Lo habitual en Estados Unidos es que cada diez años los estados ajusten los mapas electorales para la siguiente década. Pero este 2026 el país está llevando a cabo unos cambios no vistos desde 1800: ambos partidos, republicanos y demócratas, se han lanzado a una carrera por usar la manipulación electoral en su favor de cara a las elecciones de medio mandato, que se celebrarán en noviembre. De fondo, los expertos alertan del peligro de extender la desconfianza en el sistema.

Este martes, los demócratas aseguraron cambios en el mapa electoral de Virginia que podría traducirse en cuatro escaños más en los comicios de noviembre. Los votantes del estado que limita con Washington DC, la capital del país, aprobaron redibujar los distritos de un modo que aumenta las posibilidades del Partido Demócrata de recuperar el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Aunque era un referéndum en solo uno de los 50 estados, la consulta se ha convertido en una noticia de alcance nacional, con dirigentes de ambos partidos implicados en la campaña, incluido el presidente, Donald Trump.

El referéndum en Virginia ha confirmado hasta qué punto los demócratas han asumido la estrategia que Trump activó el verano pasado en Texas: rediseñar distritos para ayudar a los republicanos en la Cámara Baja. El gerrymandering, como se conoce en inglés, es un viejo conocido del sistema electoral estadounidense, pero la izquierda era más reticente a usar una técnica que consideraban poco justa. Ahora, sin embargo, hacen campaña a favor de emplearla: aseguran que es la única manera de contraatacar la agenda de Trump. 

En una entrevista televisiva esta semana, el líder demócrata en el Congreso, Hakeem Jeffries, aseguró que Trump “intentó amañar las elecciones redibujando el mapa electoral nacional” y defendió combatirlo haciendo lo mismo. 

En total, el mapa electoral ya se ha cambiado a lo largo del último año y medio en siete estados: Texas, Misuri, Ohio y Carolina del Norte (a favor de los republicanos), California, Utah y Virginia (a favor de los demócratas). Además, Maryland, Carolina del Sur y Washington han presentado proyectos de ley para cambiar los mapas; en Florida el proceso de redibujar distritos ya ha comenzado, y otros cuatro estados están pendientes de órdenes judiciales sobre el mismo tema: Alabama, Luisiana, Dakota del Norte y Wisconsin.

A la vez, varios estados más han considerado recientemente la posibilidad de redistribuir sus distritos electorales: Illinois, Kansas, Nebraska y Nuevo Hampshire. Algunos de estos estados se han reunido con funcionarios de la Casa Blanca o delegaciones del Congreso para discutir esa posibilidad, con lo que a lo largo de los próximos meses podrían aumentar los nuevos mapas electorales, condicionando, en consecuencia, las elecciones de noviembre.

Con la victoria de los demócratas, Virginia ha borrado la ventaja que los republicanos habían conseguido redibujando distritos electorales en otros estados, pero con el posible nuevo mapa de Florida podrían volver a ganar ventaja.

“En pocas palabras, lo que están haciendo los dos partidos se conoce como gerrymanderin, una maniobra notoria en la que los mapas electorales se diseñan intencionadamente para dar ventaja a un bando, normalmente al que diseña los mapas, sobre el otro”, ha explicado el abogado y vicepresidente de la American Constitution Society Carl Unegbu en un artículo. “Y, si bien la manipulación electoral por motivos raciales está prohibida (...), la manipulación electoral partidista se considera permisible, gracias a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de 2019”. 

“Pero, aunque sea legalmente permisible, la desventaja de la manipulación electoral partidista es enorme, sobre todo porque a los votantes victimizados del partido rival se les niega la oportunidad real de elegir a los representantes de su elección, en violación de la garantía de igualdad de protección de la 14ª Enmienda. Sin mencionar el efecto corrosivo de esta maniobra infame sobre la confianza de los ciudadanos en la legitimidad general del sistema electoral”, advierte el experto.

El importante punto flaco de esta carrera por redibujar distritos es, según analistas, que aumente la desconfianza en un sistema electoral constantemente golpeado por las acusaciones recurrentes de fraude electoral del presidente. Trump ya dijo el miércoles que el referéndum de Virginia había sido “manipulado” sin citar pruebas que respalden esa afirmación.

“¡ANOCHE SE CELEBRARON ELECCIONES FRAUDULENTAS EN VIRGINIA!”, publicó el presidente en Truth Social, culpando al voto por correo del resultado de la votación. Trump continúa sin reconocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 pese a que ni tribunales ni políticos electos ni su propia Administración han encontrado pruebas de fraude. 

Esta misma semana, el director del FBI, Kash Patel, ha dicho en televisión que “pronto” van a producirse arrestos relacionados con esas "elecciones fraudulentas", insinuando que podrían llegar esta misma semana. Así, la Administración estadounidense multiplica sus esfuerzos por revivir la idea del fraude en 2020, solo a unos meses de las elecciones de medio mandato de este 2025.

Cuando Donald Trump decidió atacar a Irán a finales de febrero, muchos de sus críticos lo vieron como la gota que derramaría el vaso. Como el elemento que conseguiría lo que tantas otras decisiones del presidente no habían logrado, esto es, que sus votantes lo abandonasen en masa. Cuatro semanas después del inicio de la operación militar, eso no ha sucedido y la pregunta es inevitable: ¿qué tiene que pasar para que el líder estadounidense pierda el apoyo de su base?

Trump centró buena parte de su campaña electoral en criticar que otros presidentes empleasen recursos en librar conflictos armados en el extranjero, prometiendo evitar “guerras estúpidas” y acabar con las que estuviesen en curso y repitiendo que sería merecedor del Nobel de la Paz. También llevó por bandera el “América Primero”: al contrario que tantos otros, aseguró, su mandato estaría centrado en los problemas de los estadounidenses de a pie por encima de todo. Insistió en que se centraría en el coste de la vida, que bajaría impuestos, que reduciría precios.

Sin embargo, la guerra en Oriente Próximo que empezaron Estados Unidos e Israel ya ha costado a los estadounidenses más de 25.000 millones de euros, según cálculos del centro de estudios Center for Strategic and International Studies (CSIS). Pese a que Trump promete una y otra vez que el conflicto está a punto de terminar, la Casa Blanca está valorando pedir al Congreso otros 200.000 millones para financiarlo. El precio de la gasolina ha subido un 30% en un mes. Los organismos que hacen previsiones macroeconómicas están advirtiendo de que los precios se dispararán si el conflicto se alarga. A la vez, el conflicto se ha cobrado la vida de más de mil civiles, incluyendo 200 niños, y de 13 militares estadounidenses. Mientras, Trump apenas se ha molestado en explicar su cambio de discurso.

Y aún así, el impacto de esta decisión en el apoyo a Trump está siendo más bien limitado.

Si bien es cierto que el número de estadounidenses que desaprueban su gestión está ahora en su nivel más alto desde que el presidente regresó al cargo el año pasado, también lo es que ya estaba a este nivel antes del inicio de la guerra, a finales de enero. Los vientos de cara no han conseguido que la base de Trump lo abandone, de acuerdo a los números. Tampoco parece haber tenido mucho efecto en este sentido la reciente dimisión del director de Estrategia Antiterrorista, quien aseguró que Irán no constituía una amenaza inminente y que el ataque estaba motivado por presiones extranjeras. Ni las críticas de importantes voces MAGA como Tucker Carlson, el expresentador de la cadena Fox y ahora conductor de un podcast muy seguido por los votantes republicanos; o de Marjorie Taylor Greene, la congresista y defensora de Trump hasta hace unos meses, cuando dejó el cargo por desacuerdos con él.

Según las últimas encuestas, seis de diez estadounidenses (61%) desaprueban la gestión de Trump del conflicto, y cuatro (37%) lo aprueban. Entre los republicanos, siete de diez creen que Estados Unidos tomó la decisión correcta (71%), de acuerdo a los datos de Pew Research, y uno de cada diez la desaprueba “con fuerza” (12%). No obstante, cuando los sondeos preguntan a quienes se identifican como seguidores del movimiento político de Trump, nueve de cada diez apoyan la guerra, según una encuesta de la agencia Reuters e Ipsos. Uno de los titulares más impactantes ha sido el de otra encuesta de la cadena NBC, que dice que entre los que se autoidentifican como MAGA Trump tiene el 100% de aprobación, es decir, ni uno solo dice que desaprueba la acción del presidente.

¿Realmente ninguno de los seguidores de Trump ha cambiado de opinión con la guerra de Irán? ¿Significa eso que no va a perder apoyos haga lo que haga? Y, si no es así ¿qué tiene que pasar para que el votante del presidente diga basta? Las elecciones de medio mandato tendrán lugar en noviembre, y la respuesta a estas preguntas puede determinar si los republicanos mantienen o no el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Para empezar, conviene conocer cómo el Partido Republicano explica los últimos ataques a Irán. Nadia Schadlow, socia del Hudson Institute y ex vice asesora de Seguridad Nacional durante la primera administración Trump, ha hablado largo y tendido en medios sobre el tema. En su opinión, que EEUU bombardee Irán no choca con la doctrina del “América Primero” del presidente porque la razón detrás de esos bombardeos es que la amenaza iraní estaba creciendo y no podía permitir que se hiciesen con armas nucleares. 

“Nadie puede hablar por Trump, pero creo que él lo ve como ‘en los cuatro años en los que estuve fuera [de la Casa Blanca] han crecido ciertas amenazas. La Administración Biden se limitó a ver cómo crecían esas amenazas, y ahora que yo estoy de vuelta en el poder, tengo que hacer algo al respecto’”, explicó a The New York Times. “Creo que [la decisión] es lo mejor para Estados Unidos. Y creo que el presidente lo ha dejado claro”. Por eso, ella cree que no debería sorprender que los seguidores de Trump apoyen su decisión con respecto a Irán, ni que no lo abandonen.

“Por un lado, Trump es ya tan impopular que es más difícil que pierda apoyos”, reflexiona sobre el mismo tema el analista político y experto en encuestas de The New York Times Nate Cohn en su newsletter. “Con tan poco apoyo, el rating de Trump solo puede caer más si decepciona a sus seguidores más acérrimos, y con Irán, eso es concebible, porque la guerra choca con la facción ‘América Primero’ de los MAGA (...). Pero eso no significa que los seguidores de Trump que están contra la guerra vayan a volverse contra el presidente. La guerra es solo un asunto, uno de muchos que pueden influir en la visión de alguien sobre el presidente”, añade.

Pero los seguidores de Trump pueden estar de acuerdo con los motivos detrás de la guerra y, al mismo tiempo, votar en función de lo que vean en el surtidor de gasolina y en el ticket del supermercado. Por eso muchos creen que esta guerra no durará demasiado.

“Mientras la Casa Blanca aparentemente busca una salida de este conflicto que cada vez crece más, los neoconservadores están presionando al presidente Trump para que redoble sus esfuerzos en la guerra. Pero las encuestas muestran que la base de Trump está a favor de declarar la victoria, de manera que sea posible un alto el fuego y que se evite un mayor shock económico”, opina la vicepresidenta del Quincy Institute, Trita Parsi. “Aunque los votantes de Trump sigan leales a él, está claro que prefieren que termine la guerra más pronto que tarde y que sería mejor para Trump si termina la guerra mientras tiene el apoyo de su base”. La cuestión, llegados a este punto, es si el presidente tiene el poder de dar marcha atrás con este conflicto, como hizo con los aranceles o con la retirada del ICE de Minnesota… o si ya no depende de él.

Otros creen que el tema principal es el coste que la guerra está suponiendo para el contribuyente estadounidense. “El gasto refleja una elección que tanto el Congreso como el presidente han hecho a la hora de situar los recursos del país. Pero antes de que el Congreso decida si dar 200.000 millones más al Departamento de Defensa, debería valorar seriamente otroas maneras de usar esa financiación, como mejorar las vidas de la gente”, ha escrito en una nota Bobby Kogan, director del área de presupuesto federal del Center for American Progress, un instituto independiente y progresista.

Kogan ha calculado de qué otras maneras podrían haberse usado esos 25.000 millones que Estados Unidos ya ha gastado en Irán: tres millones de personas más podrían haber tenido acceso a sanidad a través de Medicaid durante un año, o 30 millones de niños habrían comido gratis en comedores escolares, o tres millones de personas habrían podido disfrutar de vivienda pública. Con ese dinero, casi dos millones de niños podrían haber ido a la guardería gratis, o tres millones de personas podrían haber ido a la universidad dos años sin tener que pagarla. 

El experto también destaca que la “beautiful bill” de Trump está previsto que deje a diez millones de personas sin seguro sanitario y a millones más sin las ayudas alimentarias que a día de hoy reciben, y que a la vez supone grandes recortes de impuestos para los más ricos. “En conjunto, supone la mayor transferencia de riqueza del pobre al rico en una sola ley en toda la historia de EEUU”, critica. Eso, en un momento complicado para las finanzas personales de los estadounidenses, puede condicionar el voto. Las encuestas dicen que un 63% de los estadounidenses considera que la economía del país es “débil” o “muy débil”, porcentaje que incluye a un 40% de votantes republicanos, 66% de independientes y 84% de demócratas, según una elaborada por Reuters e Ipsos.

Algunos expertos señalan que cómo se comporte el votante de Trump no solo depende de sus decisiones, sino también de la oposición. “Esto supone una enorme oportunidad para que los demócratas consigan grandes victorias en las elecciones de medio mandato centrándose en asuntos que normalmente son más republicanos, como la seguridad nacional, la economía y la inmigración”, ha dicho el estratega del Partido Demócrata Doug Farrar a Reuters.

Otros creen que lo que acabará con la presidencia de Trump será el despliegue de soldados en Oriente Próximo. El analista Jack Hunter recuerda que varias encuestas han revelado que la mayoría de los estadounidenses se opone a lo que en EEUU se conoce como “botas en el terreno”. “Esto debería hacer saltar las alarmas en la administración. Los republicanos siguen apoyando la guerra pero en números cada vez más bajos, y han sido muy claros con respecto a la idea de enviar soldados a la región. Los números de Trump, incluyendo a los republicanos, van a desplomarse si lo hace, especialmente si acaban siendo atacados y muriendo. El destino de Trump está en las encuestas. Si no quiere terminar como George W. Bush, cuyo legado quedó marcado por las guerras de Irak y Afganistán, tiene que encontrar la manera de dar la vuelta a esto”.

A día de hoy, la historia apunta a que los desastres económicos, más que la pérdida de vidas en conflictos en el extranjero, son los que acaban con cualquier presidencia estadounidense. Trump se enfrenta ahora a la combinación de ambos factores. Es cierto que el presidente ha mostrado una resiliencia nunca vista en sus predecesores, y que es capaz de cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Si lo conseguirá también esta vez, es algo que solo sabremos los próximos meses.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la decisión del Gobierno de declarar la antigua Prisión Provincial de Madrid, popularmente conocida como Cárcel de Carabanchel, como Lugar de Memoria Democrática, informa EFE.

Este acuerdo se produce la misma semana en la que el Ejecutivo también ha acordado que la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y 'la tapia de fusilamiento de La Almudena', cuya titularidad es del Ayuntamiento de Madrid, sean declarados Lugar de Memoria.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática destaca que la Prisión Provincial de Madrid se construyó entre 1940 y 1944 mediante el trabajo forzoso de un millar de presos republicanos, y que se convirtió en "uno de los emblemas represivos de la dictadura y símbolo de la nueva política penitenciaria".

Resalta que por sus celdas pasaron miles de hombres y mujeres perseguidos por su ideología, actividad sindical, orientación sexual o pobreza, y que fue un espacio donde, durante la dictadura, convivían "represión, adoctrinamiento y resistencia".

Aunque hoy apenas permanecen algunos vestigios materiales del antiguo complejo (como el pórtico de entrada o el antiguo hospital penitenciario), el departamento que dirige Ángel Víctor Torres subraya que "el significado histórico del lugar trasciende su materialidad".

De ahí que entienda que su declaración como Lugar de Memoria Democrática esté "plenamente justificada": "Representa tanto el sufrimiento de las víctimas como la resistencia, la solidaridad y la conciencia colectiva que germinaron tras sus muros", sostiene.

En virtud de esta declaración, se llevarán a cabo medidas para conservar los vestigios existentes y de difusión e interpretación de lo sucedido durante el régimen franquista, con una finalidad conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora.

También se impulsará, en este espacio, un centro memorial dedicado al conocimiento y la divulgación de la represión franquista y de los derechos humanos, señala el BOE.

La fosa común del cementerio de Montcada i Reixac (Barcelona), la mayor de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil y donde murieron fusiladas 1.200 personas de derechas o creyentes, se ha incorporado oficialmente este sábado a la Red de Espacios y Memoria Democrática de Cataluña, según recoge EFE. 

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y el alcalde de Montcada, Bartolomé Egea, han presidido hoy un acto celebrado en el cementerio para escenificar la incorporación de la fosa a la Red de Memoria.

El cementerio de Montcada alberga la mayor fosa común de represaliados de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil, de la que solo se conserva un parte: entre julio de 1936 y mayo de 1937 fueron enterradas en ella cerca de 1.200 víctimas de la violencia política y social desatada tras el golpe de estado.

Los ejecutados que fueron enterrados en esta fosa fueron, en su mayoría, personas represaliadas por sus creencias religiosas, su militancia en formaciones catalanistas de derecha o centroderecha o por pertenecer a familias acomodadas. 

Entre 1937 y 1938, la propia Generalitat republicana nombró a un juez especial encargado de investigar los hechos. Fueron exhumados entonces 450 cuerpos, 155 de los cuales pudieron ser identificados.

Posteriormente, entre abril y julio de 1940, el régimen franquista reanudó los trabajos de exhumación y recuperó otros 748 cuerpos, mientras que el resto de cadáveres no identificados fueron enterrados de nuevo en la fosa común.

Durante su intervención en el acto, Espadaler ha destacado que la incorporación del cementerio de Montcada a la red de espacios de memoria constituye un "acto de justicia, de reparación", que pretende "curar heridas y no dejar caer en el olvido ese espacio de dolor".

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió este viernes a la Corte Suprema para que revise la constitucionalidad de la orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que marca la segunda vez que solicita a los magistrados abordar este tema.

Al menos tres jueces federales han fallado en contra del intento del mandatario republicano para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas indocumentadas y de inmigrantes con visados temporales, lo que contradice la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que toda persona nacida en EEUU es considerada ciudadana.

En la apelación citada por la CNN, el procurador general de EEUU John Sauer, considera que las decisiones de los tribunales inferiores sobre la orden ejecutiva firmada por Trump al segundo día de retornar al cargo “socavan” la seguridad fronteriza.

"Esas decisiones otorgan, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas que no cumplen los requisitos", subrayó Sauer, principal abogado de las apelaciones del Ejecutivo estadounidense.

Esta es la segunda vez que la Casa Blanca busca que los máximos jueces decidan sobre un tema relacionado con la ciudadanía, tras la victoria que obtuvo el mandatario en junio pasado sobre el tema.

Aunque la decisión del Supremo en esa ocasión sobre la orden ejecutiva no se refiere a los méritos del decreto en sí, sino que se circunscribe a la jurisdicción de los juzgados menores y a la legalidad en sus decisiones de bloquear a nivel nacional una orden del Ejecutivo, esta sí representó un logro en los intentos de Trump por cambiar la interpretación de la Enmienda 14.

El mandatario ha insistido en que ese derecho recogido en la Constitución "tuvo que ver con los bebés de esclavos" y no con los hijos de los "miles de personas que están entrando en el país" debido a esta provisión constitucional.

En julio pasado, el Noveno Circuito de Apelaciones en California falló en contra de la orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento, cuya aplicación está en suspenso en todo el país mientras se revisan los casos.

La apelación presentada este viernes ante el Supremo se refiere al fallo de la corte de apelaciones californiana y de un fallo contrario de un juez de New Hampshire.

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos−Gogora ha identificado genéticamente los restos de otras seis víctimas de la prisión franquista de Orduña (Bizkaia), recuperadas del cementerio de la localidad en las campañas de 2022 y 2024.

Según ha informado Gogora y ha recogido EFE, los últimos identificados son José Gómez Narváez, Aquilino Flores Bautista, y Manuel Vivas Fernández, de la provincia de Badajoz; Zollo Villar Toledo, de Ciudad Real y Antonio Bootello Negrete, de Málaga. Un equipo se trasladará a las provincias de Badajoz y Málaga para entregar los restos de Narváez, Vivas, Pozo y Negrete a sus familias de forma privada.

Las labores de exhumación en el cementerio de Orduña finalizaron en diciembre de 2024 y en total se recuperaron restos pertenecientes a 93 personas, y ya son 17 los restos identificados y entregados a las familias. El reto actual para Gogora es localizar al mayor número de familiares de prisioneros fallecidos posible para identificar a los 76 restantes.

Según la información de Gogora, el campo de concentración de Orduña comenzó a funcionar en julio de 1937, cuando el bando sublevado puso en marcha una red de campos para concentrar de forma masiva a los combatientes republicanos apresados, ha explicado La arbitrariedad y las condiciones de vida infrahumanas eran el denominador común: hacinamiento, humillaciones, hambre, frío, enfermedades y muertes, ha constatado Gogora.

La mayoría de estos campos se clausuraron en 1939, salvo algunos, como el de Orduña (1939-1941), que pasaron a ser prisiones. Finalizada la guerra, Orduña pasó a ser parte del engranaje de la política penitenciaria del franquismo, especialmente diseñada para quienes perdieron la guerra. La mayoría de las personas que fallecieron cautivas en este centro procedían de Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y Cataluña.

Por la documentación histórica existente se conoce que, de los 225 prisioneros fallecidos en esta prisión, más de la mitad (127) eran de origen extremeño (125 de Badajoz y 2 de Cáceres), y que 87 de ellos trasladados desde el penal de Castuera. A estos presos extremeños muertos se unieron 41 castellanomanchegos (34 de Ciudad Real, 4 de Toledo y 3 de Albacete), 22 trasladados desde la prisión de Málaga, 7 de Tarragona y los 28 restantes de otras provincias del Estado.

Por ello, responsables de Gogora tratan de colaborar con responsables de la Delegación de Gobierno de Extremadura y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, para explorar iniciativas que permitan nuevas identificaciones.

Para que la identificación genética sea posible, es necesario cotejar muestras de ADN de descendientes de los fallecidos, con las muestras extraídas de los restos óseos. Por ello, el instituto vasco de la memoria ha vuelto a hacer una llamamiento para que familiares de víctimas contacten con Gogora (gogora@euskadi.eus /+34 944 032845) especialmente en Extremadura, de donde procedían más de las mitad de los reclusos fallecidos, en aras a ampliar el banco de ADN que está confeccionando para facilitar las identificaciones.

Antonio Bootello Negrete era de Pizarra (Málaga), trabajaba en el campo, casado y con dos hijos. En octubre de 1939 fue condenado por rebelión a 20 años de prisión. Pasó por varias cárceles e ingresó en Orduña en diciembre de 1939, donde falleció el 22 de marzo de 1941 de gripe, a los 45 años.

Aquilino Flores Bautista, de Valencia de las Torres (Badajoz), era jornalero, casado y con dos hijos. Condenado por rebelión a 12 años y 1 día de reclusión menor, ingresó en Orduña en diciembre de 1940, donde falleció tres meses más tarde, "de reumatismo", a la edad de 38 años.

José Gómez Narváez, de Castuera (Badajoz), era carpintero, estaba casado y tenía cuatro hijos. Condenado por auxilio a la rebelión a 20 años de prisión, ingresó en Orduña en febrero de 1940, donde murió el 6 de abril de 1941, a causa de "avitaminosis", a los 50 años.

José Pozo García, de Aceuchal (Badajoz), era jornalero, casado y con un hijo. Ingresó en Orduña en marzo de 1940 y falleció un año después, a los 48 años.

Zoilo Villar Toledo, de Torrenueva (Ciudad Real), era carnicero, estaba casado y tenía siete hijos. Llegó a Orduña en diciembre de 1939, donde falleció el 12 de marzo de 1941 debido a una embolia cerebral a los 59 años.

Manuel Vivas Fernández, de Villagonzalo (Badajoz), jornalero, casado y con cuatro hijos. Ingresó en Orduña en diciembre de 1939 y falleció el 14 de abril de 1941, a los 46 años.

Los reyes de España homenajearon este domingo a los muertos en el campo de concentración nazi de Mauthausen, entre ellos cerca de 5.000 españoles, con una ofrenda floral durante un desfile en el que las banderas españolas y republicanas se han mezclado con gritos a favor del rey y la República, informa EFE.

Se trata de la primera visita de un jefe de Estado español a este campo de concentración nazi en el 80 aniversario de su liberación en el que fueron internados cerca de 7.000 españoles entre 1940 y 1945.

Los reyes fueron recibidos a su llegada al campo por el presidente austríaco, Alexander Van der Belle, y su mujer, Doris Schmidauer, tras lo que saludaron a los responsables de Amical Mauthausen, y junto a la delegación española, integraron la comitiva internacional que, encabezada por los tres supervivientes que quedan del campo, desfiló hasta el monumento conmemorativo a las víctimas del nazismo.

Las diferentes delegaciones de los distintos países por orden alfabético y agrupaciones de víctimas desfilaron en la ceremonia ante el monumento a las víctimas del campo de Mauthausen, un cenotafio que homenajea a los más de 90.000 fallecidos.

Cuando llegó el turno de la delegación española, los reyes se dirigieron hacia la comitiva y encabezaron la representación integrada por unas 250 personas, en la que había dos banderas españolas, y, en filas posteriores, varias republicanas.

Los reyes han depositado entonces la corona de flores junto a las de los demás países y tras lo que se han mezclado 'Vivas al rey' con gritos a favor de la república.

A su llegada, los reyes también saludaron y hablaron cariñosamente con una emocionada Dolors Pont, hija de un republicano español fallecido en este campo.

También en el homenaje, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que España tiene una "deuda insaldable" con los republicanos españoles que defendieron la libertad y luego fueron deportados a los campos de concentración nazi.

El ministro ha afirmado a EFE que la sociedad española en su conjunto tiene una deuda con "gente que defendió la libertad y la democracia y la justicia en Europa contra los totalitarismo, el fascismo y el nazismo".

Bustinduy ha señalado que esos mismos republicanos españoles "tuvieron que conocer todavía décadas de oprobio, de abandono, de exilio" ya que la dictadura de Francisco Franco se desentendió de ellos.

El ministro ha opinado así al ser preguntado por la reciente investigación abierta por la Fiscalía de Memoria para esclarecer las responsabilidades y la existencia de una posible estrategia conjunta entre la dictadura y el régimen nazi en la detención y traslado de miles de españoles a campos de exterminio nazis. Bustinduy ha opinado que cualquier paso que se dé para saldar esa deuda "será insuficiente pero es positivo". "Y no es sólo una cosa simbólica, es bien práctica en el mundo en el que vivimos, en el que vuelve el auge de la extrema derecha", ha señalado.

"Se multiplican las guerras, los conflictos, los discursos de odio, el genocidio que está sucediendo en Palestina. La memoria no mira hacia atrás, mira al presente y mira al futuro y es un deber", ha afirmado.

Respecto a la presencia de los reyes en los actos de homenaje en Mauthausen, criticada por algunos familiares de españoles que sufrieron el horror nazi y por círculos republicanos, Bustinduy ha afirmado que es "positiva".

"Cualquier gesto por parte de todas las instancias del Estado y de la sociedad española de reconocimiento a la memoria de los héroes antifascistas españoles es positivo, aunque los familiares son los protagonistas de esta conmemoración", ha indicado.

Por otra parte, el ministro de Derechos Sociales ha criticado a los concejales del Partido Popular y de Vox que se han opuesto en varios municipios españoles a homenajear a vecinos que fueron deportados al campo de concentración nazi de Mauthausen.

"Creo que una decisión así solo puede basarse en la ignorancia y, por tanto, yo invitaría a los concejales y las concejales de estas localidades que han votado en contra de poner placas conmemorativas o las stolperstein (adoquines) en la puerta de las casas de quienes fueron deportados a los campos de extermino nazis", ha señalado.

En el verano de 1937, entre los meses de julio y octubre, un total de 60.000 asturianos salieron de su tierra por vía marítima, huyendo de la represión de las tropas sublevadas en 1936, incluyendo los dos millares de niños y niñas evacuados hacia la Unión Soviética y otros países en el mes de septiembre. Los olvidados de 1937. El exilio republicano asturiano (ed. Antonio Muñoz Sánchez/Ramón García Piñeiro) es un libro de sumo interés que recoge este capítulo de nuestra historia, que estaba pendiente, y que procede de las ponencias presentadas hace algo más de dos años sobre el exilio republicano en la mencionada región.

Tal como se señala en la introducción de esta obra, el lacerante desdén de Asturias por sus exiliados de la Guerra Civil es una rareza en la España de las autonomías, al lado de los estudios, censos y exposiciones que se realizaron en buena parte de ellas. "La omisión del Principado a la hora de impulsar una política pública de gestión del pasado –leemos– hubiera convertido a la Asturias del siglo XXI en la aldea de Astérix de la desmemoria histórica de no haber sido por el impulso de la sociedad civil". Y eso que los republicanos asturianos no sólo tuvieron que salir de su país dos veces (1937 y 1939), sino que una minoría ya había tenido que hacerlo tras la llamada Revolución de Asturias de 1934.

De entre los episodios más dramáticos y dignos de recordación acerca de los refugiados republicanos que salieron en octubre de 1937 de los puertos asturianos a la desesperada, en las fechas previas a la ocupación de la ciudad de Gijón y a la caída, por consiguiente, del frente norte en poder de las tropas nacionalistas, la del crucero Southampton de la Royal Navy bien merecería un guion cinematográfico. 

Al frente de este buque se encontraba el contralmirante inglés encargado de vigilar el cumplimiento, por parte de la patrulla naval británica en el mar Cantábrico, de los acuerdos del Comité de No Intervención en la Guerra de España por parte de los gobiernos democráticos, cuya actitud contribuyó decisivamente a la derrota de la Segunda República, pues no ocurrió lo mismo con las dictaduras nazi-fascistas que respaldaron a los sublevados.

Se encontraba el crucero más allá de las tres millas, frente al litoral asturiano, por si entre las embarcaciones de todo tipo en las que abandonaron su país los refugiados se avistaban náufragos que requirieran auxilio. Los encontró la tripulación del crucero cuando creyó ver una especie de navío fantasma, sin que ninguna persona se distinguiera en su cubierta. 

No fue hasta el momento en que uno de los tripulantes de aquella embarcación con el motor averiado y un velamen improvisado a base de colchas y telas varias advirtió la bandera inglesa en el crucero, cuando fueron apareciendo hasta 280 milicianos republicanos, ocho mujeres y dos niños entre exclamaciones y gritos de júbilo que, unos instantes antes, eran sentimientos de temor y angustia ante la posibilidad de que el crucero británico fuera el crucero faccioso Almirante Cervera, encargado de capturar los barcos de refugiados republicanos. 

El del Southampton fue el último pasaje que llegó a las costas de La Rochell procedente de Asturias, después de que los milicianos fueran desarmados y fuera hundido a cañonazos el pesquero Mary-Tere, que había sido patrullero militar durante la guerra en Asturias. Luego de ser desembarcados y atendidos los casi tres centenares de refugiados, entre los que tres fueron ingresados en hospitales franceses, el resto partió en un tren especial hacia España a través de la frontera de Cataluña. 

Sólo dos de aquellos náufragos eran niño entonces, por lo que cabría la remota posibilidad de que hubiesen sobrevivido hasta tiempos relativamente recientes. Lo cierto es que, a falta del testimonio oral de quienes vivieron aquella azarosa travesía que bien pudo acabar con la vida de casi 300 seres humanos, sí hay documentos en los que consta la historia del Southampton y el pesquero Mary-Tere. 

Cada vez que reviso los datos de esta historia, así como los de todos aquellos barcos de refugiados que salieron de los puertos de Asturias para evitar las cárceles o la muerte, con las que muchos de sus ocupantes se habrían enfrentado de no abandonar su tierra, pienso en la carencia de un cine de creación que haya tratado de recrear tanto esa como la segunda y más numerosa diáspora de 1939 a través de la frontera francesa. 

Si un personaje, de entre todos aquellos miles de ciudadanos abatidos que abandonaron España en el más duro invierno de sus vidas, puede personalizar aquel drama sería el del poeta andaluz Antonio Machado, al que me parece que el cine español debería tributar al menos la misma dedicación que tuvo para con Federico García Lorca y Miguel de Unamuno, si bien en el caso de la película de Amenábar no queriendo entrar de modo flagrantemente elusivo en las extrañas circunstancias de la muerte de don Miguel.

¿No hay entre los productores de cine y la progresía de nuestros cineastas alguno que se sienta atraído por la vida y muerte del poeta de Campos de Castilla, del que en 2025 se cumplen los 150 años de su nacimiento? En torno a la personalidad de don Antonio se podría articular un guion que tuviera en cuenta el dramático marco histórico en el que discurrieron los últimos meses de su existencia en compañía de miles de compatriotas. Estoy convencido de que en cualquier otro país de nuestro entorno esta historia ya habría sido contada en la pantalla.

PS. Me acabo de enterar del ingreso simbólico de Antonio Machado en la Real Academia Española de la lengua con un siglo de retraso. Recuerdo haber estado en 1977 en un acto simbólico de ingreso del mismo poeta que tuvo lugar en la calle, en las proximidades de la docta casa. La docta casa, por docta que sea, es muy lenta en su andadura.

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Félix Población es periodista y escritor. Su último libro es 'La risa de vivir y otros cuentos sin cuento’ (Ed. Círculo Rojo, 2021).

El 30º Congreso de ERC ha concluido este domingo con todas las ponencias aprobadas –política, estatutaria y estratégica– con cerca de un 90% de votos favorables. La dirección de Oriol Junqueras y Elisenda Alamany ha salido, de este modo, claramente reforzada del congreso que la formación ha celebrado en Martorell con unos 1.500 militantes inscritos. 

La hoja de ruta del partido queda encauzada a partir de ahora con la intención de conseguir “una mayoría sólida y estable en favor de la independencia para 2031” y se marca realizar un referéndum sin fijar una fecha concreta. No obstante, en la diagnosis de la ponencia política y estratégica, el partido acepta que “hay que partir del principio de realidad” y que el apoyo al independentismo ha sufrido un retroceso electoral. 

El partido considera que, “en términos electorales, el procés finaliza en 2021” y ahora apuesta para “usar palancas de fuerza” mediante el “fortalecimiento de las instituciones catalanas” y el “fortalecimiento nacional” con la lengua como elemento cohesionador. Junqueras ha sacado pecho de los acuerdos competenciales logrados con el PSOE en trenes y financiación. Por otro lado, también ha afirmado que Cataluña enfrenta un reto demográfico importante por la baja natalidad, y de forma velada se ha distanciado de Junts para reivindicar la necesidad de la inmigración, afirmando que “lo que nos hace catalanes no es el lugar del que hemos nacido sino el compromiso con la sociedad, la cultura y la lengua”.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, añadía también que ERC no se propone “ni pasar página y volver al autonomismo, ni decir que estamos aún en el 2017”, en referencias veladas al PSC y a Junts. La dirigente ha criticado los retrasos constantes que sufre Rodalies y ha asegurado que “un país no puede avanzar con pies de fango”, para continuar concluyendo “queremos todas las estructuras de construcción nacional a nuestro servicio”.

El partido también ha rechazado una enmienda de la corriente interna Àgora Republicana, liderada por el exdirigente de ERC, Joan Tardà, que proponía definir a Esquerra Republicana como un partido “que agrupa a independentistas y a soberanistas”. De este modo, el partido rechaza abrirse al soberanismo no independentista. También se ha rechazado otra enmienda de la misma corriente que proponía la estrategia de “avanzar con el resto de fuerzas políticas independentistas de izquierda, soberanistas, federalistas y progresistas”. 

Las ponencias de Tardà eran de las pocas enmiendas vivas con fuerte carga política, ya que la dirección del partido logró pactar las enmiendas de Nova Esquerra Nacional, la corriente interna que se batió en duelo para liderar el partido con Oriol Junqueras. Àgora Republicana aparcó el intento de modificar los estatutos y trasladó la voluntad de incluir al soberanismo no independentista dentro del partido en la ponencia estratégica, pero finalmente la propuesta fue rechazada con el 56% de los votos en contra y el 35% a favor. 

El partido de Junqueras señala el camino hacia el centenario de su partido, en 2031, como el momento para lograr el derecho a la autodeterminación, pero mientras esto no sucede, “insta a superar la política de los brazos caídos”.

En la ponencia política, el partido considera que hay que “preparar al país” para ejercer “soberanía plena” y eso implica asumir nuevas infraestructuras. Ponen por ejemplo lograr una nueva Hacienda Catalana, la gestión de Rodalies, la empresa pública catalana de energía (l’Energètica), una Agencia de los Datos para la IA catalana, una nueva administración Pública Territorial, un modelo catalán de Función Pública, un poder judicial propio, dotar a Cataluña de un marco catalán de relaciones laborales y una agencia de protección social. Finalmente, en la ponencia estratégica, el partido también señala que “la independencia es la mejor herramienta para garantizar una Cataluña justa, próspera y más democrática”.

Durante el congreso, el líder de ERC ha agradecido la presencia de personalidades de la sociedad catalana como Antoni Cañete, presidente de las pequeñas y medianas empresas (Pimec), y de los secretarios generales de CCOO y UGT en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros. Junqueras también ha lanzado un mensaje a Jordi Turull, presente entre el público. “Cuando otras fuerzas políticas aumentan las cuotas de poder en nuestro país, nosotros lo celebramos”, afirmaba Junqueras sobre el pacto entre Junts y el PSOE en la delegación de competencias sobre migración.

El líder de ERC también se dirigió a otros representantes políticos presentes en el congreso: PSC, Comuns, Sumar, Podemos, EH Bildu, PNB o BNG. Junqueras remarcó que la causa de ERC es la de la “justicia social y la libertad de las naciones”, y ha pedido ayuda a esas formaciones para construir “la alianza de la esperanza” con esas dos causas “indestructibles” para hacer frente a “la internacional del odio y el miedo”. 

En la tarde del sábado, el director general de ERC, Lluís Salvadó, hizo una valoración “moderadamente positiva” del estado de los pactos alcanzados con el PSOE y el PSC. Afirmó que “son proyectos que transformarán el techo económico y competencial” del Gobierno de Cataluña y que “no es un trabajo de un día sino de años”, como el sistema de financiación y el traspaso de Rodalies.

El también coordinador de la comisión de seguimiento de los pactos informó que el partido tiene 218 acuerdos que dan gobernabilidad a 442 instituciones en el ámbito local, además de los otros dos grandes pactos con Sánchez en 2023 y con Illa en 2024. Salvadó, concluyó que para continuar en la “buena dirección”, su partido tendrá que usar su “fuerza, coordinación, y presión” para que “estos pactos vayan avanzando”.

Un elemento distintivo con el anterior congreso de ERC de diciembre es que no se han visto encontronazos entre las corrientes internas que pugnaron por liderar el partido. El miércoles pasado, Junqueras llegó a un acuerdo con Nova Esquerra Nacional, la corriente liderada por Xavier Godàs, y que contaba con el apoyo de Marta Rovira y Pere Aragonès, para retirar las enmiendas que proponían limitar los mandatos a 12 años en la presidencia del partido y que también impedían que Junqueras se pudiera presentar como candidato a la Generalitat.

Nova Esquerra Nacional las retiró bajo el compromiso de la dirección de celebrar un debate específico sobre este tema a lo largo del mandato y para evitar que un tema tan trascendente quedara “manchado por debates personales”. Junqueras cumplirá 14 años al frente de ERC, pero solo ha podido ser candidato efectivo a la Generalitat en una ocasión, en 2012, cuando dobló los resultados del partido. Además, ahora aún se encuentra inhabilitado a la espera de que se le aplique la Ley de Amnistía.

Por otro lado, la única enmienda que presentó Foc Nou, la otra corriente de ERC que compitió con Junqueras, también se pactó con el líder independentista. La enmienda incluyó en la ponencia política que el catalán debe ser la “única lengua oficial” dentro de los “Països Catalans”.

Finalmente, la ponencia estatutaria también determinó que ERC formalizará las corrientes internas del partido a través de un reglamento que deberá estar encima de la mesa del Consejo Nacional en los próximos seis meses. Los requisitos para constituirse como una corriente interna exigirán aglutinar un 3% de la militancia proveniente de diversos territorios.

ERC inicia este sábado el plenario de su XXX Congreso en el que fijarán las bases de su estrategia para los próximos años y buscará relanzarse y cerrar las heridas de la crisis que se desató con las elecciones internas en las que el presidente del partido, Oriol Junqueras, recuperó el liderazgo, recoge EFE.

Bajo el lema 'Ambición, país futuro', en el cónclave, que se celebra el 15 y 16 de marzo en Martorell (Barcelona) y será más tranquilo de lo que se preveía, se aprobarán las nuevas ponencias política, estratégica y estatutaria.

Hasta 1.524 militantes de ERC están inscritos para participar en el plenario: entre ellos, la exsecretaria general de ERC Marta Rovira y el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, ambos partidarios de Nova Esquerra Nacional (NEN), la lista perdedora en las elecciones internas que encabezaba Xavier Godàs.

Estaba previsto que el plenario de este fin de semana fuera el segundo asalto de la pugna interna que se vivía en ERC, con los sectores críticos dispuestos a plantar batalla con las enmiendas a las ponencias, especialmente las que limitaban los poderes de Junqueras.

Sin embargo, esta semana NEN retiró estas enmiendas más controvertidas. Este paso atrás fue posible tras el compromiso de la dirección de abordar este debate "con profundidad" más adelante, explicó este sector crítico, que, por otro lado, pactó con la ejecutiva la incorporación del 90 % de sus enmiendas.

De las 1.851 enmiendas presentadas, solo llegarán vivas al plenario una docena. Entre las transaccionadas con la dirección, destaca una de los sectores críticos para recuperar las corrientes internas y otra para incorporar más personas de origen migrante a las listas.

Las ponencias no plantean un cambio significativo en el rumbo de ERC, aunque se ha añadido una ponencia estratégica que propone una hoja de ruta para recuperar la mayoría independentista en 2031.

Sin fijar plazos para la independencia, ni mencionar la unilateralidad, los republicanos apuestan por aprovechar la "influencia determinante" que tienen en el Parlament y en el Congreso y avanzar en el "desmantelamiento" de las estructuras del Estado en Cataluña.

Más allá del debate de las ponencias, también se presentarán los resultados de dos comisiones impulsadas por la nueva dirección: la 'Comisión de la Verdad' sobre los carteles denigratorios de los hermanos Maragall y la Comisión de seguimiento de los pactos con los socialistas.

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Francia capitula en 2 meses contra los nazis mientras que los republicanos habían aguantado tres años. En ese momento, el gobierno francés pasó de considerarlos como “extranjeros indeseables”, a necesitarlos en ofensivas y defensivas militares, por lo que los españoles fueron trasladados de los campos de concentración a destinos en batallones de trabajo en la “línea Maginot”, clave entre la Francia ocupada y la Francia de Vichy no ocupada, pero tampoco preocupada. Los soldados republicanos aguantaron la posición, pero finalmente fueron aprisionados y en el mejor de los casos bajo el estatus de prisioneros de guerra, pero en el más habitual, trasladados a lugares para el horror como Mauthausen-Gusen (Austria), en el que se calcula que estuvieron más de 7500 republicanos españoles.

No hace tanto, en 1939, fuimos refugiados, compartiendo en calidad de presos con judíos, nómadas de Europa del este o de etnia gitana. En un primer momento, se calculó que vendrían 4000 republicanos abandonándolo todo. Finalmente, llegaron 500.000 a los lugares de acogida. El recibimiento, como cuenta Pilar Martínez Chaumel, hija de superviviente del campo de Argelès, “fueron cinco días sin comer y agujeros en la arena para encontrar agua, todo ello bajo la vigilancia de soldados senegaleses y del ejército colonial a caballo, que tiraban carne podrida a los españoles como entretenimiento, todo ello sin mantas para el frío y cavando hoyos en la playa para resguardarse. Si el del hueco de al lado no se movía, significaba que el interno no había superado la noche”.

Como aclara Olga Arcos, del memorial del campo de Argelès-sur-Mer, las fichas nominativas de la autoridad francesa se levantan a partir de setiembre de 1939, porque no se esperaba tal volumen de refugiados. De ese infierno para presos republicanos se escapó mi tío Miguel Ranz Iglesias y, como tantos otros, primero refugiado en Francia, y después recibido en México en calidad de asilado político, viajando en el vapor Mexique, gracias a un país de acogida para el exilio republicano español, a iniciativa de su presidente Lázaro Cárdenas. 

La segunda opción republicana fue integrarse en la sociedad francesa, por ello se calcula que en los Pirineos orientales, al sureste de Francia, más de la mitad de la población desciende de esos republicanos, que estuvieron en el campo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, con sus días y sus noches en una Francia que abrazaba el crucifijo y rechazaba los retratos de Antonio Machado, pese a correr por sus venas gotas de sangre jacobina. Unos españoles que partían de la España de los vencidos, la Francia del campo de concentración, y el III Reich sin matices ante la especial cortesía con la que los nazis trataban a los judíos.

Indica la profesora Monique Alonso que dentro del campo muchos de los internos instruidos fundaron los “barracones de cultura”, sitios donde se enseñaba a leer y a escribir, e incluso escribían una rudimentaria publicación en intentos de tiendas de campaña improvisadas por ellos mismos, con sobredosis de ingenio. Cerca de la villa de Elna, una enfermera suiza de fuertes convicciones militantes, Elizabeth Eidenbenz, logró convertir un palacete abandonado, en una maternidad en la que nacieron 595 bebés, entre 1939 y 1945. Es decir, educación y sanidad.

Los presos de Argelès-sur-Mer (Francia) se encontraban cercados por tres vallas de alambre de púa. La cuarta pared aún sigue, el Mar Mediterráneo. Noches en las que tenían que hacer agujeros en la playa para no fallecer de frío, ingerir la propia orina o las heces, y todo ello tratando de no morir por disentería o tifus, llevaron a la tercera opción, regresar a la España de la que habían huido para salvar su vida, ante la promesa de perdón de Franco ante el delito de ser leales con la democracia, siempre y cuando no hubieran cometido delitos de sangre, se entiende, contra franquistas. Aunque una vez que volvían a España no sabemos qué ocurría después. La cuarta opción era el suicidio. Algunas imágenes fueron rescatadas en el año 2007, gracias a los negativos de Robert Capa, en su “maleta mexicana”.

El campo de Argelès fue desmantelado tras la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, la defunción formaba parte del paisaje puesto que esa iglesia católica prohibía la sepultura de los republicanos en sagrado, por lo que los restos de los refugiados fallecidos se enterraban bajo la arena de la playa. Sin embargo, unas inundaciones arrastraron al mar algunos cadáveres. Hoy, en el “cementerio de los españoles”, situado en la Avenida de la Retirada 1939, que es como en Francia se conoce al exilio, se visita una lista con algunos de los nombres de los fallecidos en esa playa, de entre los 15.000 que se estiman, y se observa un árbol que recuerda a 70 niños a modo de obituario, de cuando moríamos siendo refugiados. 

Por todo ello y mucho más, el gobierno español, representado por el Secretario de Estado de Memoria, Fernando Martínez, ha recordado este domingo en su discurso a esas decenas de miles republicanos que murieron en la playa, y junto con el alcalde de Argelès Antoine Parra, han declarado institucionalmente la playa de Argelès-sur-Mer como lugar de memoria, recibiendo Martínez la medalla de la ciudad de manos del alcalde, en señal de duelo. Igualmente, el secretario de Estado, en referencia a Antonio Machado, recordó el verso de amor a España y su vida que dejó lo mejor de sí mismo para la posteridad, y “su esencia en esa tumba republicana”, destacando que “el olvido es contrario a la democracia”, haciendo entrega de la moneda conmemorativa de La Nueve en París, emitida por la FNMT a la presidenta de la Foundation Antonio Machado de Colliure, Joëlle Santa García, quien ha recordado el comienzo de la fundación en 1979 y la asociación anterior “Amigos de Antonio Machado”. 

Posteriormente, Fernando Martínez, junto con el alcalde de Colliure, Guy Llobet, coincidiendo con “el día del último viaje” y el 150 aniversario del nacimiento del poeta, han declarado la sepultura de Antonio Machado en Colliure (Francia) como lugar de memoria, rodeado de limoneros para la ocasión y recitando versos de quienes acompañan. La primera declaración de lugar de memoria democrática fuera de nuestras fronteras se llevó a cabo por el ministro Ángel Víctor Torres en el Ateneo Español de México, en 2024. 

Hijo del primer flamencólogo español, Antonio Machado y Álvarez, Antonio Machado, nuestro poeta, autor de “caminante, no hay camino”,  nuestro andaluz universal, son las orillas del Duero, es Leonor, es Pilar o Guiomar, son “Campos de Castilla”, es su “Retrato”, “Soledades”, es el Instituto de Baeza, es Serrat y en especial “La Saeta” y “Cantares”, es “Juan de Mairena”, es Ian Gibson, es Paco Ibáñez, es la Revista Ibérica, Ruedo Ibérico, es la Generación del 98, es la bandera tricolor en Segovia, son las misiones pedagógicas, es “Hoy es siempre todavía”, o mi favorito, “He andado muchos caminos”, pero también es exilio, es el hotel Bougnol Quintana, hoy convertido en apartamentos turísticos a excepción de la planta baja donde se encuentran dos camas, la del poeta, junto con la de su madre, Ana Ruiz, en el momento de “partir la nave que nunca ha de tornar”. Colliure es referencia para los españoles por el enterramiento de don Antonio, pero tampoco debemos olvidar el Castillo Real de Colliure que sirvió como prisión para oficiales republicanos y fuertes cabezas políticas, donde entraba el agua del mar en el calabozo, y que quizás ese habría sido el otro destino de nuestro sevillano.

Explica la profesora Ana Martínez Rus sobre el corpus machadiano que nunca estaba cerrado, porque el poeta revisaba sus reediciones, modificaba o añadía versos. Siempre estaban abiertos y eso los hacía únicos, y su gran salto se produce tras publicar en el diario El Sol, en sus visitas semanales a Madrid desde Segovia, y en firmar con la editorial Espasa Calpe, publicando sus “Poesías completas” (1917), en las que modifica la disposición de esos primeros poemas, y se convierte en poeta del pueblo, gracias a su difusión en guerra.

La sepultura de Machado se estipuló por suscripción popular, y ese lugar que hoy es declarado como de memoria democrática por el Gobierno de España se ha mantenido vivo gracias a la colaboración del Ayuntamiento con la Foundation Antonio Machado de Colliure, que bajo la presidencia de Joëlle Santa García y a la profesora Victoria Sierra que, junto con su equipo de la Universidad de Alcalá de Henares, trabajan incansablemente en la conservación de la memoria de Antonio Machado, realizando entre otras acciones la protocolización de los mensajes que se depositan en el buzón de la sepultura, o convocando el premio internacional de literatura Antonio Machado. En este sentido, cada vez son más los mensajes que reciben de agradecimiento internacional, precisamente por mantener vivo ese legado cultural.

El cementerio de Colliure, declarado lugar de interés histórico por ser donde se ubica la tumba de Machado, es el lugar en el desde hace décadas ciudadanos de todo el mundo acuden a expresar sus respetos a don Antonio, enterrado junto a su madre Ana Ruiz Hernández, por algo el cementerio siempre está abierto y la Ville de Colliure está hermanada con Soria. 

En España sería un hombre ilustre, en Colliure es la tumba de alguien muerto en el exilio, en tierra extranjera. Es el sepulcro de todos los exiliados y de algunas fosas comunes. 

En España Machado sería un exiliado, en Francia es mucho más.

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Eduardo Ranz es abogado y doctor.

Almería se ha convertido un año más en la última etapa de la marcha en homenaje a las víctimas del crimen de la carretera Málaga-Almería, la Desbandá, que entre el 6 y el 15 de este mes ha recorrido la distancia que separa ambas provincias andaluzas en diez etapas.

Este sábado, cientos de participantes han recorrido casi 19 kilómetros desde el municipio almeriense de Vícar, con un protagonismo especial de la carretera N-340a, conocida como el Cañarete, y tras pasar por distintos puntos de la capital han finalizado en el monumento a las Víctimas de Mauthausen.

Allí, entre otros, han intervenido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el alcalde de la localidad francesa de Argelès-sur-Mer, Antoine Parra, que tiene raíces almerienses por parte de sus abuelos, exiliados en Francia en 1939.

Martínez ha agradecido a los organizadores de la marcha por desarrollar una actividad que permite que se conozca “lo que fue el éxodo, la persecución y la masacre sobre la población civil” que sufrieron los malagueños que huían en dirección a Almería.

Ha recordado el reciente nombramiento por parte del Gobierno de la Desbandá como Lugar de Memoria. “La Junta de Andalucía lo había hecho antes en relación con la carretera. Nosotros decidimos ponerle adjetivo. Fue éxodo, fue persecución, fue masacre sobre la población civil en febrero de 1937. Ya está en el Boletín Oficial del Estado”, ha valorado.

El secretario de Estado también ha querido alertar sobre diferentes peligros de derechos que “ha costado muchísimo tiempo conquistar en Europa y en España”. “Esa debe ser la principal preocupación que debemos tener. Se pueden perder en cualquier momento. Mirad las atrocidades que está haciendo en Estados Unidos Donald Trump”, ha expuesto a los presentes.

“Que nadie piense que eso es una cosa lejana. Puede ocurrir. Tenemos que estar alerta. Y tenemos que estar alerta fundamentalmente porque tenemos que pensar en las víctimas. En las víctimas del franquismo. En aquellos hombres y en aquellas mujeres que dieron su vida por defender la República”, ha añadido.

También se ha referido al programa “España en Libertad | 50 años”, que pretende celebrar que el régimen de Franco murió “en la calle” con “muchísima gente en las manifestaciones, en las huelgas”. “Lo que vamos a celebrar es que con la muerte del dictador se abrió la esperanza a conquistar las libertades y que España se homologara con el resto de los países cercanos”, ha añadido.

Isidoro Coello Infantes, miembro de la junta directiva de la Desbandá, ha incidido en declaraciones a EFE que la intención es que se sepa lo que pasó en febrero de 1937, cuando “la caída de Málaga en manos fascistas era inminente y el pánico se apoderó de los ciudadanos de Málaga y salieron huyendo hacia la zona republicana, que era Almería”.

Explica que cada etapa pasa por los lugares que atravesaron estos malagueños para “refugiarse de las represiones”. 

Rafael Morales Domínguez, presidente de la asociación sociocultural de la Desbandá y coordinador de esta novena marcha integral, señala a EFE que la idea fundamental “era sacar del olvido y del silencio el mayor genocidio cometido en este país contra población indefensa”.

“Eran mujeres; el 95 % de los que andaban por esta carretera en aquel febrero del 37 eran mujeres, niños y niñas y ancianos, que era población civil indefensa, no había ejército, sin embargo fueron perseguidos, como se dice, por mar, tierra y aire. Desde el mar, los cruceros Baleares, Canarias y Cervera, bombardearon continuamente esta carretera que iba serpenteante por toda la costa”, ha lamentado.

“Unos historiadores estiman que fueron entre 3.000 y 5.000, y otros hablan de 5.000 y 10.000 personas”, las que fueron víctimas de este “genocidio”, afirma, a la vez que celebra que el Gobierno haya impulsado la reparación histórica de aquel triste momento de la historia española con la declaración de la Desbandá como Lugar de Memoria.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca ha solicitado una condena de 20 meses de prisión para el presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne (Vox), por un presunto delito de odio, por romper en un pleno fotos de las Roges del Molinar, asesinadas por el franquismo en 1937.

En el escrito de acusación que han presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, que es el que investiga a Le Senne, Memoria de Mallorca pide además una multa y que abone 15.000 euros a los familiares de Aurora Picornell y otros 15.000 a la familia de las hermanas Pascual por los daños ocasionados, han informado fuentes jurídicas a EFE.

La entidad es una de las acusaciones en la causa contra Le Senne. El pasado 27 de enero, el juez les trasladó el auto de continuación de las diligencias y les dio 10 días para que formularan acusación o pidieran el sobreseimiento. La Fiscalía solicitó el archivo de las actuaciones al no apreciar indicios de delito de odio.

En el auto de continuación del caso como fase intermedia del procedimiento abreviado, el juez consideró acreditado que, el 18 de junio de 2024, durante el pleno que debatía la derogación de la Ley de Memoria de Baleares, Le Senne interrumpió el debate y exigió a la vicepresidenta Mercedes Garrido y la vocal Pilar Costa que retirasen las fotos que tenían pegadas con celo en sus portátiles de Aurora Picornell y las hermanas Pascual, las conocidas como Roges del Molinar.

Cuando se negaron, Le Senne "mostrando rabia, ira y desprecio hacia lo que representan dichas imágenes" las rompió, hizo pedazos un trozo que le quedó en las manos y lo tiró al suelo, según el auto.

El juez apreció "un odio evidente hacia la ideología de las personas que estaban representadas en esas imágenes" en "el ataque" por parte de Le Senne e indicios suficientes de que quiso menospreciar los valores e ideales políticos que representan y lesionó su dignidad y la de sus familiares. El magistrado señaló que las Roges del Molinar son figuras "notoria y públicamente reconocidas" como "símbolo de la lucha contra las represiones del régimen dictatorial franquista".

Frente a lo expresado por la Fiscalía, el juez considera que "sí existen indicios suficientes para entender que el investigado sí tenía la intención de menospreciar, faltar al respeto y vejar las figuras de las Roges del Molinar". El magistrado añadió que Le Senne causó "un evidente daño moral" a su memoria, a los familiares de esas víctimas franquistas en particular, a los partidos políticos donde militaban y en general a la sociedad balear.

"Es la hora de los patriotas. Es la hora de la libertad". Así recibía este miércoles el líder de Vox, Santiago Abascal, la victoria del expresidente estadounidense Donald Trump. Se trata su aliado más influyente en política internacional, que se ha impuesto claramente sobre la demócrata Kamala Harris y volverá a la Casa Blanca tras la derrota en el año 2020 contra Joe Biden. Vox quiere ser el alumno aventajado —al menos en España— del magnate estadounidense, que por segunda vez ha conseguido valerse de las llamadas "guerras culturales" para polarizar a la sociedad llevando el debate al terreno de los valores en temas como la educación, la familia y el sexo. Elementos que ha utilizado en esta campaña electoral junto con su promesa de fortalecer la economía —en un país que sufre los estragos de la inflación—, de proteger la seguridad nacional y conseguir que los ciudadanos alcancen el llamado "sueño americano".

Vox busca reapropiarse del lema por excelencia de Trump, Make America Great Again (Maga) —Hagamos América grande de nuevo— reciclando ideas del republicano como su fijación por la "cultura de la muerte", el "adoctrinamiento infantil" y la "identidad amenazada". "Buenos días y MAGA", escribía a primera hora de este miércoles el líder de Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo, pese a que ese lema también implica imponer aranceles de entre el 20% y el 10% por parte del líder estadounidense a todas las importaciones a partir de 2025. En el caso español, el sector que más sufriría es el del campo al encarecer las exportaciones de productos como el aceite de oliva, el vino y las aceitunas. En 2019, Trump ya lo hizo con España, Francia, Alemania y Reino Unido, como penalización por las ayudas de Estado a la aeronáutica europea Airbus. Un 25% para el aceite de oliva, el vino, el queso y las aceitunas.

Pese a las pérdidas económicas que podría ocasionar la victoria de Trump en el campo español —que es, a su vez, uno de los principales ejes de la acción política de Vox—, en el pasado la formación de Santiago Abascal culpó de esos aranceles a la "falta de previsión" de unos gobernantes "ineptos" en Madrid y en Bruselas, evitando toda crítica al norteamericano. Desde el nacimiento de la formación, los ultraderechistas han tratado de cultivar todo lo posible las relaciones con el trumpismo apoyados también por otros de sus socios europeos como el húngaro Viktor Orbán, uno de los primeros aliados del Trump hace ocho años. En 2024 la lista de líderes europeos que le respalda se ha ampliado considerablemente frente a una Unión Europea que prefería la victoria de Harris.

En su felicitación al magnate, Abascal compartió dos fotografías suyas, una con el líder republicano y otra con el que será su vicepresidente, JD Vance. “Hoy tenemos que celebrar también la importancia del voto hispano en esta victoria del mundo libre", escribió el líder ultra. Un voto que, según apuntan algunas cadenas como NBC News ha sido decisivo para el republicano, que suele aludir a las "dictaduras comunistas" latinoamericanas para pedir el voto y que habría dado resultado. Según la cadena estadounidense, el 54% de los hombres latinos se decantaron por Trump frente a un 44% que lo hicieron por Harris. El líder de Vox también ha intentado atraer el voto hispano, con su inventada Iberoesfera, y ha enfocado su discurso anti inmigración en aquellos que provienen de África o Asia.

La Iberosfera es el intento del partido de Abascal por ampliar su influencia a América Latina y Estados Unidos y reivindicar sus valores –libertad frente al totalitarismo, dicen– entre todo hispanohablante que les quiera escuchar. Abascal ya usó la palabra en marzo 2020, en una reunión con congresistas republicanos en Estados Unidos. Su partido, aseguró en suelo norteamericano, sirve para "defender la democracia en la iberosfera frente al comunismo", incluyendo así al país, con un amplio porcentaje de población hispana, en su nuevo término inventado. En esa visita mantuvo encuentros con el senador Ron Johnson, entonces presidente del Comité de Seguridad Nacional y responsable de las relaciones con Europa, con el senador por Texas Ted Cruz y el congresista Chris Smith.

Pese a las buenas relaciones con los republicanos estadounidenses, Abascal tardó cuatro años en reunirse con Trump. Lo hizo en febrero de este mismo año en Washington DC, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), siglas en inglés de las cumbres internacionales promovidas por la fundación radical conservadora de EEUU (la ACU, American Conservative Union) que en 2011 alentó a Donald Trump a dar el salto a la primera fila política. Tras la reunión, de apenas 15 minutos, la formación de Abascal envió una nota en la que destacó su sintonía con el republicano en "el fortalecimiento de las fronteras frente a la inmigración ilegal, la soberanía de las naciones frente al globalismo, la protección de familia y la vida frente a la ideología de género y la cultura woke, la prosperidad de las clases medias frente a la dictadura climática o el firme compromiso por la inversión en Defensa".

Trump y Abascal no habían coincidido hasta entonces, aunque el primero envió un mensaje grabado a la fiesta anual de Vox en 2022 eligiéndolo como su representante político en España. El republicano le agradeció su "increíble" trabajo y lanzó sus habituales soflamas. "Todos estamos viviendo una situación singular. Necesitamos asegurarnos de que protegemos nuestras fronteras y hacer un montón de cosas buenas conservadoras", dijo. Uno de los puntos fuertes de esa cumbre fue el respaldo de líderes internacionales a Abascal, además de de Trump, el de Orbán y Giorgia Meloni (Italia), los tres por vídeo, a los que sumó in situ el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, y el líder de la portuguesa Chega, André Ventura.

La derecha española se ha entregado al producto trumpista, de forma total en Vox y parcial en algunos sectores del PP con la defensa que hacen figuras como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no sólo de una identidad rural supuestamente amenazada, sino también del derecho a comer carne o conducir un coche pese al empeño castrante de la izquierda. El pasado mes de septiembre, la madrileña criticaba a Harris "todo lo que escucho de ella desde comienzos de verano no me ha gustado en absoluto", decía, censurando "la fuerza mediática y el dineral con el que le está aupando" con "la agenda woke" frente a un Trump del que solo nombró, para mal, la de los aranceles a productos europeos.

La dirección nacional del PP, con Alberto Núñez Feijóo, ha evitado posicionarse, manteniendo una equidistancia entre los demócratas y los republicanos durante toda la campaña. Tras la victoria del magnate, Feijóo le felicitó y destacó que su objetivo es trabajar "para una mejor relación bilateral, con la UE y en la OTAN". Previamente, el vicesecretario y responsable de asuntos internacionales del PP, Esteban González Pons, aseguraba en los micrófonos de Onda Cero que "viendo el vaso medio lleno" esta victoria puede ser "una oportunidad" para "la nueva Comisión Europea, con una página en blanco para hablar desde el principio sobre los temas que nos importan". Hasta la llegada de Trump, diferentes representantes de la familia del Partido Popular Europeo (PPE) participaban en ambas convenciones, pero en 2016, los populares europeos decidieron no mandar ningún representante a Cleveland (Ohio), donde se celebró la convención republicana que consagró la candidatura de Trump. Este año no han asistido ni a la demócrata ni a la republicana.

Con todo, Gonzáles Pons admitía este miércoles públicamente que el resultado no era lo que él ni su formación deseaban para el futuro de EEUU y Europa. “Trump viene con una fuerza que nunca tuvo, controlará las dos cámaras y no va a haber más contrapeso que la prensa. Tendremos que establecer puentes en la medida de lo posible para que no haya un enfrentamiento. Esperamos que haya la colaboración tradicional con Europa”, destacó, recalcando que el país norteamericano es un "aliado indispensable para la economía y la seguridad" y expresando su temor por "la repercusión para economía europea en lo que tiene que ver con aranceles, en particular la industria del automóvil" y la "división de líderes europeos".

Mucho más contundente se mostró FAES, la fundación que encabeza José María Aznar y cuyos análisis siempre se leen con atención en toda la derecha. En un comunicado publicado este miércoles, el think tank sostenía que "no es una buena noticia para España ni tampoco para la UE en su conjunto" y tampoco para futuro de la OTAN en un momento clave con distintos frentes bélicos abiertos. "Trump encarna un populismo adobado de planteamientos proteccionistas y aislacionistas" y "de actitudes intemperantes" que en su momento, recuerda FAES, "llegaron al abierto desafío institucional

"Trump encarna un populismo adobado de planteamientos proteccionistas y aislacionistas" y "de actitudes intemperantes" que en su momento, apunta FAES, "llegaron al abierto desafío institucional alentando un asalto al Capitolio". La fundación dirigida por Aznar también ha advertido de que si Trump "cumple con lo prometido" se abrirá "un periodo muy oscuro para las expectativas de victoria o de solución razonable en Ucrania", en lo que tiene que ver con Europa. "Pueden avecinarse recortes en la ayuda militar norteamericana que fragilicen mucho el frente y obliguen a la Unión Europea a tomar resoluciones decisivas".

Que la guerra durara casi tres años se ha explicado con argumentos varios. Para los pro-republicanos, los factores más importantes fueron la innata capacidad de resistencia del pueblo en armas y la voluntad de defensa contra el fascismo. Para los no republicanos lo fue la ayuda soviética (casi siempre sobredimensionada). Para todos, y no en último término, el convencimiento de la justicia de la causa. 

Historiadores militares como el lamentado Gabriel Cardonas se acercaron al tema desde otro punto de vista: la escasa visión estratégica de Franco, forjada en las campañas coloniales de Marruecos. Su escasa experiencia al frente de grandes unidades le llevó a cometer errores que alargaron la contienda innecesariamente.

Este último enfoque emerge más o menos claramente en todos aquellos autores que deploraron que Franco retrasara, en septiembre de 1936, el avance sobre Madrid para desviarse en pos de la toma (“liberación”) de Toledo, donde el Alcázar resistía los asaltos republicanos. Otros han criticado que Franco se concentrara tanto en la toma de Madrid en detrimento de otras opciones menos espectaculares, pero a la postre más provechosas.  Personalmente en la ocasión de marras creo que Franco tenía razón en función de sus tácticas de la época para alcanzar el poder militar y político supremo tras las desapariciones de Sanjurjo y, no en último término, de Calvo Sotelo.

El propósito de esta pequeña serie de tres entregas no es debatir acerca de la estrategia de Franco. Estriba en diseccionar las circunstancias —y las razones— por las cuales el “Invicto” no quiso dar una estocada mortal a la República en abril de 1938. Hubiera acortado la contienda en casi un año ahorrando millares de víctimas a ambos lados del espectro militar, político e ideológico. Es decir, incluido el propio.

Para evitar, en lo posible, que se me ataque como “repelente” historiador antifranquista buscaré un primer apoyo en un militar que hizo la guerra con los vencedores. Luego acudiré a la evidencia primaria relevante de época (EPRE) de los archivos. Esos que numerosos autores han pasado por alto en esta ocasión.

Apelo, pues, al coronel Ramón Salas Larrazábal, uno de los escasos militares que entró a saco en archivos españoles y que no tardó en llegar al generalato. 

Escribiendo en tiempos de dictadura, Salas prestó una particular atención a los documentos, algo que antes de la muerte del dictador no estaba al alcance de cualquiera.

Su intención había estribado en escribir una historia del Ejército de la Victoria, pero sus superiores no lo permitieron. Logró, eso sí, que se le autorizara a escribir una historia del Ejército vencido. Publicó su magna obra en 1973, por lo que la investigación que subyacía a la misma la llevó a cabo años antes. 

Salas fijó la fecha de la decisión de Franco que terminó alargando innecesariamente la guerra: la situó a principios de abril de 1938, cuando las tropas de Yagüe ocuparon Lleida. Como es notorio, fue la primera capital catalana que cayó en manos de los autodenominados “nacionales”. Delante de ella se encontraba abierta de par en par la carretera nacional que, prácticamente, en vía recta unía con Barcelona. El gobierno republicano refugiado en esta se encontraba al borde de la implosión y en una de las circunstancias más críticas hasta entonces en la guerra.

Consciente de todo este cúmulo de circunstancias, Yagüe —que no fue un militar que inspirase oleadas de admiración— solicitó a Franco la autorización para avanzar impetuosamente. El inmortal Caudillo, remedo del Cid y adalid de todas las virtudes castrenses que según sus fieles biógrafos en él se daban cita, se negó tajantemente. 

Ramón Salas era en aquel entonces un modesto teniente. Se había alistado voluntario y, como requeté, tomado parte en la campaña del Norte. Al escribir muchos años después su magna obra Historia del Ejército Popular de la República (publicada para gozo de lectores fieles a la dictadura por nada menos que la Editora Nacional) recordó que Yagüe piafaba de impaciencia. No entendía la justificación de la orden, que chocaba con su sentido militar y el progreso alcanzado por las “armas nacionales”. 

Para la mejor comprensión de las dos próximas entregas reproduzco aquí sus propias reflexiones entre comillas. No se me acusará de ser incorrecto con su memoria. Cuando servidor era un historiador neófito (y, no lo oculto, un tanto pardillo) tuve gran amistad con él y participamos juntos en algunos encuentros, tanto en España como en el extranjero. 

“Franco permanece fiel a su idea primitiva renunciando a la persecución del derrotado y disperso Ejército del Este. El que esto escribe fue testigo de la decepción del general Yagüe. Cataluña se abría fácil a sus vanguardias y se le imponía la detención en contradicción con el principio inmutable del arte militar que ordena no dar respiro al enemigo derrotado. ¿Cuál fue la causa de tan sorprendente decisión? ¿Qué impulsó a Franco a preferir Tortosa a Tarragona y Valencia a Barcelona? Sin la menor duda el más grosero análisis demostraba plenamente que Cataluña era un objetivo mucho más importante y decisivo en todos los conceptos y por añadidura más fácil. Dividido el Ejército enemigo la fracción que había quedado al norte del corte era menor que la que permaneció en la zona Centro-Levante. En principio lo lógico era concentrar la masa de maniobra nacional contra la más reducida de ambas fracciones que es contra la que se podía lograr una mayor superioridad, y aplastarla. Si además esa fracción ocupaba un territorio de mucho más alto valor militar, por su demografía, su riqueza y su potencial industrial, la elección no ofrecía la menor duda y resultaba inapelable si a todas estas circunstancias se unía la de que la zona en que se encontraba esa parte del ejército gubernamental disponía de una amplia frontera por la que le podían llegar cuantiosos medios cuya arribada era imperativo impedir. El Estado Mayor gubernamental lo comprendió así y se preparó inmediatamente para defender Cataluña y para ello dicta las apresuradas instrucciones de los días 4 y 5 de abril en las que ordenaba la inmediata construcción de seis líneas sucesivas de defensa y cuya consistencia hubiera sido muy reducida de haberse visto inmediatamente sometidas a la prueba del fuego…” .

No podría explicarse más claramente la perplejidad del entonces coronel. Franco había dado órdenes a pesar de haberse constatado que el avance de sus tropas hasta entonces había sido imparable. El adversario se batía en retirada. Se abría una ventana de oportunidad generada por los propios éxitos sobre el terreno, pero el supuesto genio de la guerra detuvo el avance. ¿Prudencia? ¿Incapacidad? ¿Cálculo? Pero, en este caso, ¿de qué tipo? 

Innecesario es señalar que aquella decisión tenía unos antecedentes y generó ciertos efectos. En cuanto a estos últimos, el 6 de abril se reorganizó, tras largas discusiones internas y externas, el Gobierno republicano con la asunción por parte del presidente del Consejo, Juan Negrín, del crucial Ministerio de Defensa; la auto-desaparición de Prieto del gabinete y la entrada de nuevo en el Ejecutivo de los anarquistas, ausentes de él desde mayo del año anterior. La entonces tan cacareada “unidad nacional” permitió otros cambios en el mando político y militar y una cierta recuperación del Ejército Popular. Son temas muy estudiados. No impidieron que la acometida franquista, disparada hacia Vinaroz, cortara en dos el territorio republicano poco más de una semana después.    

Tal victoria, con minúsculas, pero no desdeñable, opacó la posibilidad de la victoria, con mayúsculas, que perseguía Yagüe. La guerra continuó hacia el hito rompedor de la batalla del Ebro en julio de 1938. Fue, como es sabido, la más sangrienta y reñida de toda la guerra civil en otras circunstancias políticas, militares e internacionales. 

(Continuará)

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Ángel Viñas es economista e historiador especializado en la Guerra Civil y el franquismo. Su última obra publicada es 'Oro, guerra, diplomacia. La República española en los tiempos de Stalin', Crítica, Barcelona, 2023. Su próximo libro aparecerá el 6 de marzo: 'La forja de un historiador', en la misma editorial.

Anterior serie del mismo autor en infoLibre: 'El vector fascista en la conspiración contra la república'.

El congresista republicano por Louisiana Mike Johnson ha sido nombrado este miércoles como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras conseguir aunar al Partido Republicano en torno a su figura y deshaciendo el bloqueo institucional en el que estaba sumido el Capitolio desde comienzos de octubre tras el cese del anterior presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, según informa Europa Press.

Johnson, reconocido aliado del expresidente Donald Trump, ha conseguido que el 'ala dura' del partido -de extrema derecha y reconocidos trumpistas- le haya apoyado en una elección en la que ha conseguido 220 votos frente a los 209 del candidato demócrata, Hakeem Jeffries, recoge la cadena de noticias CNN.

A pesar de contar con mayoría en la Cámara, el Partido Republicano ha visto como el nombramiento del presidente de la sala -la tercera autoridad del país- ha sido bloqueado en numerosos ocasiones al considerar que los candidatos no se opondrán lo suficiente a las políticas progresistas de la Administración Joe Biden.

Este bloque duro republicano fue el responsable de la moción de censura que desbancó a McCarthy de la Presidencia de la Cámara de Representantes a comienzos de octubre, y también de que los intentos del representante por Ohio Jim Jordan se vieran frustrados en hasta tres ocasiones.

El Partido Republicano celebró el martes una votación interna, una suerte de elección primaria, para nombrar a su aspirante a presidir la sala. Aunque la opción más votada fue el número dos del partido en la Cámara de Representantes, Tom Emmer, este renunció a la candidatura horas después en vistas de que su investidura sería frustrada por sus propios compañeros de partido.

Tras esta espantada de Emmer, el Partido Republicano celebró una segunda votación en la que se impuso Johnson, quien ya este miércoles recibió el visto bueno de Trump. El expresidente ha lanzado este miércoles un mensaje en sus redes sociales en el que le ha respaldado y ha instado a los republicanos a apoyar su investidura.

Sudadera y gorra en vez de traje y corbata, un megáfono por atril y unos palés de madera en lugar de un escenario. Este martes, era difícil reconocer a un presidente de Estados Unidos totalmente mimetizado entre los trabajadores del sindicato del motor. “Manteneos firmes, os merecéis un aumento considerable”, les decía Joe Biden como si fuera un líder más del piquete. “Wall Street no construyó este país, lo hicieron la clase media y los sindicatos”, los animaba con vehemencia.

El simbolismo de esta imagen, la del primer presidente americano que participa en una huelga de trabajadores, daba muy pronto la vuelta al mundo. Al día siguiente, Trump intentaba eclipsar la hazaña de su adversario viajando también al estado de Michigan. En lugar de asistir al segundo debate de unas primarias republicanas que da por ganadas, se reunía en una fábrica no sindicada con trabajadores, para ganarse su apoyo.  

La figura de Trump representa por antonomasia a las élites norteamericanas. Es un empresario, millonario sin escrúpulos, que además está salpicado por escándalos de corrupción. Sin embargo, una parte de la clase trabajadora le apoya en las urnas. “Es un caso curioso. Algunos analistas dicen que, si Trump se posiciona demasiado del lado de los trabajadores, van a criticarle dentro de su partido, que siempre se ha identificado más con las empresas”, opina la profesora de Relaciones Internacionales de IE University, Alana Moceri.

No es la primera vez que Trump le cuela un gol por la escuadra al Partido Demócrata en su pelea por el voto de los trabajadores. El debate electoral de 2016 con Hillary Clinton pasó a la historia por cómo puso en práctica la estrategia del silbato del perro’.En su primera intervención, empezó a contar la historia de Carrier, una empresa de aire acondicionado de Indiana que había despedido a 1.400 trabajadores. Su victoria en este estado y otros del rust belt, una región industrializada que había perdido muchos empleos, le convirtió por un margen muy estrecho en presidente de Estados Unidos.

A pesar de las cuatro graves causas judiciales que tiene abiertas, Trump sigue siendo favorito en las encuestas para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. La de YouGov publicada hace dos semanas le daba un punto por encima de Biden. Sin embargo, en unos comicios tan ajustados, el expresidente es consciente de que solo tendría alguna posibilidad de volver a la Casa Blanca si consigue quitarle a su competidor demócrata una parte significativa del voto de la clase trabajadora.

Este es un electorado muy específico que puede ser crucial en algunos estados, como el propio Michigan, sede de la actual huelga del motor que ha puesto en jaque a la industria automovilística del país. “El voto obrero va a ser importante en los swing states, como Michigan, Ohio, Wisconsin e Illinois, donde los llamados ‘Tres Grandes de Detroit’ (General Motors, Ford y Stellantis) tienen más fábricas y el sindicato más afiliados”, explica Jaime Caro, doctor de la Universidad Autónoma y experto en política americana.

Históricamente, los miembros de los sindicatos han votado a los demócratas. “La base de clase obrera que vota a Trump es, por ejemplo, mucha gente sin educación universitaria”, explica Moceri. El perfil del votante de este tipo que apoya a Trump es en su mayoría un hombre blanco de entornos rurales. “En las ciudades la porción de clase trabajadora que le vota se corresponde con la que tenía empleos que se han visto afectados por la deslocalización (despedidos masivos) o que han perdido muchos derechos laborales en la última década”, añade Caro.  

Para atraerlos, Trump utiliza un discurso populista que ofrece respuestas nacionalistas a problemas complejos de índole económica, social y política. Además, juega con lo “democrático popular”, es decir, intenta que la gente empatice y se vea reflejada en él. “Se presenta como una persona del pueblo porque como a nadie le gusta pagar impuestos, es comprensible que él intente evadirlos”, explica Caro. “Es muy habitual en la extrema derecha tener un líder que se presenta como parte del pueblo. Bolsonaro, por ejemplo, vestía con polos desabrochados y sudorosos para parecerse más a la gente”, concluye. 

La corriente interna del PSOE Izquierda Socialista reclama un referéndum sobre la forma de Estado en España y preguntar sobre "Monarquía o República", cuando se cumple el 92 aniversario de la proclamación de la Segunda República en España, el 14 de abril de 1931.

Según un comunicado emitido por Izquierda Socialista y recogido por Europa Press, esta corriente del PSOE considera que éste 14 de abril, no sólo puede servir para recordar el pasado obviando el presente.

A este respecto, señalan que hoy existe incertidumbre entre muchos ciudadanos, con el encadenamiento de crisis mundiales de diversa índole (crisis financieras, migratorias, climáticas, covid-19, guerras, éxodo y muerte), que padecen fundamentalmente los trabajadores, "provocando que las brechas de la desigualdad sean cada vez más indignantes".

Además, añaden que la "crisis" que sufre la Monarquía, hace que la sociedad cuestione la institución. A ello, aseguran que se une el "creciente autoritarismo y fascismo que recorre Europa y España", con políticas que apoyan la reducción de las cotas de libertad alcanzadas y de derechos humanos, civiles y sociales.

Por estos motivos, hoy, Izquierda Socialista Federal, asegura seguir impulsando los valores republicanos, "reclamando e insistiendo tanto en el seno del PSOE como ante la sociedad" un referéndum sobre la forma de Estado, "es decir, sobre Monarquía o República".

Lo hace cuando se cumplen 150 años de "aquel primer intento por alcanzar una España diferente" y 92 años del advenimiento de la Segunda República. Un 11 de febrero de 1873 y un 14 de abril de 1931 son hitos de nuestra historia, asegura el comunicado.

Recordando estos hechos, Izquierda Socialista afirma que con la República se produjo "un cambio trascendental" de régimen político en España y "por primera vez" desde la instauración del liberalismo se hizo "de manera pacífica, sólo acudiendo a votar en unas elecciones municipales".

Señalan que ese cambio fue bien acogido por la mayoría de los españoles y supuso una "explosión de alegría, fruto de la percepción de un pueblo que, por primera vez en su historia, tenía conciencia de haber conquistado pacíficamente su libertad y la democracia".

Pero lamentan que toda aquella política reformista quedara "abruptamente interrumpida por el golpe de Estado de julio de 1936, perpetrado por Franco y por una parte de la derecha española, que desencadenó una cruenta Guerra Civil y terminó en la feroz dictadura franquista que reprimió sin piedad a los demócratas y condujo al exilio a miles y miles de compatriotas que se vieron inmersos en un nuevo combate contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial".

Explican que las luchas de muchos exiliados en los campos de batalla europeos y su contribución a la victoria contra el fascismo y el nazismo "están inscritas en la historia y gracias a ellos y a ellas formamos parte de la memoria democrática europea".

Por ello, Izquierda Socialista Federal-PSOE quiere rendir homenaje a "todos los hombres y mujeres socialistas y a todas las personas antifascistas que impulsaron aquella democracia" y hasta perdieron su propia vida por luchar contra el golpe de Estado perpetrado por Franco y los militares franquistas y la posterior dictadura.

"¿Que si las víctimas del franquismo son víctimas con todas las consecuencias, equivalentes a las de ETA?". Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), no reprime una risa sarcástica ante la pregunta. "Haz tú mismo este ejercicio –sugiere al periodista–: coge la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo y la Ley de Memoria Democrática y compara. Donde pone 'víctima del terrorismo', pon 'víctima del franquismo'. No tiene nada que ver".

Vamos allá. Las víctimas del franquismo son "una referencia ética" para la democracia, con derecho a una "protección integral" mediante "ayudas, prestaciones y honores" que son "exigibles" ante el Estado en un proceso "rápido". Las víctimas del franquismo tienen además "derecho" a beneficiarse de medidas para "resarcir" su sufrimiento mediante "indemnizaciones y ayudas" con "aplicación retroactiva". En caso de "necesidad personal", Interior podrá dar "ayudas extraordinarias". Las víctimas del franquismo disponen de un plan de empleo propio. Justicia establecerá una Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Franquismo en la Audiencia Nacional para asesorarlas en sus procesos judiciales.

Así quedaría. Pero esa ley no existe. Todo lo que está en cursiva debe sustituirse por "víctimas del terrorismo". La doble vara de medir no existe sólo según la interpretación de Silva. Viene expresamente recogida en los dos informes sobre trato a las víctimas en España firmados por Naciones Unidas en 2014 [ver aquí y aquí]. Hay "distintas categorías de víctimas", dice un informe. El otro señala: "Muchas organizaciones y víctimas han expresado que se siguen sintiendo como 'víctimas de segunda categoría'".

¿Ha desaparecido la sensación de ser "víctimas de segunda"? Con motivo del primer "día de recuerdo y homenaje a las víctimas", establecido por la nueva ley para el 31 de octubre –este lunes–, infoLibre ha recabado respuestas en el movimiento memorialista. El resultado es claro: en absoluto ha desaparecido. Este periódico solicitó este viernes al Ministerio de Presidencia una entrevista con el secretario de Memoria Democrática, Fernando Martínez, sin éxito.

El Encuentro de Colectivos de Memoria Histórica, que aglutina a más de cien colectivos, mantiene en portada de su web un comunicado que dice: “La nueva ley de memoria no garantiza la justicia a las víctimas de la dictadura". ¿Qué ocurre? ¿Cómo una ley que pretende por segunda vez dar satisfacción a las demandas de las asociaciones de víctimas deja este sabor amargo? Bueno, quizás sería más exacto decir sabor agridulce. Porque algunos avances sí son reconocidos en el ámbito memorialista. Paqui Maqueda, activista de Nuestra Memoria, en Sevilla, cita ejemplos: el sistema educativo incluirá entre sus fines la enseñanza de la "represión"; habrá una "comisión de trabajo sobre la memoria y la reconciliación con el pueblo gitano"; también un "reconocimiento del sufrimiento padecido por las personas" con la polio... Son cosas que, afirma, a los ajenos a la lucha que hay detrás les pueden parecer poco, pero ella les da valor, como a la retirada de calles y monumentos franquistas, "aunque no al ritmo que nos gustaría".

Ahora bien, sobre la nueva ley ve cómo se ciernen "demasiadas sombras". Y sobre las sombras también cita ejemplos. Algunos son muy concretos: la Iglesia ni aparece. Otras críticas forman parte de su sospecha de que la ley puede quedarse en más ruido que nueces. "No queremos una ley bonita que luego no se desarrolle. Y, cuando llegue el PP, que la pueda parar", señala. Tiene dudas sobre qué alcance tendrá la "ilegalidad e ilegitimidad" de los tribunales franquistas. Lo mismo sobre el "derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas", que afecta –explica Maqueda– a lo que aún llama "mi casa", que le quitaron en Carmona a su bisabuelo, una de las víctimas de una familia que incluye muertos en combate, esclavos, asesinados... No es la de Maqueda una sospecha infundada: la propia ley (artículo 5.4) establece expresamente que el Estado no asumirá ninguna responsabilidad económica.

Maqueda extiende sus dudas al alcance que tendrá la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Se pregunta –y se contesta que no– si va a "aglutinar e investigar las querellas interpuestas en Argentina". Y dice: "Allí, en Argentina, fue donde tuve por primera vez conciencia de estar reconocida como víctima. Declaré en un juzgado, frente a un auxiliar judicial. Eso nunca lo hemos tenido aquí y seguimos sin tenerlo". Sin derogación de la Ley de Amnistía, ve más que difícil conseguirlo.

La cantautora sevillana Lucía Sócam, familiar de represaliados y cuyas letras suelen abordar la guerra, la dictadura y la lucha antifascista, deja clara su premisa: "Los pasos que se han dado han sido gracias a las familias y las asociaciones. El Estado ha ido a remolque". No niega –nadie lo hace– que la ley avanza, pero afirma –todos coinciden– que se queda corta en aspectos esenciales. "Es una ley para no molestar, que ni habla de verdugos, ni de las empresas que hicieron ricas a costa de los esclavos, ni de la Iglesia". Su abuelo, dice, "sigue siendo un delincuente legalmente en este país". Y su tía-abuela, una de las "17 rosas de Guillena", consta aún como desaparecida, cuando ha sido exhumada y descansa en un panteón identificada "con nombre y apellidos" en un informe forense. ¿Le dará la vuelta a esta situación la nueva ley? A estas alturas, tiene que ver para creer.

Le preguntamos a Xulio García, miembro de la dirección de la Federación Estatal de Foros por la Memoria: ¿Por qué si la ley pretendía dar satisfacción a los herederos de las víctimas hay tan poca satisfacción?. En primer lugar, hace una precisión: las leyes de 2007 y 2022 han servido también para hacer "de cortafuegos" de los planteamientos más ambiciosos del movimiento memorialista. "El resultado, y me duele decirlo, es que el modelo español de impunidad queda renovado".

"Las víctimas siguen sin ser víctimas. Es decir, nominalmente sí, pero legalmente no, porque la víctima tiene derecho a la reparación automáticamente. Ocurre así con las víctimas de ETA o de la violencia machista, pero con con las del franquismo", afirma García, que cree que la anulación de la "aberración jurídica" de las sentencias franquistas carece de implicaciones reales por la falta de responsabilidad expresa del Estado y los particulares. De lo contrario, desplegaría "consecuencias inmediatas". García tampoco niega mejoras, entre ellas la creación de un banco de ADN, la nueva fiscalía, las sanciones, la mayor apertura de archivos... Pero, también al igual que Maqueda, recela de la posible lentitud en la aplicación y del obstruccionismo de aquello que dependa de las comunidades sin sintonía con la norma.

Le preocupa particularmente en qué se traducirá el artículo 16.1: "Corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas [...], sin perjuicio de las competencias de otras administraciones". En opinión de García, a partir de ese "sin perjuicio", se abre la posibilidad que todo siga como hasta ahora, con el modelo de exhumaciones por subvención. García cree que la nueva redacción va a "perpetuar el modelo privatizado". Paqui Maqueda explica: "Nos hemos visto comprando pico y pala, contratando arqueólogos y convertidos en gestores de dinero público, teniendo en muchos casos que poner las familias sus propios recursos".

Así que pese a los avances, señala García, sigue vigente la campaña de Encuentro por la Memoria "por una ley que ponga fin a la impunidad del franquismo". Pero, cuando se habla de "fin a la impunidad" o de "justicia para las víctimas", ¿a qué nos referimos? ¿A juicios con acusados en el banquillo? García señala que, como es obvio, la mayoría de delitos serían a estas alturas imposibles de juzgar, pero sí cree que debería derogarse la Ley de Amnistía para desarrollar investigaciones judiciales. Y si hay responsables vivos, juzgarlos. Coincide Emilio Silva (ARMH): "Hay que investigar aunque esté muerto el autor. Y si hay responsables vivos, pues claro que juzgarlos. ¿Por qué van a ser diferentes los crímenes del franquismo?".

Silva cree que el trato a las víctimas durante la democracia parte de una premisa que se mantiene: "No molestar a las élites, a los verdugos ni a sus herederos". A su juicio, el consenso político de la transición se basaba en "esperar a que las víctimas se fueran muriendo, sin hablar ni ser ser atendidas". Y así ocurrió hasta que hubo "un accidente inesperado", y es que resultó que hubo "nietos" que en los 90 armaron un movimiento exigente, como resultado del cual la política "tuvo que moverse". Pero lo ha hecho "sin contar la historia de los verdugos, ni tocar a la Iglesia, ni tampoco a las empresas que se lucraron con el trabajo esclavo". "En Argentina ha habido condenas a civiles, militares y religiosos. Aquí, nada de eso", afirma. Y añade: "La política española ha aprendido un truco: hacer unos preámbulos maravillosos que se diluyen en el articulado. La nueva ley es una fotocopia en color de la transición".

Repasemos con Silva algunos temas concretos. ¿Exhumaciones? "España acaba de mandar 39 forenses a Ucrania a investigar crímenes de guerra. Aquí seguimos esperando que los manden a las fosas del país que les paga el sueldo". A la espera de ver en qué modelo de exhumaciones se concreta la nueva ley, cree si de verdad hubiera "voluntad política" se crearía "una institución" que garantizara la exhumaciones como un "derecho" ¿Responsabilidad económica? "El Estado no va a asumir ninguna indemnización para quienes sufrieron multas e incautaciones, pero la ley mete en una disposición adicional [la 19] una nueva compensación a los partidos. No sé cómo se han atrevido". ¿Retirada de calles franquistas? "Sigue faltando un listado de calles que no pueden existir. Lo demás abre la puerta a recursos que obligan a decidir qué cantidad de franquismo es necesario para no poder tener una calle en este país".

Silva tampoco comparte las conmemoraciones incluidas en la ley: el 31 de octubre, fecha de aprobación en las Cortes de la Constitución (1978) y la primera ley de memoria (2007), pasa a ser "día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura". "¿Cómo que 'todas las víctimas'. ¿Es lo mismo atacar una democracia que defenderla? ¿Tengo yo que homenajear a mi abuelo el mismo día que a Primo de Rivera"?, protesta Silva. En cuanto al 8 de mayo, fecha de derrota del fascismo y el nazismo en 1945, pasa a ser el "día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio". "¿Qué le aportó a los exiliados españoles aquella victoria en cuanto que exiliados, si aún quedaban más de treinta años de dictadura en su país?", se pregunta Silva.

¿Y en cuanto a la justicia para las víctimas? Aquí Silva es más duro. "Hay un apartheid de víctimas. Unas que interesan al Estado y otras que no. La discriminación es clara. Dice Pedro Sánchez [en una reciente visita a una fosa en Valladolid] que el Gobierno 'cumple su compromiso con la justicia y la reparación'. Que explique cómo. Se dice que la ley incorpora los tratados internacionales [artículo 2.2], pero eso ya está en el 96 de la Constitución". Silva que remite a un reciente artículo sobre la nueva ley del jurista Carlos Castresana en infoLibre, con afirmaciones como estas: las recomendaciones de la ONU "se han seguido muy limitadamente"; la ley representa un "avance", pero "sigue siendo insuficiente" por falta de "mecanismos efectivos de rendición de cuentas"; la norma no contempla "el acceso a la verdad como un derecho fundamental" ni "el derecho a la justicia en términos que se aproximen a los estándares internacionales". "El ejemplo más claro de lo que es la ley –afirma Silva– lo tienes en Queipo de Llano, cuyos crímenes de guerra no se investigan, porque parece que todo el problema es que esté en La Macarena. Es triste, pero el gran castigo a los franquistas es la pérdida de unos títulos nobiliarios".

No todo lo que afecta a las víctimas del franquismo y sus herederos está en el BOE. Su dignificación también exige un respeto social. ¿Se ha logrado? La mayoría de respuestas son ambivalentes. La cantautora Lucía Sócam ve "dos polos", uno mayoritario, "respetuoso" o incluso que ha "tomado conciencia" a raíz de la apertura del debate, y otro "neofascista" que se ha ido envalentonado. Paqui Maqueda ve el vaso por la mitad: "La mayoría entiende tu dolor, pero sigue siendo posible alabar a Queipo sin ninguna consecuencia", como acaba de hacer el diputado de Vox Francisco José Contreras. A su juicio, en España ha faltado "pedagogía de la memoria", un mal de todo el periodo democrático.

Coincide Enrique Díez, profesor de Educación de la Universidad de León, que en su ensayo La asignatura pendiente (Plaza y Valdés, 2020) ha constatado los déficits educativos sobre la guerra, la represión y la dictadura. En su investigación, basada en entrevistas a 610 profesores y en el análisis de libros de ESO y Bachillerato de 15 editoriales, Díez encuentra "cinco temas tabú": 1) La incautación de bienes. 2) El papel de la Iglesia. 3) Los responsables y partícipes directos de la represión, con nombres y apellidos. 4) El hecho de que una parte de la sociedad civil se implicó en la represión. 5) La falta de reconocimiento y reparación a las víctimas y a los luchadores antifranquistas. No es la única investigación sobre el tema. El artículo ¿Historia olvidada o historia no enseñada? (2019), obra de seis investigadores, acreditaba que sólo un 26,6% de los alumnos de ESO era capaz de definir qué era una dictadura. Tiene interés situar estas conclusiones junto a otros datos de 2018: casi la mitad (un 45%) de los estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato del instituto de Salamanca en que se centró otra investigación académica veían innecesario reparar a las víctimas.

Díez, que para paliar estos déficits ha publicado Pedagogía antifascista (Octatedro, 2022), advierte contra la tendencia a volcar sobre la educación la responsabilidad de todos los problemas sociales y recuerda el viejo dicho: "Para educar a un solo niño se necesita a toda la tribu". No obstante, se pregunta "qué hemos hecho en cuarenta años" para haber creado lo que a su juicio es una generalizada falta de empatía. Por un lado, señala a la parte curricular. "Los chavales siguen aprendiendo más del nazismo que del franquismo, donde se llega tarde y mal si se llega", afirma, escéptico con los cambios que se puedan establecer a raíz de las nuevas leyes educativa y de memoria. Por otro, señala Díez, hay otro problema más profundo. "La escuela se ha despolitizado. Una de sus funciones, la de transformación, ha retrocedido frente a la educación para el mercado y la competición, a la que se suman multitud de referentes neoliberales e individualistas en televisión y redes sociales". "Ahora mismo, escucho a adolescentes que ven lo rebelde y lo desafiante ser de Vox y meterse con las 'feminazis'", lamenta.

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso interpuesto por el padre de la reina Letizia, , por un artículo publicado el 17 de julio de 2018, dentro la sección titulada Jaleos del corazón, según informa Europa Press.

El artículo en cuestión tenía por titular "Henar, la tía de Letizia: los Borbones se han hecho ricos a nuestra costa", y en su interior, según recoge la sentencia, se decía que "los Ortiz se proclaman republicanos, y Henar la mayor portavoz de todo ello".

La resolución de la Sala de lo Civil hace un juicio de ponderación entre el derecho a la libertad de información y el de intimidad, y concluye que no ha habido intromisión en los derechos del recurrente.

Con ello confirma la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que ratificó a su vez la sentencia de un Juzgado de Primera Instancia de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que desestimó inicialmente la demanda. Entre otros aspectos, el Supremo señala que la noticia difundida tenía interés general y proyección pública, y que no contiene ningún juicio peyorativo dirigido contra la persona del demandante.

La demanda de la que parte el recurso, que se presentaba también contra el director del medio, Pedro J. Ramírez, indicaba que la información publicada caía "en un uso desviado y abusivo de la libertad de información" y pedía la retirada del artículo, que se publicara el fallo y que condenaran al medio al pago de 8.000 euros al padre de Letizia en concepto de daño moral.

En el artículo se referían a la tía de Letizia como la 'díscola', señalando que era muy crítica con la Monarquía y que, tras revelarse unas cintas de Corinna Larsen, había reivindicado en un tuit que se firmara una petición de referéndum público para abolir la Monarquía e implantar la República.

El padre de la actual reina explicaba que se trataba "de una noticia banal, frívola e innecesaria, además de falsa", que sostenía "sin fundamento alguno" que los Ortiz se proclamaban republicanos.

Pero el Supremo, tras analizar el artículo de El Español recuerda que la libertad de información "ha de gozar de una protección reforzada, de un necesario núcleo resistente que prevalece en los supuestos de colisión con otros derechos fundamentales, que deben rendirse o sacrificarse a su fuerza expansiva para que pueda cumplir la función constitucional que le corresponde en beneficio de todos".

Sin embargo, matiza que este derecho no es un derecho absoluto y por tanto no tiene por qué ser siempre así y puede ocurrir que en determinadas circunstancias el derecho a la intimidad prevalezca sobre el de libertad de información.

Y en este caso concreto considera que la noticia difundida tiene interés general y proyección pública. Advierte que la tutela de la intimidad se debilita proporcionalmente como límite externo de las libertades de expresión e información, cuando sus titulares son personas públicas o con notoriedad pública, "estando obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones sobre cuestiones de interés general".

Añade que el contenido de la publicación "tiene interés general, en tanto en cuanto se refiere a la familia de la Reina de España, que es uno de los personajes públicos más importantes del país". Y recuerda que la noticia recoge las palabras de su tía, hermana del demandante, y en ellas "se hace referencia a sus ideas republicanas que, en otras entrevistas previas, aquélla extiende, sin individualización, a su familia".

Tras esto, explica que en la noticia no se usan expresiones injuriosas o vejatorias en referencia al padre de la reina Letizia, y añade que al hilo que "no es peyorativo, sino fruto de una legítima opción política, ser monárquico o republicano".

Por otro lado, sobre la veracidad de la noticia dice que ésta "no consiste en la divulgación de un mero rumor, sino que se difunden las opiniones, que se tildan críticas con la monarquía, proferidas por la tía de la reina, incluso con indicación de su fuente, que no han sido tampoco desmentidas por ésta".

Y sobre la frase 'Y es que, al igual que la propia Letizia antes de conocer al actual Rey, los Ortiz se proclaman republicanos, y Henar la mayor portavoz de todo ello', el Supremo entiende que es una opinión del periodista o conclusión personal, y recuerda que la libertad de expresión "no está sometida a la exigencia de veracidad y, por consiguiente, no es exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información".