He visitado el nido durante unos días. Por mi modesta notoriedad pública no han llegado a paralizarme. No merezco tanto. Pero las víboras se han lanzado a mis pantorrillas sin piedad. Han publicado mis datos personales completos, han señalado mi domicilio y han difundido un viejo vídeo en el que trataba de encender la luz de la biblioteca del Ateneo que nos tenían apagada los delincuentes que destruyeron nuestro restaurante. Agua pasada y podrida que las serpientes han reutilizado. Ninguno de los reptiles se hizo eco de mi versión cuando traté de defenderme. Han tratado de manchar la prestigiosa institución que presido y que hemos logrado revitalizar durante un lustro. Estas serpientes no distinguen la cualidad de su presa: si te interpones en su camino, te morderán, seas quien seas. 

El motivo para el ensañamiento (ante el que no me arredro en absoluto), ha sido que he transmitido con honestidad la información que el presidente Zapatero quería ofrecer mientras estaba obligado a mantener un prudente silencio procesal. Siendo muy menor mi participación en el guion de esta historia, puedo entender mejor el dolor que se inflige a quien siendo inocente (Begoña Gómez, David Sánchez, y sí, también José Luis Rodríguez Zapatero) se ve acosado por estos seres violentos y desalmados. Sus actividades profesionales paralizadas, su vida social impedida, encerrados en sus casas, incluso sus agendas y sus conversaciones publicadas ilegalmente.

Esta brutalidad con las personas más cercanas al presidente del Gobierno ya sería grave si sólo fuera el resultado de la acción de la extrema derecha: las organizaciones querulantes que se dedican a ir cagando por los juzgados para ver si sus heces generan gusanos; los policías sin control preparados para componer con una jerga criminal y grandilocuente relatos sólidos a partir de meras conjeturas (sólo un dato: el 50 por ciento de los policías y los militares votan a la extrema derecha, Vox y Alvise); los muchos jueces y fiscales ávidos de erosionar al Gobierno que por otra vía no se logra tumbar; los panfletos pagados por la élite religiosa y empresarial.

Pero sucede que toda esta cacería está alimentada con fervor por los dos líderes de la “respetable” derecha española, la que se ofrece como alternativa de gobierno. Uno de esos dos es Isabel Díaz Ayuso, que presume de haber inhabilitado al fiscal general del Estado (cinco votos a dos en el Supremo para vergüenza de ese Tribunal), mientras el novio que le paga la vivienda se embolsa millones en comisiones de mascarillas con el principal proveedor de la Comunidad de Madrid, y luego defrauda las ganancias. El otro, tutelado por ella, es Alberto Núñez Feijóo. Patxi López el miércoles le llamó ruin. Ya había mentado antes el líder del PP al suegro de Sánchez, y a su esposa y a su hermano, para el que Feijóo pide –qué gran corazón el del jefe de la oposición– ni más ni menos que seis años de cárcel.  

En el rifirrafe con Patxi López, el socialista dio con la frase que puso en pie a todos sus compañeros, y que sintetizó bien lo que puede pasar cuando toquen elecciones: que los progresistas planten cara y se levanten ante tanta indignidad. Que logren alertar del peligro de que todas esas serpientes hambrientas controlen nuestras vidas, en un país que es ahora mismo un modelo de convivencia, desarrollo y progreso.

Estos torpes del PP ya no pueden controlar a los reptiles que liberaron. Están abocados a convertir su “quien pueda hacer que haga”, en un “quien pueda votar que vote”. Y lo mismo tenemos de nuevo una sorpresa, que ya pasó en 1993, en 2004 y en 2023. Sigamos.

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Luis Arroyo es sociólogo, profesor, consultor político, columnista de infoLibre y presidente del Ateneo de Madrid.

Hay un salto cada vez más pronunciado entre la instrucción y el escarnio al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Entre vulnerar las garantías —ya ni siquiera la presunción de inocencia— y el derecho a la información.

Zapatero tiene una larga lista de explicaciones pendientes: sobre su relación con Julio Martínez, qué negocios hizo y cómo se llevaron a cabo; las sospechas sobre testaferros, empresas pantallas y trabajos simulados de los que tendrá que dar cuenta penalmente; de momento, el rescate de Plus Ultra, los ingresos de Análisis Relevante e Información Prospectiva; a falta también de documentar unas joyas que hoy siguen siendo un misterio. Y la última, de este mismo miércoles: la mediación para un grupo empresarial con el gobierno de Bolivia para frenar una multa de 107 millones que cobró presuntamente a través de una sociedad pantalla (la mediación, no los 107 millones). 

Luego está el escarnio al que, en muy poco tiempo, están contribuyendo la UDEF y el juzgado. Por descuido, deliberadamente o por la aceleración de la instrucción, es una anomalía procesal que un volcado íntegro de un teléfono móvil llegue a las partes sin filtrar, sin analizar ni depurar la información relevante para la investigación. Tirando de hemeroteca, ocurrió en el caso del empresario Javier López Madrid: una diligencia policial defectuosa, que el juez instructor no corrigió, permitió que se incorporaran al procedimiento mensajes privados e intrascendentes para la causa, entre ellos conversaciones con la reina Letizia. Fue un episodio excepcional; el juzgado tomó nota y no volvió a repetirse. También sucedió con los correos de Miguel Blesa. Su difusión durante la instrucción dio lugar a una investigación contra el exjuez Elpidio José Silva por presuntos delitos de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. El juez, por cierto, acabó condenado por prevaricación por una conducción de la instrucción con demasiados parecidos a la del juez Juan Carlos Peinado.

Un mes después del registro policial en el despacho de Zapatero, el teléfono de Gertrudis Alcázar ha acabado íntegro en manos de las partes y ha circulado como la pólvora por los chats de WhatsApp. Dos años completos de comunicaciones, de 2024 a 2025. Hay conversaciones relevantes para la investigación, como los movimientos que hizo el expresidente una vez detuvieron a Julio Martínez y cómo preparó su defensa desde la detención: “Mira a ver cuántos viajes hice a Venezuela del 20 al 25”. Las citas con Santos Cerdán. O que a Zapatero le gustara Leire Díez días después de su declaración ante el juez y de escuchar en los medios aquel “Quiero a Balas muerto”. Luego están las gestiones con periodistas, las medicinas del expresidente, las cenas con amigos, catarros sobrevenidos, los restaurantes favoritos, las citas con presidentes del IBEX, de Indra, BBVA, Telefónica… toda una serie de detalles que alimentan el escarnio por redes. 

La UDEF intervino miles de mensajes entre el expresidente y su secretaria. Una diligencia necesaria para la investigación. El volcado sin filtros, no. En ese material ni siquiera se han ocultado el teléfono, la dirección o los números de cuenta. El derecho a la intimidad a la que cualquier imputado tiene derecho a preservar sin que vuele por los aires apenas un mes después de estallar la causa. 

El volcado íntegro y su posterior difusión constituyen una excepción que agentes especializados en investigación policial califican de «demencial». Por qué la UDEF no incorporó únicamente lo relevante en un informe es una cuestión que el juez debería haber valorado antes de dar traslado. Por qué el contenido ha llegado íntegro a las partes remite a una responsabilidad de custodia que recae, en última instancia, sobre el propio juzgado.

En plena guerra, a nadie le importan las garantías. Pero si asumimos que el Estado de derecho y los límites procesales deben permanecer intactos e impermeables a las pulsiones políticas —más allá de las ganas que puedan tener a Zapatero—, la instrucción será más sólida y se evitarán sospechas sobre la intencionalidad política de cualquier actuación judicial. Siempre acaba mal cuando se fuerzan las costuras. El ejemplo más extremo se vivió en los años del procés. El Supremo lo frenó con una sentencia. Más allá de lo que cada uno opine sobre el fallo, lo que no hacía falta era una policía sucia fabricando informes para eliminar adversarios políticos o perseguir a quienes fueron señalados como enemigos.

Una mayoría de españoles cree que los juzgados y tribunales no son independientes o no lo suficiente. Y apuntan a la política y la economía como motivos de esa falta de imparcialidad. Así lo recoge la edición de 2026 del cuadro de indicadores de la justicia de la UE que cada año elabora la Comisión Europea. España mejora ligeramente respecto a informes anteriores, pero sigue quedando muy lejos de las grandes economías de la UE, como Alemania, Francia o Italia. De los Veintisiete, se sitúa en el puesto 22 dejando únicamente por detrás a Chipre, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Bulgaria. ¿La razón? La supuesta influencia del Gobierno y los partidos en los jueces. También la de las grandes empresas y poderes económicos. 

Frente a un 40% de españoles que considera “buena” o “muy buena” la independencia judicial, un 45% tiene una percepción negativa y la ve “mala” o “muy mala”. Entre los ciudadanos, la visión positiva gana apenas un par de puntos respecto al año anterior. Sin embargo, en la percepción de las empresas, la confianza en la independencia de los jueces crece con más fuerza, aunque en comparación con el mismo indicador en el resto de países, España no abandona los últimos puestos de la UE. El crecimiento en 2026 respecto a 2025 de las compañías con una visión positiva de la independencia judicial española es del 5%, lo que nos deja en el puesto 19 del ranking, también lejos de nuestros principales países de referencia.

La percepción subjetiva sobre la independencia de los jueces contrasta con el gasto público dedicado a este servicio. España está a la cabeza en inversión en justicia y es uno de los Estados con mejor nota en aplicación de las nuevas tecnologías al sistema judicial. Se sitúa en el puesto nueve entre los que más invierte en justicia respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), posición en que, entre los grandes países europeos, solo es superada por Alemania. Italia, Francia o Países Bajos se quedan detrás. Si el gasto se mide por habitante, en lugar de compararlo con el tamaño de la economía, España se sitúa en una posición intermedia dentro de la UE, aunque en niveles similares a los de Italia o Francia.

Que la mayoría de esa inversión ha ido a mejoras tecnológicas para la administración de justicia lo demuestra el hecho de que, en todos los indicadores relacionados con la tecnología, España se sitúe a la cabeza de Europa. Sus calificaciones están entre las mejores en acceso a la información judicial a través de internet, la digitalización de juzgados y tribunales, el uso de la inteligencia artificial, las videoconferencias, el teletrabajo… También en la digitalización de los expedientes o la puesta a disposición de medios y aplicaciones para que ciudadanos y profesionales puedan actuar con los órganos judiciales.

Pese a que los medios materiales y tecnológicos sean buenos, España sigue estando por debajo de la media en número de jueces por cada 100.000 habitantes y solo tiene por detrás a Malta, Dinamarca e Irlanda. El dato será previsiblemente mejor en su edición del año próximo debido a que el Gobierno ha anunciado para este año la creación de 500 nuevas plazas judiciales. Este lunes, el BOE ha publicado una macroconvocatoria para cubrir 700 plaza de jueces y fiscales: 375 plazas de jueces por oposición, 125 de magistrados por el denominado cuarto turno —para juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional— y 200 más para fiscales. Con todo ello, según el Ejecutivo, España alcanzará la media europea en este indicador.

La inversión –la general y la tecnológica– tampoco se refleja en el sempiterno atasco judicial español. El informe coloca otra vez a España en los últimos puestos respecto del tiempo que los tribunales necesitan para resolver los asuntos, los casos pendientes y en la tasa de resolución (en la que estamos terceros por la cola). Sin embargo, sí sale bien parada en el acceso a métodos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, la negociación o el arbitraje. Desde principios de enero de 2025, cuando entró en vigor la ley de eficiencia impulsada por el Gobierno, recurrir a estos métodos antes de presentar la demanda, es obligatorio en los procesos civiles. 

Por último, y en coincidencia con otros organismos como el Consejo de Europa o la OCDE que cada año evalúan la calidad de la democracia española, el informe de la Comisión coloca a España en el grupo de países de la UE que no tienen un registro de grupos de interés (lobby), en el que también están otras grandes economías como Dinamarca, Italia, Países Bajos o Suecia. En pleno estallido del caso Plus Ultra y de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias entre otros delitos, la comisión advierte que hay que dotar de transparencia a esta actividad para que no se transforme en “una puerta hacia la corrupción”.

A mediados del año 2012, el juez Javier Gómez Bermúdez tomó posesión del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional.

Una de las decisiones que adoptó nada más acceder a su puesto fue la de cerrar todas las investigaciones sobre terrorismo que desarrollaban en ese Juzgado los diferentes cuerpos policiales. El motivo que esgrimió fue que las argumentaciones utilizadas no tenían inicio en unos “hechos contrastados”, los cuales, tras ser debidamente sometidos a investigación, encontrarían encaje en la descripción de ese tipo delictivo, sustantivándolo.

Ejemplo para entender ese razonamiento sería el siguiente: hallazgo de un cadáver con heridas de arma blanca. Este sería el “hecho contrastado” que da origen a la investigación a través de la cual se obtendrán los efectos, instrumentos e indicios que convertirán el hecho investigado en un presunto homicidio, asesinato o suicidio, e identificará a su autor si lo hubiere.

Como se puede apreciar, por aquel entonces, antes del “el que pueda hacer, que haga”, los jueces dirigían las investigaciones y la policía seguía sus instrucciones.

En la actualidad observamos como en los casos de Begoña Gómez, el hermano de Pedro Sánchez, el ex Fiscal General del Estado, el caso Plus Ultra, o el caso Leire Diez, las investigaciones se inician con la descripción de múltiples supuestos delitos y se continúan con la apertura de líneas de investigación que tienen como objeto localizar “hechos” que pudieran encajar con las descripciones de los tipos delictivos.

Paradigmático fue el caso del ex Fiscal General, en el que los “hechos” fueron mutando hasta la sentencia. Hasta leer la sentencia, no supo qué “hechos” supuestamente delictivos se le atribuían.

Aberrante parece el caso en el que se investiga a Zapatero, “jefe de una organización criminal”. Es sabido que para ser jefe hay que dirigir, ordenar, supervisar, etc. Pues bien, leyendo el auto de imputación no se tiene constancia de ninguna orden ni actividad de dirección. En el auto sí se identifica el delito, y una vez atribuido éste, ahora se buscan los hechos que pudieran encajar en ese tipo delictivo.

Todo parece indicar que es la policía quien establece dicho delito a investigar, y que el juez se limita a dar apariencia jurídica, a través de sus escritos, de que es él quien dirige las investigaciones.

Esta cuestión se objetiviza con el hecho, insólito e inaudito, de que el juez solicite a una organización policial extranjera autorización para utilizar como prueba el clonado de un teléfono móvil.

En los Estados de derecho, los jueces solicitan cooperación a otros jueces, y a la policía les trasmiten órdenes.

Desde “el que pueda hacer que haga”, España parece que va mutando de Estado de derecho a Estado policial. 

El vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido a propuesta de Sumar, Carlos Hugo Preciado, se ha topado con el Tribunal Supremo en su intento de paralizar el proceso de selección del nuevo juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que sustituirá el próximo marzo a la conservadora María Elósegui, propuesta en su día junto a otros tres candidatos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tras comprobar que no tenía opciones de ser seleccionado en la terna de candidatos, Preciado denunció el proceso por la supuesta influencia del Gobierno, o de cargos y juristas afines a él, en la Audiencia Nacional. Después de que el Consejo de Ministros aprobara la terna de candidatos, recurrió al Alto Tribunal reclamando otra vez que paralizara el proceso, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo lo ha rechazado.

Preciado denunció el pasado abril que el Gobierno –formado por los partidos que lo eligieron como miembro del Consejo– pretendería controlar la elección del próximo juez español de la más alta instancia de protección de los derechos fundamentales. Lo hizo tras presentar su candidatura y no pasar la primera criba. Preciado impugnó el proceso ante la Audiencia Nacional y solicitó, sin éxito, su paralización. Sin embargo, su recurso extendió una sombra de sospecha sobre todo el proceso que afectará, posiblemente, al debate que el Consejo de Europa mantenga sobre los candidatos y a la apariencia de imparcialidad de quien resulte finalmente designado, advierten en el CGPJ.

El vocal progresista –considerado díscolo entre sus compañeros de esa sensibilidad– aseguró, tras saber que no estaba entre los elegidos, que la comisión que debía seleccionar a los tres candidatos que el Consejo de Ministros tenía que mandar a la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa para que dé su última palabra sobre el nuevo miembro español del TEDH está formada mayoritariamente por personas vinculadas al Gobierno. Esa comisión está integrada por los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y Justicia y el subsecretario de Presidencia, a los que se une una magistrada designada por el CGPJ (en este caso era la vocal conservadora Gema Espinosa) y un jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, preferiblemente seleccionados entre personas que hayan sido miembros del TEDH (en el proceso que acaba de terminar lo fue la catedrática de Derecho Internacional Público, miembro permanente del Consejo de Estado y exjueza ad hoc del tribunal, Paz Álvarez).

Pese al recurso de Preciado, el proceso de selección siguió adelante y, el pasado 26 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la terna propuesta por esa comisión de selección. Los elegidos fueron el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València Luis Jimena Quesada; la catedrática de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga Ana Salinas de Frías, y el profesor de Derecho Administrativo y especialista en Derecho Europeo de la Complutense Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero. Sus currículos pasarán ahora al panel consultivo de expertos del Consejo de Europa que evaluará sus méritos y capacidades antes de que la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional decida.

Tras conocerse la terna de candidatos, Preciado volvió a recurrir el proceso. Esta vez llevó al Supremo el acuerdo del Consejo de Ministros que la designó para que se anulara. Y solicitó otra vez que se paralizara el proceso, esta vez al Supremo. Los magistrados de lo Contencioso, sin embargo también lo han rechazado. En primer lugar, porque lo que exige el interés general es, precisamente, que no se suspenda la decisión del Consejo de Ministros "porque forma parte del procedimiento establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos" para la formación del TEDH. Ese interés general, sostiene la Sala, es "que el Convenio se cumpla y que el tribunal esté constituido por todos sus miembros, en pleno ejercicio de sus funciones". "La relevancia de su función y la posición institucional que de ella deriva requiere el máximo respeto a los procedimientos y a los plazos", añade la resolución.

Preciado justificaba su petición porque, de no paralizarse el proceso, como reclamaba, el Consejo de Europa podría elegir a uno de los candidatos de la terna, lo que provocaría que una eventual sentencia del Supremo que le diera la razón no pudiera ejecutarse, dejando sin contenido su recurso. El Supremo, sin embargo, recuerda que aún queda "un largo procedimiento" en el Consejo de Europa "hasta el nombramiento final". Y que durante ese proceso, el organismo europeo analizará "las condiciones de idoneidad de los candidatos" y "los estándares de independencia e imparcialidad con que hayan sido seleccionados". La Sala recuerda que esa organización internacional ya ha rechazado a algunos candidatos –y cita su procedencia, Polonia y Albania– por no reunir esos estándares.

La resolución recuerda, además, que el mandato de la actual juez española del Tribunal de Estrasburgo no termina hasta el próximo 14 de marzo de 2027, por lo que el tribunal "dispone de un margen de tiempo suficiente para abordar el enjuiciamiento de fondo de este recurso antes de que se haga efectiva aquella renovación". Es decir, que los magistrados tienen todavía ocho meses para dictar sentencia sobre el caso. El auto, sin embargo, sí accede a otra petición de Preciado y ordena al Ministerio de Presidencia y Justicia "que ponga en conocimiento del Consejo de Europa la existencia del presente recurso contencioso-administrativo" y que envíe al organismo europeo el auto que rechaza parar el proceso indicando que está "pendiente de sentencia".

El auto cuenta con un voto particular de tres magistrados que consideran que el acuerdo del Ejecutivo que seleccionó la terna de candidatos sí debía suspenderse. Además de Preciado, también ha recurrido el proceso el actual secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos, Leonardo Cervera Navas, que también optaba al puesto pero tampoco superó la primera criba de la selección. Sembrar dudas sobre la intervención del Gobierno en los procedimientos de selección de los jueces, ya sea del último juzgado de pueblo o del presidente del Tribunal Supremo, o acusarlo de ataques a su independencia es uno de los mantras de la derecha judicial al que ahora se suma Preciado, un vocal del Poder Judicial progresista, al elevar esa sospecha hasta el proceso de elección del representante español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Conocerán esa teoría que establece que cualquiera de nosotros está relacionado con cualquier otro con solo seis intermediarios. La idea central es muy potente: cualquier persona del planeta está conectada con cualquier otra a través de una cadena de, como máximo, seis grados. Es decir, tú conoces a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien… y en seis pasos puedes llegar a cualquier persona del mundo. Según esto, cualquier valenciano puede tener una relación con Ábalos con apenas tres intermediarios y con Aldama, seguramente, el máximo, seis. Teniendo en cuenta esto y si tiene joyas heredadas de su madre, dinero en metálico en casa, varios ordenadores, algunos discos duros, memorias USB, teléfonos móviles viejos de los que no ha querido desprenderse por no tirar las fotos, conexión a internet y un telescopio, puede darse por imputado. Si añadimos a todas estas pruebas de cargo que este año ha tenido un requerimiento de la Agencia Tributaria para explicar un pago de cien euros, empiece a pensar en cuándo la UCO o la UDEF o la fiscalía anticorrupción le pide las cuentas de los últimos diez años para ver si tiene algo que ver con las tramas "Leire", "Zapatero", "Koldo-Ábalos", "Hermanísimo", "Cerdán", "Begoña Gómez" et alter. Supongo que la siguiente trama será la "Salvador Illa" habida cuenta de la petición de todas las cuentas, pagos, ingresos, relaciones con empresas, tiques de compra en Carrefour relacionadas con la última campaña electoral del PSC. Si esa petición no es prospectiva entonces no entiendo el concepto.

Esto viene a cuento porque me resulta particularmente sorprendente que sean argumentos circunstanciales los que se convierten en noticia y, por tanto, los que recibe la mayor parte de la ciudadanía, esa misma ciudadanía que no tiene tiempo, ganas ni conocimiento para leerse cientos de páginas de autos, informes y sentencias. Desde mi humilde punto de vista, el caso "Begoña" debería ser el caso "Juez Peinado"; el caso "Hermanísimo" deberían haberlo enviado al contencioso-administrativo sin más; el caso "Leire" debería llamarse "Los cuentos de Leire" y el caso "Zapatero" no se sustenta ni con pegamento. Sobre el caso "Ábalos-Cerdán-Koldo" me abstengo, aunque algunos errores de bulto de los investigadores apuntan a serias dudas de que vaya más allá de conductas más que deplorables. En este estado de cosas, no sé si será prueba de cargo dentro de poco las veces que alguno de los acusados tuvo "amor propio" pero, visto lo visto, todo es posible.

Con todo esto, algunos de los tertulianos-acusadores comentando los casos, a la vista de las escasas evidencias, correcciones de tribunales superiores y menudencias administrativas, acaban siempre con lo mismo: "Es que hay algo que me chirría, que no es ejemplar". Pero, por más que busco en el Código Penal la pena por conductas chirriantes o no ejemplares, no encuentro cuántos años de cárcel les corresponde a los ya condenados. Porque no les quepa duda, querido lector, que el hermano, la esposa y el compañero Zapatero del presidente del Gobierno serán condenados aunque sea con un sustento como el que ha tenido el fiscal general del Estado. Es decir, se les condenará porque "no existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar" [...] "un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente, que lleva necesariamente a afirmar, como hecho probado, que fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien entregó el correo para su publicación". Es decir, como no hay alternativa, la mía vale aunque no haya pruebas concluyentes. En este caso, definir jurídicamente "entorno inmediato" (así lo dice en la página 137 de 233) me parece relevante, ¿no creen? ¿será su entorno familiar? ¿Alcanza a los vecinos de la escalera donde reside el interfecto?, ¿el barrio?, ¿todo Madrid? Suponemos, pero solo suponemos –porque en ningún momento se dice–, que se refiere a su entorno funcional, pero aunque así fuera dónde queda el principio “indubio pro reo”. De lo que se trata no es de hacer justicia sino de tener una condena a sabiendas de que será revisada por instancias superiores y, seguramente, anulada.

La pregunta subsiguiente es razonable: ¿existe entonces una conspiración entre periodistas, acusaciones, jueces, fiscales? La respuesta es otra pregunta: ¿es necesaria una conspiración para llevar adelante todas estas actuaciones? Pues la verdad es que no, ya que no es difícil pensar que, de los 600 funcionarios de la UCO y los cientos de policías de la UDEF, hay, pongamos por caso, un diez por ciento de extrema derecha o muy conservadores a los que no les gusta nada el gobierno actual. Tampoco es difícil pensar que algunos de estos hayan hecho caso a rumores, noticias autosostenidas de OKDiario, The Objective y otras lindezas digitales, y que, a consecuencia de estas noticias, hayan transmitido a jueces, fiscales o a la Audiencia Nacional la importancia de hacer caso a estas noticias y que estos hayan dado el visto bueno a que se investigue. ¿Quién en este circuito ha cometido una ilegalidad? Nadie. Cada cual ha cumplido con su obligación como buen intelectual orgánico que sigue la máxima de quien pueda hacer que haga, aun sabiendo la debilidad de los argumentos de partida. Solo que en ese círculo algo huele a podrido y es en el todo donde se descubre la mentira. Porque, me pregunto yo, por ejemplo, ¿cómo saben que la directora general de la Guardia Civil se reunió en un bar cercano a la sede de la Guardia Civil con la "cuentista Leire" si no es que había alguien haciendo estas labores previamente? Por cierto que los informes no destacan que, si ambas querían ser discretas, no parece muy lógico entrevistarse en un bar cercano a la propia sede de la Guardia Civil al que, seguro, más de un miembro de la UCO iba a tomarse una Coca-Cola. Pero bueno, detalles.

En muchos aspectos, las investigaciones de ambos organismos se parecen mucho a constructos narrativos que siguen un razonamiento tautológico cuyas conclusiones coinciden con las previsiones sin que se añada más información que la propia hipótesis inicial. Por otro lado, partiendo de la teoría de los seis grados, podemos encontrar cualquier relación si echamos todas las cosas encima de la mesa, de la misma forma que podemos ver figuras en las nubes o unas caras en Bélmez. De hecho, además de todo lo dicho al principio, si por casualidad, querido lector, estuvo de vacaciones en Cáceres en la época en la que el hermano de Pedro Sánchez era contratado por la Diputación y se quedó escuchando a un músico callejero tocar el violín, puede usted haber participado en la trama. Todo es cuestión de imaginación. Pero claro, la diferencia es que cuando lo dice la UCO o la UDEF (o una parte de ellas) lo hace con el aval de todo su prestigio institucional. Y lo más parecido a las “inferencias” de algunos investigadores es la comparecencia en el Senado norteamericano del exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de EE. UU. David Grusch afirmando que el gobierno norteamericano guarda ovnis y restos orgánicos de seres extraterrestres. ¿Pruebas de sus inferencias? Ninguna, o circunstanciales no delectivas; su rango y su currículo. En fin, denme dos puntos de apoyo y cambiaré un gobierno.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

Convivimos con distintas realidades jurídicas que lo empañan todo y dificultan la claridad y el peso de cada una. Por un lado, están las que afectan al hermano y a la esposa del presidente; por otro, los casos de corrupción de calado que van desde el caso Ábalos/Koldo/Cerdán al caso Leire Díez; luego está el debate paralelo sobre las velocidad de la Justicia y, finalmente, la reacción política e institucional que están dando el PSOE y el Gobierno.

La 'operación cercar a la familia' está coordinada por la marca ultra Manos Limpias. Atacar la línea de flotación más personal de Pedro Sánchez, el punto de mayor desestabilización. Resulta muy difícil encontrar explicaciones a por qué se piden 26 años de prisión para Begoña Gómez o cuáles son exactamente los hechos penales que la llevarán al banquillo con semejante pena. Es igual de difícil de explicar cómo la creación y adjudicación de la plaza de David Sánchez ha terminado en una causa penal con seis años de cárcel en juego cuando la vía es la contenciosa administrativa. El caso está visto para sentencia y, como en el de Gómez, se da por hecha una condena. La UCO ha aportado su interpretación de unos correos electrónicos. Esa interpretación fue desmontada por sus autores durante el juicio y no fue refutada más allá del terreno interpretativo. 

El enchufe, como en el caso de Jéssica Rodríguez y José Luis Ábalos, apunta a quien enchufa, no a quien es enchufado. Jéssica Rodríguez nunca fue imputada, aun reconociendo que ni siquiera apareció por su puesto de trabajo y que fue colocada. La responsabilidad se dirigió hacia el ministro, no hacia la beneficiaria. Frente a la machacona estrategia sincronizada de la oposición con Manos Limpias —el "es la primera vez que el hermano de un presidente..."—, una evidencia: si no fuera el hermano del presidente, no habría habido juicio. La dirección de la Oficina del Español de Ayuso para Toni Cantó se creó para colocar al ex de tres partidos, en ese momento la mochila de Ciudadanos de Génova 13. Cuando la presidenta madrileña decidió soltar lastre, desapareció la plaza. A nadie se le ocurrió plantear que Cantó pudiera acabar en la cárcel por ese motivo.

La lista de volantazos temerarios del juez Peinado es tan larga, y se ha escrito tanto (léase aquí o en esta otra columna, entre otras), que basta un ejemplo para mostrar la pulsión que la mueve. El 24 de junio de 2025 solicitó imputar a Félix Bolaños elevando exposición razonada al Supremo. El 15 de julio, el Alto Tribunal lo rechazó al no apreciar “el más mínimo indicio”. ¿Qué pasó entre tanto? Las lindezas del PP en sesión de control fueron desde el “Sánchez le llamó a mentir, y a eso se le llama falso testimonio” hasta las peticiones de dimisión. Miguel Tellado habló de “fase terminal” del Ejecutivo y exigió su salida del Gobierno. Feijóo calificó la situación de “grave”. De nada sirve que instancias superiores corrijan la conducción temeraria del juez si el objetivo es precisamente crear el caldo de cultivo, caldear el ambiente y echar leña al fuego del PP. No había nada contra Bolaños, pero la mera petición bastó para que Feijóo y el PP hicieran oposición sobre una imputación basada en la ficción de Peinado.

Luego están las causas profundas, las verdaderas tramas. El juicio de las mascarillas mostró el esperpento de la gestión de Ábalos y Koldo al frente de Transportes. No le han encontrado comisiones al ministro. Tanto da. La descomposición moral del político, reflejada en su utilización de las mujeres a costa del dinero de Aldama y en poner los recursos y la influencia de su cartera al servicio de sus vicios, fue el retrato de su etapa al frente del ministerio con mayor presupuesto y como número tres del PSOE. Si era fácil o no de encapsular, lo cierto es que se consiguió. Ábalos acabó en el Grupo Mixto, nunca hubo una manta de la que tirar y el Ejecutivo apartó esa corrupción del Gobierno.

Y ahora viene lo serio. La trama que el Gobierno no es consciente de cuánto le afecta y de la que peor respuesta está dando. Los cuadernos de Leire Díez son desordenados, caóticos, una suerte de diario indistinguible en muchos episodios entre las meras anotaciones y las citas reales. Lo que está comprobado es que tenía conexiones al máximo nivel, se movía como quería con Santos Cerdán al mando —según el juez— y está investigada por llevar a cabo acciones ilegales para obstruir causas judiciales o neutralizar a quienes están al mando. Fernando Grande Marlaska ha acabado mintiendo a cuenta de las reuniones de la directora de la Guardia Civil, a quien mantiene a pesar de haber negado encuentros con Leire Díez (tres, según el sumario) y tras reconocer que hablaron de la trama. ¿Qué pintaba una “militante” en calidad de amiga pidiendo que repusiera en su cargo a un comandante de la UCO investigado por la corrupción de Ábalos/Koldo? Ahora sabemos que Díez también pudo reunirse con el número dos de la Fiscalía General, pero no como Leire Díez, sino como acompañante del abogado investigado Jacobo Teijelo en calidad de (falsa) abogada. A ambos les pagaba Ferraz, un rastro del dinero que puede acabar en la imputación de las siglas como persona jurídica. 

El PSOE y el Gobierno han decidido tener un papel reactivo. Solo reconocen o aclaran algo cuando se publica en los medios o salta en los sumarios. La peor estrategia si quieres evitar que parezca un encubrimiento o que realmente te escandaliza lo ocurrido desde el corazón del partido. 

Presunción de inocencia por delante, dando por hecho que Pedro Sánchez no sabía nada, faltan muchas explicaciones en una causa que afecta al presidente como secretario general del PSOE y beneficiario —al menos subsidiario— de la operativa de Leire Díez y Santos Cerdán. Ninguna de estas causas tiene el alcance y la profundidad de Gürtel o Kitchen. Pero si comparamos la reacción del PP en ambas, tapar la primera les llevó a una operativa más delictiva que la financiación ilegal. En el momento judicial más delicado para Sánchez, encubrir o mentir, no reaccionar, es tan grave como lo que ocurrió en Ferraz y no se vio o no se quiso ver. Si se conocía, la dimensión ya es Game Over. Mientras dure la instrucción, la única salida es la transparencia.

Se trata de una iniciativa importante por su carácter casi constitucional, pero nace condenada al fracaso. El grupo parlamentario del PP en el Senado, donde la formación de Alberto Núñez Feijóo cuenta con mayoría absoluta, ha presentado una proposición de ley orgánica de reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial. El nuevo método plantea el mantra de siempre de la derecha judicial: que sean los jueces sin intervención del Parlamento, los que elijan a los 12 miembros del órgano que deben proceder de la carrera judicial. Casi con total seguridad, la propuesta no verá la luz. En primer lugar, porque el PP carece de mayoría suficiente en el Congreso para sacarla adelante. Pero también porque la propia dirección del partido está pidiendo a gritos la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, algo que, con seguridad, se producirá el año que viene, lo que mandará de manera inmediata la iniciativa al cajón.

La propuesta de reforma, cuya toma en consideración ha sido aprobada este miércoles en el Pleno del Senado, se basa en la disposición adicional de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acompañó a la última renovación del CGPJ pactada por el Gobierno y el PP a finales de junio de 2024. Esa disposición obligaba al órgano de gobierno de los jueces en su nueva composición a aprobar por mayoría de tres quintos de los vocales un informe que analizara los sistemas europeos de elección de miembros de consejos análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 consejeros que deben ser jueces de carrera "que garantice su independencia" y "pueda ser evaluado positivamente" por la Comisión Europea y en la que se establezca "un CGPJ acorde con los mejores estándares europeos". Ese informe y esa propuesta debían estar listas a los seis meses de la entrada en vigor de la norma, publicada en el BOE el 2 de agosto de 2024.

El Consejo cumplió con ese plazo y el 5 de febrero de 2025 aprobó un informe que, ante la falta de acuerdo de los vocales, iba acompañado de dos propuestas. Mientras que la de los progresistas reclamaba que la elección de esos 12 vocales judiciales siguiera siendo parlamentaria de entre una lista de candidatos previamente votada previamente por la judicatura, la de los conservadores la dejaba su renovación en manos de los propios jueces y magistrados eliminando la intervención de las Cámaras. El acuerdo, una vez votado, se envió como obligaba la disposición adicional de la ley, al Gobierno y a las Cortes.

Han pasado 15 meses desde entonces sin que el PP haya propuesto nada. Es ahora, cuando el principal partido de la oposición pide cada día elecciones anticipadas y sondea la posibilidad de buscar socios –sin éxito– para presentar una moción de censura a Pedro Sánchez, ahora que la legislatura está ya cerca de su fin, cuando se saca de la manga su propuesta. Desde el partido reconocen que no tienen los números en el Congreso no les salen, pero señalan que lo que buscan presentándola es "marcar posición" y "que quede clara su postura". Al mismo tiempo, fuentes de la formación conservadora admiten que "no saben" si volverán a traer su propuesta la próxima legislatura y que dependerá de las mayorías de la Cámara. "No nos podemos comprometer a algo sin saber qué pasará", resumen en el equipo de Alberto Núñez Feijóo.

Al contrario que el PP, el PSOE y el resto de la izquierda defiende el sistema parlamentario de renovación propuesto en febrero de 2025 por los vocales progresistas. Se trata del método elección actual y vigente, con algunos cambios introducidos por los distintos gobiernos, desde 1985. Tras su aprobación, el PP ha gozado de mayoría absoluta en dos legislaturas y, sin embargo, se ha negado a cambiarlo. Durante el primer mandato de Mariano Rajoy, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió ante los medios que fuera la judicatura la que eligiera, pero el Gobierno terminó por aprobar una reforma que mantenía la renovación parlamentaria de los 20 miembros del Consejo.

El primer CGPJ de la democracia, elegido en 1980, se nombró por el sistema que ahora dice defender el PP pero que no ha puesto en marcha cuando ha podido: los 12 vocales judiciales fueron elegidos directamente por sus compañeros. El resultado fue un órgano de gobierno de los jueces en el que todos esos consejeros pertenecían a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que consiguió el control del órgano y arrinconó a los progresistas, lo que provocó que el Gobierno de Felipe González lo cambiara. 46 años después, la derecha es todavía más mayoritaria entre la judicatura –como se demuestra en las elecciones a salas de gobierno y en las renovaciones de la comisión de ética, donde todos votan– por lo que abrazar el sistema que propone el PP supondría entregarle la institución.

La proposición de ley orgánica del PP presenta el cambio de sistema como algo obligado por los sucesivos informes de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, que recomiendan que, en caso de que exista un consejo de la magistratura al estilo del CGPJ español, sean los jueces los que elijan a la mayoría de los vocales. Desde el Gobierno y el resto de la izquierda política y judicial, sin embargo, se recuerda que lo que dicen esos organismos fiscalizadores son únicamente recomendaciones. Recuerdan que varios países europeos carecen de Consejo y sus sistemas democráticos no se ponen en duda. Además, señalan que ni el Tribunal de Justicia de la UE ni el de Estrasburgo han cuestionado en ninguna de sus sentencias el sistema parlamentario actual que permite que en el órgano estén presentes las ideologías mayoritarias de la mayoría de los españoles.

[Aviso: si usted no tiene hoy apenas tiempo para la lectura, no siga con esto y pase a leer otro artículo en estas mismas páginas, el que firma Daniel Valverde Ríos con el título Por qué este auto del juez Calama no se parece a los suyos. Es una comparativa de tres escritos firmados por el juez que ha imputado a Zapatero en el caso Plus Ultra. El ejercicio abre curiosos interrogantes que en algún momento debería despejar el instructor o algún tribunal superior].

El aviso viene a cuento porque cada semana política tiene su afán, y la que acaba ha desvelado un nuevo mantra de las derechas: el Gobierno y los medios progresistas se aferran a la tesis de que existe “una gran conspiración” en la que participan jueces, policías, medios y políticos de la oposición para liquidar al Ejecutivo de coalición cuanto antes y como sea. Se trata de otra artimaña clásica en el manual de instrucciones de la desinformación: si no puedes discutir sobre la realidad, dale la vuelta, intenta instalar una realidad “alternativa”. Incluso el mundo al revés.

Llevamos muchos años rechazando la técnica del ventilador cuando hablamos o escribimos sobre corrupción, porque esa táctica solo sirve para alentar la antipolítica. Defendemos la obligación de analizar cada caso en sí mismo, su contenido documental o testimonial, su contexto, su proceso judicial, los indicios, las pruebas… los autos de cada juez. Contrastando nuestras dudas con juristas que pueden acertar o equivocarse, pero cuyo criterio es tan válido y honesto como el de cualquier otro. Y ahí seguimos.  Otros –políticos, periodistas, vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y asociaciones profesionales de la judicatura– se indignan en cuanto alguien expresa dudas sobre autos concretos o critica decisiones de jueces específicos. ¡Horror! ¡Panda de conspiranoicos! ¡Quieren interferir en la independencia de jueces y policías! Todo el mundo puede insultar o acusar de lo que sea al Gobierno, pero si Óscar Puente responde en X con un par de datos y una ironía… ¡La dictadura! 

Es una estrategia burda, pero eficaz. Están consiguiendo equiparar la pestilente cloaca en la que han chapoteado la tal Leire Díez (y veremos cuántos más en Ferraz) con el entramado de Kitchen, donde sí que está probada la existencia de una “estructura organizada y estable” con el fin de ocultar las pruebas de la corrupción sistémica del Partido Popular durante los gobiernos de Rajoy. Todo un exministro del Interior y su número dos, junto a la cúpula policial de la época, intentando hacernos creer que la cosa consistió en una “operación legal de inteligencia para recuperar el botín de Bárcenas”. El rostro de Fernández Díaz es de cemento armado: nunca llevaron una sola acción ante el juez ni un solo euro de Bárcenas. Todo fue ilegal, y es más fácil creer en Marcelo (el ángel de la guarda del ministro) que en la ignorancia de M. Rajoy, María Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría acerca de ese entramado criminal sufragado con fondos públicos.

Por supuesto que es una obligación democrática someter las decisiones judiciales y policiales a la crítica pública. La ligereza e incluso frivolidad con la que el juez Calama afirma reiteradamente la culpabilidad de Zapatero sin aportar indicios o ejemplos de esas “órdenes e instrucciones” que supuestamente trasladaba a sus secuaces viene a dar carta de veracidad a todo tipo de insinuaciones y deducciones policiales. Esta semana hemos asistido a otra escena similar con el testimonio del jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. “Se infiere”, “se deduce”, “se supone”, “sólo pudo ser…”. Le faltó aquello de “lo hizo él o alguien de su entorno”, como sostuvo la sentencia que condenó (sin pruebas, repito) al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, acusado por el novio de Ayuso (por cierto, más de un año llevamos a la espera de que la UCO haga un informe sobre sus andanzas).

No conozco a nadie en la izquierda que no viva con asco y vergüenza lo que se va sabiendo sobre los intentos de Leire Díez, con la colaboración de algunos dirigentes de Ferraz, de presionar a jueces, fiscales y policías relacionados con sumarios que afectaban al Gobierno o al Partido Socialista. Veremos hasta dónde llega el fango en lo que instruye Santiago Pedraz. Lo que sí sabemos –y nadie podrá discutir– es que de poco sirvieron los intentos de esa banda en la que no faltaron el perejil de Villarejo ni la pimienta de algún pseudomedio. Han seguido adelante investigaciones, instrucciones y sumarios con anomalías que también deberían avergonzar a cualquier político, jurista o policía honesto. El caso de David Sánchez nunca debió llegar a la vía penal, del mismo modo que la causa de Peinado contra Begoña Gómez es un absoluto despropósito, cuyo colmo sería que se admita un juicio con jurado: ¿en serio puede quedar un solo ciudadano en Madrid que no tenga ya una impresión formada sobre la mujer del presidente? Porque el artículo 8 de la Ley del Tribunal del Jurado exige “ser vecino de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido” (ver aquí).

Los mismos que tachan de conspiranoicos a quienes criticamos las lagunas de autos judiciales o los errores de informes policiales lanzan de vez en cuando la especie de que vivimos bajo la “dictadura sanchista”. Cabría preguntarse de qué planeta vienen estos tipos y tipas que cada mañana lanzan verdaderas infamias contra el poder ejecutivo o legislativo con absoluta libertad, al tiempo que afirman vivir bajo una “dictadura”. Desde luego, la más extraña dictadura que en el mundo ha habido. Lo escribo sin acritud pero sí, con indignación: lo antidemocrático es la doble vara de medir, la acusación sin pruebas, la condena injusta, los autos en los que “se infiere” o “se deduce” en lugar de aportar indicios sólidos, la persecución o espionaje a rivales políticos, la financiación opaca de medios afines (ver aquí) o la deslegitimación de un Gobierno desde el minuto uno y el empeño de “echar a ese hijo de puta” como principal proyecto político. No con una moción de censura o ganando una mayoría en las urnas, sino “como sea”. Y el siguiente paso no es una sospecha conspiranoica, ya lo vienen anunciando con desparpajo Aznar, Feijóo y Abascal: quieren sentar a Pedro Sánchez en el banquillo (aún no se sabe en calidad de qué).

Seguimos…

La expectación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) era muy alta. Un recurso de amparo de una jueza sancionada por el órgano de gobierno de los jueces podía afectar al juego de mayorías y minorías en la institución, dejando en manos de los vocales progresistas –tradicionalmente menos corporativos que los conservadores– la última palabra sobre las sanciones a jueces y magistrados. Entre los argumentos alegados por la jueza sancionada ante el Constitucional se aseguraba que el Pleno del CGPJ no fue imparcial al rechazar su recurso contra el castigo que le impuso la comisión disciplinaria. Porque los siete miembros de esta comisión que tomaron la decisión inicial –y, por lo tanto, ya estarían contaminados al haberse pronunciado previamente– decidieron junto al resto de vocales el recurso contra su propio acuerdo, lo que afectaría a su imparcialidad.

Si el Constitucional hubiera atendido las razones del recurso y lo hubiera estimado –algo que no ha hecho–, los siete miembros de la comisión disciplinaria que hubieran sancionado o exonerado a un juez tendrían que abandonar el Pleno en el momento en que el máximo órgano del Consejo empezara a deliberar los recursos presentados contra las resoluciones de esa comisión al haberse pronunciado previamente y tener, por tanto, un prejuicio sobre el caso. El Pleno, integrado por 20 vocales y su presidenta, quedaría conformado, cada vez que se vieran recursos contra acuerdos de la disciplinaria, por 14 miembros. La asistencia mínima para la válida constitución del máximo órgano del Consejo es de 11 miembros, según la ley.

En caso de que el órgano de garantías constitucionales hubiera estimado, como reclamaba el recurso de amparo, que los miembros de la disciplinaria no puedan revisar sus propias decisiones y les hubiera obligado a abstenerse, el Pleno resultante tendría mayoría progresista con siete vocales a propuesta del PSOE y Sumar frente a seis designados por el PP. La presidenta, Isabel Perelló, tendría voto de calidad en caso de empate. Es decir, que la última decisión sobre si sanciona o no a un juez quedaría en el Consejo en un órgano dominado por los consejeros de izquierda. Esa sensibilidad ha sido tradicionalmente mucho menos corporativa y condescendiente con los excesos de los jueces que los miembros del sector conservador.

El recurso de amparo, elaborado por el abogado Agustín Azparren, exjuez y exvocal del CGPJ de consenso entre PSOE y PP y, como tal, antiguo miembro de la comisión disciplinaria entre 2001 y 2008, sostiene que, aunque esas sanciones sean de naturaleza administrativa (no es una pena derivada de un delito) el proceso por el que se imponen debe seguir las mismas garantías constitucionales que las causas criminales. Y una de ellas es el derecho fundamental al juez imparcial, un derecho que queda vulnerado al formar parte del Pleno los siete vocales que tomaron la decisión recurrida. Según el recurso, los consejeros de la disciplinaria debieron haberse abstenido del asunto ya que su intervención previa en el mismo "podría afectar a la imparcialidad objetiva en su actuación como vocal".

La sentencia, dictada por la Sala Primera del Constitucional, presidida por el conservador Ricardo Enríquez, la también magistrada a propuesta del PP Concepción Espejel (que ha actuado como ponente), y los progresistas María Luisa Segoviano y Juan Carlos Campo (todos jueces de carrera), ha desestimado ese argumento concreto y consideran que la imparcialidad es un derecho reclamable respecto de las decisiones judiciales, pero no de las sanciones administrativas que impone el Consejo. La imparcialidad, según dice la sentencia del TC citando resoluciones anteriores, "no puede predicarse de la Administración sancionadora", en este caso el Consejo, "en el mismo sentido que respecto de los órganos judiciales", sostiene el tribunal, que recuerda que esas sanciones administrativas se pueden recurrir después ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Pese a desestimar ese argumento, el Constitucional sí da la razón a la jueza sancionada al considerar que el Consejo, al imponerle el castigo disciplinario, vulneró "su derecho a la igualdad y no discriminación por razón de discapacidad", por lo que lo anula. La jueza alegó en su defensa que la sanción de tres meses de suspensión que se le impuso se produjo tras una prolongada baja por un cuadro ansioso depresivo y después de que la enfermedad mental se le volviera a reproducir, aunque esta segunda vez no lo comunicó al CGPJ, que acabó imponiéndole la sanción por los enormes retrasos que acumulaba su órgano judicial. No puede ignorarse, sostienen los magistrados, "que los prejuicios y la discriminación sufrida secularmente por las personas con algún tipo de discapacidad mental (...) constituyen importantes barreras a la hora de informar sobre este tipo de discapacidad en el lugar de trabajo". Según la sentencia, lo que el Consejo debió hacer en lugar de sancionarla, es ajustar a la discapacidad mental que aprecia su carga de trabajo.

A los jueces se les atribuyen cualidades éticas casi divinas, en las que cualquier duda sobre su imparcialidad ofende. Pero son simples mortales, como el resto, y en tiempos de polarización muchos han decidido usar las togas para responder al mandato de Aznar, llamado a saltarse todas las normas con tal de hacer caer al legítimo gobierno de Sánchez. No es nuevo. La ofensiva judicial de las últimas semanas, en la que se ha actuado con la coordinación de un equipo de natación sincronizada, y en la que se pinta al PSOE como la banda de Alí Babá y los 40 ladrones, llama la atención. 

Pierde Juanma Moreno el domingo 17 de mayo la mayoría absoluta en Andalucía y el martes 19 de mayo el juez Calama de la Audiencia Nacional imputa por primera vez a un presidente del Gobierno por organización criminal nada menos y la UDEF registra su despacho. A los pocos días las joyas que encontraron en la caja fuerte son portada en todos los medios. Cualquiera diría que al frente hay un equipo de periodistas de última hora, actuando con la mayor rapidez posible para colocar bien la noticia. 

Entre medias, se celebra el juicio de la Kitchen. Una operación montada dentro de la policía en la que están implicados el ministro de Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado y comisarios e inspectores para arrebatar información a Bárcenas que apuntaba a la corrupción del PP durante años. Un escándalo descomunal en el que aflora hasta dónde llegan las cloacas del Estado y cómo quienes se supone que protegen a la población se comportan como una banda organizada. Un ejemplo cristalino de cómo el Gobierno popular y el Partido Popular intentaron desestabilizar procesos judiciales. 

Desbaratar procesos judiciales es lo que atribuye el juez Pedraz a Leire Díaz y a Santos Cerdán. El caso no es bonito, desde luego, y tiene ese aire cutre que envuelve a Cerdán, y por supuesto que hay que investigarlo. Pero la asimetría es evidente. Y si se trata de interferir y desestabilizar a la justicia, el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, debería ser investigado. Es una máquina de arrojar sospechas sobre la imparcialidad de los procedimientos. Lanza bulos, que luego parecen funcionar como doctrina en los tribunales, y además se jacta de ello, como hizo en el juicio al fiscal general. No solo presumió de conocer la sentencia antes de que se hiciera pública, sino que justificó haberse inventado que la Fiscalía había dejado de negociar con el novio de Ayuso por órdenes de arriba porque “tengo el pelo blanco”. Una afirmación que desencadenó todo el conflicto. Y sin embargo, ahí sigue intoxicando. 

Volvía a correr por las redes esta semana el caso de la hermana del presidente de la Junta de Andalucía, que en 2019 logró la plaza de directora del Conservatorio de Danza de Málaga, a pesar de tener peor puntuación que otra candidata que rozaba los 50 puntos frente a sus 38 puntos. De nada sirvió la denuncia de la candidata mejor valorada, porque la fiscalía lo archivó al considerar lícito observar cierta discrecionalidad. Es decir que se permitió el nombramiento a dedo. Si se compara con el juicio sumarísimo al hermano del presidente del Gobierno, la desproporción es notable. Sobre todo porque Pedro Sánchez no estaba en la Moncloa ni se le esperaba cuando logró la plaza como coordinador de actividades de los conservatorios de Badajoz, por la que se le acusa de tráfico de influencias. Pero la jueza Beatriz Biedma no está por soltar el hueso, al igual que Peinado. Solo soltarán la presa cuando se hayan convocado nuevas elecciones y PP-Vox dirija el país, como Dios manda y la gente de bien demanda.

A uno le cuesta entender cómo funciona la justicia: sus tiempos, sus silencios, sus argumentos y sus sentencias. Es normal. Somos legos en estas cuestiones y, por eso, conviene investigar, escuchar a los expertos y dejar a un lado las elucubraciones.

El terreno de juego son los juzgados; los equipos, jueces y fiscales. Sobre el papel, todos deberían actuar con imparcialidad, aplicando la ley sin mirar el nombre, el cargo o la ideología de quien tienen delante. No se juzgan simpatías: se juzgan hechos, indicios, pruebas y declaraciones. Así debería funcionar el Estado de derecho.

Toda persona investigada conserva su derecho a la presunción de inocencia. No bastan el ruido mediático ni la sospecha política. Los hechos deben sostenerse en indicios sólidos y, llegado el juicio, en pruebas concluyentes. La justicia no debería fabricar titulares; debería acreditar verdades.

Pero jueces y fiscales también son ciudadanos. Tienen creencias y afinidades. Por eso existen controles, recursos y órganos de gobierno. La separación de poderes no es una frase para decorar manuales: es la arquitectura que impide que el edificio democrático se venga abajo.

Mientras discutimos sobre jueces, fiscales y políticos opinando unos de otros, la corrupción sigue ahí, como enfermedad crónica. España obtuvo 55 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 y cayó al puesto 49 mundial. No somos un Estado fallido, pero tampoco un ejemplo de limpieza institucional.

La lista de casos sentenciados no invita al optimismo: Gürtel, la caja B del PP, Nóos, tarjetas black, caso Palau, Filesa y piezas del caso ERE de Andalucía. Distintos territorios, partidos y mecanismos; una misma sombra: poder usado para beneficio propio, financiación irregular, favores y contratos. En los ERE conviene matizar que el Constitucional anuló condenas relevantes, aunque el caso sigue siendo símbolo de corrupción socialista.

Quizás haya algo de cierto en aquella frase atribuida a Aznar: “El que pueda hacer, que haga”. Algunos entendieron el “hacer” no como gobernar mejor, sino como aprovechar mejor. Si fue así, estamos jodidos.

Lo urgente no es solo indignarse, sino cerrar grietas: controles sobre cargos públicos, fiscalización real del ejecutivo, órganos independientes, protección a denunciantes y sanciones que no lleguen cuando el daño ya es arqueología.

La corrupción no roba solo dinero público. Roba confianza, legitimidad y esperanza. Y sin confianza, una democracia no cae de golpe: se agrieta despacio.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

Da igual que se aprueben las reformas estructurales que han exigido todas las asociaciones judiciales. Las de derechas, muy mayoritarias, y la única de izquierdas; sin excepción. Tampoco importa que se dé curso, por fin, a la demanda secular de crear más plazas judiciales para equiparar el sistema judicial español a la media europea con la aprobación de 500 nuevas para este año y la previsión de otras 500 para el que viene. Tampoco importa que la creación de los nuevos tribunales de instancia, que han sustituido a los tradicionales juzgados unipersonales creados hace casi 200 años, haya sido acompañada de una inversión de 1.121 millones de euros. Sus presidentes (los antiguos decanos), que se reunieron la pasada semana en Granada, insisten en el bulo de que la implantación se ha hecho sin medios.

La reunión se saldó con unas conclusiones que han sido enviadas para su conocimiento al Consejo General del Poder Judicial. En ellas acusan de mentir al Gobierno y al Consejo, que han constatado que, gracias a la reforma, el atasco judicial, creciente desde 2016 (con la excepción del período de la pandemia) ha comenzado a revertirse, aunque mínimamente, descenso que ha sido más acentuado en los órganos del orden civil. El órgano de gobierno de los jueces, además, ha constatado a través de los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico, que la modificación, pese a que da la vuelta a la tradicional organización judicial española como a un calcetín, no ha provocado retrasos ni suspensiones significativas.

Los presidentes de los tribunales de instancia, sin embargo, pusieron en duda esos datos la pasada semana. Sostienen que la realidad de las primeras fases de la implantación de esos órganos ya los desmentía. "O bien se encuentran descontextualizados o bien responde a una selección parcial de la información disponible", sostienen los principales responsables de los nuevos órganos. Los antiguos decanos, al contrario que el Gobierno y el Consejo, describen una situación general de "desorganización" que se ha trasladado "a la generalidad de los tribunales de instancia, con evidente perjuicio para los derechos de los ciudadanos", un perjuicio que los ciudadanos, sin embargo, no advierten.

Los presidentes insisten en el mantra de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –cuya máxima dirigente María Jesús del Barco, preside el tribunal de instancia de mayor tamaño, el de Madrid– que la implantación de los nuevos tribunales se ha hecho "sin medios". El Ministerio de Presidencia y Justicia ha dedicado más de 1.000 millones esta legislatura para el despliegue de la ley. Tanto la UE (a través del Justice Scoreboard) como el Consejo de Europa confirman año tras año que España se encuentra por encima de la media europea en inversión en justicia por habitante, algo que para los presidentes de los tribunales de instancia resulta insuficiente.

Las acusaciones de los antiguos decanos son graves, aunque no se sustentan en datos. "Pese a las advertencias formuladas a las distintas administraciones y a haberse solicitado incluso la moratoria, ha primado el interés político sobre la tutela judicial efectiva", sostienen con el habitual tono alarmante que los ciudadanos, sin embargo, no parecen compartir. "A lo largo de todo el territorio nacional, los tribunales siguen careciendo de medios personales y materiales suficientes para afrontar una reforma que se califica como exitosa mientras los ciudadanos continúan esperando una adecuada garantía de sus derechos". En definitiva, advierten de que el Gobierno es capaz de poner en peligro derechos fundamentales y garantías básicas de los ciudadanos solo por su propio interés de sacar adelante una ley que la misma judicatura ha reclamado y que ha estado en los planes de todos los gobiernos (del PP y del PSOE) desde 1997.

Con la organización anterior, distribuida en órganos unipersonales dirigidos en última instancia por el juez, los titulares se quejaban de que tenían que hacerse cargo de infinidad de labores administrativas que les impedían dedicarse a su función primordial –juzgar y poner sentencias– y ralentizaban su trabajo. Privar a los jueces de esas labores para acelerar los procesos fue uno de los objetivos de la ley de eficiencia, la que creó los nuevos tribunales de instancia. El esquema de la norma prevé que los jueces ejerzan únicamente sus funciones jurisdiccionales mientras que toda la tramitación queda en servicios comunes dirigidos por letrados de la administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales).

Ahora que la reforma está aprobada temen, sin embargo, perder el control del antiguo aparato burocrático que les acompañaba y en el que eran los jueces los que mandaban. Así se desprende de algunas de las advertencias que se recogen en el comunicado. "En materia jurisdiccional –procesal y sustantiva– los letrado/as [de la administración de justicia] deberán seguir las instrucciones de los jueces y magistrados", dice por ejemplo.

Tampoco quieren que otros dispongan sobre su carga de trabajo o el número de juicios a celebrar. "Los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones para el señalamiento de las vistas siguen correspondiendo a los titulares de las plazas judiciales, sin perjuicio de la adopción de criterios organizativos unificados", dice el documento. La ley establece que en los órganos judiciales colegiados (y los tribunales de instancia lo son), esos señalamientos corresponden a los presidentes de cada sección (civil, de instrucción, de familia, contencioso-administrativa, laboral...) y no a cada uno de sus miembros, como los antiguos decanos defienden.

Los presidentes también advierten de "la desconexión actual entre el juez y la oficina judicial" que, en su opinión, ha provocado la nueva organización judicial, y por ello reclaman como algo "imprescindible" desarrollar "la figura del funcionario de apoyo directo al juez", una suerte de secretario a su servicio que mantenga "la necesaria vinculación funcional con el servicio". En la nueva estructura de los tribunales de instancia, los funcionarios quedan bajo el mando de los letrados de la administración de justicia que son los que se coordinan con cada sección de cada tribunal. Fuentes del Consejo aseguran que, al haber perdido el mando de la oficina judicial, muchos miembros de la judicatura se han sentido "destronados".

Desde el Gobierno, con los datos hasta ahora disponibles, descartan esta visión catastrofista que difunden los jueces cada vez que tienen ocasión. Admiten que la ley de eficiencia supuso un cambio en la forma tradicional de trabajar de la judicatura española vigente desde 1834 y que la adaptación de jueces, fiscales, funcionarios y demás operadores será paulatina. "Cambiar el modo de trabajo es difícil y el sistema tiene que rodar", explican fuentes del Ministerio de Presidencia y Justicia que destacan, al contrario que los presidentes de los tribunales de instancia, que "no hay incidencias estructurales" ni "demoras y suspensiones". Solo incidencias puntuales que, con el tiempo, se ajustarán.

¿Habrá sido penalti? El árbitro lo señala pero, entre susurros de desconcierto en la grada, parece dudar. Se acerca a la banda para examinar la jugada en un monitor, mientras que por el pinganillo un asistente, el famoso VAR, le cotillea sus impresiones. Le pasan por la moviola, adelante y atrás, la grabación del mínimo contacto entre el pie de un futbolista y el tobillo del contrario, una y otra vez, a velocidad lenta y demorada. El árbitro se aproxima más, pega la nariz a la pantalla y pide que se lo vuelvan a reproducir; quiere más detalle, verlo otra vez. La jugada también se emite por las pantallas del estadio. Los minutos van pasando, el juego está detenido y el árbitro no se decide. Finalmente, el comentarista radiofónico no aguanta más y estalla: bueno, ya está bien, esto no puede ser, el invento se nos ha ido de las manos. El VAR está previsto, dice con razón, para corregir errores claros, obvios y manifiestos. Si el árbitro tiene que acampar ante el monitor y ver la jugada cuarenta veces, entonces el error no es claro y no ha lugar a la rectificación.

Ante el lamento del comentarista, no pude por menos que recordar el viejo asunto de los ERE, la gran ficción judicial que fue el origen de tantas otras que vinieron después. El delito de prevaricación administrativa por el que fueron condenados los políticos socialistas es un poco como la revisión del VAR: exige que la irregularidad sancionada como delito sea clara, manifiesta o grosera. La Audiencia Provincial de Sevilla necesitó 1821 páginas de sentencia para describirla; y aun así, no se entendía. No debía de ser tan clara la ilegalidad si su explicación exigía un relato tan prolijo y enrevesado, sobre todo cuando se trataba, según la tesis acusatoria, de conductas que se habían desarrollado a la vista de todo el mundo durante diez años, sin que nadie advirtiera nada extraño. El simple peso de la sentencia puesta en papel descartaba el delito: no era una irregularidad clamorosa, patente ni flagrante.

Por paradójico que parezca, los hechos eran bien sencillos. A finales de los 90 se vivía un momento especialmente crítico para numerosos sectores productivos de Andalucía; la Junta decidió aligerar los trámites para conceder ayudas, tanto a empresas como a trabajadores, y que el dinero no se demorara en llegar a quien lo necesitaba. Tiempo después, se advirtió que algunos tramposos habían aprovechado el trance para desviar ayudas a empresas de su pueblo o para incluir de intruso a algún amigo en listas de trabajadores afectados por un ERE. No hay más.

Se puso en marcha entonces un proceso penal que, tras unos inicios más bien titubeantes, terminó por dirigirse no tanto o no solo contra los maleantes que se habían lucrado ilícitamente sino más bien contra quienes habían diseñado el método de concesión de ayudas. Ahí el proceso se enfrentaba con una dificultad, porque este sistema estaba recogido en leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía, publicadas en el Boletín Oficial y conocidas por todo el mundo. No importó: en un alarde de temeridad, decidieron sentar en el banquillo a los políticos que habían propuesto la ley y elevado al Parlamento los proyectos legislativos donde se recogía este método. Los sentaron en el banquillo, los condenaron y muchos de ellos terminaron en la cárcel, condenados también por una extraña malversación sin dinero: ninguno de ellos fue condenado nunca a devolver ni un solo euro. Tras aquella sentencia de espanto, el asunto pasó por el Supremo, donde recordarán que se resolvió el recurso antes de sentenciarlo, y terminó en el Tribunal Constitucional, al que le bastaron bastantes menos folios para tumbar el estropicio de la sentencia de Sevilla; en realidad, le hubiera bastado una sola página donde se dijera lo obvio: que una ley no puede ser ilegal ni un sistema de concesión de ayudas previsto en la ley puede ser contrario a la legislación. Todo el asunto resulta un desafuero; no se olviden que hubo gente completamente inocente que pisó la cárcel por este delirio.

Cuando se afloja la burocracia se consiguen beneficios pero se asumen riesgos. Un exceso de reglamentación administrativa, con su madeja de presupuestos y requisitos, controles y verificaciones, podría facilitar la corrección formal del sistema: para garantizar que quien pide una ayuda realmente la necesita, qué mejor cosa que reclamarle montañas de documentos y justificantes, para someterlos a un minucioso escrutinio; para cuando reciba el dinero, puede haberse muerto de viejo. El legislador puede optar por simplificar el papeleo, por las razones de política económica o social que tenga a bien. Así sucedió, por ejemplo, en la contratación derivada del COVID-19, cuando el país necesitaba con urgencia remesas de mascarillas; había una situación de urgencia: los trámites se aflojaron, los plazos se aceleraron, los requisitos se simplificaron. ¿Se corrió un riesgo? Sin duda alguna. Ahora estamos viendo los daños colaterales (o los beneficios de los colaterales, como en el caso de Díaz Ayuso) del riesgo asumido, pero a ningún juez se le ocurrió sentar en el banquillo a los promotores de aquella normativa que en términos generales fue beneficiosa, al permitir la contratación urgente y eficaz de millones de mascarillas y material sanitario. Sería una insensatez juzgarlos: es obvio que estos promotores legislativos no fueron los autores de los fraudes que los bandoleros sanitarios cometieron aprovechando la relajación de controles. Habrá que repetirlo: la ley no puede ser ilegal.

Algún día se escribirá la historia de aquel asunto, un montaje fascinante dirigido desde el inicio hacia la condena y la cárcel, con mano firme y ritmo implacable, como una locomotora que fue aplastando a su paso todo aquello que se oponía a su destino final; como a la juez María de los Ángeles Núñez Bolaños, por ejemplo, encargada de instruir el asunto cuando Mercedes Alaya dejó su juzgado. Bien pronto se vio que Núñez Bolaños no le veía trazas a aquella tropelía, así que se la quitaron de en medio. El Diario de Sevilla informó de la dura queja de Núñez Bolaños ante el CGPJ, denunciando que pretendían “apartar de la instrucción a la juez que no comparte sus criterios jurídicos”. Lo consiguieron: Núñez Bolaños se vio abocada a firmar un papel cediéndole la manija del asunto al juez que le habían puesto de colaborador, Álvaro Martín Gómez; entre todos los intrusos detectados en el procedimiento, él fue, sin duda, el más singular de todos, al hacerse cargo de un asunto que no le correspondía.

Y ahí la locomotora prosiguió su marcha, arrollando sin piedad todo lo que pilló por delante, triturando a los acusados, luego condenados y siempre inocentes. Me quedo con tres detalles, a cada cual más provocador y estrafalario. El primero es este: a finales de mayo de 2016 el juez Martín dictó un auto concluyendo la investigación y formalizando la imputación contra los políticos del Partido Socialista en términos gravemente incriminatorios; el problema era que la investigación no estaba concluida. La ley indica que, dictado este auto, en ese mismo momento hay que dar traslado al fiscal para que presente su escrito de acusación. En un caso creo que único en la historia, el juez Martín decidió que todavía no acordaría dicho traslado porque había pruebas pendientes de ser practicadas; la investigación no estaba terminada. Entonces, ¿por qué dictar el auto antes de tiempo? Nunca lo dijo, aunque sabemos que apenas diez días después empezaba la campaña electoral para las elecciones generales que se celebraron el 26 de junio de 2016.

El segundo atropello fue también de manual: al dictar el auto de apertura de juicio oral, el juez Martín se sacó de la manga un nuevo delito, incluyendo sorpresivamente en la nómina de las acusaciones un delito de asociación ilícita que no había aparecido durante la investigación. De nuevo, actuó contra los acusados. La irregularidad fue tan llamativa que sus propios compañeros de la Audiencia Provincial se apresuraron a anular esta decisión antes de empezar el juicio.

Y el tercero sería para enmarcar: cuando convocó a los acusados a presentar sus escritos de defensa, el juez Martín se negó a darles el mismo plazo que había dado a la fiscalía para formular su acusación, vulnerando el derecho más básico de un proceso: la igualdad de armas. Una apisonadora no necesita guardar las formas. Incluso el Código de Justicia Militar aprobado por Franco en lo peor de la represión de la dictadura mantenía al menos esta apariencia de igualdad, dándole a ambas partes el mismo plazo para formular sus escritos de acusación y defensa. Esta gente fue más allá.

Decía Perfecto Andrés Ibáñez, en una lúcida entrevista, que en España el marco legal permite a un juez ser tan independiente como él decida serlo; es triste, pero tenía toda la razón. En nuestro país, la independencia judicial es una opción: si el juez decide serlo, lo será; si, por el contrario, decide no serlo y dejarse llevar por las rentabilidades de la dependencia, no tendrá ningún problema.

Álvaro Martín Gómez, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía Occidental, tomó posesión el 19 de septiembre de 2025 como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal.

Kitchen gana por 13 a dos a Ábalos-Koldo-Aldama (encarcelados preventivamente los dos primeros y contratado como showman y colaborador de la Justicia el tercero). Me refiero a los años que han tardado en juzgarse uno y otro caso. Desconozco a qué puede deberse tanta diferencia temporal o con qué criterios se aplican las vías rápida y lenta, pero no parece casual, ni tampoco que el origen solo esté en la complejidad o gravedad de cada uno de los asuntos. Mientras los discos duros de Génova 13 se suicidaban, el tiempo pasaba y a la Gürtel le siguió la Kitchen, que lleva largo tiempo en la cocina, la cual consiste en que la cúpula de Interior y de la Policía Patriótica se dedicaron a ocultar pruebas de los chanchullos financieros del PP gobernante. El caso Koldo-Ábalos-Aldama se refiere –de momento– a un trapicheo millonario de contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia, de lo que se deduce el escaso acierto de Pedro Sánchez al elegir a sus colaboradores más allegados. Gravísimo también, cuidado. Pero conviene no olvidar las diferencias. En este caso, Aldama, como ya anunció, ha culpado a Sánchez de todo —eso sí, sin pruebas, porque lo dice él y punto—.

La Justicia, y con ella la justicia, también quedó atada y bien atada en el antañazo, como advirtió el dictador asesino. Entre esta y la frase "el que pueda hacer que haga" de Aznar ha sucedido una transición que a veces no parece haber acabado su trayecto o, incluso, aparenta retroceder. He llegado a soñar, en un ataque de pesadillas judiciales, que ciertos jueces, con García Castellón a la cabeza, están intentando demostrar que el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas es Pedro Sánchez. Peinado, en cambio, está empeñado en que tal arcano se refiere a Begoña Gómez. Todo el entramado al que me refiero, con el que me atacaron los sueños, fue puesto para su solución en manos de la "inteligencia" que no supo descubrir quién era la X del caso GAL ni, por su mayor dificultad, descifrar el enigma M. Rajoy. La presidenta del tribunal de la Kitchen, Teresa Palacios, se ha instalado de forma sólida en ese apócrifo puesto de jueza defensora (del PP).

Cospedal continúa protegida en diferido por los jueces y el exministro patriótico Fernández Díaz por Marcelo, el ángel de la guarda cuyo papel fundamental no era aparcarle el coche, como quiso hacernos creer el cínico chupacirios.

Peinado, desmelenado en su obsesión con Begoña Gómez por su pecado conyugal, propone juzgarla por cuatro delitos tras una instrucción repleta de polémicas y errores, apoyado en las querellas de la ultraderecha de Vox (a gritos), Manos Limpias (que hieden) y Hazte Oir (mejor no escucharlos). El ministro Bolaños asegura que la actuación del juez ha avergonzado a ciudadanos y jueces y cree que ha hecho un daño irreparable. En respuesta, 23 jueces de Badajoz, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente las consideran un ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes.

Sin embargo, los jueces, de piel tan fina para lo suyo, critican las leyes que han de aplicar, cuestionando la voluntad popular que las impulsa, crítica que antecede a su desobediencia o a una aplicación restrictiva que desnaturaliza la decisión del legislador; como ya pasó con la ley de amnistía. Quieren hacer ellos las leyes.

Pero son las izquierdas y el Gobierno quienes dañan la imagen de los jueces, según el discurso de derechas. Nada que decir de los excesos de los jueces como los posicionamientos políticos de algunos de ellos con determinados partidos y en determinados medios, las intervenciones en actos de colectivos ultras, las descalificaciones gruesas e incluso insultos contra cargos públicos o el desprecio sistemático a otros órganos como la Fiscalía o el Tribunal Constitucional que no merecen ningún reproche ni de esos colectivos ni del CGPJ.

En unos casos los jueces aplican la presunción de inocencia; en otros, la de indecencia. La inaceptable tortedad de la justicia, o sea.

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José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández es socio de infoLibre.

Después de ver lo que ocurre en el juicio de Kitchen, mi mente se llena de dudas sobre el peligro que corre un país en manos de ignorantes y corruptos. Porque nadie podrá pensar que estoy polarizado. Simplemente he escuchado videos y veo el juicio y da vergüenza a españoles honrados. Por mucho que gente de la derecha que elijan quieran defender un imposible.

Sé que hoy y después los medios de comunicación que todos conocemos llenarán sus páginas de simplezas por no contar el deterioro a que ha llegado la política, o mejor dicho, la judicatura y el periodismo, por llamar a esas profesiones de alguna manera, pero donde no vemos representado lo que vemos en el juicio. Por mucho que se quiera defender a M.Rajoy y a Cospedal, da vergüenza ajena ver el comportamiento de jueces que acallan cualquier palabra que pueda herirles con el silencio absoluto del CGPJ y de los muchos jueces que sabemos de su integridad profesional. 

Es muy grave que en este país la justicia ya no se pueda escribir con mayúscula porque no se lo ganan. Empezando por el juicio al FGE y siguiendo hasta hoy se ve la lucha por echar del país a Sánchez sin explicar nada que haya hecho con datos. Porque una cosa es negarle hasta la salud y otra convencer con datos de lo que sea criticable. Incluso negando cualquier opción que nos haga saber qué harían en un gobierno, aunque ya lo sabemos, Extremadura y Aragón ya lo han explicado. Y ese hombre es el único que ve el mundo con claridad. Qué podemos esperar de Aznar, Abascal, Ayuso, Feijóo...

Cuando miro y estudio este país creo que sería una maravilla si no estuviera lleno de españoles. Porque pensando así sobre la España donde nací me encuentro con el rechazo de esos españoles que cito antes y que generan un cierto asco de que ellos definan lo que es ser buen español. Yo no lo soy, porque no soy patriota, pago todas mis obligaciones fiscales y sociales, trabajé mucho, muchísimo hasta mi jubilación, tanto como sentir que robé demasiado espacio a mi familia, y ahora me encuentro con que aquí existen varias clases de españoles pero yo no estoy incluido...

En plena era de la IA y la computación cuántica, me avergüenza lo que sucede en el país donde nací y del que cada día me siento más distante, si el futuro es el que parece. ¿No hay nadie que lo impida? ¿No hay nadie capaz de distinguir el fascismo de una derecha sensata? Ellos mismos lo niegan…

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

El empresario Víctor de Aldama ha acusado este miércoles en el Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" a la que ha dicho pertenecer, seguido del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

Y a este último le ha dado especial importancia al aseverar que ministros le cogían el teléfono porque sabían que "era una persona de Pedro Sánchez" y que el propio Koldo García le dijo que, como Sánchez no le pudo "colocar en la Moncloa", le colocó "a instancias de Santos Cerdán" en el Ministerio de Transportes.

Víctor de Aldama está protagonizando una extensa declaración en el juicio en el que se sienta en el banquillo junto a Ábalos y Koldo por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de mordidas, y en la que ha afirmado que pagó regularmente comisiones a ambos.

Durante un momento de la declaración centrado en otro tema -una licencia de hidrocarburos a una empresa-, Aldama ha sacado a colación las "jerarquías" de las que se "ha hablado mucho" en el juicio, en alusión a la tesis de los investigadores de la Guardia Civil que situaron al comisionista como quien "manda" en la presunta organización criminal. "El que paga manda", dijo uno de ellos.

Aldama, que ha reconocido estar en esa supuesta "banda organizada" o "criminal" de la que hablaron los agentes, ha querido dejar "una cosa clara".

"El señor presidente Pedro Sánchez está en el escalafón 1; el señor Ábalos en el escalafón 2 porque es el que daba y otorgaba", ha señalado, y ha ubicado a Koldo García en el puesto número tres y ya a él en el cuarto.

El comisionista, que se avino a colaborar con la Fiscalía mientras estaba en prisión provisional por un fraude millonario en hidrocarburos por el que está investigado en la Audiencia Nacional, ha reiterado que a él se le dijo que "todo lo sabía el presidente", y que el propio Sánchez también se lo transmitió en un mitín del PSOE en Madrid en 2019, cuando le dio las gracias por lo que estaba haciendo.

Y ha vuelto a destacar una vez más la fluidez en el trato de Koldo García hacia el presidente del Gobierno, a quien llamaba "Pedro y no presidente".

Aldama, que busca apuntalar su colaboración para rebajar la petición de 7 años de cárcel del fiscal y no entrar en prisión, también ha hablado de los pagos que se le atribuyen al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba -investigado en la parte del caso que se sigue en la Audiencia Nacional-.

Eran pagos de 2.000 euros mensuales, pero ha precisado que eran para paliar la deficiencias que tenía la unidad en la que el agente trabajaba, la UCE 2 dedicada a la lucha contra el terrorismo yihadista.

A cambio, la UCE 2 les facilitó teléfonos desechables -que no encriptados, ha dicho- tanto para él como para Koldo García y otras personas y a los que aludían en clave en términos de "café". De todo ello tenían conocimiento tanto el teniente coronel de esa unidad y el general, que también sabían que Aldama les regaló un dron.

Aldama está declarando en el juicio que se sigue contra él, Ábalos y el exasesor de este Koldo García y ha señalado que desde 2019 a 2022 entregaba a los otros dos acusados 10.000 euros en efectivo para que hicieran frente a los gastos que ellos mismos le habían relacionado que tenían todos los meses.

De este modo, ha dicho que Koldo García le relató los gastos que tenía el "jefe" (Ábalos) para "su exmujer, los niños, el colegio, lo mío...". Redondeando, esos gastos alcanzaban los 10.000 euros, una entrega mensual que cumplió hasta finales de 2022, según ha afirmado Aldama.

Hasta 250.000 o 350.000 llegó a llevar en una mochila al Ministerio, ha continuado el comisionista, quien ha reiterado que los 10.000 euros eran para gastos mensuales fijos y ha añadido: "Lo otro era dinero para ellos que yo no entro en qué hacían o no", pero lo que ellos siempre le decían es que "parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE".

Según su versión, preguntó al exasesor si esto lo sabía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que Koldo García le respondió que todo lo que hacían (las mordidas) lo "tenía claro y lo sabía".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este lunes que inicia una investigación por los comentarios machistas proferidos en febrero por el juez David Maman Benchimol, el magistrado encargado de la denuncia contra el ex jefe de la Policía Nacional. 

El promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces ha acordado incoar una diligencia informativa para estudiar las quejas recibidas contra el magistrado ocho de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Madrid. En el marco de una actividad formativa impartida a finales de febrero en el Colegio de la Abogacía de Madrid, el togado aseguró que las mujeres gozan de "ventajas" en los tribunales, afirmó que los abogados de las víctimas de violencia de género van "a la caza de la orden" de protección y deslizó que las madres "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres".

Sus comentarios han sido objeto de duras críticas por parte de líderes políticos y compañeros de profesión, derivando algunas de ellas en quejas formales. El propio Ministerio de Igualdad, mediante la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, registró una queja argumentando que sus palabras podían constituir una falta grave recogida en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por suponer un "exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos". Según la misma norma, este tipo de faltas podrán ser sancionadas con multas de hasta 6.000 euros.

El despacho Olympe Abogados también formalizó una queja el mismo jueves por la noche, mientras que un centenar de organizaciones y particulares emitieron al final de la semana pasada un manifiesto conjunto que se tradujo igualmente en una queja formal, por entender que sus declaraciones "pueden resultar incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto a la ciudadanía y ausencia de estereotipos de género exigibles a quien ejerce funciones jurisdiccionales".

La diligencia informativa equivale a una suerte de fase previa en la que el objetivo pasa por analizar los hechos denunciados. El siguiente paso, si así lo aprueba la Comisión Permanente, consistiría en incoar expediente y tratar de dilucidar si lo sucedido puede ser constitutivo de una falta. Entonces, el promotor elevaría una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria, cuyos miembros decidirán si se debe sancionar al responsable o archivar el caso.

Maman Benchimol compartió sus opiniones machistas en un contexto formativo y tan solo un día después de que una mujer denunciara al ex jefe de la Policía Nacional, José Ángel González, como presunto autor de una agresión sexual. Un mes después de pronunciar aquellas palabras, el juez denegó la medida cautelar solicitada por la víctima. El magistrado lleva más de una década trabajando directamente con víctimas, tras especializarse en violencia contra la mujer en el año 2011.

El secretario general de la asociación Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha solicitado nueve años de prisión para el agitador ultra Vito Quiles por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico, según informa EFE.

Esta petición ha sido formulada por el representante de Rubén Sánchez, como acusación particular, ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 18, cuya jueza procesó a Quiles por presuntas injurias y calumnias.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso EFE, el abogado del secretario general de Facua plantea que las calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad, por cada uno de los cuáles pide 12.000 euros de multa. Además, solicita que el acusado sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier actividad vinculada al periodismo durante el mismo periodo que la condena por las calumnias.

Junto a las citadas penas, reclama como responsabilidad civil una indemnización de 60.000 euros tanto a Quiles como a EDA TV como responsable civil subsidiario. Asimismo, pide que se condene a Quiles a grabar un vídeo donde dé lectura al fallo de la sentencia para que sea publicado en su perfil de X, su canal de Telegram y el canal principal de EDA TV en YouTube.

El abogado del secretario general de Facua identifica en su escrito de conclusiones provisionales la comisión de tres delitos continuados de calumnias durante los periodos del 15 al 28 de febrero, del 23 al 25 de abril y del 26 de junio al 21 de julio de 2022.

El letrado expone cómo Quiles fabricó una larga lista de bulos "de extrema gravedad" que constituyeron injurias y, sobre todo, calumnias publicadas "de forma dolosa, mendaz, tendenciosas y cargadas de odio". En todos los casos, señala el abogado de Sánchez, "con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad".

El abogado de Quiles, Juan Gonzalo Ospina, anunció que recurriría. Sin embargo, ya han vencido todos los plazos para hacerlo. El mismo también anunció que intentaría llegar a un acuerdo para que no llegaran a juicio. A la vez acusaba a Sánchez de "subir el tono y la confrontación" y el agitador ultra seguía atacando al secretario de Facua en X, llamándolo "extorsionador", "sinvergüenza" y "delincuente".

En la resolución en la que la juez procesó a Quiles señalaba que, del conjunto de diligencias instructoras y del conjunto de mensajes y videos que publicó en su momento sobre Rubén Sánchez, resultaban "claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar" al representante de Facua.

"Tal ánimo de venganza y represalias le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas, sin ninguna justificación legitima, no amparadas por la libertad de expresión", indicaba el auto, al que tuvo acceso EFE y que explicaba que esta no otorga el derecho a la ofensa.

"Ánimo ofensor que lleva a extremos intolerables al hacer afirmaciones gratuitas que buscaban solo hacer creer a terceros que realiza actividades nocturnas al menos inmorales y que de forma literal llega a afirmar, sin mas sustento que el ánimo de denostar al querellante, que Facua tiene relación con una trama criminal de abusos a menores tutelados", añadía dicha resolución judicial.

Quiles se refirió, durante un programa de EDA TV, a Facua como "sicarios" y "auténticos criminales". “Lo que hacen Rubén Sánchez y su banda en Twitter es pura actividad criminal (…), son mafiosos y extorsionadores de personas", publicó también en su canal de Telegram el 25 de abril de 2022.

En su declaración judicial, según informaron en su momento a EFE fuentes cercanas al caso, Quiles enmarcó, por su parte, todo lo que dijo sobre Sánchez en el contexto de posibles diferencias ideológicas entre ambos dentro de su derecho como periodista.

Vito Quiles, que fue de número 57 en la lista de los comicios europeos de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF), con la que colaboró durante la campaña electoral en labores de comunicación, aseguró también en su momento a EFE que la denuncia presentada contra él por Rubén Sánchez era "falsa".

No es solo uno de los más de 5.000 jueces que hay en España. Es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano constitucional que tiene como principal misión preservar, promover y defender la independencia judicial en España. Desde esa atalaya, a la que fue aupado por el PSOE y Sumar, el consejero Carlos Hugo Preciado ha denunciado que el Gobierno formado por esos dos partidos pretendería controlar la elección del próximo miembro español de la más alta instancia de protección de los derechos fundamentales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y lo ha hecho tras presentar su candidatura y no pasar la primera criba. Preciado ha impugnado el proceso ante la Audiencia Nacional y ha solicitado su paralización. Prospere o no, su recurso extiende una sombra de sospecha que afectará al debate sobre los candidatos y a la apariencia de imparcialidad de quien resulte finalmente designado, advierten en el CGPJ.

Preciado, que no ha recurrido las bases de la convocatoria hasta que no ha sido rechazado para el puesto, advierte ahora que la comisión que debe seleccionar a los tres candidatos de la lista que el Consejo de Ministros enviará a la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa para que dé su última palabra sobre el miembro español del TEDH está formada mayoritariamente por personas vinculadas al Gobierno. Esa comisión está integrada por tres miembros del Ejecutivo –los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y Justicia y el subsecretario de Presidencia– a los que se une una magistrada designada por el CGPJ (en este caso la designada es la vocal conservadora Gema Espinosa) y un jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, preferiblemente seleccionados entre personas que hayan sido miembros del TEDH (en el proceso actual, la catedrática de Derecho Internacional Público, miembro permanente del Consejo de Estado y exjueza ad hoc del tribunal, Paz Álvarez).

Con su recurso contencioso-administrativo, Preciado lanza dudas sobre la imparcialidad de un proceso que, sin embargo, fue regulado hace seis años por el Gobierno socialista mediante un reglamento precisamente para darle la objetividad, transparencia e institucionalidad que el Consejo de Europa –la organización internacional en la que se encuadra el tribunal europeo– reclamaba para los procesos internos de selección de jueces de cada país. En la anterior elección, la de la magistrada actual, María Elósegui, la preselección de la terna fue de cuatro miembros del Gobierno exclusivamente (secretarios de Estado y subsecretarios de Asuntos Exteriores, Justicia y Presidencia), sin la participación de ningún magistrado ni experto jurista, al contrario que ahora. El procedimiento, además, no estaba recogido en una norma, como actualmente, sino en unas simples “pautas” acordadas previamente por el Consejo de Ministros.

En cualquier caso, la última palabra sobre los tres candidatos finales, tanto entonces como ahora, corresponde al Ejecutivo, que, en teoría, puede devolver la terna de candidatos seleccionada si considera que no está formada por personas aptas para el cargo. Nunca lo hace. En realidad, en casi todos los Estados miembros, al igual que en España, la decisión final corresponde a alguna instancia gubernamental, ya sea el Consejo de Ministros, el presidente, el primer ministro o el ministro de Justicia o Asuntos Exteriores. Esas son las instituciones de cada país que envían la terna a la Comisión para la elección de los jueces del TEDH, un órgano de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el organismo que tiene en sus manos la decisión final sobre el nombramiento del juez de cada Estado.

Sembrar dudas sobre la intervención del Gobierno en el procedimiento de elección de los jueces, ya sea del último juzgado de pueblo o del presidente del Tribunal Supremo, o acusarlo de ataques a su independencia es uno de los mantras de la derecha judicial al que ahora se suma Preciado, un vocal del Poder Judicial progresista, elevándolo todavía más hasta el magistrado español del TEDH. Las asociaciones judiciales conservadoras (APM, Francisco de Vitoria y Foro) han llegado a comparar a España con la Hungría del recién derrocado Viktor Orbán –que sometió el Poder Judicial de su país al Ejecutivo–. Incluso han reclamado a la Unión Europea que abra un procedimiento de sanción contra España (que supondría cortar un flujo de miles de millones de euros en fondos europeos) por, supuestamente, vulnerar las normas europeas sobre el Estado de derecho. Bruselas jamás ha comprado esa iniciativa y, en sus últimos informes, ha valorado las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno de Sánchez.

Fuentes del sector progresista del CGPJ muestran su sorpresa con el recurso de Preciado porque, dicen, afectará a la imagen de la Justicia española ante uno de sus principales organismos evaluadores, el Consejo de Europa. Se cual sea el recorrido del pleito, estas fuentes dan por seguro que el cuestionamiento de la convocatoria por un miembro del órgano de gobierno de los jueces hará que las dudas sobre la legalidad del proceso planeen sobre todo el debate que mantengan los miembros de la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional. Dos de sus grupos de trabajo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y la Comisión de Venecia analizan periódicamente la calidad democrática de las instituciones y los poderes públicos en España y emiten recomendaciones. El grado de cumplimiento de estas últimas es también el termómetro al que recurre la Comisión Europea para redactar su informe anual sobre el Estado de derecho.

Las fuentes del Consejo consultadas, además, cuestionan la propia candidatura de Preciado, lanzada desde otro puesto de designación política como es el de vocal. El candidato ya desechado llegó a su cargo en el Poder Judicial en 2024 a propuesta del PSOE y Sumar, lo que podría afectar a su propia apariencia de imparcialidad en el proceso de selección de nuevo juez del TEDH al aparecer ya ligado a esos dos partidos, los que conforman el Gobierno cuya injerencia denuncia. Además, las fuentes critican que haya utilizado el órgano de gobierno de los jueces como “trampolín” para saltar a un nuevo puesto. Por último, recuerdan que en el caso de que hubiera podido conseguir la plaza en el tribunal europeo, el Consejo habría quedado definitivamente escorado a la derecha, ya que su sustituto sería un miembro de la conservadora y mayoritaria APM propuesto por el PP.

Fuentes del Gobierno aseguran que, por el momento, el proceso de selección sigue adelante. Si el vocal progresista consiguiera que la Audiencia Nacional lo paralizara cautelarmente, el resultado sería el bloqueo de la renovación del magistrado español del tribunal y la prórroga en ese puesto de María Elósegui, conservadora, perteneciente al Opus Dei y aupada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace ocho años. Elósegui fue muy criticada tras su nombramiento por formaciones como Podemos, IU o En Comú (estas dos últimas forman parte de Sumar) por varias manifestaciones homófobas previas a su designación como jueza española del TEDH.

Preciado, a través de un portavoz, ha rechazado hacer ningún tipo de declaración sobre su recurso contencioso-administrativo y los motivos que le han llevado a presentarlo. Sin embargo, su interposición ha generado ya un efecto. La comisión de selección ha decidido entrevistar a todos los candidatos al puesto, entre ellos al propio vocal progresista, pese a que inicialmente descartó a 13 de ellos, entre los que se encontraba el consejero propuesto por Sumar.