Diez apuntes personales sobre la condena anticipada de Zapatero

No soy jurista, ni fiscal ni abogado defensor. Así que leo y releo las 85 páginas del auto firmado por el juez José Luis Calama Teixeira como periodista y como ciudadano, haciendo el esfuerzo (obligado) de no dejarme llevar por una previa consideración positiva hacia el afectado. No es fácil. Se trata de que el único presidente del Gobierno en democracia bajo cuyos mandatos no se produjo un solo caso de corrupción política es ahora el primer expresidente citado como investigado, y nada menos que por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. De modo que expongo simplemente mis impresiones sobre un auto judicial muy detallado y a la vez repleto de lagunas. ¿Serán rellenadas a lo largo de la investigación pendiente después de los registros efectuados este martes? Puede ser, pero ya anticipo que me sorprende la contundencia y reiteración con la que el instructor ya condena a Zapatero, y lo hace sin aportar los indicios concretos que sostengan la acusación.

Me explico (o al menos lo intento).

1.- A lo largo del escrito se repite con una frecuencia impropia la afirmación de que José Luis Rodríguez Zapatero ha actuado como “líder” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias. Es decir, se va reiterando constantemente la conclusión de una investigación en marcha. El carro antes que los bueyes.

2.- Toda la trama parece girar en torno al préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra para sacarla del borde de la ruina en plena pandemia. Ese rescate pasó ya por un juzgado y también superó la auditoría de Bruselas y del Tribunal de Cuentas. Es posible, por supuesto, que esos tres filtros no contaran con la suficiente información sobre el estado de la compañía, pero el caso es que nadie encontró irregularidades, y el préstamo está en proceso de devolución, aunque por el momento sólo en la parte de los intereses y aún no del capital. Conviene vigilar –y esto sí es responsabilidad del Gobierno– que se devuelva hasta el último euro, como con cualquier otra operación de ayudas públicas. No vaya a ser que ocurra como, por ejemplo, con el caso Avalmadrid y los préstamos a la familia Ayuso (ver aquí).

El propio juez parece asumir la ausencia de elementos indiciarios directos contra el imputado

3.- El auto recoge la acusación –también reiterada con sorprendente frecuencia– de que Zapatero era quien daba “las órdenes” o “instrucciones” en la actividad de la trama. Pero lo cierto es que en ninguna de las 85 páginas aparece una “orden” o una “instrucción” concreta dictada por el investigado. Ni tampoco un testimonio o un mensaje de ninguno de los implicados que diga “Zapatero ha ordenado” o “Zapatero ha enviado la instrucción de…” o al menos “Zapatero quiere que…”. 

4.- El propio juez parece asumir esa ausencia de elementos indiciarios directos contra el imputado al escribir en la página 56: “José Luis Rodríguez Zapatero se erige como el núcleo decisor y estratégico de la red. Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas”. Es decir, que Bambi resulta ser tan listo y habilidoso que es capaz de “ejercer un liderazgo efectivo sobre una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas (…) y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios…” (pág. 59) sin mancharse las manos, o sin mover una ceja (si me permiten una gracieta en este turbio asunto).

5.- Lo escribo como lo pienso: el cúmulo de “evidencias analizadas” creo que justificaría citar a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero para aclarar su vinculación o relación con esa supuesta trama de tráfico de influencias. Pero el auto no busca ese objetivo, sino que ya da por demostrado el “liderazgo” del imputado en la organización criminal sin aportar –insisto– indicio alguno, sino deducciones o suposiciones sin respaldo documental.

6.- Una de las acusaciones más graves es la de que Zapatero “ordenó” crear una sociedad off shore en Dubái denominada Landside a la que sería desviado el importe de la supuesta comisión cobrada por las gestiones para el “rescate” de Plus Ultra. La sociedad existe. Lo que hasta el momento no existe es la comprobación de que esa entidad es de Zapatero o su familia. El expresidente ha negado con absoluta rotundidad que tenga ninguna sociedad “ni en España ni fuera de España”. Sostiene que todos sus ingresos los declara a Hacienda como autónomo y pagando el IRPF correspondiente. Entiendo que en algún momento se aclarará si miente Zapatero o se equivoca el juez, y la cuenta es de un tercero (o cuarto).

7.- La causa investigada por la Fiscalía Anticorrupción, a raíz también de investigaciones en Francia y en Suiza sobre blanqueo de capitales opacos procedentes de Venezuela, procura como es lógico seguir “el rastro del dinero”. Es la forma habitual de llegar a localizar a los beneficiarios de una trama de este tipo. Sobre Zapatero, el auto mezcla en la coctelera de sus ingresos los que presuntamente procederían de “vender” su capacidad de influencia en altos responsables políticos “españoles y extranjeros” y también los que percibe por sus conferencias y participaciones en distintos foros de ámbito internacional. Esos ingresos son tan lícitos como los que vienen cobrando otros expresidentes como Felipe González o Aznar, que por cierto han compartido la misma empresa de representación, Thinking Heads. (Fuentes fiables han comentado a infoLibre que las tarifas de González y Aznar oscilan entre los 35.000 y los 50.000 euros por conferencia). No se entiende bien qué pintan en el auto esos ingresos, sobre los que la única comprobación que interesa es si cumplen sus obligaciones con Hacienda. 

8.- Aparece como una especie de guinda de este podrido pastel la presunta actuación de Zapatero como intermediario incluso en operaciones de venta de petróleo de Venezuela a terceros. No se dan muchos más datos, y se cita a China como “cliente” de esa intermediación. No tengo ni puñetera idea de cómo funciona el mercado del petróleo, pero dada la dependencia que Venezuela y el régimen de Maduro han tenido respecto a China, cuesta mucho imaginar que el Gobierno chino necesite pagar a ningún Zapatero por el petróleo venezolano.

9.- Yo no me atrevo, al menos por el momento, a incluir esta causa judicial entre los ejemplos (a mi juicio meridianos) de lawfare que se han producido en la justicia española, y que venimos denunciando en infoLibre desde hace años (García Castellón contra Podemos o Peinado contra Begoña Gómez, entre otros). Pero sí me provoca una legítima preocupación leer en el auto expresiones como “Zapatero o su entorno…” o “Zapatero o personas próximas…”. Porque esta bomba judicial (y política) estalla después de una condena a quien era fiscal general del Estado por la filtración de un correo sobre la que la sentencia llega a expresar que solo pudo ejecutarla “el acusado o alguien de su entorno”. O sea, una barbaridad jurídica se mire como se mire, un atropello mayúsculo a la presunción de inocencia. (Claro, que hay quien interpreta este tipo de quiebros en la senda de “creatividad jurídica” iniciada por el juez Manuel Marchena cuando descubrió que podía condenarse a alguien por malversación de fondos públicos aunque ese alguien no percibiera un euro de los mismos).

y 10.- A lo que sí me atrevo es a denunciar la capacidad adivinatoria que dirigentes del Partido Popular, empezando por el propio Núñez Feijóo, siguen demostrando acerca de los procesos judiciales que afectan al PSOE. Es clamorosa la precisión con la que desde hace ya años, la derecha anticipa los pasos que algunos tribunales van a dar contra miembros del partido de Gobierno. Feijóo se refirió en un mitin el pasado 12 de mayo a lo que ha ocurrido este martes con Zapatero. Le faltó dar la hora de comunicación del auto y práctica de registros. No he visto una sola denuncia por parte de las asociaciones judiciales tan preocupadas por filtraciones con intencionalidad política y por supuestas injerencias del Gobierno en la independencia judicial. Estamos a la espera de que alguna vez el Consejo General del Poder Judicial investigue las vías por las que el PP parece tener hilo directo con la UCO, con la UDEF, con la Fiscalía Anticorrupción y con determinados juzgados. 

Es clamorosa la precisión con la que, desde hace ya años, la derecha anticipa los pasos que algunos tribunales van a dar contra miembros del partido de Gobierno

El terremoto causado por la imputación a Zapatero es tremendo. Su efecto político inmediato es obvio: queda enterrado el golpe que para el PP supuso el resultado de las elecciones andaluzas del domingo: otra vez en manos de Vox y del discurso de la “prioridad nacional”. Feijóo ya no tiene que afrontar la pregunta de cuál es exactamente su proyecto de país más allá del antisanchismo. Esta causa judicial, llegue hasta donde llegue, logra quemar uno de los resortes que más contribuyeron en julio de 2023 a frenar una victoria de las derechas que se daba ya por descontada. Y en las filas de unas izquierdas ya sumidas en sus tradicionales vicios del derrotismo y la melancolía es sin duda un golpe muy duro. Zapatero representa los mayores avances sociales logrados en España en las últimas décadas e imitados en otras democracias occidentales. Y algo que las derechas también se niegan aún a reconocer: acertó en la vía dialogada para derrotar a ETA mientras el PP ponía palos en las ruedas. 

La hoja de servicios de Zapatero a este país y la lealtad a su partido y a dirigentes como Pedro Sánchez (a quien no apoyó para liderar el PSOE) son indiscutibles. Pero no impiden que ahora haya que exigirle explicaciones detalladas de cada imputación que se le hace en esta causa. Transparencia absoluta sobre su patrimonio y el de su familia. Pero también conviene reclamar un poquito de calma a quienes ya le dan por culpable y condenado. Y esto incluye al juez instructor, que no puede ni debe ejercer como tribunal sentenciador.