Las defensas de los acusados en el caso Kitchen, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, han pedido anular el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional al considerar que hubo errores en la instrucción o que este no es el tribunal competente para juzgar el procedimiento.

En la primera jornada, de cuestiones previas, los letrados de los diez acusados han coincidido en enarbolar varias cuestiones de nulidad para frenar el juicio contra la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por la presunta operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores para este partido entre 2013 y 2015, en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP.

El abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha sido el primero en pedir la nulidad, al considerar que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar el caso por tratarse, ha dicho, de hechos ajenos al caso Tándem o Villarejo, del que procede; a este motivo se han adherido el resto de defensas.

Otro argumento para pedir la nulidad ha sido la extensión del secreto de las actuaciones, que se alargó durante casi toda la instrucción, de 2 años y 7 meses, y que según los acusados vulneró el derecho de defensa por las pruebas practicadas a sus espaldas.

Otra alegación repetida por las diferentes defensas ha sido la de una "acusación sorpresiva" por imputaciones que aparecieron por primera vez en el auto de procesamiento y no durante la instrucción.

También se ha pedido la nulidad de distintas pruebas. El letrado del exministro del Interior ha pedido por ejemplo anular las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que se intercambió con su número dos, Francisco Martínez, y que motivaron su imputación en el caso.

La defensa de Francisco Martínez quiere que sean nulas las diez grabaciones de audio incautadas al excomisario José Manuel Villarejo que dieron origen al caso, lo que anularía el resto del procedimiento, al considerar que el comisario las obtuvo de manera ilícita y que no se ha podido comprobar la autenticidad ni acceder al total del material.

Esta parte pide anular también tres audios en los que Francisco Martínez habla con el excomisario, que fueron aportados a la justicia por el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en otras causas como la de Leire Díez.

El letrado del excomisario Villarejo ha denunciado que esta es una investigación "prospectiva" y "fuera de la ley" que ha vulnerado el derecho a la intimidad del policía, propietario de los archivos incautados, o su derecho a la defensa, porque no todos los archivos han sido desencriptados y no se ha podido acceder a todo el material ni pedir pruebas periciales para analizar su autenticidad.

Durante esta primera jornada han pedido también nulidades los letrados del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que presuntamente habría cobrado por el espionaje 54.000 euros, o del exresponsable de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas.

Al letrado Javier Ignacio Navarro, que representa al chófer, quien también logró una plaza en la Policía, le ha reprendido la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, por sostener que a su defendido "le coaccionaron" los fiscales del caso y le amenazaron con pena de prisión.

En este juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, el exministro del Interior y su ex número dos enfrentan una petición de cárcel de 15 años por parte de la Fiscalía, que les acusa de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo parapolicial en el que se habrían empleado supuestamente 57.943 euros procedentes de fondos reservados.

La vista se reanudará este martes, cuando las acusaciones podrán responder a las cuestiones previas expuestas por las defensas. 

La cúpula de Interior con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se sienta ya este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados, según informa EFE.

El juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, ha arrancado a las 10.18 horas en la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares, donde esta semana está previsto que se centre hasta el jueves en las cuestiones previas que planteen los acusados.

A su llegada al tribunal, los diez acusados en este juicio han declinado hacer declaraciones ante los medios, a excepción del excomisario José Manuel Villarejo, que ha atribuido este caso a una "jugarreta" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con algunos mandos de la Guardia Civil para "desprestigiar" a la Policía Nacional. 

Ataviado con una corbata de la Policía Nacional, Villarejo se ha reivindicado como comisario, aunque ya jubilado, y ha pedido explicaciones sobre la actuación del CNI de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, una de las testigos citadas en este juicio, y ha tildado de "impresentable" al exdirector de dicha institución Félix Sanz Roldán, al tiempo que ha insistido en que los casos en su contra eran "humo".

Fernández Díaz y su número dos comparten banquillo con el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha, y el citado Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.

El exministro de Interior y su secretario de Estado de Seguridad están acusados de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo para sustraerle posibles pruebas sensibles para el partido y algunos de sus entonces dirigentes, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel. 

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.

Los diez acusados (eran once, pero uno -el comisario Enrique García Castaño, El Gordo- ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial con el fin de sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Entre los testigos llamados a declarar figura la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada en este caso y después decayó su imputación, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

España acaba de comunicar a la Comisión Europea que retira una ayuda de cerca de 20,7 millones de euros que otorgó en 2017 a Stellantis, entonces aún Peugeot Citroën Automóviles España SA, para su fábrica de Vigo, tras no poder justificar su legalidad durante una investigación que ha durado cerca de siete años. La ayuda la otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy sin “ninguna obligación de nuevos puestos de trabajo” y la Comisión Europea dudó de que contribuyese al desarrollo de Galicia. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retira la ayuda y la UE cierra la investigación.

La ayuda de 20.660.434 euros fue otorgada en diciembre de 2017 al amparo de “incentivos regionales para la corrección de los desequilibrios económicos territoriales” y ya desde su concesión estaba condicionada a una posterior revisión por parte de la Unión Europea. En teoría la subvención debía ir dirigida a innovaciones en el proceso global de producción de automóviles, pero la Comisión Europea sospechó que en realidad iban destinadas a una mejora puntual de la técnica empleada en la fábrica viguesa de una gran empresa, lo que supondría afectar a la libre competencia dentro de la UE con una ayuda de Estado.

La Comisión Europea incoó un “procedimiento de investigación formal” el 1 de julio de 2019 y medio año después, en enero de 2020, desveló en qué se basaban sus objeciones, que fueron varias.

Por un lado, la Comisión Europea manifestó “sus dudas en cuanto a la contribución de los proyectos de inversión al desarrollo de la región en cuestión”, en referencia a Galicia. Puesto que eran unas ayudas estatales de finalidad regional, la UE analizó ese efecto regional y constató que la inversión prevista para Vigo se produciría en detrimento de otra fábrica de la misma empresa en la región eslovaca de Trnava.

“La ayuda pudo desviar la inversión a Trnava, donde, sin ninguna ayuda, a primera vista parece que la ejecución de la inversión habría sido más viable”, decía la Comisión, que añadía que “la inversión habría sido más rentable económicamente o más viable en esa otra localización, al menos igual de desfavorecida”.

Por otra parte, la Comisión Europea también puso el foco en la ausencia de creación de empleo con las inversiones que la empresa iba a realizar con la ayuda recibida. “No existe ninguna obligación de crear nuevos puestos de trabajo”, decía el ejecutivo comunitario, que incluso señalaba que “el número de empleos desciende después de la inversión” y dudaba de las “intenciones” de la empresa “sobre el número de empleos una vez transcurrido” el período de dos años tras la inversión en el que se comprometía “solamente” a mantener el empleo.

La investigación de la Comisión Europea se prolongó durante cerca de siete años sin que España fuera capaz de dar respuesta a todas las objeciones formuladas por la UE. Finalmente, el pasado 28 de enero el Estado “retiró su notificación” de la ayuda a la UE, es decir, la comunicación de la subvención para que fuera revisada por Bruselas antes de su otorgamiento efectivo. Y ahora, dado que España “no continuará con el proyecto de ayuda”, la Comisión decide “concluir el procedimiento de investigación formal”.

La Audiencia Nacional ha rechazado investigar la querella que presentó el expresidente catalán Artur Mas por la Operación Cataluña y el espionaje con Pegasus, al concluir que se basa en una "mera sospecha" derivada de informaciones periodísticas y que, en cualquier caso, los hechos estarían prescritos, informa EFE.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez Antonio Piña acuerda inadmitir a trámite la querella de Mas, que se dirige contra Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior en la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el exsecretario de Estado Fernando Martínez, además de miembros de la llamada policía patriótica y exdirectores del CNI, entre otros.

El magistrado argumenta que los hechos que describe la querella o están prescritos o investigados en otros procesos judiciales -como es el caso del espionaje con Pegasus- y que no hay suficientes indicios para abrir una causa penal, dado que se trata de "una mera sospecha" basada en gran parte en informaciones periodísticas. 

Los abogados de Mas presentaron inicialmente la querella ante los juzgados de Barcelona, que descartaron investigarla al entender que la competente para hacerlo era la Audiencia Nacional, dado que los delitos incluidos afectarían a Artur Mas en su cargo de presidente de la Generalitat, que constituye una alta institución del Estado.

No obstante, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia concluye que no es competente para investigar los hechos relatados de la querella porque, si bien irían dirigidos contra el presidente de la Generalitat, "no afectaron a la forma de gobierno", de forma que no pueden constituir delitos contra altos organismos el Estado.

El magistrado remarca además que los hechos que narra la querella sucedieron entre los años 2012 y 2015, ya fueron objeto de anteriores denuncias o procedimientos judiciales y, por otra parte, estarían prescritos al haber transcurrido el plazo máximo previsto para los delitos denunciados, que es de diez años.

Para la Audiencia Nacional, solo podría impedir la prescripción que los hechos constituyeran un delito continuado por la utilización de Pegasus para espiar a Artur Mas, que según informes periciales sufrió una interceptación de comunicaciones con ese software desde 2015.

Sin embargo, mantiene el auto, "ningún elemento, salvo la mera suposición, permite afirmar que dicho software fuese utilizado e implementado por quienes hoy figuran como querellados", entre quienes forman parte los exdirectores del CNI Félix Sanz Roldán y Paz Esteban.

Para el juez, suponer que el espionaje con Pegasus "es una parte más de la llamada Operación Cataluña no deja de ser una mera suposición, que no alcanza el carácter de indicio, si no de mera sospecha".

"Conocido es la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo al indicar que carecen por sí solas de valor las informaciones periodísticas para abrir un procedimiento penal", recuerda el magistrado, que apunta que, en todo caso, el espionaje con Pegasus sería un delito de revelación de secretos que no entra en las competencias de la Audiencia Nacional.

En su escrito al juez para oponerse a la admisión de la querella, la Fiscalía Anticorrupción defendió la "legitimidad del Estado para impedir cualquier delito contra el orden constitucional, entre ellas las acciones llevadas a cabo por el movimiento independentista en cuanto que no se encaucen en la legalidad vigente".

Ello justificaría, para el ministerio público, "la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía y órganos judiciales siempre, y como hemos dicho, que esa actuación se lleve a cabo dentro de la legalidad", según su escrito, al que ha tenido acceso EFE.

Jordi Pina, abogado del expresidente de la Generalitat, presentará recurso de apelación en la Audiencia Nacional contra la inadmisión de la querella. Inicialmente, defendió la competencia de los juzgados de Barcelona para investigar el caso.

España ha tenido expresidentes; José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido una trayectoria. Y esa diferencia explica en buena medida la obsesión de la derecha española con su figura. Zapatero no solo fue un presidente que amplió derechos en un momento clave, sino que, al abandonar La Moncloa, entendió algo que otros nunca asumieron: que perder el poder no autoriza a dinamitar la democracia.

La comparación es inevitable. Aznar convirtió su salida del Gobierno en una plataforma permanente de agitación política y de conexión con los grandes intereses económicos, dedicando buena parte de su tiempo a erosionar gobiernos legítimos y a alimentar una polarización que hoy pagamos cara. Felipe González, figura central de la España democrática, ha acabado utilizando su condición de expresidente para desacreditar a la izquierda y justificar posiciones que contradicen su propio legado histórico. Rajoy llevará consigo toda la vida la mochila de ser el primer presidente en perder una moción de censura, optó por la retirada silenciosa, sin aportación intelectual ni defensa activa de las instituciones que presidió. Tres formas distintas de entender el “después”, ninguna especialmente edificante.

Zapatero eligió otro camino. No conspiró contra los gobiernos posteriores, no alentó campañas de deslegitimación institucional ni utilizó su agenda internacional como negocio personal. Mantuvo una lealtad democrática poco habitual en un país donde demasiados exmandatarios confunden crítica con sabotaje y discrepancia con rencor.

Su papel como mediador internacional, especialmente en América Latina, ha sido objeto de ataques feroces, casi siempre cargados de mala fe. La derecha española lo ridiculiza porque nunca ha creído en la diplomacia basada en el diálogo y la negociación, sino en la imposición moral y el castigo selectivo. Zapatero ha hablado con quien había que hablar, no para blanquear a nadie, sino para abrir vías políticas allí donde el bloqueo solo cronifica el sufrimiento. Ha actuado, además, en espacios donde el Estado español no siempre podía hacerlo directamente, aportando experiencia y credibilidad. Eso no es traición: es política exterior responsable.

Esta actitud como expresidente no se entiende sin su trayectoria previa. Zapatero gobernó en uno de los periodos más difíciles de la historia reciente: primero, en un país aún marcado por la manipulación del 11-M; después, en plena crisis financiera global. Se le acusa de “arruinar España”, obviando que el colapso de 2008 fue consecuencia de un sistema financiero desregulado y de una burbuja inmobiliaria gestada durante años, con gobiernos del PP presumiendo de milagros económicos inexistentes.

Zapatero cometió errores, sin duda, pero también intentó proteger el Estado del bienestar más tiempo que otros y pagó un alto precio político por ello.

En el terreno social, su legado es hoy indiscutible. El matrimonio igualitario, la ley de dependencia, la ley antitabaco, el avance en igualdad y memoria democrática no dividieron España: la hicieron más decente. Que hoy estos derechos cuenten con un amplio respaldo social es precisamente la prueba de que aquellos debates no iban desencaminados. La derecha los combatió entonces con dureza y ahora prefiere fingir que siempre estuvieron ahí.

Especialmente reveladora fue la reacción ante el final de ETA. Zapatero contribuyó decisivamente a que el terrorismo desapareciera sin concesiones políticas, desde la legalidad y el Estado de derecho. La derecha, incapaz de asumir que la paz no llegara bajo su bandera, optó por el uso partidista del dolor y la deslegitimación de un proceso que acabó siendo una victoria democrática colectiva.

Por todo ello, con cierta perspectiva histórica, resulta cada vez más evidente que Zapatero ha sido, hasta ahora, el mejor expresidente que ha tenido España. No por infalibilidad, sino por comprensión del cargo. Porque entendió que la democracia no termina cuando se deja el poder, y que servir a un país también consiste en no incendiarlo cuando ya no se gobierna.

Por eso no lo atacan por sus errores, sino por su ejemplo de conducta, por su talante: porque Zapatero demostró que se puede dejar el poder sin vender el país, sin odiar la democracia y sin traicionar lo que se defendió cuando se gobernaba.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Tres objetivos simples para dejar un legado que trascienda nuestra vida. Una tradición que viene de largo, pero que algunos se toman más en serio que otros. Y últimamente, los políticos se la están tomando particularmente en serio. Y no, no nos referimos a las dos primeras, que quedan al libre albedrío de la vida privada, sino al último de los objetivos, el poner negro sobre blanco las vivencias, ideas o proyectos que han marcado sus vidas. Porque si en muchos países la inflación está al alza, en las librerías lo que no para de aumentar son los libros firmados por políticos. Al lado del ampliamente celebrado y bendecido por la crítica Sira, una historia de amor, de Juan del Val, se colocan otros libros como Orden y Libertad, Manual de Convivencia o El arte de gobernar. Los secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política, firmados respectivamente por José María Aznar, Juanma Moreno Bonilla y Mariano Rajoy.

No han sido los únicos que se han sumado este 2025 a la fiebre de los libros. Otros como el exministro de Defensa Federico Trillo (Memorias de anteayer), la exalcaldesa de Madrid Esperanza Aguirre (Una liberal en política: Por qué lo que funciona es el liberalismo), la exministra de Economía y ahora presidenta del BEI, Nadia Calviño (Dos mil días en el gobierno) y el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias (Enemigos íntimos), entre muchos otros, también se han animado a escribir. Incluso, aunque quizás no cuente como un político tradicional, el rey emérito Juan Carlos I ha colocado su Reconciliación entre los títulos más vendidos. 

El fenómeno no es solo español. En EEUU, la excandidata presidencial Kamala Harris publicó 107 days, en el que rendía cuentas con Joe Biden y los demócratas para culparlos de su fracaso electoral. También Gavin Newsom, gobernador de California y uno de los favoritos para ser candidato del Partido Demócrata en las próximas elecciones, ha anunciado que este enero podremos leer Young Man in a Hurry, sus memorias. En Francia, el libro que Nicolás Sarkozy escribió durante las semanas que estuvo en prisión, Le Journal d’un prisonnier, ya está entre los más vendidos del país. Todo este fenómeno nos hace preguntarnos: ¿por qué los políticos escriben libros? ¿Cuál es la razón por la que les interesa tanto? Y, sobre todo, ¿tiene sentido seguir haciéndolo en la era de las redes sociales?

Ana Salazar, consultora política y directora de Idus3 Estrategia, lo tiene claro: “Rotundamente, sí. De hecho, ahora más que nunca tiene un impacto y un sentido. En unos tiempos de velocidad, de un contenido sin cesar y con unos formatos de redes sociales cada vez más breves, el hecho de publicar un libro es cambiar completamente el enfoque, ya que da al político un espacio de reflexión donde puede profundizar, lo que es muy raro actualmente en otros formatos”. Mientras en redes sociales los contenidos caducan rápido, y son para un momento muy concreto, la tinta, comenta la experta, permanece y es para siempre. “El libro requiere una especie de pacto, es una promesa, porque no puede cambiarse, y eso, en los tiempos que corren, es muy importante”, argumenta Salazar. 

El beneficio de los libros no se queda ahí, también amplía el público al que puede llegar el político. “En TikTok y en redes sociales se encuentra un target muy concreto, pero ni mucho menos es el único que existe. Hay un nicho de personas lectoras que está ahí y al que hay que llegar de forma diferente al habitual. Solo el hecho de tener tu imagen en la estantería de una librería ya significa mucho. Es comparable a lo que hizo Pedro Sánchez con su entrevista en Radio 3, abrirse hueco entre nichos más concretos pero que también votan”, explica Aner Ansorena, consultor político y CEO de Hauda Comunicación.

Eso sí, hay limitaciones. Es muy difícil, sostiene Juan Manuel Barrios, politólogo e integrante del podcast El Patio Político, que, por mucho que venda un libro, este pueda cambiar un solo voto. “Se escribe para los convencidos, los libros tratan de reforzar a los que ya te apoyan, no cambiar la opinión de los que no. Permiten, eso sí, que se acerquen de una forma diferente a ti, y que con eso se mantenga ese sentimiento positivo. Por ejemplo, un momento en el que los libros pueden tener utilidad electoral es cuando se producen pérdidas de voto”, afirma Barrios. Pone de ejemplo en este sentido el libro de Juanma Moreno, cuya salida coincidió con la crisis de los cribados del cáncer: “Ahí combate un escándalo mayúsculo con el hecho de contar tu historia. Significa tratar de parar esa bola de nieve mostrándote de una forma más personal e íntima de cara a tu votante”, continúa.

De eso van muchas veces los libros de los políticos, de lograr mostrar todo lo que no se ve en los medios y en las redes sociales, su día a día, sus costumbres… “Humanizan mucho, muestran, si realmente el que lo escribe lo hace suyo, a la persona detrás del político. Moreno, por ejemplo, habla de su perro. Puede parecer una tontería, pero es muy difícil hablar de ese tipo de cosas, de aficiones, de temas más personales… en los tiempos de polarización tan fuertes que vivimos. Eso solo te lo permite el libro”, insiste Barrios. 

Esto es algo que entendió perfectamente el expresidente francés Nicolas Sarkozy cuando, después de su condena, anunció que plasmaría sobre papel sus vivencias mientras estaba en prisión. El exmandatario vivía (y vive) una crisis de reputación tremenda, y vio que la forma más potente para tratar de capear el temporal era escribir. “Sarkozy se dio cuenta de que el formato audiovisual no era suficiente para lo que quería hacer. Solo con acudir a las televisiones o hacer entrevistas no iba a cambiar nada, quería algo más”, indica Salazar. 

El resultado fue espectacular. Unos 100.000 ejemplares vendidos en menos de una semana, todo un éxito que cambió el foco mediático. “Es muy complicado que con un libro un político pueda cambiar la percepción que se tiene de él, pero al menos tiene un control total sobre esa historia. A Sarkozy le da igual si el lector le cree o no, pero lo que está claro es que está escuchando su historia, la que él quiere contar. Impone ese relato la persona que está leyendo. Tanto es así que, cuando el expresidente salió de la cárcel, la noticia fue más que había escrito un libro mientras estaba encarcelado y lo que decía en ese libro, que el propio hecho de que abandonara prisión”, explica Barrios. 

Ese relato impuesto no solo sirve para políticos en activo, también lo hace para aquellos que están retirados y quieren legitimar su estancia en el poder o dar su propia visión. Es el caso del libro de Aznar o los superventas de Barack y Michelle Obama. “En este caso quieren dejar claro su legado y un relato de su biografía personal, aunque en ocasiones también tienen otros objetivos. Por ejemplo, está claro que el libro del expresidente del Gobierno y exlíder del PP persigue igualmente influir políticamente en el panorama actual pese a que él ya se ha retirado, teóricamente, de todo”, comenta Salazar. 

Y es que publicar un libro es mucho más que sacarlo a la venta, especialmente para aquellos que ya no están en activo. “El libro da a los políticos la oportunidad de estar en la palestra, de sentirse importante. La sociedad entiende que al escribir tienes algo que contar, que eres o todavía sigues siendo importante e incluso que has hecho un ejercicio intelectual. A todo ello hay que sumar la promoción, el estar en los periódicos, que se debata el contenido, las entrevistas… todo eso que se monta alrededor del libro es importantísimo”, señala Ansorena. 

Precisamente, en toda esa parafernalia, los políticos en activo buscan notoriedad y los retirados volver a saborear el sentirse importantes, aunque sea solo por unas pocas semanas. Eso sí, estos últimos tienen una gran ventaja: “En todo el mundo se tiende a mitificar al político que ya no está, se les escucha mucho más y con más atención. Cuando se retiran, las personas comienzan a sentir por ellos más simpatía, aunque en el pasado no les gustara nada. Por todo eso, para ellos es mucho más fácil ser efectivos a la hora de escribir un libro, ya que los políticos en activo todavía llevan la mochila de la actualidad a cuestas”, zanja Ansorena.

Además, tienen un problema añadido y es que, al estar gobernando, rara vez tienen tiempo de escribir. “Creo que nadie se cree que los políticos escriben sus propios libros, y menos mal, porque si no, qué estarían dejando de hacer. Casi siempre recurren a alguien para escribirlo después de muchas entrevistas y conversaciones”, afirma Salazar. Pero, para Ansorena, en la mayoría de las veces esto no está del todo bien contado: “Si no se es transparente, se puede generar una desconfianza en la ciudadanía y acabar teniendo un impacto negativo, porque al final el nombre que sale en la portada es el tuyo”. Por eso, escriban o no ellos mismos los libros, sea por ego o por buscar una relevancia perdida, sean un superventas o no lleguen más que a frikis de la política, todo indica que, al contrario que en Video Killed the Radio Star, TikTok no matará a los libros de los políticos, sino que, más bien, hará que cada vez haya más.

Hace ahora cincuenta años. Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde murió bendecido por la Iglesia católica, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que lo equiparaba a los santos más grandes de la historia. El panegírico había comenzado con la Cruzada, arreció con fuerza en la posguerra y continuó hasta después de su muerte.

Franco y sus compañeros de armas iniciaron en julio de 1936 un golpe de Estado que provocó una sangrienta guerra civil. Durante esos años y en la posguerra, decenas de miles de “enemigos” fueron eliminados. La paz de Franco destruyó familias enteras e impregnó la vida cotidiana de miedo, coerción y castigo. Su España fue un Estado policial, un omnipresente sistema de control y vigilancia que necesitó en los primeros años el derramamiento de sangre y los pelotones de fusilamiento. Una vez organizada la trama de lealtades, propaganda y miedo, el terror podría dirigirse a grupos pequeños y no amenazaba a la mayoría de los españoles. Eso es lo que decía Franco, que solo se perseguía a delincuentes, comunistas, masones y separatistas. 

Murió rico, con una fortuna millonaria, enriqueció a sus familiares, a quienes permitió un desenfrenado saqueo, y concedió un gratificante retiro a los cientos de colaboradores que ya habían disfrutado en el poder de sinecuras y grandes beneficios. 

Comparado con Mussolini, Hitler o Stalin, Franco no sobresalió como un personaje influyente en la política europea del siglo XX. Pero no fue un dictador débil o menor. Utilizó con habilidad las circunstancias históricas que le permitieron relacionarse con las potencias del Eje y obtener al mismo tiempo un gran rédito de la diplomacia y del espionaje británico, incluidos los sobornos con grandes sumas de dinero a varios de sus generales, para el mantenimiento de la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. 

Tras el derrumbe de los fascismos, Estados Unidos y Europa Occidental consideraron durante un tiempo a Franco un paria, por su sintonía ideológica con Hitler y Mussolini, pero todo cambió a partir del estallido de la guerra en Corea en 1950. Franco, por muy represor y autoritario que fuera, era preferible al comunismo. Logró la aceptación internacional, mientras que incrementaba su poder. Las circunstancias históricas que lo colocaron en la marginación internacional y después en la rehabilitación tuvieron poco que ver con su personalidad o carisma, pero logró sobrevivir y aumentar el culto. La propaganda hizo creer a los españoles que había librado al país de los horrores de la guerra mundial y jaleó los acuerdos de 1953 con la mayor potencia económica y militar del mundo como un triunfo más del Caudillo. En el escenario internacional fue siempre un dictador dependiente. En España mantuvo sus excepcionales poderes hasta el final.

Mientras él vivió, fue imposible acometer transformaciones políticas reales y en las casi cuatro décadas de su mandato no hubo fricciones importantes en los pilares básicos de apoyo. Tuvo tiempo de contemplar cómo desaparecieron sus aliados fascistas, el abrazo del amigo americano, la liberalización de la economía tras años de hambre y pobreza absolutas, el desarrollo de la década de los sesenta y el crecimiento de su amplia familia corrupta. Desde el 1 de octubre de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1975 fue ungido de una autoridad sobrenatural, basada primero en su misión redentora y después en los constantes y continuos logros. Bajo esa aureola mesiánica, el Caudillo fue objeto de obediencia y nunca tuvo necesidad de reconocer sus errores porque creía que sus motivos siempre eran puros y guiados por la providencia.

Ninguno de sus jerarcas y cómplices fue arrestado, encarcelado o procesado. Todos escaparon al castigo. A muchos les costó tiempo y labor resignarse a su muerte, aunque quienes pensaban en labrarse un futuro político sin el Caudillo dejaron de la noche a la mañana el uniforme azul y se pusieron la chaqueta democrática.

Cincuenta años después de su muerte, y casi noventa del final de la guerra, muchos familiares de sus víctimas no saben dónde están los restos de decenas de asesinados, desperdigados por lugares insospechados. 

Frente a ese pasado infame, algunos se han reído de quienes “remueven tierra buscando huesos”, y destacados políticos demócratas han propuesto pasar página, negar el recuerdo, cancelar el pasado. Aznar y Rajoy, voces autorizadas para millones de personas que piensan como ellos, lo repetían siempre que podían: los gobiernos no debían dedicarse a tonterías como la memoria histórica o a la investigación sobre miles de desaparecidos. 

Es la sombra alargada del legado pesado de la dictadura de Franco, que regresa y vuelve con diferentes significados, que actualizan desde la democracia sus herederos, políticos, periodistas o aficionados a la historia, y en los últimos años un partido de ultraderecha cargado de historia de España de tambor y trompeta, de relato cultural ultranacionalista y de construcción de mitos simplificados. Cincuenta años después.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor de 'Franco’ (Crítica, 2025).

¿Quién querría ser presidente? ¿De qué material están hechas esas personas? ¿Quién quiere una responsabilidad y exposición así? ¿Cuánta ambición de poder hay que tener, cuánta vocación de servicio, cuánta ideología? ¿Cuánto pesan aquella victoria y aquella derrota en el resto de tu vida?

Cuatro hombres han sido presidentes del Gobierno de España y hoy son expresidentes y están vivos. Hombres que llegaron al más alto poder cargando las ilusiones de cambio de un país, que emergieron desde el desgaste de su predecesor, que se trasladaron con sus familias a ese Palacio de la Moncloa asomados al declive de Madrid y se pusieron al frente del Gobierno. 

Estos cuatro hombres quisieron levantar un relato que les trascendiera. Por qué no va a ser pertinente que se preguntaran a sí mismos quiénes serían ellos para la historia del país, si llevaron sus riendas, si no había nadie más que les respaldara cuando llegó la decisión final. Síndromes palaciegos o soledad, los cuatro subrayan sus aciertos, pero los cuatro fueron arrollados por aquello que menos les gusta recordar, algunas cuestiones que no se les preguntan, y por algo será, y que no todos admiten todavía. Un catálogo de cuatro formas de sujetar el poder y ejercerlo, cuatro formas de ser un hombre al frente de un Gobierno y una fotografía en movimiento de la historia reciente de España. Eso retrata dentro y fuera de foco, subrayado o entre líneas, la serie La última llamada. 

El documental arranca con Felipe González y los 202 diputados con los que arrasó el PSOE en 1982. Y traza, sobre todo, la personalidad de aquel que vivió en el Palacio de la Moncloa durante cuatro legislaturas, catorce años de poder, una voz, hoy, incómoda para su propio partido. Un hombre al frente de un país que comenzaba a abrir sus ventanas tras la noche oscura del franquismo, que tenía por delante la conquista del Estado del bienestar, que se dice tímido, al que no le molesta la soledad, un padre silencioso durante los desayunos, que extraña la naturaleza, que se aficiona a los bonsáis. La amistad y ruptura con Alfonso Guerra, con los sindicatos, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y el referéndum sobre la OTAN en el 86, las huelgas. En ese primer capítulo, reconoce González que nunca quiso mostrarse públicamente afectado frente a los años más duros del terrorismo, pero que el atentado de Hipercor, en 1987 en Barcelona, en el que murieron 21 personas y quedaron heridas 45, le rompió. Recuerda también el expresidente bajo cuyo Gobierno actuaban los GAL un momento en el que tuvo la posibilidad de acabar con la cúpula de ETA, localizada en Francia. “¿Podemos salvar 50 o 60 vidas si cortamos la raíz de la serpiente?”. 

Ambición, vocación, determinación, coraje y sentido de la Historia son las cualidades que para José María Aznar debe tener un líder político. Se olvida, entre esas virtudes, quizá, la transparencia, la honestidad, el sentido profundo y menos simbólico de la representación política y la inmunidad hacia el delirio de grandeza que poseyó para siempre al cuarto presidente de la democracia. El retrato personal en el que se afanan él y quienes fueron sus asesores se centra en un hombre castellano, de rutinas, austero, que juega al pádel, que pronunció aquel “España va bien”, el milagro económico. Se ríe Aznar cuando recuerda haberle dicho al Wall Street Journal que el milagro económico de España era él. Muy humilde este expresidente. Llega entonces uno de los dilemas políticos más difíciles: la noticia del secuestro de Miguel Ángel Blanco, concejal de su partido en Ermua, el chantaje al Gobierno, la llamada a la familia: el asesinato. Pero aquel sentido de la Historia tan personal, su afán de poner a España junto a otras naciones, llevó a nuestro país a uno de los episodios más infames de su narrativa contemporánea y que terminaría con su Gobierno en 2004: la participación en la guerra de Irak y la gestión política de la masacre del 11-M en Madrid. Es extraña la claridad con la que Alejandro Agag, asesor de Aznar entonces, explica que allí donde un atentado derribó dos rascacielos en Nueva York, el Gobierno vio una oportunidad de trascender internacionalmente. No reconoce Aznar aquellos errores fatales y vuelve a mentir, otra vez, cuando comenta “con el mayor énfasis”: el Gobierno dijo en todo momento la verdad, en todos los minutos del día. 

Zapatero resultó no ser un “Bambi”, como le llamó Alfonso Guerra. El PSOE estaba huérfano en el año 2000 y un nuevo liderazgo se consolidaba, el de un hombre de León que da un discurso en el congreso del partido y dice: “no estamos tan mal”. Cuatro palabras que definirán una trayectoria y que no pronunció al final de su mandato, pero podrían haberle servido cuando no calibró una crisis económica mundial que afectaría incisivamente a España. El optimismo como virtud y defecto. Zapatero llegó y sacó a las tropas españolas de Irak y firmó uno de los mandatos que más avances en derechos sociales conquistaron: el primer Gobierno paritario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el divorcio exprés, el primer ministerio de Igualdad con la primera ley contra la violencia de género, la primera ley de Memoria Histórica, la convicción profunda de que el terrorismo podía erradicarse a través del diálogo. 

Llegó después aquel señor, M. Rajoy. Un gallego que hablaba como hablaba. Cuanto mejor, peor; cualquier tiempo pasado fue anterior. Sobre música cómica, aparece en el documental aquel tipo alto, con barba, con sorna, al que le gusta caminar. Al que parece que el Gobierno le haya caído encima y preferiría estar siempre en otra parte. En la nueva foto política que se va tomando en esos años en España, así lo dice un asesor suyo, el presidente Rajoy envejece veinte años de golpe. Let Rajoy be Rajoy, deciden. Pero llega en 2017 la crisis institucional más grave del país: el 1 de octubre de aquel año, se celebra un referéndum por la independencia en Cataluña. Son los tiempos del Procés y el presidente dice que se resiste lo que puede, pero aplica el artículo 155 de la Constitución. Varios líderes son procesados, condenados y encarcelados. La sociedad española arranca una polarización ideológica que llega hasta hoy. El día 1 de junio de 2018, se celebra una moción de censura que derrota a Rajoy tras la sentencia del caso de corrupción Gürtel. Sobre su sillón parlamentario de Presidente del Gobierno, en el Congreso, un bolso de mujer. De nuevo, Mariano prefirió estar en otra parte y, esta vez, así lo hizo. 

¿Es posible que el peso de las razones de la derrota supere al de la impronta positiva que dejaron en el país? Pues depende del caso. Parece que hay decisiones que jamás podrán entenderse bajo el peso que arroja la Historia. Hay palabras que siguen sin pronunciarse, por ejemplo, perdón, terrorismo de Estado, policías patrióticas. Si la serie hubiera sido grabada unos años más allá, ¿cuál sería el relato que busca el presidente actual? ¿Quién será Pedro Sánchez? ¿El presidente de la pandemia? ¿El del primer Gobierno de coalición de la democracia? ¿El que, como él mismo dijo una vez, sacó a Franco de Cuelgamuros? ¿El de la amnistía? ¿El de la recuperación económica, los equilibrios políticos, los derechos sociales, la resistencia personal contra todo pronóstico? 

Quedan dos años hasta las próximas elecciones generales, veremos. 

"Vive justa y santamente el que tiene el amor ordenado, de suerte que ni ame lo que no debe amarse, ni no ame lo que debe amarse, ni ame más lo que ha de amarse menos, ni ame igual lo que ha de amarse más o menos, ni menos o más lo que ha de amarse igual"

San Agustín de Hipona

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La primera flotilla española interceptada por los buques israelíes ya está en casa, después de que sus miembros fueran ilegalmente detenidos y torturados, según han denunciado en cuanto han aterrizado en España... Esta semana, la web de noticias Vaticano News realizaba una entrevista al Secretario de Estado vaticano, el cardenal Parolin, con motivo del segundo aniversario de los atentados de Hamás. El cardenal estuvo en todas las quinielas para ser papa desde un principio y, tras la elección de Prevost, ha sabido mantenerse como el número dos de la curia romana. Siempre son interesantes las palabras del Secretario de Estado. Esta semana ha dicho que “no podemos ser  indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor e incluso lejos de nosotros. Por eso nunca será suficiente la oración, pero tampoco el compromiso concreto, la movilización de las conciencias, las iniciativas de la paz, la sensibilización, aun a costa de parecer “fuera de onda”, aun a costa de  asumir riesgos”. 

Romano Prodi, el único presidente de la Comisión Europea que ha visto este siglo y todos los que vendrán, definió el papado de Francisco como un adorno sobre la piedra. “Ahora necesitamos  alguien que cave túneles” señaló a renglón seguido. Parece que León XIV podría ser ese Papa mineral que trate de apuntalar el último universalismo en Roma. Ciertamente, hay un  entrelazamiento entre economía, poder y geopolítica donde también se han hecho un hueco la religión y la opinión pública.  

De las palabras de Parolin se desprende la condena al genocidio israelí sobre el pueblo de Gaza y no sólo el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023. La iglesia católica está siempre con las víctimas y, tras conocerse el plan de Trump, ha hecho una llamada al compromiso y la acción concreta. Parolin podría estar perfectamente hablando de la flotilla a la que algunos destacados miembros del PP calificaron de “crucero” o “batucada”, o también podrían ser una crítica a las  expresiones de rechazo que interrumpieron la etapa final de la última Vuelta Ciclista a Sarajevo. A este paso, es muy probable que Isabel Díaz Ayuso esté más cerca de la excomunión que de la beatificación. O sea, que no será candidata.  

De la reflexión del Secretario de Estado Parolin se deduce que Alberto Núñez Feijóo está fuera de onda de eso que tras la II Guerra Mundial vino en llamarse la democracia cristiana. En realidad, el nacionalcatolicisimo español reconvertido a nacionalconstitucionalismo en cuanto retiraron a Manuel Fraga a sus pazos de Galia, siempre estuvo bastante alejado de De Gasperi, Montanelli y por ahí todo seguido, por lo menos alejado, hasta que José María Aznar, envuelto en una mayoría  absoluta, y Silvio Berlusconi, envuelto entre una mayoría de belinas, fraguaron la gran amistad que todos veríamos consagrada definitivamente hasta el año en que Mariano Rajoy echó a Pedro J. Ramírez del diario El Mundo, por un par de portadas y unos cuantos titulares amarrados a la Gürtel. 

El mundo vive un momento católico que mira atentamente hacia un genocidio que ha obligado a  Merz a moverse de sus posiciones, que no son las de Sánchez. En este contexto, el PP parece haber estado en otra galaxia o, si prefieren, en otra dimensión y en otra religión, paralizados ante la toma  de posición de Isabel Díaz Ayuso en Sol y de José María Aznar en Faes, dispuestos enconadamente  a defender al Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El malismo, feliz expresión acuñada por Mauro Entrialgo, se ha convertido en una estética y, como toda expresión estética, lo es también de una mirada poética del mundo que, esta vez, encierra una ideología perversa.  

El diablo, ya saben, está en los detalles, pero a Feijóo le ha pillado en otra cosa, despistado y confundido como está estos días, debatiéndose entre la prosperidad y la democracia. He ahí la gran elección que propuso la semana pasada, aunque después afirmara que lo declamado ante el Partido Popular Europeo sólo había sido otro craso error de imprenta. Los sondeos de Iván Redondo, sin embargo, no son ninguna errata y ya sitúan al PP más cerca del 25% de los votos que del 30.  

No es la primera vez que Feijóo está “fuera de onda”, según palabras de Parolin. Lo vimos este verano, a cuenta de la inmigración, con las razzias de Torre Pacheco y la declaración de Jumilla respaldada por PP y Vox, en el laboratorio Murcia. La respuesta de algunas figuras relevantes de la iglesia española no se hicieron esperar. El cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia episcopal, corregía al PP afirmando en una carta pública que “la libertad religiosa debe ser acogida y la libertad de culto respaldada”. A su juicio, “debilitar la debida presencia religiosa es debilitar la convivencia”. El cardenal Cobo era taxativo: “una procesión católica arraigada o una fiesta del cordero en una población con presencia musulmana no pueden constituir una amenaza a nada ni a nadie”.  

Aunque el presidente de la Conferencia Episcopal se había pronunciado semanas antes a favor unas elecciones anticipadas, los reflejos políticos de la Iglesia supieron estar atentos para poder anticipar otra toma de posición, al comprender que el PP no estaba ni está en condiciones de gobernar España de aquí a unos cuantos años.  

La religión ha vuelto a cobrar un gran protagonismo en la conciencia del mundo. Francisco dejó el legado de una Iglesia deconstruida, pietista, universal, funcional, transversal, populista y persuasiva, encarnación de un nuevo sentido común. Se diría que Parolin ha sido encargado por Leon XIV para  la construcción de un nuevo periodo, sobre la base de una nueva estructura política, con un discurso más diplomático, dispuesto a medir y definir los límites del imperio, contener a Trump y recoser las  costuras de la democracia liberal. No es difícil pensar que la Iglesia de Prevost se está convirtiendo en este momento en una de las últimas expresiones del universalismo junto a la lucha contra el cambio climático. Frente a los fascismos, es muy probable que veamos cómo el Vaticano vuelve a inyectar nuevas dosis de pensamiento social a la democracia cristiana en Europa y, especialmente, en Italia y Francia, antes de que a Macron lo entierre su próximo primer ministro.  

“Vive justa y santamente el que tiene el amor ordenado, de suerte que ni ame lo que no debe amarse, ni no ame lo que debe amarse, ni ame más lo que ha de amarse menos, ni ame igual lo que ha de amarse más o menos, ni menos o más lo que ha de amarse igual”. Con esta cita agustiniana, el vicepresidente de los EEUU, J.D. Vance, respaldaba hace unos meses uno de los pilares del movimiento MAGA: América primero y, después, todo lo demás. León XIV, el primer Papa estadounidense, le respondía a través de su cuenta en X: “J.D. Vance está equivocado. Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás”.

Al mismo tiempo que se pierde cualquier idea espiritual, que no quiere decir religiosa, pero a veces está ligada, nos encontramos con un país dividido con un peligro que ya conocemos, y basado en un materialismo político que nos puede llevar a un desastre muy conocido por los que peinamos canas o ya ni eso. Y es que el odio que destila la actual y única derecha, que es la misma hoy que ganó aquella batalla cruenta, en las manos de personajes de muy poca categoría, llámense Aznar, Ayuso, Abascal, Feijóo, Aguirre, MAR y otros muchos que vemos a diario subidos a un trono para disparar odio exclusivamente sin aportar ni una sola idea que pueda ayudar a mejorar un mundo excesivamente peligroso, todo ello nos puede llevar a un enfrentamiento que ellos no miden, porque su único objeto hoy es eliminar al que gobierna para colocarse así a ¿gobernar? No lo parece.

Pero el último hecho de la Flotilla de Gaza ha dado frases de Ayuso que alguien debería corregir, porque ella es una persona sin preparación que solo desea llegar a liquidar a Sánchez, que la lleva muchas traineras en categoría política y humana, pero que en la capital triunfa sin que muchos podamos entenderlo. Y esas frases de insulto a quienes están temiendo hasta por sus vidas por defender tantos asesinatos de civiles y niños producen temor a que ese odio que destila esta señora se nutra de gentes ignorantes que no conocen aún nuestra historia trágica con muchos muertos en cunetas que se tratan de ocultar por una ley de memoria que temen solo por perder algún voto de los seguros de un ejército civil reforzado por medios y jueces de todos conocidos. Por cierto, a los que no se puede criticar excepto si les molestan a ellos. Todo muy democrático… Y a todo ello se añade un Trump dispuesto a confirmar su fascismo cargándose una de las democracias más antiguas del globo. Lo que confirma la ruta de conmoción política que se oculta encima de nuestras cabezas. Y ese odio que expresan las críticas de Ayuso alberga además el desprecio a esos seres humanos que incluye a niños muriendo solo por el hecho de que en su espacio alguien quiere construir un resort de lujo además de lo que encierra políticamente, posiblemente acompañado para ese fin bajo el uso de Hamas como culpable máximo.

Y estos párrafos se pueden unir al primero porque hubo un tiempo en que se hablaba de un Dios que podía castigarnos algún día. Hoy ya no existe porque los que nos pueden castigar están cercanos dentro de algún fondo buitre o en una institución sionista que con su dinero se erige en el nuevo dios, esta vez en minúsculas, que les premiara en el futuro si obedecen a sus designios meramente económicos. Y, por cierto, esos sionistas supongo que tienen su propia religión judía, pero parece que tampoco la escuchan. No soy un ingenuo y sé que nadie liga las creencias religiosas con la política o las guerras, pero simplemente acabo con un pensamiento, duda o consulta:

¿Piensa alguien que su odio los llevará a la victoria política, o solo buscan renovar el fascismo? Porque ese fascismo es la mayor derrota de la dignidad humana al quedar sometido a un poder basado en la fuerza. 

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Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.

Dieciocho meses después de iniciar una investigación prospectiva a partir de una denuncia presentada por la organización ultra Manos Limpias, que únicamente aportó recortes de prensa y un bulo sobre una falsa subvención, el juez Juan Carlos Peinado sigue sin hacer público en qué hechos o indicios se basa para acusar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, de un delito de “malversación de caudales públicos”.

Este tipo penal está pensado para castigar desde el robo de dinero público hasta el uso de fondos de la administración para fines distintos de los previstos inicialmente. De manera que, para sostener esta acusación, Peinado necesita argumentar que tiene al menos indicios de que hubo afectación del dinero público cuando Gómez pidió a la asistente que Moncloa puso a su disposición —en calidad de cónyuge del presidente del Gobierno— que enviase dos correos sobre asuntos personales.

Es verdad que, desde diciembre de 2022, existe una modalidad, el uso temporal indebido de caudales públicos sin ánimo de apropiación, para la que no es imprescindible acreditar un perjuicio económico concreto. Pero sí se exige que quien lo comete sea “autoridad o funcionario público”, algo que la esposa del presidente no es.

La aparente desproporción entre la calificación penal que hace Peinado y el hecho en sí —que una asistente, cuya tarea es ayudar a la esposa del presidente, enviase dos correos electrónicos relacionados con una actividad privada en la Complutense que Gómez desempeñaba mucho antes de llegar a La Moncloa y por la que cobró aproximadamente 5.000 euros al año entre 2014 y 2022— es lo que ha puesto al juez en el ojo del huracán.

Sobre todo, porque existen precedentes, en todos los gobiernos de la democracia, del nombramiento de personas de confianza para asistir a las esposas de los presidentes (todos hombres, desde las primeras elecciones democráticas), así como del uso de recursos públicos para dar soporte a sus actividades privadas.

La única vez que algo así se judicializó fue durante la presidencia de Mariano Rajoy, aunque, al final, el Tribunal Supremo decidió archivar el caso sin darle siquiera trámite. Ocurrió en 2015, cuando el entonces jefe del Gobierno se encontró con una denuncia por el uso de fondos públicos del presupuesto de La Moncloa para los cuidados de su padre, una persona de 95 años, dependiente, que vivía junto a él en el complejo presidencial.

En aquella ocasión, el Supremo no vio motivos para investigar malversación alguna, a pesar de que Rajoy, en vez de pagar de su propio dinero los cuidados de su padre (asistencia y acompañamiento día y noche por parte de dos personas), decidió cargarlos al presupuesto público.

En este caso sí habría, sobre el papel, perjuicio para el erario público, a diferencia de lo que se conoce, al menos hasta ahora, por parte de Begoña Gómez.

Según elDiario.es, Rajoy decidió cargar al presupuesto de La Moncloa los gastos de atención de su padre tras comprobar la importancia de las facturas que se le venían encima. La familia del presidente conocía de primera mano el esfuerzo económico que suponía la contratación de varias personas para realizar labores de acompañamiento y asistencia a su progenitor tras asumir ese coste por espacio de poco más de un mes. La factura más alta que abonaron personalmente fue de 3.600 euros, que a partir de entonces se pagó con cargo al dinero público.

La denuncia por aquel caso la presentó la asociación El Defensor del Paciente, y en ella acusaba al entonces inquilino de La Moncloa de haber cometido un presunto delito de malversación de fondos públicos. El Gobierno de Rajoy se negó en redondo a dar explicaciones, escudándose en que se trataba de una práctica (costear con dinero público a asistentes de familiares del presidente) común a todos los presidentes que le antecedieron en el cargo.

La esposa de Rajoy, Elvira Fernández, también utilizó a un asistente pagado con fondos públicos para asuntos personales cuando vivía en el Palacio de La Moncloa: se trataba del hoy diputado del PP Jaime de los Santos. Famosas son las fotos en las que aparece llevando bolsas de establecimientos comerciales de la esposa del entonces presidente, a la que también auxiliaba en su “correspondencia, viajes, asuntos técnicos…”, según una información publicada por El Confidencial en septiembre de 2013. El ministro de Transportes, Óscar López, ironizó recientemente sobre sus funciones en un debate en el Congreso, llamando a De los Santos “personal shopper”.

En la época de José María Aznar (1996-2004) también se reprodujo una polémica similar, aunque sin consecuencias judiciales, igual que en el caso de Elvira Fernández. El Gobierno del PP nunca aclaró cuánto costó ni cuál fue la finalidad del viaje que realizó a finales de marzo de 2000 Ana Botella, la esposa del presidente, a México. El Ejecutivo de Aznar admitió que se financió con cargo al presupuesto del Ministerio de la Presidencia, que se efectuó como consecuencia de una invitación del presidente mexicano y que fue acompañada por tres personas adscritas a Presidencia.

Se sabe también que el propio presidente Aznar utilizó helicópteros, medios y personal de La Moncloa para participar en las campañas electorales del Partido Popular: volaba en el helicóptero oficial cada vez que se trasladaba al aeropuerto de Torrejón para coger un avión y asistir a los mítines de su partido en la campaña de 2003.

Felipe González (1982-1996) también fue objeto de acusaciones de usar recursos públicos para fines privados porque utilizaba el avión presidencial para irse de vacaciones con su familia.

La cuestión del uso de medios públicos para actividades privadas, en particular cuando afectan a la familia de los presidentes —que conviven con él en la sede de la Presidencia— no está regulada en España, lo que abre una amplia zona gris sujeta a interpretación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguró este lunes el nuevo curso político con una entrevista en RTVE  —emitida a través de todos sus canales y de sus emisoras de radio—, en la que acusó a determinados jueces de hacer política, se comprometió a presentar los Presupuestos Generales del Estado —pero aseguró que continuará gobernando si no los aprueba—, admitió que se planteó dimitir tras el 'caso Cerdán' pero desligó el futuro de su Gobierno de cualquier decisión judicial que pueda producirse.

En la entrevista, la periodista Pepa Bueno, que este lunes se estrenaba al frente del Telediario, le preguntó por los insultos que recibe, cada vez con más frecuencia, en espacios públicos como conciertos o eventos masivos. El socialista aseguró que los gestiona "con mucha paciencia" pero quiso dejar claro que "la polarización de España es asimétrica": "Yo no insulto, puedo defender mis ideas y criticar al adversario público", señaló. 

Así, no dudó en nombrar a dirigentes políticos como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que han contribuido, a su juicio, a generar ese clima con insultos enmascarados como el de 'me gusta la fruta' o el 'que te vote Txapote': "La causa tenemos que verla en la falta de respeto, de consideración, en el ‘me gusta la fruta’ y en la barra libre para insultar", señaló. "Dejemos de insultar, defendamos nuestras ideas con convicción y vehemencia, pero con un mínimo de respeto", añadió.

Para tratar de demostrar lo contrario, la portavoz adjunta en el Congreso del Partido Popular y miembro de la dirección nacional, Cayetana Álvarez de Toledo, recuperó en redes el debate que se produjo entre Sánchez y el expresidente Mariano Rajoy en el año 2015 pocos días antes de las elecciones generales. Entonces, el socialista aseguró que el presidente del Gobierno tenía que ser "una persona decente" y que Rajoy no lo era. Una afirmación "ruin y mezquina", según le trasladó el conservador. Varios dirigentes de Génova, como la portavoz parlamentaria Ester Muñoz, compartieron el vídeo de Álvarez de Toledo.

Este martes Muñoz, en rueda de prensa desde la Cámara Baja, ha negado que Sánchez "no polarice" y que "no insulte". "Los espectadores se quedaron anonadados", ha señalado la portavoz popular, que ha citado expresiones como "fachoesfera" para argumentar que el presidente del Gobierno sí insulta y ha enumerado algunos comentarios de otros miembros del Ejecutivo central. "La visión que tiene de sí mismo es totalmente ajena a la realidad cuando se plantea como la persona que construye y que no polariza", dijo, aunque no entró a valorar insultos como el de Ayuso y otros miembros del su partido.

Además, el secretario general del partido, Miguel Tellado, también recordó el episodio con Rajoy en su cuenta de X. "Dejemos de insultar dice quien previamente ha acusado a los jueces de hacer política, antes de ser presidente le dijo a Mariano Rajoy que no era decente, desprecia constantemente al adversario que le ganó las elecciones y tiene de portavoz extraoficial a Óscar Puente, célebre ministro de Transportes no ejerciente que de cada cuatro palabras que dice tres son un insulto".

El 20 de noviembre de 1975 fallecía el ferrolano Francisco Franco Bahamonde a los 82 años. Se cumplen ahora 50 años de su muerte, pero durante sus casi 40 años de dictadura tomó decisiones que siguen marcando la Galicia actual. En agosto repasamos algunas de ellas, como la de construir una autopista de peaje entre las principales ciudades gallegas, adjudicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 18 de agosto de 1973. O la de entregar terrenos públicos en la ría de Pontevedra, ganados al mar, para construir una fábrica de celulosa, concesión publicada en el BOE del 30 de junio de 1958.

La decisión de instalar una fábrica de celulosa en Pontevedra que aprovechase el agua del Lérez y promovida por el Instituto Nacional de Industria (INI) había sido tomada unos años antes, pero fue el BOE del 30 de junio de 1958 el que estableció las condiciones para la ocupación de los terrenos en zona marítimo-terrestre. Lo hizo mediante una resolución que ya recogía alegaciones contrarias al proyecto, entre ellas la de la Comandancia de Marina, que advertía de que la instalación de la fábrica en ese lugar “produciría un grandísimo perjuicio a toda la zona marisquera de la ría de Pontevedra y que debería señalarse un emplazamiento más hacia fuera de la ría, en mar abierto, donde sus efectos no fuesen tan perjudiciales para uno de los medios de vida más importantes de la gente humilde de la región”.

Sin embargo, el INI replicó que “la utilización del Lérez, aunque presenta los inconvenientes derivados de las características de las aguas residuales que pudieran ser incompatibles con la riqueza marisquera, es económicamente viable, por ser estos de escasa importancia en relación con la aportación económica y social representada por la fábrica y por las industrias que puedan establecerse a su sombra, sobre todo teniendo en cuenta que es muy escasa la riqueza ostrícola de la ría de Pontevedra y que el cultivo de mejillón está en gran proporción montado a flote, lo que permitirá, en su caso, mover las embarcaciones”. La decisión del régimen era inamovible y Franco en persona acabó inaugurando la fábrica en 1963.

Aquella autorización de 1958 para la ocupación del terreno decía expresamente que se otorgaba “sin plazo limitado”, en una época sin legislación clara sobre el litoral. Sería la democracia y la Ley de Costas de 1988 las que regularían la premisa constitucional de que el litoral es público y establecerían límites a las concesiones en esas zonas, tanto a las ya otorgadas como a las futuras. Así, la concesión de Ence quedó limitada a otros 30 años, hasta 2018.

Pero entretanto, sucesivos gobiernos del PP modificaron las condiciones. En 2001, el Gobierno de Aznar privatizó Ence, como también haría poco después con Audasa. Y en 2013, cuando se acercaban las caducidades de numerosas concesiones fijadas por la Ley de Costas de 1988, el Gobierno de Mariano Rajoy reformó dicha norma para permitir prórrogas de las mismas. Ese mismo año, Ence se amparó en la reforma legal para solicitar su prórroga, que le fue concedida en 2016 por 60 años a partir de la solicitud de 2013, es decir, hasta 2073.

El proceso judicial iniciado entonces tuvo un primer pronunciamiento en 2021 por parte de la Audiencia Nacional, que consideró nula la prórroga porque el Gobierno de España no había justificado que la fábrica tuviese que estar en ese lugar, como exige la Ley de Costas para permitir ocupaciones del litoral. Pero dos años después, en 2023, el Tribunal Supremo revocó aquella sentencia previa y avaló la prórroga de la concesión considerando que así lo permitía la “confusa” reforma de la Ley de Costas de Rajoy en 2013. Esa prórroga, dijo el Supremo, solo estaba condicionada a un informe favorable en materia ambiental emitido por la Xunta de Feijóo en 2015.

Pero esa sentencia del Supremo fue recurrida por el Ayuntamiento de Pontevedra ante el Tribunal Constitucional, que el pasado mayo admitió a trámite la cuestión. Y apenas unos días después de conocerse la decisión del Supremo, la Comisión Europea abría una investigación a España por impedir la competencia en las concesiones litorales a “por ejemplo, empresas papeleras”.

Así que aún está lejos de terminar la batalla jurídica sobre la vigencia de una concesión cuyo origen y derechos primigenios hay que buscarlos en la decisión de la dictadura de ceder terrenos estatales para la construcción de la fábrica. Mientras tanto, la propia Ence admite, en sus informes anuales, que “según los términos de otorgamiento de la concesión administrativa, a su vencimiento, las instalaciones construidas sobre el terreno revertirán al Estado o bien este requerirá su desmantelamiento”.

Me ha costado asignarle título a esta tribuna. La escribo apresurada para fijar todos los recuerdos y las sensaciones que me están despertando los sucesivos acontecimientos del pasado, por fin desvelados sobre los actos de una persona. 

Hay personas que despliegan mucho mejor todas sus destrezas y habilidades desde unos discretos segundos planos que, por discretos y secundarios, son estratégicos e hiperconectados. 

Un ejemplo de discreto y aparente segundo plano es el de la figura ministerial imprescindible de la Subsecretaría de Estado. Pareciera que el prefijo “Sub” degrada su importancia respecto a la de, por ejemplo, la Secretaría de Estado, nuestro equivalente a un viceministerio. Pues bien, las Secretarías de Estado son opcionales, no todos los ministros o ministras consideran necesario crearlas. En cambio, las Subsecretarías de Estado son parte consustancial de un ministerio y entre muchas otras funciones, son las encargadas, en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, de coordinar y examinar todos los asuntos que vayan a someterse a la aprobación del Consejo de Ministros y Ministras, según la ley del Gobierno. La suele presidir el ministro de la Presidencia, quien decide qué asuntos integran el orden del día (el llamado “índice negro”), con dos índices: uno verde, en el que aparecen los asuntos con informe favorable de la Comisión y que están listos para aprobación por el Consejo de Ministros; uno rojo, de asuntos que no cuentan con dicho informe por discrepancias de algún ministerio y, por tanto, han de someterse a deliberación. F. Álvarez-Cascos, J.J. Lucas, M. Rajoy, y J. Arenas fueron ministros de Presidencia con J.M. Aznar; S. Sáenz de Santamaría lo fue ininterrumpidamente durante los casi ocho años del gobierno de M. Rajoy (2011-2018).

Tras ocupar un par de direcciones generales en la Administración General del Estado-AGE, Rafael Catalá fue subsecretario del Ministerio de Hacienda entre mayo de 2000 y julio de 2002 (con la llegada de C. Montoro a su primer mandato); Secretario de Estado de Justicia (con J.M. Michavilla como ministro) entre 2002 y 2004, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (con A. Pastor como ministra de M. Rajoy) entre 2011 y 2014 cuando escala a Ministro de Justicia y Notario mayor del Reino de España hasta 2018, simultaneando en 2016 como ministro de Fomento en funciones cuando la ministra Pastor pasó a presidir la Cámara Baja. Tiene el honor de haber sido el primer ministro de la democracia reprobado por el Congreso de los Diputados, “como consecuencia de las maniobras que se han producido en el Ministerio Fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del ministro en relación con estas causas”. La hemeroteca y el Diario de Sesiones del Congreso (el de todos nuestros parlamentos y plenos municipales) le dan un millón de vueltas a ChatGPT.   

Todo esto que os cuento, más deslavazado, lo encontráis en Wikipedia con enlaces a fuentes oficiales. Os animo a buscar dónde han estado y a qué se han dedicado estos altos cargos de la AGE del pasado desde entonces.

Uno de estos altos cargos, Rafael Catalá, ha sido muchos años en mi cabeza colaborador necesario del crecimiento de una lacra perfectamente evitable, o al menos controlable, que sufrimos en nuestro país. Me refiero a la ludopatía. Y lo que creo peor aún, colaborador necesario para garantizar que permanece muy al alcance de nuestros hijos e hijas; responsable de nutrirla, de facilitarla y con todo ello, de perpetuarla. La ludopatía, que algunas personas la consideramos una enfermedad evitable, para otras, como Rafael Catalá, es una magnífica oportunidad de negocio, un hábito a fomentar y difundir y del que lucrarse a manos llenas, es algo a lo que dedicarse en la vida con su posición, sus conocimientos y sus juramentos o promesas, aunque conseguirlo conlleve la presunta concurrencia de numerosos actos presuntamente delictivos. 

Desde 2018, Rafael Catalá ha estado abiertamente dedicado, como consejero y secretario del consejo de administración de una multinacional de las apuestas, a hacer lobby por la ludopatía. No como ocupación exclusiva; son muchas otras las responsabilidades que su huella digital desvela. Además, estos “profesionales”, visto lo visto, no conciben la exclusividad, el régimen de incompatibilidades y los conflictos de interés como asuntos a los que se encuentren sujetos. Aparece en su bio que ha sido miembro del Consejo Asesor de Herbert Smith Freehills hasta abril de 2021, y socio de Carles-Cuesta y Asociados, un equipo económico y legal de Madrid que desde 2011 dice su web que “ofrece soluciones prácticas, creativas, rigurosas y adaptadas a las necesidades de cada cliente”. Es también patrono de la Fundación del Atlético de Madrid, y de algunas otras que, gracias a la deficiente supervisión que ejercen los casi sesenta protectorados de las 15.000 fundaciones que tenemos en España, no puedo saber cuáles son. 

Hasta pocos días antes del confinamiento decretado por motivo de la pandemia de la COVID-19, en la ciudad de Madrid se solapaban numerosas protestas vecinales, especialmente en los barrios y distritos por entonces (y también ahora) plagados de casas de apuestas, los barrios y distritos más vulnerables, cómo no. Éramos muchas las personas que desplegamos diversas modalidades de activismo para luchar contra esa malsana proliferación de puntos negros en nuestras ciudades, de lugares demasiado cercanos a colegios e institutos, demasiado presentes y accesibles en nuestro paisaje urbano, demasiado atractivos para nuestros adolescentes que viven en una ciudad sin opciones asequibles de ocio saludable (y fresquito). 

Pues esto último, a pesar de la gravedad de todo lo que estamos conociendo estos días, es lo que me más me está removiendo.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Durante años, un grupo de policías, a las órdenes del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se dedicó a construir pruebas falsas contra adversarios políticos y a destruir pruebas que pudiesen comprometer al Partido Popular (PP) en investigaciones por corrupción. De forma sistemática y sostenida. Utilizando funcionarios y medios públicos al servicio de los intereses de las políticas de Mariano Rajoy y de las cuentas corrientes de una parte significativa de sus dirigentes y de su formación política.

Durante años, también, un grupo de altos cargos del Ministerio de Hacienda, al mando de su titular, Cristóbal Montoro, gestionó una red de influencia institucional para favorecer a empresas, especialmente del sector gasístico y energético, mediante reformas fiscales y beneficios normativos a cambio de pagos al despacho Equipo Económico. Durante ese tiempo, el ministro utilizó información confidencial en poder de la Agencia Tributaria para amenazar y, quién sabe, si destruir a adversarios políticos y periodistas incómodos al servicio, de nuevo, de los intereses políticos de Mariano Rajoy y de su mano derecha, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Todo presuntamente. Porque las investigaciones policiales y judiciales que han puesto de manifiesto estos casos todavía no han culminado en una sentencia en los tribunales. El caso Kitchen probablemente se juzgará en 2026. Los sumarios sobre la policía patriótica y, sobre todo, los que afectan a Cristóbal Montoro, todavía no se sabe. Aunque, eso sí, las evidencias son tan abrumadoras que permiten hacernos una idea del alcance que tuvo la patrimonialización de la democracia, al servicio de intereses privados, entre 2011 y 2018, los siete años de mandato de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

El concepto de “patrimonialización del Estado” ha sido revitalizado y popularizado por Stephen E. Hanson y Jeffrey S. Kopstein, dos destacados politólogos norteamericanos. Para ellos, el patrimonialismo es una forma de gobierno donde el poder se basa en lealtades personales, que derivan de relaciones patrón-cliente, alianzas personales, lazos de parentesco y combinaciones de todos estos vínculos. Se diferencia de las burocracias racionales-legales (que la ciencia política considera el modelo ideal del Estado moderno) en que la eficiencia no es el objetivo principal y el personal gubernamental no avanza por mérito, experiencia o capacitación, sino por su lealtad al líder. Lo que conduce a un aumento de la corrupción y al reemplazo de personas competentes por obedientes.

La profesora de Ciencia Política de la Universitat de València Astrid Barrio confiesa que le “ha alarmado mucho el tipo de orquestación” que implica el caso Montoro. “Que no se me malinterprete, pero puedo entender el choriceo. Puedo entender que alguien trate de influir en un contrato público”. Pero esta trama, que supone “acceder al poder con la voluntad deliberada de instrumentalizarlo en favor de unos intereses privados muy determinados, tiene una intencionalidad, un dolo, muy grave. Lo otro, el choriceo, también es grave. Y, si quieres, los tipos de intereses pueden acabar siendo los mismos. Pero aquí la intencionalidad previa, es decir, acceder a las instituciones, dirigir, colocar a personas en puestos clave para que satisfagan unos intereses particulares, para mí esto tiene un plus de gravedad que lo hace muy singular”, razona esta experta en el estudio de los partidos, el nacionalismo y el populismo.

José Real-Dato, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Almería, relativiza, en cambio, el peso de la patrimonialización en el último Gobierno del PP. “No creo que en la era Rajoy hubiera una ‘privatización del Estado’, como tampoco creo que la hubiera en los gobiernos de Zapatero, Aznar o González, o que la haya durante la etapa de Pedro Sánchez”.

Los objetivos del Estado (lo que llamamos ‘interés general’), explica, beben de diferentes intereses, que contribuyen a conformarlos. “Aquí encontramos tanto los intereses que representan los partidos políticos como los intereses de otros colectivos, de dentro y fuera de la Administración, y que, por diversos medios, acaban influyendo en la conformación de las decisiones públicas”. Desde la teoría política del pluralismo, razona, “diríamos que este estado de cosas es lo normal en cualquier sistema democrático, no solo desde un punto de vista empírico (las decisiones públicas son el resultado del balance, muchas veces desigual, de los distintos intereses particulares en juego), sino también normativo. Aunque esto último, evidentemente, solo en el caso de que no se vulnere la ley o los principios básicos del funcionamiento del Estado democrático de derecho”.

Este experto en élites gubernamentales y parlamentarias en España sostiene que el problema reside en que, hasta la fecha, no ha habido en España una regulación eficaz sobre cómo se integran esos diversos intereses particulares en los procesos de decisión política en consonancia con esos principios democráticos. “Casos como los que estamos viendo en estos meses demuestran que la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos es claramente insuficiente, y todavía es demasiado pronto para decir si la Ley de Protección a Informantes tendrá un efecto positivo. También, hace unos meses, el Gobierno presentó un Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés, lo cual es un paso importante, pero también mejorable”.

A todo lo cual hay que sumar, precisa, “un relevante componente cultural detrás de esta dificultad para una ‘sana’ integración de los intereses particulares. Siempre ha existido esa visión (no solo entre los políticos sino en la propia sociedad española) de la Administración más como un instrumento al servicio de aquellos que detentan el poder político que como una expresión de la autonomía del Estado como herramienta al servicio de la sociedad en general”. En su opinión, sería interesante que las iniciativas de reforma de la Administración Pública insistieran en “fomentar ese cambio cultural profundo hacia fuera de la propia Administración, y que debería afectar sobre todo a cómo esta es concebida y percibida por parte de los agentes políticos y la ciudadanía”.

La extensión, profundidad y gravedad de los casos que afectan al periodo en que Mariano Rajoy presidió el Gobierno de España constituyen algo más que una acumulación de escándalos. Lo que revelan es una utilización sistemática del aparato del Estado al servicio de intereses privados y partidistas, sin precedentes desde la restauración democrática. No se trata de errores aislados ni de abusos individuales, sino de un modelo de poder que, desde distintos ámbitos ministeriales —en particular dos resortes clave del poder público, como son Interior y Hacienda—, instrumentalizó instituciones clave para blindar al Partido Popular, neutralizar a adversarios políticos y favorecer a empresas a cambio de dinero.

En el Ministerio del Interior, el caso Kitchen sacó a la luz una operación parapolicial orquestada desde la cúpula de la Policía Nacional para robar pruebas incriminatorias a Luis Bárcenas y proteger así a altos dirigentes del PP. Por extensión, al propio Rajoy. Con fondos reservados, sin control judicial y a través de confidentes como el chófer del extesorero, se ejecutaron seguimientos, se sustrajeron móviles y agendas, y se intentó borrar el rastro de la financiación ilegal del partido. El juicio se celebrará en 2026, con Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, y los entonces comisarios de la policía, Eugenio Pino y Villarejo, entre los acusados.

Pero esa no fue una operación aislada. En paralelo, la llamada policía patriótica operó como un grupo de choque contra rivales políticos del PP. Utilizó bases de datos policiales sin orden judicial para espiar a decenas de diputados de Podemos, fabricó y filtró informes apócrifos para erosionar su imagen, e impulsó la llamada Operación Cataluña para desacreditar a dirigentes independentistas mediante acusaciones falsas. Todo ello desde la cúspide del Ministerio del Interior y con conocimiento, al menos parcial, de la cúpula del partido.

A su vez, el caso Montoro, aún en fase de instrucción, ha destapado una red de tráfico de influencias insólita y, por sus dimensiones, sin precedentes, impulsada desde el Ministerio de Hacienda para beneficiar a clientes del despacho fundado por el propio ministro, Equipo Económico. Según la investigación judicial, Montoro y sus principales colaboradores promovieron reformas fiscales a medida de empresas a cambio de pagos millonarios. Además, habrían accedido de forma ilícita a información confidencial de la Agencia Tributaria para presionar a adversarios políticos y periodistas críticos.

Por separado, cada uno de estos casos sería alarmante. En conjunto, sugieren un patrón: un uso deliberado de los recursos del Estado —la policía, la fiscalidad, la inteligencia financiera, el BOE— para fines partidistas o privados. La confusión entre Gobierno y partido, entre interés general y conveniencia electoral, alcanzó cotas estructurales durante los años de Rajoy, con escasa fiscalización institucional y, hasta ahora, nula rendición de cuentas política.

Todo lo cual plantea una incógnita adicional. Hasta ahora hay constancia de que, de un modo u otro, hasta tres ministros clave de la administración Rajoy estaban al tanto: Jorge Fernández Díaz, Cristóbal Montoro y la entonces titular de Defensa, María Dolores de Cospedal. La pregunta es: ¿podía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, muy vinculada políticamente a Montoro, no saber nada? ¿Es verosímil que Rajoy tampoco estuviese al tanto de ninguna de estas prácticas, dada la dependencia funcional y personal que, sobre todo, tenía Fernández Díaz con él?

Sáenz de Santamaría controlaba el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Su nombre —o su apodo de “la pequeña”— es mencionado por participantes en diferentes tramas. Hasta el narcotraficante Marcial Dorado, durante años amigo íntimo del hoy presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la mencionó esta semana en una entrevista en la que alude a ella como la persona que en 2014 le ofreció salir absuelto, cuando ya estaba en prisión, si echaba “basura” contra determinadas personas del PP. “¿Quién manda esto?”, dice que preguntó al abogado que hizo de intermediario. “Bueno, esa es una pequeña”. “¿Pero qué pequeña, el qué?”. “Sí, la pequeña. Del PP, del PP. De Madrid. ¿Quién es la pequeña? Pues eso.”

Pero ni Rajoy, cuyo nombre aparece en los papeles de Bárcenas bajo el enunciado M. Rajoy, ni Sáenz de Santamaría han sido nunca imputados. “Es raro”, admite Barrio. “Si tú eres un dirigente, sabes lo que hacen tus subordinados. Pero también es cierto que en este tipo de cosas se intenta ser discreto”, así que no le “extrañaría una cosa ni la otra. Ahora, ¿que es sospechoso? Claro, es sospechoso”. Especialmente, añade, si se confirma que varios ministros del PP habían alertado a Mariano Rajoy durante su mandato contra los manejos de Montoro en favor de la consultora que había fundado y, a través de ella, de determinadas empresas. Puede que no lo supieran, asegura. Pero, “del mismo modo, me suena raro que Felipe González tampoco supiese nada” de la guerra sucia contra ETA.

Su colega de la Universidad de Almería, sin embargo, no ve por qué la acumulación de poder en manos de la vicepresidenta o del presidente del Gobierno debería asociarse a una necesaria vinculación con la presunta utilización estructural del Estado al servicio de intereses políticos y privados.

Las tramas de corrupción económica, detalla, “suelen operar en secreto (forma parte de su propia naturaleza) y solo los directamente implicados son conocedores”. Por eso es muy posible que sus superiores u otras partes de la organización desconozcan qué está sucediendo, concluye.

Si los mecanismos institucionales de alerta “fuesen más eficaces y, por ejemplo, ofreciesen incentivos suficientes para que posibles conocedores destapasen la situación” o les disuadiesen de participar en este tipo de actuaciones ilegales (como una vigilancia más intensa de las situaciones de riesgo o sanciones más elevadas), “el peligro de riesgo moral disminuiría”. “Pero imagino que en la mayoría de estos casos suele ser habitual que los conocedores sean, al mismo tiempo, beneficiarios de la vulneración de la ley, por lo que no tienen la motivación suficiente para destapar las situaciones de corrupción en las que, además, están involucrados”.

Real-Dato imagina, además, que las prioridades de los servicios de inteligencia del Gobierno no incluyen, aunque haya excepciones, controlar la acción de los miembros del gobierno o la Administración “más allá de lo relacionado con la consecución de los propios objetivos políticos generales del Gobierno”. Lo cierto, remata, es que hay “un alto grado de autonomía en el funcionamiento de los distintos ministerios (lo que se conoce como ‘departamentalización’) en la Administración Pública española”.

Supiesen algo Rajoy y Sáenz de Santamaría o lo ignorasen todo, la naturaleza de los casos que afectan al PP y la coincidencia en el tiempo con la investigación de las mordidas que afectan a altos cargos y dirigentes del PSOE extienden el pesimismo acerca de lo que pueda venir en el futuro.

La gravedad no radica solo en los delitos presuntamente cometidos, sino en el daño institucional: el descrédito de la Administración, la pérdida de confianza en las fuerzas de seguridad, la degradación del sistema fiscal, la normalización de la guerra sucia y el debilitamiento de los controles democráticos.

“Ninguno de los casos de corrupción que han afectado a este país en las últimas décadas ha tenido un efecto positivo en su salud democrática”, recuerda el profesor Real-Dato. El problema es que, en la actualidad, “con niveles tan elevados de desconfianza hacia instituciones democráticas básicas como los partidos políticos, acompañados del crecimiento de opciones políticas populistas que crecen a costa de alimentar dicha desconfianza, el efecto de cualquier caso de corrupción política sobre la confianza en el sistema democrático podría resultar aún más destructivo”.

La profesora Barrio está de acuerdo. “Mina mucho, otra vez, la credibilidad de los dos grandes partidos, que al final han sido los que han aguantado” el sistema político sobre sus hombros. Y se pregunta si lo que está pasando “puede acabar llevándose a los dos por delante, porque tanto lo que afecta al PSOE como lo que afecta al PP es muy grave. Al final, la confianza de los electores en el sistema es muy limitada”.

Hay algo, además, que “antes no pasaba”, añade. “Lo preocupante es que empieza a haber opciones que acaban por sacar rédito” a esta situación, como es el caso de Vox. Y que empieza a haber una parte de la población “que no ve tan malas las soluciones autoritarias si son eficientes”.

El peligro es que se asiente “una visión de que esto de la democracia está muy bien, pero no produce buenos resultados”. Y cada vez más gente prefiera “otro sistema”. Aunque los regímenes autoritarios sean más corruptos, “en un contexto de cabreo y de ignorancia” esa deriva “puede ser peligrosa”.

Y pone un ejemplo: ya empieza a oírse, explica Barrio, que a China, aunque no es democrática, “no le va tan mal”. Es esta idea de que en “un sistema que permita el crecimiento, y que sobre todo sea eficiente”, lo de menos son los mecanismos de elección o los sistemas de garantías. “La gente no quiere saber, solo quiere pensar que es gobernada decentemente”, aunque en realidad no tenga modo de saberlo.

Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy se han ido, de momento, sin rendir cuentas. Pero su legado salpica indirectamente a Feijóo. No solo por el error cometido en el congreso celebrado hace tres semanas, en el que abrazó su herencia y la de José María Aznar (incluido el amplio historial de casos de corrupción que les salpica), sino por la decisión de incorporar a la dirección del partido a Alberto Nadal como responsable del área económica del partido, porque, aunque no haya sido imputado, fue uno de los más fieles colaboradores de Montoro entre 2016 y 2018.

La primera victoria del PP en 1996 no respondió a una lógica alternancia democrática. Fue el resultado de una salvaje estrategia de crispación para acabar con González que, según Anson, “hizo peligrar la estabilidad del Estado”. La dirigía una primitiva fachosfera mediática: el propio Anson (ABC), Pedro J. Ramírez, Antonio Herrero (COPE) y Martín Ferrand (Antena 3) entre otros.

El PP volvió a ganar en el año 2000 y Aznar dijo que "la guerra civil había terminado", evidenciando el barniz golpista del partido creado por un ministro franquista que torturaba homosexuales y rojos en la Puerta del Sol. Durante aquella campaña, el periodista Fernando Delgado dijo que "si el PP ganaba, ganaban los asesinos de Lorca". No andaba desencaminado: hoy el PP pacta con Vox, cuyo presidente en Baleares será juzgado por un presunto delito de odio tras romper fotos de mujeres fusiladas por Franco.

Año 2004: el PP perdió las elecciones después de que Aznar mintiera de manera infame sobre los atentados del 11M atribuyéndolos a ETA sabiendo que fue Al Qaeda. Este uso electoralista del dolor marcó un antes y un después en nuestra política. A día de hoy, no solo no ha pedido perdón a las víctimas sino que sigue reafirmándose en su falacia.

En 2011, en plena crisis, el PP ganó por mayoría absoluta, lo que le permitió a Rajoy incumplir todas sus promesas electorales: subió el IVA y el IRPF, desvinculó las pensiones del IPC, recortó en políticas sociales… ¿seguimos?

Llegó 2015 y el PP volvió a ganar, pero “emepunto” no pudo ser presidente hasta 2016 porque no le daban los votos. Quince socialistas tuvieron que abstenerse. Pedro Sánchez dijo “no es no”, renunció a su acta y se subió a un Peugeot.

Al PP empezó a crecerle el circo de la Gürtel. Fue la época de “vivos” como Bárcenas, Rato, Ignacio González, Zaplana, Granados, Fabra o Matas. Pero también de muertos: catorce personas implicadas en la trama fallecieron en extrañas circunstancias. Como Rita Barberá tras ingerir un cóctel mortal de güisqui y tortilla de patatas.

Fue la época también en la que la “policía patriótica” del PP –con el que comparte iniciales y falta de escrúpulos– espiaba a rivales políticos, destruía pruebas contra el clan de los genoveses, las creaba para atacar a sus rivales, secuestraba a familiares de tesoreros que debían ser fuertes… ¿seguimos?

Año 2018: el Partido Popular es considerado organización criminal y condenado por corrupción. El PSOE presenta una moción de censura que le permitió a Sánchez entrar en la Moncloa por la puerta principal mientras Rajoy salía por la de atrás y entraba en un restaurante del que saldría desorientado. 

Estamos en 2023. El PP gana las elecciones pero Feijóo no quiere ser presidente, Sánchez se queda en la Moncloa y Aznar dice que quien pueda hacer algo para echarlo que lo haga. Dicho y hecho. Aparecen la máquina del fango, una “UCO patriótica” y un “Frente Togado Nacional” que acepta denuncias basadas en mentiras contra la familia del presidente. También se producen ataques a sedes del PSOE, los obispos piden elecciones… ¿seguimos?

Podríamos, pero no hace falta. Queda demostrado que el modus operandi del PP se basa en la confrontación, la polarización y las mentiras por una clara intolerancia genética a la democracia que ya ni disimula y que afecta gravemente a la convivencia. 

Igual que queda demostrado que el PP tiene mal ganar. Y peor perder. 

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Alfredo Díaz Curros es socio de infoLibre.

Del caso Montoro quedan muchos detalles y tramas por salir. Faltan nombres, altos cargos, mordidas y contratos. Con todo, no perdamos de vista la profundidad del paisaje. Es la primera vez que se imputa a todo un ministerio de arriba a abajo. Para que funcione bien una cartera de Estado tiene que estar muy coordinada. Lo que no se sabía es que Hacienda lo estuviera para el interés privado de Montoro y asociados. El ministro de Hacienda levantó una corrupción sistémica y estructurada. Convirtió el ministerio en una organización criminal, según el juez. El Gabinete oficial y el Gabinete en B eran la misma cosa. En el despacho de la Subsecretaría de Hacienda están todavía hoy las fotografías de los miembros del Gabinete de Montoro como un hall of fame de imputados. Unos retratos cuál réplica del Consejo de Ministros de José María Aznar por donde pasaron Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana, Francisco Álvarez Cascos o Ángel Acebes.

En el PP de hoy todavía hay quien se revuelve con la moción de censura de 2018. Les sabe a poco la condena de la Gürtel en la Audiencia Nacional para provocar un cambio de Gobierno. Se pasaron la legislatura de Pablo Casado alentando el lawfare contra el juez José Ricardo de Prada y le bloquearon sin pudor en el CGPJ. Esa línea roja de la condena a título lucrativo por financiación ilegal era un signo de salud democrática. Y al tiempo, un colofón quasi simbólico si lo comparamos con las corrupciones en Interior y Hacienda durante ambas legislaturas. 

Se dijo como un falso mantra que Rajoy heredó la caja B de Aznar y tuvo que arrastrar con la mala cosecha de otros. Pero su herencia son siete años con Montoro en la peor versión de Rodrigo Rato. Es Jorge Fernández Díaz mandando policías a destruir pruebas de la caja B. Es Soraya Sáez de Santamaría incapaz de gestionar el procés (1 de octubre incluido). Es Alberto Ruíz Gallardón intentando prohibir el aborto. O un impuesto al sol contra las renovables, una política energética contraria a uno de los mejores activos del país. 

El PP se había olvidado rápido de dónde viene. A un par de semanas del Congreso del PP, a Feijóo le ha estallado el caso Montoro y una de sus cinco vicesecretarias generales tenía un currículum falso. El ascenso y caída de Noelia Núñez revela cómo los equipos se hacen por cuotas y cuadros sin formación. Que entrara en la dirección dice mucho de los equilibrios internos y la capacidad de destrucción del adversario como premio. 

Si el nuevo ciclo pasa por subir el listón de la regeneración, Feijóo tiene que ser firme con los excesos y chanchullos del partido. Romper amarras con el pasado, rastrear qué manchas de esa época siguen en el partido y enmendar los errores propios. Es una buena noticia que haya forzado la dimisión de la diputada Noelia Núñez. Ejemplariza y hace lo correcto. Aunque sea como estrategia contra Sánchez, Feijóo no podía avanzar con un caso Montoro y un Noelia Núñez estallando a la vez. Implican una corrupción desde dentro y elegir mal a los tuyos, lo mismo por lo que pide adelantar elecciones. Modular la estrategia y dedicarse a encontrar su posición de Gobierno debería ser la lección de estas dos semanas. Porque cuando se convoca una manifestación contra el Ejecutivo bajo el lema Mafia o Democracia, el PP se arriesga a que la ‘mafia’ sea la propia.

Este jueves 24 de julio se cumplen 12 años del accidente de Angrois en el que murieron 79 personas y 143 resultaron heridas. El aniversario llega después de que, hace casi un año, el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago emitiera la primera sentencia sobre el caso, condenando como igualmente responsables al maquinista del tren y al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif. La sentencia está pendiente de varios recursos, pero a la espera de lo que pueda suceder con ellos, la Plataforma de Víctimas del siniestro considera que ya no tiene sentido realizar este año su tradicional manifestación por Santiago reclamando justicia.

Tampoco se celebrará el otro acto que las víctimas solían organizar, el de recuerdo a las personas fallecidas en la propia curva de A Grandeira, en Angrois. En su lugar, la plataforma celebrará un encuentro privado de familiares este 23 de julio. El único acto público será una convocatoria el día 24 a las 11 de la mañana frente a la estación de tren de Santiago para leer un comunicado y atender a los medios de comunicación.

Este duodécimo aniversario llega después de que la Plataforma de Víctimas mostrara hace unos días su indignación con las declaraciones del expresidente Rajoy, que ocupaba el cargo cuando ocurrió el siniestro, al afirmar que con él “los trenes funcionaban”. “Hay que tener poca vergüenza”, lamentaron los afectados.

Tras la sentencia, el presidente de la Plataforma, Jesús Domínguez, valoró para Praza.gal que el pronunciamiento judicial “es un triunfo no solo de las víctimas y familiares, es de todos, porque la próxima vez, antes de inaugurar una infraestructura, lo van a pensar, y hasta que no estén todos los sistemas de seguridad y toda la normativa cumplida no se hará. Hemos contribuido a que las cosas se hagan mejor”.

A la espera de lo que pueda decidir la Audiencia Provincial de A Coruña sobre los recursos presentados contra la condena penal ya dictada —pronunciamiento que a su vez podrá ser recurrido ante el Tribunal Supremo—, la plataforma de víctimas mantiene abiertas otras luchas en torno al siniestro. En particular, quieren que España realice, como exige la Comisión Europea, una investigación técnica del accidente conforme a la normativa comunitaria. Esta cuestión está siendo analizada desde comienzos de este año por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Además de la sentencia penal ya dictada y de la investigación técnica pendiente, también continúa sin concluir la investigación política iniciada en 2018 en el Congreso.

La imputación del exministro Cristóbal Montoro ha pillado con el pie cambiado al Partido Popular, que en los últimos meses ha hecho de la corrupción su principal artillería para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. En un primer momento, tras levantarse el secreto de sumario sobre la causa que no solo afecta a Montoro sino también a gran parte de su equipo en el Ministerio de Hacienda, la dirección nacional del PP lo trató de minimizar asegurando que no era, ni mucho menos, tan grave como el caso Cerdán. Sin embargo, a medida que se fueron conociendo más detalles sobre la causa, el PP trató de desvincular al ex todopoderoso ministro de Hacienda de la dirección presidida por Alberto Núñez Feijóo.

No lo hizo Feijóo en primera persona, ya que desde que estalló la noticia —el pasado miércoles— no ha tenido agenda pública. Se pronunció en redes con un escueto post en X en el que aseguró que "lo que haya que investigar, que se investigue" y concedió una entrevista a uno de sus medios predilectos, La Voz de Galicia, en la que sostuvo que no puede haber "dos varas de medir" con la corrupción y que el PP tenía que ser "más exigente" con aquellos que militan o han militado en su partido. El líder del PP también presumió de que en sus treinta años en política nunca "ha nombrado a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción".

Se trata, sin embargo, de una afirmación muy matizable. Durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia, Feijóo relativizó condenas, obvió imputaciones y evitó perseguir casos de corrupción calificados así en sentencias judiciales. La condena más significativa por corrupción durante los años de Feijóo fue la del caso Campeón, centrado en la figura del empresario lucense Jorge Dorribo. En 2017, fueron condenados por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas el entonces diputado autonómico del PP Pablo Cobián, el director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia, y el subdirector de Información Especializada de ese mismo ente dependiente de la Conselleria de Economía, Carlos Silva.

En la citada entrevista en La Voz de Galicia, el líder del PP también habló del nombramiento de Alberto Nadal, el que fuera la mano derecha de Montoro la última etapa del Gobierno de Rajoy, al que Feijóo ha ascendido a la vicesecretaría de Economía. “Si hubiese alguna persona sospechosa de algo y que la explicación que me da no me convence, dejaría de trabajar con él. Pero a la persona a la que usted se refiere es que ni estaba ni tenía ninguna responsabilidad en los hechos que están siendo investigados”, alega. 

Fuentes de la dirección del PP consideran que el caso "no va a ir a más" y se muestran tranquilos respecto a Nadal. Es más, dudan de que el caso escale al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña bajo el argumento de que es "sorprendente e inusitado que esté imputado el equipo de un ministerio entero": "Eso ya te indica que tienen sospechas pero poco hecho contrastado", señalan fuentes conservadoras a infoLibre. Aún así, admiten que quieren distanciarse todo lo posible de Montoro, al que desde la derecha mediática ya tratan de vincular con "el sanchismo", por la lista de enemigos internos que acumula: "Me temo que hay mucho ruido por la cantidad de gente que le tiene guardadas cosas", reflexionan.

Quien sí aparece como investigado en el caso Montoro es Miguel Ferre, ex secretario de Estado de Hacienda, que "asesoró a título individual" a Feijóo cuando aterrizó en Madrid y también colaboró en la redacción del programa electoral para el 23J. En Génova argumentan que no tienen ningún tipo de "relación contractual" con él en la actualidad y tampoco Montoro, que, sin embargo, sí estuvo presente en el reciente congreso que el PP celebró para encumbrar a Feijóo y que también ha participado este año en otros actos como la presentación del libro de Rajoy en el Congreso. 

En ese cónclave hubo dos figuras que tuvieron mucho protagonismo: los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, a los que Feijóo reunió para tratar de exhibir unidad en el PP, y que se mostraron muy contundentes contra la corrupción pese a haber estado rodeados de escándalos. En un discurso muy aplaudido y que el propio Feijóo utilizó como referencia, Aznar censuró la “golfería estructural del ‘sanchismo”, y pidió “que los delincuentes dejen de estar en los despachos legislando y pasen a estar en la cárcel”  hasta el punto de llegar a pronosticar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acabará en la cárcel por el caso Cerdán.

Por su parte, Rajoy presumió de la lucha "contra la corrupción" que, según él, llevó a cabo durante sus cerca de siete años de mandato. "Esto es algo increíble. Es alucinante. Es asombroso. No se conocen precedentes de algo así ni parecido”, dijo, en referencia a los casos que afectan al PSOE. Lo cierto es que tanto Rajoy como Aznar situaron a Montoro en la cúpula del Ministerio de Hacienda durante sus respectivos gobiernos y su antecesor en el cargo en la época de Aznar, Rodrigo Rato, acabó en prisión tras ser condenado por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Es decir, las dos referencias económicas del PP, señaladas.

Aun así, el PP no considera necesario que Aznar y tampoco Rajoy den explicaciones ahora sobre la imputación de Montoro. Según su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, en "esta primera fase", el que debe dar la cara es el propio exministro. Un argumento que contrasta con las incesantes explicaciones que le han demandado a Sánchez tras el informe de la UCO que llevó a su número tres, Santos Cerdán, a prisión. Sin embargo, para Muñoz la actitud que está teniendo el partido conservador con este caso "no tiene nada que ver" con la que está mostrando el PSOE ante sus escándalos.

Muñoz acabó admitiendo que "ha podido haber compañeros que han usado al partido y al Gobierno para enriquecerse", pero presentó al PP de Feijóo como víctima. "Eso nos afecta a la gente honrada. Lo que quiero es que se investigue y que se llegue hasta el final, eso es lo que nos diferencia a unos y a otros". La portavoz también negó que la imputación de Montoro suponga "un empate" o equilibre "la balanza" respecto al caso de Cerdán y Ábalos. "Conviene no insultar la inteligencia de los españoles", zanjó.

El exministro Cristóbal Montoro jugó un "rol nuclear" en la trama de Hacienda acusada de reformar leyes en beneficio de empresas, a cambio de dinero, ya que era la "autoridad" que aseguraba una "ganancia cierta" a su despacho, Equipo Económico, "abusando" de su poder, según el juez que investiga el caso, según informa EFE.

Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, se dio de baja el pasado jueves como afiliado del PP al trascender su imputación y la de su equipo en una causa que desde 2018 investigaba en secreto el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona por cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

El juez acordó formalmente el 16 de diciembre de 2021 la imputación de Montoro y de los otros 27 investigados en un auto, que consta en el sumario, al que ha tenido acceso EFE, en que detallaba que les notificaría su situación procesal y les citaría a declarar una vez se levantara el secreto, que se ha mantenido vigente hasta el pasado 19 de junio.

En su auto, el juez remarca que Montoro, que fue socio fundador, presidente y consejero de Equipo Económico hasta abril de 2008, fue ministro de Hacienda en los años en que se tramitaron las normas que supuestamente se modificaron a cambio de dinero, "ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación". 

Según el juez, Montoro ocuparía "un rol nuclear" en la "organización", ya que sería la "autoridad" que presuntamente "aseguraría una ganancia cierta al despacho Equipo Económico, abusando de que entre sus potestades le correspondía la iniciativa legislativa de su ministerio".

"Estas potestades habrían garantizado a la trama poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público", afirma el juez.

Para lograr este objetivo, Montoro habría nombrado entre los altos cargos del ministerio de Hacienda "a personas estrechamente vinculadas al despacho Equipo Económico, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyecto de Reglamentos se redactasen 'a demanda'" de las empresas que acudían al bufete, "tras aceptar aquellas pagar por ello", según el juez.

De esta forma, según el instructor, los nombramientos efectuados por Montoro en su ministerio -la mayoría de ellos también figuran entre los investigados-, asegurarían que el control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación de las normas en las que querían influir "quedase vinculado al despacho".

El magistrado apunta a la existencia de una "trama u organización" en la que muchos de sus miembros desempeñaban "cargos al más alto nivel en el Gobierno, Administración Central y Autonómica", desde donde fueron creando una "red de influencias" cuyo último fin era el "enriquecimiento personal a costa de la función pública".

"A cambio de cuantiosos pagos, con abuso del ejercicio de la función pública, intervienen decisivamente en reformas legislativas de favor, generando para sus clientes ventajas fiscales a cargo del erario público", remarca.

Pese a que la investigación se centró inicialmente en el pago a Equipo Económico de 779.705 euros entre 2011 y 2019 por parte de las gasistas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), el juez sospecha que la trama podría haber actuado igual con empresas de otros sectores, como el energético, la construcción o el juego.

En concreto, según apuntan los Mossos en un informe, la investigación ha permitido identificar una "pluralidad de sectores de la actividad económica y empresarial" que habría recurrido a la "artimaña" de contratar a Equipo Económico "para conseguir cambios normativos que beneficiasen sus cuentas de resultados".

La actividad que realizaba Equipo Económico, según los Mossos, "excedía de lo que sería el traslado de las posiciones de grupos de interés, al ir mucho más allá", ya que se "aprovecharon" de la "estrecha colaboración" con miembros del Gobierno que formaban parte del Consejo de Ministros y participaban en la iniciativa legislativa y la aprobación de normas con rango de ley.

"También se valdrían de que, incluso en el caso de asuntos que por razón de la materia la iniciativa correspondía a otros departamentos ministeriales, el Ministerio de Hacienda participaba, en la medida en que los mismos afectaban a los ingresos o gastos del estado. Así, el engranaje legislativo sería rentabilizado por Equipo Económico para el enriquecimiento de sus socios", sostienen los Mossos. 

Los Mossos han acreditado pagos a Equipo Económico por parte de Red Eléctrica Española, entre 2010 y 2015, por valor de 1,3 millones de euros; de Ferrovial, entre 2012 y 2014, por 293.424 euros; de Abengoa, entre 2009 y 2015, por 3,9 millones; y de Madrid Network, entre 2008 y 2011, por 1,8 millones.

Según los Mossos, en el Gobierno de Mariano Rajoy se enfrentaron las tesis de Montoro, que abogó por limitar la eliminación de primas a las renovables y decantar la carga impositiva a las eléctricas tradicionales, y la del ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, partidario de eliminar las primas a las renovables y aplicar un impuesto "progresivo" al sector eléctrico.

En este contexto, los Mossos detectaron la existencia de "numerosos y cuantiosos pagos" de las principales renovables a Equipo Económico, coincidentes en el tiempo con las sucesivas modificaciones legislativas que las afectaban, en 2012, 2013 y 2014, así como de algunas de las principales eléctricas tradicionales y de las dedicadas a la distribución de electricidad.