¡Sí, cuidado! Se comportan como niños en el patio de un colegio.

Si se demostrara que el señor Rodríguez Zapatero es culpable de los cargos que se le imputan, me parece muy bien que actúe la justicia. Es lo correcto. Pero que den por supuesto que ese delito, si tal fuera, haría caer a Sánchez es una falacia, una mirada muy corta. ¿Por qué habría de caer el Gobierno? Mírense a sí mismos. ¿Dónde estaría el PP si tal principio se aplicara?

Fíjense en la señora Ayuso que, aun siendo muy católica, vive como concubina con su novio, Alberto González Amador. Este señor, un presunto defraudador fiscal de campeonato, se ha enriquecido a costa de la privatización de la sanidad pública llevada a cabo, convenientemente, por la propia señora Ayuso. Por esta razón el señor González Amador está imputado. Y, díganme, ¿ha dimitido la señora Ayuso por la imputación de su pareja? Pues no, la señora Ayuso no ha dimitido. Sin embargo, no puede haber una relación más cercana que la que se establece con la propia pareja. Además, esta señora ha conseguido que se cese al fiscal general del Estado, con la velocidad del rayo, y que el juicio de su novio se paralice. Esto sí es corrupción en grado superlativo, porque está directamente relacionada con el Poder Judicial.

Y no solo, en este año, 2026, se está celebrando el juicio por la Operación Kitchen, que tuvo lugar durante el gobierno de Mariano Rajoy. Se trataba de un operativo parapolicial ilegal que se realizó a partir de 2013 desde el Ministerio del Interior para espiar y robar información a Luis Bárcenas, que era el tesorero del PP. Trece años ha tardado en salir el juicio. Por eso el señor Rajoy no se acordaba de nada; la señora Cospedal y la señora Santamaría también habían perdido la memoria, ¡vaya por Dios! Ninguno dimitió por la Operación Kitchen; y esta demora de 13 años en la resolución del caso también pone de manifiesto que el Poder Judicial no es imparcial. 

Por el caso Púnica, en 2019, el juez García Castellón determinó la imputación de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, por el papel “decisivo y esencial” que habría tenido esta persona en la financiación ilegal del PP. ¿Dimitió la señora Aguirre por ese gran escándalo? Pues no, la señora Aguirre no dimitió.

El caso Montoro es otro caso de corrupción política en España que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a 27 personas más por presuntas irregularidades, extremadamente graves, cometidas en este ministerio durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018). La investigación se centra en el supuesto favorecimiento a determinadas empresas, impulsando normas y reformas fiscales que las beneficiaban, a cambio de pagos directos al despacho “Equipo Económico”, fundado por Montoro en 2006. ¿Dimitió Montoro por este otro caso de corrupción en grado superlativo? ¿Dimitió Rajoy? ¿Se convocaron elecciones anticipadas?

Han pasado varios años y todavía no se ha resuelto el caso. 

Otra vez el Poder Judicial se demora.

Lo que no sé es por qué regla de tres, si está imputado el señor Rodríguez Zapatero, debería dimitir el señor Sánchez. 

Y no sé, señor González, por qué regla de tres, esta vez compuesta, se tendrían que convocar elecciones anticipadas porque esté imputado el señor Rodríguez Zapatero. El señor Zapatero no está en el gobierno y, si fuera culpable, tendría que responder él por sus actos delictivos. 

Lo grave, gravísimo, de todos los casos es que el Poder Judicial no es imparcial. Lo que atañe a la derecha no acaba de resolverse en años y años, y lo que atañe a la izquierda se resuelve con la rapidez del rayo.

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Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.

El caso Plus Ultra ha revuelto toda la escena política. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuesto tráfico de influencias condiciona ahora mismo todo el panorama. Y más allá del aspecto judicial y de sus efectos para el Gobierno y el PSOE, se abre también el debate de dónde están los límites en las actividades de los que fueran jefes del Ejecutivo.

¿Cómo debe ser la salida del Palacio de la Moncloa? ¿La legislación debería ser más estricta respecto a los trabajos que pueden realizar? ¿Debe condicionar para siempre el puesto de presidente? ¿Se tiene que cerrar la puerta giratoria a la empresa privada? ¿Hasta dónde se puede hacer lobby? Son preguntas que sobrevuelan ahora mismo en el debate público.

El estatuto de los expresidentes está regulado a través de un real decreto de 1992, que modificó a su vez el texto original de 1983, ambos redactados bajo las Administraciones de Felipe González. El redactado, que consta de cuatro artículos y tres disposiciones, establece que los exjefes del Ejecutivo gozarán del tratamiento de “presidente” y que, en sus desplazamientos fuera del territorio nacional, podrán contar con el apoyo de los servicios de representación diplomática española.

Asimismo, el decreto incluye “medios y prerrogativas”. Se les adscriben dos puestos de trabajo a su servicio, uno de ellos con nivel 30 (el mayor rango dentro de la Administración pública española). Y se les permite nombrar a ese personal por el sistema de libre designación (no tienen que ser funcionarios ni que pasar algún tipo de prueba).

Se fija que tendrán una dotación “para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado”. La pensión vitalicia, según las últimas cuentas públicas, está fijada en 79.336 euros brutos al año.

El real decreto establece asimismo que se pone a disposición de los expresidentes un automóvil con conductor a cargo de la Administración y se proporciona seguridad a través del Ministerio del Interior. Otra de las medidas a su disposición es que disfrutan de “libre pase” en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

En 2004 también se abrió otro posible camino para los expresidentes del Gobierno con una modificación legal hecha precisamente por el primer Ejecutivo de Zapatero, para que los que hubieran sido jefes del Ejecutivo puedan incorporarse como miembros natos del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo. La remuneración ronda los 100.000 euros al año. El propio Zapatero formó parte hasta 2015, cuando lo abandonó para desempeñar la presidencia del Consejo Asesor de la Fundación alemana del Instituto de Diplomacia Cultural. El puesto en el Consejo de Estado es incompatible con cobrar alguna nómina o pertenecer a algún consejo de administración, por eso nunca lo aceptaron ni Felipe González ni José María Aznar. 

El estatuto que regula la situación de los expresidentes no tiene ninguna referencia sobre posibles labores privadas ni tampoco establece ningún control a la actividad de los que fueron jefes del Ejecutivo. Las limitaciones aplicables son las recogidas en la Ley del Alto Cargo, aprobada precisamente en la época de Rodríguez Zapatero y que afectan a todos los miembros del Gobierno. 

En el artículo 15 de dicha norma se dispone: “Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.

Este vacío que se detecta en la regulación de las actividades de los expresidentes llena ahora también el debate público después de la investigación abierta respecto a Rodríguez Zapatero. Por eso, desde los partidos de la izquierda transformadora se está poniendo sobre la mesa durante estas horas la necesidad de concretar más el estatuto regulatorio.

El grupo parlamentario de Sumar está trabajando ya en una propuesta para cambiar el estatuto de los expresidentes, según señalan fuentes del espacio, que trasladan: “Es fundamental una reforma. Y debe ser más dura que la ley de lobbies”. La idea con la que están trabajando es dejar claras las limitaciones que pueden tener los expresidentes.

Será una propuesta del grupo parlamentario y no prevén pactarla con el PSOE en esta fase previa. No hay fecha para su presentación, pero no se va a demorar, apuntan las fuentes consultadas del espacio, donde insisten: “No puede ser que cobres por vender tu agenda de contactos como presidente. Seas Aznar o Zapatero”.

Hay voces de este espacio cuestionando no sólo el marco normativo, sino también este tipo de trabajos de lobby por parte de expresidentes. La diputada de Sumar Tesh Sidi ha verbalizado estos días: “El ejercicio de lobby de un expresidente es injustificable. Reciben ya una pensión vitalicia por ser expresidentes”. El exdiputado andaluz José Manuel Jurado ha expresado también así sus sensaciones: “Es absolutamente falto de ética el lobbismo, y me vais a perdonar, pero, sea legal o no, no voy a defender a un tipo que se ha embolsado casi 300 mil euros al mes gracias a su influencia”.

La situación de Zapatero ha vuelto los ojos también hacia las figuras de los expresidentes. Mariano Rajoy volvió a su puesto como registrador de la propiedad y trabaja en Madrid tras el traslado de su plaza en Santa Pola (Alicante). En cambio, González y Aznar llevan años volcados en su labor de lobby en el mundo de la empresa.

Aznar va a cumplir 20 años como asesor del magnate Rupert Murdoch después de que el conglomerado News Corp lo renovara como consejero independiente el pasado mes de noviembre, aunque una parte de la junta de accionistas estaba en contra. Sólo en el último ejercicio se embolsó más de 341.000 dólares por este puesto. Ha sumado, a cargo de esta empresa, más de cuatro millones de euros desde que fue fichado en 2006, dos años después de dejar el Palacio de la Moncloa. El expresidente también ha estado ligado a Endesa, a Centaurus Capital, DLA Piper, Philip Morris y Latham Watkins.

El expresidente González fichó como consejero independiente en 2019 de Boluda Towage, una división del naviero Vicente Boluda, un millonario que preside la Asociación Valenciana de Empresarios. También estuvo varios años como consejero de Gas Natural, puesto por el que percibía 126.000 euros al año.

El expresidente de España y expresidente del partido condenado por corrupción M. Rajoy, el Asturiano, el Barbas o como usted quiera llamarlo, ha hablado después de hacer un impúdico paripé ante el juez de la Kitchen como sólo le está permitido hacer a presuntos delincuentes relacionados con la derecha del PP. Ha hablado, ¡cómo no!, para denigrar al presidente del Gobierno que lo desalojó de la Moncloa por corrupción. El lector del Marca, notable figurante en los papeles de Bárcenas, promotor de la Ley Mordaza y defectivo orador (por no mentar el ADN franquista de su partido) ha hablado de dictaduras.

Acusa a China de apoyar a Rusia frente a Ucrania, motivo por el cual considera que hay que alejarse de China y acercarse a EEUU, soslayando la excelente sintonía entre Trump y Putin y el maltrato a Zelenski en la Casa Blanca. También acusa al país asiático de “no cortarse nada al apoyar a las dictaduras latinoamericanas”, obviando el largo historial del imperialismo yanqui como inductor de golpes de estado en Sudamérica para poner los gobiernos en manos de dictadores como Batista o Pinochet y títeres afines como Milei o Machado. El propio presidente Trump tiene los tintes y los modos de un dictador criminal.

En un ejercicio de desnorte ideológico y lingüístico, del que es consumado maestro, opina que el lugar de España y de Europa “debe seguir siendo con las democracias”, donde incluye a los EEUU de Trump, el Israel genocida, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait porque “si no, ¿con quién vamos a estar, con las dictaduras?”. Metido en faena, 'el Asturiano' ha defendido a la OTAN como instrumento de defensa de Europa, en el caso de que sea atacada, si el atacante no es norteamericano, es decir, soviético o moro. 

Para rematar, el Barbas ha planteado, como reto para Europa, evitar guerras y proteger las democracias ante “enemigos muy serios” como el populismo de “extrema derecha, izquierda y de extrema necedad”. Mucha necedad se ha de tener para no sentir un escalofrío en el cogote cuando se escucha esto al mismo tiempo que Guardiola, Azcón y el propio Feijóo asumen y defienden como propio el discurso de la prioridad nazional que proponen vividores provocadores como Abascal y aplauden populismos como el de Ayuso.

Hay que ser de una pasta especial para ejercer el contorsionismo político de la manera que lo hace el registrador Rajoy sin despeinarse. Hay que tener muy controlada por la puerta de atrás a la Justicia para declarar en la Audiencia Nacional como lo han hecho Mariano, María Dolores, Soraya y toda la patulea de granujas implicados en la Kitchen. Debe de ser poseedor de un altísimo grado de cinismo para hablar de dictaduras quien ha utilizado su paso por la Moncloa para llevar a cabo ilegales prácticas parapoliciales propias de Mafias y Gestapos.

Hay que ser M. Rajoy para minimizar su relación con Bárcenas después del “Luis, sé fuerte” y “hacemos lo que podemos”. Un Rajoy sabedor de que parte de la judicatura puede hacer y hace (Aznar dixit) y otra parte no menos significativa no oculta su militancia ideológica con la venia del Tribunal Supremo y del CGPJ. La Justicia es un arma cargada de pasado en un sistema político sin más programa que la dictadura del dinero ni más horizonte que sembrar odio y enfrentar a unos pobres con otros mucho más pobres.

En la línea de Rajoy y del PP, no extraña que Aldama apunte, sin pruebas, a Pedro Sánchez y la financiación del PSOE: la Justicia valorará y el PP recompensará su declaración.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

A dos semanas de las elecciones en Andalucía, Juanma Moreno trata de mantener lejos a sus propios compañeros de partido. Él quiere evitar los “líos” que, en sus propias palabras, representan los pactos con Vox y la “prioridad nacional” en la que la dirección nacional del Partido Popular está atrapada desde hace semanas. Así, al igual que hizo el actual presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia, el presidente andaluz ha diseñado una campaña en la que pesa más su nombre que el de su partido y en la que trata de huir de la confrontación ideológica.

Moreno quiere evitar que las elecciones del 17M se contaminen del “ruido” de Madrid y no participarán en campaña ni la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso —de viaje por México—, ni los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Feijóo sí estará, pero con una presencia limitada y sin ocupar el centro de la campaña. Este domingo será la primera vez que coincidan en un acto en Málaga, pero fuentes de Génova destacan que el líder nacional tendrá una agenda propia y separada en buena parte de la de Moreno. “Cuantos menos actores haya en el escenario, mejor”, resumió el presidente andaluz en funciones en una entrevista en Antena 3.

El andaluz quiere aparecer como algo más que el candidato del PP. Su objetivo es presentarse como una figura “institucional, reconocible y transversal”, capaz de llegar a electores que no hace tanto “votaban al PSOE”, explican fuentes de su equipo. El calendario le ha ayudado a ello, con celebraciones populares —Semana Santa, Feria de Abril, Cruces de Mayo, Patios de Córdoba o Feria del Caballo de Jerez— en las que Moreno se ha dejado ver fuera de la habitual confrontación partidista y de los mítines al uso.

Los rivales de Moreno, sin embargo, sí quieren que Andalucía mire a Madrid. El PSOE cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede levantar a su electorado y que al candidato del PP le perjudica hablar de cuestiones nacionales, al igual que pasa con Vox, que necesita a su líder nacional, Santiago Abascal, para visibilizar a su propio candidato. En la izquierda, Sumar también busca la presencia de sus referentes nacionales para dar empuje a Antonio Maíllo frente a la amenaza que supone Adelante Andalucía. El PP andaluz, en cambio, considera que su candidato es más fuerte cuanto menos acompañado esté.

El contraste de la campaña andaluza con las últimas autonómicas es evidente. En Castilla y León, Aragón y Extremadura, los candidatos del PP estuvieron acompañados de Feijóo, Ayuso, Aznar y Rajoy en varios mítines para movilizar al electorado conservador. En lugares como Aragón, el líder del PP echó el resto en campaña y no se movió prácticamente del territorio en las dos semanas. En Andalucía, sin embargo, Moreno intenta que la campaña no parezca una extensión de Génova ni una sucursal de la Puerta del Sol. 

La ausencia de Ayuso es la más significativa. La presidenta madrileña atrae las miradas allá donde va, pero también alimenta el choque contra Sánchez y la disputa cultural contra la izquierda. Todo eso moviliza al votante duro del PP, pero en el equipo de Moreno creen que puede poner en riesgo el activo principal de su candidato. Y la mayoría absoluta “no está garantizada”, como llevan repitiendo desde hace semanas. Es más, pronostican que todo dependerá de “cómo se repartan los restos” y de su capacidad de “robar voto” al PSOE.

En Castilla y León, Feijóo, Aznar y Rajoy arroparon a Alfonso Fernández Mañueco. Ahora, ambos expresidentes “no suman”, según trasladan en el PP andaluz, especialmente Rajoy, con el caso Kitchen todavía coleando. En Aragón, Jorge Azcón hizo lo contrario de Moreno al nacionalizar el mensaje y convertir a Ayuso en “invitada estrella” de su campaña, con actos durante todo un fin de semana. En Extremadura, aunque con menos presencia nacional, Feijóo se volcó con una campaña paralela a la de María Guardiola para “peinar” el territorio y frenar a Vox.

Esos precedentes pesan en Andalucía. El PP ganó en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero no logró romper la dependencia de Vox. Guardiola se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta en Extremadura, Azcón ganó en Aragón pero con dos escaños menos mientras Vox se disparó hasta las 14 actas y Mañueco venció en Castilla y León sin alcanzar los 42 procuradores necesarios para gobernar en solitario.

Moreno busca ser la excepción de ese ciclo. Si alcanza la mayoría absoluta, podrá exhibirse como el único barón popular capaz de contener a Vox sin mimetizarse con su discurso. Si  no lo logra, se enfrentará al mismo problema que sus compañeros de partido: una legislatura condicionada por la extrema derecha. El presidente andaluz quiere vender estabilidad frente al “lío” de otros barones populares condicionados por Vox, y para eso necesita alejarse tanto de la retórica ultra como del lenguaje de la política nacional. 

La inmigración es el ejemplo más evidente. Moreno se ha distanciado de la fórmula pactada por el PP con Vox en otras comunidades con la “prioridad nacional” y ha incluido en su programa una defensa de la contribución de la población migrante regularizada al crecimiento económico, al empleo y a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero tiene otras flaquezas de gestión que la oposición trata de utilizar a su favor, con el estado de la sanidad como el principal elemento de desgaste.

El presidente andaluz, a diferencia de Feijóo e incluso de Ayuso, no necesita demostrar que el PP puede ganar a Pedro Sánchez, sino que él puede seguir gobernando Andalucía sin depender de Vox. Lo que más teme es perder la mayoría absoluta y quedar atrapado en la misma dinámica que Guardiola, Azcón o Mañueco. Es decir, ganar pero depender de la extrema derecha para gobernar, pese a que él mismo accedió al poder gracias a Vox en 2018.

Alberto Núñez Feijóo quiere hablar de sanidad. Este miércoles, durante la sesión de control del Congreso, aprovechó la huelga de médicos para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de desatender a los sanitarios y también contra la ministra del ramo, Mónica García, que recientemente anunció que quiere volver a enfrentarse a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) en las próximas elecciones autonómicas. Pero el debate en el PP se extiende más allá de las huelgas sanitarias. Los conservadores abogan por excluir a los migrantes en situación irregular, un modelo que ya implementó Mariano Rajoy en 2012.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, defendió el martes que los irregulares tengan asistencia "en cuestiones de urgencia" pero "no en operaciones programadas": "Es evidente que no puede ser lo mismo estar de forma regular que irregular", señaló. Fuentes de la dirección del partido se escudan para justificarlo en la situación de supuesto "colapso” en el acceso a los servicios del estado del bienestar, la misma tesis que defiende la extrema derecha. En el equipo directo de Alberto Núñez Feijóo no niegan que quieran volver al 'modelo Rajoy' y únicamente destacan que "no han comentado lo que harán de aquí a un año" y que ahora se enfocan en la falta de médicos MIR. 

Génova rechaza el modelo de sanidad universal para extranjeros en situación irregular impulsado por el Gobierno de Sánchez. Hace solo unas semanas el Consejo de Ministros aprobó un decreto a propuesta de los ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destinado a que cualquier persona que viva en el país, aunque sea de forma irregular, tenga acceso a la sanidad pública gratuita, además de garantizarla para todos los españoles que viven en el extranjero y estén de visita. 

Un real decreto que solventa el problema con el que se encontraban hasta ahora miles de migrantes, ya que si no podían demostrar que llevaban tres meses residiendo en el país, no tenían acceso gratuito. Esto dejaba fuera a los que llevaban menos tiempo y a los que no podían acreditar su residencia de ningún modo por su situación irregular en el país. Para el PP, estos migrantes deben “tener acceso a las urgencias” pero no al médico de cabecera pese a que desde el ministerio de Sanidad señalan que de esta forma se genera mayor carga asistencial y que es la primaria la que “deriva” en función de la gravedad.

En mayo de 2012, el Congreso aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Entonces era la conservadora Ana Mato la encargada de la cartera de Sanidad. Su medida, defendió entonces, conseguiría acabar con el "turismo sanitario" y evitar "el descontrol que suponía que cualquier persona, sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país, tuviese derecho a la tarjeta sanitaria". Un argumento que también utilizó Muñoz el martes: "Todos conocemos el concepto de turismo sanitario, de gente que viene a nuestro país y que acceda al sistema para que le hagan operaciones programadas, no operaciones de urgencia", señaló en rueda de prensa.

En una reciente entrevista en Servimedia, Feijóo defendió que “una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país”, planteó, en la línea con el discurso duro que está exhibiendo el partido en materia migratoria. Y añadió: “La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?”, señaló el líder del PP. 

La misma tesis utilizó Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del área migratoria del PP, en otra entrevista reciente en Artículo 14. Ezcurra aseguró que nadie que necesite atención sanitaria urgente se quedará sin ella, pero defendió "ordenar el acceso" a prestaciones programadas en función del arraigo, la permanencia y la contribución al sistema. Así, el PP ya está públicamente lanzando el mensaje de que la sanidad debe estar limitada a los migrantes en casos de urgencias.

Los conservadores plantean volver a la reforma sanitaria de Rajoy que sustituyó la lógica de la universalidad por la de la condición de "asegurado" o "beneficiario". Con todo, voces de la dirección del PP matizan que la ley que salga de un futurible Gobierno de PP y Vox tendrá “el sello Feijóo” aunque se inspire en la de Rajoy. En la práctica, los extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España quedaron limitados a la atención de urgencia por enfermedad grave o accidente, a la asistencia durante el embarazo, parto y posparto, y a la atención a menores de edad.

Ese modelo fue corregido en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que recuperó la titularidad del derecho a la protección de la salud para las personas extranjeras residentes en España y reconoció expresamente que quienes no tuvieran residencia legal podían acceder a la atención sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, siempre dentro de los requisitos establecidos por la norma.

Fue la socialista Carmen Montón, entonces al frente de la cartera, la encargada de anunciarlo. Pero no fue suficiente. Ese real decreto no instauró la universalidad en el acceso al sistema sanitario con el mismo grado de cobertura que existía antes de la reforma de 2012 al dejar fuera a las personas migrantes que no contaban con residencia autorizada en España de más de tres meses y también excluía a las personas que llegaban a través de la reagrupación familiar.

El real decreto aprobado el pasado 10 de marzo facilitó los trámites para que el reconocimiento del derecho se realice mediante una declaración responsable, en la que la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. A partir de ese momento, recibe un documento provisional que le da acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, válido en cualquier comunidad autónoma.

Desde el PP consideran que, de esta manera, el Gobierno está cargando más presión sobre un sistema sanitario ya tensionado y reclama que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de más financiación para las comunidades autónomas, que son las que gestionan la sanidad. Es más, la formación de Feijóo gobierna en once comunidades autónomas, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Hace precisamente un mes, el pasado 26 de marzo, el PP se abstuvo en una moción presentada por Vox que pedía “establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario” y reclamaba derogar el decreto que aprobó el Ejecutivo para universalizar la sanidad.  

Mariano Rajoy se sentó la semana pasada ante el Supremo y, con la obsequiosa y un tanto babeante colaboración de la jueza Teresa Palacios, mintió con la encantadora cachaza que todos conocemos. Mintió en lo irrelevante —cuándo y por qué rompió con Luis Bárcenas; no hay más que ir a la hemeroteca, como explicó el capitán de este barco, Jesús Maraña—, así que suponemos, aunque solo podamos sospecharlo, que habrá mentido, también y más, en lo todo lo gordo —si, como presidente del Gobierno y del partido, hizo que el Ministerio del Interior desplegara una operación con secuestro y disfraces para desbaratar las pruebas que Bárcenas poseía de la palmaria financiación ilegal del partido—. Los cronistas de tribunales, todos, al margen del medio para el que firmen, lo saben igual que lo sabemos ustedes y yo. Entonces, ¿por qué no lo dicen así? La tendencia de las izquierdas católicas —el catolicismo es un vector cultural, no una creencia— es interpretar que se trata de un sencillo problema de virtud individual. La realidad de las cosas es un poquito menos moralista y más exigente.

Un cínico diría que la superespecialización periodística (por ejemplo, pasarse toda la carrera profesional en los tribunales de la plaza de la Villa de París) lleva a los periodistas a creer que los suyos son los togados y olvidar que cualquier cronista, allá donde vaya, solo es un impostor, un intruso, como explicamos en la pieza con la que inauguramos este oráculo. En parte es cierto, por eso aquí se denuesta el periodismo especializado y se aboga por especialidades sucesivas, que permitan al reportero funcionar desde la media distancia, acumular fuentes y crédito y luego volver a empezar. Es decir, desarrollar cierta familiaridad con el hábitat, incluso amistades duraderas en él, sin por ello olvidar que su función nunca le permitirá integrarse plenamente y que, a medio plazo, deberá bregarse en un ecosistema distinto. La lección que aprende Glenn Close en The paper (detrás de la noticia) (Ron Howard, 1994), para que nos entendamos. No somos ellos.

Pero en realidad tiene que ver con algo de lo que ya hemos hablado antes aquí: la especialización y el amor por el detalle ratifica la existencia de microbios ciertos con la misma intensidad con la que pierde la perspectiva para explicar el ecosistema del que se supone que ha de informarnos. El filósofo Javier Gomá reivindica la generalización como la única forma de conocimiento. Es decir, desprenderse de las particularidades y los detalles del conocimiento especializado. Siendo claros, el academicismo consiste en sustituir la inteligencia por pormenores, y exactamente eso mismo le pasa al periodismo judicial —además del nada desdeñable síndrome de Estocolmo que asalta a los periodistas que pasan la vida dentro del mismo edificio institucional—. En Gomá, la generalización no es un atajo ni una renuncia al rigor, ni siquiera es la fórmula hacia el conocimiento sino que es la condición misma del pensamiento. Pensar es generalizar, discernir en qué medida un caso particular ilustra una categoría. Generalizar es jerarquizar y ejemplarizar. Sin esa operación de elevación, no hay ética, no hay política y no hay comunidad posible. Solo hay casuística infinita, es decir, ruido, confusión y, en resumidas cuentas, verdades mentirosas.

Pero en el hábitat judicial se trabaja, por definición, en la dirección contraria. Cada caso es único, cada prueba es singular, cada procedimiento es irrepetible, cada detalle es relevante. La justicia necesita huir de la generalización para ser justa en cada caso concreto. Su lógica descansa en la excepción, la precisión y la singularidad. Más allá de las evidentes y habituales prevaricaciones a las que están entregadas las altas magistraturas españolas con intenciones políticas desde hace un par de décadas, lo cierto es que la naturaleza de su trabajo es antitética de lo somero, que, como hemos contado aquí en varias ocasiones, es la forma de aproximación al mundo en la que ha de militar el buen periodismo.

Justicia y periodismo no comparten misión y, en muchos sentidos, han de trabajar en direcciones opuestas. El juez decide sobre un caso, pero el buen periodista debe decidir qué significa ese caso. Cuando el periodista se limita a seguir el procedimiento, deja de pensar en su sentido fuerte, está describiendo, haciendo inventario de lo particular sin elevarlo a categoría. Y eso, desde Gomá, no es pensamiento, es acumulación. Generalizar es hacer inteligible lo real.

El periodista de tribunales no está secuestrado por la institución judicial, pero sí incrustado en ella y sumergido en su idioma. Y esa incrustación genera dinámicas que a los moralistas pueden parecer afectivas o incluso de lealtad, pero que en realidad son estructurales. Porque, si uno acampa demasiados años en el Supremo o en la Audiencia Nacional, instituciones casadas con el tecnicismo, acaba desplazando el objeto periodístico del hecho al procedimiento. Narrando diligencias, autos, recursos, plazos… es decir, hablando del juego más que la partida. El proceso se convierte en la realidad, y el hecho —lo ocurrido— queda subordinado a su traducción jurídica. Es una inversión peligrosa, porque el lector recibe como “verdad” lo que en realidad es solo un avío burocrático de interpretación institucionalizada. Así fue condenado el fiscal general del Estado, con una sucesión de sofismas legales y falacias argumentales para sellar una mentira cósmica en forma de sentencia de doscientos folios.

Si el cronista pasa demasiado tiempo alrededor de las togas interioriza que solo a través de ese captor togado puede acceder a la verdad del mundo, y eso genera una forma de lealtad funcional tóxica para el lector. Más que de síndrome de Estocolmo hablamos de captura epistemológica o incluso de un periodismo vicario, en el que el oficiante ya es incapaz de observar la realidad salvo desde el filtro técnico de la institución. Y termina adoptando ese punto de vista como propio, único e indiscutible. Dicho de otro modo, el periodismo de tribunales ha reducido lo cierto a lo probado, cuando su misión debería ser justamente la contraria.

La demanda no ayuda. El público, cada vez más juridificado, busca en los tribunales una forma de certeza moral que la política o el periodismo ya no le proporcionan. Quiere que los veredictos sustituyan a los relatos. Fuentes, cronistas y público han acabado por aceptar que la verdad es lo que cabe en un auto. Para combatir esto, en la defensa del conocimiento somero no hay una vocación por la superficialidad. Se trata de no quedar atrapado en la hipérbole del detalle técnico, que en los tribunales se presenta como garantía de verdad. El tecnicismo tiene prestigio porque da la impresión de rigor, de método y de objetividad, pero el exceso de detalle no siempre acerca a la verdad; a veces la oculta porque la fragmenta, la diluye, la vuelve ilegible para el sentido común. Así, el periodista que debería traducir el mundo para hacerlo inteligible al lector termina traduciendo el lenguaje del poder para hacerlo aceptable.

Generalizar es pues una forma de resistencia. Porque generalizar es una operación intelectual de jerarquía, que es lo más importante que hace el periodismo con el mundo. Decidir qué importa, qué no, qué explica el conjunto y qué es solo ruido procedimental. Exactamente lo contrario del fetichismo del dato. Renunciar a la generalización hace perder la perspectiva del conflicto real —qué ha pasado, a quién afecta y qué significa política o socialmente— para incurrir en el seguimiento del trámite —qué recurso toca, qué plazo se abre y qué instancia resuelve—, y el lector acaba sabiendo mucho del procedimiento pero nada del mundo. El periodista de tribunales que solo maneja tecnicismos sabe más cosas, pero entiende menos. Cuando un caso se queda en su maraña técnica, el lector recibe información sin recibir sentido. Sabe qué ha pasado en ese expediente, pero no sabe qué dice eso del mundo en el que vive. Y cuanto más detallada es la cobertura, menos pensamiento produce.

Una jueza amedrentó a las partes para que Rajoy saliera de allí tan pimpante y cachazudo como entró. Pero sabemos que Rajoy mintió en lo banal, y quizá también en lo sustantivo. Esa es la certeza periodística que podemos acreditar sobre Eme Punto, ese señor de Pontevedra que siempre nos ha caído simpático y que a lo mejor creó una pequeña Stasi sabiendo que un contable hacendoso fue la perdición de Alfonso Capone.

Rajoy, como en la canción de Sabina, lo niega todo, incluso la verdad. Lo cual no es ninguna sorpresa. Pero merece la pena explorar un poco lo que esconde esa natural desgana, esa retranca del personaje que al parecer produce cierta empatía aunque le sirva a la persona para esquivar responsabilidades gravísimas. Porque entre gracieta y gracieta conviene no olvidar que, bajo la presidencia de Rajoy, todo un ministerio del Interior dedicó (presuntamente, de momento) recursos y esfuerzos a eliminar cualquier prueba que Luis Bárcenas pudiera emplear para salpicar a dirigentes del Partido Popular y del Ejecutivo en las múltiples irregularidades ya sentenciadas por el Supremo en el caso Gürtel. Como tampoco olvidamos que en esos mismos años, y bajo la misma presidencia del Gobierno, en el ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro se dedicaban (presuntamente, de momento) a legislar al dictado de empresas privadas a cambio de mordidas millonarias. Todo graciosísimo. Muy típico de gobiernos de repúblicas bananeras donde política y mafia se dan la mano.

Lo que Mariano Rajoy hizo el jueves durante la media hora que pasó por la Audiencia Nacional fue defender a su amigo y subordinado durante muchos años Jorge Fernández Díaz y al número dos de este, su secretario de Estado en Interior, Francisco Martínez. Y, de paso, defenderse a sí mismo aunque formalmente nunca haya sido acusado. Por eso sostiene Rajoy que la Kitchen “no fue una operación política”, sino “una operación policial” cuyo objetivo fundamental era “coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros”. Y, por supuesto, todo “se ajustó a la legalidad” (ver aquí). Y los elefantes vuelan y los caballitos ladran. A estas alturas es más que evidente quién era el beneficiario de toda la Operación Kitchen: se llama Partido Popular y se apellida Rajoy, Cospedal, etcétera, etcétera. La pregunta es quién ordenó ponerla en marcha y la mantuvo, utilizando hasta setenta agentes de policía para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del partido. 

El pasado lunes, en la misma sala del juicio, Bárcenas señaló directamente a Rajoy al contar cómo la trama hizo desaparecer un audio en el que se escuchaba al también presidente del PP meter en la trituradora la última página de la “contabilidad extracontable” (o sea, ilegal, en negro) en presencia del tesorero que él mismo había nombrado (ver aquí). Rajoy asegura que eso es “absolutamente falso”. Y es la palabra de uno contra la del otro, puesto que ya se encargó precisamente la Kitchen de destruir cualquier prueba documental (o no, quién sabe si en las profundas alcantarillas de Villarejo existe alguna copia) que pudiera aclarar el enigma.

Pero lean: “Es claro que el origen de la Operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho ministerio”. Esto escribía, negro sobre blanco, la defensa del exministro Fernández Díaz en julio de 2021. Por entonces los principales acusados iban lanzando dardos para que en las alturas del PP tuvieran claro que no se iban a “comer el marrón” de unos cuantos años de cárcel por unas prácticas mafiosas cuyo único interés era de partido, no policial. De hecho, no se conoce que durante todo ese periodo la trama llevara ninguna de sus pesquisas o acciones a la autoridad judicial correspondiente. 

Y además, a Rajoy le traiciona la cronología. El mensaje de “Luis, sé fuerte” lo envía el 18 de enero de 2013, dos días después de conocerse que Luis Bárcenas oculta una fortuna millonaria en Suiza. Dice ahora que la Kitchen, que se puso en marcha en verano del mismo año, perseguía la recuperación del dinero de Bárcenas, cosa que, a la luz de ese mensaje enviado, tenía sin dormir a Rajoy, más ocupado por esas fechas en recortar servicios públicos y subir impuestos.

Por último, sostiene Rajoy –también en su día responsable de Interior–, que ni los ministros ni los secretarios de Estado ni, por supuesto, los presidentes “están en las operaciones policiales” ni en “los fondos reservados”. Ahora va a resultar que Rajoy defiende la inocencia de José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por el Supremo en los años noventa por una operación parapolicial ilegal realizada con dinero público.

La amnesia selectiva de Rajoy, casi tan aguda como la de María Dolores de Cospedal, y las clamorosas mentiras de ambos fueron celebradas por las defensas de Fernández Díaz y Francisco Martínez con unas pocas preguntas cómplices. Y, si cabe aún más llamativo, el silencio de la fiscalía y de la abogacía del Estado. Siempre hay una explicación técnico-jurídica o procesal que lo justifica todo. Y en este caso todo está condicionado, como ya hemos advertido alguna otra vez, por la instrucción del juez Manuel García-Castellón, que se esforzó muchísimo en delimitar toda la investigación de la Kitchen al ministerio del Interior, evitando explorar a fondo la vertiente política que conducía a las alturas del PP y del Gobierno. Incluso se han dejado fuera de este juicio de la Kitchen audios que todos hemos escuchado y que ponen en evidencia la declaración que este mismo jueves hizo Cospedal. “Yo a Villarejo le hacía preguntas, no encargos”, aseveró tan pancha, y añadió además que nunca había hablado por teléfono, “ni fijo ni móvil”, con el comisario, como si no hubiera escuchado media España su voz indicándole que lo de “la libretita” donde Bárcenas apuntaba sus pagos “sería mejor lograrlo parar”. Pero resulta que Cospedal puede mentir sin consecuencias, precisamente por su estatus peculiar de testigo que fue imputada con un archivo provisional de la causa (ver aquí).

Por mucho que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, justifique su actitud en los interrogatorios de estos días como consecuencia de que sólo cabe en este juicio lo que figura en los escritos de acusación, se agradecería un mínimo esfuerzo por lo que debería ser el objetivo prioritario de una causa judicial: conocer los hechos presuntamente delictivos, identificar a sus responsables y, por último, castigarlos si se demuestra su culpabilidad. Ni la retranca de Rajoy ni el sonriente cuajo de Cospedal, tan cómodos ambos con la permanente asistencia de Palacios cortando todo intento de evidenciar que es imposible juzgar la Kitchen sin conectarla con la Gürtel, ayudan en absoluto a otorgar alguna credibilidad al teatro judicial emitido en directo. Y respecto al fiscal y la abogacía del Estado, resulta asombrosa su renuncia a poner en aprieto alguno a Rajoy o a Cospedal mientras hay que leer tropecientas columnas en la prensa diestra denunciando la permanente “injerencia” del Gobierno en la acción de la justicia. A la vista está la eficacia de las “presiones” del malévolo Bolaños: Begoña Gómez, camino del banquillo con una petición de cárcel que casi dobla a la de Fernández Díaz; el hermano de Sánchez, también pendiente de juicio oral; el ex fiscal general, condenado sin prueba alguna; la Kitchen, juzgándose como si hubiera sido una ocurrencia de Villarejo y de otro policía cuya salud mental le impide declarar; y Ábalos y Koldo al borde de la trena (sobran los motivos) mientras el ínclito Aldama se pasea tan campante y el novio de Ayuso sigue comprando áticos en Chamberí. ¿Lo de Montoro? Pasito a pasito, con mucha calma y gracias al esfuerzo muy personal de una fiscal rigurosa y un juez de provincias sin apenas recursos.

Claro que debería decretarse una “prioridad nacional”: garantizar, de verdad, una justicia igual para todos.

El juicio de la operación Kitchen ha dominado la conversación en redes esta semana. Las declaraciones de Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal han hecho las delicias de los usuarios de X y Bluesky, recibiendo el absoluto protagonismo las palabras del extesorero y del expresidente del Gobierno.

Así, como resumen: Bárcenas ha dicho abiertamente que encargó a un preso que destruyera un audio del expresidente popular sobre la 'caja B' del PP. Rajoy, por su parte, ha negado la mayor desvinculándose de la Kitchen y apuntando a Bárcenas: "No creo que tuviera grabaciones, porque si las tuviera, las habría dado a conocer como hizo con otros muchos documentos". Las redes han estado muy activas comentando cada una de las declaraciones con ese punto de acidez e ironía que las caracteriza. "Por fin podrá descansar tranquilo Miguel Ríos", se mofa @Ruldia, "Es preocupante lo de la amnesia que le entra a esta gente, cuando pisa un juzgado. A ver si va a ser algún virus o algo que sólo actúa allí dentro", ironiza @Hanky_solo, "Me gusta más escuchar cantar a Bárcenas que a su hijo", se cachondea @DaniBordas.

Ione Belarra sacaba punta al juicio poniendo en la mesa la hipótesis de Riemann, un problema matemático tan complicado que sigue siendo estudiado para resolverlo. Lo compara con el hecho de que "tenemos la magnífica noticia de que, por fin, la justicia española, en su ámbito, resolvió la hipótesis de Riemann: quién es M. Rajoy. Por primera vez sabemos, gracias al señor Bárcenas, que M. Rajoy es Mariano Rajoy. Esto, que era un problema irresoluble (...), por fin lo sabemos", ironizaba.

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Es un ejemplo de esas cosas y actitudes que mi madre llamaba “del género tonto”, pero sirve para explicar por dónde va la cosa: hace cuatro días, mientras se celebra en Barcelona una cumbre de presidentes, en Madrid el líder de la oposición monta un sarao con María Corina Machado y la define como la auténtica vencedora de las últimas elecciones en Venezuela: “Porque tú las ganaste”, le dice. Eso será en Feijóolandia, porque en el mundo real esa mujer, gemela política suya que tampoco ha logrado el poder y lo persigue a cualquier precio —aunque sea el de hacer el ridículo entregándole su discutible Nobel de la Paz a Trump—, ni ganó ni perdió, porque lo cierto es que no se presentó, no la dejó Maduro El Extraído, y el candidato fue Edmundo González. ¿El jefe del PP lo sabe y miente o lo ignora y falta a la verdad? Me parece a mí que aquí huele más a embustes que a despistes, que una mitad de ellos tiene como fin  justificar su abrazo con el oso de la ultraderecha y la otra esconder sus casos de corrupción de ayer y de hoy.

Uno de esos asuntos turbios, la trama Kitchen, está siendo juzgado ahora y por eso, a modo de cortina de humo, la portavoz de los antiguos conservadores, que no podrán volver a llamarse así hasta que no se suelten de la mano de la extrema derecha, le pregunta a Pedro Sánchez, que es presidente porque puede, si está pensando usar al ejército contra sus adversarios. Es un brindis al sol de un cinismo escandaloso, ya que fue su partido el que usó la policía, a algunos dóciles jueces y el ministerio del Interior para espiar a sus rivales, fabricar pruebas falsas o robarlas, para así poderlas destruir como al famoso ordenador comprometedor de su tesorero, que apagaron pulsando la secuencia control-martillazo. Unos artistas. 

En las sesiones del proceso, el entonces señor de La Moncloa, Mariano Rajoy —que debía de dormir con su esposa en el colchón de Zapatero y señora y puede que ni cambiase las sábanas, para ahorrar, ya que Feijóo acusa a Sánchez de haber comprado otro colchón en cuanto llegó al palacio—, se ha ido transformando en un ser etéreo, que existe al borde de lo inmaterial y a estas alturas ya no es nadie, ni el barbas, ni el asturiano, ni siquiera M. Rajoy, así que ese personaje debemos adjudicárselo el reino de lo invisible y la ciencia-ficción, que rima con García Castellón, que archivó, por lo que sea, doscientas setenta y cinco causas contra el PP.

Feijóo, al que dentro de poco va a haber que añadirle en el apellido una tercera o, porque necesitará más aros por los que hacer pasar a tanta gente que vota contra sus intereses al hacerlo por formaciones que van a limitar sus derechos y sus libertades, se está poniendo hasta a la derecha de Ayuso, que considera —no se sabe si por convicción o para hacerse ver y marcar las distancias— que en Extremadura se han pasado un poco y María Guardiola, máxima estrella del donde-dije-digo-digo-Diego nacional, se lo ha vendido todo al diablo, ha firmado desde la limitación al mínimo de la atención sanitaria a los inmigrantes hasta la loa a una cruz de los caídos franquista. El verdadero problema de Extremadura, la región que presenta la menor densidad de población de España y la más profunda despoblación rural, no son los inmigrantes que vienen, sino las personas que se van. Pero eso ya lo saben y no les importa. Y tengan por seguro que ellos no van a ir allí a sembrar nada. Ni tampoco en ninguna otra parte.

El juicio de Kitchen, la supuesta operación parapolicial para evitar que se aportara a Gürtel documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP, se retomó este lunes en la Audiencia Nacional con el testimonio del principal afectado: Luis Bárcenas. Durante su interrogatorio, que comenzó dirigiendo el fiscal Anticorrupción, César de Rivas, el extesorero de la formación conservadora ha confirmado que desde prisión dio orden a un recluso que parecía tener conocimientos informáticos de destruir una grabación, "muy cortita", del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy relacionada con la caja B del PP. El extesorero guardaba ese audio, junto con otro del exlíder del PP Javier Arenas, tanto en la nube como en un pendrive que desapareció del taller de restauración que tenía su esposa en el centro de Madrid.

"Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso", rezaba un manuscrito que Instituciones Penitenciarias habría intervenido a un interno de Soto del Real, de nombre Isidro. Esa nota le ha sido mostrada a Bárcenas durante el juicio. Él ha reconocido que es su letra, si bien ligeramente modificada. Y ha explicado: "Le estaba diciendo qué hacer una vez que accediese a los audios relacionados con Mariano Rajoy. Le doy datos del email vinculado con la nube y las claves se las facilito en un papel independiente". Una misión que el interno, que decía ser "un genio de la informática", trataría de llevar a cabo cuando saliera de permiso. Y para cuya puesta en marcha pidió una determinada "cantidad de dinero".

Bárcenas ha señalado que esos fondos fueron entregados a través de su exchófer Sergio Ríos, que como informador jugó un papel central en la operación parapolicial. El extesorero dijo desconocer si el trabajo finalmente se había realizado. No obstante, completó: "Algo debió de hacer, porque cuando recuperé la libertad en la nube –donde almacenaba material relacionado con el procedimiento de Gürtel– no tenia nada". El interno declaró la pasada semana en el juicio. Durante su comparecencia como testigo, aseguró que el encargo nunca se llegó a culminar porque a las horas de salir del centro fue detenido porque constaba una requisitoria contra él que saltó a la Policía en cuanto el hombre se alojó en un hotel.

Esas grabaciones han sobrevolado durante horas todo el interrogatorio. Pero no se incidió en el contenido de las mismas hasta el turno del abogado de Podemos. Tras un ligero tira y afloja, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, pidió al testigo que describiera los audios. En relación al de Rajoy, explicó que es uno captado con un teléfono en su despacho en Génova y que en él se le escucha, supuestamente, entregar al expresidente la última hoja de esa "contabilidad extracontable" y un sobre con el saldo sobrante. "Él se da la vuelta en el sillón e introduce el papel en un destructor y ahí acaba la conversación", ha detallado. Y en cuanto a la de Arenas, versa sobre el acta notarial que había protocolizado el extesorero sobre "los fondos extracontables del PP".

Esas dos grabaciones se subieron a la nube y, además, se introdujeron en un pendrive junto con una tercera suya en la que explicaba determinadas cuestiones relacionadas con dicha contabilidad, una memoria que se guardó en el taller de su mujer, Rosalía Iglesias, y que no logró encontrar tras salir de prisión provisional. Ubicado en el centro de Madrid, dicho local, al que se trasladaron decenas de cajas con documentación procedente de su despacho en la sede del PP, estuvo en el listado de objetivos a vigilar por parte de los agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, un departamento que ocupó un papel central en la supuesta operación parapolicial.

Nadie más que él, ha resaltado, habría escuchado dichos audios. Lo ha reconocido a preguntas de las defensas, que se han esforzado en poner en cuestión la existencia de los mismos. Uno a uno, los abogados han tratado de tumbar la solidez del relato poniendo de manifiesto las diferentes versiones dadas por el extesorero en relación con las grabaciones. Y también le han preguntado por qué en el manuscrito sobre el supuesto encargo al recluso se hablaba de "Alex", cuando el interno se llamaba "Isidro". "¿No tenía claro cómo se llamaba?", ha cuestionado con ironía el abogado del exministro Jorge Fernández Díaz. "A él le llamaban Alex", ha respondido el extesorero de la fundación conservadora.

Y mientras las defensas se afanaban por desmontar el caso, Anticorrupción trataba de apuntalar el robo de material al extesorero del PP. El fiscal dedicó buena parte del interrogatorio a mostrar al testigo documentación localizada durante un registro al comisario jubilado José Manuel Villarejo y comunicaciones que habría aportado al caso Enrique García Castaño, quien fuera jefe de la UCAO y pieza clave en toda la trama –aunque por motivos de salud no se sienta en el banquillo de los acusados–. "¿Ese mensaje es suyo?", le ha preguntado una y otra vez. "Sí, ese mensaje es mío, de mi teléfono móvil", ha ido contestando Bárcenas. "Esa es mi letra, ese documento es mío", ha señalado en otros momentos sobre papeles que se le iban mostrando.

Parte de los documentos que se iban reproduciendo en la pantalla ha dicho que estaban en su casa y que se le entregaron al chófer para que se los llevara al que era su abogado, Javier Gómez de Liaño, y los aportase a la investigación de la Gürtel. Un conductor que, ha dicho, también tenía acceso a sus dispositivos electrónicos y al taller de restauración de su mujer, donde el mismo Ríos, a quien el extesorero contrató por recomendación de un conocido del PP, trasladó también por orden de Bárcenas abundante documentación que sacó de su despacho en la sede conservadora de Génova. "Tenía acceso permanente. Tenía las llaves, conocía las claves", ha explicado.

Un relato que se ha encargado de ir confirmando su mujer con posterioridad. Durante su comparecencia, Iglesias ha señalado que tenían una confianza absoluta en el conductor. Tanto, que comentaban cualquier cosa delante de él: "Hablábamos con confianza, como si fuera una persona más de la familia, no había filtros". Una relación que, ha explicado, se fue deteriorando con el paso del tiempo. Tanto, que acabó con el despido de Ríos. "Dejó de trabajar con nosotros por mí", ha reconocido la mujer de Bárcenas, quien ha asegurado que el "comportamiento" del conductor cambió: "Está muy nervioso, conduce de una manera más brusca...". De hecho, ha relatado cómo desapareció una de las veces que la llevó a la cárcel a ver a su marido: "No me dio ninguna explicación coherente".

Del mismo modo, ha apuntado que Ríos tenía "interés" en acompañarla "absolutamente" con "todo el mundo" con quien se "viese". También que se sintió seguida desde el primer instante, sobre todo cuando iba al despacho de Gómez de Liaño. A lo largo de su interrogatorio, del mismo modo, se le ha preguntado por las grabaciones, aunque no ha podido dar mucha información porque su marido le decía "lo mínimo posible" y ella no es "de preguntar mucho". Y las defensas han intentado acorralarla, sobre todo, en relación con las cajas de documentación guardadas en su taller de restauración. En ese sentido, ha explicado que cuando se movió de ese estudio a otro un poco más pequeño, todo ese material fue colocado en una serie de altillos. Espacios que, han conseguido arrancarle las defensas, no estaban bajo llave.

"Yo sé que esta operación se inicia por los responsables del partido y luego tiene un traslado a la parte digamos relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior, pero empieza en el partido", ha aseverado el también exsenador,. Durante su larga comparecencia, Bárcenas también ha relatado dos visitas que recibió en prisión del abogado y exfiscal Ignacio Peláez, quien le habría dicho que determinada información de la Gürtel estaba "manipulada" y que había tres policías que así lo podían acreditar a cambio de "una cantidad", que cifró entre seis y doce millones. quien durante su comparecencia también ha relatado dos visitas que recibió en prisión. En este sentido, ha mencionado –y no es la primera vez que lo hace– a Villarejo, al excomisario jefe de la UDEF José Luis Olivera y al excomisario general de Policía Judicial Juan Antonio González.

Bárcenas ha explicado que en aquel momento dijo estar dispuesto a pagar "la parte alícuota" porque "tenía el máximo interés" en demostrar que el procedimiento estaba "viciado". El extesorero, del mismo modo, también ha relatado algunas conversaciones mantenidas con Javier Iglesias, abogado "enviado desde el PP". Ha dicho que en febrero de 2013, antes de entrar en prisión, el letrado, que está citado como testigo esta semana, le ofreció medio millón de euros por "falsear" los papeles de la caja B que había desvelado el diario El País y enviarlos a los medios, generando de esta manera incertidumbre sobre la veracidad de todos los publicados en prensa. Ya en Soto del Real, ha dicho que mantuvo otra charla con Iglesias en la que este le habría dicho que si su mujer declaraba entraría en la cárcel.

Las defensas de los acusados en el caso Kitchen, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, han pedido anular el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional al considerar que hubo errores en la instrucción o que este no es el tribunal competente para juzgar el procedimiento.

En la primera jornada, de cuestiones previas, los letrados de los diez acusados han coincidido en enarbolar varias cuestiones de nulidad para frenar el juicio contra la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por la presunta operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores para este partido entre 2013 y 2015, en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP.

El abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha sido el primero en pedir la nulidad, al considerar que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar el caso por tratarse, ha dicho, de hechos ajenos al caso Tándem o Villarejo, del que procede; a este motivo se han adherido el resto de defensas.

Otro argumento para pedir la nulidad ha sido la extensión del secreto de las actuaciones, que se alargó durante casi toda la instrucción, de 2 años y 7 meses, y que según los acusados vulneró el derecho de defensa por las pruebas practicadas a sus espaldas.

Otra alegación repetida por las diferentes defensas ha sido la de una "acusación sorpresiva" por imputaciones que aparecieron por primera vez en el auto de procesamiento y no durante la instrucción.

También se ha pedido la nulidad de distintas pruebas. El letrado del exministro del Interior ha pedido por ejemplo anular las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que se intercambió con su número dos, Francisco Martínez, y que motivaron su imputación en el caso.

La defensa de Francisco Martínez quiere que sean nulas las diez grabaciones de audio incautadas al excomisario José Manuel Villarejo que dieron origen al caso, lo que anularía el resto del procedimiento, al considerar que el comisario las obtuvo de manera ilícita y que no se ha podido comprobar la autenticidad ni acceder al total del material.

Esta parte pide anular también tres audios en los que Francisco Martínez habla con el excomisario, que fueron aportados a la justicia por el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en otras causas como la de Leire Díez.

El letrado del excomisario Villarejo ha denunciado que esta es una investigación "prospectiva" y "fuera de la ley" que ha vulnerado el derecho a la intimidad del policía, propietario de los archivos incautados, o su derecho a la defensa, porque no todos los archivos han sido desencriptados y no se ha podido acceder a todo el material ni pedir pruebas periciales para analizar su autenticidad.

Durante esta primera jornada han pedido también nulidades los letrados del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que presuntamente habría cobrado por el espionaje 54.000 euros, o del exresponsable de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas.

Al letrado Javier Ignacio Navarro, que representa al chófer, quien también logró una plaza en la Policía, le ha reprendido la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, por sostener que a su defendido "le coaccionaron" los fiscales del caso y le amenazaron con pena de prisión.

En este juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, el exministro del Interior y su ex número dos enfrentan una petición de cárcel de 15 años por parte de la Fiscalía, que les acusa de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo parapolicial en el que se habrían empleado supuestamente 57.943 euros procedentes de fondos reservados.

La vista se reanudará este martes, cuando las acusaciones podrán responder a las cuestiones previas expuestas por las defensas. 

La cúpula de Interior con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se sienta ya este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados, según informa EFE.

El juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, ha arrancado a las 10.18 horas en la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares, donde esta semana está previsto que se centre hasta el jueves en las cuestiones previas que planteen los acusados.

A su llegada al tribunal, los diez acusados en este juicio han declinado hacer declaraciones ante los medios, a excepción del excomisario José Manuel Villarejo, que ha atribuido este caso a una "jugarreta" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con algunos mandos de la Guardia Civil para "desprestigiar" a la Policía Nacional. 

Ataviado con una corbata de la Policía Nacional, Villarejo se ha reivindicado como comisario, aunque ya jubilado, y ha pedido explicaciones sobre la actuación del CNI de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, una de las testigos citadas en este juicio, y ha tildado de "impresentable" al exdirector de dicha institución Félix Sanz Roldán, al tiempo que ha insistido en que los casos en su contra eran "humo".

Fernández Díaz y su número dos comparten banquillo con el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha, y el citado Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.

El exministro de Interior y su secretario de Estado de Seguridad están acusados de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo para sustraerle posibles pruebas sensibles para el partido y algunos de sus entonces dirigentes, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel. 

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.

Los diez acusados (eran once, pero uno -el comisario Enrique García Castaño, El Gordo- ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial con el fin de sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Entre los testigos llamados a declarar figura la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada en este caso y después decayó su imputación, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

España acaba de comunicar a la Comisión Europea que retira una ayuda de cerca de 20,7 millones de euros que otorgó en 2017 a Stellantis, entonces aún Peugeot Citroën Automóviles España SA, para su fábrica de Vigo, tras no poder justificar su legalidad durante una investigación que ha durado cerca de siete años. La ayuda la otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy sin “ninguna obligación de nuevos puestos de trabajo” y la Comisión Europea dudó de que contribuyese al desarrollo de Galicia. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retira la ayuda y la UE cierra la investigación.

La ayuda de 20.660.434 euros fue otorgada en diciembre de 2017 al amparo de “incentivos regionales para la corrección de los desequilibrios económicos territoriales” y ya desde su concesión estaba condicionada a una posterior revisión por parte de la Unión Europea. En teoría la subvención debía ir dirigida a innovaciones en el proceso global de producción de automóviles, pero la Comisión Europea sospechó que en realidad iban destinadas a una mejora puntual de la técnica empleada en la fábrica viguesa de una gran empresa, lo que supondría afectar a la libre competencia dentro de la UE con una ayuda de Estado.

La Comisión Europea incoó un “procedimiento de investigación formal” el 1 de julio de 2019 y medio año después, en enero de 2020, desveló en qué se basaban sus objeciones, que fueron varias.

Por un lado, la Comisión Europea manifestó “sus dudas en cuanto a la contribución de los proyectos de inversión al desarrollo de la región en cuestión”, en referencia a Galicia. Puesto que eran unas ayudas estatales de finalidad regional, la UE analizó ese efecto regional y constató que la inversión prevista para Vigo se produciría en detrimento de otra fábrica de la misma empresa en la región eslovaca de Trnava.

“La ayuda pudo desviar la inversión a Trnava, donde, sin ninguna ayuda, a primera vista parece que la ejecución de la inversión habría sido más viable”, decía la Comisión, que añadía que “la inversión habría sido más rentable económicamente o más viable en esa otra localización, al menos igual de desfavorecida”.

Por otra parte, la Comisión Europea también puso el foco en la ausencia de creación de empleo con las inversiones que la empresa iba a realizar con la ayuda recibida. “No existe ninguna obligación de crear nuevos puestos de trabajo”, decía el ejecutivo comunitario, que incluso señalaba que “el número de empleos desciende después de la inversión” y dudaba de las “intenciones” de la empresa “sobre el número de empleos una vez transcurrido” el período de dos años tras la inversión en el que se comprometía “solamente” a mantener el empleo.

La investigación de la Comisión Europea se prolongó durante cerca de siete años sin que España fuera capaz de dar respuesta a todas las objeciones formuladas por la UE. Finalmente, el pasado 28 de enero el Estado “retiró su notificación” de la ayuda a la UE, es decir, la comunicación de la subvención para que fuera revisada por Bruselas antes de su otorgamiento efectivo. Y ahora, dado que España “no continuará con el proyecto de ayuda”, la Comisión decide “concluir el procedimiento de investigación formal”.

La Audiencia Nacional ha rechazado investigar la querella que presentó el expresidente catalán Artur Mas por la Operación Cataluña y el espionaje con Pegasus, al concluir que se basa en una "mera sospecha" derivada de informaciones periodísticas y que, en cualquier caso, los hechos estarían prescritos, informa EFE.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez Antonio Piña acuerda inadmitir a trámite la querella de Mas, que se dirige contra Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior en la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el exsecretario de Estado Fernando Martínez, además de miembros de la llamada policía patriótica y exdirectores del CNI, entre otros.

El magistrado argumenta que los hechos que describe la querella o están prescritos o investigados en otros procesos judiciales -como es el caso del espionaje con Pegasus- y que no hay suficientes indicios para abrir una causa penal, dado que se trata de "una mera sospecha" basada en gran parte en informaciones periodísticas. 

Los abogados de Mas presentaron inicialmente la querella ante los juzgados de Barcelona, que descartaron investigarla al entender que la competente para hacerlo era la Audiencia Nacional, dado que los delitos incluidos afectarían a Artur Mas en su cargo de presidente de la Generalitat, que constituye una alta institución del Estado.

No obstante, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia concluye que no es competente para investigar los hechos relatados de la querella porque, si bien irían dirigidos contra el presidente de la Generalitat, "no afectaron a la forma de gobierno", de forma que no pueden constituir delitos contra altos organismos el Estado.

El magistrado remarca además que los hechos que narra la querella sucedieron entre los años 2012 y 2015, ya fueron objeto de anteriores denuncias o procedimientos judiciales y, por otra parte, estarían prescritos al haber transcurrido el plazo máximo previsto para los delitos denunciados, que es de diez años.

Para la Audiencia Nacional, solo podría impedir la prescripción que los hechos constituyeran un delito continuado por la utilización de Pegasus para espiar a Artur Mas, que según informes periciales sufrió una interceptación de comunicaciones con ese software desde 2015.

Sin embargo, mantiene el auto, "ningún elemento, salvo la mera suposición, permite afirmar que dicho software fuese utilizado e implementado por quienes hoy figuran como querellados", entre quienes forman parte los exdirectores del CNI Félix Sanz Roldán y Paz Esteban.

Para el juez, suponer que el espionaje con Pegasus "es una parte más de la llamada Operación Cataluña no deja de ser una mera suposición, que no alcanza el carácter de indicio, si no de mera sospecha".

"Conocido es la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo al indicar que carecen por sí solas de valor las informaciones periodísticas para abrir un procedimiento penal", recuerda el magistrado, que apunta que, en todo caso, el espionaje con Pegasus sería un delito de revelación de secretos que no entra en las competencias de la Audiencia Nacional.

En su escrito al juez para oponerse a la admisión de la querella, la Fiscalía Anticorrupción defendió la "legitimidad del Estado para impedir cualquier delito contra el orden constitucional, entre ellas las acciones llevadas a cabo por el movimiento independentista en cuanto que no se encaucen en la legalidad vigente".

Ello justificaría, para el ministerio público, "la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía y órganos judiciales siempre, y como hemos dicho, que esa actuación se lleve a cabo dentro de la legalidad", según su escrito, al que ha tenido acceso EFE.

Jordi Pina, abogado del expresidente de la Generalitat, presentará recurso de apelación en la Audiencia Nacional contra la inadmisión de la querella. Inicialmente, defendió la competencia de los juzgados de Barcelona para investigar el caso.

España ha tenido expresidentes; José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido una trayectoria. Y esa diferencia explica en buena medida la obsesión de la derecha española con su figura. Zapatero no solo fue un presidente que amplió derechos en un momento clave, sino que, al abandonar La Moncloa, entendió algo que otros nunca asumieron: que perder el poder no autoriza a dinamitar la democracia.

La comparación es inevitable. Aznar convirtió su salida del Gobierno en una plataforma permanente de agitación política y de conexión con los grandes intereses económicos, dedicando buena parte de su tiempo a erosionar gobiernos legítimos y a alimentar una polarización que hoy pagamos cara. Felipe González, figura central de la España democrática, ha acabado utilizando su condición de expresidente para desacreditar a la izquierda y justificar posiciones que contradicen su propio legado histórico. Rajoy llevará consigo toda la vida la mochila de ser el primer presidente en perder una moción de censura, optó por la retirada silenciosa, sin aportación intelectual ni defensa activa de las instituciones que presidió. Tres formas distintas de entender el “después”, ninguna especialmente edificante.

Zapatero eligió otro camino. No conspiró contra los gobiernos posteriores, no alentó campañas de deslegitimación institucional ni utilizó su agenda internacional como negocio personal. Mantuvo una lealtad democrática poco habitual en un país donde demasiados exmandatarios confunden crítica con sabotaje y discrepancia con rencor.

Su papel como mediador internacional, especialmente en América Latina, ha sido objeto de ataques feroces, casi siempre cargados de mala fe. La derecha española lo ridiculiza porque nunca ha creído en la diplomacia basada en el diálogo y la negociación, sino en la imposición moral y el castigo selectivo. Zapatero ha hablado con quien había que hablar, no para blanquear a nadie, sino para abrir vías políticas allí donde el bloqueo solo cronifica el sufrimiento. Ha actuado, además, en espacios donde el Estado español no siempre podía hacerlo directamente, aportando experiencia y credibilidad. Eso no es traición: es política exterior responsable.

Esta actitud como expresidente no se entiende sin su trayectoria previa. Zapatero gobernó en uno de los periodos más difíciles de la historia reciente: primero, en un país aún marcado por la manipulación del 11-M; después, en plena crisis financiera global. Se le acusa de “arruinar España”, obviando que el colapso de 2008 fue consecuencia de un sistema financiero desregulado y de una burbuja inmobiliaria gestada durante años, con gobiernos del PP presumiendo de milagros económicos inexistentes.

Zapatero cometió errores, sin duda, pero también intentó proteger el Estado del bienestar más tiempo que otros y pagó un alto precio político por ello.

En el terreno social, su legado es hoy indiscutible. El matrimonio igualitario, la ley de dependencia, la ley antitabaco, el avance en igualdad y memoria democrática no dividieron España: la hicieron más decente. Que hoy estos derechos cuenten con un amplio respaldo social es precisamente la prueba de que aquellos debates no iban desencaminados. La derecha los combatió entonces con dureza y ahora prefiere fingir que siempre estuvieron ahí.

Especialmente reveladora fue la reacción ante el final de ETA. Zapatero contribuyó decisivamente a que el terrorismo desapareciera sin concesiones políticas, desde la legalidad y el Estado de derecho. La derecha, incapaz de asumir que la paz no llegara bajo su bandera, optó por el uso partidista del dolor y la deslegitimación de un proceso que acabó siendo una victoria democrática colectiva.

Por todo ello, con cierta perspectiva histórica, resulta cada vez más evidente que Zapatero ha sido, hasta ahora, el mejor expresidente que ha tenido España. No por infalibilidad, sino por comprensión del cargo. Porque entendió que la democracia no termina cuando se deja el poder, y que servir a un país también consiste en no incendiarlo cuando ya no se gobierna.

Por eso no lo atacan por sus errores, sino por su ejemplo de conducta, por su talante: porque Zapatero demostró que se puede dejar el poder sin vender el país, sin odiar la democracia y sin traicionar lo que se defendió cuando se gobernaba.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Tres objetivos simples para dejar un legado que trascienda nuestra vida. Una tradición que viene de largo, pero que algunos se toman más en serio que otros. Y últimamente, los políticos se la están tomando particularmente en serio. Y no, no nos referimos a las dos primeras, que quedan al libre albedrío de la vida privada, sino al último de los objetivos, el poner negro sobre blanco las vivencias, ideas o proyectos que han marcado sus vidas. Porque si en muchos países la inflación está al alza, en las librerías lo que no para de aumentar son los libros firmados por políticos. Al lado del ampliamente celebrado y bendecido por la crítica Sira, una historia de amor, de Juan del Val, se colocan otros libros como Orden y Libertad, Manual de Convivencia o El arte de gobernar. Los secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política, firmados respectivamente por José María Aznar, Juanma Moreno Bonilla y Mariano Rajoy.

No han sido los únicos que se han sumado este 2025 a la fiebre de los libros. Otros como el exministro de Defensa Federico Trillo (Memorias de anteayer), la exalcaldesa de Madrid Esperanza Aguirre (Una liberal en política: Por qué lo que funciona es el liberalismo), la exministra de Economía y ahora presidenta del BEI, Nadia Calviño (Dos mil días en el gobierno) y el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias (Enemigos íntimos), entre muchos otros, también se han animado a escribir. Incluso, aunque quizás no cuente como un político tradicional, el rey emérito Juan Carlos I ha colocado su Reconciliación entre los títulos más vendidos. 

El fenómeno no es solo español. En EEUU, la excandidata presidencial Kamala Harris publicó 107 days, en el que rendía cuentas con Joe Biden y los demócratas para culparlos de su fracaso electoral. También Gavin Newsom, gobernador de California y uno de los favoritos para ser candidato del Partido Demócrata en las próximas elecciones, ha anunciado que este enero podremos leer Young Man in a Hurry, sus memorias. En Francia, el libro que Nicolás Sarkozy escribió durante las semanas que estuvo en prisión, Le Journal d’un prisonnier, ya está entre los más vendidos del país. Todo este fenómeno nos hace preguntarnos: ¿por qué los políticos escriben libros? ¿Cuál es la razón por la que les interesa tanto? Y, sobre todo, ¿tiene sentido seguir haciéndolo en la era de las redes sociales?

Ana Salazar, consultora política y directora de Idus3 Estrategia, lo tiene claro: “Rotundamente, sí. De hecho, ahora más que nunca tiene un impacto y un sentido. En unos tiempos de velocidad, de un contenido sin cesar y con unos formatos de redes sociales cada vez más breves, el hecho de publicar un libro es cambiar completamente el enfoque, ya que da al político un espacio de reflexión donde puede profundizar, lo que es muy raro actualmente en otros formatos”. Mientras en redes sociales los contenidos caducan rápido, y son para un momento muy concreto, la tinta, comenta la experta, permanece y es para siempre. “El libro requiere una especie de pacto, es una promesa, porque no puede cambiarse, y eso, en los tiempos que corren, es muy importante”, argumenta Salazar. 

El beneficio de los libros no se queda ahí, también amplía el público al que puede llegar el político. “En TikTok y en redes sociales se encuentra un target muy concreto, pero ni mucho menos es el único que existe. Hay un nicho de personas lectoras que está ahí y al que hay que llegar de forma diferente al habitual. Solo el hecho de tener tu imagen en la estantería de una librería ya significa mucho. Es comparable a lo que hizo Pedro Sánchez con su entrevista en Radio 3, abrirse hueco entre nichos más concretos pero que también votan”, explica Aner Ansorena, consultor político y CEO de Hauda Comunicación.

Eso sí, hay limitaciones. Es muy difícil, sostiene Juan Manuel Barrios, politólogo e integrante del podcast El Patio Político, que, por mucho que venda un libro, este pueda cambiar un solo voto. “Se escribe para los convencidos, los libros tratan de reforzar a los que ya te apoyan, no cambiar la opinión de los que no. Permiten, eso sí, que se acerquen de una forma diferente a ti, y que con eso se mantenga ese sentimiento positivo. Por ejemplo, un momento en el que los libros pueden tener utilidad electoral es cuando se producen pérdidas de voto”, afirma Barrios. Pone de ejemplo en este sentido el libro de Juanma Moreno, cuya salida coincidió con la crisis de los cribados del cáncer: “Ahí combate un escándalo mayúsculo con el hecho de contar tu historia. Significa tratar de parar esa bola de nieve mostrándote de una forma más personal e íntima de cara a tu votante”, continúa.

De eso van muchas veces los libros de los políticos, de lograr mostrar todo lo que no se ve en los medios y en las redes sociales, su día a día, sus costumbres… “Humanizan mucho, muestran, si realmente el que lo escribe lo hace suyo, a la persona detrás del político. Moreno, por ejemplo, habla de su perro. Puede parecer una tontería, pero es muy difícil hablar de ese tipo de cosas, de aficiones, de temas más personales… en los tiempos de polarización tan fuertes que vivimos. Eso solo te lo permite el libro”, insiste Barrios. 

Esto es algo que entendió perfectamente el expresidente francés Nicolas Sarkozy cuando, después de su condena, anunció que plasmaría sobre papel sus vivencias mientras estaba en prisión. El exmandatario vivía (y vive) una crisis de reputación tremenda, y vio que la forma más potente para tratar de capear el temporal era escribir. “Sarkozy se dio cuenta de que el formato audiovisual no era suficiente para lo que quería hacer. Solo con acudir a las televisiones o hacer entrevistas no iba a cambiar nada, quería algo más”, indica Salazar. 

El resultado fue espectacular. Unos 100.000 ejemplares vendidos en menos de una semana, todo un éxito que cambió el foco mediático. “Es muy complicado que con un libro un político pueda cambiar la percepción que se tiene de él, pero al menos tiene un control total sobre esa historia. A Sarkozy le da igual si el lector le cree o no, pero lo que está claro es que está escuchando su historia, la que él quiere contar. Impone ese relato la persona que está leyendo. Tanto es así que, cuando el expresidente salió de la cárcel, la noticia fue más que había escrito un libro mientras estaba encarcelado y lo que decía en ese libro, que el propio hecho de que abandonara prisión”, explica Barrios. 

Ese relato impuesto no solo sirve para políticos en activo, también lo hace para aquellos que están retirados y quieren legitimar su estancia en el poder o dar su propia visión. Es el caso del libro de Aznar o los superventas de Barack y Michelle Obama. “En este caso quieren dejar claro su legado y un relato de su biografía personal, aunque en ocasiones también tienen otros objetivos. Por ejemplo, está claro que el libro del expresidente del Gobierno y exlíder del PP persigue igualmente influir políticamente en el panorama actual pese a que él ya se ha retirado, teóricamente, de todo”, comenta Salazar. 

Y es que publicar un libro es mucho más que sacarlo a la venta, especialmente para aquellos que ya no están en activo. “El libro da a los políticos la oportunidad de estar en la palestra, de sentirse importante. La sociedad entiende que al escribir tienes algo que contar, que eres o todavía sigues siendo importante e incluso que has hecho un ejercicio intelectual. A todo ello hay que sumar la promoción, el estar en los periódicos, que se debata el contenido, las entrevistas… todo eso que se monta alrededor del libro es importantísimo”, señala Ansorena. 

Precisamente, en toda esa parafernalia, los políticos en activo buscan notoriedad y los retirados volver a saborear el sentirse importantes, aunque sea solo por unas pocas semanas. Eso sí, estos últimos tienen una gran ventaja: “En todo el mundo se tiende a mitificar al político que ya no está, se les escucha mucho más y con más atención. Cuando se retiran, las personas comienzan a sentir por ellos más simpatía, aunque en el pasado no les gustara nada. Por todo eso, para ellos es mucho más fácil ser efectivos a la hora de escribir un libro, ya que los políticos en activo todavía llevan la mochila de la actualidad a cuestas”, zanja Ansorena.

Además, tienen un problema añadido y es que, al estar gobernando, rara vez tienen tiempo de escribir. “Creo que nadie se cree que los políticos escriben sus propios libros, y menos mal, porque si no, qué estarían dejando de hacer. Casi siempre recurren a alguien para escribirlo después de muchas entrevistas y conversaciones”, afirma Salazar. Pero, para Ansorena, en la mayoría de las veces esto no está del todo bien contado: “Si no se es transparente, se puede generar una desconfianza en la ciudadanía y acabar teniendo un impacto negativo, porque al final el nombre que sale en la portada es el tuyo”. Por eso, escriban o no ellos mismos los libros, sea por ego o por buscar una relevancia perdida, sean un superventas o no lleguen más que a frikis de la política, todo indica que, al contrario que en Video Killed the Radio Star, TikTok no matará a los libros de los políticos, sino que, más bien, hará que cada vez haya más.

Hace ahora cincuenta años. Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde murió bendecido por la Iglesia católica, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que lo equiparaba a los santos más grandes de la historia. El panegírico había comenzado con la Cruzada, arreció con fuerza en la posguerra y continuó hasta después de su muerte.

Franco y sus compañeros de armas iniciaron en julio de 1936 un golpe de Estado que provocó una sangrienta guerra civil. Durante esos años y en la posguerra, decenas de miles de “enemigos” fueron eliminados. La paz de Franco destruyó familias enteras e impregnó la vida cotidiana de miedo, coerción y castigo. Su España fue un Estado policial, un omnipresente sistema de control y vigilancia que necesitó en los primeros años el derramamiento de sangre y los pelotones de fusilamiento. Una vez organizada la trama de lealtades, propaganda y miedo, el terror podría dirigirse a grupos pequeños y no amenazaba a la mayoría de los españoles. Eso es lo que decía Franco, que solo se perseguía a delincuentes, comunistas, masones y separatistas. 

Murió rico, con una fortuna millonaria, enriqueció a sus familiares, a quienes permitió un desenfrenado saqueo, y concedió un gratificante retiro a los cientos de colaboradores que ya habían disfrutado en el poder de sinecuras y grandes beneficios. 

Comparado con Mussolini, Hitler o Stalin, Franco no sobresalió como un personaje influyente en la política europea del siglo XX. Pero no fue un dictador débil o menor. Utilizó con habilidad las circunstancias históricas que le permitieron relacionarse con las potencias del Eje y obtener al mismo tiempo un gran rédito de la diplomacia y del espionaje británico, incluidos los sobornos con grandes sumas de dinero a varios de sus generales, para el mantenimiento de la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. 

Tras el derrumbe de los fascismos, Estados Unidos y Europa Occidental consideraron durante un tiempo a Franco un paria, por su sintonía ideológica con Hitler y Mussolini, pero todo cambió a partir del estallido de la guerra en Corea en 1950. Franco, por muy represor y autoritario que fuera, era preferible al comunismo. Logró la aceptación internacional, mientras que incrementaba su poder. Las circunstancias históricas que lo colocaron en la marginación internacional y después en la rehabilitación tuvieron poco que ver con su personalidad o carisma, pero logró sobrevivir y aumentar el culto. La propaganda hizo creer a los españoles que había librado al país de los horrores de la guerra mundial y jaleó los acuerdos de 1953 con la mayor potencia económica y militar del mundo como un triunfo más del Caudillo. En el escenario internacional fue siempre un dictador dependiente. En España mantuvo sus excepcionales poderes hasta el final.

Mientras él vivió, fue imposible acometer transformaciones políticas reales y en las casi cuatro décadas de su mandato no hubo fricciones importantes en los pilares básicos de apoyo. Tuvo tiempo de contemplar cómo desaparecieron sus aliados fascistas, el abrazo del amigo americano, la liberalización de la economía tras años de hambre y pobreza absolutas, el desarrollo de la década de los sesenta y el crecimiento de su amplia familia corrupta. Desde el 1 de octubre de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1975 fue ungido de una autoridad sobrenatural, basada primero en su misión redentora y después en los constantes y continuos logros. Bajo esa aureola mesiánica, el Caudillo fue objeto de obediencia y nunca tuvo necesidad de reconocer sus errores porque creía que sus motivos siempre eran puros y guiados por la providencia.

Ninguno de sus jerarcas y cómplices fue arrestado, encarcelado o procesado. Todos escaparon al castigo. A muchos les costó tiempo y labor resignarse a su muerte, aunque quienes pensaban en labrarse un futuro político sin el Caudillo dejaron de la noche a la mañana el uniforme azul y se pusieron la chaqueta democrática.

Cincuenta años después de su muerte, y casi noventa del final de la guerra, muchos familiares de sus víctimas no saben dónde están los restos de decenas de asesinados, desperdigados por lugares insospechados. 

Frente a ese pasado infame, algunos se han reído de quienes “remueven tierra buscando huesos”, y destacados políticos demócratas han propuesto pasar página, negar el recuerdo, cancelar el pasado. Aznar y Rajoy, voces autorizadas para millones de personas que piensan como ellos, lo repetían siempre que podían: los gobiernos no debían dedicarse a tonterías como la memoria histórica o a la investigación sobre miles de desaparecidos. 

Es la sombra alargada del legado pesado de la dictadura de Franco, que regresa y vuelve con diferentes significados, que actualizan desde la democracia sus herederos, políticos, periodistas o aficionados a la historia, y en los últimos años un partido de ultraderecha cargado de historia de España de tambor y trompeta, de relato cultural ultranacionalista y de construcción de mitos simplificados. Cincuenta años después.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor de 'Franco’ (Crítica, 2025).

¿Quién querría ser presidente? ¿De qué material están hechas esas personas? ¿Quién quiere una responsabilidad y exposición así? ¿Cuánta ambición de poder hay que tener, cuánta vocación de servicio, cuánta ideología? ¿Cuánto pesan aquella victoria y aquella derrota en el resto de tu vida?

Cuatro hombres han sido presidentes del Gobierno de España y hoy son expresidentes y están vivos. Hombres que llegaron al más alto poder cargando las ilusiones de cambio de un país, que emergieron desde el desgaste de su predecesor, que se trasladaron con sus familias a ese Palacio de la Moncloa asomados al declive de Madrid y se pusieron al frente del Gobierno. 

Estos cuatro hombres quisieron levantar un relato que les trascendiera. Por qué no va a ser pertinente que se preguntaran a sí mismos quiénes serían ellos para la historia del país, si llevaron sus riendas, si no había nadie más que les respaldara cuando llegó la decisión final. Síndromes palaciegos o soledad, los cuatro subrayan sus aciertos, pero los cuatro fueron arrollados por aquello que menos les gusta recordar, algunas cuestiones que no se les preguntan, y por algo será, y que no todos admiten todavía. Un catálogo de cuatro formas de sujetar el poder y ejercerlo, cuatro formas de ser un hombre al frente de un Gobierno y una fotografía en movimiento de la historia reciente de España. Eso retrata dentro y fuera de foco, subrayado o entre líneas, la serie La última llamada. 

El documental arranca con Felipe González y los 202 diputados con los que arrasó el PSOE en 1982. Y traza, sobre todo, la personalidad de aquel que vivió en el Palacio de la Moncloa durante cuatro legislaturas, catorce años de poder, una voz, hoy, incómoda para su propio partido. Un hombre al frente de un país que comenzaba a abrir sus ventanas tras la noche oscura del franquismo, que tenía por delante la conquista del Estado del bienestar, que se dice tímido, al que no le molesta la soledad, un padre silencioso durante los desayunos, que extraña la naturaleza, que se aficiona a los bonsáis. La amistad y ruptura con Alfonso Guerra, con los sindicatos, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y el referéndum sobre la OTAN en el 86, las huelgas. En ese primer capítulo, reconoce González que nunca quiso mostrarse públicamente afectado frente a los años más duros del terrorismo, pero que el atentado de Hipercor, en 1987 en Barcelona, en el que murieron 21 personas y quedaron heridas 45, le rompió. Recuerda también el expresidente bajo cuyo Gobierno actuaban los GAL un momento en el que tuvo la posibilidad de acabar con la cúpula de ETA, localizada en Francia. “¿Podemos salvar 50 o 60 vidas si cortamos la raíz de la serpiente?”. 

Ambición, vocación, determinación, coraje y sentido de la Historia son las cualidades que para José María Aznar debe tener un líder político. Se olvida, entre esas virtudes, quizá, la transparencia, la honestidad, el sentido profundo y menos simbólico de la representación política y la inmunidad hacia el delirio de grandeza que poseyó para siempre al cuarto presidente de la democracia. El retrato personal en el que se afanan él y quienes fueron sus asesores se centra en un hombre castellano, de rutinas, austero, que juega al pádel, que pronunció aquel “España va bien”, el milagro económico. Se ríe Aznar cuando recuerda haberle dicho al Wall Street Journal que el milagro económico de España era él. Muy humilde este expresidente. Llega entonces uno de los dilemas políticos más difíciles: la noticia del secuestro de Miguel Ángel Blanco, concejal de su partido en Ermua, el chantaje al Gobierno, la llamada a la familia: el asesinato. Pero aquel sentido de la Historia tan personal, su afán de poner a España junto a otras naciones, llevó a nuestro país a uno de los episodios más infames de su narrativa contemporánea y que terminaría con su Gobierno en 2004: la participación en la guerra de Irak y la gestión política de la masacre del 11-M en Madrid. Es extraña la claridad con la que Alejandro Agag, asesor de Aznar entonces, explica que allí donde un atentado derribó dos rascacielos en Nueva York, el Gobierno vio una oportunidad de trascender internacionalmente. No reconoce Aznar aquellos errores fatales y vuelve a mentir, otra vez, cuando comenta “con el mayor énfasis”: el Gobierno dijo en todo momento la verdad, en todos los minutos del día. 

Zapatero resultó no ser un “Bambi”, como le llamó Alfonso Guerra. El PSOE estaba huérfano en el año 2000 y un nuevo liderazgo se consolidaba, el de un hombre de León que da un discurso en el congreso del partido y dice: “no estamos tan mal”. Cuatro palabras que definirán una trayectoria y que no pronunció al final de su mandato, pero podrían haberle servido cuando no calibró una crisis económica mundial que afectaría incisivamente a España. El optimismo como virtud y defecto. Zapatero llegó y sacó a las tropas españolas de Irak y firmó uno de los mandatos que más avances en derechos sociales conquistaron: el primer Gobierno paritario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el divorcio exprés, el primer ministerio de Igualdad con la primera ley contra la violencia de género, la primera ley de Memoria Histórica, la convicción profunda de que el terrorismo podía erradicarse a través del diálogo. 

Llegó después aquel señor, M. Rajoy. Un gallego que hablaba como hablaba. Cuanto mejor, peor; cualquier tiempo pasado fue anterior. Sobre música cómica, aparece en el documental aquel tipo alto, con barba, con sorna, al que le gusta caminar. Al que parece que el Gobierno le haya caído encima y preferiría estar siempre en otra parte. En la nueva foto política que se va tomando en esos años en España, así lo dice un asesor suyo, el presidente Rajoy envejece veinte años de golpe. Let Rajoy be Rajoy, deciden. Pero llega en 2017 la crisis institucional más grave del país: el 1 de octubre de aquel año, se celebra un referéndum por la independencia en Cataluña. Son los tiempos del Procés y el presidente dice que se resiste lo que puede, pero aplica el artículo 155 de la Constitución. Varios líderes son procesados, condenados y encarcelados. La sociedad española arranca una polarización ideológica que llega hasta hoy. El día 1 de junio de 2018, se celebra una moción de censura que derrota a Rajoy tras la sentencia del caso de corrupción Gürtel. Sobre su sillón parlamentario de Presidente del Gobierno, en el Congreso, un bolso de mujer. De nuevo, Mariano prefirió estar en otra parte y, esta vez, así lo hizo. 

¿Es posible que el peso de las razones de la derrota supere al de la impronta positiva que dejaron en el país? Pues depende del caso. Parece que hay decisiones que jamás podrán entenderse bajo el peso que arroja la Historia. Hay palabras que siguen sin pronunciarse, por ejemplo, perdón, terrorismo de Estado, policías patrióticas. Si la serie hubiera sido grabada unos años más allá, ¿cuál sería el relato que busca el presidente actual? ¿Quién será Pedro Sánchez? ¿El presidente de la pandemia? ¿El del primer Gobierno de coalición de la democracia? ¿El que, como él mismo dijo una vez, sacó a Franco de Cuelgamuros? ¿El de la amnistía? ¿El de la recuperación económica, los equilibrios políticos, los derechos sociales, la resistencia personal contra todo pronóstico? 

Quedan dos años hasta las próximas elecciones generales, veremos. 

"Vive justa y santamente el que tiene el amor ordenado, de suerte que ni ame lo que no debe amarse, ni no ame lo que debe amarse, ni ame más lo que ha de amarse menos, ni ame igual lo que ha de amarse más o menos, ni menos o más lo que ha de amarse igual"

San Agustín de Hipona

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La primera flotilla española interceptada por los buques israelíes ya está en casa, después de que sus miembros fueran ilegalmente detenidos y torturados, según han denunciado en cuanto han aterrizado en España... Esta semana, la web de noticias Vaticano News realizaba una entrevista al Secretario de Estado vaticano, el cardenal Parolin, con motivo del segundo aniversario de los atentados de Hamás. El cardenal estuvo en todas las quinielas para ser papa desde un principio y, tras la elección de Prevost, ha sabido mantenerse como el número dos de la curia romana. Siempre son interesantes las palabras del Secretario de Estado. Esta semana ha dicho que “no podemos ser  indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor e incluso lejos de nosotros. Por eso nunca será suficiente la oración, pero tampoco el compromiso concreto, la movilización de las conciencias, las iniciativas de la paz, la sensibilización, aun a costa de parecer “fuera de onda”, aun a costa de  asumir riesgos”. 

Romano Prodi, el único presidente de la Comisión Europea que ha visto este siglo y todos los que vendrán, definió el papado de Francisco como un adorno sobre la piedra. “Ahora necesitamos  alguien que cave túneles” señaló a renglón seguido. Parece que León XIV podría ser ese Papa mineral que trate de apuntalar el último universalismo en Roma. Ciertamente, hay un  entrelazamiento entre economía, poder y geopolítica donde también se han hecho un hueco la religión y la opinión pública.  

De las palabras de Parolin se desprende la condena al genocidio israelí sobre el pueblo de Gaza y no sólo el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023. La iglesia católica está siempre con las víctimas y, tras conocerse el plan de Trump, ha hecho una llamada al compromiso y la acción concreta. Parolin podría estar perfectamente hablando de la flotilla a la que algunos destacados miembros del PP calificaron de “crucero” o “batucada”, o también podrían ser una crítica a las  expresiones de rechazo que interrumpieron la etapa final de la última Vuelta Ciclista a Sarajevo. A este paso, es muy probable que Isabel Díaz Ayuso esté más cerca de la excomunión que de la beatificación. O sea, que no será candidata.  

De la reflexión del Secretario de Estado Parolin se deduce que Alberto Núñez Feijóo está fuera de onda de eso que tras la II Guerra Mundial vino en llamarse la democracia cristiana. En realidad, el nacionalcatolicisimo español reconvertido a nacionalconstitucionalismo en cuanto retiraron a Manuel Fraga a sus pazos de Galia, siempre estuvo bastante alejado de De Gasperi, Montanelli y por ahí todo seguido, por lo menos alejado, hasta que José María Aznar, envuelto en una mayoría  absoluta, y Silvio Berlusconi, envuelto entre una mayoría de belinas, fraguaron la gran amistad que todos veríamos consagrada definitivamente hasta el año en que Mariano Rajoy echó a Pedro J. Ramírez del diario El Mundo, por un par de portadas y unos cuantos titulares amarrados a la Gürtel. 

El mundo vive un momento católico que mira atentamente hacia un genocidio que ha obligado a  Merz a moverse de sus posiciones, que no son las de Sánchez. En este contexto, el PP parece haber estado en otra galaxia o, si prefieren, en otra dimensión y en otra religión, paralizados ante la toma  de posición de Isabel Díaz Ayuso en Sol y de José María Aznar en Faes, dispuestos enconadamente  a defender al Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El malismo, feliz expresión acuñada por Mauro Entrialgo, se ha convertido en una estética y, como toda expresión estética, lo es también de una mirada poética del mundo que, esta vez, encierra una ideología perversa.  

El diablo, ya saben, está en los detalles, pero a Feijóo le ha pillado en otra cosa, despistado y confundido como está estos días, debatiéndose entre la prosperidad y la democracia. He ahí la gran elección que propuso la semana pasada, aunque después afirmara que lo declamado ante el Partido Popular Europeo sólo había sido otro craso error de imprenta. Los sondeos de Iván Redondo, sin embargo, no son ninguna errata y ya sitúan al PP más cerca del 25% de los votos que del 30.  

No es la primera vez que Feijóo está “fuera de onda”, según palabras de Parolin. Lo vimos este verano, a cuenta de la inmigración, con las razzias de Torre Pacheco y la declaración de Jumilla respaldada por PP y Vox, en el laboratorio Murcia. La respuesta de algunas figuras relevantes de la iglesia española no se hicieron esperar. El cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia episcopal, corregía al PP afirmando en una carta pública que “la libertad religiosa debe ser acogida y la libertad de culto respaldada”. A su juicio, “debilitar la debida presencia religiosa es debilitar la convivencia”. El cardenal Cobo era taxativo: “una procesión católica arraigada o una fiesta del cordero en una población con presencia musulmana no pueden constituir una amenaza a nada ni a nadie”.  

Aunque el presidente de la Conferencia Episcopal se había pronunciado semanas antes a favor unas elecciones anticipadas, los reflejos políticos de la Iglesia supieron estar atentos para poder anticipar otra toma de posición, al comprender que el PP no estaba ni está en condiciones de gobernar España de aquí a unos cuantos años.  

La religión ha vuelto a cobrar un gran protagonismo en la conciencia del mundo. Francisco dejó el legado de una Iglesia deconstruida, pietista, universal, funcional, transversal, populista y persuasiva, encarnación de un nuevo sentido común. Se diría que Parolin ha sido encargado por Leon XIV para  la construcción de un nuevo periodo, sobre la base de una nueva estructura política, con un discurso más diplomático, dispuesto a medir y definir los límites del imperio, contener a Trump y recoser las  costuras de la democracia liberal. No es difícil pensar que la Iglesia de Prevost se está convirtiendo en este momento en una de las últimas expresiones del universalismo junto a la lucha contra el cambio climático. Frente a los fascismos, es muy probable que veamos cómo el Vaticano vuelve a inyectar nuevas dosis de pensamiento social a la democracia cristiana en Europa y, especialmente, en Italia y Francia, antes de que a Macron lo entierre su próximo primer ministro.  

“Vive justa y santamente el que tiene el amor ordenado, de suerte que ni ame lo que no debe amarse, ni no ame lo que debe amarse, ni ame más lo que ha de amarse menos, ni ame igual lo que ha de amarse más o menos, ni menos o más lo que ha de amarse igual”. Con esta cita agustiniana, el vicepresidente de los EEUU, J.D. Vance, respaldaba hace unos meses uno de los pilares del movimiento MAGA: América primero y, después, todo lo demás. León XIV, el primer Papa estadounidense, le respondía a través de su cuenta en X: “J.D. Vance está equivocado. Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás”.

Al mismo tiempo que se pierde cualquier idea espiritual, que no quiere decir religiosa, pero a veces está ligada, nos encontramos con un país dividido con un peligro que ya conocemos, y basado en un materialismo político que nos puede llevar a un desastre muy conocido por los que peinamos canas o ya ni eso. Y es que el odio que destila la actual y única derecha, que es la misma hoy que ganó aquella batalla cruenta, en las manos de personajes de muy poca categoría, llámense Aznar, Ayuso, Abascal, Feijóo, Aguirre, MAR y otros muchos que vemos a diario subidos a un trono para disparar odio exclusivamente sin aportar ni una sola idea que pueda ayudar a mejorar un mundo excesivamente peligroso, todo ello nos puede llevar a un enfrentamiento que ellos no miden, porque su único objeto hoy es eliminar al que gobierna para colocarse así a ¿gobernar? No lo parece.

Pero el último hecho de la Flotilla de Gaza ha dado frases de Ayuso que alguien debería corregir, porque ella es una persona sin preparación que solo desea llegar a liquidar a Sánchez, que la lleva muchas traineras en categoría política y humana, pero que en la capital triunfa sin que muchos podamos entenderlo. Y esas frases de insulto a quienes están temiendo hasta por sus vidas por defender tantos asesinatos de civiles y niños producen temor a que ese odio que destila esta señora se nutra de gentes ignorantes que no conocen aún nuestra historia trágica con muchos muertos en cunetas que se tratan de ocultar por una ley de memoria que temen solo por perder algún voto de los seguros de un ejército civil reforzado por medios y jueces de todos conocidos. Por cierto, a los que no se puede criticar excepto si les molestan a ellos. Todo muy democrático… Y a todo ello se añade un Trump dispuesto a confirmar su fascismo cargándose una de las democracias más antiguas del globo. Lo que confirma la ruta de conmoción política que se oculta encima de nuestras cabezas. Y ese odio que expresan las críticas de Ayuso alberga además el desprecio a esos seres humanos que incluye a niños muriendo solo por el hecho de que en su espacio alguien quiere construir un resort de lujo además de lo que encierra políticamente, posiblemente acompañado para ese fin bajo el uso de Hamas como culpable máximo.

Y estos párrafos se pueden unir al primero porque hubo un tiempo en que se hablaba de un Dios que podía castigarnos algún día. Hoy ya no existe porque los que nos pueden castigar están cercanos dentro de algún fondo buitre o en una institución sionista que con su dinero se erige en el nuevo dios, esta vez en minúsculas, que les premiara en el futuro si obedecen a sus designios meramente económicos. Y, por cierto, esos sionistas supongo que tienen su propia religión judía, pero parece que tampoco la escuchan. No soy un ingenuo y sé que nadie liga las creencias religiosas con la política o las guerras, pero simplemente acabo con un pensamiento, duda o consulta:

¿Piensa alguien que su odio los llevará a la victoria política, o solo buscan renovar el fascismo? Porque ese fascismo es la mayor derrota de la dignidad humana al quedar sometido a un poder basado en la fuerza. 

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Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.