obligada a tomar decisiones con implicaciones en el largo plazo (como la elección de itinerarios formativos vinculantes), pero no se le permite emitir su opinión y que esta sea tenida en cuenta. 

La ausencia de voz y de voto sin intermediarios ni interpretaciones de administradores electos de ese colectivo que se encuentra entre dos aguas no es inocua. Por un lado, provoca que los asuntos de los que son o serán pronto protagonistas, los que les condicionan, coartan o comprometen sus capacidades y oportunidades para satisfacer sus necesidades presentes y futuras (aludiendo a la definición de sostenibilidad de la que hablé en “Ya lo dijo Brundtland”), estén muy ausentes de las agendas, de los menús electorales y, por lo tanto, de los presupuestos. Por otro lado, esta ausencia por mudez impuesta puede provocar desapego y desmotivación, unos sentimientos que no nos podemos permitir y que deberíamos mitigar.  

Con 16 años ya pueden votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo los y las jóvenes de 16 años de Alemania, Austria, Bélgica y Malta (Grecia, con 17). De hecho, la legislación de la Unión Europea permite a los Estados miembros fijar su edad mínima nacional de voto para las elecciones europeas. Me parece una estupenda oportunidad de sana experimentación y de ampliación de derechos a la que, en España y hasta el momento, hemos renunciado. 

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Verónica López, consultora de Economía Aplicada de Afi .

Un doble y distinto efecto bola de nieve parece atravesar la economía española: la banca y las grandes empresas han registrado para la historia cifras de récord en los últimos meses, mientras otro plano, el que atañe a la realidad social de algunos colectivos, se ha complicado. Las entidades bancarias han obtenido significativos beneficios, incluso a pesar del impuesto extraordinario impulsado por el Gobierno de coalición al que han tenido que acomodarse. El Ibex 35, de su lado, ha cerrado noviembre con una revalorización del 11,54%, lo que supone el mejor dato mensual desde 2020 -aquel noviembre llegó al 25,18%, tras meses de depreciaciones provocadas por la mordedura de la pandemia-. El selectivo español ha acumulado en lo que va de año una subida del 22,23%, con lo que se han recuperado niveles de febrero de 2020. Pero es que ha arrancado diciembre con un alza del 0,6%, hasta situarse en los 10.118,5 puntos, máximos desde 2018.

Por lo que respecta a las empresas no financieras, los indicadores de éstas disponibles en las bases de datos de la Central de Balances del Banco de España, marcan que en el tercer trimestre de este año, el 63,9% han aumentado la cifra neta de negocio, el 2,5% la ha mantenido y el 33,6% la ha disminuido. Además, han elevado el valor añadido bruto el 66,4% de ellas, lo han bajado el 33,1% y el resto lo ha conservado.  

Mientras en esa orilla se exhiben marcas históricas, existe otra capa, la de los hogares y los jóvenes que intentan armar uno, con bradicardia. Medidas como la reforma laboral y los sucesivos ascensos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han mejorado la situación de temporalidad y de bajos salarios que afecta a la juventud, pero la edad media en la que ésta puede irse de casa de sus padres en España se ha situado a finales de 2022 en los 30,3 años, de acuerdo a lo analizado por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Esto es, según lo fijado por Eurostat, los jóvenes como tal no se emancipan.

El porcentaje de personas que han logrado vivir fuera del hogar familiar es de 15,9% respecto a toda la población joven, una cifra que no llega a la mitad de la media de la Unión Europea (UE), que se ha acercado al 40%, en detalle ha sido el 31,9%, a la luz de los datos que maneja el Consejo, y que ligan a que los precios del alquiler superan más del 80% del salario medio de una persona joven. Otra cuestión a tener en cuenta es que poseer estudios superiores ya no garantiza poder dejar el núcleo familiar primigenio. Tan sólo el 22,9% de los jóvenes que habían completado enseñanzas de formación profesional de nivel superior o estudios universitarios se habían podido emancipar. Tampoco contar con un trabajo es sinónimo de poder acceder a una vivienda, comprada o alquilada.

Pese a que el salario medio de una persona joven se ha expandido un 4,6% -13.079,19 euros netos al año o 1.089,93 al mes-, el precio de las viviendas en alquiler lo ha hecho un 7,55%. Así, la renta media anotada en el estudio es de 912 euros. Esta cifra supondría que, para pagar un alquiler en solitario, un trabajador joven tendría que dedicar el 83,7% de su sueldo, cuando lo recomendado por los expertos es que no supere el 30%. Eso, unido a los 141 euros de media que cuestan los suministros y servicios habituales como los recibos de agua, luz o gas, acrecentarían la cuantía hasta los 1.053 euros al mes. En definitiva, el 96,6% del sueldo tendría que asignarse a la vivienda, con lo que el o la joven con un salario medio sólo dispondría de 36,93 euros al mes para gastar en otras cuestiones como alimentos, ropa u ocio, según los cálculos del Observatorio.

En ese contexto, alquilar habitaciones es una opción. A finales de 2022, esto implicaba pagar 282,19 euros, el 25,9% del salario medio joven. Los que optaron por la alternativa de pedir una hipoteca tampoco lo han tenido fácil. La entrada media de una vivienda se ha colocado en 49.852,20 euros, el equivalente a 3,8 años completos de sueldo de alguien que tuviera menos de 30 años, con un importe medio de la primera mensualidad de 661,33 euros, el 60,7% del sueldo medio. 

Es más, una de cada cinco personas de menos de 30 años con un puesto de trabajo se ha encontrado en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Mientras en 1987, tres salarios anuales completos bastaban para adquirir una vivienda, la actualidad apunta a casi nueve, lo que es un 200% más, según datos del Banco de España.

Hay otro estudio rotulado Finanzas de los hogares 2000-2022, de la Fundación Afi, elaborado por Ángel Berges y Daniel Manzano, que confirma algunas brechas. De una parte, se asevera que España sólo ha podido mantener su nivel de renta bruta disponible per cápita “en términos reales durante lo que llevamos de siglo, definiendo una referencia (17.236 euros en 2022) significativamente alejada del nivel medio de la zona euro (23.648 euros) con quien ha aumentado la brecha, como también lo ha hecho con países como Alemania y Francia, que ya ostentaban una renta muy superior”. En términos de unidad familiar, la evolución que ponen de manifiesto las sucesivas olas de Encuestas Financieras a las Familias, “es todavía más adversa”, se sostiene en el informe, “a lo que no es ajeno la reducción del tamaño medio de los hogares españoles que ha tenido lugar”. “Ni en media (casi 37.000 euros en 2020), ni en ninguno de los percentiles de la distribución (mediana de 28.500 euros)”, señalan los autores, “se habría recuperado el nivel de renta disponible por hogar en términos reales de inicio del siglo”. A esa lejanía de Europa hay que enlazar, de otra parte, que dentro de los propios hogares españoles “se ha producido también una ampliación de la brecha generacional”, se constata.

Son los hogares con cabeza de familia mayor de 65 años los que “han experimentado un crecimiento en su renta desde 2005, sin haber sufrido caídas con la crisis de 2008, lo que sí sucedió, sin embargo, para todos los demás tramos de edades”. Algo que los autores relacionan con las políticas de protección de los ingresos por pensiones. Por el contrario, la renta del resto de hogares, aún no ha recuperado los niveles en términos reales previos a 2008. En el mencionado documento se corrobora que los jóvenes se independizan menos, y que, cuando deciden o consiguen hacerlo, “reciben menor renta que los que lo hacían a principios de siglo”.

En la misma línea, se destaca que sólo los tramos de edad superiores a 65 años “han mejorado con claridad su nivel de riqueza en términos reales a lo largo de estas dos décadas”, así como que el 10% de hogares con rentas más elevadas “acaparan prácticamente el 50% del total de la riqueza financiera" de aquéllos.

Y el futuro inmediato no se prevé con potencia de cambio para esos sectores de la economía real. El tipo medio de las hipotecas que estaban pendientes de pago en enero de 2022, las vivas, apenas superaba el 1%, a la luz de los datos mensuales que publica el Banco Central Europeo (BCE). En el pasado mes de septiembre, en cambio, tras las escaladas del euríbor, ese porcentaje ya había crecido en casi 2,5 puntos, hasta rondar el 3,5%. Con todo, el Banco de España ha confirmado que el euríbor a doce meses ha descendido en noviembre al 4,022%, lo que supone la menor tasa mensual desde junio y su segunda caída desde diciembre de 2021.

Si se coloca la lupa en el precio del alquiler, noviembre ha cerrado con una dilatación del 0,7% respecto al mes anterior, lo que ha situado el precio del suelo en 11,9 euros por metro cuadrado, es decir, un 9,2% más caro en tasa interanual, según datos de Idealista. Las rentas se han acrecentado en nueve de las diecisiete comunidades autónomas del país, siendo en Andalucía, Galicia y Asturias donde se han contabilizado las mayores alzas, de 2,1%, 1,5% y 1,1%, respectivamente. A todo lo anclado hay que añadir que la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) vaticina una nueva oleada de desahucios.

Generación Z, posmilénica, centúrica e incluso “generación de cristal”. A los nacidos entre mediados de los años 90 y principios de la década de los 2000 se les ha bautizado de múltiples maneras, como muchas son también las líneas que se han escrito sobre su manera de ser y de comportarse. Fruto de un planeta globalizado y superexpuestos a las redes sociales, se dice de estos nativos digitales que están más comprometidos y concienciados que nunca. Hablan abiertamente sobre salud mental, luchan por sus derechos y buscan preservar el medio ambiente.

Al menos, a grandes rasgos.

Frente a esta corriente que, según los expertos consultados por infoLibre, sigue siendo mayoritaria, está surgiendo otra, menor, que se opone a todo ello. Un sector que va creciendo y cuyos ideales están lejos de lo hasta ahora dicho: se identifican con la derecha y la extrema derecha, apenas les interesan los movimientos sociales, mucho menos el feminismo, y anteponen el crecimiento económico a la lucha contra el cambio climático. Y la mayoría son hombres.

De acuerdo con un reciente estudio elaborado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO, el conocido como CIS catalán, los varones de la Generación Z son los que menos interés expresan por las movilizaciones y protestas sociales que se han producido en los últimos años. Ni el procés, ni los derechos laborales, ni la crisis de la vivienda les seducen, una actitud especialmente alarmante en el caso del feminismo. Movimientos como el #MeToo o casos como la violación múltiple de La Manada sólo interesan al 29% de los hombres. Aunque la media de la población general no está muy por encima, sí contrastan especialmente con la opinión de las mujeres de su edad. Ellas tampoco están por la independencia catalana, pero tienen el foco puesto en el resto de movilizaciones y al menos la mitad ha participado en alguna manifestación en el último año.

“Es un poco obvio que el feminismo interese más a las mujeres, como los temas raciales interesan más a la población negra, pero al mismo tiempo vemos que hay una minoría que reacciona en contra”, destaca el sociólogo Josep Maria Antentas, profesor de Sociología la Facultad Pere Tarrés de la Universidad Ramón Llull. ¿El motivo? La masculinidad se siente cuestionada y desestabilizada. “Cuando algo se convierte en el discurso oficial, siempre hay una parte que reacciona contra lo políticamente correcto porque se siente amenazada. Hay jóvenes y adolescentes en proceso de crecimiento y maduración que creen que se les cuestiona como hombres”, explica.

De acuerdo con este experto, se trata de una “minoría creciente” que requiere “estar atentos”. “Seguramente hay más adolescentes hombres que nunca preocupados por las relaciones de género, pero esto coexiste con otra tendencia en contra y aquí también se enmarca la habilidad de la extrema derecha de moverse en este terreno”, advierte.

El mismo estudio refleja el repunte de las posiciones de derecha y extrema derecha en la Generación Z, especialmente entre los hombres, donde se ubican el 15% y el 9% de ellos, respectivamente. Aunque siguen siendo más quienes se consideran de izquierda, esto supone un cambio sustancial respecto a generaciones anteriores, entre las cuales los partidarios de la ultraderecha no superan el 5%. Además, contrasta especialmente con los datos de las mujeres jóvenes. Entre ellas, la extrema derecha también crece, pero más limitadamente, y son el grupo generacional que más se identifica con posiciones de izquierda: el 56% lo hace.

Pero no se trata sólo del eje ideológico. También las actitudes sociopolíticas de la Generación Z revelan una brecha de género. El 30% de los chicos ve la inmigración como un hecho negativo hasta el punto de que "uno ya no se siente como en casa”, mientras que sólo un 17% de las chicas tiene esa opinión. Algo similar ocurre cuando se les plantea si las personas trans deberían poder cambiar de sexo sólo con un informe psicológico favorable, sobre si una menor embarazada debe poder abortar sin el permiso paterno o si la ley siempre, en cualquier circunstancia, debe ser obedecida. En todos estos casos, las mujeres de la Generación Z se muestran más progresistas, mientras que sus compañeros tienen posiciones más conservadoras. Incluso en materia medioambiental.

La generación artífice del movimiento ecologista Fridays for Future, protagonista de un activismo inédito contra la emergencia climática, también tiene fisuras. El 35% de los hombres jóvenes piensa que el crecimiento económico debe tener prioridad sobre la protección del medio ambiente, lo que los convierte en el grupo de población más radicalizado en este asunto. Es más, también son el colectivo que menos angustia, rabia o tristeza siente por la emergencia climática, por debajo de la llamada generación silenciosa —nacidos entre 1928 y 1945— y los baby-boomers –entre 1946 y 1964—.

A juicio de Antentas, el que los hombres estén menos inquietos por el medio ambiente se explica por la desigualdad de género. “Todo lo que tiene que ver con los cuidados sigue siendo un tema más femenino. El preocuparse por los otros, por el mundo que dejamos y por cuidar del medio ambiente tiene más que ver con la empatía femenina y conecta más con los valores del ecologismo que con la masculinidad tradicional”, subraya. También la “ecoansiedad” afecta cada vez más a mujeres jóvenes. “Si nos fijamos, incluso los movimientos de consumo responsable y las políticas de cero residuos son más femeninos que masculinos. Debido a las desigualdades sociales, todo lo que tiene que ver con los trabajos del hogar y las labores cotidianas sigue siendo femenino”.

Con todo, el profesor insiste en no perder de vista que este tipo de actitudes siguen siendo minoría. “El incremento del discurso antiecologista o antifeminista no nos tiene que hacer perder la imagen general. Estos temas son más populares que nunca, pero es cierto que también aumentan los discursos contrarios”, afirma. 

Más allá de la brecha de género, esta fotografía es resultado de la polarización. Según Antentas, la población se ha ido aglutinando en los extremos fruto de las múltiples crisis que han sucedido a la de 2008 y, frente a movimientos como el 15M, el Occupy Wall Street, el Fridays For Future o las protestas feministas, la ultraderecha ha ganado terreno. “La crisis y la descomposición de nuestro modelo social han llevado a tendencias contradictorias. En algunos momentos la polarización hacia el lado más democrático ha sido más fuerte y ahora ha cogido fuerza la extrema derecha”, sostiene.

Este contexto se ha trasladado también a las generaciones más jóvenes, donde las posiciones más conservadoras parecen estar enraizando como reacción a un “malestar” generalizado. Según este especialista, eso los diferencia de los Millennials”—nacidos entre los años 80 y mitades de los 90—, que crecieron en un momento de “ilusión y esperanza de cambio” por los movimientos sociales surgidos tras la crisis económica. Los jóvenes actuales, en cambio, “todo lo que han conocido son crisis encadenadas, financieras, una estabilización mal hecha, la pandemia o la guerra de Ucrania”. 

“Nos hemos topado con una realidad mucho más testaruda y no con el clima de ilusión que tenían aquellos movimientos que conllevaban una idea de cambio rápido y fácil, como podían ser las primaveras árabes o incluso el procés”, continúa el sociólogo. Estos movimientos, dice, “pusieron sobre la mesa problemas con una fuerza impensable, pero no han conseguido implementar los cambios que perseguían. La situación se ha ido pudriendo socialmente y queda la resaca”. 

A falta de un movimiento global que capitalice el descontento, la cura de esta “resaca” se ha convertido en una tarea individual. “Y cuando el malestar se cuece en casa, es muy fácil que derive en insolidaridad”, alerta Antentas. Cita como ejemplo contrario lo sucedido durante la primera etapa de la crisis económica de 2008, cuando la irrupción del 15M “bloqueó”, durante varios años, el avance de la extrema derecha. “Si en unos meses hubiera un estallido de movilizaciones por parte de jóvenes, se frenaría la contratendencia conservadora porque la mayoría marcaría el paso a la minoría. En estos momentos, el debate sobre el ecologismo, las desigualdades o el feminismo está en el ambiente, pero no hay un gran movimiento que sacuda socialmente, por eso los sectores en contra van ganando terreno”, opina.

Algo especialmente alarmante teniendo en cuenta que, tal como se desprende del mismo estudio, los jóvenes y adolescentes actuales son la generación que se siente peor informada al vivir en un mundo inundado de noticias falsas y en el que la inteligencia artificial a menudo complica discernir lo que es cierto de lo que no. “Un caldo de cultivo perfecto para que la extrema derecha logre colar sus mensajes con éxito”, concluye Antentas. 

Por eso quiero desde aquí alabar lo que hace infoLibre en este espacio de libertad, sin limitarlo a esas cuatro líneas escuetas, llamado Librepensadores. Yo creo que es el único espacio, con un apartado muy claro, para exponer nuestras ideas sobre lo que pasa y lo que pasará. Y con la libertad de que no se cortan líneas por falta de espacio o porque no son políticamente aceptadas. Además, también hay que decirlo, con cierta calidad literaria de muchos de sus autores, que se agradece en el mundo de la anticultura y el insulto.

Todo esto lo alabo porque creo que la opinión de la persona anónima, cuyos apellidos no están ligados a una profesión determinada, como periodista o escritor afamado, también deben interesar a los políticos y aquí se expresan con esa libertad que creemos tener pero que en el fondo está dirigida con mucha inteligencia por esos fondos buitre y grandes poderes económicos que hoy van robando nuestra humanidad, nuestra pequeña libertad de expresión y nuestra intimidad para hacer de nosotros unos seres manejados por el único poder, el dinero que ahora le llaman mercado porque nadie identifica quién o qué es el mercado. Y simplemente es ese poder anónimo en sus nombres pero que manejan medios, políticos de cualquier ideología y jueces, para someternos poco a poco a base de entretenernos con los clásicos “Sálvame” que surgen cada día con la intención de que no pensemos en un futuro incierto que trae una tecnología que lo cambiará todo. Y que, a propósito de ello, no sé si no nos damos cuenta de que ningún partido político nos ha explicado qué van a hacer con ese empleo que cambiará todo y dejará a tanta gente en la cuneta o con esa moneda digital que limitará nuestra aún pequeña intimidad para dominarnos creyendo que tenemos democracia, cuando esa palabra ha perdido excesivo valor si la analizamos bien. Nos pasamos el día comentando lo malo que es el otro y lo bueno que soy yo. Pero no leemos sus programas, que es lo interesante. ¿Alguien ha oído a Feijóo o a Ayuso hablar de sus planes de futuro desde la perspectiva de gobernar?, Ni una sola palabra, lo que me hace creer que hoy el voto, y hablo principalmente de la derecha española, es solo contra el que gobierna, porque a ellos les interesa más estar en ese poder. 

Pero, además de este espacio que nos proporciona infoLibre, hay algo que echo de menos en esta sublevación contra el poder reinante, una juventud protestando y haciendo ruido. Lo único que los gobiernos temen es el ruido en la calle, la protesta bien urdida y con razones incuestionables como hoy existen, pero hoy son los principales objetivos de ese gran poder del llamado mercado a base de esas pantallas que les han sometido con una enorme falta de liderazgo que en algún momento existió para mover conciencias. Es esa juventud la que siempre quiso cambiar el mundo por las eternas injusticias, la que no se mueve porque bastante tienen con sobrevivir a un mundo que no se ha ideado para ellos. Por eso deberían estar en la calle, esa que hoy ocupan, de forma increíble, las derechas ultras haciendo el trabajo sucio a los que nos dirigen hasta nuestros pasos y costumbres. Algo tan absurdo es lo que hoy se mueve en un siglo XXI sin escrúpulos, ni asomo de comportamiento ético. 

Por todo ello, desde este espacio de credibilidad insto a los medios libres, que ya quedan muy pocos, a que llamen a los jóvenes a sus protestas de siempre, porque su futuro depende únicamente de ellos. Y a aquellos que utilizan el YouTube para transmitir las verdaderas ideas que circulan, que son varios y que tienen enorme audiencia, para que les transmitan el verdadero papel que siempre tuvieron. Porque ver el espectáculo zombi de una no legislatura incapaz de hacer amigos porque vive de tener enemigos exclusivamente, acaba con la paciencia de cualquiera con ganas de cambiar cosas en el momento más crítico de la historia para cambiarlo todo. Y la juventud puede hacerlo, si despierta.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.