España se encuentra entre los primeros de una lista 62 países –37 Estados miembros y 25 socios– de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en integridad de su sistema judicial. La organización internacional con sede en París ha analizado los indicadores de anticorrupción de la judicatura y la Fiscalía española, y coloca a ambos cuerpos por encima de la media de los Estados analizados. El informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, publicado el pasado 24 de marzo considera, en contra de la apreciación de gran parte de la derecha política y judicial y de las asociaciones corporativas, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "un órgano independiente", según las normas del organismo que, junto a la Comisión Europea y el Consejo de Europa, evalúa periódicamente la calidad de la democracia.

Las conclusiones que alcanza el documento sobre la integridad de la judicatura, la Fiscalía y sus órganos de gobierno coloca a España por delante de otras grandes economías europeas como Italia, Francia o Bélgica. Mientras que en los indicadores relativos al funcionamiento de la judicatura la coloca en décima posición, en los del Ministerio Público aparece en el décimosegundo puesto. En el apartado reservado a los jueces se cumple el 88% de los criterios sobre normativas de integridad judicial, criterios que, en la práctica, se implementan al 64%. La media de los países analizados en este campo se sitúa en el 66% y el 45%, respectivamente.

La OCDE valora la regulación constitucional de los miembros del Poder Judicial que, según la norma fundamental son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". También que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) garantice esa inamovilidad y establezca "las causas objetivas de su cese". Esa misma norma legal "establece que la selección y promoción de los jueces debe basarse en procedimientos objetivos y basados en el mérito, incluyendo exámenes", prosigue el documento.

El análisis sobre integridad y anticorrupción también se refiere al CGPJ, "el órgano encargado de decidir sobre el nombramiento y promoción de los jueces". El Consejo, continúa el informe, "es un órgano independiente según las normas de la OCDE". La afirmación contrasta con la visión de la derecha judicial y política, que considera que la institución está politizada e instrumentalizada por los partidos que proponen a sus miembros. Las organizaciones judiciales conservadoras –todas salvo Juezas Jueces para la Democracia– al igual que las formaciones políticas de derechas, proponen como solución que los 12 vocales procedentes de la carrera de los 20 que integran el órgano sean elegidos directamente por la carrera sin intervención del Parlamento. Sin embargo, lo que avala la OCDE es el sistema parlamentario de renovación actualmente vigente, el preferido por el Gobierno y la asociación judicial de izquierdas.

Otro de los aspectos que subraya el documento es la existencia de un código de principios de ética judicial, que el Consejo aprobó en 2016, así como el hecho de que la ley regule "una lista de incompatibilidades que deben observar los jueces y las situaciones que pueden dar lugar a conflictos de intereses". Sin embargo, la OCDE afea que la normativa solo obligue a presentar declaraciones de intereses a "los miembros de los máximos órganos del Poder Judicial". "Mientras las declaraciones de todos los miembros del CGPJ están disponibles en línea, las declaraciones de intereses de los magistrados del Tribunal Supremo no son públicas", advierte.

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general, los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

Por último, el documento valora la existencia de un canal interno de denuncias de irregularidades, "que permite a las personas denunciar conductas indebidas". Los denunciantes están protegidos por la Ley de Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción, aprobada en febrero de 2023. "El sitio web del canal de denuncias contiene información sobre los derechos de los denunciantes, los procedimientos para denunciar conductas indebidas y los datos de contacto para presentar las denuncias", subraya el documento.

La valoración de la integridad de la Fiscalía es algo menor, pero también muy alta. El Ministerio Público español cumple con el 76% de los criterios normativos anticorrupción, que se cumplen en la práctica al 74%, según la OCDE. Dichos porcentajes también se colocan por encima de la media de los 62 países analizados (66% y 52%, respectivamente) lo que sitúa a España por encima de varias de sus principales socios europeos también en este campo. Como en el caso de los jueces, en el de los fiscales se valora que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la LOPJ establezcan "las garantías de integridad del sistema fiscal", entre ellas "los motivos objetivos para el cese de los fiscales" y los "procedimientos objetivos y basados en el mérito para su selección y promoción".

El informe valora que esas mismas normas definan "las circunstancias y relaciones que pueden dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para los fiscales y las circunstancias que podrían dar lugar a la recusación de los fiscales". Sin embargo, como en el caso de los jueces, reprocha que los miembros de la Fiscalía no estén obligados a presentar declaraciones de intereses.

Claudia Montes ha querido dejar claro en el Tribunal Supremo que el exministro Jose Luis Ábalos, con quien hablaba a diario como "amigo y militante" del PSOE, jamás le dijo que había maniobrado para que fuera contratada en la empresa pública Logirail: "A mí nunca él me dijo 'Claudia te he enchufado'", recoge EFE.

Montes ha testificado este miércoles en la segunda jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.

La mujer ha relatado al tribunal que desconoce si Ábalos la enchufó o no para acceder a Logirail, porque el exdirigente socialista nunca se dirigió a ella en esos términos. 

"José Luis no me dijo en ningún momento 'oye te he enchufado', eso no me lo ha dicho", ha afirmado la testigo, que ha precisado que no quiere ser falsa porque se está demostrando que hicieron algo por detrás, pero ni Ábalos ni Koldo le mencionaron nada al respecto.

En este sentido, ha relatado que se limitó a contarle su situación a Ábalos, "como a cualquier amigo y compañero de partido", de que "como madre soltera necesitaba trabajar", por lo que el exministro le pasó enlaces de Logirail y ella, al percatarse de que "había puestos para todo" y de que "podías elegir" en la plataforma Infojobs, postuló para el de encargada. Le llamaron de Madrid, le hicieron una entrevista telefónica y le llamó el gerente del norte.

Ahora bien, ha asegurado que los currículum que envió a Koldo no eran falsos. "Se dice en el informe de la UCO que se modificó. Pero son iguales. No hay estudios puestos de más", ha agregado.

Montes ha comentado que al poco de acceder tuvo un problema que era más bien un asunto entre dos superiores del que informó a Ábalos y a Koldo, porque este último le dejó claro que "era su jefe".

En concreto, por la ubicación de su oficina, ya que ella estaba en un sitio sin ordenador, sin escritorio y de cara a la pared, lo que hacía era "ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y leer", pero siempre en su horario laboral y sobre temática de trenes, porque "quería saber todo en lo referente a los trenes", de manera que "en ningún momento" dejó de ir a trabajar.

Montes, que trabajó en Logirail desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022, ha señalado que la despidieron por burofax "sin motivo alguno" mientras se encontraba de baja por acoso laboral.

Por otra parte, preguntada sobre si fue colaboradora de la UCO en el caso de las mascarillas, ha contestado que cuando se entera de lo que está pasando en su empresa sobre supuestas prácticas corruptas, dio cuenta al presidente asturiano, Adrián Barbón, y a los dos ministros que han sucedido a Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Y al ver que nadie le hacia caso, llamó a la UCO: "Me atiende un comandante y me dice que tiene en cuenta mi información pero que no lo puede meter en la causa y que lo metería en otra investigación".

El ex director gerente de Logirail José Ángel Menéndez ha contado que cuando fue informado de que Claudia Montes "no iba a trabajar" a la oficina, "sin ninguna justificación que le avalara", decidió "iniciar el proceso para un expediente sancionador", como a cualquier otro trabajador, porque "incumplía de forma grave el convenio" y podía ser sancionada con el despido. Sin embargo, cuando ese expediente se iba a abrir, Menéndez fue cesado y su sustituto Oscar Gómez decidió "no continuar" con ello.

Ahora bien, el exgerente sí que ha descartado irregularidades en su contratación porque su currículum llegó de forma legal a través de Renfe, que era un proveedor de Logirail. La mujer reunía los requisitos básicos, no los específicos, por eso se la dio formación.

Un testimonio que se contradice en parte con el de Óscar Gómez, quien ha dicho que desconocía dicho expediente disciplinario, y ha justificado las ausencias de Montes porque no tenía un lugar de trabajo "adecuado", al estar cerca de unas escaleras.

Entonces, adoptó la decisión de encontrar un nuevo espacio y de adecuar su contrato al servicio que estaba prestando lo que implicaba subirle de categoría, un ascenso que ella ha justificado por su "esfuerzo, trabajo y muchas horas extras".

El testigo, que ha dicho que le consta que después Claudia Montes fue a trabajar, ha rechazado haber recibido indicaciones de Ábalos o su asesor en torno a esta mujer, y ha reconocido que, en el acto de conciliación tras su despido, ella denunció haber sufrido bullying, algo que no había manifestado mientras trabajaba en la compañía.

Un juzgado de Madrid investigará por un delito fiscal de cerca de un millón de euros del IRPF al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez "Alvise" y al que investiga la Audiencia Nacional por una estafa piramidal de 185 millones, según informa EFE. 

En un auto fechado el pasado 30 de marzo al que ha tenido acceso EFE, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordena la apertura de una pieza separada por fraude fiscal tras analizar un informe de la Agencia Tributaria que implica a Romillo en un fraude durante el año 2022.

El 15 de diciembre de 2025, Calama procesó a Romillo y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024 a instancias de afectados por esta operativa, muchos de ellos representados por el bufete Zaballos Abogados.

En su auto de apertura de pieza separada, el magistrado explica que está "constatado" que en 2022 Romillo promociona en su página web mecanismos para la elusión de impuestos, tales como "poner bienes a nombre de familiares y amigos; ocultar la residencia fiscal en España, para evitar tributar; simular la residencia fiscal en otro país; utilizar, torticeramente, sociedades extranjeras; distraer ingresos para que no tributen, e inflar los gastos de una empresa". Al tiempo, añade el auto, Romillo siguió sus propias "estrategias" para consumar un fraude fiscal durante el ejercicio 2022.

A través de un "embrollo societario", Romillo quiso opacar "los verdaderos ingresos generados por el que, en definitiva, era el único motor que daba origen a sus ingresos", que era su éxito en redes sociales.

En 2022 ingresó a través de sus numerosas sociedades cerca de 3 millones de euros, por lo que Hacienda le atribuye un delito de fraude fiscal del IRPF que ronda el millón de euros (906.919,31 euros), además de defraudar más de medio millón en concepto de IVA.

En paralelo, la Audiencia Nacional investiga el fraude piramidal ideado por Romillo, conocido como Criptospain, que ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo, movido por "un ánimo de lucro ilícito". 

El objeto de esta organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable. 

A través de dicha web, se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores, entre los que figuraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, oro y otros metales preciosos.

Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20%, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.

De este modo, 3.062 inversores de Madeira Invest Club resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.

Calama investigará por un fraude fiscal de más de 88 millones en 2023 y 2024 a Álvaro Romillo. En un auto fechado el pasado 1 de abril al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central nº 4 amplía el procesamiento que decretó el pasado 15 de diciembre contra Romillo y otras nueve personas.

Ahora, Calama amplia la pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales al encontrar "indicios racionales" de fraude del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2023 y 2024. Mediante "la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica", Romillo habría defraudado 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en concepto de IRPF, así como 2.247.336,80 euros para el ejercicio 2023 y 6.068.774,76 euros para 2024 del impuesto de patrimonio.

En su auto, Calama mantiene a Romillo en prisión provisional, donde permanece desde el pasado 7 de noviembre, al haber detectado que el procesado se encuentra "en una privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia, pues dispone de una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar el territorio nacional". 

Dicha organización criminal, destaca el auto, cuenta, "al menos, con 52 sociedades instrumentales, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, en 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia)". 

Empieza la recta final del curso político con dos juicios por corrupción, cuya coincidencia, por cierto, no deja de ser curiosa. El caso Kitchen llega hoy a los juzgados, casi veinte años después de las primeras indagaciones sobre Gürtel, la trama de financiación ilegal del PP que llevó a una sentencia en la que se declaraba a dicho partido responsable a título lucrativo, y que motivó la moción de censura que condujo al primer gobierno de Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018. De aquella Gürtel, esta Kitchen. Es decir, la trama por la que los populares intentaron tapar los casos de corrupción por financiación ilegal utilizando –presuntamente– a la cúpula del ministerio de Interior dirigido por Fernández Díaz para desactivar al tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que amenazaba con hablar y contar hasta qué punto máximos dirigentes del partido, incluido un tal “M. Rajoy” que los jueces nunca llegaron a identificar, estaban involucrados en el cobro de sobresueldos y financiación irregular del Partido Popular con dinero procedente de contratos amañados y mordidas (la noticia la desveló entonces El País, en 2013, ¡hace 13 años!, por si alguien no la recuerda). 

Mañana la atención girará hacia Ábalos y Koldo, los socialistas acusados de corrupción por mordidas en contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia, en el año 2020, cuando los muertos se contaban por centenares cada día. Una trama que ha llevado a que José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Fomento, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, ingresara en prisión de forma preventiva. Un escándalo que llevó a especular con un caso de financiación ilegal del PSOE –hoy sin constatar– y que alumbró las sombras sobre Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos como secretario de organización en el Partido Socialista, y cuyas –supuestas– irregularidades se siguen investigando.

Pese a que el estallido de los escándalos se remonta en el primer caso a hace casi dos décadas, y el otro a aproximadamente dos años, ambos coincidirán en nuestras pantallas en esta semana que comienza. Bienvenida sea la agilidad de la Justicia en el último de los dos procesos; pero ojalá fuera siempre así y de manera generalizada, incluyendo a asuntos como el primero.

Esta coincidencia va a multiplicar las reacciones equidistantes. Parece sensato criticar con toda la vehemencia posible los casos de corrupción de socialistas y populares y clamar por una regeneración de la vida política que acabe con cualquier atisbo de corrupción. ¿Quién no firmaría esto? Más difícil es, sin embargo, mantener la misma implacabilidad contra la corrupción sin que ello lleve a fomentar la antipolítica. Que me perdonen Santiago Segura y su nuevo Torrente, pero no, no todos son iguales. 

No es lo mismo poner a tu servicio la mismísima Policía para –presuntamente– tapar un caso de financiación ilegal que afecta a numerosos dirigentes y destruir las pruebas después a martillazos, que descubrir que personas de máxima relevancia del partido han estado lucrándose forzando contratos en lo peor de la pandemia. En este último asunto se desvela –supuestamente– una insoportable utilización del dinero público; en el primero, sin embargo, hablamos del tipo más grave de corrupción que puede existir, la captura no ya de políticas, sino del propio aparato del Estado, para hacer callar a quien podría destapar la dimensión de un escándalo.

Tampoco la reacción ha sido igual. Los unos aún no han reconocido públicamente la gravedad de Gürtel y Kitchen y les cuesta distanciarse de aquello –es difícil reprimir una sonrisa cándida al recordar a Pablo Casado anunciar la venta de la sede cuya reforma se pagó con dinero de la Gürtel–. Los otros expulsaron inmediatamente a los presuntos corruptos e iniciaron una auditoría interna que indica que no hay financiación ilegal. Si se desvelara lo contrario, ni sus socios ni sus militantes ni sus votantes lo perdonarían. Los ya exsocialistas están en prisión desde hace meses; los conservadores procesados jamás han llegado a pisar una celda.

Existe una tercera diferencia, sustancial a mi entender, en lo que debe exigirse a cada uno. Al Partido Popular cabe pedirle el reconocimiento oficial de lo que aquello supuso y la depuración política de responsabilidades: Fernández Díaz está suspendido de militancia del PP desde 2021, pero no expulsado, y el resto de dirigentes implicados en Gürtel jamás dejaron el partido. Más hay que exigir, a mi juicio, a los socialistas, que llegaron al gobierno en 2018 izando la bandera anticorrupción. En sus manos está adoptar las medidas necesarias para que ni unos casos ni otros vuelvan a producirse, ni en el interior de los partidos ni mucho menos en las instituciones del Estado. Sin embargo, como se puede leer, la OCDE ha vuelto a afear a España que no tenga una adecuada regulación de lobbys –cuya tramitación ha sido iniciada al menos tres veces (ver aquí), sin llegar nunca a aprobarse–, ni de financiación, democracia interna e integridad de los partidos, algo que clama al cielo, considerando los dos casos que se van a juzgar estos días y que protagonizarán buena parte de la conversación ciudadana en lo que queda de curso. Por cierto, en plena campaña electoral de las elecciones andaluzas. Nada menos.

En definitiva, contra la corrupción cualquier demócrata debe ser implacable. Y justamente por ser demócrata, no debe dejar que esta implacabilidad se convierta en un ejercicio de antipolítica. Porque ni todos son iguales, ni todos los casos de corrupción son lo mismo. No se trata de cuál sea más grave, sino de quién o quiénes están implicados, cómo ha reaccionado el partido en cada caso y qué queda por hacer, o sea, a cada cual, según sus posibilidades.

España está a la cabeza de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el acceso que proporciona a los ciudadanos a la información pública: en transparencia. También en el control de los conflictos de intereses de los políticos y altos cargos. Sin embargo, al igual que recogió el último Informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea y el del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, nuestro país suspende por la ausencia de regulación del lobby, la influencia en la política de los grupos de interés. El Estado Español también queda a la cola de los países analizados en el control de la financiación de los partidos.

La organización internacional con sede en París ha hecho público su informe sobre Perspectivas de anticorrupción e integridad de 2026. En su apartado sobre España, el informe hace referencia al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado por Gobierno el pasado julio tras conocerse la implicación del ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes José Luis Ábalos y la de su sucesor como número tres del partido, Santos Cerdán, ambos estrechos colaboradores del presidente Pedro Sánchez, en la trama de comisiones ilegales ligadas a obra pública que se investiga en el caso Koldo.

La OCDE valora ese plan y el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública en el que se ha traducido (aprobado el 17 de febrero por el Consejo de Ministros), como "la primera estrategia anticorrupción de España adoptada a nivel gubernamental". La iniciativa, que está todavía en elaboración y no ha sido remitida al Parlamento, pero el informe valora que contemple la creación de una nueva Agencia de Integridad Pública independiente, que en caso de ser aprobada, "integraría las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude".

El hecho de que la nueva norma todavía no esté aprobada coloca a España en la parte media baja de la tabla de países analizados en lo que respecta a su "marco estratégico" contra la corrupción. El Estado cumple sobre el papel el 53% de los criterios de la OCDE sobre la solidez de este marco, pero en la práctica solo se cubren el 17%. El dato es malo, porque 16 de los 62 países analizados carecen de cualquier tipo de plan estratégico. Entre los que sí lo tienen, España se encuentra el 14 por la cola.

El plan anunciado por Sánchez el pasado verano "identifica los riesgos actuales para la integridad pública a los que se enfrenta el país", dice el documento, que subraya que, algunos indicadores en los que España sale peor parada, como el del control de la financiación de los partidos políticos. Sin embargo, hasta el momento, el Estado "no tiene un plan de acción en vigor", dice, a lo que añade: "Como la estrategia se adoptó muy recientemente, no se dispone de informes de seguimiento de su implementación".

De todos los aspectos recogidos en el plan anticorrupción de Sánchez que analiza la OCDE, aquel en el que España sale mejor parada es, el "acceso a la información pública", es decir, la transparencia, en la que se encuentra en el puesto seis de los 62 países y por delante de Francia, Alemania, Países Bajos o Italia. La normativa española cumple con el 89% de los criterios de la organización, de los que, en la práctica, se cumple el 81%. La media de los Estados analizados queda por debajo, en el 72% y el 62% respectivamente.

El informe subraya que la Ley de Transparencia "establece que todas las personas, incluidas las personas jurídicas y los ciudadanos no nacionales, tienen derecho a acceder a la información en todas sus formas" con las únicas restricciones que recoge esa norma. También resalta la documentación pública que a la que se puede acceder en línea, como "los programas de las reuniones del Gobierno, las agendas de los ministros, el registro de la propiedad, los salarios de los altos funcionarios individuales y las licitaciones públicas anunciadas por el Gobierno central y sus resultados". También "la mayoría de las declaraciones de bienes e intereses", aunque no "las de los jueces del Tribunal Supremo".

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

El segundo de los aspectos en el que España obtiene una muy buena calificación es la regulación de los conflictos de interés. "España cumple el 89 % de los criterios (...) y presenta un excelente rendimiento en la práctica, cumpliendo el 89 % de los criterios, frente a la media de la OCDE del 80 % y el 45 %, respectivamente", recoge el documento. "Todos los miembros del Gobierno y del Parlamento han presentado declaraciones de intereses en los últimos seis años, y todos los funcionarios de alto nivel recién nombrados (...) en los últimos cuatro años".

Además, prosigue el informe, "todas las declaraciones presentadas durante los dos últimos años naturales fueron verificadas por la Oficina de Conflictos de Intereses, que emite recomendaciones cada vez que se detecta un caso de conflicto de intereses". El texto solo recoge una pega: los jefes de gabinete, que se considera que ocupan "puestos de alto riesgo", no están sometidos a esa obligación. Otro de los ámbitos en el que nuestro país se encuentra por encima de la media es la integridad de su sistema judicial, tanto desde el punto de vista de la judicatura como de la fiscalía.

En junio de 2018, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, perdió la moción de censura en la que resultó investido Pedro Sánchez. El motivo fue la sentencia del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP, que terminó condenado como "partícipe a título lucrativo". Pero el partido de Sánchez, el PSOE, también se enfrenta ahora a un importante caso de corrupción, el caso Koldo, que afecta a los que fueron dos de sus principales dirigentes y colaboradores del jefe del Ejecutivo, Ábalos y Cerdán.

La OCDE concluye ahora que la regulación del sistema de financiación de partidos políticos es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema anticorrupción en España. Sobre el papel, según el informe, España cumple el 70% de los criterios de la organización (76% es la media) gracias a la Ley de Financiación de Partidos. El texto valora su sistema de sanciones y la prohibición de las contribuciones a las formaciones de empresas públicas, empresas extranjeras y Estados extranjeros.

"Sin embargo, el marco normativo no prevé prohibiciones más amplias sobre el uso de fondos y recursos públicos a favor o en contra de un partido político", sostiene. Campos como la regulación de las televisiones y medios públicos o la publicidad institucional con la que algunas administraciones riegan a sus medios afines parecen entrar en este capítulo.

Pero el problema, más que la normativa, es la práctica, en la que España solo supera el 43% de los criterios frente al 58% de media en la OCDE. El organismo supervisor es el Tribunal de Cuentas, y cuenta con todos los medios para desarrollar su labor. "Sin embargo, no todos los partidos presentaron sus cuentas anuales dentro de los plazos (...) en 2023, y otros no las presentaron en 2024", refleja el documento. "Además, las cuentas relacionadas con las elecciones y los informes financieros de todos los partidos no están a disposición del público".

Por último, otro de los apartados en los que España suspende reiteradamente en todos los organismos internacionales que evalúan sus indicadores democráticos, es el lobby, el control de la influencia en los políticos y altos cargos de los grupos de interés. El informe recoge que se está elaborando una regulación –el proyecto de ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en tramitación parlamentaria– pero el cumplimiento actual de los criterios de control de la OCDE para estas organizaciones en España sigue siendo terreno por explorar.

La normativa –la ley de Altos Cargos– solo recoge períodos de incompatibilidad para los cargos públicos una vez que dejan esos puestos de responsabilidad, pero "no existe regulación alguna sobre el cabildeo (lobby), ni un registro de grupos de interés", advierte el informe. Esa disposición y la orden que obliga a cualquier empresa a inscribirse en el Registro Mercantil para poder identificar a suss propietarios solo cumplen el 40% de los criterios formales de la OCDE

El exasesor ministerial Koldo García ha lanzado el último intento para tratar de frenar el juicio que arranca el próximo martes en el Tribunal Supremo por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas, al denunciar ante el Tribunal Constitucional la vulneración de una serie de derechos, según informa EFE.

Tras agotar toda la vía de recursos ordinarios contra la negativa del Supremo a enviar la causa a la Audiencia Nacional, ahora la defensa de Koldo García, una semana antes del inicio del juicio, ha recurrido en amparo ante el tribunal de garantías.

Lo hace al considerar que la resolución del pasado 3 de marzo en la que el Supremo cerraba la puerta a las cuestiones previas que planteó la defensa, entre ellas que el juicio se celebrase en la Audiencia Nacional, vulnera una larga lista de derechos fundamentales, como el de un proceso con todas las garantías o el del juez ordinario predeterminado por la ley.

"La solución jurídicamente ortodoxa y respetuosa con los derechos fundamentales, una vez desaparecida la condición de aforado del señor Ábalos, no es retener el enjuiciamiento en el Tribunal Supremo, sino acordar la inhibición y remisión íntegra de la causa a la Audiencia Nacional", argumenta la letrada Leticia de la Hoz en su recurso, al que ha tenido acceso EFE.

En su recurso, pide al TC que acuerde la suspensión de la ejecución del mencionado auto antes de entrar al fondo del asunto, "para garantizar" que su pronunciamiento en sentencia, que tardará en dictarse, "no se convierta en ilusorio".

Una vez más, la abogada defiende que, al renunciar al escaño el exministro José Luis Ábalos, también acusado en este procedimiento, dejó de disfrutar del aforamiento que tienen los diputados y, en ese momento, el Supremo perdió la competencia para enjuiciar los hechos.

Según su criterio, todo el caso debería derivarse a la Audiencia Nacional, donde arrancó en 2024 la investigación por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas en pandemia, y continúa la parte de la causa que no se refiere a la presunta intermediación de Ábalos y, por conexión, su exasesor Koldo García y el comisionista, Víctor de Aldama.

Esta pretensión de la defensa de Koldo ya ha sido desestimada en varias ocasiones por el Tribunal Supremo. La última el pasado viernes, cuando rechazó la admisión a trámite del incidente de nulidad que interpuso contra el auto que desestimaba sus cuestiones previas.

El Supremo se opuso a remitir la causa a la Audiencia Nacional tras la renuncia del exministro José Luis Ábalos como diputado, que se produjo tras acordar el auto de apertura de juicio oral contra él, que es el que fija la competencia del Supremo, aunque 'a posteriori' el aforado deje de serlo, como es el caso.

Durante un receso, Alexandre Djouhri se abrió paso entre los abogados y el público para coger del brazo a Édouard Ullmo, exdirectivo de Airbus también procesado en el caso, que salía de la sala. “Espero que no te mantengas en la misma línea que la última vez”, le espetó, antes de volver a la sala, sonriendo de oreja a oreja. “Ullmo está loco. Dice que no me conoce. Yo conozco a su mujer, a sus hijos…”, ironizó el intermediario, condenado en primera instancia a seis años de prisión firme.

El miércoles, en el tercer día del juicio de apelación sobre los fondos libios, los acusados siguen tanteándose. ¿Se atreverá alguno de ellos a salirse del guion? Alineados y sentados detrás de pequeñas mesas con sus nombres, ya solo son siete, en ausencia de Claude Guéant (declarado no apto para comparecer por razones médicas, ndt) bajo las lámparas de araña de la sala de audiencias de la primera sala civil del tribunal. Nicolas Sarkozy y Brice Hortefeux, que son los primeros de su fila, se han dado ostensiblemente la espalda durante tres días. Uno estaría tentado de ver en ello una señal, pero no está nada claro.

Tras anunciar que se unirían “en el fondo” los dos argumentos planteados el martes por la defensa del expresidente —la inmunidad presidencial y la competencia del Tribunal de Justicia de la República—, y antes de interrogar al exministro Éric Woerth, el presidente del tribunal, Olivier Géron, llamó al estrado a las familias de las víctimas del atentado del DC-10 para sus primeras declaraciones.

“Ahora tenemos certezas. Es difícil aceptar que un presidente de la República haya negociado la impunidad de quien mató a nuestros familiares”, explica Guillaume Denoix de Saint Marc, hijo de una víctima del atentado, sorprendido al ser llamado a declarar. Danièle Klein y Yohanna Brette, hermana e hija de víctimas respectivamente, asimismo invitadas a declarar, denuncian también brevemente “la omnipresencia” de Abdallah Senoussi en este caso y “las reuniones” de Claude Guéant y Brice Hortefeux con el número dos libio, responsable de los atentados del régimen.

Estas conversaciones secretas constituyen el núcleo del pacto de corrupción del que se acusa a los colaboradores de Nicolas Sarkozy.

Con los brazos firmemente apoyados en la mesa del tribunal, el presidente del tribunal, Olivier Géron, de pelo corto canoso y complexión de jugador de rugby, conoce a algunos acusados mejor que a otros. Y viceversa. El magistrado interrogó a Alexandre Djouhri, al banquero Wahib Nacer y a Nicolas Sarkozy por videoconferencia desde sus centros de detención, cuando tuvo que decidir sobre su puesta en libertad. Una ventaja para él, una desventaja para ellos. Los llama por turnos para que hagan unas declaraciones preliminares y para que, en su caso, enseñen algunas cartas.

“Básicamente, recurro porque he sido víctima de una trampa”, resume Alexandre Djouhri con ánimo.

“Señor Djouhri, sé cómo se expresa usted. Sus palabras son a veces algo precipitadas. Intente expresarse con fluidez para el señor secretario…”, intenta el presidente.

Indiferente a este comentario, el intermediario se lanza sin pensárselo dos veces. Quiere explicar “la trampa”. Fue detenido el 7 de enero de 2017 cuando iba al cumpleaños de su hija en Londres. Le leyeron una orden de detención europea en la que se mencionaba a Mediapart y la acusación de “haber participado en la financiación de la campaña de Nicolas Sarkozy por un importe de 50 millones” de euros. Fue encarcelado y luego puesto en libertad bajo fianza. Finalmente, cuando salió libremente de Londres hacia París, la trampa le esperaba a su llegada.

“GIGN [grupo de intervención de la gendarmería, ndt], pasamontañas, metralleta, ¡rumbo a [la prisión de] Fresnes!”, resume. “Nunca en mi vida he huido de la justicia. Pero todos los artículos me hacían parecer un deus ex machina. Me han encarcelado cuatro veces por motivos falsos, pero sigo en pie. Si estoy aquí en 2026, es porque no han encontrado nada. No voy a morir con los ojos vendados. Si le hubiera pasado a otra persona, estaría hablando en sánscrito.”

Con la mirada fija en el acusado, el presidente y sus asesoras intentan seguirle. Alexandre Djouhri continúa. Dice haberse enfrentado a “una instrucción monárquica”. “Pin-pon, fase 4, terrorista”, resume de nuevo. “¡Pero denme una prueba! Nunca he recibido una acusación, salvo la de Ziad Takieddine —que en paz descanse— en la prensa”.

Denuncia “el poder de la prensa”, que ha hablado “a lo largo y lo ancho” del “espectro Djouhri”, del “atrevido Djouhri”. “Para ser atrevido hay que estar condenado…”, añade. Según él, Manuel Valls, entonces primer ministro, había dicho que iba a “acabar en la cárcel”. “Así que han puesto precio a mi cabeza”, concluye de golpe.

Nicolas Sarkozy, con traje negro y camisa a rayas blancas y azules, sube al estrado.

“Señor presidente, he recurrido porque no he cometido ninguno de los hechos por los que he sido condenado. Movilizaré todas las fuerzas de las que soy capaz para defender esta verdad arraigada en mí”, dice. Por lo tanto, “no tengo declaraciones preliminares”. “Desde mi punto de vista, no hay necesidad de explicaciones en esta fase”, concluye.

Si Olivier Géron esperaba una larga intervención del expresidente, se llevó una decepción.

En la misma línea, Brice Hortefeux se declara “totalmente inocente de los cargos que se le imputan”. “He recurrido porque el tribunal consideró que me había reunido con Abdallah Senoussi de forma premeditada. Eso es falso. Lo demostraré ante este tribunal”, asegura con cierto tono solemne. También promete demostrar que “ese breve encuentro” no tenía por objeto obtener financiación libia para la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy. Y también que tampoco “contribuyó a una transferencia de fondos públicos libios a Francia al entregar un documento bancario”.

Desde el 26 de septiembre, no hay “una sola mañana” en la que no se pregunte por los motivos de la sentencia de primera instancia, que considera “injusta e infundada”. “Una suma de hipótesis no constituye una verdad”, afirma.

El banquero Wahib Nacer se declara “totalmente inocente”. Thierry Gaubert se felicita de que el tribunal, en su sentencia, finalmente no lo haya incluido en “la asociación de malhechores”. Édouard Ullmo no tiene nada que declarar. Por último, Éric Woerth, absuelto en primera instancia, considera que “no hubo financiación ilegal en esta campaña”.

Los siete acusados no muestran, por el momento, ningún signo de cambio.

El presidente Géron se dará cuenta de ello al interrogar a Éric Woerth, nombrado el 13 de marzo presidente del PMU (Pari mutuel urbain, Apuestas mutuas urbanas, que gestiona las apuestas hípicas).

El tribunal trata en primer lugar de comprender el cambio de Éric Woerth, tesorero histórico del clan Chirac —había sido desde 1993 director financiero del partido RPR—, hacia el clan a priori adversario de Nicolas Sarkozy, cuando este último se convirtió en presidente del partido UMP en 2004. “Pensó que podía quedarme en su equipo”, dice simplemente Éric Woerth.

En cuanto a la campaña de 2007, el exministro recuerda una reunión, una sola, con Nicolas Sarkozy, quien le pidió que fuera su tesorero. Claude Guéant ya estaba organizando la campaña. Por desgracia, Éric Woerth no tiene memoria para las fechas.

“¿Cuándo dejó de ser tesorero de la UMP para convertirse en tesorero de campaña?”, pregunta Olivier Géron.

— “En 2006. Un año antes [de las presidenciales].

— En la agenda del Sr. Hortefeux hay menciones de reuniones a principios de 2005. El 18 de enero de 2005, ‘Cita con Woerth en NS, comité directivo’. El 16 de febrero, ‘Entrevista en NS, presupuesto con BH’. Estamos en 2005.

— Son reuniones para sentar algunas bases con personas que pueden desempeñar un papel.

— Así que, en febrero de 2005, ya se empieza a hablar de la campaña y de su financiación.

— No lo recuerdo. Quizá fuera 2005”, acaba por confirmar Woerth.

La precisión es importante, ya que es en la primavera y el verano de 2005 cuando se establecen los primeros contactos en Libia, antes de que Claude Guéant y Brice Hortefeux se desplazaran allí para reunirse con Abdallah Senoussi, en octubre y diciembre.

En diciembre de 2006, el presidente señala una reunión en la agenda de Brice Hortefeux: “NS recibe a Woerth, BH debe estar presente, presupuesto de campaña”.

“¿Qué es esta reunión y por qué es necesario que esté el Sr. Hortefeux?

— Formaba parte de la asociación de financiación de los amigos de Nicolas Sarkozy. Brice es un viejo amigo”, justifica Éric Woerth.

— “Hay algo que no entiendo”, insiste el presidente. “Pone ‘presupuesto de campaña’. Si miramos la aportación de la asociación [a la campaña], son 240.000 euros. En términos presupuestarios, no es nada. ¿Por qué es necesario que el Sr. Hortefeux esté presente?

— En primer lugar, en aquel momento no sabía que aportaba 240.000 euros. Era normal que Brice estuviera allí. Brice era amigo de Nicolas Sarkozy”.

Hay, pues, cosas que Éric Woerth no puede explicar. Así, asegura que “nunca fue informado del alquiler de una caja fuerte por parte de Claude Guéant”. Es en esa caja fuerte, abierta en 2007 en el banco BNP Opéra, donde el exdirector de campaña afirma haber guardado los discursos de Nicolas Sarkozy.

Por último, sigue sin poder explicar la llegada de dinero en efectivo no declarado a la campaña presidencial de la que era tesorero. La investigación ha encontrado rastro de una suma de 35.000 euros distribuida entre una veintena de personas del equipo de campaña. “Cae del cielo”, resume Éric Woerth, quien decide recompensar a parte de su equipo con este dinero enviado de forma anónima. Sostiene, sin convencer, que no se trata de un gasto electoral, ya que el dinero no se abonó hasta el día siguiente a las elecciones.

Según los investigadores, la circulación de efectivo habría sido mucho mayor. Algunos testigos hablan de un “desfile” de personas que “vienen a recoger su sobre” a la sede de la UMP. “Hay mucho chismorreo ahí de por medio”, protesta Éric Woerth. “No tengo la impresión de haber cometido una falta grave. La campaña se financió con cheques. No la financió Libia, la financió la Société Générale”.

“Entonces, ¿cómo llegaron esos 35.000 euros?”, pregunta Olivier Géron.

— “Llegaron en unos diez envíos, ya fuera a la UMP, a la sede de la campaña, a mi nombre o a la dirección financiera. No hay nada indicado. Se observa que hay una serie de entregas de dinero que suman unos 35.000 euros. Se detiene al cabo de unos meses. No se utilizó en la campaña.

— Pero entonces, ¿por qué no hay ningún testimonio? Ningún empleado confirma que se haya producido esa entrada de dinero en efectivo…

— Es normal, nadie abría el correo. Era yo quien lo abría.

— ¿Era usted personalmente quien abría los sobres?

— Sí.”

Éric Woerth asegura que el ambiente de la campaña era “extraordinario”. Y que, por lo tanto, hay “gente que [hizo] cosas extraordinarias e incluso un poco extrañas”. Los gastos que figuran en las cuentas de campaña deben poder rastrearse. “Esas sumas no rastreables” no podían, por tanto, integrarse en la campaña, reconoce el exministro.

El presidente Géron recuerda que, legalmente, el candidato se expone a sanciones penales en este asunto.

“¿No le habló al Sr. Sarkozy de esta entrada de dinero en efectivo? Al fin y al cabo, él era el responsable.

—Quizá debería haberlo hecho, pero no lo hice porque es algo anecdótico en la campaña”.

La Fiscalía General continuará el interrogatorio al exministro el lunes por la tarde.

Entre los 230 artículos publicados por Mediapart sobre el caso libio, uno de ellos, en abril de 2012, se hacía eco de la revelación de una nota procedente de los archivos del régimen de Gadafi. Esta nota, fechada en diciembre de 2006, mencionaba un acuerdo de financiación para la campaña presidencial de 2007. Se la denominó la “nota Koussa”, por el nombre de su firmante, Moussa Koussa, exjefe de los servicios secretos exteriores libios.

En su sentencia del 25 de septiembre de 2025, en la que condenaba a Nicolas Sarkozy por asociación ilícita, el tribunal de París consideró que “lo más probable es que este documento sea falso”. Esa valoración ha sido utilizada en varias ocasiones desde entonces por Nicolas Sarkozy para cuestionar duramente el trabajo de Mediapart. En particular en su obra Le Journal d’un prisonnier (Diario de un prisionero, edit. Fayard), en la que escribió, en la página 54: “El caso Dreyfus prosperó sobre la base de documentos falsos. El mío comenzó sobre la base de la falsificación de Mediapart.”

Mediapart, a través de su abogado, Emmanuel Tordjman, envió el lunes 16 de marzo al presidente del Tribunal de Apelación, Olivier Géron, una breve carta que fue distribuída, tal y como habíamos solicitado, a todas las partes del proceso (acusados, partes civiles y fiscales). Esta carta se redactó para señalar que la valoración del tribunal de París contradecía varias resoluciones judiciales. De hecho, en tres ocasiones, y de forma definitiva ante el Tribunal de Casación en 2019, la autoridad judicial concluyó que la “nota Koussa” no era ni una falsificación intelectual ni una falsificación material, desestimando así las denuncias de Nicolas Sarkozy y Brice Hortefeux.

Uno de los cinco abogados del expresidente de la República, Sébastien Schapira, solicitó el miércoles 18 de marzo que la carta de Mediapart fuera “desestimada”, al considerar que se trataba de una “injerencia” susceptible de menoscabar “la serenidad de las deliberaciones” del juicio de apelación sobre la financiación libia.

El fiscal general, Damien Brunet, consideró por su parte que la solicitud debía ser denegada, ya que la carta podía ser debatida de forma contradictoria. Una postura compartida por el abogado de la asociación anticorrupción Sherpa, Vincent Brengarth, quien añadió que la misiva de Mediapart no contenía ningún elemento que no fuera ya conocido.

Invocando el artículo 427 del Código de Procedimiento Penal, según el cual “el juez solo puede basar su decisión en las pruebas que se le presenten durante el juicio y que hayan sido discutidas de forma contradictoria ante él”, el presidente del Tribunal de Apelación rechazó finalmente, tal cual, la solicitud formulada por la defensa de Nicolas Sarkozy.

Traducción de Miguel López

El asesor fiscal del bar Franky de Pamplona, Miguel Moreno Purroy, ha reconocido este martes que emitió facturas a Acciona que "no respondían a una prestación real" porque se lo pidió el exasesor ministerial Koldo García, según informa EFE.

El informe de la UCO recoge que este bar situado en Pamplona emitía facturas ficticias a nombre de Acciona para que Koldo García cobrara ese dinero. "En lo que a mí respecta, el informe está muy bien documentado", ha declarado.

Moreno Purroy comparece este martes en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra, donde ha señalado que actuó, entre los años 2016 y 2018, para ayudar a Koldo García y que se "equivocó", pero también ha negado formar parte de "una trama corrupta". 

"La tarjeta de visita de Acciona me la entregó Koldo García. Él me dijo que tenía una necesidad, que estaba en mal momento económico y él no tenía dificultad para que Acciona pagara alguna factura", ha dicho, antes de apuntar que se trata de facturas que en total "no ascienden a más de 8.000 euros".

Moreno Purroy ha señalado que el "circuito pactado" entre Koldo García, el gestor del bar, Francisco Javier Lorente, y él mismo consistía en emitir una factura falsa a Acciona, cobrar el dinero en la cuenta del bar y entregar el dinero en efectivo a Koldo García. Tal y como ha explicado, no tiene "duda" de que la tarjeta de Acciona se la entregó el exdirectivo de la compañía en Navarra, Fernando Merino, a Koldo, para que se emitieran las facturas con esos datos. 

El asesor fiscal o contable del establecimiento ha señalado que estos pagos comenzaron por el "mal momento" económico por el que pasaba Koldo García. Según ha expuesto, no sabía que iba a ser algo sostenido en el tiempo. "Él nos plantea una (factura) y la hacemos. Luego nos plantea otra y así hasta cinco", ha contado. 

Una de las facturas, de 2.700 euros, fue cargada a la UTE Recajo, en la que estaba Acciona, y la ingresó Moreno Purroy en una de sus cuentas, no en la del bar. Posteriormente, se lo entregó en efectivo a Patricia Uriz, pareja en aquel momento de Koldo. También ha señalado que él no estuvo presente en ninguno de los demás pagos en efectivo a Koldo, por lo que no puede dar fe de ellos. Tampoco tuvo contacto con Merino más allá de enviarle por correo las facturas y no hizo más facturas falsas, según ha asegurado.

En el turno de Geroa Bai, su portavoz Pablo Azcona ha preguntado por la empresa Xamena, de la que Moreno Purroy es administrador único, y el compareciente no ha querido responder por "no estar relacionado con el objeto de la comparecencia". Posteriormente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha incidido en el tema y Moreno Purroy ha respondido que esta empresa, constituida en 2017, solo ha hecho una obra privada de viviendas en una parcela de Milagro.

Un juzgado de Sevilla ha procesado, como paso previo a la apertura de juicio oral, al exvicesecretario general del PSOE de Andalucía Rafael Velasco y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández junto a otros ocho acusados en una pieza separada de la causa de los cursos de formación.

En el auto del Tribunal de Instancia de Sevilla, Sección de Instrucción, plaza 6, al que ha tenido acceso EFE este jueves, el juez da por terminada la instrucción en la que ha investigado delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación.

El juzgado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo de veinte días, pidan la apertura del juicio y formulen escrito de acusación, el archivo de la causa o, excepcionalmente, la práctica de nuevas diligencias.

Este procedimiento está relacionado con la presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a Formación para el Empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen Cinco SL, vinculada con Velasco.

Según el auto, esta entidad habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones "de manera irregular" en el marco de los distintos expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE.

A través de diferentes expedientes de subvención Aulacen Cinco habría sido beneficiaria "injustamente" de una continuada disposición de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo para actuaciones formativas para desempleados por un total de más de 193.900 euros, y que habría culminado con un último pago por importe de 10.324 euros.

Todo ello, recoge el auto, "al margen de la legalidad vigente, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en claro perjuicio de la generalidad de empresas -en especial, de las del mismo sector de actividad- y desempleados".

Esta forma de actuar las habría privado de concurrir a su concesión acreditando las condiciones y requisitos habilitantes de su percepción, "con desprecio de elementales normas de procedimiento en la gestión de fondos públicos, y con incumplimiento de la disciplina de concesión, control, pago y justificación de subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo".

Entre las irregularidades expuestas en una extensa resolución de 115 páginas, el juez expone que en diferentes expedientes de subvención no se habría seguido el preceptivo procedimiento de concurrencia competitiva establecido, dada la falta de inscripción -en legal forma- de la sociedad Aulacen Cinco como centro de formación acreditado. "Cabe deducir el trato de favor que, por parte de los responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se habría dispensado a Aulacen Cinco SL como beneficiaria", indica la resolución.

Por tanto, se habría incumplido la disciplina de concesión, control, pago y justificación de subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo gracias al "natural concurso" de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención, en este caso, del SAE, según el auto.

El Tribunal Correccional de París decidirá el próximo 9 de marzo si acepta la solicitud del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien pide no tener que llevar por segunda vez el brazalete electrónico por su última condena en firme de finales de 2025 debido a un caso de cuentas de la campaña de 2012, informa EFE.

Tras la vista de este lunes, que se celebró a puerta cerrada, el abogado del antiguo jefe de Estado, Vincent Desry, declinó hacer declaraciones a los medios. Sarkozy quiere que se aplique una 'unificación de penas' para evitar el brazalete electrónico por segunda vez.

Entre febrero y mayo de 2025, el ex jefe de Estado llevó este dispositivo de control por una condena en firme debido al llamado caso Bismuth, de corrupción y tráfico de influencias por hechos de 2014.

A finales de noviembre de 2025, el exmandatario vio confirmada una segunda sentencia en firme por el caso Bygmalion, sobre sus cuentas de campaña para las presidenciales de 2012. Entonces se le sentenció a seis meses de prisión conmutadas por arresto domiciliario por la financiación irregular de su campaña de 2012.

Para Sarkozy, si se aplica el principio de 'unificación de penas', no sería necesario portar de nuevo el brazalete, ya que ya lo llevó a comienzos de 2025. La decisión sobre el brazalete llegará una semana antes de que el expresidente se enfrente a un proceso en apelación por el caso más grave en su contra.

Se trata de su presunta implicación en una trama de financiación ilegal para la campaña que le permitió convertirse en presidente de Francia en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

Por este proceso, Sarkozy fue condenado en primera instancia en septiembre de 2025 a cinco años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, de los que cumplió tres semanas (entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre) entre rejas.

Sin embargo, el exmandatario conservador logró finalmente ser liberado a la espera de que se resuelva su recurso en apelación, que se celebra entre el 16 de marzo y el 3 de junio.

El anteproyecto de ley orgánica de integridad pública aprobado este martes por el Gobierno modificará 18 normas, incluidas seis leyes orgánicas, para luchar contra la corrupción en la contratación pública, con nuevas restricciones a empresas, administraciones y partidos políticos, según informa EFE.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se trata de una ley "muy ambiciosa" que contempla, por ejemplo, hacer público y accesible el registro de empresas con prohibición de contratar con la administración e incrementar de 15 a 20 años el plazo en el que las empresas condenadas por corrupción puedan contratar con la administración o percibir subvenciones o beneficios fiscales.

Las donaciones de particulares a los partidos políticos serán públicas a partir de 2.500 euros, en vez de los actuales 25.000; y los partidos deberán realizar auditorías externas sobre sus cuentas, endureciendo el régimen sancionador si no lo cumplen. 

Se amplía la prescripción de los delitos de corrupción y se refuerza la Oficina de recuperación y gestión de activos y la capacidad del Estado de incautar bienes a corruptos, con figuras como el "decomiso sin condena" o el de "riqueza no justificada".

Algo huele a podrido en el reino de Noruega. Desde la publicación de millones de documentos relacionados con el caso Epstein, este país de 5,5 millones de habitantes descubre con estupor la complicidad de parte de su élite con el estafador y pederasta estadounidense.

“Me cuesta encontrar una expresión lo suficientemente fuerte para calificar lo que está pasando”, explica a Mediapart la exjueza y eurodiputada franco-noruega Eva Joly. La sociedad se ve sacudida en sus cimientos. “Ver a un ex primer ministro investigado por corrupción agravada es muy difícil de aceptar.”

Aunque, vistos los documentos, ninguna de las personas implicadas está involucrada en los delitos sexuales de Jeffrey Epstein, los vínculos de interés que se van conociendo, ya sean políticos o financieros, sacuden la imagen de un país al que le gusta presentarse como una potencia moral y humanitaria.

La personalidad más afectada por el escándalo es Thorbjørn Jagland, de 75 años. El ex primer ministro laborista (1996-1997) también ocupó el cargo de secretario general del Consejo de Europa entre 2009 y 2019, y presidió el Comité Nobel de 2009 a 2015. La gran cantidad de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de enero permitió conocer más detalles sobre los estrechos vínculos que Jagland y Epstein habían forjado a lo largo de los años. Incluso después de la condena en 2008 en Florida del financiero por delitos sexuales y sus 13 meses de prisión.

Pero sobre todo los noruegos pudieron ver hasta qué punto su ex primer ministro, que oficialmente promovía la causa de las mujeres y la igualdad de género cuando estaba al frente del Consejo de Europa, la principal organización de defensa de los derechos humanos del continente, resultaba ser mucho menos feminista en privado. Un embarazoso email enviado a Epstein en enero de 2013 da a entender que él también podría haber frecuentado a mujeres jóvenes gracias a su amigo americano.

El jueves 12 de febrero, la policía registró su casa en Oslo y sus residencias secundarias. El que fuera nombrado comendador de la Legión de Honor en Francia por el presidente François Hollande en 2013 fue acusado ese mismo día de “corrupción agravada”, lo que le expone a una pena de hasta diez años de prisión, debido a sus vínculos con Epstein. El día anterior, el Consejo de Europa había levantado la inmunidad de la que gozaba, a pesar de que había dejado el cargo de secretario general hacía seis años.

También se han visto salpicadas otras figuras destacadas de los círculos diplomáticos por sus vínculos de interés con Epstein. La pareja formada por los dos diplomáticos Terje Rød-Larsen y Mona Juul trascendía las fronteras de Noruega. Su participación en las conversaciones secretas entre israelíes y palestinos que culminaron con los acuerdos de Oslo en 1993 les valió incluso ser protagonistas de un exitoso musical de Broadway a mediados de la década de 2010.

La caída es más brutal. Aunque Terje Rød-Larsen, de 78 años, ya no estaba en activo tras haber tenido que abandonar en 2020 su puesto en el laboratorio de ideas Instituto Internacional para la Paz (IPI) debido a sus ya conocidos vínculos con Epstein, su esposa, de 66 años, ha dimitido de su cargo de embajadora en Jordania e Irak.

El lunes 9 de febrero, la policía abrió una investigación contra Mona Juul y Terje Rød-Larsen, sospechosos respectivamente de corrupción agravada y complicidad en corrupción agravada. También se llevaron a cabo registros en sus domicilios. “Økokrim [la unidad central encargada de investigar los delitos financieros, ndr] quiere investigar, en especial, la posible concesión de ventajas relacionadas con las funciones desempeñadas” por la diplomática, declaró la policía en un comunicado.

“Mi clienta no reconoce los cargos que se le imputan”, afirmó su abogado, Thomas Skjelbred. “Terje Rød-Larsen está convencido de que, una vez que se hayan examinado minuciosamente todos los hechos, la investigación determinará que no hay motivos para un proceso penal y que el caso será archivado”, afirmó el abogado de su marido, John Christian Elden.

Se plantean preguntas, en particular, sobre la gestión del caso por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. En 2019, una nota de servicio establecía un vínculo entre el Instituto Internacional para la Paz, dirigido por Terje Rød-Larsen, y Jeffrey Epstein. Terje Rød-Larsen dimitió en 2020.

Según la nota, citada por los medios de comunicación noruegos, había muchas becarias, “todas ellas mujeres jóvenes y guapas, sin la formación necesaria para trabajar en el laboratorio de ideas”. “Su estancia fue breve y, durante ese tiempo, acudieron a la sede de las Naciones Unidas para hacerse fotos. Esas fotos fueron enviadas posteriormente al Sr. Epstein”, precisaba el texto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores remitió la notificación al fiscal general, quien a su vez informó a los investigadores estadounidenses encargados del caso Epstein. Pero no se inició ninguna investigación en Noruega.

La publicación de los contactos entre Mette-Marit, esposa del príncipe heredero Haakon, y Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014 también fue noticia en los medios de comunicación del país. En 2012, Epstein se encontraba en París, donde poseía un amplio apartamento en la avenida Foch, cerca del Arco del Triunfo. Le dice a la princesa heredera que está “buscando esposa”. La capital francesa es “un buen lugar para el adulterio”, pero “las escandinavas son mejores esposas”, responde ella.

Mette-Marit se disculpó y reconoció haber “cometido un error de juicio”. “Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso”, dijo en un comunicado.

“Es una realidad brutal”, reconoció el actual primer ministro laborista Jonas Gahr Støre ante todas estas revelaciones, en una entrevista concedida a la televisión pública NRK. Se declaró a favor de una comisión de investigación independiente, que sería creada en el Parlamento. “Es esencial arrojar toda la luz sobre este asunto. Quiero subrayar no obstante que muchos diplomáticos trabajan con profesionalidad y diligencia y realizan una importante labor para Noruega”, añadió el jefe del Gobierno, que fue ministro de Asuntos Exteriores entre 2005 y 2012.

El partido ecologista ha propuesto a Eva Joly para dirigir esa comisión. “Por supuesto que lo consideraré cuando me lo propongan, si es que me lo proponen”, afirma. Pero, a priori, me gustaría mucho ser una actriz con mi perspectiva francesa.” Con ideas como completar las instituciones noruegas con salvaguardias, como se hace en la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública Francesa, con el fin de “vigilar el enriquecimiento de los políticos y altos cargos”.

“Las instituciones han funcionado realmente mal”, asegura Eva Joly. “Porque muchos elementos eran públicos y nadie se ocupó de ellos. Eso se debe a que no existe el equivalente a constituirse en parte civil”. Un procedimiento que, si se implantara, permitiría a las asociaciones desempeñar un papel impulsor. El reino noruego se tambalea, y todas las ideas para recuperarlo parece que serán bienvenidas.

Traducción de Miguel López

Comprar a cien y vender a noventa. Un negocio en apariencia ruinoso, pero que en un país como España proyecta una lucidez enternecedora. ¿Cómo es posible que en otros lugares de inteligencia capitalista más aguda no hayan visto las oportunidades de esta operativa? Quizás porque el capital gira sobre una cinta de Moebius y lo que ayer estaba en el lado oscuro hoy, sin moverse, nos aparece en el lado luminoso. La inmoralidad resulta compatible con la ética del capital, fundada en el afán de lucro, sobre todo en un país donde confundimos la creación de riqueza con la creación de ricos. 

Ahí tienen a Víctor Aldama. Es el empresario modelo, el amigo fiel y cómplice a quien se le abren las puertas de todos los círculos, de todas las emisoras de radio y televisión, incluso de alguna fiscalía. Es el corrupto en paradigma que hoy comercia con su palabra, puesta en almoneda para atacar y defenderse, para mentir y desmentir. Aldama ha reconocido haber infringido varios preceptos del Código Penal y en todos ellos dejó memoria amarga de él. Dada su catadura, podría ser cierto lo que afirma, o podría no serlo. ¿Tendrá algún as en la manga? Es posible, pero no lo parece. Escúchenlo bien; en realidad, no dice nada, amaga pero no da, insinúa pero no aporta, amenaza pero no cumple, insulta y es jaleado, denigra y lo aplauden. 

La compra de hidrocarburos en un depósito fiscal está exenta de IVA. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Lo compramos por cien y lo vendemos por noventa. ¡Gran idea! En la venta, por supuesto, le incluimos el impuesto, así que cuando lo vendemos recibimos del comprador noventa más el 21% del IVA; en total, 108,90 euros. Y luego, ¡touché!, nos olvidamos de la declaración tributaria y no ingresamos el IVA en el Tesoro Público. De repente, se obra el milagro: compramos por cien, vendemos por noventa y ganamos 8,9 euros. Y al mismo tiempo, regamos el país de gasolina barata. ¿Qué más podemos pedir? Que acudan todas las jerarquías, potestades, tronos, principados y dominaciones de la delincuencia a postrarse ante este glorioso genio empresarial. Según las noticias publicadas en prensa, la Audiencia Nacional le investiga por haber defraudado con este sistema cerca de doscientos millones de euros. Volvamos a decirlo: doscientos millones. Pueden ustedes apostar a que en sus últimas entrevistas faranduleras, ninguno de sus corifeos le ha preguntado dónde tiene el dinero, ni le ha echado en cara, en cálculo poco complejo, la cantidad de sueldos de médicos o pensiones de jubilación que podrían pagarse, escuelas que podrían construirse o raíles que podrían tenderse con este dinero. En cualquier país serio este hombre estaría en la cárcel; aquí está en las televisiones, dando clases.   

Víctor Aldama no está en la cárcel porque ha llegado a una componenda con la Fiscalía Anticorrupción; un pacto de caballeros. La Fiscalía le concede la libertad, le deja en la calle y le rebaja notoriamente la petición de penas. ¿A cambio de qué? No, desde luego, de que devuelva lo defraudado. Nunca lo hará. Entonces, ¿qué ha aportado el bueno de Aldama al fiscal, cuando los hechos están sustancialmente documentados? Pues no se sabe muy bien, la verdad. Desde luego, para el desbroce de la trama en torno a José Luis Ábalos, que parece que era el objetivo, no ha aportado gran cosa, al menos por ahora. 

Empezaré por un dato claro: lo descubierto hasta la fecha nos aporta indicios reveladores de que José Luis Ábalos es un corrupto, un delincuente de manual que avergüenza a los servidores públicos y cuya deriva personal espanta a quienes confiaron en él. Basta leer el escrito de acusación contra Ábalos para caer en la pura desazón, repasando la ristra de corruptelas que el fiscal desgrana. Es obvio que, de ser ciertos los hechos imputados, Ábalos debería ser castigado y expulsado de la vida pública con gran bochorno de sus camaradas. No hay paliativos. 

Por si fuera poco, los mensajes cruzados con Koldo, personaje turbio y áspero donde los haya, provoca una repugnancia que rompe todos los puentes, al verlos comerciando con mujeres y hablando de ellas con tanta vileza. Es posible que estas conversaciones, machistas y misóginas, no constituyan ningún delito, pero provocan tal rechazo que comprometen el éxito de cualquier línea de defensa que intentaren. Y es que, ante ellas, la gente no solo se tapa la nariz; se tapa los oídos. 

Sin embargo, la niebla de turbidez no debería ocultar la realidad de las cosas. Y es que la lectura del escrito de acusación del fiscal, en un análisis objetivo y sereno, junto con la tristeza, nos deja un poso de intriga. Ábalos se nos presenta como un corrupto de baja estofa, con un perfil torrentiano y grosero, responsable de unas prácticas desde luego ilícitas, pero más bien mezquinas, delicuescentes, cutres de pacotilla. Y la pregunta nos surge: ¿esto es todo? Ábalos colocó a su novia Jessica en empresas del ministerio, donde le pagaron sin tener que ir a trabajar; una trama de empresarios corruptos y amigotes le pagó una semana en un chalet de Marbella, le ofreció una casa en la Línea de la Concepción sin cobrarle el alquiler (según el fiscal, le quitaron las llaves al poco de dejar el ministerio) y le puso un apartamento a Jessica en el centro de Madrid. Aparte de eso, Aldama afirma que entregaba diez mil euros mensuales a Koldo, que éste repartiría con su jefe, para garantizarse la cercanía del ministro y contar con información privilegiada de contrataciones públicas, especialmente de material sanitario en la pandemia. Todo esto es políticamente catastrófico, jurídicamente delictivo, materialmente grave, no lo pongan ustedes en duda. Ahora inspiremos un par de veces y preguntémonos: ¿eso es todo? ¿Dónde están los millones?

En estos tiempos complicados que nos ha tocado vivir, no convendrá poner la mano en el fuego por nadie. Es posible que Ábalos haya recibido mucho más dinero de la trama corrupta, pero el dinero no ha aparecido por ninguna parte, y no hay prueba de que exista. Y la Fiscalía y el Tribunal Supremo empiezan a estar preocupados. La reflexión de Leopoldo Puente al dictar su auto de prisión, diciendo que Ábalos pudo haber recibido mucho dinero “tal vez en metálico, tal vez depositado en cuentas de terceros que hasta el momento no han sido halladas” resulta elocuente y decepcionante. Con un “tal vez” no se mete a nadie en la cárcel. 

En fin, así somos. Todo el mundo sabe dónde está el ático de González Amador, otro ejemplo de ética empresarial, comprado con dinero cuyo origen es bien conocido a estas alturas. Sin embargo, nadie sabe dónde está el ático de Ábalos, ni mucho menos el de Cerdán. Y empieza a asentarse la idea de que tal vez no existan, que realmente no tengan nada; comienza a barajarse la posibilidad de que Ábalos se dejara arrastrar por una corrupción de tres al cuarto, que desde una perspectiva política es tan devastadora como cualquier otra, pero que jurídicamente debería ser puesta en perspectiva ante otras más severas. 

En este sentido, en su escrito de acusación el fiscal calcula el perjuicio para la ‘res publica’ causado por la extraña pareja, Ábalos y Koldo, y les conmina a indemnizar estos daños. No llegan a 44.000 euros; se corresponden al salario de Jessica que las empresas le pagaron sin ir a trabajar. ¿Realmente no hay más perjuicio público en toda esta trama? ¿Y para desmontar este estaribel se liberan los grilletes de quien defraudó cinco mil veces esta cifra, permitiéndole pasearse por las televisiones con la vitola de ser socio del fiscal y adalid de la lucha contra la corrupción? ¿Cuál es el objetivo final del trato con Aldama? No lo entiendo; necesito creer que hay algo más, algo que no se conoce. 

Por cierto que, en relación con este dinero, resulta interesante, por novedosa, la decisión del fiscal de no reclamárselo a Jessica, que fue quien lo recibió. Entiendo que la idea del fiscal es presentar a esta mujer como una víctima y no como una receptadora irregular de fondos públicos. Este enfoque hubiera necesitado de un cierto desarrollo argumental, que el escrito de acusación no nos ofrece. 

En fin, como se advierte, el asunto está lleno de aristas, de luces y sombras. En la sombra están Ábalos y Koldo, braceando en un piélago de cochambre; en la luz está Aldama, convertido en héroe popular no se sabe muy bien por qué. En la ‘dramatis personae’ de esta tragicomedia, Víctor Aldama se nos presenta como el titiritero del resto. Pero no se confundan: el trato que se le da a Aldama dice más de nosotros mismos que de él; las alfombras que la derecha y la Fiscalía le tienden a su paso hablan a gritos de la degradación de nuestra vida política y judicial, que parece vanagloriarse de haberse dejado embaucar por este delincuente confeso.

Más allá de todo esto, de lo que no existe duda es de que el Tribunal Supremo condenará a Ábalos y a Koldo, y los condenará a una pena muy severa. Los dioses tienen sed, como nos recordaba Anatole France, y el devastador juicio contra el Fiscal General (que curiosamente ha terminado por deteriorar más a la institución juzgadora que a la juzgada) los ha dejado todavía más sedientos.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

Los casos de corrupción se suceden con una regularidad casi previsible. Cambian los nombres, pero no la lógica que los sostiene. A menudo se presentan como simples episodios de avaricia o fallos éticos individuales. Sin embargo, esta explicación es incompleta si no tenemos en cuenta los contextos institucionales que facilitan estas conductas. La corrupción adopta múltiples formas, erosiona la confianza en las instituciones, influye en la desigualdad y obstaculiza el desarrollo social.

Durante mucho tiempo, la corrupción se ha explicado como un problema de control (modelo principal–agente). Los ciudadanos o el Estado delegan poder en funcionarios o políticos, que pueden aprovecharse de esa posición. La solución, según este enfoque, consiste en controlar y sancionar con mayor dureza.

Esta explicación no basta para entender por qué la corrupción persiste y se normaliza, incluso cuando no responde a necesidades económicas. El modelo asume decisiones racionales e ignora cómo influyen los sesgos, las normas sociales y el contexto institucional. Para entender y reducir la corrupción debemos también atender a lo que se ha venido a llamar la arquitectura de las decisiones: cómo se estructuran y diseñan los entornos e instituciones en los que las personas actúan.

La economía de la conducta muestra que nuestras decisiones están influidas por la complejidad del entorno, sesgos cognitivos y por limitaciones de atención y memoria. En muchas situaciones no decidimos tras un análisis cuidadoso, sino mediante atajos mentales propios de una racionalidad acotada. El entorno y la forma en que se presentan las opciones influyen de manera decisiva.

Desde esta perspectiva, las conductas corruptas no son solo inmorales y están relacionadas con la avaricia, sino que también pueden aparecer cuando los incentivos, las normas sociales y el diseño de los procedimientos las facilitan. Esto no significa que no haya responsabilidad moral o legal, sino que es importante reconocer que existen entornos que hacen que comportarse de forma indebida resulte más fácil, más tentador o incluso esperable.

Muchos estudios muestran que tendemos a imitar lo que hacen los demás. Cuando la corrupción parece habitual, aumenta la disposición a aceptarla. Si “todo el mundo lo hace”, nadie quiere ser el tonto honesto que se queda fuera. Así se crea una trampa social que se reproduce y se normaliza.

Además, vigilar y castigar no siempre reduce la corrupción y, en algunos contextos, puede incluso incrementarla al transformar la decisión en un cálculo estratégico de riesgos. Cuando las personas saben que existen inspecciones o castigos, pueden dejar de evaluar la conducta en términos morales y pasar a hacerlo en términos de un juego probabilístico: “¿Me descubrirán o no?”.

En la corrupción política, las respuestas habituales suelen fallar. Más castigo penal llega tarde, más leyes no resuelven el problema y apelar a la ética individual no basta si el sistema empuja en la dirección contraria. Por eso, las soluciones más prometedoras pasan por reducir la discrecionalidad, aumentar la trazabilidad y rediseñar los procesos de decisión para que la corrupción sea más difícil, más visible y más costosa.

Además, es crucial evitar que la corrupción se perciba como algo habitual, ya que, como hemos visto, cuando se ve como frecuente aumenta la probabilidad de que ocurra.

Para explicar por qué el contexto importa, el economista y politólogo estadounidense Herbert Simon recurrió a la imagen de una hormiga en la playa. Si miramos solo a la hormiga, no entendemos su comportamiento. Para comprenderlo, debemos observar la playa, los montículos de arena y los obstáculos que debe sortear. Del mismo modo, nuestras decisiones solo se entienden si atendemos al entorno en el que actuamos. Como diría Simon, nuestras decisiones se parecen a unas tijeras, cuyas hojas inseparables son nuestras capacidades y el entorno.

Como las reformas legales y los controles no han logrado reducir de forma sostenida la corrupción, resulta clave rediseñar los contextos de decisión. Esto incluye medidas organizativas –como la rotación de personal, la reducción de intermediarios o la limitación de interacciones discrecionales– y el uso de políticas públicas conductuales como nudges: pequeños cambios en los procedimientos que aumentan la transparencia, introducen fricciones al comportamiento corrupto y facilitan denunciar y actuar de forma honesta.

Algunos ejemplos ilustran este enfoque:

No se trata de sustituir a las leyes, sino de reforzarlas modificando los contextos en los que se toman las decisiones. Si queremos dejar de sorprendernos ante cada nuevo escándalo, quizá convenga mirar menos a las “manzanas podridas” y más al cesto que las contiene: combatir la corrupción exige repensar el diseño de nuestras instituciones y los comportamientos que estas facilitan.

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Alejandro Hortal es visiting assistant professor en la Wake Forest University; University of North Carolina – Greensboro. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Por desgracia, esto es lo que estamos observando actualmente en algunos de nuestros políticos. Utilizan las urnas y los votos solo para tener el poder más innoble e irracional de un ser humano y sacar lo peor que tienen, y lo más absurdo y kafkiano es que adornan sus argumentaciones irracionales y cargadas de odio con falaces mentiras, apoyados por tertulianos pagados e instituciones económicas y eclesiásticas que lo único que pretenden es mantener el estatus que tienen para estar por encima, como siempre, de una ciudadanía que lo único que quiere es bienestar, libertad y paz. 

Toda esta reflexión viene a cuento porque, como ciudadano, no entiendo cómo un ser humano, y menos un político, puede ir en contra de que el otro mejore, y cómo el poder les convierte en seres ruines y mezquinos. Porque, analicemos, ¿no es ruin y mezquino no apoyar todo lo que llevaba detrás el real decreto ómnibus? Revalorización de las pensiones, ayudas a las víctimas de la dana y de los incendios forestales, ayudas a los más necesitados, aumento del SMI, impedir los desahucios de los más vulnerables, etc. Dejen de mentir. Basta ya. No busquen ni intenten con argumentaciones irreales y mezquinas su NO, pues detrás de este solo está su soberbia, su intento de destruir la democracia, de burlarse de las urnas. ¿O no es burlarse, señores, de la democracia y de los votos cuando Junts vota SÍ a las pensiones y vota NO a ayudar a los más necesitados ante los desahucios para que tengan una vivienda digna y no estén a expensas de los especuladores inmobiliarios? ¿Y no es burlarse de la democracia y de las urnas cuando los señores del PP y Vox votan NO, solo por el no, y cuando se les exige una explicación son tan innobles y mezquinos que no dudan en decir que si aprueban estas ayudas el Gobierno podría aguantar un año más? Es decir, el poder que les ha dado una parte del pueblo lo utilizan para destruir a la otra parte del pueblo, y a la vez utilizan, denigran y humillan a aquellos que les han votado, pues no solo no los han tenido en cuenta, sino que les empobrecen más, y todo lo hacen por devolver los favores de aquellas élites que les apoyaron para que tengan el poder para así conseguir ellas el verdadero poder: ser superiores y continuar estar arriba de una falaz, ruin y mezquina pirámide social, donde el pueblo siempre está debajo, siendo esclavo de los que están en la punta de esa pirámide. Señores del PP, Vox, Junts, UPN, dejen de ser innobles e irracionales. Tienen razón diciendo que el PSOE lo ha presentado todo junto, pero no hay ninguna de las propuestas que no beneficie a la  ciudadanía y son un escudo social que ayuda y sirve para aumentar el bienestar de toda la ciudadanía, sea de la ideología que sea. Por eso hay otras formas de actuar más nobles, y su NO lo único que demuestra es que su poder –que el pueblo les ha dado– lo utilizan para su beneficio y para demostrar la peor cara del político ser humano con un poder innoble, irracional y mezquino.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado ha citado al exdirigente socialista Francisco Salazar para que comparezca el jueves 5 de febrero y a la secretaria de Estado para Iberomérica y el Caribe, Susana Sumelzo, el día siguiente, el viernes 6 de febrero, según recoge EFE.

Fuentes del PP han informado este jueves de estas citaciones e indican que Salazar, además de haber dejado sus cargos en el PSOE y en la Moncloa por acusaciones de abuso sexual, podría estar implicado en amaños de los avales de las primarias socialistas en las que Pedro Sánchez fue elegido secretario general por segunda vez.

En cuanto a Sumelzo, quien estaba citada en principio para el lunes 2 de febrero pero la cita fue aplazada por un viaje oficial, tendrá que contestar el día 6 sobre las ayudas públicas a la empresa aragonesa Forestalia, ha apuntado el PP. La comparecencia de Sumelzo, que fue diputada por Zaragoza entre 2011 y 2024, tendrá lugar en el último día de la campaña electoral al Parlamento de Aragón.

Con las comparecencias de Salazar y Sumelzo la próxima semana se alcanzará el centenar de las celebradas en la comisión del caso Koldo en sus veintidós meses abierta.

Paco Salazar renunció a ocupar el cargo de adjunto a la Secretaría de Organización y a su puesto en el gabinete del presidente en La Moncloa, el pasado 5 de julio tras de la denuncia de varias mujeres del partido de comportamientos "abusivos" cuando era su jefe.

Todo salió a la luz después de la publicación de las testimonios en una noticia de elDiario.es, en la que varias mujeres del PSOE aseguraban que, entre otras cosas, "se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote". A raíz de estas primeras denuncias más mujeres comenzaron a denunciar comportamientos abusivos por parte de varios políticos del partido socialistas y del PP.

Pese a la gravedad de los hechos relatados, el PSOE mantuvo las denuncias sin tramitar durante cinco meses y ambas llegaron a desaparecer del sistema interno, sin que las denunciantes recibieran apoyo, información ni respuesta. Solo tras las revelaciones de elDiario.es Ferraz reactivó los expedientes, alegando un “error informático”.

El Tribunal Supremo ha acordado mantener en prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García al apreciar que persiste un "alto" riesgo de fuga y ante la proximidad del juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia, según informa EFE.

El tribunal de tres magistrados encargado de revisar las decisiones del instructor Leopoldo Puente ha rechazado los recursos del exministro y de su exasesor, en prisión desde el 27 de noviembre, que sus defensas expusieron ante la Sala en una vista el pasado jueves, en la que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que lidera el PP insistieron en mantener en prisión a los procesados. 

En dos autos, la Sala concluye que la prisión provisional es adecuada para evitar el "alto" riesgo de que ambos puedan sustraerse a la acción de la Justicia y ante la gravedad de las penas solicitadas: la Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones populares hasta 30 años.

Pero también, añaden los magistrados, por la solidez de los indicios que sustentan las peticiones de las acusaciones, y ante la inminencia de la celebración del juicio oral, que está previsto que pueda comenzar después de la Semana Santa.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el desprecinto, clonado y análisis exhaustivo de los teléfonos móviles de seis nuevos investigados, en su mayoría empresarios del sector de la construcción, para esclarecer la trama de adjudicaciones irregulares de obra pública derivada del caso mascarillas, según recoge EFE.

En un auto dictado el pasado 2 de enero, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado ordena el volcado de los terminales para rastrear las comunicaciones de cinco administradores de mercantiles adjudicatarias de la Diputación de Almería y de F.J.L.S., hermano del exvicepresidente tercero de la institución, Óscar Liria.

La resolución judicial busca evidencias que confirmen la existencia de una "mecánica delictiva sistémica" en la corporación provincial, que habría evolucionado desde presuntas mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia hasta el amaño generalizado de contratos de obras menores a través de los Planes Provinciales y el Plan Acelera.

El magistrado justifica esta injerencia en el secreto de las comunicaciones ante la gravedad de los indicios acumulados contra la cúpula política de la Diputación, descabezada tras la detención y dimisión de su presidente y su vicepresidente, Javier A. García y Fernando Giménez, ambos del Partido Popular, el pasado noviembre.

El auto detalla la utilización de un lenguaje encriptado en mensajes de Whatsapp por parte de García, Giménez y Liria, quienes usaban términos odontológicos para referirse presuntamente al cobro de comisiones ilegales.

Según la resolución, los implicados hablaban de "ir al dentista", "cambiar la piñata", "muelas picadas" o realizar una "limpieza" en contextos de conversación "absurdos" que, a juicio de los investigadores, ocultaban el reparto de beneficios ilícitos y el blanqueo de capitales.

Por ejemplo, el 8 de abril de 2020, a las 20:53 horas, "solo tres minutos después" de firmar el decreto de adjudicación del contrato de mascarillas a la empresa Azor Corporate, el dirigente popular envió "un emoticono de un diente o muela", un símbolo que la UCO vincula directamente con el éxito de la operación fraudulenta.

El auto alude a conversaciones previas en las que el exvicepresidente segundo solicitaba a Óscar Liria una televisión a modo de "aperitivo" días antes de la firma de los contratos investigados. La investigación patrimonial incluida en el auto dibuja un escenario de presunto blanqueo de capitales que salpica al entorno familiar de los políticos.

El juez reseña la "inexistencia de retiradas de efectivo" en las cuentas bancarias del expresidente, lo que sugiere que sus gastos diarios se cubrían con fondos opacos, y confirma el hallazgo en el domicilio de su hermana de una nota manuscrita junto al dinero en efectivo con la frase: "Este dinero es de Javier Aureliano".

También se investigan pagos de hipotecas y compras de parcelas mediante ingresos en efectivo fraccionados para eludir los controles fiscales.

El rastreo de los móviles de los empresarios y de F.J.L.S. pretende cerrar el círculo sobre la rama de la obra pública. El instructor describe cómo empresas instrumentales como Pulconal y OYC Servicios Urbanos -vinculadas a testaferros de Óscar Liria y de su tío, el exalcalde de Fines- recibieron decenas de adjudicaciones (16 y 17 contratos respectivamente) mediante un "concierto previo".

El 'modus operandi' descrito en el auto implicaba instrucciones directas desde la Diputación. El juez cita mensajes en los que personal técnico indicaba a las empresas la cifra exacta que debían ofertar, con expresiones como "reste un 4%" o aplique una "baja simbólica", para simular competencia y garantizarse la adjudicación.

En otros casos, era el poder político el que decidía el destino de la obra con órdenes en WhatsApp, como el mensaje "Los Gallardos pasa", enviado por Liria para descartar a una empresa en favor de otra de la trama.

La fecha del 13 de enero lleva mucho tiempo marcada en las agendas de la Agrupación Nacional (RN). Se acerca el juicio en apelación de Marine Le Pen, otros once acusados y su partido en el caso de los asistentes parlamentarios europeos, y el partido de extrema derecha se prepara para la batalla.

Al término de este mes de audiencias y luego de deliberaciones, Marine Le Pen podría ver definitivamente frustradas sus esperanzas de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027: ya ha advertido de que, en caso de ser condenada a una pena de inelegibilidad, como en primera instancia, apoyará la candidatura de Jordan Bardella.

Tras su condena el 31 de marzo de 2025 a cuatro años de prisión, dos de ellos en firme, y a cinco años de inelegibilidad con ejecución provisional, la RN desplegó una argumentación conspirativa, denigrando a los magistrados acusados de querer impedir la candidatura de su líder. Esa presión obligó a poner bajo protección policial a la jueza Bénédicte de Perthuis, atacada personalmente por los dirigentes del partido y amenazada de muerte, y suscitó la indignación de la institución judicial francesa, atacada también por el ecosistema político en casi todas las sentencias que dicta contra los cargos electos.

Pero la RN no ha aprendido la lección. A pocos días del inicio de su juicio en apelación, Marine Le Pen ha vuelto a desahogarse sobre la sentencia de primera instancia en La Tribune dimanche, atacando directamente a la presidenta del tribunal correccional, a la que acusa de haber dictado una sentencia política.

“La magistrada de primera instancia, Bénédicte de Perthuis, ha escrito que el objetivo es impedirme no solo presentarme, sino también ser elegida”, declaró. “Hubo un tiempo en el que podía recibir una bala. Ahora recibo una bala judicial. En realidad, eso significa tu muerte”.

Otro artículo de prensa reforzó el clima de tensión que rodea el inicio del juicio. El 30 de diciembre, el semanario alemán Der Spiegel se centró en la ofensiva del Gobierno estadounidense contra los opositores de sus aliados en Europa. Según la revista, la Administración Trump ha impuesto sanciones a varios activistas opuestos al partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (Alternative für Deutschland, AfD) y habría considerado tomar medidas drásticas tras poner bajo vigilancia al partido calificado como “extremista de derechas comprobado”.

Der Spiegel también escribe que el Departamento de Estado americano consideró la idea de imponer sanciones a los jueces que condenaron a Marine Le Pen en primera instancia. La embajada de Estados Unidos en Francia, contactada por Le Monde, finalmente reaccionó para desmentir una “aparente filtración obsoleta y falsa”.

Tras la condena de la líder de RN, el ecosistema trumpista acudió en su ayuda, denunciando al unísono una justicia política que querría impedir la llegada al poder de una aliada potencial. “FREE MARINE LE PEN”, publicó Donald Trump en redes sociales, criticando “una caza de brujas” orquestada por “los izquierdistas europeos”, y estableciendo un paralelismo con sus propios asuntos judiciales. El presidente estadounidense recibió el apoyo de Elon Musk, Vladimir Putin y los aliados europeos de RN, como Viktor Orbán.

Todos estos elementos llevaron al presidente del tribunal judicial de París, Peimane Ghaleh-Marzban, a tomar la palabra. “Si tales hechos se confirmaran o llegaran a producirse, constituirían una injerencia inaceptable e intolerable en los asuntos internos de nuestro país, que debería provocar la reprobación de los poderes públicos”, advirtió el 6 de enero, durante una audiencia de toma de posesión de nuevos magistrados.

Pero las represalias estadounidenses contra un magistrado francés que desagrada a la Administración Trump no serían una novedad. Desde el 20 de agosto de 2025, Nicolas Guillou, juez francés del Tribunal Penal Internacional (TPI), se encuentra bajo sanción por Estados Unidos por haber participado en la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ahora exministro de Defensa Yoav Gallant. Sanciones que “afectan a todos los actos de su vida cotidiana”, explicaba al diario Le Monde, como su imposibilidad de acceder al sistema bancario, pagar con tarjeta de crédito o comunicarse a través de los servicios estadounidenses.

Por su parte, la RN intentó dar la vuelta a la sartén, viendo en la defensa de la institución judicial por parte de Peimane Ghaleh-Marzban una presión sobre los magistrados del tribunal de apelación. En un comunicado de prensa publicado el miércoles 7 de enero, el partido explica, sin ironía, que permanece “atento a cualquier cuestionamiento o presión que se ejerza de manera inaceptable sobre la institución judicial”.

Sobre todo, acusa al presidente del tribunal judicial de París, cuyas declaraciones serían “susceptibles de perjudicar gravemente los intereses de los acusados”, en particular al “acreditar una 'noticia falsa'” [es decir, retomar la información de Der Spiegel, ndr]”. “La Agrupación Nacional teme que tales declaraciones puedan parecer una presión inadmisible sobre los magistrados de apelación basada en un rumor difundido por un medio de comunicación hostil”, añade RN en su comunicado.

Estas nuevas acusaciones contra la justicia, tras los virulentos ataques lanzados por Nicolas Sarkozy después de su condena en el caso libio, indignan a los profesionales, entre ellos la Unión Sindical de Magistrados (USM, mayoritaria), que ha reaccionado a las declaraciones de Marine Le Pen en La Tribune dimanche.

“La decisión en primera instancia se tomó de conformidad con la legislación aplicable y tras varias semanas de debates judiciales técnicos en los que todas las partes pudieron explicarse y presentar sus argumentos de forma contradictoria”, recuerda Alexandra Vaillant, secretaria general de la USM. “Por lo tanto, no se trata en absoluto de una decisión política, sino de una decisión judicial motivada, de hecho y de derecho, y conforme a la ley aprobada por el Parlamento”.

“La USM lamenta una vez más estos ataques públicos contra los magistrados por su actividad jurisdiccional”, añade. “No podemos más que lamentar tales declaraciones a pocos días del inicio del juicio en apelación de la señora Le Pen y recordar que, al igual que en el juicio ante el tribunal correccional, los magistrados del tribunal de apelación de París deberán tomar una decisión colegiada tras varias semanas de debates judiciales en los que las partes podrán hacer valer todos sus argumentos jurídicos. Se trata del ejercicio normal de una vía de recurso en un Estado de derecho.”

En cuanto a las recientes alertas sobre el riesgo de injerencia extranjera, la USM “recuerda que la justicia no puede impartirse bajo la presión de un Estado extranjero, sea quien sea y sea cual sea el caso en cuestión”. Ya había “alertado la Unión Internacional de Magistrados [...] sobre las sanciones americanas impuestas a algunos jueces del Tribunal Penal Internacional, incluido un juez francés, por su actividad jurisdiccional”. “Más allá del TPI, esas sanciones podrían afectar a jueces europeos en casos delicados y comprometer así el orden jurídico internacional, basado en el respeto del Estado de derecho”, afirma.

El Sindicato de la Magistratura (SM) está igualmente indignado. “A la luz de los recientes precedentes —la sanción al juez francés del TPI Nicolas Guillou y la crítica pública del presidente de los Estados Unidos a la decisión del tribunal correccional de París contra Marine Le Pen—, el Sindicato de la Magistratura presta la máxima atención a la información publicada por Der Spiegel”, declara el sindicato. “Si estas amenazas se confirmaran, constituirían un intento de intimidación a los jueces franceses con el fin de influir en el resultado de un caso en curso. Se trataría de una injerencia inadmisible en la vida judicial de nuestro país. Cabe recordar que corresponde al presidente de la República garantizar la soberanía y la independencia nacionales, así como la independencia del poder judicial. Por lo tanto, él será el primero, según la Constitución, en tener que responder.”

Los dos magistrados franceses de mayor rango, Christophe Soulard y Rémy Heitz, respectivamente primer presidente y fiscal general del Tribunal de Casación, han asistido a la audiencia solemne anual del tribunal supremo, a la que ha sido invitado excepcionalmente el juez del TPI, Nicolas Guillou.

“Las medidas de represalia de Estados Unidos contra el juez Guillou han suscitado, con razón, mucha conmoción e inquietud”, declara Rémy Heitz a Mediapart. “No obstante, soy mucho más cauteloso con la información del Spiegel, que aún no ha sido confirmada. Pero no debe haber ninguna presión sobre los jueces del proceso de apelación de la RN, y este juicio debe poder celebrarse con total tranquilidad”.

Christophe Soulard, también consultado por Mediapart, no ha querido hacer declaraciones. En la entrevista que nos concedió en junio de 2025, el primer magistrado de Francia lamentó la llegada de un “populismo antijudicial que consiste en hacer creer que los jueces han tomado el poder, que impiden al legislador aprobar las leyes que desea porque los magistrados anulan sus efectos, que impiden al Gobierno gobernar, todo ello en nombre de principios que los jueces habrían inventado más o menos ellos mismos...”

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, al que también hemos contactado, no ha respondido.

Traducción de Miguel López

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, en la que el PP tiene mayoría para tomar decisiones, citará al exministro José Luis Ábalos a comparecer el 8 de enero, pese a encontrarse actualmente en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid), según recoge EFE.

El anuncio lo ha hecho la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa este martes.

Ha explicado que la solicitud para que pueda celebrarse esa comparecencia se trasladará tanto a Soto del Real e Instituciones Penitenciarias como al Tribunal Supremo, que instruye el caso en el que es investigado y que ordenó su ingreso en prisión preventiva.

La comparecencia, si fuese autorizada, podría celebrarse mediante un traslado policial hasta el Senado o bien por vía telemática, según han apuntado fuentes del PP.

Han recordado, en este sentido, el precedente del pasado febrero en el Congreso de los Diputados, cuando compareció Mohamed Houli en la comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, trasladado para ello desde la cárcel de Córdoba.

De producirse en esa fecha, la comparecencia de Ábalos sería la número 99 en la comisión Koldo, tras veintiún meses de trabajos.

Y sería la segunda declaración de Ábalos en esta comisión, pues fue ya uno de los primeros en comparecer, el séptimo, cuando lo hizo el 6 de mayo de 2024.

García ha dicho en la rueda de prensa que el Gobierno está "respondiendo con silencio" a las imputaciones sobre corrupción y a las acusaciones de acoso sexual, por lo que el PP del Senado replicará "con más control" parlamentario.

Ha evitado concretar la fecha en que será citado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuya comparecencia fue anunciada por el PP para que explique si tuvo participación en el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Tampoco ha ofrecido García fechas sobre otras comparecencias pendientes, como las del exdirigente socialista Francisco Salazar, la del primogénito de Ábalos o la de Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, más allá de recordar que enero fue habilitado en el Senado para que continuaran activas las cuatro comisiones de investigación abiertas.

Preguntada por la auditoría forense que el PSOE encargó a dos catedráticos, que ha descartado financiación ilegal en ese partido, la portavoz del PP en el Senado ha restado valor al resultado: "Es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre el acoso sexual".