Ocho años tardé en enterarme de lo del fuera de juego. Mi amigo Dani, exasperado, comenzaba sus lecciones con un invitatorio sulfurado: "Vamos a ver, Joaquinillo". 30 veces me lo explicó y todas me pareció absurdo. Que si el primer delantero con el último defensa bailando el chachachá, pero qué más dará.

Hay quien tiene el colon irritable y a quien le proliferan los forúnculos: yo padezco insensibilidad balompédica. Lo sobrellevo, reconozco, con abnegación. Nunca hay que desperdiciar la ocasión para la parranda y lo de hacer el cabestro 90 minutazos suena envidiosamente liberador. Lustros intentándolo con derbis, eurocopas, finales autonómicas y liguillas regionales: chico, no hay manera.

Conste que no me doy por vencido. Y cada vez que se presenta la oportunidad me entrego a los noticieros y a los sociólogos, a ver si logro que se me espabilen (¡de una vez!) los receptores del oé oé, la bombofilia (oh, sutil instrumento) y el "yo soy español, español". Confieso que, en esta última intentona, no estoy llegando a conclusiones claras. La otra mañana, por ejemplo, uno de esos periodistas que lo mismo te hablan de toros que del estrecho de Ormuz, aseguraba que el fútbol "disuelve las fronteras". Solo una cosa creía tener clara (que el personal se echaba al césped como representante de un Estado-nación) y se ve que me equivocaba. Cachis, me habré distraído con tanta bandera.

No me había dado tiempo a reestructurarme la mollera cuando todo un expresidente salió a dinamitarme lo aprendido. Atiendan: los franceses no son franceses, sorpresa en Las Gaunas. El requiebro metafísico me da esperanzas: por primera vez, haber estudiado Filosofía podría servirme de algo. No soy el único, miren cómo la columnita del susodicho (es verdad que la IA puede sustituir a algunas personas) ha puesto a salivar a los exégetas. Yo me hice un croquis para resolver el misterio: ¿cómo un señor que trabaja para la República Francesa en calidad de "futbolista francés" podría no ser francés? Este es un caso para Hércules Poirot. La respuesta podría despejar un camino hacia la felicidad: imaginen la de gabachos que estarán deseando deshacerse de esa enojosa nacionalidad.

Los pérfidos defensores de los derechos humanos han puesto el grito en el cielo. También el Gobierno francés, pero qué sabrán ellos. Los juntaletras moderados han salido a poner paz: la gente ya no entiende los chistes. ¡Estamos crispadísimos! "El pobre, se trabuca con los colores, ¿no ves que tiene el pelo negro y la barba blanca?", declaran a este columnista fuentes próximas al célebre registrador. "Si el hombre se hace un lío con los vecinos y los alcaldes, ¡imagínate con las nacionalidades!".

El entusiasmo, claro, no entiende de genealogías. Miren cómo celebraba el triunfo en semifinales el Primero de los Españoles, que es hijo de una griega con raíces germánicas y un italiano venido de Francia. Qué saloncito tan cuco, clavadito al del tanatorio donde velamos a la abuela. Mocasines sin calcetín, abrazos ortopédicos, ni una triste cocacola en el horizonte con la que aliviarse el gaznate. El partido, en ayunas, pero qué delicia. Es verdad que hay gente a la que el dinero no le da la felicidad.

La semana pasada estuve a punto de escribir sobre esto y pensé: "Bah, es una obviedad". Pero resulta que no. El artículo de Rajoy me recordó que ni siquiera aquello que parecía a salvo de la trinchera lo está ya. Ni siquiera el fútbol consigue librarse de la batalla política. Ni siquiera durante 90 minutos somos capaces de dejar de mirarnos con desconfianza.

El domingo volveremos a sentarnos delante del televisor con el corazón encogido. Hay algo que ocurre cuando juega España que va más allá del fútbol. Durante un rato queremos creer que somos mejores de lo que nos contamos a nosotros mismos. O, al menos, mejores de lo que algunos se empeñan en hacernos creer.

La selección que salta al campo representa bastante bien el país que somos. Un país diverso, cada vez más, mestizo, imperfecto, lleno de acentos distintos, de orígenes diferentes y de historias que hace apenas unas décadas ni siquiera imaginábamos. Y, sin embargo, cuando rueda el balón, nadie pregunta de dónde viene el compañero. Solo importa que juegue bien, que dé el pase a tiempo, que corra cuando hace falta y que el equipo gane.

Quizá por eso tuvo tanta fuerza escuchar a Lamine Yamal decir que el fútbol es un deporte que integra. Y lo decía un chico cuya madre es guineana, su padre marroquí, criado en un barrio de Barcelona. Su reflexión fue la mejor respuesta, el mejor recordatorio de que la identidad no siempre se hereda: también se construye, se vive y se comparte.

En este campeonato ha habido de todo. Ha habido buen fútbol, sorpresas, polémicas, declaraciones desafortunadas y, cómo no, intentos de Trump también de manosearlo a su manera. Habrá que revisar, con calma, ese capítulo tan oscuro de un Infantino plegándose a una llamada de Trump y quitando una tarjeta porque sí.

Y todo esto lo dice alguien que no es especialmente futbolera. Algunos habrán visto todos los partidos. Otros, como yo, apenas habremos seguido el campeonato. Da igual. Entiendo la alegría de quienes viven estos encuentros deportivos con una intensidad que yo observo desde fuera. Me gusta esa euforia colectiva. Me gusta ver las plazas llenas, las familias reunidas, los bares abarrotados y a desconocidos abrazándose después de un gol.

Y también me gusta ver a esta selección por cómo se comporta. Porque, más allá del talento, transmite algo poco frecuente: respeto. Dentro y fuera del campo.

Ojalá el domingo, pase lo que pase, sepamos estar a la altura de ese ejemplo. Ojalá la celebración, si llega, sea de todos y para todos. Sin apropiaciones, sin banderas.

Y, cuando todo termine, cuando se apaguen las televisiones y volvamos a la rutina de siempre, al ruido de siempre, ojalá nos quede algo más que el recuerdo de un partido. Ojalá recordemos que un equipo no funciona porque todos sean iguales, sino porque cada uno pone lo mejor de sí. Quizá esa sea la verdadera lección del deporte. No que siempre se gana, sino que hay victorias que solo son posibles cuando dejamos de jugar cada uno por nuestra cuenta.

Mariano Rajoy ha respondido a la polémica provocada por su comentario sobre la selección francesa cargando contra el Gobierno. Tras la victoria de España por 0-2 en las semifinales del Mundial ante los galos, el expresidente ha publicado la noche de este martes una nueva columna en El Debate con la que acusa al Ejecutivo de "provocar ruido" y "distraer la atención", pero evita disculparse o matizar su afirmación de que la selección gala no tenía jugadores franceses.

Bajo el titular Hay que tener buen humor, Rajoy reprocha al Gobierno la respuesta diplomática que dio a sus palabras y agradece de forma irónica a las autoridades la atención que le han prestado durante el campeonato. "La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones", incide.

El expresidente va más allá y acusa al Ejecutivo de estar más interesado en "chivarse a un ministro extranjero" y "hacer una reverencia a un primer ministro" para "provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo".

Las alusiones apuntan al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que trasladó las disculpas del Gobierno a su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, y a Pedro Sánchez, que durante su visita a París por el 14 de julio manifestó ante el primer ministro Sébastien Lecornu sentirse "muy avergonzado" por las palabras del expresidente.

Además, Rajoy concluye su columna devolviendo al Gobierno la exigencia de disculparse. "Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros”, asegura. Todo ello sin explicar qué quiso decir con su comentario y sin dirigirse a los futbolistas afectados. "Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso. ¡Viva España!", concluye.

Mariano Rajoy ha conseguido convertir una columna de opinión sobre el Mundial de fútbol en un conflicto diplomático, que es una manera muy suya de seguir haciendo política sin parecer del todo consciente de estar haciéndola. Escribió sobre Francia tirando de un gracejo que no tiene y ocurrió lo que pasa con los que van de graciosos: acabó tocando una fibra sensible. Ni más ni menos que quién pertenece de verdad a un territorio. A estas alturas ya sabemos todos que la camiseta nunca es sólo una camiseta, y voy a pedir perdón desde ya a algunos de los fieles de El cuarto de máquinas a quienes no les gusta este deporte, porque van ya dos columnas seguidas, pero es que Rajoy me la ha dejado botando.

En el fútbol metemos la infancia y los colores, y reímos o lloramos a la vez desde mundos muy distintos. Rajoy ha venido, supongo que sin ser consciente, a trazar una frontera racial en la selección francesa. Dijo que no había franceses en el combinado galo, cuando realmente lo que quería decir es que no había franceses como él imagina a los franceses: blancos. 

Es cierto que el fútbol organiza bien los afectos colectivos: los buenos y los peores. Nos permite reconocernos en los otros, pero también reconocer instantáneamente a quién no queremos parecernos. Y, por lo visto, también sirve ahora para identificar, por el color de su piel, a los que dejamos fuera. Rajoy no ha inventado nada, sólo ha dejado escrito, con su prosa de sobremesa y carajillo, que hay ciudadanos de primera y de segunda y que estos últimos nunca lo serán del todo si no tienen el color, el apellido o el dinero necesarios.

Lo interesante del tema es que la política en la que se desenvolvió durante décadas Mariano Rajoy siempre ha querido administrar afectos: quiénes somos, con quién y cómo debemos vivir, quién pertenece a nuestra tribu o qué heridas no conseguimos cerrar. En estos días se cumplen 29 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, una de esas heridas. Hay algunas emociones (públicas y compartidas) que sostienen lo mejor de una sociedad democrática. La conmoción por su asesinato fue una forma civil de ponernos frente al terror. Traigo este recuerdo aquí como ejemplo de que no todos los afectos colectivos son sospechosos. Unos nos llevan a sobrevivir a la intemperie y otros levantan muros dentro de los vestuarios. 

Pensé en esto al leer la entrevista en El País a Yuval Noah Harari, en la que el filósofo y escritor israelí explica cómo la IA podría convertirse en una gran psicópata manipuladora. Harari apunta hacia algo serio: las redes sociales se diseñaron para atraer nuestra atención y ahora las aplicaciones de IA aspiran a convertirse en compañía, a ayudarnos a gestionar nuestras emociones… a ocupar un espacio reservado a los amigos y la familia. El salto político está ahí.

Una encuesta reciente elaborada por una universidad estadounidense cifra en un 27% los internautas adultos que ya han mantenido interacciones sociales con modelos de inteligencia artificial. No estamos ante una sustitución masiva de las relaciones humanas ni ante el final de la amistad, que ya bastante fatigada llega a algunas edades como para cargarle ahora con esa épica terminal. Pero el dato basta para dejar de tratarlo como una rareza de solitarios con mucho tiempo libre. Millones de personas empiezan a usar estas herramientas para algo más íntimo que resolver una duda. 

No hace falta creer que la máquina siente para entender el negocio. Quizá precisamente porque no siente es por lo que le resulta tan fácil decirnos lo que queremos oír. No se cansa, no se ofende, no siente que le estamos contando lo mismo una y mil veces ni tiene un mal día. Tampoco la estamos interrumpiendo como si tuviera algo mejor que hacer. Está ahí siempre. Y dócil, además. ¿Qué ocurrirá cuando el consuelo se convierta en un servicio? Ojo, que conviene recordar que ese consuelo tendrá que ser rentable. Y de cómo se aprovecha la máquina de nuestras emociones tenemos ya ejemplos: el enfado se magnifica en X; del aburrimiento se encarga TikTok; la vanidad hace caja en Instagram… Amplifican el miedo porque retienen la atención, y la indignación se convierte en un espacio en el que mostrar publicidad. Esa maquinaria deterioró la convivencia democrática y estamos pagando las consecuencias. 

Una sociedad democrática está mejor preparada para discutir una mentira pública que una dependencia íntima. La mentira, ya se sabe, tiene las patas cortas. Puede investigarse y señalarse. Incluso se puede desmentir. La dependencia emocional se cocina despacio y en conversaciones privadas. Una no sale de una charla íntima con ChatGPT diciendo: “Acabo de ser persuadida por un modelo de negocio”. Sale pensando que la han entendido. Y no deberíamos menospreciar el poder de sentirse entendidos. No pretendo caricaturizar a los que buscan compañía en una máquina. Entiendo bien la necesidad de compartir las horas nocturnas con una voz amigable en medio del desvelo y las mil y una maneras en las que hace daño la soledad no deseada. Ahí es donde veo el gran peligro que se viene. Hay soledad, hay cansancio, hay vidas difíciles, hay relaciones rotas… y hay poco tiempo para el acompañamiento emocional. Si usted encuentra algún tipo de alegría en hablar con una IA, el problema nunca será su fragilidad, sino una industria entera trabajando para hacer negocio con ella.

La política debería llegar, en mi opinión, antes de que ese mercado se normalice. Antes de lo que llegó a las redes. Habrá que hablar de límites, de transparencia, de menores… de qué emociones puede simular una máquina y bajo qué condiciones. De cómo se protege a una persona vulnerable cuando la máquina que la acompaña también necesita retenerla. A ver si va a resultar que los afectos también son territorio político.

Por eso lo de Rajoy no me parece sólo una anécdota futbolera. Las emociones compartidas pueden generar comunidad, pero también pueden expulsar. Ha tocado con torpeza y prejuicio el reverso excluyente de esa materia sensible. La inteligencia artificial afectiva abre otra puerta: la de una emoción privada, solitaria y rentable. Durante años, las plataformas quisieron nuestra atención y ahora empiezan a querer nuestra confianza. Y ahí, justo ahí, debería empezar la política. 

Nos vemos a la vuelta de las vacaciones.

¿Después se puede echar de menos lo que antes no te gustaba? ¿Es posible sentir nostalgia de lo que en su día quisiste dejar atrás o te hizo sentir miedo? Siempre me divierte recordar aquella frase del entonces vicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra, con la que se burlaba de la supuesta apuesta por la moderación de sus adversarios de la oposición conservadora, aunque no sé bien si lo diría de AP o del PP, que para el caso es casi lo mismo: “¿Pero de dónde viene esta gente que lleva 15 años viajando hacia el centro y no llega nunca?”.

En aquellos tiempos excitantes de la Transición, el sarcasmo nos hizo gracia, pero ahora mismo nos provoca cierta melancolía al acordarnos de esa derecha con un tanto por ciento de mala conciencia, que proyectaba, según ella misma, dejar atrás los ecos de la dictadura que sonaban en algunos de sus apellidos, renunciar a una parte de sus ideas, lo mismo que lo hicieron el resto de los partidos, empezando por el PCE, y cambiar lo que fuese necesario para integrarse en la joven democracia que tantos ríos de sangre había costado recuperar. 38 años es mucho tiempo, sobre todo cuando el reloj está en manos de un asesino.

Lo contrario de aquella derecha civilizada es la derecha sin complejos de José María Aznar. Eso dijo este hombre que tiene la arrogancia de los caudillos: que la suya era una derecha sin complejos. “Pues estamos listos”, pensé, “si proviniendo de donde provienen, pensando como piensan y defendiendo lo que defienden, no tienen nada que ocultar, que dios nos pille confesados”. Y así fue, él y su Gobierno actuaron a cara descubierta, alardeando de su neoliberalismo de manual y sin esconder sus cartas; se mostraban orgullosos y seguros de sí mismos, y convencieron con sus promesas de bienestar y regeneración a la mayoría electora, que les votó con la esperanza de que el país mejorase económicamente. El resultado, ya lo sabemos: los ministros de sus gabinetes llevándose millones de dinero público; la entrada en la cárcel de varios de ellos, la guerra de Irak, la foto con George Bush y Tony Blair en la isla Terceira de las Azores; el 11-M, las mentiras, el nombramiento a dedo de M. Rajoy, la Gürtel y las otras decenas de tramas delictivas de sus colaboradores más cercanos… Y luego su advenimiento como ideólogo y su canción del verano, aunque el lema tenga un aire un poco involucionista y tal: “El que pueda hacer, que haga”, una llamada a la acción en la que hay quienes sitúan el asedio sin cuartel y por tierra, mar y aire al presidente Sánchez, al que, por otro lado, le crecen como setas los secretarios de organización ladrones: será que hay humedades en el edificio.

Y así llegamos a Feijóo, que estuvo a un puñetazo en la mesa de llegar a La Moncloa y prefirió usar la mano para dársela a la ultraderecha. Si le hubiera puesto una línea roja a Vox, no le habrían adelantado. Si hubiera roto, la habría arreglado. Pero él y su PP han preferido el hambre para hoy y el pan para mañana, que a mí no me parece que esté tan claro: ya veremos. Por el momento, ya no sólo es que dependa cada vez más de sus peligrosos socios y tenga que ir asumiendo sus órdenes a cambio de mantener el poder autonómico, sino que para competir con ellos se mueve, otra vez, en la dirección equivocada y con ello está provocando un efecto dominó preocupante: como él se va más a la derecha y con ello invade el territorio de Abascal y los suyos, estos se van todavía más hacia el extremo y, de postre, empiezan a aparecer grupúsculos neonazis que se sitúan aún más lejos y se presentan en sociedad con su parafernalia falangista, sin sentir, al dictado de la doctrina Aznar, ni la más mínima vergüenza o molestarse en disimular.

Quedamos a la espera de que se devoren entre ellos o de que las y los ciudadanos abran los ojos y vean a Feijóo decir que cuando estén de baja les van a descontar la enfermedad del sueldo y les van a poder despedir. Su argumento, entre líneas, es que los médicos son cómplices de esa estafa: otra vez la sanidad pública en el punto de mira. Mientras tanto, la patronal sonríe, que con sus sueldos es más fácil, y algún portavoz de la Iglesia se apunta al bombardeo y lanza sermones contra la libertad sexual de las personas y veneno contra los políticos de izquierdas. Ojalá sea que el cáliz estaba muy cargado, que una copa de más se le perdona a cualquiera, porque, como lo que dijo represente el pensar colectivo de la institución, sería para echarse a temblar. Sin complejos.

Mariano Rajoy escribió el viernes en El Debate, con esa suficiencia que confunde la sorna con la inteligencia, que la selección francesa de fútbol tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”. Siete palabras. Siete palabras que no son un desliz, no son sarcasmo, no son un piropo mal redactado a La Roja. Son la expresión más desnuda de una ideología que lleva décadas instalada en una parte de la derecha española y que, cuando baja la guardia, aflora sin filtros.

El texto de Rajoy es, ante todo, un error de hecho. De los 26 jugadores convocados por Didier Deschamps, 23 nacieron en Francia. Solo tres nacieron fuera del territorio nacional: Michael Olise, en Londres; Marcus Thuram, en Parma, mientras su padre jugaba allí; y Brice Samba, en la República Democrática del Congo. Todos son franceses. No “casi franceses”, no “franceses de papel”, no “franceses con asterisco”. Franceses.

La propia embajada de Francia en Madrid tuvo que tomarse la molestia de recordar los hechos con una precisión pasmosa: “Todos los jugadores de la selección francesa son franceses”. Una embajada explicando el diccionario a un expresidente de Gobierno. Difícilmente podría describirse mejor el nivel al que ha caído este debate.

Pero el error de hecho es solo la superficie. Lo que late debajo es algo más grave: la convicción de que la nacionalidad no es un vínculo jurídico y político —como establece cualquier ordenamiento democrático moderno, incluido el español—, sino un atributo racial, étnico o cultural que se porta en el cuerpo y se hereda en el apellido.

Cuando Rajoy escribe “sin franceses” mirando a un equipo de ciudadanos franceses cuya melanina o cuyos abuelos no cuadran con su imagen mental de lo que debe ser un “verdadero” francés, está reproduciendo exactamente el núcleo de la doctrina de la prioridad nacional: la idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda según su origen, su color o su genealogía. No es una ocurrencia. Es una ideología con nombre, con genealogía y con consecuencias.

Esa ideología tiene una genealogía precisa. El concepto de préférence nationale —prioridad nacional— fue acuñado en Francia en la década de 1980 por el ideólogo del Frente Nacional François Duprat y sistematizado jurídicamente por Jean‑Yves Le Gallou, para ser convertido luego en columna vertebral del programa de Marine Le Pen.

La idea es simple: los ciudadanos no son iguales ante la ley en función de lo que hacen o aportan, sino en función de lo que son —de dónde vienen, cómo se llaman, qué aspecto tienen—. Aplicada al deporte, esa lógica conduce exactamente adonde llegó Rajoy: a negar la condición de “verdaderos” franceses a ciudadanos franceses porque sus padres emigraron desde África.

Este debate no es nuevo en Francia. Estalló con fuerza tras el Mundial de 1998, cuando la extrema derecha cuestionó que aquel equipo multicolor representara a la “verdadera” Francia. Se repitió en 2018. Y resurge, con una puntualidad casi perfecta, cada vez que los Bleus ganan y en el campo hay jugadores cuya presencia incomoda a quienes confunden nación con raza.

El ministro del Interior francés Laurent Núñez lo ha dicho con claridad: Francia es “una República de diversidad” en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar. Varios miembros del Gobierno de Emmanuel Macron han calificado las palabras de Rajoy de “absolutamente inaceptables” y han recordado que cuestionar el origen de los seleccionados no refleja lo que es Francia ni sus valores republicanos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido igual de nítido: las declaraciones de Rajoy son “xenófobas” y “avergüenzan” a España. “Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, escribió, ligando de forma directa el marcador deportivo con un combate mucho más profundo: el que libra la democracia frente a los discursos de odio que describo en La democracia amenazada.

El ministro de Exteriores francés, Jean‑Noël Barrot, fue lapidario: las palabras de Rajoy son “una estupidez, racismo, o una combinación de ambas cosas”. No hay mucho más que añadir, salvo señalar que esas tres categorías —la estupidez, el racismo y su combinación— no se excluyen entre sí. Pueden darse juntas, y en este caso se dan.

La reacción del Partido Popular ante este escándalo es, en sí misma, un documento político de primer orden. El portavoz del PP, Borja Sémper, calificó las palabras de Rajoy de “sarcásticas”, dijo que “van sin mala intención” y que son “comentarios a favor de España”. Con los micrófonos apagados, fuentes del Comité de Dirección del PP consideran que la polémica fue “promovida desde el Gobierno” y aspiran a que se diluya “por sí sola”.

Hay que detenerse aquí. El PP no ha condenado las palabras de Rajoy. No las ha desautorizado. No ha pedido disculpas. Ha dicho que son sarcásticas. El sarcasmo, que es un recurso retórico legítimo, consiste en decir lo contrario de lo que se piensa para ridiculizar algo. Pero requiere que el interlocutor lo entienda como tal.

Cuando el ministro de Exteriores de Francia, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, la ministra de Deportes, la ministra de Igualdad, el Partido Socialista, el Partido Comunista y la derecha republicana francesa responden con indignación —no porque sean incapaces de entender el humor español, sino porque lo que leen es racismo—, apelar al sarcasmo no es una defensa: es una coartada.

Pero la banalización que practica Sémper —como tantas veces antes— no es solo políticamente torpe: es activamente peligrosa. Banalizar estas afirmaciones equivale a normalizarlas, y normalizarlas equivale a potenciarlas.

Las palabras de Rajoy no son meramente “desafortunadas”: son la expresión de una visión de superioridad racial y colonial que arrebata a ciudadanos plenos la condición de tales en función de su origen o su apariencia. Una visión que no solo es moralmente inaceptable, sino que contradice frontalmente los principios básicos del Estado de derecho y el ordenamiento constitucional español, así como los valores fundacionales de la Unión Europea.

No estamos ante una opinión discutible en el espacio público democrático. Estamos ante una afirmación que, presentada como provocación o como broma, introduce en la corriente principal del debate político un principio de jerarquía racial incompatible con cualquier noción seria de ciudadanía.

Y hay un daño colateral que merece señalarse con igual firmeza: la apropiación del campo deportivo para proyectar esa confrontación. El deporte —y el fútbol en particular— se rige por principios exactamente opuestos a los que encarnan estas palabras: esfuerzo individual y colectivo, igualdad de condiciones de partida, mérito medido sobre el terreno de juego sin que importe el apellido ni el color de la piel.

Introducir la lógica racista en la previa de una semifinal envenena un espacio que debería encarnar encuentro y dignidad compartida. Es una auténtica profanación de lo que el deporte representa.

Cada vez que alguien convierte un partido en instrumento de confrontación identitaria basada en el origen étnico, envenena algo que debería estar por encima de esas mezquindades. Y cuando ese alguien no es un ultra anónimo en la grada, sino quien ha presidido el Gobierno, el mensaje que se emite a la sociedad es devastador: se legitima desde lo alto lo que luego se grita desde abajo.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Rajoy —que es, conviene recordarlo, militante activo del PP y expresidente del Gobierno de ese partido. Feijóo no lo ha hecho.

El PP, en cambio, ha optado por blindar a Rajoy, minimizar el daño y esperar a que el partido de fútbol lo tape todo. Esa decisión no es inocua. Es una posición política. Significa que el PP, como partido, no considera que llamar “sin franceses” a 26 ciudadanos franceses sea un problema que merezca corrección pública.

No desautorizar no es una postura neutral: en este terreno, la ambigüedad no es centrismo, es complicidad. Quienes hemos estudiado la progresión histórica del discurso de odio sabemos bien cómo funciona: lo que no se condena se normaliza. Lo que se normaliza se amplía. Lo que se amplía se institucionaliza. La tolerancia con el racismo de baja intensidad —el del chiste, el del “era sarcasmo”, el del “no hay mala intención”— es el sustrato en el que crecen formas más violentas y estructurales de discriminación.

España tiene un artículo 14 en su Constitución que prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, raza o cualquier otra condición. Tiene un artículo 510 del Código Penal que tipifica la incitación al odio. Esas normas no existen por capricho. Existen porque la historia enseñó, a golpe de catástrofes, lo que ocurre cuando el discurso de deshumanización del otro no encuentra diques jurídicos ni políticos.

La doctrina de la prioridad nacional no ha quedado en los márgenes de la extrema derecha europea. Ha colonizado gobiernos, ha inspirado leyes, ha guiado redadas. Lo hemos visto en Italia con Meloni, en Hungría con Orbán, en los debates sobre inmigración en Francia, en la política de Trump en Estados Unidos. La pregunta que debería hacerse el PP es si quiere ser parte de esa corriente o si quiere trazar una frontera nítida con ella.

Rajoy no es ajeno a este contexto. Sus palabras no son un chascarrillo aislado: son coherentes con una determinada concepción de la identidad nacional que ha guiado políticas concretas y que hoy alimenta acuerdos como los de PP y Vox, donde se habla de “prioridad nacional” con una ligereza incompatible con la Constitución. Ya he dicho y repito: esa prioridad nacional “no es legal”, es “una barbaridad y un planteamiento absolutamente xenófobo y racista” que merece una línea roja clara por parte de la Justicia y del Tribunal Constitucional.

Conviene no aislar este episodio como si fuera un accidente. Las palabras de Rajoy no son ajenas a una determinada concepción de la identidad nacional que contempla la integración como asimilación y mira con sospecha al ciudadano de origen foráneo aunque haya nacido aquí, estudiado aquí, pagado sus impuestos aquí, amado a alguien aquí. Esa visión es incompatible con un Estado de derecho que se tome en serio la igualdad ante la ley y con una política exterior que pretenda presentarse como socio confiable de sus vecinos europeos.

No es casual que la polémica sobre Rajoy coincida con el bloqueo del PP en el Senado al Tratado de Amistad con Francia. El patrón es coherente: se cuestiona la composición de la selección francesa, se alimenta un conflicto diplomático innecesario y se frena, en paralelo, un instrumento de cooperación política con ese mismo país.

Lo que resulta profundamente incoherente es pretender gobernar España con esa orientación y, al mismo tiempo, reclamar respeto para sus instituciones.

Quien ha ocupado la Presidencia del Gobierno durante dos mandatos conoce perfectamente el peso de las palabras. Rajoy sabe —o debe saber— que un comentario racista, revestido de chanza, no es una travesura verbal, sino una señal dirigida a quienes comparten esa mirada excluyente. Por eso su conducta no es solo reprochable; es incompatible con la altura ética e institucional que se exige, incluso años después de abandonar el cargo, a quien ha representado al conjunto de la ciudadanía. Hay licencias que un ciudadano puede permitirse en un bar; un expresidente del Gobierno, sencillamente, no.

Como jurista que ha dedicado décadas a la defensa de los derechos humanos, sé que el racismo nunca es un fenómeno aislado ni inocuo: cuando se tolera en el lenguaje, se abre camino en las normas y en las prácticas cotidianas. Por eso resulta especialmente grave que un expresidente del Gobierno contribuya a legitimar, siquiera bajo la coartada del humor, una visión de la nacionalidad en clave étnica, que degrada a ciudadanos plenos a la categoría de “otros” a los que siempre se les podrá discutir si son “de verdad” lo que son.

En el deporte, ese discurso tiene un efecto devastador: convierte lo que debería ser un espacio de igualdad y reconocimiento en un escaparate de exclusión, y envía a millones de niñas y niños racializados el mensaje de que, hagan lo que hagan, siempre habrá quien les niegue pertenecer del todo.

Por todo ello, asumir la responsabilidad que corresponde implica rechazar sin matices estas palabras y la ideología que las sostiene, y defender con la misma claridad un principio elemental: todo ciudadano francés es francés y todo ciudadano español es español, con independencia de su origen, del color de su piel o de los apellidos de sus abuelos.

No se trata de una cuestión de corrección política, sino de respeto a la Constitución, a los tratados internacionales y, sobre todo, a la dignidad humana. En un momento en que los discursos de odio avanzan disfrazados de chanza o de sentido común, la política —y muy en particular quienes han ostentado las más altas responsabilidades— tiene el deber de marcar una línea nítida: en democracia, el racismo no se banaliza, se combate.

La selección francesa jugó el sábado y marcó. Sus jugadores son franceses. Lo eran antes del partido y lo serán después. Nadie necesita el certificado de ningún expresidente de ningún Gobierno para acreditar lo que una ley, una constitución y un pasaporte ya certifican.

Lo que sí necesitamos, en cambio, es que las fuerzas políticas de este país entiendan que blanquear el racismo, aunque sea con el envoltorio del sarcasmo, mirando para otro lado o esperando que la polémica “se diluya por sí sola”, tiene consecuencias reales para personas reales. Para los hijos de inmigrantes que leen que no son “de verdad” lo que son. Para los ciudadanos naturalizados que ven cuestionada su pertenencia. Para todos aquellos a quienes se les recuerda, con cada broma de estas, que hay quienes no los considerarán nunca suficientemente de aquí.

El PP tiene una decisión que tomar. Puede seguir protegiendo a Rajoy bajo el paraguas del sarcasmo. O puede decir, con claridad, que un ciudadano francés es francés, que un ciudadano español es español, y que la identidad nacional no se mide por el color de la piel ni por el origen del apellido.

No parece una decisión difícil. Que no la tomen dice mucho de quiénes son.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

La dirección del Partido Popular ha cerrado filas con el expresidente Mariano Rajoy después de la crisis diplomática abierta por un artículo suyo en el eldebate.com, el periódico digital que dirige Bieito Rubido, exdirector de Abc y de La Voz de Galicia, financiado por la conservadora y religiosa Asociación Católica de Propagandistas. Bajo el titular “Hoy llegó el desquite” y como parte de una serie sobre el Mundial de fútbol, Rajoy aseguró que la selección francesa tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses". En ese mismo artículo señalaba también que a él no le gustan “los rojos” salvo “la excepción que confirma la regla general, que es la camiseta de España”.

Lejos de desmarcarse de unas palabras que el Gobierno francés ha calificado de "racistas" e "inaceptables" por boca de los ministros de Exteriores, Interior, para los Territorios de Ultramar y para la Igualdad de Género y la Lucha contra la Discriminación, en Génova han reivindicado el carácter "sarcástico" de la columna y han negado que existiera ninguna intención ofensiva. Rajoy, por su parte, ha evitado pedir disculpas y se ha limitado a asegurar a El Mundo que no iba a entrar "al nivel" de algunos miembros del Gobierno español. 

La defensa de Rajoy la protagonizó este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien rechazó las críticas tanto del Gobierno español como del Ejecutivo francés. "Entendemos que las columnas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas, van sin mala intención y a favor de España, no le daría otra interpretación", afirmó Sémper en rueda de prensa tras el comité de dirección. “Para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés; si no, no podrías jugar en la selección nacional de Francia”, señaló también el vicesecretario del PP, que dijo que esa “obviedad” era “más propia de Rajoy” que suya. 

Sémper también aprovechó para arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por decir “que gane el mejor” en referencia a la semifinal de este martes. "Sánchez ha dicho que quiere que gane el mejor, nosotros queremos que gane España, aunque juegue peor”, afirmó. Y prosiguió a renglón seguido: “Que no va a jugar peor, estoy convencido, aunque juegue peor esperamos que gane España en cualquiera de sus circunstancias", planteó. 

En Génova consideran que ha sido el Gobierno quien ha incentivado la polémica, pero lo cierto es que comenzó en Francia y el propio ministro de Exteriores galo, Jean-Noël Barrot, ha salido a censurar las palabras de Rajoy este mismo lunes: "Es una estupidez, racismo o las dos cosas”.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, también calificó el artículo de "absolutamente inaceptable" y denunció que alimenta discursos racistas contra los jugadores de la selección nacional. La Embajada de Francia en Madrid recordó además que 23 de los 26 futbolistas convocados nacieron en Francia y que los tres restantes poseen igualmente la nacionalidad francesa, rechazando implícitamente la idea de que no representen plenamente al país. La condena se extendió también a dirigentes de distintas formaciones políticas francesas, que coincidieron en denunciar unas afirmaciones que consideran incompatibles con el modelo republicano francés de ciudadanía. 

Sánchez se limitó a añadir: "Que gane el mejor y que pierda el racismo". El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, calificó los comentarios de "hirientes" y pidió al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que los desautorizara por considerar que no representan a España. Además, Albares contactó con las autoridades francesas para trasladar que la posición del Gobierno español es diametralmente opuesta a la expresada por el expresidente.

La controversia llega en un momento especialmente delicado para las relaciones entre ambos países. Apenas unos días antes, el PP y Vox habían impulsado desde el Senado una consulta al Tribunal Constitucional sobre el Tratado de Amistad y Cooperación firmado por Sánchez y el presidente francés, Emmanuel Macron, en Barcelona en enero de 2023. Aunque el acuerdo ya había sido aprobado por el Congreso español y por la Asamblea Nacional francesa, la decisión de la Cámara Alta, donde el PP dispone de mayoría absoluta, impide por ahora su entrada en vigor hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso.

El PP sostiene que uno de los artículos del tratado, el que regula la participación recíproca de ministros españoles y franceses en los consejos de ministros de ambos países, plantea dudas de constitucionalidad. El Gobierno, por su parte, acusa al líder de la oposición de deteriorar innecesariamente la relación con uno de los principales socios europeos de España y de utilizar un tratado de Estado como instrumento de confrontación política.

Este conflicto se produce, además, en vísperas de un viaje especialmente simbólico del presidente español a Francia. Sánchez participa este 14 de julio en París, invitado por Emmanuel Macron, en los actos de la Fiesta Nacional francesa y en el tradicional desfile militar de la Toma de la Bastilla, un gesto reservado a mandatarios extranjeros con el que ambos gobiernos pretendían escenificar la estrecha relación bilateral entre Madrid y París.

La crisis abierta por las palabras de Rajoy tiene además un importante componente simbólico en Francia. Sus palabras recuperan, aunque sea en el terreno futbolístico, el mismo debate sobre quién puede ser considerado realmente francés que la extrema derecha lleva décadas utilizando para cuestionar una ciudadanía basada en la ley y sustituirla por otra definida por el origen. El expresidente del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, sostuvo durante años que muchos jugadores de la selección no representaban realmente a Francia por sus orígenes familiares, pese a haber nacido en territorio francés y ser ciudadanos franceses. Aquellos discursos fueron ampliamente rechazados por el resto de fuerzas políticas, especialmente después de que la selección campeona del mundo de 1998 se convirtiera en símbolo de la denominada Francia black-blanc-beur, expresión utilizada para reivindicar una identidad nacional diversa e integradora.

Paradójicamente, incluso el portavoz de la formación de extrema derecha Agrupación Nacional, Julien Odoul, ha salido en defensa de la selección francesa al considerar que las palabras de Rajoy cuestionan la identidad nacional del equipo, que es parte intrínseca del orgullo nacional francés. Las ha calificado como “escandalosas, vergonzosas y lamentables” y sostiene que debían ser condenadas “por todo el mundo”.  

Tampoco Vox ha ratificado las palabras del expresidente español y simplemente ha pedido, a través de su portavoz, José Antonio Fúster, no “politizar” el fútbol. El fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras, exlíder del PP catalán y exeurodiputado, censuró directamente a Rajoy. "Todos los jugadores de la selección francesa en el Mundial son ciudadanos franceses, la mayoría nacidos en Francia. Si se dice que la selección no tiene franceses, se utiliza una definición de 'francés' basada en criterios étnicos y no en la ley civil. Rajoy se ha metido en un jardín peligroso”.

Aunque ahora se pone de perfil, la ultraderecha española lleva meses defendiendo la denominada "prioridad nacional", un principio formulado originalmente por Jean-Marie Le Pen –posteriormente convertido en una de las principales señas de identidad del Frente Nacional– y, más tarde, por su hija y actual referente, Marine Le Pen. La idea consiste en otorgar preferencia a los nacionales frente a los extranjeros en ámbitos como las ayudas sociales, el acceso a la vivienda o determinados servicios públicos.

Ese concepto, históricamente ligado al lepenismo francés, ha ido penetrando en parte del discurso político español y el PP lo ha asumido en los cuatro acuerdos autonómicos alcanzados este año con Vox. La paradoja es que, mientras la dirección popular confronta institucionalmente con el Gobierno francés —primero bloqueando el tratado bilateral y ahora respaldando a Rajoy frente a las críticas de París—, parte de los marcos discursivos que han alimentado esa confrontación proceden precisamente de la extrema derecha francesa, cuya visión sobre la identidad nacional vuelve estos días al centro del debate político entre Madrid y París.

Esto lo ha dicho Jaime de los Santos, el diputado del Partido Popular, durante un debate en el Congreso de los Diputados. En ese debate, se planteaba castigar las “Terapias de Reconversión” contra el colectivo LGTBIQ+, puestas en marcha por algunos de los colectivos más reaccionarios de este país.

Que una persona se reconozca maricón y pueda militar en el partido que quiera, eso no se lo puede discutir nadie. Ambas cosas son libertades individuales y cada una va por su lado. Pero lo extraño es el contexto que rodea esta afirmación.

Puedes estar orgulloso de militar en el PP, pero si eres maricón tienes que votar a favor de penalizar las “Terapias de Reconversión”. Como casi siempre, las actitudes del PP en lo que se refiere a la conquista de los derechos colectivos que se plantean desde la izquierda, extrañamente también ahora van en contra. Al “perro Sánchez ni agua”. Mis ojos en sus cuencas y mi cabeza no dejan de girar desaforadamente. Creo que necesito un exorcismo.

Supongo que ni el PP ni Jaime consideran al colectivo LGTBIQ+ como enfermos que necesitan tratamiento.

Cuando llegó la aprobación del Matrimonio Igualitario durante el Gobierno de Zapatero, en el verano de 2005, el PP votó en contra e incluso llegaron a recurrir al Constitucional. Defendían que aquello no era matrimonio, sino otra cosa. Anunciaban poco menos que el fin de la civilización occidental, el final de la “familia tradicional”, advertencias dramáticas y recursos contra una ley que simplemente reconocía a dos personas adultas el derecho a casarse. El mensaje era claro: aquello no debía existir. Pero miles de parejas simplemente querían poder decir: “Nos queremos y queremos que la ley lo reconozca”.

Años después, en 2015, llegó la boda de Javier Maroto. Una boda perfectamente legal gracias precisamente a aquella ley que muchos de sus compañeros de partido habían rechazado. Y entonces ocurrió una escena digna de archivo histórico: compañeros del PP, algunos de los que habían votado en contra, asistiendo a la celebración, sonriendo y bailando.

El caso de “MpuntoRajoy” bailando en la boda merece capítulo propio. Rajoy, con su estilo inconfundible, parecía no estar bailando sino negociando con la música. Un paso tímido hacia un lado, otro hacia el otro, como si hasta el ritmo necesitara mayoría absoluta. Aquella pista de baile se convirtió en una especie de Parlamento improvisado: todos dentro, todos contentos, y nadie preguntando demasiado por lo que había votado años atrás. La imagen tenía algo de surrealista: una fiesta celebrando un derecho que gran parte de los invitados no había querido aprobar.

Porque una cosa es llegar a una boda y bailar. Otra cosa es haber ayudado a que esa boda pudiera celebrarse. La hemeroteca tiene memoria y recuerda quién encendió las luces de la sala, quién intentó apagar la música y quién apareció cuando ya estaban repartiendo la tarta.

Al final, algunos descubrieron que el matrimonio igualitario no era el fin de la familia. Era simplemente una invitación a más gente a la misma fiesta. Quizá la política sea eso: una enorme pista de baile donde algunos primero protestan por la música, luego entran en la fiesta y finalmente acaban diciendo que siempre les gustó la canción. Con las “terapias de reconversión”, pasará lo mismo. Nos contarán que al PP nunca le parecieron bien.

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

Hoy voy a proponerles un pasatiempo, un entretenido sudoku que nos ayude a sobrellevar el tedio estival y los calores. Entren en el buscador de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional (BNE). Seleccionen el intervalo de seis años, once meses y ocho días que abarca desde la muerte de Franco a la victoria electoral del PSOE en 1982. A continuación escriban en el buscador “justicia social” y anoten el resultado. Repitan la operación, pero con la palabra “modernidad”. Ya hemos llegado a la mitad. Para finalizar mantendremos los conceptos, pero modificaremos las fechas de la pesquisa para abarcar ahora los primeros seis años, once meses y ocho días de Gobierno de Felipe González. Ya está.

¿Sorprendidos? ¿O les ha dado pereza la propuesta? No importa; se lo pondré fácil. Desde la muerte del dictador a la primera victoria de Felipe González, los periódicos digitalizados por la BNE recogen en 13.762 páginas alusiones a la justicia social y 6.341 a la modernidad. En los casi siete años siguientes de Gobierno socialista, las referencias a la justicia social se desploman a 8.101, mientras que las páginas con la palabra modernidad se disparan a 25.842. La conclusión es obvia: el felipismo marginó la justicia social para privilegiar una difusa modernidad que igual justificaba la OTAN, los GAL, la precarización laboral o la reconversión industrial, que celebraba el último tema de Alaska y los Pegamoides.

Su éxito fue enorme, pese a la aparente paradoja de promocionar la modernidad justo cuando Jean-François Lyotard proclamaba nuestra nueva condición posmoderna. Paradoja aparente, digo, porque lo que se vendió fue un simulacro de modernidad, una estética de hedonismo individualista con la que enterrar la vieja ética de los grandes relatos entre toneladas de lentejuelas. En la práctica, fue la variante mediterránea de la TINA, el popular acrónimo thatcheriano que decretó el final de toda esperanza. Comenzaba la era de los relatos. Y sus protagonistas eran personajes como Miguel Boyer, aquel joven economista que a mediados de los 70 abogaba por la nacionalización de empresas y la autogestión obrera, en los 80 se convirtió en adalid de la ortodoxia neoliberal y en los 90 fue estrella del papel couché tras su matrimonio con Isabel Presley. La realidad líquida entraba en escena.

Sin embargo, esta hegemonía de la modernidad trajo consecuencias para la democracia española. Si la justicia social situaba la distribución de la riqueza en el centro del debate democrático, su arrinconamiento obligó a buscar otro asunto con el que vertebrar un conflicto político neutralizado por el consenso absoluto en torno al dogma neoliberal. Fue necesario pues indagar fuera del ámbito político clásico ese nuevo referente. Fue entonces cuando irrumpió la corrupción. La podredumbre del poder tenía dos virtudes: por un lado, activaba la emoción indignada del electorado; por el otro, permitía desviar el debate del ámbito material de las políticas públicas a la esfera inmaterial de la moral pública.

La corrupción pasaba así a ser el desencadenante catártico de la alternancia política. Felipe González –aunque hoy se prefiera olvidar– cayó arrollado, mucho más que por el terrorismo de Estado, por el alud imparable de Filesa y la imagen de Luis Roldán en calzoncillos. Aznar tendría, entre otros muchos, a su Rodrigo Rato, mientras que Rajoy caducaba a la sombra de El Bigotes y la Gürtel. Pedro Sánchez, por el momento, resiste a duras penas la implacable cacería familiar y los vergonzosos vientos sembrados por José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Incluso el 15M, la mayor impugnación al modelo de la Transición, interiorizó hasta tal punto este referente de crítica, que su "No hay pan para tanto chorizo" se convirtió en uno de sus lemas más aclamados. Hoy Isabel Díaz Ayuso se apropia con sarcasmo de aquella consigna.

Se instauró así un mecanismo democrático viciado, asentado sobre una aparente ley inmutable: los gobiernos caían tras una catarsis ciudadana anticorrupción que daba paso a un nuevo ciclo de gobierno que acaba con una nueva catarsis… Y la rueda “democrática” giraba. No obstante, el mecanismo tenía exclusiones. Y, al menos, una excepción. Las exclusiones tienen como objetivo controlar que la indignación colectiva se limite al juego de turnos de gobierno, evitando que pudiera desbordarse y acabara reclamando una democracia mejor y con transparencia. Por eso hay corruptelas sobre las que se debe pasar de puntillas: un monarca enriquecido de forma ilícita, errores judiciales que exoneran a capos mafiosos, jefes policiales con millones ocultos en las paredes. Por mucho que prodiguen, estas corrupciones son pronto desactivadas con la inapelable argumento de los “casos aislados”.

Pasemos a la excepción. La rareza fue José Luis Rodríguez Zapatero. También él recurrió a criterios prepolíticos para legitimar su gestión: el horror a la guerra de Irak o la defensa de los derechos humanos en favor de las minorías. Pero lo hizo a la vez que aplicaba la más estricta ortodoxia neoliberal durante la crisis. Sin embargo, a diferencia de la norma, el PP, que por entonces hegemonizaba la derecha, fue incapaz de encontrar un caso de corrupción con el que armar una estrategia de acoso y derribo al Gobierno de Zapatero. Por ello tuvo que escudriñar a fondo para dar con un recurso alternativo. Y lo halló en ETA y el final de la lucha armada. Una idea nueva entró entonces en circulación: el traidor. Aunque la idea no era tan nueva. En el fondo, entroncaba con el tradicional discurso reaccionario español, una coincidencia que acabará teniendo graves implicaciones.

Por lo pronto, la prepolítica quedaba superada por lo predemocrático. Porque, en última instancia, se estaba recuperando el viejo espectro de la antiEspaña que tuvo en el franquismo su más acabada y siniestra plasmación. Como representante máximo de la antiEspaña, es imposible integrar al traidor. Solo cabe perseguirlo, acorralarlo, encarcelarlo, humillarlo. Es una lucha existencial. De hecho, para que España pueda renacer en su idealizada esencia es preciso que el traidor sucumba y la antiEspaña sea aniquilada por el fuego purificador. Por ello no basta con la derrota electoral de contrario; es imprescindible la Victoria total, y sin piedad.

El conflicto catalán y los vientos ultraderechistas que llegaban de Washington se encargarían con los años de avivar aquel fuego antidemocrático que durante unos años se mantuvo aletargado. Hoy lo prepolítico y lo predemocrático, la corrupción y la traición, se entremezclan en la mentalidad conservadora española. Y todo galvaniza en un estado anímico que hace tiempo que superó la catarsis para adentrarse por los peligrosos senderos de la histeria colectiva. Hasta tal punto se ha naturalizado, mediática y sociológicamente, la paranoia conspirativa que no faltan voces que aspiran incluso a dotar de rango constitucional a esta guerra total contra la antiEspaña. Lo hacía desde El País Pedro Cruz Villalón, el presidente del Tribunal Constitucional que ilegalizó a la izquierda abertzale y que hoy imagina un Congreso que impute a Pedro Sánchez por alta traición.

Aunque conviene no alarmarse. Tal vez sus argumentos son consecuencia de una lipotimia intelectual por un golpe de calor. Porque este verano está haciendo mucho calor, demasiado. Por eso conviene estar alertas y prevenidos. E hidratarse bien. Por eso, la mejor receta es beber buenas dosis de sentido común y serenidad.

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José Manuel Rambla es periodista.

La foto de las joyas encontradas en el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero ha copado portadas de periódicos y se ha visualizado durante horas en los debates televisivos. El expresidente está reuniendo toda la documentación sobre las mismas mientras el juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada por estas alhajas, tasadas en 1,3 millones de euros.

Asimismo, esa polémica ha reavivado el debate sobre los regalos que pueden recibir los políticos y ha sacado a la luz el tema de los presentes que vienen especialmente de las monarquías árabes, como ha puesto encima de la mesa el exministro socialista Miguel Sebastián, que ha narrado cómo fue obsequiado en Arabia Saudí con unas joyas, que él mandó colocar en una vitrina en el departamento.

¿Y los otros expresidentes del Gobierno? ¿Recibieron algún tipo de joya durante su etapa al frente del Palacio de la Moncloa? ¿Qué hicieron con esos regalos? infoLibre ha contactado con el entorno de Felipe González, de José María Aznar y de Mariano Rajoy para recabar sus respuestas. 

Solo Mariano Rajoy, a través de fuentes de su máxima confianza, contesta de manera clara. Su entorno asegura que “no recibió ninguna joya” y que “todos los regalos de cierto valor que recibió en su mandato quedaron registrados y depositados en la Presidencia del Gobierno”.

Desde la oficina del expresidente Felipe González, ante la pregunta de si el expresidente socialista recibió joyas durante su mandato, se limitan a contestar: “El presidente González no tiene previsto por el momento hacer intervenciones en medios”. Ante la repregunta, tanto por correo como por vía telefónica, si podían concretar si recibió joyas o no, no hubo contestación.

En un acto este martes, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el expresidente González abordó el tema de las joyas de Rodríguez Zapatero, a petición de la moderadora. El ex jefe del Ejecutivo señaló que durante su mandato no había legislación respecto a los regalos, pero que hizo una lista con los grandes regalos en su Gobierno y se colocaron en galerías junto al Consejo de Ministros, con objetos como sables con perlas. Indicó que sus ministros también dejaron los obsequios en sus departamentos.

González reveló situaciones como que Helmut Kohl, a través de Mercedes, quiso regalarle un vehículo todoterreno para usarlo en Doñana, pero que él le pidió que fuera cedido al propio parque. También puso de ejemplo cómo el rey Juan Carlos no quiso rechazar el palacio de la Mareta en Lanzarote, un regalo del rey de Jordania, pero que pasó a ser del Estado.

El expresidente González señaló que Rodríguez Zapatero debería devolver las joyas y dar todas las explicaciones sobre su origen y legalidad.

¿Y José María Aznar recibió joyas? Desde Faes, tras insistentes preguntas de infoLibre, responden: “El presidente se atuvo, desde la Presidencia del Gobierno, a la legalidad y el decoro personal en todas sus relaciones personales e institucionales”. A la petición de si podían concretar si le hicieron entrega de alguna joya, esta fundación reitera: “Es un asunto que no afecta a José María Aznar que siempre se ha atenido a los criterios más exigentes de integridad y decoro personal”.

Ante una nueva pregunta de si podían concretar si recibió joyas sí o no, Faes no ha respondido a este medio.

Hasta la llegada al Gobierno precisamente de Rodríguez Zapatero, no había ninguna norma que regulara el tema de los regalos. En febrero de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Código del Buen Gobierno, que fijaba: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.

“En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”, añadía el código.

Este texto además sirvió de inspiración para la Ley de Transparencia, aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre los principios de conducta para los miembros del Ejecutivo, los secretarios de Estado y los altos cargos, se incluye: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.

Estos dos textos no fijan una cantidad exacta que bareme la aceptación de los obsequios y lo fía al criterio de los políticos respecto a los “usos habituales, sociales y de cortesía”. En cambio, sí hay otras instituciones, como las Cortes Generales, que fijan topes monetarios. En el caso del Parlamento, el límite está en los regalos de hasta 150 euros. El reglamento indica que los diputados y senadores se “se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta”.

¿Debe dimitir el presidente del Gobierno? La historia nos enseña que aquí no dimite casi nadie, como muestra este conciso y contrastable relato. ¿Por qué apoyar una dimisión sin saber cómo funcionará la alternativa? O tal vez sí, pues ya hay situaciones y hechos palpables en algunas comunidades autónomas. 

Suárez dimitió, pues los sables y otros poderes, la España negra, se le echaron encima y forzaron su salida; eran los inicios de la democracia, los conocidos como poderes fácticos no iban a ponerlo fácil, ni entonces ni ahora. Las cloacas huelen mal. Le sustituyó Calvo Sotelo, quien dimitió, convocó elecciones y perdió; lo cesó el pueblo. El país seguía en una situación relativamente caótica. Ni Suárez ni Calvo Sotelo se atrevieron a limpiar el alcantarillado para eliminar los olores de la dictadura y el entorno. Un dicho popular nos advierte que cuando la justicia escasea, tener razón es peligroso.

Llegó González, una brisa fresca, pero no era la fragancia GAL. Sí aparecieron los GAL, organización parapolicial, y también el espionaje del CESID; dimitieron altos cargos, González no dimitió; también lo echó el pueblo. Ya antes, en 1996, los de CIU, los padres de Junts, apuntaban maneras y le zancadillearon. En el 2000 perdió frente al PP; su acre fragancia aún perdura.

Le sucedió Aznar. Tuvo un mandato complicado, marcado por asuntos como el Prestige, el Yak-42, el 11M y las peregrinas explicaciones de aquel terrible crimen y, finalmente, los aires guerreros de Irak. Lo cesó el pueblo mediante las urnas; la cosa no olía bien. 

Zapatero llegó en 2004, con una crisis en puertas y el coletazo final del terrorismo de ETA. Los progresos sociales no taparon la fragancia de los ERE, ni la crisis de 2008. El mandato le pasó por encima y dimitió. Le sustituyó Rubalcaba, quien perdió las elecciones el 20 de noviembre de 2011 frente a Rajoy. El mandato popular cesó a los socialistas.

Rajoy tuvo unas legislaturas jalonadas por el caso Gürtel, caso Bárcenas, el uso de fondos reservados y la implicación del Estado, Ministerio del Interior, en las llamadas cloacas; hasta ese momento solo en el caso GAL se había utilizado a instituciones del Estado.

En 2018, una moción de censura legítima le echó del Gobierno, le apeó Sánchez, quien gobernó hasta 2020. Llamó a las urnas en 2020 y 2023, gobernando en ambas legislaturas en coalición con otras fuerzas; no soportaba el olor de algún socio. Su mandato finalizaría en 2027.

Conclusión: ningún mandatario dimite motu proprio; al gobernante de turno lo cesa el pueblo o la moción de censura, cuando los aires de poder lo descomponen. Ante el fin del bipartidismo se avecinan nuevas fórmulas coalicionistas cuya mezcla produce olores insoportables que obligarían a llevar máscara.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Hoy soñé que estaba escribiendo en un Starbucks y escuché: ¡Émile Zola! Levanté la cabeza y allí estaba. Vestido como en el retrato de Monet, recogiendo en la barra un Frapuccino, quejándose al camarero por el precio y tratando de pagar en francos.

Me levanté y pagué su cuenta. Me dio las gracias, le dije que no había de qué y volví a mi mesa. Me senté. Lo curioso es que Émile –ya tenemos confianza– me había seguido y se sentó frente a mí sin pedirme permiso. 

Me aclaró que estaba frente a lo que yo pensaba que estaba: el fantasma de Émile Zola. Continuó explicándome, en un italiano mezclado con francés, que quería hacer una segunda versión del “Yo acuso” pero que no llevaba ni pluma ni papel.

No pude articular ni siquiera una sílaba y él pareció entender que no pudiera hacerlo. Le dio un pequeño sorbo al café, murmuró que no valía lo que costaba y luego me espetó:

–Escribe.

Empezó a dictarme.

Reproduzco aquí íntegramente todo lo que dijo.

"Señor expresidente Aznar:

¿Me permite usted, dentro de mi gratitud por haber sido el artífice del milagro económico español que, como todos sabemos, acabó con la mitad de su gobierno en la cárcel, que le diga de qué le acuso a usted y a otros fascistas? Si me lo permite, seguiré. Si no me lo permite, también.

Yo acuso al juez Peinado de actuar contra Begoña Gómez por motivaciones ideológicas y de sumarse a una estrategia de "guerra jurídica" contra el Gobierno y contra el propio Pedro Sánchez con inculpaciones que carecen de base jurídica.

Yo acuso a la jueza Teresa Palacios de acotar la investigación sobre el caso Kitchen de manera claramente favorable al Partido Popular en una clara defensa de este partido, de impedir las preguntas de la abogada del PSOE y, en ocasiones, de contestar en nombre de la señora De Cospedal.

Yo acuso al juez Ángel Hurtado de dar trato preferente a Mariano Rajoy e interrumpir de manera reiterada las preguntas de las acusaciones referidas a los papeles de Bárcenas.

Yo acuso al juez Martínez Arrieta de condenar sin pruebas al fiscal general del Estado como autor de un delito de revelación de datos reservados.

Yo acuso al juez García Castellón de rechazar imputar a la señora de Cospedal en el caso Kitchen y de archivar la responsabilidad penal del partido como persona jurídica en la pieza de la caja B del caso Púnica.

También de trato de favor a Mariano Rajoy, a quien evitó citar como investigado en el caso Kitchen excluyendo su nombre de autos judiciales clave.

Yo acuso al excomisario Villarejo de ser el cerebro de la llamada "policía patriótica" e instrumentalizar las cloacas del Estado durante el mandato del Partido Popular, ejecutando operaciones ilegales de espionaje, chantaje y fabricación de pruebas falsas para destruir a los adversarios políticos del PP.

Yo acuso a Eduardo Inda y a Álvaro Nieto de publicar noticias falsas con dinero de los españoles y españolas a través de publicidad contratada por administraciones del PP con el propósito de generar denuncias para acusar sin fundamento a cargos del Gobierno o del PSOE o familiares de estos.

Yo acuso a Manos Limpias de ser un "pseudosindicato" de extrema derecha que utiliza de forma fraudulenta la acusación popular para desestabilizar al Gobierno valiéndose de denuncias falsas basadas en bulos mediáticos.

Yo acuso a Hazte Oír de ser una organización radical que utiliza el espacio público y los tribunales para ejercer una difamación sistemática contra el Gobierno y la izquierda en general con el único fin de debilitarlo e interferir ilegalmente en los procesos electorales.

Yo acuso a Mariano Rajoy, M. Rajoy, el Barbas, el Asturiano –o como prefiera que le llamen– de cobrar sobresueldos en B y de ser el cerebro de una trama criminal para encubrir los delitos de la Gürtel que incluyó la creación de una policía paralela y un intento secuestro.

Yo acuso al juez Calama de practicar lawfare y una investigación prospectiva prohibida, imputando delitos desproporcionados al expresidente Zapatero basándose en indicios débiles de terceros para desgastar políticamente a la izquierda.

Yo le acuso a usted, señor expresidente Aznar, de haber puesto en riesgo el Estado español en los 90 para acabar con Felipe González, como reconoció el señor Ansón. 

También de involucrar a España en una guerra ilegal y de haber mentido a los españoles –y seguir mintiéndoles– sobre la autoría de los atentados del 11-M resultado de aquella guerra y de los que usted fue el máximo responsable.

Yo, en definitiva, acuso al Partido Popular, a Vox, a sus medios, a sus jueces, juezas, periodistas, instituciones y empresarios afines de estar dando un golpe de Estado para acabar con un gobierno legítimo salido de las urnas en julio de 2023 a la vista de que por la vía democrática no pueden.

Un golpe que empezó con su consigna “quien pueda hacer que haga” y que ha vuelto a repetir estos días. 

Mi protesta encendida no es más que el grito de mi corazón. Por lo tanto, atrévanse a llevarme a la Corte Penal y a que la investigación se lleve a cabo a plena luz del día.

Estoy esperando."

–¿Ha terminado?– le pregunté.

–Sí– contestó.

–Salen seiscientas noventa y una palabras solo con lo suyo. Y a esa cantidad hay que añadir lo que yo escriba. No creo que me lo publiquen, el máximo son cuatrocientas cincuenta y cinco.

–Pues ya de perdidos, añade que también acuso a Iker Jiménez y a Pablo Motos de ser tan idiotas que seguro que aplauden cuando el microondas llega a 0.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

La labor de zapa o trabajo de zapa es una expresión que define el trabajo que se realiza de forma oculta, sutil y progresiva para conseguir un fin, especialmente si busca debilitar o socavar los intereses de alguien.

La dignidad de los partidos y sus contextos oportunistas sin visión global están centrados en la pesca del voto y no en programas o idearios, en la conquista por asientos o privilegios que el poder facilita. Sin instrucción será difícil hallar la convicción.

Cuando la oposición consiste en el descrédito personal sin sustanciar alternativas políticas, no es progreso lo que se busca para la sociedad. Es poder presupuestario lo que se busca, y prueba de ello la tenemos en las acciones de privatización de sectores públicos, que se llevan a cabo por los partidos políticos que alientan la discordia, incluso refugiándose en etapas superadas ya en nuestra historia común.

El afán por demonizar, en esta ocasión a Zapatero, nos conduce a un escenario revelador de la condición humana y sus motivaciones.

Dicen que Aristóteles ya habló de ello cuando señaló que: “El ser humano, en su mejor momento, es el más noble de todos los animales; separado de la ley y la justicia, es el peor”. Ya sabemos que no es lo mismo tener tabulado a un animal en un “Goro” que bajo una Constitución.

Gian María Volante, en Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha, protagonizó a un importante funcionario de la policía que asesina a su amante, pero pone en evidencia pruebas contra sí mismo por que no soporta que se burle el orden establecido y que los culpables queden impunes.

Finalmente, el comisario confiesa desesperadamente el crimen ante sus superiores, en un intento por no subvertir la esencia de la autoridad, pero todos se niegan a creerle, obligándolo a retractarse de su confesión, con la aprobación del jefe de la policía. Es aquello de que no sólo hay que serlo, sino parecerlo.

La narración desde la insidiosa interpretación de los investigadores, donde se indica lo que se quiere decir, o se apunta lo que se quiere construir, y no lo que se dice o se hace, no debe ser acogida a las primeras de cambio.

En este país nuestro, las sospechas se nos quieren presentar como evidencias, teniendo las mismas la aprobación por los supervisores de las indagaciones. Pero se va más allá. Desde la denominada política, se ilumina el camino a los jueces, llegando en el presente caso a instar la prisión provisional o retiradas de pasaporte, u otras medidas cautelares, con el único fin de generar un ambiente de urgencia social.

Ahora sí, Z es Zapatero, y, M. Rajoy es un ignoto presidente con quien esa misma policía, que en aquel momento fue estigmatizada como “patriótica”, colaboró y participó en la demonización de adversarios políticos y en la destrucción de pruebas que imputaban a los miembros del Partido Popular, e intentó la inmolación de Bárcenas con aquella sentencia: “Luis, sé fuerte”. Estoy por ver en qué momento judicial se llevará a cabo la deducción de testimonios incriminatorios para con M. Rajoy, quien afirma: “Yo me llamo como me llamo y cada uno me llama como quiere”.

La difamación como pretexto, usando el auto inculpatorio contra el principio de inocencia, se desluce por la precipitación de sus autores e intérpretes para el desgaste político de los adversarios, buscando la portada periodística que ya queda indeleble. ¡Difama, que algo queda!

El poder económico ya fue aventado por el disparo de salida de Aznar, al pronunciarse como lo hizo: “Quien pueda hacer, que haga”. Sólo se da la salida si los corredores están preparados y coordinados para ello, y la articulación mediática cuesta dinero; luego, abonado con subvenciones o acuerdos de explotación de lo público.

Existen excepciones conocidas, como la que encarna Àngels Barceló, protagonista de un periodismo no discursivo, sino indagatorio, y quien no se ha plegado a los requerimientos de su grupo editorial; y habrá otras voces por dar a luz.

La precipitación suele marcarnos los pasos más intuidos que precisos.  La cautela conlleva tiempo para la reflexión, el acomodo y lo más certero. Da tiempo al tiempo, que este te dará tiempo.

Me vino a la memoria la película Zorba el griego, en la que la disputa entre la lógica y la razón se enfrentan a la visión de disfrutar de la vida, subyaciendo a su vez la realidad de otra constante que no terminamos por vencer, cual es que “el hombre es un lobo para el hombre”, como enunciara Thomas Hobbes. Hay una escena en esta película en la que se muestra con toda crudeza, tras fallecer Madame Hortensia, una cortesana francesa retirada y propietaria de un pequeño hotel en el pueblo cretense donde se desarrolla la historia. Ella vivía aferrada a sus recuerdos de juventud y a un mundo de fantasía sobre sus antiguos romances con oficiales de la marina... Llegó su hora, y tras su entierro, su casa, sus objetos y recuerdos fueron desvalijados para mejor encomio de sus depredadores.

Hoy la comunidad cristiana debe estar consternada. ¿Quién les iba a decir que Zapatero iba a ser otro líder supuesto, pero visible, y guía intelectual de la trama? Uno y trino. ¡Qué zozobra intelectual!

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Fernando Sagaseta es socio de infoLibre.

Hace, como mínimo, unas dos décadas que el Gobierno gallego se mostró por primera vez favorable a reclamar al Estado el traspaso de las competencias sobre la autopista AP-9. Fue a finales de 2005, cuando, apenas tres meses después de llegar al cargo, el presidente Emilio Pérez Touriño expresó el “deseo” de lograr esa transferencia tras analizar un informe con las prioridades del nuevo Gobierno de PSdeG y BNG en materia de autogobierno.

21 años después de aquel desiderátum, el Congreso de los Diputados acaba de aprobar el dictamen de una ley orgánica para conceder a la Xunta la “titularidad y competencias” de la autopista del Atlántico. Lo hizo con los votos a favor de los grupos que la redactaron, PSOE, BNG y Sumar, y también con el “sí” de todos los demás salvo dos, PP y Vox. Tan cierto es que este paso es un indudable avance como que a la ley, que nunca había llegado tan lejos, aún le resta un amplio camino por recorrer. Y, sobre todo, que llega tras innumerables bloqueos y obstáculos, atribuibles a más de una fuerza política, en un proceso que formalmente se lanzó tres veces y políticamente, muchas más.

En aquella legislatura con socialistas y nacionalistas en el Ejecutivo gallego, quien entonces era nuevo líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ser partidario de la transferencia e incluso la incluyó en el programa electoral con el que ganó las elecciones de 2009. Encontró reticencias en el Gobierno de España, el del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que en 2010 anunció el inicio de negociaciones al respecto, sin mayor resultado.

En 2012, el PPdeG de Feijóo logra su segunda mayoría absoluta consecutiva y lo hace con un programa electoral en el que apuesta por una “reformulación” de la gestión de la AP-9 sin prometer abiertamente el traspaso. A lo largo de la legislatura gallega, no obstante, los populares gallegos darán apoyo político a una reclamación que el Gobierno de España, ya en manos del PP de Mariano Rajoy, rechaza por considerarla ilegal, en palabras de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.

Fue en este punto cuando llegó el primer intento de lograr el traspaso por la vía que ahora avanza: la de una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Galicia para su debate en el Congreso. Sucedió en octubre de 2015, cuando, en un giro que causó sorpresa en el legislativo gallego, el PP decidió votar “sí” a la proposición de ley formulada por el BNG. Pero al llegar al Congreso, la petición unánime gallega se topó dos veces con el veto del Gobierno de España aún en manos del PP.

En octubre de 2016, aun estando en funciones tras no lograr mayoría para una segunda investidura, el gabinete de Rajoy hizo uso de la prerrogativa gubernamental de frenar leyes en el Congreso para, con una interpretación forzada del artículo 134.6 de la Constitución, impedir que la propuesta gallega llegase siquiera a debatirse. En mayo de 2017 el Parlamento volvió a pedir el traspaso por unanimidad y en junio del mismo año el Gobierno de Rajoy volvió a vetarlo con un informe jurídico más elaborado, pero con el mismo resultado. Por el camino, también habían frenado una iniciativa de En Marea en el Congreso en el mismo sentido.

Estos tres bloqueos formales, basados en cálculos económicos erróneos o falsos, finalizaron en 2018. Poco después de la moción de censura que desalojó a Rajoy, el Ejecutivo del PSOE de Pedro Sánchez cumplió la promesa de levantar el veto a la primera de las peticiones gallegas, la de 2015, y en el propio 2018 una amplia mayoría absoluta permitió el inicio de una tramitación que quedó interrumpida por el adelanto de las elecciones generales a abril de 2019.

Tras el paso por las urnas, el Parlamento reiteró la petición unánime y, en 2021, el Congreso aprobó de nuevo el inicio del trámite. Y fue aquí donde llegaron los bloqueos de otro signo. La Mesa del Congreso, donde los socios del gobierno PSOE-Unidas Podemos tenían mayoría junto con otras fuerzas, aprobaron sucesivas ampliaciones de los plazos para presentar enmiendas para dilatar un proceso que acabó caducando por otro adelanto, el de las generales de 2023, después de que las adiciones del Grupo Socialista al texto original desnaturalizasen en gran medida su contenido.

Fue así como se llegó a la ley que ahora, por fin, avanza. En junio de 2024 el Congreso inició por tercera vez el trámite con el único “no” de Vox, pero acto seguido volvió la demora por la vía de las prórrogas de los plazos para enmendar, aprobada sistemáticamente por la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría gubernamental. Cuando finalizó esa dilación, el PSOE volvió a presentar enmiendas para acotar el traspaso a que la Xunta pudiese proponer mejoras en la gestión de la autopista. Ese escenario de traspaso recortado quedó superado esta semana: el pacto de los socialistas con el Bloque y Sumar da el visto bueno esencial a la transferencia y deja las condiciones concretas para un momento posterior, el de la concreción del traspaso en la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado.

En el primer test en forma de votación deja dos posibles lecturas. Una, la posibilidad de una mayoría absoluta en el pleno del Congreso —imprescindible en una ley orgánica— pese al “no” de Vox y también de un PP que dice oponerse porque el texto deja fuera parte de lo incluido en la ley aprobada en Galicia. Tanto el BNG como el PSdeG exigen al PPdeG explicaciones por su “no”. Otra, que este avance no sea más que el pórtico de un cuarto bloqueo.

Cualquiera de las dos lecturas va acompañada de una inevitable derivada: el modo en que el gobierno que finalmente acabe siendo responsable cotidiano de la AP-9, el español o el gallego, aborde la gran cuestión relativa a esta infraestructura. Se trata del futuro de su explotación mediante concesión privada a Audasa, prorrogada sin concurso hasta 2048 por el Gobierno de Aznar en lo que la Comisión Europea considera una ilegalidad en un procedimiento que sigue abierto mientras continúan subiendo las tarifas de unos peajes que, en los últimos años y a partir de acuerdos PSOE-BNG, el Gobierno de España viene paliando con planes de descuentos para los que comprometió más de 2.000 millones de euros.

¡Sí, cuidado! Se comportan como niños en el patio de un colegio.

Si se demostrara que el señor Rodríguez Zapatero es culpable de los cargos que se le imputan, me parece muy bien que actúe la justicia. Es lo correcto. Pero que den por supuesto que ese delito, si tal fuera, haría caer a Sánchez es una falacia, una mirada muy corta. ¿Por qué habría de caer el Gobierno? Mírense a sí mismos. ¿Dónde estaría el PP si tal principio se aplicara?

Fíjense en la señora Ayuso que, aun siendo muy católica, vive como concubina con su novio, Alberto González Amador. Este señor, un presunto defraudador fiscal de campeonato, se ha enriquecido a costa de la privatización de la sanidad pública llevada a cabo, convenientemente, por la propia señora Ayuso. Por esta razón el señor González Amador está imputado. Y, díganme, ¿ha dimitido la señora Ayuso por la imputación de su pareja? Pues no, la señora Ayuso no ha dimitido. Sin embargo, no puede haber una relación más cercana que la que se establece con la propia pareja. Además, esta señora ha conseguido que se cese al fiscal general del Estado, con la velocidad del rayo, y que el juicio de su novio se paralice. Esto sí es corrupción en grado superlativo, porque está directamente relacionada con el Poder Judicial.

Y no solo, en este año, 2026, se está celebrando el juicio por la Operación Kitchen, que tuvo lugar durante el gobierno de Mariano Rajoy. Se trataba de un operativo parapolicial ilegal que se realizó a partir de 2013 desde el Ministerio del Interior para espiar y robar información a Luis Bárcenas, que era el tesorero del PP. Trece años ha tardado en salir el juicio. Por eso el señor Rajoy no se acordaba de nada; la señora Cospedal y la señora Santamaría también habían perdido la memoria, ¡vaya por Dios! Ninguno dimitió por la Operación Kitchen; y esta demora de 13 años en la resolución del caso también pone de manifiesto que el Poder Judicial no es imparcial. 

Por el caso Púnica, en 2019, el juez García Castellón determinó la imputación de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, por el papel “decisivo y esencial” que habría tenido esta persona en la financiación ilegal del PP. ¿Dimitió la señora Aguirre por ese gran escándalo? Pues no, la señora Aguirre no dimitió.

El caso Montoro es otro caso de corrupción política en España que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a 27 personas más por presuntas irregularidades, extremadamente graves, cometidas en este ministerio durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018). La investigación se centra en el supuesto favorecimiento a determinadas empresas, impulsando normas y reformas fiscales que las beneficiaban, a cambio de pagos directos al despacho “Equipo Económico”, fundado por Montoro en 2006. ¿Dimitió Montoro por este otro caso de corrupción en grado superlativo? ¿Dimitió Rajoy? ¿Se convocaron elecciones anticipadas?

Han pasado varios años y todavía no se ha resuelto el caso. 

Otra vez el Poder Judicial se demora.

Lo que no sé es por qué regla de tres, si está imputado el señor Rodríguez Zapatero, debería dimitir el señor Sánchez. 

Y no sé, señor González, por qué regla de tres, esta vez compuesta, se tendrían que convocar elecciones anticipadas porque esté imputado el señor Rodríguez Zapatero. El señor Zapatero no está en el gobierno y, si fuera culpable, tendría que responder él por sus actos delictivos. 

Lo grave, gravísimo, de todos los casos es que el Poder Judicial no es imparcial. Lo que atañe a la derecha no acaba de resolverse en años y años, y lo que atañe a la izquierda se resuelve con la rapidez del rayo.

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Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.

El caso Plus Ultra ha revuelto toda la escena política. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuesto tráfico de influencias condiciona ahora mismo todo el panorama. Y más allá del aspecto judicial y de sus efectos para el Gobierno y el PSOE, se abre también el debate de dónde están los límites en las actividades de los que fueran jefes del Ejecutivo.

¿Cómo debe ser la salida del Palacio de la Moncloa? ¿La legislación debería ser más estricta respecto a los trabajos que pueden realizar? ¿Debe condicionar para siempre el puesto de presidente? ¿Se tiene que cerrar la puerta giratoria a la empresa privada? ¿Hasta dónde se puede hacer lobby? Son preguntas que sobrevuelan ahora mismo en el debate público.

El estatuto de los expresidentes está regulado a través de un real decreto de 1992, que modificó a su vez el texto original de 1983, ambos redactados bajo las Administraciones de Felipe González. El redactado, que consta de cuatro artículos y tres disposiciones, establece que los exjefes del Ejecutivo gozarán del tratamiento de “presidente” y que, en sus desplazamientos fuera del territorio nacional, podrán contar con el apoyo de los servicios de representación diplomática española.

Asimismo, el decreto incluye “medios y prerrogativas”. Se les adscriben dos puestos de trabajo a su servicio, uno de ellos con nivel 30 (el mayor rango dentro de la Administración pública española). Y se les permite nombrar a ese personal por el sistema de libre designación (no tienen que ser funcionarios ni que pasar algún tipo de prueba).

Se fija que tendrán una dotación “para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado”. La pensión vitalicia, según las últimas cuentas públicas, está fijada en 79.336 euros brutos al año.

El real decreto establece asimismo que se pone a disposición de los expresidentes un automóvil con conductor a cargo de la Administración y se proporciona seguridad a través del Ministerio del Interior. Otra de las medidas a su disposición es que disfrutan de “libre pase” en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

En 2004 también se abrió otro posible camino para los expresidentes del Gobierno con una modificación legal hecha precisamente por el primer Ejecutivo de Zapatero, para que los que hubieran sido jefes del Ejecutivo puedan incorporarse como miembros natos del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo. La remuneración ronda los 100.000 euros al año. El propio Zapatero formó parte hasta 2015, cuando lo abandonó para desempeñar la presidencia del Consejo Asesor de la Fundación alemana del Instituto de Diplomacia Cultural. El puesto en el Consejo de Estado es incompatible con cobrar alguna nómina o pertenecer a algún consejo de administración, por eso nunca lo aceptaron ni Felipe González ni José María Aznar. 

El estatuto que regula la situación de los expresidentes no tiene ninguna referencia sobre posibles labores privadas ni tampoco establece ningún control a la actividad de los que fueron jefes del Ejecutivo. Las limitaciones aplicables son las recogidas en la Ley del Alto Cargo, aprobada precisamente en la época de Rodríguez Zapatero y que afectan a todos los miembros del Gobierno. 

En el artículo 15 de dicha norma se dispone: “Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.

Este vacío que se detecta en la regulación de las actividades de los expresidentes llena ahora también el debate público después de la investigación abierta respecto a Rodríguez Zapatero. Por eso, desde los partidos de la izquierda transformadora se está poniendo sobre la mesa durante estas horas la necesidad de concretar más el estatuto regulatorio.

El grupo parlamentario de Sumar está trabajando ya en una propuesta para cambiar el estatuto de los expresidentes, según señalan fuentes del espacio, que trasladan: “Es fundamental una reforma. Y debe ser más dura que la ley de lobbies”. La idea con la que están trabajando es dejar claras las limitaciones que pueden tener los expresidentes.

Será una propuesta del grupo parlamentario y no prevén pactarla con el PSOE en esta fase previa. No hay fecha para su presentación, pero no se va a demorar, apuntan las fuentes consultadas del espacio, donde insisten: “No puede ser que cobres por vender tu agenda de contactos como presidente. Seas Aznar o Zapatero”.

Hay voces de este espacio cuestionando no sólo el marco normativo, sino también este tipo de trabajos de lobby por parte de expresidentes. La diputada de Sumar Tesh Sidi ha verbalizado estos días: “El ejercicio de lobby de un expresidente es injustificable. Reciben ya una pensión vitalicia por ser expresidentes”. El exdiputado andaluz José Manuel Jurado ha expresado también así sus sensaciones: “Es absolutamente falto de ética el lobbismo, y me vais a perdonar, pero, sea legal o no, no voy a defender a un tipo que se ha embolsado casi 300 mil euros al mes gracias a su influencia”.

La situación de Zapatero ha vuelto los ojos también hacia las figuras de los expresidentes. Mariano Rajoy volvió a su puesto como registrador de la propiedad y trabaja en Madrid tras el traslado de su plaza en Santa Pola (Alicante). En cambio, González y Aznar llevan años volcados en su labor de lobby en el mundo de la empresa.

Aznar va a cumplir 20 años como asesor del magnate Rupert Murdoch después de que el conglomerado News Corp lo renovara como consejero independiente el pasado mes de noviembre, aunque una parte de la junta de accionistas estaba en contra. Sólo en el último ejercicio se embolsó más de 341.000 dólares por este puesto. Ha sumado, a cargo de esta empresa, más de cuatro millones de euros desde que fue fichado en 2006, dos años después de dejar el Palacio de la Moncloa. El expresidente también ha estado ligado a Endesa, a Centaurus Capital, DLA Piper, Philip Morris y Latham Watkins.

El expresidente González fichó como consejero independiente en 2019 de Boluda Towage, una división del naviero Vicente Boluda, un millonario que preside la Asociación Valenciana de Empresarios. También estuvo varios años como consejero de Gas Natural, puesto por el que percibía 126.000 euros al año.

El expresidente de España y expresidente del partido condenado por corrupción M. Rajoy, el Asturiano, el Barbas o como usted quiera llamarlo, ha hablado después de hacer un impúdico paripé ante el juez de la Kitchen como sólo le está permitido hacer a presuntos delincuentes relacionados con la derecha del PP. Ha hablado, ¡cómo no!, para denigrar al presidente del Gobierno que lo desalojó de la Moncloa por corrupción. El lector del Marca, notable figurante en los papeles de Bárcenas, promotor de la Ley Mordaza y defectivo orador (por no mentar el ADN franquista de su partido) ha hablado de dictaduras.

Acusa a China de apoyar a Rusia frente a Ucrania, motivo por el cual considera que hay que alejarse de China y acercarse a EEUU, soslayando la excelente sintonía entre Trump y Putin y el maltrato a Zelenski en la Casa Blanca. También acusa al país asiático de “no cortarse nada al apoyar a las dictaduras latinoamericanas”, obviando el largo historial del imperialismo yanqui como inductor de golpes de estado en Sudamérica para poner los gobiernos en manos de dictadores como Batista o Pinochet y títeres afines como Milei o Machado. El propio presidente Trump tiene los tintes y los modos de un dictador criminal.

En un ejercicio de desnorte ideológico y lingüístico, del que es consumado maestro, opina que el lugar de España y de Europa “debe seguir siendo con las democracias”, donde incluye a los EEUU de Trump, el Israel genocida, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait porque “si no, ¿con quién vamos a estar, con las dictaduras?”. Metido en faena, 'el Asturiano' ha defendido a la OTAN como instrumento de defensa de Europa, en el caso de que sea atacada, si el atacante no es norteamericano, es decir, soviético o moro. 

Para rematar, el Barbas ha planteado, como reto para Europa, evitar guerras y proteger las democracias ante “enemigos muy serios” como el populismo de “extrema derecha, izquierda y de extrema necedad”. Mucha necedad se ha de tener para no sentir un escalofrío en el cogote cuando se escucha esto al mismo tiempo que Guardiola, Azcón y el propio Feijóo asumen y defienden como propio el discurso de la prioridad nazional que proponen vividores provocadores como Abascal y aplauden populismos como el de Ayuso.

Hay que ser de una pasta especial para ejercer el contorsionismo político de la manera que lo hace el registrador Rajoy sin despeinarse. Hay que tener muy controlada por la puerta de atrás a la Justicia para declarar en la Audiencia Nacional como lo han hecho Mariano, María Dolores, Soraya y toda la patulea de granujas implicados en la Kitchen. Debe de ser poseedor de un altísimo grado de cinismo para hablar de dictaduras quien ha utilizado su paso por la Moncloa para llevar a cabo ilegales prácticas parapoliciales propias de Mafias y Gestapos.

Hay que ser M. Rajoy para minimizar su relación con Bárcenas después del “Luis, sé fuerte” y “hacemos lo que podemos”. Un Rajoy sabedor de que parte de la judicatura puede hacer y hace (Aznar dixit) y otra parte no menos significativa no oculta su militancia ideológica con la venia del Tribunal Supremo y del CGPJ. La Justicia es un arma cargada de pasado en un sistema político sin más programa que la dictadura del dinero ni más horizonte que sembrar odio y enfrentar a unos pobres con otros mucho más pobres.

En la línea de Rajoy y del PP, no extraña que Aldama apunte, sin pruebas, a Pedro Sánchez y la financiación del PSOE: la Justicia valorará y el PP recompensará su declaración.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

A dos semanas de las elecciones en Andalucía, Juanma Moreno trata de mantener lejos a sus propios compañeros de partido. Él quiere evitar los “líos” que, en sus propias palabras, representan los pactos con Vox y la “prioridad nacional” en la que la dirección nacional del Partido Popular está atrapada desde hace semanas. Así, al igual que hizo el actual presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia, el presidente andaluz ha diseñado una campaña en la que pesa más su nombre que el de su partido y en la que trata de huir de la confrontación ideológica.

Moreno quiere evitar que las elecciones del 17M se contaminen del “ruido” de Madrid y no participarán en campaña ni la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso —de viaje por México—, ni los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Feijóo sí estará, pero con una presencia limitada y sin ocupar el centro de la campaña. Este domingo será la primera vez que coincidan en un acto en Málaga, pero fuentes de Génova destacan que el líder nacional tendrá una agenda propia y separada en buena parte de la de Moreno. “Cuantos menos actores haya en el escenario, mejor”, resumió el presidente andaluz en funciones en una entrevista en Antena 3.

El andaluz quiere aparecer como algo más que el candidato del PP. Su objetivo es presentarse como una figura “institucional, reconocible y transversal”, capaz de llegar a electores que no hace tanto “votaban al PSOE”, explican fuentes de su equipo. El calendario le ha ayudado a ello, con celebraciones populares —Semana Santa, Feria de Abril, Cruces de Mayo, Patios de Córdoba o Feria del Caballo de Jerez— en las que Moreno se ha dejado ver fuera de la habitual confrontación partidista y de los mítines al uso.

Los rivales de Moreno, sin embargo, sí quieren que Andalucía mire a Madrid. El PSOE cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede levantar a su electorado y que al candidato del PP le perjudica hablar de cuestiones nacionales, al igual que pasa con Vox, que necesita a su líder nacional, Santiago Abascal, para visibilizar a su propio candidato. En la izquierda, Sumar también busca la presencia de sus referentes nacionales para dar empuje a Antonio Maíllo frente a la amenaza que supone Adelante Andalucía. El PP andaluz, en cambio, considera que su candidato es más fuerte cuanto menos acompañado esté.

El contraste de la campaña andaluza con las últimas autonómicas es evidente. En Castilla y León, Aragón y Extremadura, los candidatos del PP estuvieron acompañados de Feijóo, Ayuso, Aznar y Rajoy en varios mítines para movilizar al electorado conservador. En lugares como Aragón, el líder del PP echó el resto en campaña y no se movió prácticamente del territorio en las dos semanas. En Andalucía, sin embargo, Moreno intenta que la campaña no parezca una extensión de Génova ni una sucursal de la Puerta del Sol. 

La ausencia de Ayuso es la más significativa. La presidenta madrileña atrae las miradas allá donde va, pero también alimenta el choque contra Sánchez y la disputa cultural contra la izquierda. Todo eso moviliza al votante duro del PP, pero en el equipo de Moreno creen que puede poner en riesgo el activo principal de su candidato. Y la mayoría absoluta “no está garantizada”, como llevan repitiendo desde hace semanas. Es más, pronostican que todo dependerá de “cómo se repartan los restos” y de su capacidad de “robar voto” al PSOE.

En Castilla y León, Feijóo, Aznar y Rajoy arroparon a Alfonso Fernández Mañueco. Ahora, ambos expresidentes “no suman”, según trasladan en el PP andaluz, especialmente Rajoy, con el caso Kitchen todavía coleando. En Aragón, Jorge Azcón hizo lo contrario de Moreno al nacionalizar el mensaje y convertir a Ayuso en “invitada estrella” de su campaña, con actos durante todo un fin de semana. En Extremadura, aunque con menos presencia nacional, Feijóo se volcó con una campaña paralela a la de María Guardiola para “peinar” el territorio y frenar a Vox.

Esos precedentes pesan en Andalucía. El PP ganó en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero no logró romper la dependencia de Vox. Guardiola se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta en Extremadura, Azcón ganó en Aragón pero con dos escaños menos mientras Vox se disparó hasta las 14 actas y Mañueco venció en Castilla y León sin alcanzar los 42 procuradores necesarios para gobernar en solitario.

Moreno busca ser la excepción de ese ciclo. Si alcanza la mayoría absoluta, podrá exhibirse como el único barón popular capaz de contener a Vox sin mimetizarse con su discurso. Si  no lo logra, se enfrentará al mismo problema que sus compañeros de partido: una legislatura condicionada por la extrema derecha. El presidente andaluz quiere vender estabilidad frente al “lío” de otros barones populares condicionados por Vox, y para eso necesita alejarse tanto de la retórica ultra como del lenguaje de la política nacional. 

La inmigración es el ejemplo más evidente. Moreno se ha distanciado de la fórmula pactada por el PP con Vox en otras comunidades con la “prioridad nacional” y ha incluido en su programa una defensa de la contribución de la población migrante regularizada al crecimiento económico, al empleo y a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero tiene otras flaquezas de gestión que la oposición trata de utilizar a su favor, con el estado de la sanidad como el principal elemento de desgaste.

El presidente andaluz, a diferencia de Feijóo e incluso de Ayuso, no necesita demostrar que el PP puede ganar a Pedro Sánchez, sino que él puede seguir gobernando Andalucía sin depender de Vox. Lo que más teme es perder la mayoría absoluta y quedar atrapado en la misma dinámica que Guardiola, Azcón o Mañueco. Es decir, ganar pero depender de la extrema derecha para gobernar, pese a que él mismo accedió al poder gracias a Vox en 2018.

Alberto Núñez Feijóo quiere hablar de sanidad. Este miércoles, durante la sesión de control del Congreso, aprovechó la huelga de médicos para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de desatender a los sanitarios y también contra la ministra del ramo, Mónica García, que recientemente anunció que quiere volver a enfrentarse a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) en las próximas elecciones autonómicas. Pero el debate en el PP se extiende más allá de las huelgas sanitarias. Los conservadores abogan por excluir a los migrantes en situación irregular, un modelo que ya implementó Mariano Rajoy en 2012.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, defendió el martes que los irregulares tengan asistencia "en cuestiones de urgencia" pero "no en operaciones programadas": "Es evidente que no puede ser lo mismo estar de forma regular que irregular", señaló. Fuentes de la dirección del partido se escudan para justificarlo en la situación de supuesto "colapso” en el acceso a los servicios del estado del bienestar, la misma tesis que defiende la extrema derecha. En el equipo directo de Alberto Núñez Feijóo no niegan que quieran volver al 'modelo Rajoy' y únicamente destacan que "no han comentado lo que harán de aquí a un año" y que ahora se enfocan en la falta de médicos MIR. 

Génova rechaza el modelo de sanidad universal para extranjeros en situación irregular impulsado por el Gobierno de Sánchez. Hace solo unas semanas el Consejo de Ministros aprobó un decreto a propuesta de los ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destinado a que cualquier persona que viva en el país, aunque sea de forma irregular, tenga acceso a la sanidad pública gratuita, además de garantizarla para todos los españoles que viven en el extranjero y estén de visita. 

Un real decreto que solventa el problema con el que se encontraban hasta ahora miles de migrantes, ya que si no podían demostrar que llevaban tres meses residiendo en el país, no tenían acceso gratuito. Esto dejaba fuera a los que llevaban menos tiempo y a los que no podían acreditar su residencia de ningún modo por su situación irregular en el país. Para el PP, estos migrantes deben “tener acceso a las urgencias” pero no al médico de cabecera pese a que desde el ministerio de Sanidad señalan que de esta forma se genera mayor carga asistencial y que es la primaria la que “deriva” en función de la gravedad.

En mayo de 2012, el Congreso aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Entonces era la conservadora Ana Mato la encargada de la cartera de Sanidad. Su medida, defendió entonces, conseguiría acabar con el "turismo sanitario" y evitar "el descontrol que suponía que cualquier persona, sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país, tuviese derecho a la tarjeta sanitaria". Un argumento que también utilizó Muñoz el martes: "Todos conocemos el concepto de turismo sanitario, de gente que viene a nuestro país y que acceda al sistema para que le hagan operaciones programadas, no operaciones de urgencia", señaló en rueda de prensa.

En una reciente entrevista en Servimedia, Feijóo defendió que “una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país”, planteó, en la línea con el discurso duro que está exhibiendo el partido en materia migratoria. Y añadió: “La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?”, señaló el líder del PP. 

La misma tesis utilizó Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del área migratoria del PP, en otra entrevista reciente en Artículo 14. Ezcurra aseguró que nadie que necesite atención sanitaria urgente se quedará sin ella, pero defendió "ordenar el acceso" a prestaciones programadas en función del arraigo, la permanencia y la contribución al sistema. Así, el PP ya está públicamente lanzando el mensaje de que la sanidad debe estar limitada a los migrantes en casos de urgencias.

Los conservadores plantean volver a la reforma sanitaria de Rajoy que sustituyó la lógica de la universalidad por la de la condición de "asegurado" o "beneficiario". Con todo, voces de la dirección del PP matizan que la ley que salga de un futurible Gobierno de PP y Vox tendrá “el sello Feijóo” aunque se inspire en la de Rajoy. En la práctica, los extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España quedaron limitados a la atención de urgencia por enfermedad grave o accidente, a la asistencia durante el embarazo, parto y posparto, y a la atención a menores de edad.

Ese modelo fue corregido en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que recuperó la titularidad del derecho a la protección de la salud para las personas extranjeras residentes en España y reconoció expresamente que quienes no tuvieran residencia legal podían acceder a la atención sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, siempre dentro de los requisitos establecidos por la norma.

Fue la socialista Carmen Montón, entonces al frente de la cartera, la encargada de anunciarlo. Pero no fue suficiente. Ese real decreto no instauró la universalidad en el acceso al sistema sanitario con el mismo grado de cobertura que existía antes de la reforma de 2012 al dejar fuera a las personas migrantes que no contaban con residencia autorizada en España de más de tres meses y también excluía a las personas que llegaban a través de la reagrupación familiar.

El real decreto aprobado el pasado 10 de marzo facilitó los trámites para que el reconocimiento del derecho se realice mediante una declaración responsable, en la que la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. A partir de ese momento, recibe un documento provisional que le da acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, válido en cualquier comunidad autónoma.

Desde el PP consideran que, de esta manera, el Gobierno está cargando más presión sobre un sistema sanitario ya tensionado y reclama que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de más financiación para las comunidades autónomas, que son las que gestionan la sanidad. Es más, la formación de Feijóo gobierna en once comunidades autónomas, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Hace precisamente un mes, el pasado 26 de marzo, el PP se abstuvo en una moción presentada por Vox que pedía “establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario” y reclamaba derogar el decreto que aprobó el Ejecutivo para universalizar la sanidad.