El juez José Luis Calama ha pedido a la UDEF, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que elabore un "exhaustivo" informe sobre los cambios accionariales en Plus Ultra, fundamentalmente a partir de 2017, año en el que ingresó capital de origen venezolano, para analizar el "eventual impacto" de esa circunstancia "en la propia consideración de la aerolínea al solicitar ayuda pública" en 2021.

Así lo ha acordado el magistrado de la Audiencia Nacional en una providencia notificada este martes, a la que ha tenido acceso EFE, y en la que reclama a la UDEF dicho informe "en los términos solicitados" por la fiscal del caso, Elena Lorente.

En el escrito en el que la representante del Ministerio Público pedía al juez que solicitara este informe, recordaba que la aerolínea se constituyó el 25 de agosto de 2011 con Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores.

Posteriormente, observa, hubo "diversos cambios accionariales, particularmente significativos a partir del año 2017", en que entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano, según reflejó ya la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía en un informe en 2025, cuando esta causa estaba aún secreta.

"El acceso del capital venezolano a la sociedad española Plus Ultra —añade— se produjo a través de diversas escrituras públicas, como se menciona en el referido informe de la UDEF, cuyo alcance y eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021 debe ser objeto de análisis, resultando por ello de gran trascendencia, a los efectos de la instrucción, conocer la evolución accionarial".

Con ese nuevo informe, prosigue la fiscal, se podrá "valorar la incidencia" que tuvo "el citado capital venezolano" que, supuestamente, se invirtió en la compañía española.

Por ello reclama que la UDEF elabore "un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa" de Plus Ultra, "desde su constitución hasta la fecha actual, a fin de conocer los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés".

Con ese objetivo cree necesario tener en cuenta "las inscripciones registrales" y "cuantos documentos permitan determinar los mencionados extremos".

El informe que aportó la UDEF en noviembre de 2025, en el que se basa la fiscal en su escrito, mencionaba "la existencia de diversos protocolos notariales" que ponen en evidencia cómo, a partir del año 2017, la sociedad comenzó a estar controlada por socios que realizan aparentemente aportaciones de capital.

Ese es el caso de los socios Camilo Ibrahim Issa (nacionalizado español), Rodolfo Reyes Rojas (cuyo teléfono fue intervenido en Estados Unidos y ha sido clave para la imputación de José Luis Rodríguez Zapataero), María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Borquez Tarff.

También de algún otro que, "sin detentar participación accionarial ocupó cargos de responsabilidad", como ocurre con Raif El Arigie Harbie, "o que mantuvo significativas relaciones financieras con la compañía", como es el caso del venezolano Alcíades José Carión Carrión.

En su informe de 2025, la UDEF ya elaboró una tabla de la composición accionarial de Plus Ultra en el año 2021 "de acuerdo con la información obtenida por inteligencia financiera" y que recoge la fiscal en su escrito.

En esa fecha constan 23 socios, de los que 15 son distintas sociedades, y cuyo capital tras aportaciones —valor total que resulta de sumar el dinero o bienes iniciales de una inversión o sociedad más las aportaciones periódicas o extraordinarias— sumó en total 18,8 millones de euros.

Snip Aviation era la que acumulaba la mayor cantidad de capital tras aportaciones, con 8,5 millones de euros y el 45,33%, a abril de 2021, seguida de Fly Spain (2,1 millones) y Alva Skies and Wings (1,7 millones).

Tras estas empresas, figuran dos socios, Flavio Borquez y Héctor Tobia, con idéntica cantidad de capital tras aportaciones, 1.417.166,11 y 1.417.166,10, respectivamente, mientras que la menor cantidad resulta ser la del entonces presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, con 6,49 euros.

El levantamiento de siete años de secreto de sumario alrededor del caso Montoro reveló el pasado verano la existencia de una compleja investigación sobre una supuesta trama dedicada a conseguir cambios legislativos a medida a cambio de importantes pagos. Un caso que, un año después, avanza con lentitud debido a la enorme cantidad de investigados y, por ende, de recursos interpuestos. Y cuyo futuro quedará determinado a la vuelta del verano. A mediados de septiembre, según ha podido saber infoLibre, la Audiencia de Tarragona deliberará, votará y fallará sobre la cuestión de competencia planteada por Equipo Económico, el despacho que se encuentra en el epicentro de la trama. Lo que resuelva el órgano determinará si la investigación alza de una vez el vuelo o si, por contra, se enreda aún más.

La investigación arrancó en el verano de 2018. Y surgió a raíz del hallazgo casual en una causa por delito urbanístico de un correo electrónico en el que se ponía de manifiesto la existencia de "una organización", de la que formarían parte altos cargos del Gobierno y la Administración, desde la que se "habrían ido creando una red de influencias" cuyo fin último sería la obtención de "lucro económico". "A cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes", recoge el juez instructor en sus resoluciones. Entre los investigados, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y varios de sus ex altos cargos.

Tras el alzamiento del secreto, las partes solicitaron plazos de hasta tres meses para poder instruirse adecuadamente sobre el contenido de la causa. E, incluso, se llegaron a conceder plazos extraordinarios para la interposición de los recursos contra las decisiones del instructor del caso, el magistrado Rubén Rus. Entre personaciones y una montaña de apelaciones transcurrieron los primeros meses. Movimientos en los que la Fiscalía Anticorrupción apreciaba un intento de "cargarse la investigación". "Han transcurrido más de siete meses desde que se levantó el secreto y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación alguna", denunciaba la fiscala, Carmen García Cerdá, en uno de sus escritos.

Los primeros movimientos de la consultora fundada en 2006 por Montoro se dirigieron a disparar contra la validez del correo que dio origen al caso, contra la duración del secreto de sumario o contra la competencia del juez de Tarragona para dirigir la investigación. Tres líneas de ataque a las que sumaron una cuarta en mayo, cuando remitieron al juzgado dos extensas periciales en las que defendían que algunos de los informes elaborados por los Mossos d'Esquadra y la Agencia Tributaria en la causa carecían de "fundamento sólido" e incurrían en "interpretaciones erróneas". "Adolecen de numerosos errores, omisiones e inconsistencias lógicas", sostenía Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, el ex alto cargo de Hacienda fichado por Equipo Económico para rebatir a los investigadores.

Por aquel entonces, el instructor había decidido impulsar la investigación solicitando abundante documentación al Ministerio de Hacienda, registros mercantiles, empresas investigadas e, incluso, notarios –con la vista puesta en el régimen económico matrimonial de los investigados–. También autorizó a los investigadores el acceso al Fichero de Titularidades Financieras. Y libró cerca de 40 mandamientos solicitando dos décadas de información bancaria –entre otros, del exministro–. Lo hizo después de que la Agencia Tributaria alertara en su último informe de "deficiencias" en los datos financieros facilitados durante la investigación: "La ausencia [...] constituye una verdadera limitación al alcance y contenido del presente informe".

El análisis de toda esa información aún no ha concluido. Por eso, el pasado jueves el instructor decretó una nueva prórroga de la instrucción. En su auto, al que ha tenido acceso este diario, el magistrado, que subraya la complejidad de las pesquisas, recuerda que aún se tiene que llamar a declarar a 17 investigados, entre los que se encuentran los peces gordos. Por el momento, se han practicado una quincena de comparecencias –diez personas físicas y cinco jurídicas– en la causa. No obstante, solo en un caso se han respondido las preguntas planteadas. El resto de imputados ha preferido acogerse a su derecho a no declarar. Al menos, hasta que la Audiencia de Tarragona resuelva las distintas apelaciones que tiene sobre la mesa.

Unos recursos que la Audiencia verá a la vuelta del verano. El 14 de septiembre, según ha podido saber infoLibre, la Sección Segunda deliberará, votará y fallará sobre la cuestión de competencia planteada a finales de marzo por Equipo Económico vía artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé un cauce extraordinario para aclarar este asunto en plena instrucción ante un tribunal superior, que resolverá "de plano y sin ulterior recurso". En su escrito, defiende que la causa debería estar en un juzgado de Madrid, que es donde se habrían cometido los supuestos delitos. En la capital se encuentra la sede de Equipo Económico, la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales o el Ministerio de Hacienda. "En ningún momento habría intervenido ningún funcionario o autoridad ubicado [...] en Tarragona", señala el bufete.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, rechaza estos argumentos y defiende que la causa continúe en Tarragona al entender que es allí donde se producen los "hallazgos delictivos". "El delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo [penal]", sostiene la fiscala en su escrito, que se apoya en el impacto económico que los cambios normativos conseguidos habrían tenido sobre las arcas catalanas o en que una de las gasistas bajo la lupa está asentada en suelo tarraconense.

Para defender su postura se agarra, sobre todo, al papel jugado por la gasística Messer. Fue en el registro que se hizo de esta empresa –con domicilio social en la provincia catalana– en el marco de una investigación que salpicaba también al Ayuntamiento del Morell cuando aparecieron los correos electrónicos que provocaron la apertura de esta causa. Entre otros, uno fechado el 5 de diciembre de 2013 en el que Rubén Folgado, director técnico de la compañía, decía a su entonces director general, Karl Hauck, que la "vía más directa" para las pretensiones de algunas gasistas en materia tributaria pasaba por pagar a Equipo Económico, que tenía "contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".

Señor Feijóo, señores del PP: no en todos los partidos existen ladrones, prevaricadores y corruptos. También hay personas en otros partidos que no lo son, que luchan por la igualdad, por ampliar los derechos humanos y por aumentar el bienestar. Pero eso, para ustedes, no sirve. Su cruel táctica, su innoble patriotismo, su falta de respeto por la democracia, y ese permanente "y tú más" resultan tristísimos. Pero, ¿cómo se atreven a comparar varios casos a los cientos de casos de corrupción que tienen, han tenido y volverán a tener si vuelven al poder? Y, si pasa, unos cuantos togados, comprados y miserables, los dejan en libertad o dilatan los procedimientos durante años, hasta que los delitos prescriben. Son capaces de utilizar las instituciones, la policía y pseudomedios de comunicación. Y, en cuanto a algunos periodistas, son sus propios amigos quienes los ponen a su servicio.

Mire, señor Feijóo; señor Abascal; señora Ayuso; señor Aznar: argumentar con mentiras para alimentar el odio lo único que consigue es cargarse la democracia. Y eso lo pagarán, porque una parte de la ciudadanía no lo vamos a permitir. Además, quienes hoy los apoyan acabarán dándose cuenta, más pronto que tarde, de que han sido utilizados y de que, en el fondo, ustedes son peores. Es cierto que el poder corrompe y el bipartidismo favorece esa corrupción. Por eso el pueblo lleva tiempo diciendo que no acepta ni quiere un sistema bipartidista. Quiere pluralidad de partidos, quiere aumentar su bienestar, quiere nobleza, quiere diálogo y, sobre todo, no quiere ni odio ni crispación. Y, aun así, me gustaría dirigirme a esa ciudadanía que los apoya para pedirle que reflexione sobre a quién está respaldando: a un partido con actuaciones más propias de una mafia, utilizando la justicia, las instituciones, etc. Basta ya, señores del PP y de Vox. No todos son iguales. Existen políticos honestos, incluso dentro de su partido, señor Feijóo. Pero está claro que eso no es lo que ustedes quieren. Lo que buscan es que sus dirigentes, para llegar al poder, sean cada vez más irracionales, más corruptos y más generadores de odio y crispación. Esa es la realidad de esta oposición.

La ciudadanía y los partidos que todavía creen en la democracia, y que rechazan a quienes actúan contra ella, pueden hacer algo ya: decir, alto y claro, basta. Porque, digan lo que digan los peperos y los voxeros, somos más. Lo único que tenemos que hacer es salir, hablar y actuar. Y, aunque me cueste decirlo, quizá ese proceso no deba estar liderado por el PSOE, sino por otro dirigente. Todavía queda tiempo para demostrar que el refrán "piensa el ladrón que todos son de su misma condición" no define a la izquierda. Para ello hay que poner en marcha, sin descanso y día tras día, políticas como una mayor presión fiscal sobre quienes más tienen; que la Iglesia pague lo que le corresponda y devuelva lo robado; que los grandes tenedores de vivienda sean sancionados si no ofrecen alquileres sociales; que se afronte de verdad el problema de la vivienda; que aumente el salario mínimo interprofesional; que crezca el empleo y se facilite más empleo público. Y, si fuera necesario, que se nacionalicen aquellas empresas energéticas que aumentan sus beneficios elevando el precio de sus productos. También habría que limitar el precio de los alimentos para evitar la especulación y conseguir que los bancos devuelvan lo que deben, dejen de cobrar determinadas comisiones y no se aprovechen de los índices hipotecarios.

Ya sé que pueden parecer soluciones utópicas. Nadie pide que se implanten ya; requieren tiempo, igual que otras medidas sociales, de igualdad y de mejora del bienestar. Pero hay que empezar, no solo sobre el papel, sino con hechos. No podemos permitir que personas como Mazón o Ayuso, con sus víctimas por sus ineptitudes, o señores como Aldama, Bárcenas y otros, estén en la calle mientras otras personas, condenadas por delitos "menores", se estén pudriendo en la cárcel. Y, ante todo, hay que reformar la justicia y depurar a quienes utilicen su posición en el poder judicial para hacer política y golpes de Estado a la democracia, porque no se puede aceptar que se actúe contra la democracia ni que se impida que la ciudadanía amplíe sus derechos para preservar privilegios.

En resumen, no todos son iguales. El refrán “piensa el ladrón que todos son de su misma condición” solo sirve para esos dirigentes del bipartidismo que han visto en la política no una solución para ayudar a la ciudadanía, sino una herramienta para aumentar su patrimonio y las de aquellos y aquellas que les corrompen y les ayudaron. Al final ven que, con ayuda de “sus togados”, les sale muy bien: salen libres y todavía les pagan. Irracional y desdeñable.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

En su reciente artículo “Que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones”, Joaquín Urías lanza una advertencia que va mucho más allá de la coyuntura jurídica: el Poder Judicial español no emana del pueblo, no funciona con reglas democráticas equiparables a las del Parlamento y el Gobierno y una parte de sus jueces, especialmente en la cúpula, ha asumido el papel de gobernantes sin haber pasado por las urnas. A partir de esa tesis, el debate deja de ser solo técnico y se convierte abiertamente en político y democrático.

En democracia, la ciudadanía elige a quienes van a tomar decisiones políticas: aprobar una regularización de inmigrantes, reformar el código penal, diseñar la política económica o pactar la convivencia territorial. Ese mandato se expresa en programas, campañas, debates y, sobre todo, en la posibilidad de castigar en las siguientes elecciones a quien se ha equivocado.

Los jueces no forman parte de esa cadena de legitimidad. Una parte significativa accede por oposición y progresa por una carrera cerrada; otros lo hacen a través de vías alternativas ---desde fórmulas de promoción interna a figuras de juristas de reconocida competencia--- que ni siquiera exigen haber superado una oposición específica de juez. En todos los casos, su incorporación a la judicatura no expresa ninguna voluntad política colectiva, porque nunca someten su proyecto de país al escrutinio ciudadano. Su función constitucional es acotada: aplicar las leyes que aprueban las Cortes y controlar la legalidad de la actuación del Ejecutivo, garantizando derechos frente a abusos.

Cuando esa función se desborda y empieza a sustituir la decisión política, el problema ya no es técnico, sino democrático.

La arquitectura judicial española se ha levantado sobre una idea tan repetida como mal entendida: la independencia. Independencia frente al Gobierno, frente al Parlamento, frente a cualquier presión externa. Pero se ha olvidado algo esencial: un poder sin controles tiende a convertirse en un poder sin límites.

El Consejo General del Poder Judicial, concebido como órgano de gobierno de los jueces y tenue puente con la voluntad popular, lleva años degradado entre bloqueos partidistas y lógica de cuotas. Ese bloqueo prolongado no solo paraliza nombramientos: erosiona la escasa conexión democrática del sistema. Mientras tanto, la cultura corporativa de la judicatura se refuerza: cualquier crítica se presenta como ataque a la separación de poderes, cualquier propuesta de reforma como intento de someter la justicia al poder político.

El resultado es un poder muy poco democrático: no emana del pueblo, no rinde cuentas ante nadie y se protege frente a cualquier control efectivo. Y, sin embargo, decide sobre cuestiones que afectan a cientos de miles de personas, desde la política migratoria hasta la gestión de conflictos territoriales.

El texto de Urías pone el foco en la cúpula judicial, especialmente en el Tribunal Supremo. Allí se ha consolidado una forma de intervención que va más allá del control de legalidad: decisiones que corrigen, condicionan o bloquean el rumbo político como si fueran una segunda cámara no elegida.

Cuando un tribunal se posiciona ante una regularización de inmigrantes no solo con argumentos jurídicos, sino con la pretensión de marcar qué modelo de sociedad debe prevalecer, está ocupando el lugar que corresponde al Parlamento y al Gobierno. Cuando determinadas interpretaciones se convierten en dogma que limita cualquier mayoría parlamentaria, la soberanía popular deja de ser el centro del sistema.

La ironía de Urías ---que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones--- funciona como espejo: si quieren gobernar, que hagan campaña, que expliquen abiertamente su proyecto de país, que asuman el desgaste de decidir sobre la vida y los derechos de millones de personas. Lo que resulta inaceptable es ejercer ese poder sin haber pedido nunca el voto de nadie.

La respuesta no pasa por someter la justicia al capricho del Gobierno ni por convertir a los jueces en militantes de partido. Pasa por reequilibrar los poderes y por recordar que el centro de gravedad del sistema es el pueblo, no la cúpula judicial.

Algunas líneas de reforma son claras:

- Garantizar que el órgano de gobierno de los jueces se renueva en plazo, con reglas que impidan el bloqueo y obliguen a los partidos a consensuar su composición.

- Delimitar por ley el espacio de intervención judicial: reforzar el control de legalidad, pero excluir expresamente la sustitución de decisiones de oportunidad política tomadas por quienes han sido elegidos.

- Exigir mayor transparencia y motivación reforzada en las resoluciones con impacto político estructural, de manera que se distingan con honestidad los argumentos jurídicos de las valoraciones ideológicas.

- Aprobar códigos de conducta que obliguen a la contención pública de los jueces en activo, especialmente de quienes ocupan plazas en la cúpula, para preservar la confianza en su neutralidad.

- Fortalecer los mecanismos de responsabilidad y supervisión, de forma que la independencia no se convierta en impunidad corporativa cuando se traspasan los límites de la función jurisdiccional.

No se trata de "politizar" la justicia, sino de devolver la política a su sitio: que las grandes decisiones que fijan el rumbo del país se tomen en las urnas y en las instituciones que emanan de ellas. El Poder Judicial debe ser fuerte e independiente, sí, pero contenido por reglas democráticas y por la conciencia de que su misión es garantizar derechos, no gobernar en la sombra.

El artículo de Joaquín Urías sirve, así, como detonante de una discusión que ya no podemos aplazar: quién manda realmente en una democracia donde el poder más decisivo es el único que nunca se ha sometido a las urnas. Releer su propuesta de que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones no es solo un ejercicio retórico: es una forma de recordar que, sin control democrático, cualquier independencia corre el riesgo de convertirse en soberanía sin pueblo.

Mientras un puñado de magistrados pueda decidir el destino político de España desde despachos blindados al escrutinio ciudadano, la pregunta seguirá siendo incómoda y necesaria. Y ahí no basta con reformar procedimientos: hay que devolver al centro del sistema la idea más sencilla y más radical de la Constitución, que el poder emana del pueblo y que nadie, tampoco los jueces, puede gobernar sin haber pasado antes por las urnas.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Uno no pretendía que esta soflama semanal fuera un permanente ejercicio de comentario de textos, pero sus señorías —los "yo no soy usted" de la vida— ejercen un manejo de la lengua y de sus normas de articulación tan retaco que sus togas se tornan en enaguas de transparencias señoreando las vergüenzas peludas de su patente agenda política y, a menudo también, su pobre desempeño con el Derecho. Alguien podría obstar que la inclinación ramplona de nuestros togados al literalismo, esa forma de analfabetismo funcional de la que ya hemos hablado (ya saben: "Incapacidad para decodificar la metáfora, la alegoría, la sinécdoque, la hipérbole, la ironía, la farsa, el sarcasmo, la comedia o cualquier forma de ficción o sentido figurado del lenguaje") que llevó a la cárcel a Pablo Hasel y hostiga al guionista y cómico Héctor de Miguel Quequé, obedece a su deber de ajustamiento a la ley, pero la ley no es solo letra —mal que le pese a un positivista como el que suscribe—, tiene ánima porque tiene ánimo. Es decir, la ley es lo que dice, como los guasaps, pero para la correcta interpretación de lo que pretende, hay que considerar el emoticono que acompaña. Y los emoticonos son dos, principalmente: los principios generales del derecho y la intención del legislador, es decir, el llamado —he aquí el alma— "espíritu de la ley". En España ya sabemos que los segundos son soslayables. En teoría, no deberían, pero con la aplicación del 155 a Catalunya ya vimos que se ignoró la intención de las Cortes Constituyentes, que habían rechazado de forma expresa y en sucesivas votaciones (así consta en las actas) las enmiendas que pretendían incluir en él la capacidad del gobierno central de disolver un parlamento autonómico. 

Así que no cabe sorprenderse ante el hecho de que el Supremo conspire a plena luz del día y a calzón quitado contra el sentido y el propósito de la ley de Amnistía. (Luego aprietan puñitos cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les pinta la cara un par de veces por año).

Sin embargo, los segundos, los principios generales del Derecho, no deberían ser soslayados en ningún caso porque son un ex ante. Por ejemplo, que en una sociedad libre, en una democracia liberal, la carga de la prueba corresponde siempre y sólo al acusador. O que los tipos penales tienen que ser muy precisos y ajustados en su descripción para que no quepan atropellos mediante el concurso de la arbitrariedad judicial. En España esto ya no es así, sobre todo a raíz de la reforma practicada por el exministro y beato Jorge Fernández Díaz en 2015, conocida como ley mordaza, en la que muchos delitos quedaron configurados con una redacción deliberadamente ambigua (y mala, por qué no decirlo) para que cada juez pueda aplicar el procedimiento conocido como “delito es lo que diga el menda”. Las sucesivas reformas, todas punitivistas y todas escritas con una literatura vaga e insidiosa, han permitido que hoy, según la doctrina Marchena —un cruce de menendezpidalismo y rezo del rosario—, el tipo conocido como “malversación” se pueda aplicar a aquellos electos que destinen recursos a iniciativas políticas de signo distinto al que los togados de la adoración nocturna consideran óptimo. 

Pero aun con el tremendo margen para interpretar que da el texto, se ve que a la agenda desplegada por sus señorías no les da la manta para tapar los pies y esta semana las Audiencias Provinciales de Badajoz y Madrid se han dedicado a la invención. Nos han explicado que, donde el código penal dice que un determinado delito —la prevaricación, por ejemplo— es privativo de los funcionarios de la administración pública, esa reserva solo aplica a los que no sean familiares en primer grado de parentesco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con todo, como sudoroso oficiante del lenguaje, los pasajes más irritantes de los disparates judiciales de las Provinciales de Badajoz y Madrid son los que corresponden al uso del lenguaje. Atiendan: "Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno". Ese "canon de la simple probabilidad" debería tener un rango específico porque la palabra probabilidad es anchísima. Entiéndanme, existen probabilidades ciertas de que mañana un meteorito caiga sobre la madrileña plaza de la Villa de París, o que un terremoto con epicentro en ese parquecito abra una sima que se trague al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional, con todas sus togas, refajos y polainas. Pero esas probabilidades son infinitesimales. Desconocemos el rango que maneja la Audiencia Provincial. 

Las cautelas propias del momento procesal no explican que en el breve auto aparezca docena y media de veces conjugado el verbo "parecer", casi siempre acompañado de lo "verosímil", pero no deja de ser otra ambigüedad tenebrosa que queda resuelta con el añadido tremendo —que hiede a rancio machismo—, donde los cinco juristas enseñan la patita de su mundo de club de tenis con artesonados, oleos con lamparita dorada y señoras de: "La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente". Es decir, una señora de su señor prevarica cuando sonríe. Aunque sea en forma de "presión moral". Pues así, cada folio. 

Toda vez togados e impostores compartimos la necesidad de componer relato para nuestras producciones literarias, sin duda lo mejor del auto es la descripción que firman los cinco pimpantes de cuál es el plan criminal de Begoña Gómez. Verán, según el auto de la Audiencia Provincial, la señora Gómez usó su tremenda influencia —igual sin querer, que ya hemos dicho que, por razón de esponsales, ella es precorrupta a efectos legales— pero no para obtener dinero, casas, joyas... Ustedes, avezados lectores, se estarán preguntando “entonces, ¿para obtener qué? ¿¿¿QUÉ???”. Pues según estos linces, para obtener influencia. Usó su influencia para obtener influencia. ¿Cómo te quedas? Usó su enorme influencia —recuerden "vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación"— para obtener otra más chiquitica, concretamente "prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos". O sea, han escrito y pasado a limpio que Gómez necesitaba esa cátedra para acceder a recursos e ir a eventos. La que, insistimos, está unida por “vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la nación”. Hércules Poirot ha saltado del vapor por la borda.

Begoña Gómez necesita delinquir para ir a eventos. ¿Como cuál? ¿La final de un Mundial?

Hay sentencias que resuelven un proceso penal concreto y hay sentencias que terminan definiendo el estándar de enjuiciamiento que podemos sufrir todos mañana. La condena a David Sánchez tras un juicio que nunca debió llevarse a cabo pertenece a esta segunda categoría, pero lo verdaderamente relevante (más allá del evidente y lamentable daño personal) no es quién ocupó el banquillo, sino qué exigencia probatoria acepta un tribunal para destruir la presunción de inocencia y fundamentar una condena penal en un asunto de enorme trascendencia política.

Habrá que repetir, nuevamente, que el derecho penal no está concebido para confirmar sospechas ni para sancionar intuiciones, ni inferencias, ni deseos de explicar una realidad concreta o ideada. Su legitimidad descansa precisamente en lo contrario: en la obligación de acreditar, mediante pruebas suficientes y una motivación especialmente rigurosa, todos y cada uno de los elementos del delito y sobre todo de la autoría del mismo. Ese es el significado profundo del artículo 24 de la Constitución y de la presunción de inocencia: la muy especial exigencia probatoria sin asomo de dudas razonables, hasta el punto que de existir estas no es posible ejercer el reproche.

Por eso, por afectar a principios tan básicos no solo de nuestro ordenamiento jurídico sino de los principios más elementales que lo sostienen, es por lo que me parece tan preocupante la resolución que hemos conocido. Así, el tribunal sostiene que existió un plan preconcebido para crear y adaptar determinadas plazas públicas a personas concretas y considera que la sucesión de actos administrativos respondió a una finalidad arbitraria. Esa conclusión se construye a partir de una valoración indiciaria que será, previsiblemente, el eje de los recursos. Nuestro sistema admite la prueba por indicios, pero únicamente cuando los hechos-base están plenamente acreditados y la inferencia aparece como la explicación racional que excluye las alternativas compatibles con la inocencia. No basta con que una hipótesis resulte verosímil; debe ser jurídicamente concluyente.

No es este, en mi opinión, el procedimiento sostenido en la sentencia, en los varios cientos de páginas que bien podrían haberlo reflejado y que parecen más dirigidas a sostener una hipótesis que se aleja radicalmente de lo que hemos podido ver en el juicio. La necesaria y lógica concatenación entre hechos probados y conclusiones derivadas de los mismos se transforma más bien en una impugnación generalizada de la práctica de una prueba que todos tuvimos la ocasión de ver cómo exculpaba a los encausados. Todo ello, en un procedimiento que debiera haber sido especialmente riguroso en la motivación y explicación, habida cuenta del evidente impulso político que dio lugar a la causa y que desde el principio ha sido explotado hasta la náusea en la arena pública. La identidad del acusado convirtió cada diligencia en un acontecimiento nacional; él fue tratado desde el principio como culpable. 

Todo ello exigía una responsabilidad adicional en términos de argumentación y motivación que no se encuentran en una sentencia que deja abiertas cuestiones que merecen un debate jurídico en profundidad. La propia Fiscalía interesó la absolución al considerar que no concurría prueba suficiente para destruir la presunción de inocencia. El tribunal, legítimamente, podía discrepar. Pero esa discrepancia exigía una explicación de una intensidad proporcional a la trascendencia institucional de la resolución. El verdadero problema no es que el tribunal haya acudido a la prueba indiciaria únicamente, sino que es imprescindible que los hechos que basan la inferencia estén acreditados, y que el enlace lógico entre dichos hechos y la conclusión incriminatoria sea sólido, racional y excluya de manera razonable hipótesis alternativas compatibles con la inocencia. En un delito como la prevaricación administrativa, además no basta con apreciar irregularidades o decisiones discutibles (que aquí ni siquiera existen), sino que debe acreditarse una resolución objetivamente arbitraria dictada con plena conciencia de su injusticia. Si la condena se construye sobre un supuesto plan preconcebido, cuesta preservar la confianza en la imparcialidad judicial.

No se trata de sostener que los jueces no puedan condenar a un familiar del presidente del Gobierno por las posibles consecuencias políticas que de ello puedan derivarse. Todo lo contrario. La igualdad ante la ley exige que puedan hacerlo cuando la prueba lo justifique. Lo preocupante sería aceptar que, precisamente porque el acusado es el hermano del presidente, el estándar de exigencia probatoria pueda relajarse o que la motivación no alcance el nivel de rigor que un asunto así demanda. No basta con ser imparcial: también debe parecerlo. No basta con dictar una sentencia: debe ofrecer una motivación capaz de disipar la percepción de que el contexto político ha podido influir, siquiera indirectamente, en el modo de valorar la prueba.

La fortaleza de una democracia no se mide por la facilidad con la que condena a quienes ocupan posiciones de relevancia pública. Se mide por su capacidad para mantener intactas las garantías precisamente en esos casos como faro y señal de que sucederá en todos. El garantismo no protege a los poderosos; protege a la ciudadanía frente a la tentación de rebajar las exigencias del Derecho cuando la presión política o mediática empuja en sentido contrario.

Por eso esta sentencia trasciende a David Sánchez. Si los grandes procesos políticos empiezan a ser percibidos –como las encuestas indican que así sucede– como escenarios donde la confrontación democrática continúa por otras vías, el problema deja de ser una resolución concreta y pasa a afectar al propio prestigio del Poder Judicial, tan imprescindible para el mantenimiento del sistema.

Volvamos a lo básico: en democracia, los gobiernos deben ganarse y perderse en las urnas. Los tribunales están llamados a controlar la legalidad, no a convertirse en el lugar donde se reescriben los resultados políticos cuando no gustan. Cuando una parte creciente de la sociedad llega a pensar que determinadas batallas se libran con más intensidad en los juzgados que en el Parlamento, todos perdemos: pierde la política, pierde la Justicia y pierde, muy especialmente, la tan deseada confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Cuando la legitimidad de las sentencias empieza a discutirse no por su fundamentación, sino por el contexto político en el que se dictan, quizá algunos crean haber conseguido en los tribunales lo que no logran en las urnas. Si ese día llega, la mayor derrota no será la de un Gobierno ni la de un partido. Será la del Estado de derecho.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

La Audiencia de Madrid empieza a estudiar los últimos recursos del caso que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Sección 23 del órgano judicial, reunida en pleno, comenzará este lunes viendo las apelaciones relativas al sobreseimiento del delito de intrusismo profesional, la unificación de las acusaciones y el uso del jurado popular. Este último es el asunto de mayor enjundia. Y lo que en él se decida puede marcar, en buena medida, el futuro del procedimiento. Si la Audiencia de Madrid tumba por segunda vez la resolución que pone el caso en manos de un tribunal de ciudadanos, todo volverá de nuevo a la casilla de salida. Esta vez, sin que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, tenga ya mucho más margen para maniobrar –se jubilará el próximo mes de septiembre–.

Tanto la Fiscalía como la defensa de los investigados siempre tuvieron claro que la batalla jurídica tenían que darla en instancias superiores. De ahí que el caso Begoña haya estado marcado desde el inicio por una continua catarata de recursos. Unas apelaciones que en no pocos casos han puesto contra las cuerdas al titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid y han alargado la resolución final del procedimiento. El pasado mes de enero, la Audiencia de Madrid tumbó las resoluciones de finales de 2025 que transformaban el procedimiento seguido contra Begoña Gómez en uno con jurado. Lo hizo al entender que los autos que sostenían esa "trascendental decisión" no estaban motivados: "No realiza una mínima determinación de los hechos concretos, ni las conductas que se imputan a cada uno de los investigados".

Un par de meses después de aquel varapalo, Peinado dictó un nuevo auto de casi medio centenar de páginas insistiendo en su tesis acusatoria y en su plan para que la mujer del presidente del Gobierno sea juzgada por un tribunal de ciudadanos. Las defensas interpusieron recurso de reforma. Y como Peinado lo desestimó, acudieron en apelación a la Audiencia de Madrid. "Los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hayan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas. Y lo cierto es que, aunque esto no fuera así, los mismos no encajan en los supuestos de conexidad delictiva que se encuentran recogidos en la Ley del Jurado", defendía en su escrito de apelación el abogado de Gómez.

Antonio Camacho, el letrado de la mujer del presidente del Gobierno, también denunció la falta de "rigor" en la "fundamentación" de aquella resolución. Y de igual modo se pronunció la defensa del empresario Juan Carlos Barrabés, que en su recurso de apelación criticaba que el instructor ni hubiera valorado ni hubiera resuelto "los concretos motivos de impugnación expuestos" en su escrito de reforma, al que Peinado dio respuesta con una simple "reproducción literal y exacta" de otra de sus resoluciones. "No existe fundamentación para que se siga este procedimiento, pero tampoco entendemos que la competencia sea del procedimiento del Tribunal del Jurado", lanzaban los abogados de Barrabés.

La Audiencia de Madrid deberá ahora decidir si avala o no la nueva transformación del procedimiento a uno con jurado popular. Un pronunciamiento que determinará el futuro del caso. Si los magistrados vuelven a tumbarla, todo volverá al punto de partida. En esta ocasión, sin que a Peinado le quede apenas tiempo para maniobrar de nuevo. Agosto es inhábil en la Administración de Justicia. Y en septiembre el juez se jubila al haber alcanzado los 72 años, edad máxima para ejercer. Si para entonces no está todo perfectamente atado y avalado por los superiores, el caso caerá en manos del sucesor de Peinado. Un nuevo juez del que dependerá el devenir de uno de los procedimientos judiciales más políticos y mediáticos de los últimos años.

Además de esta cuestión nuclear, explican a infoLibre fuentes judiciales, la Audiencia de Madrid también estudiará este lunes otros dos recursos promovidos, en este caso, por la acusación. Uno de ellos tiene que ver con la decisión del instructor de archivar las actuaciones por un delito de intrusismo profesional. El otro, con la negativa de Peinado a que Manos Limpias pueda separarse del resto de colectivos y constituir una segunda acusación para ir contra la mujer del presidente del Gobierno y Barrabés solo por malversación y tráfico de influencias y dejar fuera del banquillo a Cristina Álvarez, asistente de Gómez. La entidad ultra afea que el juez desestimase la solicitud "con una mera frase sin razonamiento alguno sobre la improcedencia de tan razonable petición".

La Audiencia de Madrid acumula sobre la mesa, además de estos, otros cuantos recursos relativos a este mismo procedimiento que se irán resolviendo progresivamente. Es el caso del durísimo escrito de apelación que interpuso el Ministerio Público contra el auto de procesamiento, en el que el fiscal solicita el archivo definitivo de una causa repleta de "cambios de hechos y argumentos", "irracionalidad" en las resoluciones, "recursos sin resolver" durante meses, "investigaciones sobre extremos rechazados" e, incluso, "imputaciones sin justificación". O las apelaciones contra las medidas cautelares –en concreto, la retirada de pasaporte– adoptadas por el juez. Una decisión adoptada, según el fiscal, con "escaso rigor y mesura".

De la resolución de los recursos en la causa se habían encargado, a lo largo de estos dos años, tres de los magistrados que forman parte de la Sección 23. Y en no pocas ocasiones han corregido al instructor, si bien en lo fundamental han ido avalando sus pesquisas. Le anularon, por ejemplo, los registros de las oficinas y el domicilio de Barrabés porque no veían justificada la urgencia alegada por Peinado para llevarlos a cabo mientras el investigado estaba en el hospital. O le ha tumbado las imputaciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; o del exconsejero madrileño y alto cargo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes. La Sala, además, ha subrayado en varias resoluciones la debilidad argumentativa de las decisiones del juez.

Ahora, para la resolución de estos últimos recursos y dada la "trascendencia del asunto", se reunirá la Sección en pleno. Es decir, sus cinco magistrados: Enrique Jesús Bergés, Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo, Carlos Prat y José Sierra.

La polarización política y el ruido mediático han convertido la investigación judicial en un espectáculo público. Pero la Justicia no debería ser un escenario, sino un pilar sobre el que se sostiene la democracia.

Hay imágenes que se quedan grabadas en la retina colectiva. Una de ellas es la de una investigación judicial que se prolonga durante años, pese a que la fiscalía pide el archivo desde el primer momento y las instancias superiores corrigen repetidamente al juez instructor. Otra, casi idéntica en su forma, es la de determinadas causas que parecen avanzar con una celeridad sorprendente cuando los nombres propios pertenecen a un lado distinto del tablero político.

No hace falta ser jurista para percibir la anomalía. Lo que erosiona la confianza pública no es únicamente el desenlace de un procedimiento, sino el propio trayecto: la sucesión de diligencias, las filtraciones, la exposición mediática, la sospecha instalada y el daño reputacional que ninguna resolución favorable logra reparar del todo.

El caso de Begoña Gómez ha reavivado este debate. Una denuncia basada, en parte, en informaciones que resultaron erróneas; una petición de archivo formulada desde el principio por la fiscalía; una instrucción extraordinariamente prolongada y varias correcciones de instancias superiores. Todo ello ha alimentado una pregunta incómoda: ¿se habría actuado de la misma manera si la investigada no fuera la esposa del presidente del Gobierno?

Nadie va responder con certeza a esa pregunta. Aunque muchos intuimos la respuesta. Tampoco puede afirmarse categóricamente la existencia de una intención oculta por parte del juez instructor. En un Estado de derecho debemos presumir la buena fe de los jueces, incluso cuando discrepamos profundamente de sus decisiones. 

Es innegable que la relevancia política del investigado altera la dimensión pública del procedimiento. Lo convierte en un acontecimiento mediático, multiplica la presión sobre los actores judiciales y amplifica cualquier decisión. La sospecha adquiere vida propia y, una vez instalada en la opinión pública, rara vez desaparece.

Vivimos en la era de la justicia paralela, donde el primer veredicto se dicta en las portadas, en las tertulias y en las redes sociales. El cuarto poder, llamado a fiscalizar con rigor, se convierte demasiadas veces en un simple altavoz de filtraciones y acusaciones no contrastadas. Una denuncia, un titular o un dato equivocado bastan para poner en marcha una maquinaria de consecuencias devastadoras.

Por eso resulta injusto exigir a la ciudadanía una confianza ciega. Se nos pide que esperemos, que respetemos la presunción de inocencia y que no extraigamos conclusiones precipitadas. Y tiene razón quien lo pide. Pero la exigencia debe ser recíproca. La Justicia también tiene el deber de merecer esa confianza.

No se nos puede pedir a los ciudadanos que comulguemos con ruedas de molino. No pueden exigirnos que consideremos normal aquello que, a los ojos del sentido común, parece profundamente anómalo. No se nos puede pedir que aceptemos sin preguntas procedimientos que se prolongan sin resultados aparentes, ni que ignoremos la impresión de que algunos asuntos reciben una intensidad instructora que otros no conocen.

La percepción social de parcialidad no constituye una prueba de que exista un sesgo sistemático en la Justicia española. No hay evidencia científica concluyente de una "justicia de dos velocidades" determinada por la ideología del investigado. Pero la percepción ciudadana también es un hecho político y social de enorme importancia.

Cuando una parte muy significativa de la población duda de la imparcialidad de los tribunales, el problema ya no es únicamente jurídico; es institucional y democrático.

Los jueces, además de aplicar las leyes, desempeñan una función pedagógica. Cada auto, cada resolución y cada decisión procesal envía un mensaje a la sociedad sobre cómo funciona el Estado de derecho. La proporcionalidad, la prudencia y la apariencia de imparcialidad no son adornos; son condiciones indispensables para preservar la legitimidad de las instituciones.

La Justicia no puede impedir que existan sospechas. Pero sí puede evitar alimentar la sensación de arbitrariedad. La confianza pública es un bien extraordinariamente difícil de construir y fácil de destruir.

Las instituciones judiciales tienen la obligación de ser especialmente cuidadosas en aquellos asuntos que afectan al corazón de la vida política.

No para proteger a los poderosos. Tampoco para perseguirlos con mayor intensidad. Simplemente para aplicar la ley con la misma mesura, el mismo rigor y el mismo sentido común que se aplicaría a cualquier ciudadano anónimo.

Una democracia puede soportar errores judiciales. Lo que difícilmente puede soportar es la pérdida de fe en la imparcialidad de quienes están llamados a impartir justicia.

Y cuando una sociedad empieza a sentir que se le pide creer en lo increíble y aceptar como normal lo que percibe como excepcional, aparece una sensación peligrosa: la de estar obligada a comulgar con ruedas de molino.

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Francisco Barba Cañete es escritor, politólogo y socio de infoLibre.

Los grupos de whatsapp de los jueces han echado fuego esta semana, y no ha sido por la ola de calor permanente en la que vivimos. Para su sorpresa, los españoles no confían en la imparcialidad de la Justicia, que es el principio en el que se asienta su legitimidad. ¿Pero cómo es posible que la sociedad no les reconozca inmaculados y por encima del bien y del mal? La imagen de una justicia activista y militante coincide más con el sentir de la gente, tal y como muestran las encuestas de opinión. Las de El País y La Vanguardia, que es medio conservador, evidencian que la credibilidad de los jueces está por los suelos. Es lo que tiene sentirse superior y pensar que la ciudadanía se lo traga todo porque adolece de la inteligencia suficiente para distinguir entre lawfare y la exigible neutralidad que está garantizada en el artículo 24 de la Constitución. 

Alardear de activismo se ha normalizado entre la judicatura. Hace tres años que los togados se quitaron las caretas y se manifestaron a la puerta de los juzgados en contra de iniciativas legislativas que aún no se habían aprobado. Un hecho insólito en democracia. El poder judicial se la ha estado jugando desde entonces. Con gesto adusto y embutidos en el uniforme moral que se atribuyen, salieron en tromba contra la ley de amnistía. Total ¿para qué? si ahora Feijóo les ha dicho a los suyos que hay que dejar atrás el procés y normalizar la situación en Cataluña. La amnistía iba a destruir el país pero ya sí que mola. Desde entonces han llevado a gala un posicionamiento político tan descarado que hasta los votantes de derechas desconfían de sus resoluciones. 

Un 55% de electores de Vox y un 41% del PP reconocen que hay jueces que hacen política, según el sondeo de Ipsos para La Vanguardia. En la de 40dB para El País, el 60% no duda de la existencia de lawfare. La verdadera noticia sería: ‘Los españoles creen en la Justicia’. Perelló, presidenta del Poder Judicial, ha respondido con que va a encargar su propio barómetro. Igual se ofrece a hacerlo el juez Peinado en sus vacaciones, ya que es muy servicial y vale para todo. Pocas empresas de prospección de mercado con cierto prestigio se atreverán a mostrar resultados muy discordantes, sobre todo después de lo tocada que quedó su reputación tras vaticinar en las anteriores elecciones que PP y Vox las tenían ganadas de antemano. 

Hasta los que están a favor de la cruzada para expulsar a Pedro Sánchez de Moncloa son conscientes de la asimetría de las resoluciones judiciales y de la pasividad en los tribunales cuando, por ejemplo, el juez Antonio Viejo niega el permiso a Begoña Gómez para acudir al viaje de Estado a Ankara por riesgo de fuga pero obstaculiza la investigación tributaria a Alberto González Amador –Alberto Quirón para los amigos–. 

La celeridad con que se ha condenado a Ábalos a 24 años de cárcel y la Sala de lo Penal del Supremo ha dejado en libertad al corruptor e instigador Víctor de Aldama, librándole además de devolver casi cuatro millones de euros en comisiones que exigía la Fiscalía, es un tanto llamativa. Más aún que se haya convertido en el testigo más fiable de diversas causas contra los socialistas. Esta misma semana el 'pequeño Nicolás' quedaba eximido de entrar en prisión por los 12 años a que fue condenado gracias a la benevolencia de la Audiencia de Madrid, que le considera ya rehabilitado. Qué delicia observar lo generosos que son los magistrados con las penas de delincuentes de derechas. 

Hay una parte de la sociedad que no confía ciegamente en el poder judicial y mucho menos puede estar de acuerdo con la versión de que el Gobierno trata de intervenir en las resoluciones judiciales. A las pruebas me remito, que diría el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que acaba de señalar al Ejecutivo como una panda de ladrones. Si la justicia no fuese independiente del Gobierno, no podría estar abriendo el rosario de causas que apuntan al mismo objetivo. Esto sí que es un problema grave que mina la democracia.

En abril de 2025, tras la condena de Marine Le Pen en primera instancia por malversación de fondos públicos, un allegado a la líder de Agrupación Nacional (RN) hizo suya una cita de El barbero de Sevilla: “Solo tenemos veinticuatro horas para maldecir a los jueces.” Una forma de justificar los virulentos ataques de sus seguidores contra la institución judicial, deseando al mismo tiempo que no duren demasiado.

Aunque se espera la sentencia del tribunal de apelación para el martes 7 de julio, la extrema derecha política y mediática ha reavivado su campaña contra los magistrados. El miércoles 1 de julio, en la cadena LCI, la propia Marine Le Pen recurrió a la teoría de la conspiración para comentar los nuevos registros que se habían llevado a cabo el día anterior en oficinas de proveedores del grupo RN en el Parlamento Europeo, en el marco de otro caso de malversación de fondos.

“Es curioso, esto siempre ocurre en el momento en que puede tener una influencia nefasta”, afirmó la tres veces candidata a la presidencia, cuya cuarta candidatura en 2027 depende de la sentencia del próximo martes. “A pocos días de la decisión del Tribunal de Apelación, el hecho de que se lleven a cabo estos registros no es una casualidad.”

El 10 de junio, el activista neofascista Jean-Eudes Gannat, que lleva años moviéndose entre la política —es concejal de la oposición en Segré (Maine-et-Loire)— y su compromiso con grupos marginales, fue condenado por el tribunal de Angers por injurias e incitación al odio. Poco después de que se dictara la sentencia, el interesado grabó un vídeo dirigido a sus seguidores, con la sentencia en la mano, en el que mencionaba los nombres de los jueces y del fiscal.

“Doy los nombres porque, cuando uno trabaja en la vida, si el trabajo está mal hecho o bien hecho, hay que rendir cuentas, y en Francia los magistrados rinden muy pocas cuentas… por ahora”, advirtió quien también es portavoz de la manifestación neofascista del C9M (Comité 9 de Mayo, un grupúsculo neonazi, ndt). En esa concentración parisina desfiló Gannat en 2025 junto a Marc de Cacqueray-Valménier, figura de la extrema derecha violenta, que luce en la pantorrilla un tatuaje en el que se representa a un juez ahorcado.

En los comentarios a su vídeo, publicado en varias redes sociales, decenas de activistas elogiaron su iniciativa de señalar a esos “jueces rojos”, considerando que “es algo que ahora debe ser sistemático”, mientras que otros difundieron fotos de los magistrados en cuestión.

El 18 de junio, el presidente de la publicación identitaria Frontières, Erik Tegnér, decidió grabarse a la salida del juzgado. Ese día, anunciaba —muy exaltado— a su comunidad su condena a seis meses de prisión condicional por haber divulgado información personal de abogados especializados en derecho de extranjería. “Una auténtica locura”, comentó, antes de exclamar “¡Qué vergüenza!” refiriéndose a los magistrados. El vídeo fue compartido incluso por Elon Musk, quien aviva en X el odio hacia los jueces por parte de toda la extrema derecha europea.

Unos minutos más tarde, Erik Tegnér lanzó una campaña de desprestigio contra uno de los magistrados que lo condenó, Youssef Badr. “Reivindica públicamente su ideología a través de tuits y entrevistas, […] estoy atónito”, dijo todo indignado el presidente de Frontières, refiriéndose también a “los izquierdistas [que] se han infiltrado en la magistratura y han creado un Estado profundo de la inmigración”. Ese fue el inicio de una ola de ciberacoso racista y amenazas contra el magistrado, alimentada por horas de emisión dedicadas al perfil de Youssef Badr en CNews, donde también trabaja Erik Tegnér.

Obligado a cancelar una conferencia ante estudiantes para “no exponerlos a ningún riesgo”, el magistrado presentó una denuncia. Para manifestar su “apoyo total y visceral”, los diputados de izquierdas de Seine-Saint-Denis han publicado un artículo de opinión en el que denuncian “un acto de terrorismo ideológico”. Youssef Badr también ha recibido el apoyo del ministro de Justicia. “Condeno firmemente los ataques racistas y las amenazas de las que es objeto un magistrado de Bobigny en las redes sociales”, escribió Gérald Darmanin en X. “En Francia, cuando no se está de acuerdo con una decisión, se recurre”.

El apoyo del ministro de Justicia no ha impedido que otro medio del grupo Bolloré mantuviera la presión sobre la judicatura. El 28 de junio, Le Journal du dimanche dedicó así su portada a un grupo de WhatsApp que reúne a cientos de magistrados y magistradas movilizados para impugnar los procedimientos disciplinarios iniciados tras el caso Lyhanna, publicando los mensajes que se intercambian y sin ocultar el número de teléfono de uno de los miembros del grupo. Al señalar “la exasperación de los franceses” frente a la institución judicial, el semanario de extrema derecha dedicó, como era de esperar, un artículo a Youssef Badr, “el juez que tuiteaba demasiado”.

Las críticas furiosas, la condena pública y las teorías conspirativas contra la justicia no son exclusivas de los activistas ultrarradicales ni de los medios de opinión. Los dirigentes de RN también se han especializado en ello desde el inicio de los procedimientos que les afectan.

Hace un año, tras la condena en primera instancia, los políticos de RN se plantaron y denunciaron en X “la dictadura de los jueces”, liderada por «tres mulás del derecho [que han] suprimido la democracia”. “Ante la dictadura, el pueblo tiene el deber de levantarse”, escribió el diputado Philippe Schreck, mientras que el eurodiputado André Rougé consideró que la fiscal y la presidenta del tribunal —de quienes dio los nombres— tendrían “que rendir cuentas ante la Historia de Francia” por haber “asesinado la democracia”.

Tras la condena, la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, fue objeto de una campaña de acoso, acusada por los dirigentes de RN de ser una “jueza política” que había decidido impedir que Marine Le Pen se presentara a las elecciones presidenciales. En redes sociales, los numerosos mensajes amenazantes dirigidos contra ella llevaron a la Fiscalía de París a abrir una investigación, que posteriormente se trasladó a Bobigny (Seine-Saint-Denis). Su domicilio quedó bajo protección policial. Contactada por Mediapart para conocer el estado de este procedimiento, la Fiscalía de Bobigny no ha respondido.

Poco antes del inicio de su juicio de apelación, Marine Le Pen volvió a la carga en las páginas de La Tribune dimanche : “La magistrada de primera instancia, Bénédicte de Perthuis, escribió que el objetivo es impedirme no solo presentarme, sino también ser elegida”, había acusado. “Hubo un tiempo en el que uno podía recibir una bala. Hoy en día, recibes una bala judicial. Eso significa tu muerte, en realidad.”

Antes de la decisión del 7 de julio, el Tribunal de Apelación de París ha creado precisamente un puesto de portavoz, confiado a la magistrada Tania Jewczuk, encargada de realizar una labor pedagógica para intentar luchar contra la avalancha de ataques contra la justicia que se ha convertido ya en algo habitual. “El objetivo es anticiparnos al máximo”, explica a Mediapart. “Hay que preservar la seguridad de los jueces que van a dictar la sentencia y dar explicaciones sobre la resolución que se dicte. Sobre todo, no debemos volver a caer en lo que pudo ocurrirles a los magistrados en primera instancia”.

“Este ambiente es una auténtica locura”, comenta un magistrado, que ha preferido mantener el anonimato para no convertirse él mismo en una diana. “Estos acosos a los magistrados son métodos propios de la mafia, intimidación para que nos lo pensemos dos veces la próxima vez que juzguemos a alguien de ese bando político. Y funciona, de hecho están ganando”.

Traducción de Miguel López

Desde que el anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado por no filtrar un no secreto, las filtraciones se han multiplicado, o a mí me lo parece, en una especie de ósmosis arbitraria a través de las membranas parcialmente permeables de los juzgados. A la vez, se han disparado los disparates, si se me permite la cacofonía intencionada, que yo calificaría de epidemia de marcianadas, palabra ya ratificada por la RAE, o sea, "raetificada".

Las acusaciones populares, una ocurrencia muy española, se han cebado con Zapatero. Vox a gritos; Hazte Oír, pero mejor no escuchar; Manos nada Limpias; Ciudadano, porque ya solo queda uno, y el PPatriótico, autoproclamado con impudor paradigma del moderantismo, y algún otro querellante de similar jaez que ahora no recuerdo y no me voy a poner a buscar, la han tomado con el expresidente, ya digo. Hasta desde Yanquilandia colaboran para tumbar a ZP, aunque con metodología de dudosa legalidad, cuyo análisis dejo a los expertos.

Para mofa y escarnio del encausado y del público circunspecto en general, se ha llegado a evaluar la técnica que utilizan para el arqueo de las cejas en la peluquería que frecuenta; si fue a consulta médica por inflamación almorranienta de tanto como le están sodomizando —en el sentido emocional de la jodienda, o sea, asexual— o por dolor del alma por el mismo motivo; si una noche fue a cenar con fulanito solomillo de ternera en su punto perfeccionado por la reacción de Maillard; o si le regaló a su mujer un perfume de fragancia aloe vera, sirope de arce o bergamota. O cuestiones parecidas, que no sé si las he transcrito de forma correcta. La pregunta que procede es para qué tanto detalle privado e irrelevante para la causa investigada por el TOP —perdón, por la Audiencia Nacional, que me he liado—.

Las burradas del juez Peinado dan para un tratado completo sobre despropósitos judiciales. La penúltima, retirar el pasaporte a Begoña Gómez, su obsesión, por la que se encuentra desmelenado de continuo, y asegurar que su escolta podría contribuir a la fuga de la esposa del presidente.

A MAR le ha disgustado la revelación de que Alberto González Amador, novio de su jefa, IDA 7291, facturara 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023. El curdela de los p’alante ha asegurado que la Agencia Tributaria "debería ser dinamitada". Recuerden a Héctor de Miguel cuando hizo unas bromitas sobre dinamitar el Valle de los Caídos: acabó en el juzgado.

Aldama es un "mangui" engañamundos infiltrado en la sociedad —colaborador de la Justicia, si prefieren el eufemismo— para descubrir culpables de algo, de lo que sea, en las izquierdas. Paseante de los platós de la chinchorrería, se dedica a realizar afirmaciones grotescas sin ninguna credibilidad que, en todo caso, aplauden a rabiar las derechas. Las malas lenguas sospechan que Feijóo y Abascal ya traman, si llegan a gobernar, crear para él un Ministerio de Desregulación de todo lo que se nos ocurra y Colaboración con la Justicia para que siga tuerta.

Es inédito que este pillo acabe pillado, sentenciado, libre y se quede con un botín de más de tres millones de euros mientras Ábalos y Koldo se pudrirán en la cárcel.

La justicia no es igual para todos, o sea.

Entre tanto disparate, un consejo final: Si tomas el camino del choriceo elige el método de Aldama y no el de Ábalos-Koldo.

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José Félix Sánchez-Satrústegui es socio de infoLibre.

Resulta cansina e inútil la discusión permanente sobre si en este país existe lawfare (“persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política”, según la triple definición de Fundéu). Llámenlo como quieran, pero quien a estas alturas no vea actuaciones judiciales concretas cuyo origen y efectos son netamente políticos está mucho más ciego que la dama supuestamente invidente. No me refiero únicamente a sentencias y autos concretos (ya numerosos) que no resisten un análisis académico. ¿Qué dice usted, si no es jurista? Pues digo lo que me dicta la consulta permanente con juristas de contrastada solvencia y también lo que responde a la lógica, al sentido común, a la ecuanimidad… Para ser justa, la administración de justicia tiene la obligación de aparentar imparcialidad y, si es posible, ejercerla. Para ser creíble, debe ser comprensible. Todo esto no es un desiderátum sino un simple recordatorio de las obligaciones que cualquier juez tiene el deber de cumplir como servidor público –sí, público, que demasiado a menudo se olvida–.

Me atrevo a señalar que desde la judicialización del procés catalán en 2017 –desde el alucinógeno escrito de imputación del difunto fiscal Maza– no hemos parado de conocer autos “creativos” de todo tipo, que han condicionado, marcado y frustrado iniciativas políticas y legislativas –parezcan bien o mal– perfectamente legítimas. A la vista de la agenda judicial y policial de los últimos ocho años, hay mañanas que uno se pregunta desde dónde se gobierna realmente en España: ¿desde la Moncloa o desde el Supremo? ¿Desde la Carrera de San Jerónimo o desde la Audiencia Nacional? ¿Quién ejerce un mayor poder real: el ministro del Interior o el jefe de la UCO?

Para no irnos demasiado lejos, basta con observar el rosario de iniciativas judiciales y policiales que se han concentrado exactamente en el calendario del juicio oral de la Kitchen, esa cocina industrial de la corrupción de Estado que dedicó a la cúpula del ministerio del Interior y a más de setenta agentes a espiar al tesorero del PP y a tapar las pruebas que pudieran salpicar a la dirección del partido y al Gobierno de Rajoy en un sistema de corrupción sostenido en el tiempo y que incluía desde financiación irregular a sobresueldos en efectivo o uso de dinero negro para reformar la mismísima sede de la formación política.

Es fundamental en estos tiempos políticos veloces y gaseosos manejar los “focos de atención”. De qué y de quién hablamos. Y llevamos meses hablando muchísimo más de Begoña Gómez, de David Sánchez, de Ábalos, Koldo, Cerdán o Leire Díez que de un tal Fernández Díaz, que no es casi nadie, oiga, todo un exministro del Interior y su cúpula policial. Este mismo viernes se leen titulares que recogen que el juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil por “intimidación institucional” a la UCO. Mercedes González está acusada de prevaricación y de obstrucción a la justicia por haberse reunido dos veces con la ínclita Leire Díez, que al parecer pretendía –presuntamente reportando sus acciones a Santos Cerdán– presionar a jueces, fiscales y agentes para que no investigaran nada que afectara al Gobierno o al partido socialista. Se acusa a Mercedes González de generar un “efecto desaliento” en el trabajo de los investigadores. Yo no tengo datos suficientes para confirmar o desmentir tal cosa. Lo que sí conozco bien –como cualquiera que se moleste en leer, escuchar y recordar– es lo que tuvieron que sufrir jueces como Pablo Ruz o Baltasar Garzón o inspectores como Manuel Morocho, presionados, apartados, perseguidos… “desalentados” de verdad.

Pero lo cierto es que el foco de atención ya está de nuevo puesto donde se precisa para seguir desangrando al Gobierno de coalición. ¿Tuvo algún efecto o consecuencia concreta –más allá del supuesto desaliento– el siniestro trabajo de esa fontanera que tan pronto se sentaba con un fiscal como con un periodista de El Confidencial preocupado por lo que Villarejo tuviera grabado sobre él? A la vista de los procesos seguidos contra la mujer y el hermano de Sánchez, la liquidación sin pruebas del fiscal general del Estado, la condena a ¡24 años de cárcel! para Ábalos y de 19 para su ayudante por el caso Mascarillas, el premio millonario para el corruptor de la trama, Víctor Aldama… no parece que esa presunta trama de obstrucción de la justicia haya tenido el menor éxito.

Resulta complicado percibir una apariencia de imparcialidad en el trato que se ha dado al novio de Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez al exonerar a este de cualquier responsabilidad en la filtración de datos de periodistas a los que señaló además como “acosadores” cuando simplemente cumplían su trabajo. Si García Ortiz borraba los datos de su móvil siguiendo protocolos de seguridad ligados a su cargo de fiscal general, lo hacía para ocultar pruebas que le implicaran en la filtración de datos reservados del novio de Ayuso. Pero que este borrara el contenido de su móvil porque alguien había hackeado el de sus abogados es considerado perfectamente lógico y creíble. Sin pudor.

Quiero quedarme en algo muy cercano: la investigación que mis compañeros Álvaro Sánchez Castrillo y Manuel Altozano vienen haciendo sobre el gigantesco sumario del caso Plus Ultra. Todo el foco de atención está puesto en Zapatero y esas “malditas joyas” (en palabras del juez Calama). Veremos si el expresidente puede aportar datos del origen de las mismas y de su valor exacto. No le quito importancia al asunto. ¿Pero por qué no poner también el foco de atención en que todo un juez en ejercicio, Manuel García-Castellón, “Manolo” para sus amigos venezolanos –el mismo, por cierto, que persiguió durante más de dos años a Podemos y sus principales dirigentes sin la menor prueba y basándose en bulos– se ofreciera a mediar por los intereses legales y procesales de Plus Ultra, la aerolínea entonces recién rescatada por el Gobierno, con el objetivo de que Vox dejara de poner trabas a la legalidad del rescate? (ver aquí). ¿Es normal que el hoy ya exjuez ubique su despacho de abogado en la sede oficial de Plus Ultra en Madrid? (ver aquí). ¿Acaso no convendría saber si en algún momento García-Castellón recibió algún emolumento de Plus Ultra por sus gestiones? ¿No resulta curioso el giro que Vox dio en los juzgados sobre la causa Plus Ultra tras las gestiones de García-Castellón y del oscuro empresario mediático Julio Ariza? De “escandaloso” pasó a considerarlo un “pequeño caso” (ver aquí).

Los últimos datos oficiales de la UE reflejan que los españoles sitúan a los jueces a la cola de Europa en independencia, precisamente por la politización de la justicia (ver aquí). El descrédito de la dama ciega no es culpa de quienes critican/criticamos actuaciones, autos y sentencias concretas, sino más bien de esa diáfana apariencia de parcialidad, esa doble vara de medir, ese doble ritmo en el tiempo de instrucción de cada causa o esos clamorosos disparates jurídicos como los que viene cometiendo el juez Peinado en su persecución a Begoña Gómez. Cabe preguntarse por enésima vez a qué se dedica el Consejo General del Poder Judicial y especialmente su comisión deontológica. El llamado Inquisidor sí parece llevar los ojos vendados, porque ni siquiera ve ofensivo que un juez en ejercicio insulte o difame en las redes al presidente del Gobierno.

La democracia es (también) un sistema en el que cualquier juez que quiera hacer política debe presentarse a las elecciones.

P.D. La semana deja otra conclusión netamente política: adiós a la ‘vía andaluza’ del PP, a la ‘rama moderada’ de Moreno Bonilla. El documento firmado con Vox asume la “prioridad nacional” que Moreno calificó en campaña de “ilegal”, “inconstitucional” o “eslogan vacío”. Como recoge el resto de exigencias que Vox ha impuesto en los pactos firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El ciclo electoral forzado por Feijóo en diciembre con el objetivo declarado de ensanchar la diferencia con Vox ha concluido con un ganador muy claro: Abascal, que será el próximo vicepresidente del Gobierno si finalmente los números dan para que las derechas extremas lleguen a la Moncloa. (Y darán, si un PSOE abrasado por sus propios errores y unas izquierdas desorientadas y sin liderazgo no terminan de despertar para volcarse en un proyecto ilusionante de país plural, diverso y moderno). Prioridad progresista.

He visitado el nido durante unos días. Por mi modesta notoriedad pública no han llegado a paralizarme. No merezco tanto. Pero las víboras se han lanzado a mis pantorrillas sin piedad. Han publicado mis datos personales completos, han señalado mi domicilio y han difundido un viejo vídeo en el que trataba de encender la luz de la biblioteca del Ateneo que nos tenían apagada los delincuentes que destruyeron nuestro restaurante. Agua pasada y podrida que las serpientes han reutilizado. Ninguno de los reptiles se hizo eco de mi versión cuando traté de defenderme. Han tratado de manchar la prestigiosa institución que presido y que hemos logrado revitalizar durante un lustro. Estas serpientes no distinguen la cualidad de su presa: si te interpones en su camino, te morderán, seas quien seas. 

El motivo para el ensañamiento (ante el que no me arredro en absoluto), ha sido que he transmitido con honestidad la información que el presidente Zapatero quería ofrecer mientras estaba obligado a mantener un prudente silencio procesal. Siendo muy menor mi participación en el guion de esta historia, puedo entender mejor el dolor que se inflige a quien siendo inocente (Begoña Gómez, David Sánchez, y sí, también José Luis Rodríguez Zapatero) se ve acosado por estos seres violentos y desalmados. Sus actividades profesionales paralizadas, su vida social impedida, encerrados en sus casas, incluso sus agendas y sus conversaciones publicadas ilegalmente.

Esta brutalidad con las personas más cercanas al presidente del Gobierno ya sería grave si sólo fuera el resultado de la acción de la extrema derecha: las organizaciones querulantes que se dedican a ir cagando por los juzgados para ver si sus heces generan gusanos; los policías sin control preparados para componer con una jerga criminal y grandilocuente relatos sólidos a partir de meras conjeturas (sólo un dato: el 50 por ciento de los policías y los militares votan a la extrema derecha, Vox y Alvise); los muchos jueces y fiscales ávidos de erosionar al Gobierno que por otra vía no se logra tumbar; los panfletos pagados por la élite religiosa y empresarial.

Pero sucede que toda esta cacería está alimentada con fervor por los dos líderes de la “respetable” derecha española, la que se ofrece como alternativa de gobierno. Uno de esos dos es Isabel Díaz Ayuso, que presume de haber inhabilitado al fiscal general del Estado (cinco votos a dos en el Supremo para vergüenza de ese Tribunal), mientras el novio que le paga la vivienda se embolsa millones en comisiones de mascarillas con el principal proveedor de la Comunidad de Madrid, y luego defrauda las ganancias. El otro, tutelado por ella, es Alberto Núñez Feijóo. Patxi López el miércoles le llamó ruin. Ya había mentado antes el líder del PP al suegro de Sánchez, y a su esposa y a su hermano, para el que Feijóo pide –qué gran corazón el del jefe de la oposición– ni más ni menos que seis años de cárcel.  

En el rifirrafe con Patxi López, el socialista dio con la frase que puso en pie a todos sus compañeros, y que sintetizó bien lo que puede pasar cuando toquen elecciones: que los progresistas planten cara y se levanten ante tanta indignidad. Que logren alertar del peligro de que todas esas serpientes hambrientas controlen nuestras vidas, en un país que es ahora mismo un modelo de convivencia, desarrollo y progreso.

Estos torpes del PP ya no pueden controlar a los reptiles que liberaron. Están abocados a convertir su “quien pueda hacer que haga”, en un “quien pueda votar que vote”. Y lo mismo tenemos de nuevo una sorpresa, que ya pasó en 1993, en 2004 y en 2023. Sigamos.

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Luis Arroyo es sociólogo, profesor, consultor político, columnista de infoLibre y presidente del Ateneo de Madrid.

Hay un salto cada vez más pronunciado entre la instrucción y el escarnio al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Entre vulnerar las garantías —ya ni siquiera la presunción de inocencia— y el derecho a la información.

Zapatero tiene una larga lista de explicaciones pendientes: sobre su relación con Julio Martínez, qué negocios hizo y cómo se llevaron a cabo; las sospechas sobre testaferros, empresas pantallas y trabajos simulados de los que tendrá que dar cuenta penalmente; de momento, el rescate de Plus Ultra, los ingresos de Análisis Relevante e Información Prospectiva; a falta también de documentar unas joyas que hoy siguen siendo un misterio. Y la última, de este mismo miércoles: la mediación para un grupo empresarial con el gobierno de Bolivia para frenar una multa de 107 millones que cobró presuntamente a través de una sociedad pantalla (la mediación, no los 107 millones). 

Luego está el escarnio al que, en muy poco tiempo, están contribuyendo la UDEF y el juzgado. Por descuido, deliberadamente o por la aceleración de la instrucción, es una anomalía procesal que un volcado íntegro de un teléfono móvil llegue a las partes sin filtrar, sin analizar ni depurar la información relevante para la investigación. Tirando de hemeroteca, ocurrió en el caso del empresario Javier López Madrid: una diligencia policial defectuosa, que el juez instructor no corrigió, permitió que se incorporaran al procedimiento mensajes privados e intrascendentes para la causa, entre ellos conversaciones con la reina Letizia. Fue un episodio excepcional; el juzgado tomó nota y no volvió a repetirse. También sucedió con los correos de Miguel Blesa. Su difusión durante la instrucción dio lugar a una investigación contra el exjuez Elpidio José Silva por presuntos delitos de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. El juez, por cierto, acabó condenado por prevaricación por una conducción de la instrucción con demasiados parecidos a la del juez Juan Carlos Peinado.

Un mes después del registro policial en el despacho de Zapatero, el teléfono de Gertrudis Alcázar ha acabado íntegro en manos de las partes y ha circulado como la pólvora por los chats de WhatsApp. Dos años completos de comunicaciones, de 2024 a 2025. Hay conversaciones relevantes para la investigación, como los movimientos que hizo el expresidente una vez detuvieron a Julio Martínez y cómo preparó su defensa desde la detención: “Mira a ver cuántos viajes hice a Venezuela del 20 al 25”. Las citas con Santos Cerdán. O que a Zapatero le gustara Leire Díez días después de su declaración ante el juez y de escuchar en los medios aquel “Quiero a Balas muerto”. Luego están las gestiones con periodistas, las medicinas del expresidente, las cenas con amigos, catarros sobrevenidos, los restaurantes favoritos, las citas con presidentes del IBEX, de Indra, BBVA, Telefónica… toda una serie de detalles que alimentan el escarnio por redes. 

La UDEF intervino miles de mensajes entre el expresidente y su secretaria. Una diligencia necesaria para la investigación. El volcado sin filtros, no. En ese material ni siquiera se han ocultado el teléfono, la dirección o los números de cuenta. El derecho a la intimidad a la que cualquier imputado tiene derecho a preservar sin que vuele por los aires apenas un mes después de estallar la causa. 

El volcado íntegro y su posterior difusión constituyen una excepción que agentes especializados en investigación policial califican de «demencial». Por qué la UDEF no incorporó únicamente lo relevante en un informe es una cuestión que el juez debería haber valorado antes de dar traslado. Por qué el contenido ha llegado íntegro a las partes remite a una responsabilidad de custodia que recae, en última instancia, sobre el propio juzgado.

En plena guerra, a nadie le importan las garantías. Pero si asumimos que el Estado de derecho y los límites procesales deben permanecer intactos e impermeables a las pulsiones políticas —más allá de las ganas que puedan tener a Zapatero—, la instrucción será más sólida y se evitarán sospechas sobre la intencionalidad política de cualquier actuación judicial. Siempre acaba mal cuando se fuerzan las costuras. El ejemplo más extremo se vivió en los años del procés. El Supremo lo frenó con una sentencia. Más allá de lo que cada uno opine sobre el fallo, lo que no hacía falta era una policía sucia fabricando informes para eliminar adversarios políticos o perseguir a quienes fueron señalados como enemigos.

Una mayoría de españoles cree que los juzgados y tribunales no son independientes o no lo suficiente. Y apuntan a la política y la economía como motivos de esa falta de imparcialidad. Así lo recoge la edición de 2026 del cuadro de indicadores de la justicia de la UE que cada año elabora la Comisión Europea. España mejora ligeramente respecto a informes anteriores, pero sigue quedando muy lejos de las grandes economías de la UE, como Alemania, Francia o Italia. De los Veintisiete, se sitúa en el puesto 22 dejando únicamente por detrás a Chipre, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Bulgaria. ¿La razón? La supuesta influencia del Gobierno y los partidos en los jueces. También la de las grandes empresas y poderes económicos. 

Frente a un 40% de españoles que considera “buena” o “muy buena” la independencia judicial, un 45% tiene una percepción negativa y la ve “mala” o “muy mala”. Entre los ciudadanos, la visión positiva gana apenas un par de puntos respecto al año anterior. Sin embargo, en la percepción de las empresas, la confianza en la independencia de los jueces crece con más fuerza, aunque en comparación con el mismo indicador en el resto de países, España no abandona los últimos puestos de la UE. El crecimiento en 2026 respecto a 2025 de las compañías con una visión positiva de la independencia judicial española es del 5%, lo que nos deja en el puesto 19 del ranking, también lejos de nuestros principales países de referencia.

La percepción subjetiva sobre la independencia de los jueces contrasta con el gasto público dedicado a este servicio. España está a la cabeza en inversión en justicia y es uno de los Estados con mejor nota en aplicación de las nuevas tecnologías al sistema judicial. Se sitúa en el puesto nueve entre los que más invierte en justicia respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), posición en que, entre los grandes países europeos, solo es superada por Alemania. Italia, Francia o Países Bajos se quedan detrás. Si el gasto se mide por habitante, en lugar de compararlo con el tamaño de la economía, España se sitúa en una posición intermedia dentro de la UE, aunque en niveles similares a los de Italia o Francia.

Que la mayoría de esa inversión ha ido a mejoras tecnológicas para la administración de justicia lo demuestra el hecho de que, en todos los indicadores relacionados con la tecnología, España se sitúe a la cabeza de Europa. Sus calificaciones están entre las mejores en acceso a la información judicial a través de internet, la digitalización de juzgados y tribunales, el uso de la inteligencia artificial, las videoconferencias, el teletrabajo… También en la digitalización de los expedientes o la puesta a disposición de medios y aplicaciones para que ciudadanos y profesionales puedan actuar con los órganos judiciales.

Pese a que los medios materiales y tecnológicos sean buenos, España sigue estando por debajo de la media en número de jueces por cada 100.000 habitantes y solo tiene por detrás a Malta, Dinamarca e Irlanda. El dato será previsiblemente mejor en su edición del año próximo debido a que el Gobierno ha anunciado para este año la creación de 500 nuevas plazas judiciales. Este lunes, el BOE ha publicado una macroconvocatoria para cubrir 700 plaza de jueces y fiscales: 375 plazas de jueces por oposición, 125 de magistrados por el denominado cuarto turno —para juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional— y 200 más para fiscales. Con todo ello, según el Ejecutivo, España alcanzará la media europea en este indicador.

La inversión –la general y la tecnológica– tampoco se refleja en el sempiterno atasco judicial español. El informe coloca otra vez a España en los últimos puestos respecto del tiempo que los tribunales necesitan para resolver los asuntos, los casos pendientes y en la tasa de resolución (en la que estamos terceros por la cola). Sin embargo, sí sale bien parada en el acceso a métodos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, la negociación o el arbitraje. Desde principios de enero de 2025, cuando entró en vigor la ley de eficiencia impulsada por el Gobierno, recurrir a estos métodos antes de presentar la demanda, es obligatorio en los procesos civiles. 

Por último, y en coincidencia con otros organismos como el Consejo de Europa o la OCDE que cada año evalúan la calidad de la democracia española, el informe de la Comisión coloca a España en el grupo de países de la UE que no tienen un registro de grupos de interés (lobby), en el que también están otras grandes economías como Dinamarca, Italia, Países Bajos o Suecia. En pleno estallido del caso Plus Ultra y de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias entre otros delitos, la comisión advierte que hay que dotar de transparencia a esta actividad para que no se transforme en “una puerta hacia la corrupción”.

A mediados del año 2012, el juez Javier Gómez Bermúdez tomó posesión del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional.

Una de las decisiones que adoptó nada más acceder a su puesto fue la de cerrar todas las investigaciones sobre terrorismo que desarrollaban en ese Juzgado los diferentes cuerpos policiales. El motivo que esgrimió fue que las argumentaciones utilizadas no tenían inicio en unos “hechos contrastados”, los cuales, tras ser debidamente sometidos a investigación, encontrarían encaje en la descripción de ese tipo delictivo, sustantivándolo.

Ejemplo para entender ese razonamiento sería el siguiente: hallazgo de un cadáver con heridas de arma blanca. Este sería el “hecho contrastado” que da origen a la investigación a través de la cual se obtendrán los efectos, instrumentos e indicios que convertirán el hecho investigado en un presunto homicidio, asesinato o suicidio, e identificará a su autor si lo hubiere.

Como se puede apreciar, por aquel entonces, antes del “el que pueda hacer, que haga”, los jueces dirigían las investigaciones y la policía seguía sus instrucciones.

En la actualidad observamos como en los casos de Begoña Gómez, el hermano de Pedro Sánchez, el ex Fiscal General del Estado, el caso Plus Ultra, o el caso Leire Diez, las investigaciones se inician con la descripción de múltiples supuestos delitos y se continúan con la apertura de líneas de investigación que tienen como objeto localizar “hechos” que pudieran encajar con las descripciones de los tipos delictivos.

Paradigmático fue el caso del ex Fiscal General, en el que los “hechos” fueron mutando hasta la sentencia. Hasta leer la sentencia, no supo qué “hechos” supuestamente delictivos se le atribuían.

Aberrante parece el caso en el que se investiga a Zapatero, “jefe de una organización criminal”. Es sabido que para ser jefe hay que dirigir, ordenar, supervisar, etc. Pues bien, leyendo el auto de imputación no se tiene constancia de ninguna orden ni actividad de dirección. En el auto sí se identifica el delito, y una vez atribuido éste, ahora se buscan los hechos que pudieran encajar en ese tipo delictivo.

Todo parece indicar que es la policía quien establece dicho delito a investigar, y que el juez se limita a dar apariencia jurídica, a través de sus escritos, de que es él quien dirige las investigaciones.

Esta cuestión se objetiviza con el hecho, insólito e inaudito, de que el juez solicite a una organización policial extranjera autorización para utilizar como prueba el clonado de un teléfono móvil.

En los Estados de derecho, los jueces solicitan cooperación a otros jueces, y a la policía les trasmiten órdenes.

Desde “el que pueda hacer que haga”, España parece que va mutando de Estado de derecho a Estado policial. 

El vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido a propuesta de Sumar, Carlos Hugo Preciado, se ha topado con el Tribunal Supremo en su intento de paralizar el proceso de selección del nuevo juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que sustituirá el próximo marzo a la conservadora María Elósegui, propuesta en su día junto a otros tres candidatos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tras comprobar que no tenía opciones de ser seleccionado en la terna de candidatos, Preciado denunció el proceso por la supuesta influencia del Gobierno, o de cargos y juristas afines a él, en la Audiencia Nacional. Después de que el Consejo de Ministros aprobara la terna de candidatos, recurrió al Alto Tribunal reclamando otra vez que paralizara el proceso, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo lo ha rechazado.

Preciado denunció el pasado abril que el Gobierno –formado por los partidos que lo eligieron como miembro del Consejo– pretendería controlar la elección del próximo juez español de la más alta instancia de protección de los derechos fundamentales. Lo hizo tras presentar su candidatura y no pasar la primera criba. Preciado impugnó el proceso ante la Audiencia Nacional y solicitó, sin éxito, su paralización. Sin embargo, su recurso extendió una sombra de sospecha sobre todo el proceso que afectará, posiblemente, al debate que el Consejo de Europa mantenga sobre los candidatos y a la apariencia de imparcialidad de quien resulte finalmente designado, advierten en el CGPJ.

El vocal progresista –considerado díscolo entre sus compañeros de esa sensibilidad– aseguró, tras saber que no estaba entre los elegidos, que la comisión que debía seleccionar a los tres candidatos que el Consejo de Ministros tenía que mandar a la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa para que dé su última palabra sobre el nuevo miembro español del TEDH está formada mayoritariamente por personas vinculadas al Gobierno. Esa comisión está integrada por los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y Justicia y el subsecretario de Presidencia, a los que se une una magistrada designada por el CGPJ (en este caso era la vocal conservadora Gema Espinosa) y un jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, preferiblemente seleccionados entre personas que hayan sido miembros del TEDH (en el proceso que acaba de terminar lo fue la catedrática de Derecho Internacional Público, miembro permanente del Consejo de Estado y exjueza ad hoc del tribunal, Paz Álvarez).

Pese al recurso de Preciado, el proceso de selección siguió adelante y, el pasado 26 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la terna propuesta por esa comisión de selección. Los elegidos fueron el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València Luis Jimena Quesada; la catedrática de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga Ana Salinas de Frías, y el profesor de Derecho Administrativo y especialista en Derecho Europeo de la Complutense Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero. Sus currículos pasarán ahora al panel consultivo de expertos del Consejo de Europa que evaluará sus méritos y capacidades antes de que la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional decida.

Tras conocerse la terna de candidatos, Preciado volvió a recurrir el proceso. Esta vez llevó al Supremo el acuerdo del Consejo de Ministros que la designó para que se anulara. Y solicitó otra vez que se paralizara el proceso, esta vez al Supremo. Los magistrados de lo Contencioso, sin embargo también lo han rechazado. En primer lugar, porque lo que exige el interés general es, precisamente, que no se suspenda la decisión del Consejo de Ministros "porque forma parte del procedimiento establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos" para la formación del TEDH. Ese interés general, sostiene la Sala, es "que el Convenio se cumpla y que el tribunal esté constituido por todos sus miembros, en pleno ejercicio de sus funciones". "La relevancia de su función y la posición institucional que de ella deriva requiere el máximo respeto a los procedimientos y a los plazos", añade la resolución.

Preciado justificaba su petición porque, de no paralizarse el proceso, como reclamaba, el Consejo de Europa podría elegir a uno de los candidatos de la terna, lo que provocaría que una eventual sentencia del Supremo que le diera la razón no pudiera ejecutarse, dejando sin contenido su recurso. El Supremo, sin embargo, recuerda que aún queda "un largo procedimiento" en el Consejo de Europa "hasta el nombramiento final". Y que durante ese proceso, el organismo europeo analizará "las condiciones de idoneidad de los candidatos" y "los estándares de independencia e imparcialidad con que hayan sido seleccionados". La Sala recuerda que esa organización internacional ya ha rechazado a algunos candidatos –y cita su procedencia, Polonia y Albania– por no reunir esos estándares.

La resolución recuerda, además, que el mandato de la actual juez española del Tribunal de Estrasburgo no termina hasta el próximo 14 de marzo de 2027, por lo que el tribunal "dispone de un margen de tiempo suficiente para abordar el enjuiciamiento de fondo de este recurso antes de que se haga efectiva aquella renovación". Es decir, que los magistrados tienen todavía ocho meses para dictar sentencia sobre el caso. El auto, sin embargo, sí accede a otra petición de Preciado y ordena al Ministerio de Presidencia y Justicia "que ponga en conocimiento del Consejo de Europa la existencia del presente recurso contencioso-administrativo" y que envíe al organismo europeo el auto que rechaza parar el proceso indicando que está "pendiente de sentencia".

El auto cuenta con un voto particular de tres magistrados que consideran que el acuerdo del Ejecutivo que seleccionó la terna de candidatos sí debía suspenderse. Además de Preciado, también ha recurrido el proceso el actual secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos, Leonardo Cervera Navas, que también optaba al puesto pero tampoco superó la primera criba de la selección. Sembrar dudas sobre la intervención del Gobierno en los procedimientos de selección de los jueces, ya sea del último juzgado de pueblo o del presidente del Tribunal Supremo, o acusarlo de ataques a su independencia es uno de los mantras de la derecha judicial al que ahora se suma Preciado, un vocal del Poder Judicial progresista, al elevar esa sospecha hasta el proceso de elección del representante español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Conocerán esa teoría que establece que cualquiera de nosotros está relacionado con cualquier otro con solo seis intermediarios. La idea central es muy potente: cualquier persona del planeta está conectada con cualquier otra a través de una cadena de, como máximo, seis grados. Es decir, tú conoces a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien… y en seis pasos puedes llegar a cualquier persona del mundo. Según esto, cualquier valenciano puede tener una relación con Ábalos con apenas tres intermediarios y con Aldama, seguramente, el máximo, seis. Teniendo en cuenta esto y si tiene joyas heredadas de su madre, dinero en metálico en casa, varios ordenadores, algunos discos duros, memorias USB, teléfonos móviles viejos de los que no ha querido desprenderse por no tirar las fotos, conexión a internet y un telescopio, puede darse por imputado. Si añadimos a todas estas pruebas de cargo que este año ha tenido un requerimiento de la Agencia Tributaria para explicar un pago de cien euros, empiece a pensar en cuándo la UCO o la UDEF o la fiscalía anticorrupción le pide las cuentas de los últimos diez años para ver si tiene algo que ver con las tramas "Leire", "Zapatero", "Koldo-Ábalos", "Hermanísimo", "Cerdán", "Begoña Gómez" et alter. Supongo que la siguiente trama será la "Salvador Illa" habida cuenta de la petición de todas las cuentas, pagos, ingresos, relaciones con empresas, tiques de compra en Carrefour relacionadas con la última campaña electoral del PSC. Si esa petición no es prospectiva entonces no entiendo el concepto.

Esto viene a cuento porque me resulta particularmente sorprendente que sean argumentos circunstanciales los que se convierten en noticia y, por tanto, los que recibe la mayor parte de la ciudadanía, esa misma ciudadanía que no tiene tiempo, ganas ni conocimiento para leerse cientos de páginas de autos, informes y sentencias. Desde mi humilde punto de vista, el caso "Begoña" debería ser el caso "Juez Peinado"; el caso "Hermanísimo" deberían haberlo enviado al contencioso-administrativo sin más; el caso "Leire" debería llamarse "Los cuentos de Leire" y el caso "Zapatero" no se sustenta ni con pegamento. Sobre el caso "Ábalos-Cerdán-Koldo" me abstengo, aunque algunos errores de bulto de los investigadores apuntan a serias dudas de que vaya más allá de conductas más que deplorables. En este estado de cosas, no sé si será prueba de cargo dentro de poco las veces que alguno de los acusados tuvo "amor propio" pero, visto lo visto, todo es posible.

Con todo esto, algunos de los tertulianos-acusadores comentando los casos, a la vista de las escasas evidencias, correcciones de tribunales superiores y menudencias administrativas, acaban siempre con lo mismo: "Es que hay algo que me chirría, que no es ejemplar". Pero, por más que busco en el Código Penal la pena por conductas chirriantes o no ejemplares, no encuentro cuántos años de cárcel les corresponde a los ya condenados. Porque no les quepa duda, querido lector, que el hermano, la esposa y el compañero Zapatero del presidente del Gobierno serán condenados aunque sea con un sustento como el que ha tenido el fiscal general del Estado. Es decir, se les condenará porque "no existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar" [...] "un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente, que lleva necesariamente a afirmar, como hecho probado, que fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien entregó el correo para su publicación". Es decir, como no hay alternativa, la mía vale aunque no haya pruebas concluyentes. En este caso, definir jurídicamente "entorno inmediato" (así lo dice en la página 137 de 233) me parece relevante, ¿no creen? ¿será su entorno familiar? ¿Alcanza a los vecinos de la escalera donde reside el interfecto?, ¿el barrio?, ¿todo Madrid? Suponemos, pero solo suponemos –porque en ningún momento se dice–, que se refiere a su entorno funcional, pero aunque así fuera dónde queda el principio “indubio pro reo”. De lo que se trata no es de hacer justicia sino de tener una condena a sabiendas de que será revisada por instancias superiores y, seguramente, anulada.

La pregunta subsiguiente es razonable: ¿existe entonces una conspiración entre periodistas, acusaciones, jueces, fiscales? La respuesta es otra pregunta: ¿es necesaria una conspiración para llevar adelante todas estas actuaciones? Pues la verdad es que no, ya que no es difícil pensar que, de los 600 funcionarios de la UCO y los cientos de policías de la UDEF, hay, pongamos por caso, un diez por ciento de extrema derecha o muy conservadores a los que no les gusta nada el gobierno actual. Tampoco es difícil pensar que algunos de estos hayan hecho caso a rumores, noticias autosostenidas de OKDiario, The Objective y otras lindezas digitales, y que, a consecuencia de estas noticias, hayan transmitido a jueces, fiscales o a la Audiencia Nacional la importancia de hacer caso a estas noticias y que estos hayan dado el visto bueno a que se investigue. ¿Quién en este circuito ha cometido una ilegalidad? Nadie. Cada cual ha cumplido con su obligación como buen intelectual orgánico que sigue la máxima de quien pueda hacer que haga, aun sabiendo la debilidad de los argumentos de partida. Solo que en ese círculo algo huele a podrido y es en el todo donde se descubre la mentira. Porque, me pregunto yo, por ejemplo, ¿cómo saben que la directora general de la Guardia Civil se reunió en un bar cercano a la sede de la Guardia Civil con la "cuentista Leire" si no es que había alguien haciendo estas labores previamente? Por cierto que los informes no destacan que, si ambas querían ser discretas, no parece muy lógico entrevistarse en un bar cercano a la propia sede de la Guardia Civil al que, seguro, más de un miembro de la UCO iba a tomarse una Coca-Cola. Pero bueno, detalles.

En muchos aspectos, las investigaciones de ambos organismos se parecen mucho a constructos narrativos que siguen un razonamiento tautológico cuyas conclusiones coinciden con las previsiones sin que se añada más información que la propia hipótesis inicial. Por otro lado, partiendo de la teoría de los seis grados, podemos encontrar cualquier relación si echamos todas las cosas encima de la mesa, de la misma forma que podemos ver figuras en las nubes o unas caras en Bélmez. De hecho, además de todo lo dicho al principio, si por casualidad, querido lector, estuvo de vacaciones en Cáceres en la época en la que el hermano de Pedro Sánchez era contratado por la Diputación y se quedó escuchando a un músico callejero tocar el violín, puede usted haber participado en la trama. Todo es cuestión de imaginación. Pero claro, la diferencia es que cuando lo dice la UCO o la UDEF (o una parte de ellas) lo hace con el aval de todo su prestigio institucional. Y lo más parecido a las “inferencias” de algunos investigadores es la comparecencia en el Senado norteamericano del exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de EE. UU. David Grusch afirmando que el gobierno norteamericano guarda ovnis y restos orgánicos de seres extraterrestres. ¿Pruebas de sus inferencias? Ninguna, o circunstanciales no delectivas; su rango y su currículo. En fin, denme dos puntos de apoyo y cambiaré un gobierno.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

Convivimos con distintas realidades jurídicas que lo empañan todo y dificultan la claridad y el peso de cada una. Por un lado, están las que afectan al hermano y a la esposa del presidente; por otro, los casos de corrupción de calado que van desde el caso Ábalos/Koldo/Cerdán al caso Leire Díez; luego está el debate paralelo sobre las velocidad de la Justicia y, finalmente, la reacción política e institucional que están dando el PSOE y el Gobierno.

La 'operación cercar a la familia' está coordinada por la marca ultra Manos Limpias. Atacar la línea de flotación más personal de Pedro Sánchez, el punto de mayor desestabilización. Resulta muy difícil encontrar explicaciones a por qué se piden 26 años de prisión para Begoña Gómez o cuáles son exactamente los hechos penales que la llevarán al banquillo con semejante pena. Es igual de difícil de explicar cómo la creación y adjudicación de la plaza de David Sánchez ha terminado en una causa penal con seis años de cárcel en juego cuando la vía es la contenciosa administrativa. El caso está visto para sentencia y, como en el de Gómez, se da por hecha una condena. La UCO ha aportado su interpretación de unos correos electrónicos. Esa interpretación fue desmontada por sus autores durante el juicio y no fue refutada más allá del terreno interpretativo. 

El enchufe, como en el caso de Jéssica Rodríguez y José Luis Ábalos, apunta a quien enchufa, no a quien es enchufado. Jéssica Rodríguez nunca fue imputada, aun reconociendo que ni siquiera apareció por su puesto de trabajo y que fue colocada. La responsabilidad se dirigió hacia el ministro, no hacia la beneficiaria. Frente a la machacona estrategia sincronizada de la oposición con Manos Limpias —el "es la primera vez que el hermano de un presidente..."—, una evidencia: si no fuera el hermano del presidente, no habría habido juicio. La dirección de la Oficina del Español de Ayuso para Toni Cantó se creó para colocar al ex de tres partidos, en ese momento la mochila de Ciudadanos de Génova 13. Cuando la presidenta madrileña decidió soltar lastre, desapareció la plaza. A nadie se le ocurrió plantear que Cantó pudiera acabar en la cárcel por ese motivo.

La lista de volantazos temerarios del juez Peinado es tan larga, y se ha escrito tanto (léase aquí o en esta otra columna, entre otras), que basta un ejemplo para mostrar la pulsión que la mueve. El 24 de junio de 2025 solicitó imputar a Félix Bolaños elevando exposición razonada al Supremo. El 15 de julio, el Alto Tribunal lo rechazó al no apreciar “el más mínimo indicio”. ¿Qué pasó entre tanto? Las lindezas del PP en sesión de control fueron desde el “Sánchez le llamó a mentir, y a eso se le llama falso testimonio” hasta las peticiones de dimisión. Miguel Tellado habló de “fase terminal” del Ejecutivo y exigió su salida del Gobierno. Feijóo calificó la situación de “grave”. De nada sirve que instancias superiores corrijan la conducción temeraria del juez si el objetivo es precisamente crear el caldo de cultivo, caldear el ambiente y echar leña al fuego del PP. No había nada contra Bolaños, pero la mera petición bastó para que Feijóo y el PP hicieran oposición sobre una imputación basada en la ficción de Peinado.

Luego están las causas profundas, las verdaderas tramas. El juicio de las mascarillas mostró el esperpento de la gestión de Ábalos y Koldo al frente de Transportes. No le han encontrado comisiones al ministro. Tanto da. La descomposición moral del político, reflejada en su utilización de las mujeres a costa del dinero de Aldama y en poner los recursos y la influencia de su cartera al servicio de sus vicios, fue el retrato de su etapa al frente del ministerio con mayor presupuesto y como número tres del PSOE. Si era fácil o no de encapsular, lo cierto es que se consiguió. Ábalos acabó en el Grupo Mixto, nunca hubo una manta de la que tirar y el Ejecutivo apartó esa corrupción del Gobierno.

Y ahora viene lo serio. La trama que el Gobierno no es consciente de cuánto le afecta y de la que peor respuesta está dando. Los cuadernos de Leire Díez son desordenados, caóticos, una suerte de diario indistinguible en muchos episodios entre las meras anotaciones y las citas reales. Lo que está comprobado es que tenía conexiones al máximo nivel, se movía como quería con Santos Cerdán al mando —según el juez— y está investigada por llevar a cabo acciones ilegales para obstruir causas judiciales o neutralizar a quienes están al mando. Fernando Grande Marlaska ha acabado mintiendo a cuenta de las reuniones de la directora de la Guardia Civil, a quien mantiene a pesar de haber negado encuentros con Leire Díez (tres, según el sumario) y tras reconocer que hablaron de la trama. ¿Qué pintaba una “militante” en calidad de amiga pidiendo que repusiera en su cargo a un comandante de la UCO investigado por la corrupción de Ábalos/Koldo? Ahora sabemos que Díez también pudo reunirse con el número dos de la Fiscalía General, pero no como Leire Díez, sino como acompañante del abogado investigado Jacobo Teijelo en calidad de (falsa) abogada. A ambos les pagaba Ferraz, un rastro del dinero que puede acabar en la imputación de las siglas como persona jurídica. 

El PSOE y el Gobierno han decidido tener un papel reactivo. Solo reconocen o aclaran algo cuando se publica en los medios o salta en los sumarios. La peor estrategia si quieres evitar que parezca un encubrimiento o que realmente te escandaliza lo ocurrido desde el corazón del partido. 

Presunción de inocencia por delante, dando por hecho que Pedro Sánchez no sabía nada, faltan muchas explicaciones en una causa que afecta al presidente como secretario general del PSOE y beneficiario —al menos subsidiario— de la operativa de Leire Díez y Santos Cerdán. Ninguna de estas causas tiene el alcance y la profundidad de Gürtel o Kitchen. Pero si comparamos la reacción del PP en ambas, tapar la primera les llevó a una operativa más delictiva que la financiación ilegal. En el momento judicial más delicado para Sánchez, encubrir o mentir, no reaccionar, es tan grave como lo que ocurrió en Ferraz y no se vio o no se quiso ver. Si se conocía, la dimensión ya es Game Over. Mientras dure la instrucción, la única salida es la transparencia.

Se trata de una iniciativa importante por su carácter casi constitucional, pero nace condenada al fracaso. El grupo parlamentario del PP en el Senado, donde la formación de Alberto Núñez Feijóo cuenta con mayoría absoluta, ha presentado una proposición de ley orgánica de reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial. El nuevo método plantea el mantra de siempre de la derecha judicial: que sean los jueces sin intervención del Parlamento, los que elijan a los 12 miembros del órgano que deben proceder de la carrera judicial. Casi con total seguridad, la propuesta no verá la luz. En primer lugar, porque el PP carece de mayoría suficiente en el Congreso para sacarla adelante. Pero también porque la propia dirección del partido está pidiendo a gritos la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, algo que, con seguridad, se producirá el año que viene, lo que mandará de manera inmediata la iniciativa al cajón.

La propuesta de reforma, cuya toma en consideración ha sido aprobada este miércoles en el Pleno del Senado, se basa en la disposición adicional de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acompañó a la última renovación del CGPJ pactada por el Gobierno y el PP a finales de junio de 2024. Esa disposición obligaba al órgano de gobierno de los jueces en su nueva composición a aprobar por mayoría de tres quintos de los vocales un informe que analizara los sistemas europeos de elección de miembros de consejos análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 consejeros que deben ser jueces de carrera "que garantice su independencia" y "pueda ser evaluado positivamente" por la Comisión Europea y en la que se establezca "un CGPJ acorde con los mejores estándares europeos". Ese informe y esa propuesta debían estar listas a los seis meses de la entrada en vigor de la norma, publicada en el BOE el 2 de agosto de 2024.

El Consejo cumplió con ese plazo y el 5 de febrero de 2025 aprobó un informe que, ante la falta de acuerdo de los vocales, iba acompañado de dos propuestas. Mientras que la de los progresistas reclamaba que la elección de esos 12 vocales judiciales siguiera siendo parlamentaria de entre una lista de candidatos previamente votada previamente por la judicatura, la de los conservadores la dejaba su renovación en manos de los propios jueces y magistrados eliminando la intervención de las Cámaras. El acuerdo, una vez votado, se envió como obligaba la disposición adicional de la ley, al Gobierno y a las Cortes.

Han pasado 15 meses desde entonces sin que el PP haya propuesto nada. Es ahora, cuando el principal partido de la oposición pide cada día elecciones anticipadas y sondea la posibilidad de buscar socios –sin éxito– para presentar una moción de censura a Pedro Sánchez, ahora que la legislatura está ya cerca de su fin, cuando se saca de la manga su propuesta. Desde el partido reconocen que no tienen los números en el Congreso no les salen, pero señalan que lo que buscan presentándola es "marcar posición" y "que quede clara su postura". Al mismo tiempo, fuentes de la formación conservadora admiten que "no saben" si volverán a traer su propuesta la próxima legislatura y que dependerá de las mayorías de la Cámara. "No nos podemos comprometer a algo sin saber qué pasará", resumen en el equipo de Alberto Núñez Feijóo.

Al contrario que el PP, el PSOE y el resto de la izquierda defiende el sistema parlamentario de renovación propuesto en febrero de 2025 por los vocales progresistas. Se trata del método elección actual y vigente, con algunos cambios introducidos por los distintos gobiernos, desde 1985. Tras su aprobación, el PP ha gozado de mayoría absoluta en dos legislaturas y, sin embargo, se ha negado a cambiarlo. Durante el primer mandato de Mariano Rajoy, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió ante los medios que fuera la judicatura la que eligiera, pero el Gobierno terminó por aprobar una reforma que mantenía la renovación parlamentaria de los 20 miembros del Consejo.

El primer CGPJ de la democracia, elegido en 1980, se nombró por el sistema que ahora dice defender el PP pero que no ha puesto en marcha cuando ha podido: los 12 vocales judiciales fueron elegidos directamente por sus compañeros. El resultado fue un órgano de gobierno de los jueces en el que todos esos consejeros pertenecían a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que consiguió el control del órgano y arrinconó a los progresistas, lo que provocó que el Gobierno de Felipe González lo cambiara. 46 años después, la derecha es todavía más mayoritaria entre la judicatura –como se demuestra en las elecciones a salas de gobierno y en las renovaciones de la comisión de ética, donde todos votan– por lo que abrazar el sistema que propone el PP supondría entregarle la institución.

La proposición de ley orgánica del PP presenta el cambio de sistema como algo obligado por los sucesivos informes de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, que recomiendan que, en caso de que exista un consejo de la magistratura al estilo del CGPJ español, sean los jueces los que elijan a la mayoría de los vocales. Desde el Gobierno y el resto de la izquierda política y judicial, sin embargo, se recuerda que lo que dicen esos organismos fiscalizadores son únicamente recomendaciones. Recuerdan que varios países europeos carecen de Consejo y sus sistemas democráticos no se ponen en duda. Además, señalan que ni el Tribunal de Justicia de la UE ni el de Estrasburgo han cuestionado en ninguna de sus sentencias el sistema parlamentario actual que permite que en el órgano estén presentes las ideologías mayoritarias de la mayoría de los españoles.