Esto lo ha dicho Jaime de los Santos, el diputado del Partido Popular, durante un debate en el Congreso de los Diputados. En ese debate, se planteaba castigar las “Terapias de Reconversión” contra el colectivo LGTBIQ+, puestas en marcha por algunos de los colectivos más reaccionarios de este país.

Que una persona se reconozca maricón y pueda militar en el partido que quiera, eso no se lo puede discutir nadie. Ambas cosas son libertades individuales y cada una va por su lado. Pero lo extraño es el contexto que rodea esta afirmación.

Puedes estar orgulloso de militar en el PP, pero si eres maricón tienes que votar a favor de penalizar las “Terapias de Reconversión”. Como casi siempre, las actitudes del PP en lo que se refiere a la conquista de los derechos colectivos que se plantean desde la izquierda, extrañamente también ahora van en contra. Al “perro Sánchez ni agua”. Mis ojos en sus cuencas y mi cabeza no dejan de girar desaforadamente. Creo que necesito un exorcismo.

Supongo que ni el PP ni Jaime consideran al colectivo LGTBIQ+ como enfermos que necesitan tratamiento.

Cuando llegó la aprobación del Matrimonio Igualitario durante el Gobierno de Zapatero, en el verano de 2005, el PP votó en contra e incluso llegaron a recurrir al Constitucional. Defendían que aquello no era matrimonio, sino otra cosa. Anunciaban poco menos que el fin de la civilización occidental, el final de la “familia tradicional”, advertencias dramáticas y recursos contra una ley que simplemente reconocía a dos personas adultas el derecho a casarse. El mensaje era claro: aquello no debía existir. Pero miles de parejas simplemente querían poder decir: “Nos queremos y queremos que la ley lo reconozca”.

Años después, en 2015, llegó la boda de Javier Maroto. Una boda perfectamente legal gracias precisamente a aquella ley que muchos de sus compañeros de partido habían rechazado. Y entonces ocurrió una escena digna de archivo histórico: compañeros del PP, algunos de los que habían votado en contra, asistiendo a la celebración, sonriendo y bailando.

El caso de “MpuntoRajoy” bailando en la boda merece capítulo propio. Rajoy, con su estilo inconfundible, parecía no estar bailando sino negociando con la música. Un paso tímido hacia un lado, otro hacia el otro, como si hasta el ritmo necesitara mayoría absoluta. Aquella pista de baile se convirtió en una especie de Parlamento improvisado: todos dentro, todos contentos, y nadie preguntando demasiado por lo que había votado años atrás. La imagen tenía algo de surrealista: una fiesta celebrando un derecho que gran parte de los invitados no había querido aprobar.

Porque una cosa es llegar a una boda y bailar. Otra cosa es haber ayudado a que esa boda pudiera celebrarse. La hemeroteca tiene memoria y recuerda quién encendió las luces de la sala, quién intentó apagar la música y quién apareció cuando ya estaban repartiendo la tarta.

Al final, algunos descubrieron que el matrimonio igualitario no era el fin de la familia. Era simplemente una invitación a más gente a la misma fiesta. Quizá la política sea eso: una enorme pista de baile donde algunos primero protestan por la música, luego entran en la fiesta y finalmente acaban diciendo que siempre les gustó la canción. Con las “terapias de reconversión”, pasará lo mismo. Nos contarán que al PP nunca le parecieron bien.

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

Hoy voy a proponerles un pasatiempo, un entretenido sudoku que nos ayude a sobrellevar el tedio estival y los calores. Entren en el buscador de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional (BNE). Seleccionen el intervalo de seis años, once meses y ocho días que abarca desde la muerte de Franco a la victoria electoral del PSOE en 1982. A continuación escriban en el buscador “justicia social” y anoten el resultado. Repitan la operación, pero con la palabra “modernidad”. Ya hemos llegado a la mitad. Para finalizar mantendremos los conceptos, pero modificaremos las fechas de la pesquisa para abarcar ahora los primeros seis años, once meses y ocho días de Gobierno de Felipe González. Ya está.

¿Sorprendidos? ¿O les ha dado pereza la propuesta? No importa; se lo pondré fácil. Desde la muerte del dictador a la primera victoria de Felipe González, los periódicos digitalizados por la BNE recogen en 13.762 páginas alusiones a la justicia social y 6.341 a la modernidad. En los casi siete años siguientes de Gobierno socialista, las referencias a la justicia social se desploman a 8.101, mientras que las páginas con la palabra modernidad se disparan a 25.842. La conclusión es obvia: el felipismo marginó la justicia social para privilegiar una difusa modernidad que igual justificaba la OTAN, los GAL, la precarización laboral o la reconversión industrial, que celebraba el último tema de Alaska y los Pegamoides.

Su éxito fue enorme, pese a la aparente paradoja de promocionar la modernidad justo cuando Jean-François Lyotard proclamaba nuestra nueva condición posmoderna. Paradoja aparente, digo, porque lo que se vendió fue un simulacro de modernidad, una estética de hedonismo individualista con la que enterrar la vieja ética de los grandes relatos entre toneladas de lentejuelas. En la práctica, fue la variante mediterránea de la TINA, el popular acrónimo thatcheriano que decretó el final de toda esperanza. Comenzaba la era de los relatos. Y sus protagonistas eran personajes como Miguel Boyer, aquel joven economista que a mediados de los 70 abogaba por la nacionalización de empresas y la autogestión obrera, en los 80 se convirtió en adalid de la ortodoxia neoliberal y en los 90 fue estrella del papel couché tras su matrimonio con Isabel Presley. La realidad líquida entraba en escena.

Sin embargo, esta hegemonía de la modernidad trajo consecuencias para la democracia española. Si la justicia social situaba la distribución de la riqueza en el centro del debate democrático, su arrinconamiento obligó a buscar otro asunto con el que vertebrar un conflicto político neutralizado por el consenso absoluto en torno al dogma neoliberal. Fue necesario pues indagar fuera del ámbito político clásico ese nuevo referente. Fue entonces cuando irrumpió la corrupción. La podredumbre del poder tenía dos virtudes: por un lado, activaba la emoción indignada del electorado; por el otro, permitía desviar el debate del ámbito material de las políticas públicas a la esfera inmaterial de la moral pública.

La corrupción pasaba así a ser el desencadenante catártico de la alternancia política. Felipe González –aunque hoy se prefiera olvidar– cayó arrollado, mucho más que por el terrorismo de Estado, por el alud imparable de Filesa y la imagen de Luis Roldán en calzoncillos. Aznar tendría, entre otros muchos, a su Rodrigo Rato, mientras que Rajoy caducaba a la sombra de El Bigotes y la Gürtel. Pedro Sánchez, por el momento, resiste a duras penas la implacable cacería familiar y los vergonzosos vientos sembrados por José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Incluso el 15M, la mayor impugnación al modelo de la Transición, interiorizó hasta tal punto este referente de crítica, que su "No hay pan para tanto chorizo" se convirtió en uno de sus lemas más aclamados. Hoy Isabel Díaz Ayuso se apropia con sarcasmo de aquella consigna.

Se instauró así un mecanismo democrático viciado, asentado sobre una aparente ley inmutable: los gobiernos caían tras una catarsis ciudadana anticorrupción que daba paso a un nuevo ciclo de gobierno que acaba con una nueva catarsis… Y la rueda “democrática” giraba. No obstante, el mecanismo tenía exclusiones. Y, al menos, una excepción. Las exclusiones tienen como objetivo controlar que la indignación colectiva se limite al juego de turnos de gobierno, evitando que pudiera desbordarse y acabara reclamando una democracia mejor y con transparencia. Por eso hay corruptelas sobre las que se debe pasar de puntillas: un monarca enriquecido de forma ilícita, errores judiciales que exoneran a capos mafiosos, jefes policiales con millones ocultos en las paredes. Por mucho que prodiguen, estas corrupciones son pronto desactivadas con la inapelable argumento de los “casos aislados”.

Pasemos a la excepción. La rareza fue José Luis Rodríguez Zapatero. También él recurrió a criterios prepolíticos para legitimar su gestión: el horror a la guerra de Irak o la defensa de los derechos humanos en favor de las minorías. Pero lo hizo a la vez que aplicaba la más estricta ortodoxia neoliberal durante la crisis. Sin embargo, a diferencia de la norma, el PP, que por entonces hegemonizaba la derecha, fue incapaz de encontrar un caso de corrupción con el que armar una estrategia de acoso y derribo al Gobierno de Zapatero. Por ello tuvo que escudriñar a fondo para dar con un recurso alternativo. Y lo halló en ETA y el final de la lucha armada. Una idea nueva entró entonces en circulación: el traidor. Aunque la idea no era tan nueva. En el fondo, entroncaba con el tradicional discurso reaccionario español, una coincidencia que acabará teniendo graves implicaciones.

Por lo pronto, la prepolítica quedaba superada por lo predemocrático. Porque, en última instancia, se estaba recuperando el viejo espectro de la antiEspaña que tuvo en el franquismo su más acabada y siniestra plasmación. Como representante máximo de la antiEspaña, es imposible integrar al traidor. Solo cabe perseguirlo, acorralarlo, encarcelarlo, humillarlo. Es una lucha existencial. De hecho, para que España pueda renacer en su idealizada esencia es preciso que el traidor sucumba y la antiEspaña sea aniquilada por el fuego purificador. Por ello no basta con la derrota electoral de contrario; es imprescindible la Victoria total, y sin piedad.

El conflicto catalán y los vientos ultraderechistas que llegaban de Washington se encargarían con los años de avivar aquel fuego antidemocrático que durante unos años se mantuvo aletargado. Hoy lo prepolítico y lo predemocrático, la corrupción y la traición, se entremezclan en la mentalidad conservadora española. Y todo galvaniza en un estado anímico que hace tiempo que superó la catarsis para adentrarse por los peligrosos senderos de la histeria colectiva. Hasta tal punto se ha naturalizado, mediática y sociológicamente, la paranoia conspirativa que no faltan voces que aspiran incluso a dotar de rango constitucional a esta guerra total contra la antiEspaña. Lo hacía desde El País Pedro Cruz Villalón, el presidente del Tribunal Constitucional que ilegalizó a la izquierda abertzale y que hoy imagina un Congreso que impute a Pedro Sánchez por alta traición.

Aunque conviene no alarmarse. Tal vez sus argumentos son consecuencia de una lipotimia intelectual por un golpe de calor. Porque este verano está haciendo mucho calor, demasiado. Por eso conviene estar alertas y prevenidos. E hidratarse bien. Por eso, la mejor receta es beber buenas dosis de sentido común y serenidad.

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José Manuel Rambla es periodista.

La foto de las joyas encontradas en el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero ha copado portadas de periódicos y se ha visualizado durante horas en los debates televisivos. El expresidente está reuniendo toda la documentación sobre las mismas mientras el juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada por estas alhajas, tasadas en 1,3 millones de euros.

Asimismo, esa polémica ha reavivado el debate sobre los regalos que pueden recibir los políticos y ha sacado a la luz el tema de los presentes que vienen especialmente de las monarquías árabes, como ha puesto encima de la mesa el exministro socialista Miguel Sebastián, que ha narrado cómo fue obsequiado en Arabia Saudí con unas joyas, que él mandó colocar en una vitrina en el departamento.

¿Y los otros expresidentes del Gobierno? ¿Recibieron algún tipo de joya durante su etapa al frente del Palacio de la Moncloa? ¿Qué hicieron con esos regalos? infoLibre ha contactado con el entorno de Felipe González, de José María Aznar y de Mariano Rajoy para recabar sus respuestas. 

Solo Mariano Rajoy, a través de fuentes de su máxima confianza, contesta de manera clara. Su entorno asegura que “no recibió ninguna joya” y que “todos los regalos de cierto valor que recibió en su mandato quedaron registrados y depositados en la Presidencia del Gobierno”.

Desde la oficina del expresidente Felipe González, ante la pregunta de si el expresidente socialista recibió joyas durante su mandato, se limitan a contestar: “El presidente González no tiene previsto por el momento hacer intervenciones en medios”. Ante la repregunta, tanto por correo como por vía telefónica, si podían concretar si recibió joyas o no, no hubo contestación.

En un acto este martes, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el expresidente González abordó el tema de las joyas de Rodríguez Zapatero, a petición de la moderadora. El ex jefe del Ejecutivo señaló que durante su mandato no había legislación respecto a los regalos, pero que hizo una lista con los grandes regalos en su Gobierno y se colocaron en galerías junto al Consejo de Ministros, con objetos como sables con perlas. Indicó que sus ministros también dejaron los obsequios en sus departamentos.

González reveló situaciones como que Helmut Kohl, a través de Mercedes, quiso regalarle un vehículo todoterreno para usarlo en Doñana, pero que él le pidió que fuera cedido al propio parque. También puso de ejemplo cómo el rey Juan Carlos no quiso rechazar el palacio de la Mareta en Lanzarote, un regalo del rey de Jordania, pero que pasó a ser del Estado.

El expresidente González señaló que Rodríguez Zapatero debería devolver las joyas y dar todas las explicaciones sobre su origen y legalidad.

¿Y José María Aznar recibió joyas? Desde Faes, tras insistentes preguntas de infoLibre, responden: “El presidente se atuvo, desde la Presidencia del Gobierno, a la legalidad y el decoro personal en todas sus relaciones personales e institucionales”. A la petición de si podían concretar si le hicieron entrega de alguna joya, esta fundación reitera: “Es un asunto que no afecta a José María Aznar que siempre se ha atenido a los criterios más exigentes de integridad y decoro personal”.

Ante una nueva pregunta de si podían concretar si recibió joyas sí o no, Faes no ha respondido a este medio.

Hasta la llegada al Gobierno precisamente de Rodríguez Zapatero, no había ninguna norma que regulara el tema de los regalos. En febrero de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Código del Buen Gobierno, que fijaba: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.

“En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”, añadía el código.

Este texto además sirvió de inspiración para la Ley de Transparencia, aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre los principios de conducta para los miembros del Ejecutivo, los secretarios de Estado y los altos cargos, se incluye: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.

Estos dos textos no fijan una cantidad exacta que bareme la aceptación de los obsequios y lo fía al criterio de los políticos respecto a los “usos habituales, sociales y de cortesía”. En cambio, sí hay otras instituciones, como las Cortes Generales, que fijan topes monetarios. En el caso del Parlamento, el límite está en los regalos de hasta 150 euros. El reglamento indica que los diputados y senadores se “se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta”.

¿Debe dimitir el presidente del Gobierno? La historia nos enseña que aquí no dimite casi nadie, como muestra este conciso y contrastable relato. ¿Por qué apoyar una dimisión sin saber cómo funcionará la alternativa? O tal vez sí, pues ya hay situaciones y hechos palpables en algunas comunidades autónomas. 

Suárez dimitió, pues los sables y otros poderes, la España negra, se le echaron encima y forzaron su salida; eran los inicios de la democracia, los conocidos como poderes fácticos no iban a ponerlo fácil, ni entonces ni ahora. Las cloacas huelen mal. Le sustituyó Calvo Sotelo, quien dimitió, convocó elecciones y perdió; lo cesó el pueblo. El país seguía en una situación relativamente caótica. Ni Suárez ni Calvo Sotelo se atrevieron a limpiar el alcantarillado para eliminar los olores de la dictadura y el entorno. Un dicho popular nos advierte que cuando la justicia escasea, tener razón es peligroso.

Llegó González, una brisa fresca, pero no era la fragancia GAL. Sí aparecieron los GAL, organización parapolicial, y también el espionaje del CESID; dimitieron altos cargos, González no dimitió; también lo echó el pueblo. Ya antes, en 1996, los de CIU, los padres de Junts, apuntaban maneras y le zancadillearon. En el 2000 perdió frente al PP; su acre fragancia aún perdura.

Le sucedió Aznar. Tuvo un mandato complicado, marcado por asuntos como el Prestige, el Yak-42, el 11M y las peregrinas explicaciones de aquel terrible crimen y, finalmente, los aires guerreros de Irak. Lo cesó el pueblo mediante las urnas; la cosa no olía bien. 

Zapatero llegó en 2004, con una crisis en puertas y el coletazo final del terrorismo de ETA. Los progresos sociales no taparon la fragancia de los ERE, ni la crisis de 2008. El mandato le pasó por encima y dimitió. Le sustituyó Rubalcaba, quien perdió las elecciones el 20 de noviembre de 2011 frente a Rajoy. El mandato popular cesó a los socialistas.

Rajoy tuvo unas legislaturas jalonadas por el caso Gürtel, caso Bárcenas, el uso de fondos reservados y la implicación del Estado, Ministerio del Interior, en las llamadas cloacas; hasta ese momento solo en el caso GAL se había utilizado a instituciones del Estado.

En 2018, una moción de censura legítima le echó del Gobierno, le apeó Sánchez, quien gobernó hasta 2020. Llamó a las urnas en 2020 y 2023, gobernando en ambas legislaturas en coalición con otras fuerzas; no soportaba el olor de algún socio. Su mandato finalizaría en 2027.

Conclusión: ningún mandatario dimite motu proprio; al gobernante de turno lo cesa el pueblo o la moción de censura, cuando los aires de poder lo descomponen. Ante el fin del bipartidismo se avecinan nuevas fórmulas coalicionistas cuya mezcla produce olores insoportables que obligarían a llevar máscara.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Hoy soñé que estaba escribiendo en un Starbucks y escuché: ¡Émile Zola! Levanté la cabeza y allí estaba. Vestido como en el retrato de Monet, recogiendo en la barra un Frapuccino, quejándose al camarero por el precio y tratando de pagar en francos.

Me levanté y pagué su cuenta. Me dio las gracias, le dije que no había de qué y volví a mi mesa. Me senté. Lo curioso es que Émile –ya tenemos confianza– me había seguido y se sentó frente a mí sin pedirme permiso. 

Me aclaró que estaba frente a lo que yo pensaba que estaba: el fantasma de Émile Zola. Continuó explicándome, en un italiano mezclado con francés, que quería hacer una segunda versión del “Yo acuso” pero que no llevaba ni pluma ni papel.

No pude articular ni siquiera una sílaba y él pareció entender que no pudiera hacerlo. Le dio un pequeño sorbo al café, murmuró que no valía lo que costaba y luego me espetó:

–Escribe.

Empezó a dictarme.

Reproduzco aquí íntegramente todo lo que dijo.

"Señor expresidente Aznar:

¿Me permite usted, dentro de mi gratitud por haber sido el artífice del milagro económico español que, como todos sabemos, acabó con la mitad de su gobierno en la cárcel, que le diga de qué le acuso a usted y a otros fascistas? Si me lo permite, seguiré. Si no me lo permite, también.

Yo acuso al juez Peinado de actuar contra Begoña Gómez por motivaciones ideológicas y de sumarse a una estrategia de "guerra jurídica" contra el Gobierno y contra el propio Pedro Sánchez con inculpaciones que carecen de base jurídica.

Yo acuso a la jueza Teresa Palacios de acotar la investigación sobre el caso Kitchen de manera claramente favorable al Partido Popular en una clara defensa de este partido, de impedir las preguntas de la abogada del PSOE y, en ocasiones, de contestar en nombre de la señora De Cospedal.

Yo acuso al juez Ángel Hurtado de dar trato preferente a Mariano Rajoy e interrumpir de manera reiterada las preguntas de las acusaciones referidas a los papeles de Bárcenas.

Yo acuso al juez Martínez Arrieta de condenar sin pruebas al fiscal general del Estado como autor de un delito de revelación de datos reservados.

Yo acuso al juez García Castellón de rechazar imputar a la señora de Cospedal en el caso Kitchen y de archivar la responsabilidad penal del partido como persona jurídica en la pieza de la caja B del caso Púnica.

También de trato de favor a Mariano Rajoy, a quien evitó citar como investigado en el caso Kitchen excluyendo su nombre de autos judiciales clave.

Yo acuso al excomisario Villarejo de ser el cerebro de la llamada "policía patriótica" e instrumentalizar las cloacas del Estado durante el mandato del Partido Popular, ejecutando operaciones ilegales de espionaje, chantaje y fabricación de pruebas falsas para destruir a los adversarios políticos del PP.

Yo acuso a Eduardo Inda y a Álvaro Nieto de publicar noticias falsas con dinero de los españoles y españolas a través de publicidad contratada por administraciones del PP con el propósito de generar denuncias para acusar sin fundamento a cargos del Gobierno o del PSOE o familiares de estos.

Yo acuso a Manos Limpias de ser un "pseudosindicato" de extrema derecha que utiliza de forma fraudulenta la acusación popular para desestabilizar al Gobierno valiéndose de denuncias falsas basadas en bulos mediáticos.

Yo acuso a Hazte Oír de ser una organización radical que utiliza el espacio público y los tribunales para ejercer una difamación sistemática contra el Gobierno y la izquierda en general con el único fin de debilitarlo e interferir ilegalmente en los procesos electorales.

Yo acuso a Mariano Rajoy, M. Rajoy, el Barbas, el Asturiano –o como prefiera que le llamen– de cobrar sobresueldos en B y de ser el cerebro de una trama criminal para encubrir los delitos de la Gürtel que incluyó la creación de una policía paralela y un intento secuestro.

Yo acuso al juez Calama de practicar lawfare y una investigación prospectiva prohibida, imputando delitos desproporcionados al expresidente Zapatero basándose en indicios débiles de terceros para desgastar políticamente a la izquierda.

Yo le acuso a usted, señor expresidente Aznar, de haber puesto en riesgo el Estado español en los 90 para acabar con Felipe González, como reconoció el señor Ansón. 

También de involucrar a España en una guerra ilegal y de haber mentido a los españoles –y seguir mintiéndoles– sobre la autoría de los atentados del 11-M resultado de aquella guerra y de los que usted fue el máximo responsable.

Yo, en definitiva, acuso al Partido Popular, a Vox, a sus medios, a sus jueces, juezas, periodistas, instituciones y empresarios afines de estar dando un golpe de Estado para acabar con un gobierno legítimo salido de las urnas en julio de 2023 a la vista de que por la vía democrática no pueden.

Un golpe que empezó con su consigna “quien pueda hacer que haga” y que ha vuelto a repetir estos días. 

Mi protesta encendida no es más que el grito de mi corazón. Por lo tanto, atrévanse a llevarme a la Corte Penal y a que la investigación se lleve a cabo a plena luz del día.

Estoy esperando."

–¿Ha terminado?– le pregunté.

–Sí– contestó.

–Salen seiscientas noventa y una palabras solo con lo suyo. Y a esa cantidad hay que añadir lo que yo escriba. No creo que me lo publiquen, el máximo son cuatrocientas cincuenta y cinco.

–Pues ya de perdidos, añade que también acuso a Iker Jiménez y a Pablo Motos de ser tan idiotas que seguro que aplauden cuando el microondas llega a 0.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

La labor de zapa o trabajo de zapa es una expresión que define el trabajo que se realiza de forma oculta, sutil y progresiva para conseguir un fin, especialmente si busca debilitar o socavar los intereses de alguien.

La dignidad de los partidos y sus contextos oportunistas sin visión global están centrados en la pesca del voto y no en programas o idearios, en la conquista por asientos o privilegios que el poder facilita. Sin instrucción será difícil hallar la convicción.

Cuando la oposición consiste en el descrédito personal sin sustanciar alternativas políticas, no es progreso lo que se busca para la sociedad. Es poder presupuestario lo que se busca, y prueba de ello la tenemos en las acciones de privatización de sectores públicos, que se llevan a cabo por los partidos políticos que alientan la discordia, incluso refugiándose en etapas superadas ya en nuestra historia común.

El afán por demonizar, en esta ocasión a Zapatero, nos conduce a un escenario revelador de la condición humana y sus motivaciones.

Dicen que Aristóteles ya habló de ello cuando señaló que: “El ser humano, en su mejor momento, es el más noble de todos los animales; separado de la ley y la justicia, es el peor”. Ya sabemos que no es lo mismo tener tabulado a un animal en un “Goro” que bajo una Constitución.

Gian María Volante, en Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha, protagonizó a un importante funcionario de la policía que asesina a su amante, pero pone en evidencia pruebas contra sí mismo por que no soporta que se burle el orden establecido y que los culpables queden impunes.

Finalmente, el comisario confiesa desesperadamente el crimen ante sus superiores, en un intento por no subvertir la esencia de la autoridad, pero todos se niegan a creerle, obligándolo a retractarse de su confesión, con la aprobación del jefe de la policía. Es aquello de que no sólo hay que serlo, sino parecerlo.

La narración desde la insidiosa interpretación de los investigadores, donde se indica lo que se quiere decir, o se apunta lo que se quiere construir, y no lo que se dice o se hace, no debe ser acogida a las primeras de cambio.

En este país nuestro, las sospechas se nos quieren presentar como evidencias, teniendo las mismas la aprobación por los supervisores de las indagaciones. Pero se va más allá. Desde la denominada política, se ilumina el camino a los jueces, llegando en el presente caso a instar la prisión provisional o retiradas de pasaporte, u otras medidas cautelares, con el único fin de generar un ambiente de urgencia social.

Ahora sí, Z es Zapatero, y, M. Rajoy es un ignoto presidente con quien esa misma policía, que en aquel momento fue estigmatizada como “patriótica”, colaboró y participó en la demonización de adversarios políticos y en la destrucción de pruebas que imputaban a los miembros del Partido Popular, e intentó la inmolación de Bárcenas con aquella sentencia: “Luis, sé fuerte”. Estoy por ver en qué momento judicial se llevará a cabo la deducción de testimonios incriminatorios para con M. Rajoy, quien afirma: “Yo me llamo como me llamo y cada uno me llama como quiere”.

La difamación como pretexto, usando el auto inculpatorio contra el principio de inocencia, se desluce por la precipitación de sus autores e intérpretes para el desgaste político de los adversarios, buscando la portada periodística que ya queda indeleble. ¡Difama, que algo queda!

El poder económico ya fue aventado por el disparo de salida de Aznar, al pronunciarse como lo hizo: “Quien pueda hacer, que haga”. Sólo se da la salida si los corredores están preparados y coordinados para ello, y la articulación mediática cuesta dinero; luego, abonado con subvenciones o acuerdos de explotación de lo público.

Existen excepciones conocidas, como la que encarna Àngels Barceló, protagonista de un periodismo no discursivo, sino indagatorio, y quien no se ha plegado a los requerimientos de su grupo editorial; y habrá otras voces por dar a luz.

La precipitación suele marcarnos los pasos más intuidos que precisos.  La cautela conlleva tiempo para la reflexión, el acomodo y lo más certero. Da tiempo al tiempo, que este te dará tiempo.

Me vino a la memoria la película Zorba el griego, en la que la disputa entre la lógica y la razón se enfrentan a la visión de disfrutar de la vida, subyaciendo a su vez la realidad de otra constante que no terminamos por vencer, cual es que “el hombre es un lobo para el hombre”, como enunciara Thomas Hobbes. Hay una escena en esta película en la que se muestra con toda crudeza, tras fallecer Madame Hortensia, una cortesana francesa retirada y propietaria de un pequeño hotel en el pueblo cretense donde se desarrolla la historia. Ella vivía aferrada a sus recuerdos de juventud y a un mundo de fantasía sobre sus antiguos romances con oficiales de la marina... Llegó su hora, y tras su entierro, su casa, sus objetos y recuerdos fueron desvalijados para mejor encomio de sus depredadores.

Hoy la comunidad cristiana debe estar consternada. ¿Quién les iba a decir que Zapatero iba a ser otro líder supuesto, pero visible, y guía intelectual de la trama? Uno y trino. ¡Qué zozobra intelectual!

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Fernando Sagaseta es socio de infoLibre.

Hace, como mínimo, unas dos décadas que el Gobierno gallego se mostró por primera vez favorable a reclamar al Estado el traspaso de las competencias sobre la autopista AP-9. Fue a finales de 2005, cuando, apenas tres meses después de llegar al cargo, el presidente Emilio Pérez Touriño expresó el “deseo” de lograr esa transferencia tras analizar un informe con las prioridades del nuevo Gobierno de PSdeG y BNG en materia de autogobierno.

21 años después de aquel desiderátum, el Congreso de los Diputados acaba de aprobar el dictamen de una ley orgánica para conceder a la Xunta la “titularidad y competencias” de la autopista del Atlántico. Lo hizo con los votos a favor de los grupos que la redactaron, PSOE, BNG y Sumar, y también con el “sí” de todos los demás salvo dos, PP y Vox. Tan cierto es que este paso es un indudable avance como que a la ley, que nunca había llegado tan lejos, aún le resta un amplio camino por recorrer. Y, sobre todo, que llega tras innumerables bloqueos y obstáculos, atribuibles a más de una fuerza política, en un proceso que formalmente se lanzó tres veces y políticamente, muchas más.

En aquella legislatura con socialistas y nacionalistas en el Ejecutivo gallego, quien entonces era nuevo líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ser partidario de la transferencia e incluso la incluyó en el programa electoral con el que ganó las elecciones de 2009. Encontró reticencias en el Gobierno de España, el del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que en 2010 anunció el inicio de negociaciones al respecto, sin mayor resultado.

En 2012, el PPdeG de Feijóo logra su segunda mayoría absoluta consecutiva y lo hace con un programa electoral en el que apuesta por una “reformulación” de la gestión de la AP-9 sin prometer abiertamente el traspaso. A lo largo de la legislatura gallega, no obstante, los populares gallegos darán apoyo político a una reclamación que el Gobierno de España, ya en manos del PP de Mariano Rajoy, rechaza por considerarla ilegal, en palabras de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.

Fue en este punto cuando llegó el primer intento de lograr el traspaso por la vía que ahora avanza: la de una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Galicia para su debate en el Congreso. Sucedió en octubre de 2015, cuando, en un giro que causó sorpresa en el legislativo gallego, el PP decidió votar “sí” a la proposición de ley formulada por el BNG. Pero al llegar al Congreso, la petición unánime gallega se topó dos veces con el veto del Gobierno de España aún en manos del PP.

En octubre de 2016, aun estando en funciones tras no lograr mayoría para una segunda investidura, el gabinete de Rajoy hizo uso de la prerrogativa gubernamental de frenar leyes en el Congreso para, con una interpretación forzada del artículo 134.6 de la Constitución, impedir que la propuesta gallega llegase siquiera a debatirse. En mayo de 2017 el Parlamento volvió a pedir el traspaso por unanimidad y en junio del mismo año el Gobierno de Rajoy volvió a vetarlo con un informe jurídico más elaborado, pero con el mismo resultado. Por el camino, también habían frenado una iniciativa de En Marea en el Congreso en el mismo sentido.

Estos tres bloqueos formales, basados en cálculos económicos erróneos o falsos, finalizaron en 2018. Poco después de la moción de censura que desalojó a Rajoy, el Ejecutivo del PSOE de Pedro Sánchez cumplió la promesa de levantar el veto a la primera de las peticiones gallegas, la de 2015, y en el propio 2018 una amplia mayoría absoluta permitió el inicio de una tramitación que quedó interrumpida por el adelanto de las elecciones generales a abril de 2019.

Tras el paso por las urnas, el Parlamento reiteró la petición unánime y, en 2021, el Congreso aprobó de nuevo el inicio del trámite. Y fue aquí donde llegaron los bloqueos de otro signo. La Mesa del Congreso, donde los socios del gobierno PSOE-Unidas Podemos tenían mayoría junto con otras fuerzas, aprobaron sucesivas ampliaciones de los plazos para presentar enmiendas para dilatar un proceso que acabó caducando por otro adelanto, el de las generales de 2023, después de que las adiciones del Grupo Socialista al texto original desnaturalizasen en gran medida su contenido.

Fue así como se llegó a la ley que ahora, por fin, avanza. En junio de 2024 el Congreso inició por tercera vez el trámite con el único “no” de Vox, pero acto seguido volvió la demora por la vía de las prórrogas de los plazos para enmendar, aprobada sistemáticamente por la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría gubernamental. Cuando finalizó esa dilación, el PSOE volvió a presentar enmiendas para acotar el traspaso a que la Xunta pudiese proponer mejoras en la gestión de la autopista. Ese escenario de traspaso recortado quedó superado esta semana: el pacto de los socialistas con el Bloque y Sumar da el visto bueno esencial a la transferencia y deja las condiciones concretas para un momento posterior, el de la concreción del traspaso en la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado.

En el primer test en forma de votación deja dos posibles lecturas. Una, la posibilidad de una mayoría absoluta en el pleno del Congreso —imprescindible en una ley orgánica— pese al “no” de Vox y también de un PP que dice oponerse porque el texto deja fuera parte de lo incluido en la ley aprobada en Galicia. Tanto el BNG como el PSdeG exigen al PPdeG explicaciones por su “no”. Otra, que este avance no sea más que el pórtico de un cuarto bloqueo.

Cualquiera de las dos lecturas va acompañada de una inevitable derivada: el modo en que el gobierno que finalmente acabe siendo responsable cotidiano de la AP-9, el español o el gallego, aborde la gran cuestión relativa a esta infraestructura. Se trata del futuro de su explotación mediante concesión privada a Audasa, prorrogada sin concurso hasta 2048 por el Gobierno de Aznar en lo que la Comisión Europea considera una ilegalidad en un procedimiento que sigue abierto mientras continúan subiendo las tarifas de unos peajes que, en los últimos años y a partir de acuerdos PSOE-BNG, el Gobierno de España viene paliando con planes de descuentos para los que comprometió más de 2.000 millones de euros.

¡Sí, cuidado! Se comportan como niños en el patio de un colegio.

Si se demostrara que el señor Rodríguez Zapatero es culpable de los cargos que se le imputan, me parece muy bien que actúe la justicia. Es lo correcto. Pero que den por supuesto que ese delito, si tal fuera, haría caer a Sánchez es una falacia, una mirada muy corta. ¿Por qué habría de caer el Gobierno? Mírense a sí mismos. ¿Dónde estaría el PP si tal principio se aplicara?

Fíjense en la señora Ayuso que, aun siendo muy católica, vive como concubina con su novio, Alberto González Amador. Este señor, un presunto defraudador fiscal de campeonato, se ha enriquecido a costa de la privatización de la sanidad pública llevada a cabo, convenientemente, por la propia señora Ayuso. Por esta razón el señor González Amador está imputado. Y, díganme, ¿ha dimitido la señora Ayuso por la imputación de su pareja? Pues no, la señora Ayuso no ha dimitido. Sin embargo, no puede haber una relación más cercana que la que se establece con la propia pareja. Además, esta señora ha conseguido que se cese al fiscal general del Estado, con la velocidad del rayo, y que el juicio de su novio se paralice. Esto sí es corrupción en grado superlativo, porque está directamente relacionada con el Poder Judicial.

Y no solo, en este año, 2026, se está celebrando el juicio por la Operación Kitchen, que tuvo lugar durante el gobierno de Mariano Rajoy. Se trataba de un operativo parapolicial ilegal que se realizó a partir de 2013 desde el Ministerio del Interior para espiar y robar información a Luis Bárcenas, que era el tesorero del PP. Trece años ha tardado en salir el juicio. Por eso el señor Rajoy no se acordaba de nada; la señora Cospedal y la señora Santamaría también habían perdido la memoria, ¡vaya por Dios! Ninguno dimitió por la Operación Kitchen; y esta demora de 13 años en la resolución del caso también pone de manifiesto que el Poder Judicial no es imparcial. 

Por el caso Púnica, en 2019, el juez García Castellón determinó la imputación de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, por el papel “decisivo y esencial” que habría tenido esta persona en la financiación ilegal del PP. ¿Dimitió la señora Aguirre por ese gran escándalo? Pues no, la señora Aguirre no dimitió.

El caso Montoro es otro caso de corrupción política en España que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a 27 personas más por presuntas irregularidades, extremadamente graves, cometidas en este ministerio durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018). La investigación se centra en el supuesto favorecimiento a determinadas empresas, impulsando normas y reformas fiscales que las beneficiaban, a cambio de pagos directos al despacho “Equipo Económico”, fundado por Montoro en 2006. ¿Dimitió Montoro por este otro caso de corrupción en grado superlativo? ¿Dimitió Rajoy? ¿Se convocaron elecciones anticipadas?

Han pasado varios años y todavía no se ha resuelto el caso. 

Otra vez el Poder Judicial se demora.

Lo que no sé es por qué regla de tres, si está imputado el señor Rodríguez Zapatero, debería dimitir el señor Sánchez. 

Y no sé, señor González, por qué regla de tres, esta vez compuesta, se tendrían que convocar elecciones anticipadas porque esté imputado el señor Rodríguez Zapatero. El señor Zapatero no está en el gobierno y, si fuera culpable, tendría que responder él por sus actos delictivos. 

Lo grave, gravísimo, de todos los casos es que el Poder Judicial no es imparcial. Lo que atañe a la derecha no acaba de resolverse en años y años, y lo que atañe a la izquierda se resuelve con la rapidez del rayo.

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Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.

El caso Plus Ultra ha revuelto toda la escena política. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuesto tráfico de influencias condiciona ahora mismo todo el panorama. Y más allá del aspecto judicial y de sus efectos para el Gobierno y el PSOE, se abre también el debate de dónde están los límites en las actividades de los que fueran jefes del Ejecutivo.

¿Cómo debe ser la salida del Palacio de la Moncloa? ¿La legislación debería ser más estricta respecto a los trabajos que pueden realizar? ¿Debe condicionar para siempre el puesto de presidente? ¿Se tiene que cerrar la puerta giratoria a la empresa privada? ¿Hasta dónde se puede hacer lobby? Son preguntas que sobrevuelan ahora mismo en el debate público.

El estatuto de los expresidentes está regulado a través de un real decreto de 1992, que modificó a su vez el texto original de 1983, ambos redactados bajo las Administraciones de Felipe González. El redactado, que consta de cuatro artículos y tres disposiciones, establece que los exjefes del Ejecutivo gozarán del tratamiento de “presidente” y que, en sus desplazamientos fuera del territorio nacional, podrán contar con el apoyo de los servicios de representación diplomática española.

Asimismo, el decreto incluye “medios y prerrogativas”. Se les adscriben dos puestos de trabajo a su servicio, uno de ellos con nivel 30 (el mayor rango dentro de la Administración pública española). Y se les permite nombrar a ese personal por el sistema de libre designación (no tienen que ser funcionarios ni que pasar algún tipo de prueba).

Se fija que tendrán una dotación “para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado”. La pensión vitalicia, según las últimas cuentas públicas, está fijada en 79.336 euros brutos al año.

El real decreto establece asimismo que se pone a disposición de los expresidentes un automóvil con conductor a cargo de la Administración y se proporciona seguridad a través del Ministerio del Interior. Otra de las medidas a su disposición es que disfrutan de “libre pase” en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

En 2004 también se abrió otro posible camino para los expresidentes del Gobierno con una modificación legal hecha precisamente por el primer Ejecutivo de Zapatero, para que los que hubieran sido jefes del Ejecutivo puedan incorporarse como miembros natos del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo. La remuneración ronda los 100.000 euros al año. El propio Zapatero formó parte hasta 2015, cuando lo abandonó para desempeñar la presidencia del Consejo Asesor de la Fundación alemana del Instituto de Diplomacia Cultural. El puesto en el Consejo de Estado es incompatible con cobrar alguna nómina o pertenecer a algún consejo de administración, por eso nunca lo aceptaron ni Felipe González ni José María Aznar. 

El estatuto que regula la situación de los expresidentes no tiene ninguna referencia sobre posibles labores privadas ni tampoco establece ningún control a la actividad de los que fueron jefes del Ejecutivo. Las limitaciones aplicables son las recogidas en la Ley del Alto Cargo, aprobada precisamente en la época de Rodríguez Zapatero y que afectan a todos los miembros del Gobierno. 

En el artículo 15 de dicha norma se dispone: “Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.

Este vacío que se detecta en la regulación de las actividades de los expresidentes llena ahora también el debate público después de la investigación abierta respecto a Rodríguez Zapatero. Por eso, desde los partidos de la izquierda transformadora se está poniendo sobre la mesa durante estas horas la necesidad de concretar más el estatuto regulatorio.

El grupo parlamentario de Sumar está trabajando ya en una propuesta para cambiar el estatuto de los expresidentes, según señalan fuentes del espacio, que trasladan: “Es fundamental una reforma. Y debe ser más dura que la ley de lobbies”. La idea con la que están trabajando es dejar claras las limitaciones que pueden tener los expresidentes.

Será una propuesta del grupo parlamentario y no prevén pactarla con el PSOE en esta fase previa. No hay fecha para su presentación, pero no se va a demorar, apuntan las fuentes consultadas del espacio, donde insisten: “No puede ser que cobres por vender tu agenda de contactos como presidente. Seas Aznar o Zapatero”.

Hay voces de este espacio cuestionando no sólo el marco normativo, sino también este tipo de trabajos de lobby por parte de expresidentes. La diputada de Sumar Tesh Sidi ha verbalizado estos días: “El ejercicio de lobby de un expresidente es injustificable. Reciben ya una pensión vitalicia por ser expresidentes”. El exdiputado andaluz José Manuel Jurado ha expresado también así sus sensaciones: “Es absolutamente falto de ética el lobbismo, y me vais a perdonar, pero, sea legal o no, no voy a defender a un tipo que se ha embolsado casi 300 mil euros al mes gracias a su influencia”.

La situación de Zapatero ha vuelto los ojos también hacia las figuras de los expresidentes. Mariano Rajoy volvió a su puesto como registrador de la propiedad y trabaja en Madrid tras el traslado de su plaza en Santa Pola (Alicante). En cambio, González y Aznar llevan años volcados en su labor de lobby en el mundo de la empresa.

Aznar va a cumplir 20 años como asesor del magnate Rupert Murdoch después de que el conglomerado News Corp lo renovara como consejero independiente el pasado mes de noviembre, aunque una parte de la junta de accionistas estaba en contra. Sólo en el último ejercicio se embolsó más de 341.000 dólares por este puesto. Ha sumado, a cargo de esta empresa, más de cuatro millones de euros desde que fue fichado en 2006, dos años después de dejar el Palacio de la Moncloa. El expresidente también ha estado ligado a Endesa, a Centaurus Capital, DLA Piper, Philip Morris y Latham Watkins.

El expresidente González fichó como consejero independiente en 2019 de Boluda Towage, una división del naviero Vicente Boluda, un millonario que preside la Asociación Valenciana de Empresarios. También estuvo varios años como consejero de Gas Natural, puesto por el que percibía 126.000 euros al año.

El expresidente de España y expresidente del partido condenado por corrupción M. Rajoy, el Asturiano, el Barbas o como usted quiera llamarlo, ha hablado después de hacer un impúdico paripé ante el juez de la Kitchen como sólo le está permitido hacer a presuntos delincuentes relacionados con la derecha del PP. Ha hablado, ¡cómo no!, para denigrar al presidente del Gobierno que lo desalojó de la Moncloa por corrupción. El lector del Marca, notable figurante en los papeles de Bárcenas, promotor de la Ley Mordaza y defectivo orador (por no mentar el ADN franquista de su partido) ha hablado de dictaduras.

Acusa a China de apoyar a Rusia frente a Ucrania, motivo por el cual considera que hay que alejarse de China y acercarse a EEUU, soslayando la excelente sintonía entre Trump y Putin y el maltrato a Zelenski en la Casa Blanca. También acusa al país asiático de “no cortarse nada al apoyar a las dictaduras latinoamericanas”, obviando el largo historial del imperialismo yanqui como inductor de golpes de estado en Sudamérica para poner los gobiernos en manos de dictadores como Batista o Pinochet y títeres afines como Milei o Machado. El propio presidente Trump tiene los tintes y los modos de un dictador criminal.

En un ejercicio de desnorte ideológico y lingüístico, del que es consumado maestro, opina que el lugar de España y de Europa “debe seguir siendo con las democracias”, donde incluye a los EEUU de Trump, el Israel genocida, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait porque “si no, ¿con quién vamos a estar, con las dictaduras?”. Metido en faena, 'el Asturiano' ha defendido a la OTAN como instrumento de defensa de Europa, en el caso de que sea atacada, si el atacante no es norteamericano, es decir, soviético o moro. 

Para rematar, el Barbas ha planteado, como reto para Europa, evitar guerras y proteger las democracias ante “enemigos muy serios” como el populismo de “extrema derecha, izquierda y de extrema necedad”. Mucha necedad se ha de tener para no sentir un escalofrío en el cogote cuando se escucha esto al mismo tiempo que Guardiola, Azcón y el propio Feijóo asumen y defienden como propio el discurso de la prioridad nazional que proponen vividores provocadores como Abascal y aplauden populismos como el de Ayuso.

Hay que ser de una pasta especial para ejercer el contorsionismo político de la manera que lo hace el registrador Rajoy sin despeinarse. Hay que tener muy controlada por la puerta de atrás a la Justicia para declarar en la Audiencia Nacional como lo han hecho Mariano, María Dolores, Soraya y toda la patulea de granujas implicados en la Kitchen. Debe de ser poseedor de un altísimo grado de cinismo para hablar de dictaduras quien ha utilizado su paso por la Moncloa para llevar a cabo ilegales prácticas parapoliciales propias de Mafias y Gestapos.

Hay que ser M. Rajoy para minimizar su relación con Bárcenas después del “Luis, sé fuerte” y “hacemos lo que podemos”. Un Rajoy sabedor de que parte de la judicatura puede hacer y hace (Aznar dixit) y otra parte no menos significativa no oculta su militancia ideológica con la venia del Tribunal Supremo y del CGPJ. La Justicia es un arma cargada de pasado en un sistema político sin más programa que la dictadura del dinero ni más horizonte que sembrar odio y enfrentar a unos pobres con otros mucho más pobres.

En la línea de Rajoy y del PP, no extraña que Aldama apunte, sin pruebas, a Pedro Sánchez y la financiación del PSOE: la Justicia valorará y el PP recompensará su declaración.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

A dos semanas de las elecciones en Andalucía, Juanma Moreno trata de mantener lejos a sus propios compañeros de partido. Él quiere evitar los “líos” que, en sus propias palabras, representan los pactos con Vox y la “prioridad nacional” en la que la dirección nacional del Partido Popular está atrapada desde hace semanas. Así, al igual que hizo el actual presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia, el presidente andaluz ha diseñado una campaña en la que pesa más su nombre que el de su partido y en la que trata de huir de la confrontación ideológica.

Moreno quiere evitar que las elecciones del 17M se contaminen del “ruido” de Madrid y no participarán en campaña ni la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso —de viaje por México—, ni los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Feijóo sí estará, pero con una presencia limitada y sin ocupar el centro de la campaña. Este domingo será la primera vez que coincidan en un acto en Málaga, pero fuentes de Génova destacan que el líder nacional tendrá una agenda propia y separada en buena parte de la de Moreno. “Cuantos menos actores haya en el escenario, mejor”, resumió el presidente andaluz en funciones en una entrevista en Antena 3.

El andaluz quiere aparecer como algo más que el candidato del PP. Su objetivo es presentarse como una figura “institucional, reconocible y transversal”, capaz de llegar a electores que no hace tanto “votaban al PSOE”, explican fuentes de su equipo. El calendario le ha ayudado a ello, con celebraciones populares —Semana Santa, Feria de Abril, Cruces de Mayo, Patios de Córdoba o Feria del Caballo de Jerez— en las que Moreno se ha dejado ver fuera de la habitual confrontación partidista y de los mítines al uso.

Los rivales de Moreno, sin embargo, sí quieren que Andalucía mire a Madrid. El PSOE cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede levantar a su electorado y que al candidato del PP le perjudica hablar de cuestiones nacionales, al igual que pasa con Vox, que necesita a su líder nacional, Santiago Abascal, para visibilizar a su propio candidato. En la izquierda, Sumar también busca la presencia de sus referentes nacionales para dar empuje a Antonio Maíllo frente a la amenaza que supone Adelante Andalucía. El PP andaluz, en cambio, considera que su candidato es más fuerte cuanto menos acompañado esté.

El contraste de la campaña andaluza con las últimas autonómicas es evidente. En Castilla y León, Aragón y Extremadura, los candidatos del PP estuvieron acompañados de Feijóo, Ayuso, Aznar y Rajoy en varios mítines para movilizar al electorado conservador. En lugares como Aragón, el líder del PP echó el resto en campaña y no se movió prácticamente del territorio en las dos semanas. En Andalucía, sin embargo, Moreno intenta que la campaña no parezca una extensión de Génova ni una sucursal de la Puerta del Sol. 

La ausencia de Ayuso es la más significativa. La presidenta madrileña atrae las miradas allá donde va, pero también alimenta el choque contra Sánchez y la disputa cultural contra la izquierda. Todo eso moviliza al votante duro del PP, pero en el equipo de Moreno creen que puede poner en riesgo el activo principal de su candidato. Y la mayoría absoluta “no está garantizada”, como llevan repitiendo desde hace semanas. Es más, pronostican que todo dependerá de “cómo se repartan los restos” y de su capacidad de “robar voto” al PSOE.

En Castilla y León, Feijóo, Aznar y Rajoy arroparon a Alfonso Fernández Mañueco. Ahora, ambos expresidentes “no suman”, según trasladan en el PP andaluz, especialmente Rajoy, con el caso Kitchen todavía coleando. En Aragón, Jorge Azcón hizo lo contrario de Moreno al nacionalizar el mensaje y convertir a Ayuso en “invitada estrella” de su campaña, con actos durante todo un fin de semana. En Extremadura, aunque con menos presencia nacional, Feijóo se volcó con una campaña paralela a la de María Guardiola para “peinar” el territorio y frenar a Vox.

Esos precedentes pesan en Andalucía. El PP ganó en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero no logró romper la dependencia de Vox. Guardiola se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta en Extremadura, Azcón ganó en Aragón pero con dos escaños menos mientras Vox se disparó hasta las 14 actas y Mañueco venció en Castilla y León sin alcanzar los 42 procuradores necesarios para gobernar en solitario.

Moreno busca ser la excepción de ese ciclo. Si alcanza la mayoría absoluta, podrá exhibirse como el único barón popular capaz de contener a Vox sin mimetizarse con su discurso. Si  no lo logra, se enfrentará al mismo problema que sus compañeros de partido: una legislatura condicionada por la extrema derecha. El presidente andaluz quiere vender estabilidad frente al “lío” de otros barones populares condicionados por Vox, y para eso necesita alejarse tanto de la retórica ultra como del lenguaje de la política nacional. 

La inmigración es el ejemplo más evidente. Moreno se ha distanciado de la fórmula pactada por el PP con Vox en otras comunidades con la “prioridad nacional” y ha incluido en su programa una defensa de la contribución de la población migrante regularizada al crecimiento económico, al empleo y a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero tiene otras flaquezas de gestión que la oposición trata de utilizar a su favor, con el estado de la sanidad como el principal elemento de desgaste.

El presidente andaluz, a diferencia de Feijóo e incluso de Ayuso, no necesita demostrar que el PP puede ganar a Pedro Sánchez, sino que él puede seguir gobernando Andalucía sin depender de Vox. Lo que más teme es perder la mayoría absoluta y quedar atrapado en la misma dinámica que Guardiola, Azcón o Mañueco. Es decir, ganar pero depender de la extrema derecha para gobernar, pese a que él mismo accedió al poder gracias a Vox en 2018.

Alberto Núñez Feijóo quiere hablar de sanidad. Este miércoles, durante la sesión de control del Congreso, aprovechó la huelga de médicos para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de desatender a los sanitarios y también contra la ministra del ramo, Mónica García, que recientemente anunció que quiere volver a enfrentarse a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) en las próximas elecciones autonómicas. Pero el debate en el PP se extiende más allá de las huelgas sanitarias. Los conservadores abogan por excluir a los migrantes en situación irregular, un modelo que ya implementó Mariano Rajoy en 2012.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, defendió el martes que los irregulares tengan asistencia "en cuestiones de urgencia" pero "no en operaciones programadas": "Es evidente que no puede ser lo mismo estar de forma regular que irregular", señaló. Fuentes de la dirección del partido se escudan para justificarlo en la situación de supuesto "colapso” en el acceso a los servicios del estado del bienestar, la misma tesis que defiende la extrema derecha. En el equipo directo de Alberto Núñez Feijóo no niegan que quieran volver al 'modelo Rajoy' y únicamente destacan que "no han comentado lo que harán de aquí a un año" y que ahora se enfocan en la falta de médicos MIR. 

Génova rechaza el modelo de sanidad universal para extranjeros en situación irregular impulsado por el Gobierno de Sánchez. Hace solo unas semanas el Consejo de Ministros aprobó un decreto a propuesta de los ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destinado a que cualquier persona que viva en el país, aunque sea de forma irregular, tenga acceso a la sanidad pública gratuita, además de garantizarla para todos los españoles que viven en el extranjero y estén de visita. 

Un real decreto que solventa el problema con el que se encontraban hasta ahora miles de migrantes, ya que si no podían demostrar que llevaban tres meses residiendo en el país, no tenían acceso gratuito. Esto dejaba fuera a los que llevaban menos tiempo y a los que no podían acreditar su residencia de ningún modo por su situación irregular en el país. Para el PP, estos migrantes deben “tener acceso a las urgencias” pero no al médico de cabecera pese a que desde el ministerio de Sanidad señalan que de esta forma se genera mayor carga asistencial y que es la primaria la que “deriva” en función de la gravedad.

En mayo de 2012, el Congreso aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Entonces era la conservadora Ana Mato la encargada de la cartera de Sanidad. Su medida, defendió entonces, conseguiría acabar con el "turismo sanitario" y evitar "el descontrol que suponía que cualquier persona, sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país, tuviese derecho a la tarjeta sanitaria". Un argumento que también utilizó Muñoz el martes: "Todos conocemos el concepto de turismo sanitario, de gente que viene a nuestro país y que acceda al sistema para que le hagan operaciones programadas, no operaciones de urgencia", señaló en rueda de prensa.

En una reciente entrevista en Servimedia, Feijóo defendió que “una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país”, planteó, en la línea con el discurso duro que está exhibiendo el partido en materia migratoria. Y añadió: “La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?”, señaló el líder del PP. 

La misma tesis utilizó Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del área migratoria del PP, en otra entrevista reciente en Artículo 14. Ezcurra aseguró que nadie que necesite atención sanitaria urgente se quedará sin ella, pero defendió "ordenar el acceso" a prestaciones programadas en función del arraigo, la permanencia y la contribución al sistema. Así, el PP ya está públicamente lanzando el mensaje de que la sanidad debe estar limitada a los migrantes en casos de urgencias.

Los conservadores plantean volver a la reforma sanitaria de Rajoy que sustituyó la lógica de la universalidad por la de la condición de "asegurado" o "beneficiario". Con todo, voces de la dirección del PP matizan que la ley que salga de un futurible Gobierno de PP y Vox tendrá “el sello Feijóo” aunque se inspire en la de Rajoy. En la práctica, los extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España quedaron limitados a la atención de urgencia por enfermedad grave o accidente, a la asistencia durante el embarazo, parto y posparto, y a la atención a menores de edad.

Ese modelo fue corregido en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que recuperó la titularidad del derecho a la protección de la salud para las personas extranjeras residentes en España y reconoció expresamente que quienes no tuvieran residencia legal podían acceder a la atención sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, siempre dentro de los requisitos establecidos por la norma.

Fue la socialista Carmen Montón, entonces al frente de la cartera, la encargada de anunciarlo. Pero no fue suficiente. Ese real decreto no instauró la universalidad en el acceso al sistema sanitario con el mismo grado de cobertura que existía antes de la reforma de 2012 al dejar fuera a las personas migrantes que no contaban con residencia autorizada en España de más de tres meses y también excluía a las personas que llegaban a través de la reagrupación familiar.

El real decreto aprobado el pasado 10 de marzo facilitó los trámites para que el reconocimiento del derecho se realice mediante una declaración responsable, en la que la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. A partir de ese momento, recibe un documento provisional que le da acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, válido en cualquier comunidad autónoma.

Desde el PP consideran que, de esta manera, el Gobierno está cargando más presión sobre un sistema sanitario ya tensionado y reclama que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de más financiación para las comunidades autónomas, que son las que gestionan la sanidad. Es más, la formación de Feijóo gobierna en once comunidades autónomas, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Hace precisamente un mes, el pasado 26 de marzo, el PP se abstuvo en una moción presentada por Vox que pedía “establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario” y reclamaba derogar el decreto que aprobó el Ejecutivo para universalizar la sanidad.  

Mariano Rajoy se sentó la semana pasada ante el Supremo y, con la obsequiosa y un tanto babeante colaboración de la jueza Teresa Palacios, mintió con la encantadora cachaza que todos conocemos. Mintió en lo irrelevante —cuándo y por qué rompió con Luis Bárcenas; no hay más que ir a la hemeroteca, como explicó el capitán de este barco, Jesús Maraña—, así que suponemos, aunque solo podamos sospecharlo, que habrá mentido, también y más, en lo todo lo gordo —si, como presidente del Gobierno y del partido, hizo que el Ministerio del Interior desplegara una operación con secuestro y disfraces para desbaratar las pruebas que Bárcenas poseía de la palmaria financiación ilegal del partido—. Los cronistas de tribunales, todos, al margen del medio para el que firmen, lo saben igual que lo sabemos ustedes y yo. Entonces, ¿por qué no lo dicen así? La tendencia de las izquierdas católicas —el catolicismo es un vector cultural, no una creencia— es interpretar que se trata de un sencillo problema de virtud individual. La realidad de las cosas es un poquito menos moralista y más exigente.

Un cínico diría que la superespecialización periodística (por ejemplo, pasarse toda la carrera profesional en los tribunales de la plaza de la Villa de París) lleva a los periodistas a creer que los suyos son los togados y olvidar que cualquier cronista, allá donde vaya, solo es un impostor, un intruso, como explicamos en la pieza con la que inauguramos este oráculo. En parte es cierto, por eso aquí se denuesta el periodismo especializado y se aboga por especialidades sucesivas, que permitan al reportero funcionar desde la media distancia, acumular fuentes y crédito y luego volver a empezar. Es decir, desarrollar cierta familiaridad con el hábitat, incluso amistades duraderas en él, sin por ello olvidar que su función nunca le permitirá integrarse plenamente y que, a medio plazo, deberá bregarse en un ecosistema distinto. La lección que aprende Glenn Close en The paper (detrás de la noticia) (Ron Howard, 1994), para que nos entendamos. No somos ellos.

Pero en realidad tiene que ver con algo de lo que ya hemos hablado antes aquí: la especialización y el amor por el detalle ratifica la existencia de microbios ciertos con la misma intensidad con la que pierde la perspectiva para explicar el ecosistema del que se supone que ha de informarnos. El filósofo Javier Gomá reivindica la generalización como la única forma de conocimiento. Es decir, desprenderse de las particularidades y los detalles del conocimiento especializado. Siendo claros, el academicismo consiste en sustituir la inteligencia por pormenores, y exactamente eso mismo le pasa al periodismo judicial —además del nada desdeñable síndrome de Estocolmo que asalta a los periodistas que pasan la vida dentro del mismo edificio institucional—. En Gomá, la generalización no es un atajo ni una renuncia al rigor, ni siquiera es la fórmula hacia el conocimiento sino que es la condición misma del pensamiento. Pensar es generalizar, discernir en qué medida un caso particular ilustra una categoría. Generalizar es jerarquizar y ejemplarizar. Sin esa operación de elevación, no hay ética, no hay política y no hay comunidad posible. Solo hay casuística infinita, es decir, ruido, confusión y, en resumidas cuentas, verdades mentirosas.

Pero en el hábitat judicial se trabaja, por definición, en la dirección contraria. Cada caso es único, cada prueba es singular, cada procedimiento es irrepetible, cada detalle es relevante. La justicia necesita huir de la generalización para ser justa en cada caso concreto. Su lógica descansa en la excepción, la precisión y la singularidad. Más allá de las evidentes y habituales prevaricaciones a las que están entregadas las altas magistraturas españolas con intenciones políticas desde hace un par de décadas, lo cierto es que la naturaleza de su trabajo es antitética de lo somero, que, como hemos contado aquí en varias ocasiones, es la forma de aproximación al mundo en la que ha de militar el buen periodismo.

Justicia y periodismo no comparten misión y, en muchos sentidos, han de trabajar en direcciones opuestas. El juez decide sobre un caso, pero el buen periodista debe decidir qué significa ese caso. Cuando el periodista se limita a seguir el procedimiento, deja de pensar en su sentido fuerte, está describiendo, haciendo inventario de lo particular sin elevarlo a categoría. Y eso, desde Gomá, no es pensamiento, es acumulación. Generalizar es hacer inteligible lo real.

El periodista de tribunales no está secuestrado por la institución judicial, pero sí incrustado en ella y sumergido en su idioma. Y esa incrustación genera dinámicas que a los moralistas pueden parecer afectivas o incluso de lealtad, pero que en realidad son estructurales. Porque, si uno acampa demasiados años en el Supremo o en la Audiencia Nacional, instituciones casadas con el tecnicismo, acaba desplazando el objeto periodístico del hecho al procedimiento. Narrando diligencias, autos, recursos, plazos… es decir, hablando del juego más que la partida. El proceso se convierte en la realidad, y el hecho —lo ocurrido— queda subordinado a su traducción jurídica. Es una inversión peligrosa, porque el lector recibe como “verdad” lo que en realidad es solo un avío burocrático de interpretación institucionalizada. Así fue condenado el fiscal general del Estado, con una sucesión de sofismas legales y falacias argumentales para sellar una mentira cósmica en forma de sentencia de doscientos folios.

Si el cronista pasa demasiado tiempo alrededor de las togas interioriza que solo a través de ese captor togado puede acceder a la verdad del mundo, y eso genera una forma de lealtad funcional tóxica para el lector. Más que de síndrome de Estocolmo hablamos de captura epistemológica o incluso de un periodismo vicario, en el que el oficiante ya es incapaz de observar la realidad salvo desde el filtro técnico de la institución. Y termina adoptando ese punto de vista como propio, único e indiscutible. Dicho de otro modo, el periodismo de tribunales ha reducido lo cierto a lo probado, cuando su misión debería ser justamente la contraria.

La demanda no ayuda. El público, cada vez más juridificado, busca en los tribunales una forma de certeza moral que la política o el periodismo ya no le proporcionan. Quiere que los veredictos sustituyan a los relatos. Fuentes, cronistas y público han acabado por aceptar que la verdad es lo que cabe en un auto. Para combatir esto, en la defensa del conocimiento somero no hay una vocación por la superficialidad. Se trata de no quedar atrapado en la hipérbole del detalle técnico, que en los tribunales se presenta como garantía de verdad. El tecnicismo tiene prestigio porque da la impresión de rigor, de método y de objetividad, pero el exceso de detalle no siempre acerca a la verdad; a veces la oculta porque la fragmenta, la diluye, la vuelve ilegible para el sentido común. Así, el periodista que debería traducir el mundo para hacerlo inteligible al lector termina traduciendo el lenguaje del poder para hacerlo aceptable.

Generalizar es pues una forma de resistencia. Porque generalizar es una operación intelectual de jerarquía, que es lo más importante que hace el periodismo con el mundo. Decidir qué importa, qué no, qué explica el conjunto y qué es solo ruido procedimental. Exactamente lo contrario del fetichismo del dato. Renunciar a la generalización hace perder la perspectiva del conflicto real —qué ha pasado, a quién afecta y qué significa política o socialmente— para incurrir en el seguimiento del trámite —qué recurso toca, qué plazo se abre y qué instancia resuelve—, y el lector acaba sabiendo mucho del procedimiento pero nada del mundo. El periodista de tribunales que solo maneja tecnicismos sabe más cosas, pero entiende menos. Cuando un caso se queda en su maraña técnica, el lector recibe información sin recibir sentido. Sabe qué ha pasado en ese expediente, pero no sabe qué dice eso del mundo en el que vive. Y cuanto más detallada es la cobertura, menos pensamiento produce.

Una jueza amedrentó a las partes para que Rajoy saliera de allí tan pimpante y cachazudo como entró. Pero sabemos que Rajoy mintió en lo banal, y quizá también en lo sustantivo. Esa es la certeza periodística que podemos acreditar sobre Eme Punto, ese señor de Pontevedra que siempre nos ha caído simpático y que a lo mejor creó una pequeña Stasi sabiendo que un contable hacendoso fue la perdición de Alfonso Capone.

Rajoy, como en la canción de Sabina, lo niega todo, incluso la verdad. Lo cual no es ninguna sorpresa. Pero merece la pena explorar un poco lo que esconde esa natural desgana, esa retranca del personaje que al parecer produce cierta empatía aunque le sirva a la persona para esquivar responsabilidades gravísimas. Porque entre gracieta y gracieta conviene no olvidar que, bajo la presidencia de Rajoy, todo un ministerio del Interior dedicó (presuntamente, de momento) recursos y esfuerzos a eliminar cualquier prueba que Luis Bárcenas pudiera emplear para salpicar a dirigentes del Partido Popular y del Ejecutivo en las múltiples irregularidades ya sentenciadas por el Supremo en el caso Gürtel. Como tampoco olvidamos que en esos mismos años, y bajo la misma presidencia del Gobierno, en el ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro se dedicaban (presuntamente, de momento) a legislar al dictado de empresas privadas a cambio de mordidas millonarias. Todo graciosísimo. Muy típico de gobiernos de repúblicas bananeras donde política y mafia se dan la mano.

Lo que Mariano Rajoy hizo el jueves durante la media hora que pasó por la Audiencia Nacional fue defender a su amigo y subordinado durante muchos años Jorge Fernández Díaz y al número dos de este, su secretario de Estado en Interior, Francisco Martínez. Y, de paso, defenderse a sí mismo aunque formalmente nunca haya sido acusado. Por eso sostiene Rajoy que la Kitchen “no fue una operación política”, sino “una operación policial” cuyo objetivo fundamental era “coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros”. Y, por supuesto, todo “se ajustó a la legalidad” (ver aquí). Y los elefantes vuelan y los caballitos ladran. A estas alturas es más que evidente quién era el beneficiario de toda la Operación Kitchen: se llama Partido Popular y se apellida Rajoy, Cospedal, etcétera, etcétera. La pregunta es quién ordenó ponerla en marcha y la mantuvo, utilizando hasta setenta agentes de policía para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del partido. 

El pasado lunes, en la misma sala del juicio, Bárcenas señaló directamente a Rajoy al contar cómo la trama hizo desaparecer un audio en el que se escuchaba al también presidente del PP meter en la trituradora la última página de la “contabilidad extracontable” (o sea, ilegal, en negro) en presencia del tesorero que él mismo había nombrado (ver aquí). Rajoy asegura que eso es “absolutamente falso”. Y es la palabra de uno contra la del otro, puesto que ya se encargó precisamente la Kitchen de destruir cualquier prueba documental (o no, quién sabe si en las profundas alcantarillas de Villarejo existe alguna copia) que pudiera aclarar el enigma.

Pero lean: “Es claro que el origen de la Operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho ministerio”. Esto escribía, negro sobre blanco, la defensa del exministro Fernández Díaz en julio de 2021. Por entonces los principales acusados iban lanzando dardos para que en las alturas del PP tuvieran claro que no se iban a “comer el marrón” de unos cuantos años de cárcel por unas prácticas mafiosas cuyo único interés era de partido, no policial. De hecho, no se conoce que durante todo ese periodo la trama llevara ninguna de sus pesquisas o acciones a la autoridad judicial correspondiente. 

Y además, a Rajoy le traiciona la cronología. El mensaje de “Luis, sé fuerte” lo envía el 18 de enero de 2013, dos días después de conocerse que Luis Bárcenas oculta una fortuna millonaria en Suiza. Dice ahora que la Kitchen, que se puso en marcha en verano del mismo año, perseguía la recuperación del dinero de Bárcenas, cosa que, a la luz de ese mensaje enviado, tenía sin dormir a Rajoy, más ocupado por esas fechas en recortar servicios públicos y subir impuestos.

Por último, sostiene Rajoy –también en su día responsable de Interior–, que ni los ministros ni los secretarios de Estado ni, por supuesto, los presidentes “están en las operaciones policiales” ni en “los fondos reservados”. Ahora va a resultar que Rajoy defiende la inocencia de José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por el Supremo en los años noventa por una operación parapolicial ilegal realizada con dinero público.

La amnesia selectiva de Rajoy, casi tan aguda como la de María Dolores de Cospedal, y las clamorosas mentiras de ambos fueron celebradas por las defensas de Fernández Díaz y Francisco Martínez con unas pocas preguntas cómplices. Y, si cabe aún más llamativo, el silencio de la fiscalía y de la abogacía del Estado. Siempre hay una explicación técnico-jurídica o procesal que lo justifica todo. Y en este caso todo está condicionado, como ya hemos advertido alguna otra vez, por la instrucción del juez Manuel García-Castellón, que se esforzó muchísimo en delimitar toda la investigación de la Kitchen al ministerio del Interior, evitando explorar a fondo la vertiente política que conducía a las alturas del PP y del Gobierno. Incluso se han dejado fuera de este juicio de la Kitchen audios que todos hemos escuchado y que ponen en evidencia la declaración que este mismo jueves hizo Cospedal. “Yo a Villarejo le hacía preguntas, no encargos”, aseveró tan pancha, y añadió además que nunca había hablado por teléfono, “ni fijo ni móvil”, con el comisario, como si no hubiera escuchado media España su voz indicándole que lo de “la libretita” donde Bárcenas apuntaba sus pagos “sería mejor lograrlo parar”. Pero resulta que Cospedal puede mentir sin consecuencias, precisamente por su estatus peculiar de testigo que fue imputada con un archivo provisional de la causa (ver aquí).

Por mucho que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, justifique su actitud en los interrogatorios de estos días como consecuencia de que sólo cabe en este juicio lo que figura en los escritos de acusación, se agradecería un mínimo esfuerzo por lo que debería ser el objetivo prioritario de una causa judicial: conocer los hechos presuntamente delictivos, identificar a sus responsables y, por último, castigarlos si se demuestra su culpabilidad. Ni la retranca de Rajoy ni el sonriente cuajo de Cospedal, tan cómodos ambos con la permanente asistencia de Palacios cortando todo intento de evidenciar que es imposible juzgar la Kitchen sin conectarla con la Gürtel, ayudan en absoluto a otorgar alguna credibilidad al teatro judicial emitido en directo. Y respecto al fiscal y la abogacía del Estado, resulta asombrosa su renuncia a poner en aprieto alguno a Rajoy o a Cospedal mientras hay que leer tropecientas columnas en la prensa diestra denunciando la permanente “injerencia” del Gobierno en la acción de la justicia. A la vista está la eficacia de las “presiones” del malévolo Bolaños: Begoña Gómez, camino del banquillo con una petición de cárcel que casi dobla a la de Fernández Díaz; el hermano de Sánchez, también pendiente de juicio oral; el ex fiscal general, condenado sin prueba alguna; la Kitchen, juzgándose como si hubiera sido una ocurrencia de Villarejo y de otro policía cuya salud mental le impide declarar; y Ábalos y Koldo al borde de la trena (sobran los motivos) mientras el ínclito Aldama se pasea tan campante y el novio de Ayuso sigue comprando áticos en Chamberí. ¿Lo de Montoro? Pasito a pasito, con mucha calma y gracias al esfuerzo muy personal de una fiscal rigurosa y un juez de provincias sin apenas recursos.

Claro que debería decretarse una “prioridad nacional”: garantizar, de verdad, una justicia igual para todos.

El juicio de la operación Kitchen ha dominado la conversación en redes esta semana. Las declaraciones de Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal han hecho las delicias de los usuarios de X y Bluesky, recibiendo el absoluto protagonismo las palabras del extesorero y del expresidente del Gobierno.

Así, como resumen: Bárcenas ha dicho abiertamente que encargó a un preso que destruyera un audio del expresidente popular sobre la 'caja B' del PP. Rajoy, por su parte, ha negado la mayor desvinculándose de la Kitchen y apuntando a Bárcenas: "No creo que tuviera grabaciones, porque si las tuviera, las habría dado a conocer como hizo con otros muchos documentos". Las redes han estado muy activas comentando cada una de las declaraciones con ese punto de acidez e ironía que las caracteriza. "Por fin podrá descansar tranquilo Miguel Ríos", se mofa @Ruldia, "Es preocupante lo de la amnesia que le entra a esta gente, cuando pisa un juzgado. A ver si va a ser algún virus o algo que sólo actúa allí dentro", ironiza @Hanky_solo, "Me gusta más escuchar cantar a Bárcenas que a su hijo", se cachondea @DaniBordas.

Ione Belarra sacaba punta al juicio poniendo en la mesa la hipótesis de Riemann, un problema matemático tan complicado que sigue siendo estudiado para resolverlo. Lo compara con el hecho de que "tenemos la magnífica noticia de que, por fin, la justicia española, en su ámbito, resolvió la hipótesis de Riemann: quién es M. Rajoy. Por primera vez sabemos, gracias al señor Bárcenas, que M. Rajoy es Mariano Rajoy. Esto, que era un problema irresoluble (...), por fin lo sabemos", ironizaba.

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Es un ejemplo de esas cosas y actitudes que mi madre llamaba “del género tonto”, pero sirve para explicar por dónde va la cosa: hace cuatro días, mientras se celebra en Barcelona una cumbre de presidentes, en Madrid el líder de la oposición monta un sarao con María Corina Machado y la define como la auténtica vencedora de las últimas elecciones en Venezuela: “Porque tú las ganaste”, le dice. Eso será en Feijóolandia, porque en el mundo real esa mujer, gemela política suya que tampoco ha logrado el poder y lo persigue a cualquier precio —aunque sea el de hacer el ridículo entregándole su discutible Nobel de la Paz a Trump—, ni ganó ni perdió, porque lo cierto es que no se presentó, no la dejó Maduro El Extraído, y el candidato fue Edmundo González. ¿El jefe del PP lo sabe y miente o lo ignora y falta a la verdad? Me parece a mí que aquí huele más a embustes que a despistes, que una mitad de ellos tiene como fin  justificar su abrazo con el oso de la ultraderecha y la otra esconder sus casos de corrupción de ayer y de hoy.

Uno de esos asuntos turbios, la trama Kitchen, está siendo juzgado ahora y por eso, a modo de cortina de humo, la portavoz de los antiguos conservadores, que no podrán volver a llamarse así hasta que no se suelten de la mano de la extrema derecha, le pregunta a Pedro Sánchez, que es presidente porque puede, si está pensando usar al ejército contra sus adversarios. Es un brindis al sol de un cinismo escandaloso, ya que fue su partido el que usó la policía, a algunos dóciles jueces y el ministerio del Interior para espiar a sus rivales, fabricar pruebas falsas o robarlas, para así poderlas destruir como al famoso ordenador comprometedor de su tesorero, que apagaron pulsando la secuencia control-martillazo. Unos artistas. 

En las sesiones del proceso, el entonces señor de La Moncloa, Mariano Rajoy —que debía de dormir con su esposa en el colchón de Zapatero y señora y puede que ni cambiase las sábanas, para ahorrar, ya que Feijóo acusa a Sánchez de haber comprado otro colchón en cuanto llegó al palacio—, se ha ido transformando en un ser etéreo, que existe al borde de lo inmaterial y a estas alturas ya no es nadie, ni el barbas, ni el asturiano, ni siquiera M. Rajoy, así que ese personaje debemos adjudicárselo el reino de lo invisible y la ciencia-ficción, que rima con García Castellón, que archivó, por lo que sea, doscientas setenta y cinco causas contra el PP.

Feijóo, al que dentro de poco va a haber que añadirle en el apellido una tercera o, porque necesitará más aros por los que hacer pasar a tanta gente que vota contra sus intereses al hacerlo por formaciones que van a limitar sus derechos y sus libertades, se está poniendo hasta a la derecha de Ayuso, que considera —no se sabe si por convicción o para hacerse ver y marcar las distancias— que en Extremadura se han pasado un poco y María Guardiola, máxima estrella del donde-dije-digo-digo-Diego nacional, se lo ha vendido todo al diablo, ha firmado desde la limitación al mínimo de la atención sanitaria a los inmigrantes hasta la loa a una cruz de los caídos franquista. El verdadero problema de Extremadura, la región que presenta la menor densidad de población de España y la más profunda despoblación rural, no son los inmigrantes que vienen, sino las personas que se van. Pero eso ya lo saben y no les importa. Y tengan por seguro que ellos no van a ir allí a sembrar nada. Ni tampoco en ninguna otra parte.

El juicio de Kitchen, la supuesta operación parapolicial para evitar que se aportara a Gürtel documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP, se retomó este lunes en la Audiencia Nacional con el testimonio del principal afectado: Luis Bárcenas. Durante su interrogatorio, que comenzó dirigiendo el fiscal Anticorrupción, César de Rivas, el extesorero de la formación conservadora ha confirmado que desde prisión dio orden a un recluso que parecía tener conocimientos informáticos de destruir una grabación, "muy cortita", del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy relacionada con la caja B del PP. El extesorero guardaba ese audio, junto con otro del exlíder del PP Javier Arenas, tanto en la nube como en un pendrive que desapareció del taller de restauración que tenía su esposa en el centro de Madrid.

"Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso", rezaba un manuscrito que Instituciones Penitenciarias habría intervenido a un interno de Soto del Real, de nombre Isidro. Esa nota le ha sido mostrada a Bárcenas durante el juicio. Él ha reconocido que es su letra, si bien ligeramente modificada. Y ha explicado: "Le estaba diciendo qué hacer una vez que accediese a los audios relacionados con Mariano Rajoy. Le doy datos del email vinculado con la nube y las claves se las facilito en un papel independiente". Una misión que el interno, que decía ser "un genio de la informática", trataría de llevar a cabo cuando saliera de permiso. Y para cuya puesta en marcha pidió una determinada "cantidad de dinero".

Bárcenas ha señalado que esos fondos fueron entregados a través de su exchófer Sergio Ríos, que como informador jugó un papel central en la operación parapolicial. El extesorero dijo desconocer si el trabajo finalmente se había realizado. No obstante, completó: "Algo debió de hacer, porque cuando recuperé la libertad en la nube –donde almacenaba material relacionado con el procedimiento de Gürtel– no tenia nada". El interno declaró la pasada semana en el juicio. Durante su comparecencia como testigo, aseguró que el encargo nunca se llegó a culminar porque a las horas de salir del centro fue detenido porque constaba una requisitoria contra él que saltó a la Policía en cuanto el hombre se alojó en un hotel.

Esas grabaciones han sobrevolado durante horas todo el interrogatorio. Pero no se incidió en el contenido de las mismas hasta el turno del abogado de Podemos. Tras un ligero tira y afloja, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, pidió al testigo que describiera los audios. En relación al de Rajoy, explicó que es uno captado con un teléfono en su despacho en Génova y que en él se le escucha, supuestamente, entregar al expresidente la última hoja de esa "contabilidad extracontable" y un sobre con el saldo sobrante. "Él se da la vuelta en el sillón e introduce el papel en un destructor y ahí acaba la conversación", ha detallado. Y en cuanto a la de Arenas, versa sobre el acta notarial que había protocolizado el extesorero sobre "los fondos extracontables del PP".

Esas dos grabaciones se subieron a la nube y, además, se introdujeron en un pendrive junto con una tercera suya en la que explicaba determinadas cuestiones relacionadas con dicha contabilidad, una memoria que se guardó en el taller de su mujer, Rosalía Iglesias, y que no logró encontrar tras salir de prisión provisional. Ubicado en el centro de Madrid, dicho local, al que se trasladaron decenas de cajas con documentación procedente de su despacho en la sede del PP, estuvo en el listado de objetivos a vigilar por parte de los agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, un departamento que ocupó un papel central en la supuesta operación parapolicial.

Nadie más que él, ha resaltado, habría escuchado dichos audios. Lo ha reconocido a preguntas de las defensas, que se han esforzado en poner en cuestión la existencia de los mismos. Uno a uno, los abogados han tratado de tumbar la solidez del relato poniendo de manifiesto las diferentes versiones dadas por el extesorero en relación con las grabaciones. Y también le han preguntado por qué en el manuscrito sobre el supuesto encargo al recluso se hablaba de "Alex", cuando el interno se llamaba "Isidro". "¿No tenía claro cómo se llamaba?", ha cuestionado con ironía el abogado del exministro Jorge Fernández Díaz. "A él le llamaban Alex", ha respondido el extesorero de la fundación conservadora.

Y mientras las defensas se afanaban por desmontar el caso, Anticorrupción trataba de apuntalar el robo de material al extesorero del PP. El fiscal dedicó buena parte del interrogatorio a mostrar al testigo documentación localizada durante un registro al comisario jubilado José Manuel Villarejo y comunicaciones que habría aportado al caso Enrique García Castaño, quien fuera jefe de la UCAO y pieza clave en toda la trama –aunque por motivos de salud no se sienta en el banquillo de los acusados–. "¿Ese mensaje es suyo?", le ha preguntado una y otra vez. "Sí, ese mensaje es mío, de mi teléfono móvil", ha ido contestando Bárcenas. "Esa es mi letra, ese documento es mío", ha señalado en otros momentos sobre papeles que se le iban mostrando.

Parte de los documentos que se iban reproduciendo en la pantalla ha dicho que estaban en su casa y que se le entregaron al chófer para que se los llevara al que era su abogado, Javier Gómez de Liaño, y los aportase a la investigación de la Gürtel. Un conductor que, ha dicho, también tenía acceso a sus dispositivos electrónicos y al taller de restauración de su mujer, donde el mismo Ríos, a quien el extesorero contrató por recomendación de un conocido del PP, trasladó también por orden de Bárcenas abundante documentación que sacó de su despacho en la sede conservadora de Génova. "Tenía acceso permanente. Tenía las llaves, conocía las claves", ha explicado.

Un relato que se ha encargado de ir confirmando su mujer con posterioridad. Durante su comparecencia, Iglesias ha señalado que tenían una confianza absoluta en el conductor. Tanto, que comentaban cualquier cosa delante de él: "Hablábamos con confianza, como si fuera una persona más de la familia, no había filtros". Una relación que, ha explicado, se fue deteriorando con el paso del tiempo. Tanto, que acabó con el despido de Ríos. "Dejó de trabajar con nosotros por mí", ha reconocido la mujer de Bárcenas, quien ha asegurado que el "comportamiento" del conductor cambió: "Está muy nervioso, conduce de una manera más brusca...". De hecho, ha relatado cómo desapareció una de las veces que la llevó a la cárcel a ver a su marido: "No me dio ninguna explicación coherente".

Del mismo modo, ha apuntado que Ríos tenía "interés" en acompañarla "absolutamente" con "todo el mundo" con quien se "viese". También que se sintió seguida desde el primer instante, sobre todo cuando iba al despacho de Gómez de Liaño. A lo largo de su interrogatorio, del mismo modo, se le ha preguntado por las grabaciones, aunque no ha podido dar mucha información porque su marido le decía "lo mínimo posible" y ella no es "de preguntar mucho". Y las defensas han intentado acorralarla, sobre todo, en relación con las cajas de documentación guardadas en su taller de restauración. En ese sentido, ha explicado que cuando se movió de ese estudio a otro un poco más pequeño, todo ese material fue colocado en una serie de altillos. Espacios que, han conseguido arrancarle las defensas, no estaban bajo llave.

"Yo sé que esta operación se inicia por los responsables del partido y luego tiene un traslado a la parte digamos relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior, pero empieza en el partido", ha aseverado el también exsenador,. Durante su larga comparecencia, Bárcenas también ha relatado dos visitas que recibió en prisión del abogado y exfiscal Ignacio Peláez, quien le habría dicho que determinada información de la Gürtel estaba "manipulada" y que había tres policías que así lo podían acreditar a cambio de "una cantidad", que cifró entre seis y doce millones. quien durante su comparecencia también ha relatado dos visitas que recibió en prisión. En este sentido, ha mencionado –y no es la primera vez que lo hace– a Villarejo, al excomisario jefe de la UDEF José Luis Olivera y al excomisario general de Policía Judicial Juan Antonio González.

Bárcenas ha explicado que en aquel momento dijo estar dispuesto a pagar "la parte alícuota" porque "tenía el máximo interés" en demostrar que el procedimiento estaba "viciado". El extesorero, del mismo modo, también ha relatado algunas conversaciones mantenidas con Javier Iglesias, abogado "enviado desde el PP". Ha dicho que en febrero de 2013, antes de entrar en prisión, el letrado, que está citado como testigo esta semana, le ofreció medio millón de euros por "falsear" los papeles de la caja B que había desvelado el diario El País y enviarlos a los medios, generando de esta manera incertidumbre sobre la veracidad de todos los publicados en prensa. Ya en Soto del Real, ha dicho que mantuvo otra charla con Iglesias en la que este le habría dicho que si su mujer declaraba entraría en la cárcel.

Las defensas de los acusados en el caso Kitchen, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, han pedido anular el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional al considerar que hubo errores en la instrucción o que este no es el tribunal competente para juzgar el procedimiento.

En la primera jornada, de cuestiones previas, los letrados de los diez acusados han coincidido en enarbolar varias cuestiones de nulidad para frenar el juicio contra la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por la presunta operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores para este partido entre 2013 y 2015, en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP.

El abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha sido el primero en pedir la nulidad, al considerar que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar el caso por tratarse, ha dicho, de hechos ajenos al caso Tándem o Villarejo, del que procede; a este motivo se han adherido el resto de defensas.

Otro argumento para pedir la nulidad ha sido la extensión del secreto de las actuaciones, que se alargó durante casi toda la instrucción, de 2 años y 7 meses, y que según los acusados vulneró el derecho de defensa por las pruebas practicadas a sus espaldas.

Otra alegación repetida por las diferentes defensas ha sido la de una "acusación sorpresiva" por imputaciones que aparecieron por primera vez en el auto de procesamiento y no durante la instrucción.

También se ha pedido la nulidad de distintas pruebas. El letrado del exministro del Interior ha pedido por ejemplo anular las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que se intercambió con su número dos, Francisco Martínez, y que motivaron su imputación en el caso.

La defensa de Francisco Martínez quiere que sean nulas las diez grabaciones de audio incautadas al excomisario José Manuel Villarejo que dieron origen al caso, lo que anularía el resto del procedimiento, al considerar que el comisario las obtuvo de manera ilícita y que no se ha podido comprobar la autenticidad ni acceder al total del material.

Esta parte pide anular también tres audios en los que Francisco Martínez habla con el excomisario, que fueron aportados a la justicia por el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en otras causas como la de Leire Díez.

El letrado del excomisario Villarejo ha denunciado que esta es una investigación "prospectiva" y "fuera de la ley" que ha vulnerado el derecho a la intimidad del policía, propietario de los archivos incautados, o su derecho a la defensa, porque no todos los archivos han sido desencriptados y no se ha podido acceder a todo el material ni pedir pruebas periciales para analizar su autenticidad.

Durante esta primera jornada han pedido también nulidades los letrados del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que presuntamente habría cobrado por el espionaje 54.000 euros, o del exresponsable de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas.

Al letrado Javier Ignacio Navarro, que representa al chófer, quien también logró una plaza en la Policía, le ha reprendido la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, por sostener que a su defendido "le coaccionaron" los fiscales del caso y le amenazaron con pena de prisión.

En este juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, el exministro del Interior y su ex número dos enfrentan una petición de cárcel de 15 años por parte de la Fiscalía, que les acusa de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo parapolicial en el que se habrían empleado supuestamente 57.943 euros procedentes de fondos reservados.

La vista se reanudará este martes, cuando las acusaciones podrán responder a las cuestiones previas expuestas por las defensas. 

La cúpula de Interior con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se sienta ya este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados, según informa EFE.

El juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, ha arrancado a las 10.18 horas en la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares, donde esta semana está previsto que se centre hasta el jueves en las cuestiones previas que planteen los acusados.

A su llegada al tribunal, los diez acusados en este juicio han declinado hacer declaraciones ante los medios, a excepción del excomisario José Manuel Villarejo, que ha atribuido este caso a una "jugarreta" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con algunos mandos de la Guardia Civil para "desprestigiar" a la Policía Nacional. 

Ataviado con una corbata de la Policía Nacional, Villarejo se ha reivindicado como comisario, aunque ya jubilado, y ha pedido explicaciones sobre la actuación del CNI de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, una de las testigos citadas en este juicio, y ha tildado de "impresentable" al exdirector de dicha institución Félix Sanz Roldán, al tiempo que ha insistido en que los casos en su contra eran "humo".

Fernández Díaz y su número dos comparten banquillo con el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha, y el citado Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.

El exministro de Interior y su secretario de Estado de Seguridad están acusados de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo para sustraerle posibles pruebas sensibles para el partido y algunos de sus entonces dirigentes, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel. 

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.

Los diez acusados (eran once, pero uno -el comisario Enrique García Castaño, El Gordo- ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial con el fin de sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Entre los testigos llamados a declarar figura la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada en este caso y después decayó su imputación, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

España acaba de comunicar a la Comisión Europea que retira una ayuda de cerca de 20,7 millones de euros que otorgó en 2017 a Stellantis, entonces aún Peugeot Citroën Automóviles España SA, para su fábrica de Vigo, tras no poder justificar su legalidad durante una investigación que ha durado cerca de siete años. La ayuda la otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy sin “ninguna obligación de nuevos puestos de trabajo” y la Comisión Europea dudó de que contribuyese al desarrollo de Galicia. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retira la ayuda y la UE cierra la investigación.

La ayuda de 20.660.434 euros fue otorgada en diciembre de 2017 al amparo de “incentivos regionales para la corrección de los desequilibrios económicos territoriales” y ya desde su concesión estaba condicionada a una posterior revisión por parte de la Unión Europea. En teoría la subvención debía ir dirigida a innovaciones en el proceso global de producción de automóviles, pero la Comisión Europea sospechó que en realidad iban destinadas a una mejora puntual de la técnica empleada en la fábrica viguesa de una gran empresa, lo que supondría afectar a la libre competencia dentro de la UE con una ayuda de Estado.

La Comisión Europea incoó un “procedimiento de investigación formal” el 1 de julio de 2019 y medio año después, en enero de 2020, desveló en qué se basaban sus objeciones, que fueron varias.

Por un lado, la Comisión Europea manifestó “sus dudas en cuanto a la contribución de los proyectos de inversión al desarrollo de la región en cuestión”, en referencia a Galicia. Puesto que eran unas ayudas estatales de finalidad regional, la UE analizó ese efecto regional y constató que la inversión prevista para Vigo se produciría en detrimento de otra fábrica de la misma empresa en la región eslovaca de Trnava.

“La ayuda pudo desviar la inversión a Trnava, donde, sin ninguna ayuda, a primera vista parece que la ejecución de la inversión habría sido más viable”, decía la Comisión, que añadía que “la inversión habría sido más rentable económicamente o más viable en esa otra localización, al menos igual de desfavorecida”.

Por otra parte, la Comisión Europea también puso el foco en la ausencia de creación de empleo con las inversiones que la empresa iba a realizar con la ayuda recibida. “No existe ninguna obligación de crear nuevos puestos de trabajo”, decía el ejecutivo comunitario, que incluso señalaba que “el número de empleos desciende después de la inversión” y dudaba de las “intenciones” de la empresa “sobre el número de empleos una vez transcurrido” el período de dos años tras la inversión en el que se comprometía “solamente” a mantener el empleo.

La investigación de la Comisión Europea se prolongó durante cerca de siete años sin que España fuera capaz de dar respuesta a todas las objeciones formuladas por la UE. Finalmente, el pasado 28 de enero el Estado “retiró su notificación” de la ayuda a la UE, es decir, la comunicación de la subvención para que fuera revisada por Bruselas antes de su otorgamiento efectivo. Y ahora, dado que España “no continuará con el proyecto de ayuda”, la Comisión decide “concluir el procedimiento de investigación formal”.