El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha arremetido este jueves durante el discurso del Estado de la Nación contra los republicanos por el asalto al Capitolio, que tuvo lugar el 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores de Donald Trump irrumpiera en el edificio para detener la sesión que confirmaba el triunfo del demócrata en las presidenciales de 2020, según informa Europa Press.

"No se puede amar al país solo cuando se gana", ha declarado el mandatario, que ha aprovechado la ocasión para dirigirse a los políticos estadounidenses y pedirles que se unan y defiendan la democracia, recordando su "juramento de defenderse contra todas las amenazas extranjeras y nacionales". En este sentido, ha pedido que aboguen por el respeto a una elecciones libres y justas, recuperando la confianza en las instituciones.

"Dejad claro que la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos", ha declarado desde el palco de la Cámara de Representantes, en el edificio del Capitolio."Mi predecesor y algunos de ustedes intentan enterrar la verdad del 6 de enero. (...) Muchos de ustedes estaban aquí en ese día tan oscuro", ha arremetido el mandatario, después de sostener que "los insurrectos que asaltaron el Capitolio pusieron una daga en la garganta de la democracia estadounidense".

Biden ha afirmado que la población estadounidense "vio con sus propios ojos que estos insurrectos no eran patriotas", que simplemente habían acudido para detener la transferencia pacífica del poder y anular la voluntad del pueblo en las urnas. Así, ha argumentado que este hecho, junto a las "mentiras sobre las elecciones" de 2020 y los "complots para robar" los comicios "supusieron "la amenaza más grave" para la democracia estadounidense desde la Guerra Civil. "Pero fracasaron. Estados unidos se mantuvo fuerte y la democracia prevaleció. Pero debemos ser honestos, la amenaza persiste y al democracia debe ser defendida", ha concluido.

Biden y su predecesor, Donald Trump, son los dos previsibles candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos tras arrasar en las primaras del supermartes, por lo que se repetirá el enfrentamiento electoral entre ambos vivido en los comicios de 2020, en un país polarizado tras el sorprendente triunfo del magnate estadounidense en 2016. Desde entonces, ambas candidaturas han estado marcadas por la avanzada edad de ambos y, sobre todo, por los numerosos procesos judiciales a hombros de Trump.

No ha sido el único tema que ha tratado durante este dircurso, en el que también ha dedicado una buena parte a la situación en Oriente Próximo. En los últimos meses, la gestión de Biden del conflicto en la Franja de Gaza le ha supuesto numerosas críticas internas. Así, ha querido reconocer la muerte de más de 30.000 palestinos en los bombardeos del Ejército israelí contra el territorio gazatí, razón por la que ha pedido a Israel "proteger a los civiles inocentes" en sus operaciones contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Israel tiene una carga añadida porque Hamás se esconde y opera entre la población civil. Pero Israel también tiene la responsabilidad fundamental de proteger a los civiles inocentes de Gaza. Esta guerra se ha cobrado más víctimas civiles inocentes que todas las guerras anteriores en Gaza juntas. Han muerto más de 30.000 palestinos. La mayoría de ellos no son de Hamás. Miles y miles son mujeres y niños inocentes. Niñas y niños también huérfanos", ha expresado durante su intervención ante el Congreso.

Asimismo, ha instado a Israel a permitir la entrada de más ayuda humanitaria y a controlar que los trabajadores humanitarios no se encuentren en situaciones de fuego cruzado. "Casi dos millones más de palestinos bombardeados o desplazados. Casas destruidas, barrios en escombros, ciudades en ruinas. Familias sin comida, sin agua, sin medicinas. Es desgarrador", ha añadido.

Sin embargo, ha vuelto a asegurar que Israel tiene el derecho de perseguir y acabar con la milicia palestina por los ataques del 7 de octubre", en la que murieron 1.200 personas y fueron hechos rehenes otras 240, en lo que ha descrito como el "día más mortífero para los judíos desde el Holocausto".

En ese sentido, ha hablado de "cinco meses desgarradores" para israelíes, palestinos e incluso estadounidenses, entre las que hay familias que aún esperan la liberación de sus familiares retenidos por Hamás, asegurando que su Administración no descansará hasta lograr su vuelta a casa. También destacando los esfuerzos de su Gobierno para lograr un alto el fuego de al menos seis semanas, que coincidiría con la celebración de la festividad del Ramadán, y que además permita la liberación de los rehenes.

Además, ha asegurado que Hamás "podría acabar con este conflicto hoy mismo liberando a los rehenes, entregando las armas y entregando a los responsables del 7 de octubre". "De este modo, los rehenes volverían a casa, se aliviaría la intolerable crisis humanitaria y se avanzaría hacia algo más duradero", ha agregado.

Respecto a la solución definitiva del conflicto palestino-israelí, ha vuelto a insistir en el reconocimiento de los dos Estados como única forma de "garantizar la seguridad y la democracia de Israel" y de "garantizar que los palestinos puedan vivir en paz y dignidad".

Por otro lado, Biden ha expresado que la estabilidad regional pasa por "contener la amenaza" de Irán, razón por la que ha creado una coalición internacional para proteger la libertad en el mar Rojo, donde los rebeldes yemeníes hutíes, apoyados por Teherán, atacan buques comerciales e incluso militares que consideren relacionados con Israel, Estados Unidos o Reino Unido.

"He ordenado ataques para degradar las capacidades de los hutíes y defender a las fuerzas estadounidenses en la región. Como comandante en jefe, no dudaré en ordenar nuevas medidas para proteger a nuestro pueblo y a nuestro personal militar", ha afirmado.

En el plano internacional, el dueño actual de la Casa Blanca también ha vuelto a pedir la aprobación de nuevos fondos de financiación para Ucrania, esta vez directamente ante el Congreso, comparando la situación actual en Europa con la Segunda Guerra Mundial y asegurando que "la historia está observando" las decisiones de Washington ante la "siembra de caos" del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Putin está en marcha, invadiendo Ucrania y sembrando el caos en toda Europa y más allá. Si alguien en esta sala piensa que se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará. Pero Ucrania puede detener a Putin si la apoyamos y le proporcionamos las armas que necesita para defenderse", ha declarado Biden ante los congresistas. En ese sentido, ha pedido "plantar cara a Putin" y aprobar el nuevo paquete de fondos de financiación militar para Ucrania, bloqueado en la Cámara de Representantes por una disputa presupuestaria entre demócratas y republicanos.

"Se lo digo al Congreso, tenemos que plantar cara a Putin. (...). La historia está mirando. Si Estados Unidos se aleja, pondrá a Ucrania en riesgo. Europa estará en riesgo. El mundo libre estará en riesgo. (...) Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco desde hace mucho tiempo, es sencillo. No nos alejaremos. No nos doblegaremos", ha expresado el mandatario. Sin embargo, ha aclarado que no está pidiendo militares estadounidenses para Ucrania, y ha prometido que "no hay soldados americanos" ni los habrá.

Biden ha comparado su intervención en el Congreso con la realizada en enero de 1941 por parte del entonces presidente Franklin Roosevelt, en la que el mandatario pidió abandonar las políticas aislacionistas por unas de intervención en el continente europeo, que entonces vivía la Segunda Guerra Mundial.

"La libertad y la democracia estaban siendo asaltadas en el mundo. Esta noche, vengo a esta misma cámara para dirigirme a la nación. Ahora, somos nosotros los que nos enfrentamos a un momento sin precedentes en la historia. Y sí, mi propósito esta noche es despertar al Congreso. Y alertar al pueblo americano de que éste tampoco es un momento ordinario. Desde el presidente (Abraham) Lincoln y la Guerra Civil, la libertad y la democracia no han estado bajo asalto en casa como lo están hoy. Lo que hace que nuestro momento sea excepcional es la libertad y la democracia que están siendo atacadas tanto en casa como en el extranjero", ha manifestado.

Asimismo, el presidente estadounidense ha criticado al expresidente Donald Trump por sus declaraciones en las que amenazaba con "dejar hacer a Putin lo que quiera" si los países miembros de la OTAN no aumentaban sus presupuestos de defensa. "Un expresidente estadounidense dijo eso, inclinándose ante un líder ruso. Es indignante. Es peligroso. Es inaceptable", ha agregado durante su discurso del Estado de la Nación.

Al finalizar el primer bloque de discurso, que ha comenzado con varios minutos de retraso, ha vuelto a celebrar la adhesión de Suecia y de Finlandia a la OTAN, una alianza militar que se encuentra "más fuerte que nunca". "Una vez más reafirmamos que nuestros valores democráticos y nuestra voluntad de defenderlos es lo que hace de la OTAN, la mayor alianza militar de la historia. Es lo que atrae a las naciones a nuestra causa. Es lo que sustenta nuestra unidad. Y junto con nuestro nuevo aliado, Suecia, la OTAN seguirá defendiendo la libertad y la democracia durante generaciones", ha expresado en comunicado.

Suecia se ha convertido este jueves en nuevo miembro de la OTAN tras finalizar todos los trámites para su integración en la organización militar, una vez Hungría ha depositado el protocolo de adhesión en la capital de Estados Unidos, Washington. Estocolmo se une así a sus vecinos finlandeses, que ingresaron en la OTAN hace ahora 11 meses, después de que ambos presentaran su solicitud tan solo unos meses después de la invasión rusa de Ucrania. Ambos, tanto Finlandia como Suecia, han tenido que lidiar con las reticencias de Hungría y especialmente de Turquía, que ha bloqueado el proceso alegando falta de cooperación en materia de seguridad.

Por último, el líder estadounidense ha pedido a los republicanos la aprobación de los fondos presupuestarios anuales para la seguridad fronteriza, y en la que también se incluye ayuda para Ucrania, además de afirmar que "no demonizará" a los migrantes. "Este proyecto de ley salvaría vidas y pondría orden en la frontera. También me daría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar temporalmente la frontera cuando el número de migrantes en la frontera sea abrumador", ha expresado.

Biden ha destacado que el proyecto de ley es el conjunto de reformas de seguridad fronteriza "más dura" en toda la historia del país, razón por la que ha instado a los republicanos a aprobarla. "Amigos republicanos, le debéis al pueblo estadounidense la aprobación de este proyecto de ley. Tenemos que actuar. (...) Podemos hacerlo juntos. Pero no demonizaré a los migrantes diciendo que 'envenenan la sangre de nuestro país'", ha criticado Biden, en referencia a unas declaraciones del expresidente Donald Trump sobre los migrantes irregulares. "No se trata de él o de mí. ¡Sería una victoria para Estados Unidos!", ha agregado.

Además, ha afirmado que, a diferencia de Trump, él sabe "quienes son los estadounidenses", recordando que se trata de un país creado por nativos americanos y de "gentes de todos los lugares de la Tierra" que llegaron "encadenados por la fuerza", por "la hambruna" de otros países como Irlanda, de donde viene su familia, para "huir de la persecución" o para "para perseguir sueños que son imposibles en cualquier otro lugar".

"No separaré familias. No prohibiré la entrada a Estados Unidos a personas por su fe. A diferencia de mi predecesor, en mi primer día en el cargo presenté un plan integral para arreglar nuestro sistema de inmigración, asegurar la frontera y proporcionar un camino a la ciudadanía para los soñadores y mucho más. Eso es Estados Unidos, de donde todos venimos, pero todos somos estadounidenses. Podemos pelearnos por la frontera o podemos arreglarla. Yo estoy dispuesto a arreglarla", ha sostenido.

Biden también ha explicado que el acuerdo serviría para contratar a 1.500 agentes fronterizos, crear un centenar de juzgados de migración para atender los más de dos millones de casos pendientes, contratar a 4.300 funcionarios de asilo extra para resolver los casos "en seis meses en vez de en seis años" y construir más de cien máquinas de alta tecnología para la detección de droga en la frontera.

Casi el 70% de las personas entrevistadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) censura que el Debate sobre el estado de la Nación, que tuvo lugar la semana pasada en el Congreso, se centrara en las críticas y los reproches entre partidos, generando conflicto, más que en la aportaciones de soluciones para los problemas que afronta el país.

Así lo pone de manifiesto el estudio realizado sobre esta cita por el organismo que preside José Félix Tezanos y que se ha hecho público este martes.

La encuesta evidencia que el Debate de política general, que no se celebrara desde 2015, es considerado poco o nada útil por el 64% de la ciudadanía, aunque un 45,8% de las personas entrevistadas confiesa haberlo seguido en directo, al menos en parte.

María Jesús Montero (Sevilla, 1966) no quiere desvelar ni un detalle de los impuestos a bancos y energéticas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate sobre el estado de la nación. Dice la ministra de Hacienda que primero tiene que entrar en pormenores con sus socios de Unidas Podemos y los grupos que suelen apoyar al Ejecutivo en el Congreso. Y que también escuchará a las empresas afectadas para identificar qué elementos técnicos de los impuestos se pueden mejorar. La norma, asegura, incluirá la prohibición expresa a eléctricas, gasistas, petroleras y bancos de que trasladen el gravamen al precio que pagan sus clientes.

En el salón de visitas del ministerio, el Salón Goya, rodeada de maderas nobles y medallones de Carlos III, Montero devuelve al PP sus críticas a las iniciativas fiscales del Ejecutivo atacando las políticas tributarias de Alberto Núñez Feijóo en Galicia y de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Al tiempo, ofrece a sindicatos y patronal poner encima de la mesa “cualquier medida” que permita alcanzar a la vuelta del verano el pacto de rentas anhelado por el Gobierno. Incluso tocar el impuesto de sociedades. A los socios de la coalición les insta a no subrayar tanto lo que les separa, mientras reduce a cuestión de “matices” e “intensidad” las diferencias entre ambos “en el día a día”.

Si le parece, empezamos por la noticia económica de la semana, los dos nuevos impuestos a la banca y las energéticas. Tanto quienes han aplaudido la medida como quienes la rechazan han pedido inmediatamente más detalles, que son los que determinarán su alcance. De momento, el Gobierno sólo ha revelado que se gravará a las empresas y entidades financieras que superen los 1.000 millones de euros de facturación. Repsol ingresó casi 50.000 millones en 2021, el margen bruto del Santander fue de 46.000 millones… cifras muy por encima del umbral fijado. Imagino que ya saben cuántas energéticas y cuántos bancos van a tener que pagar esos dos nuevos impuestos.

De lo que se trata en el abordaje de esta crisis, además de reforzar la solidaridad con Ucrania, atender a las familias y ser capaces de proteger el tejido productivo, es de distribuir la carga. En una crisis sobrevenida con la guerra en Ucrania, donde Europa está pagando un precio a través de la inflación, la redistribución de la carga es algo obligado. No es una originalidad sólo del Gobierno de España, sino que la están reclamando los organismos internacionales, la OCDE, el BCE, la Comisión Europea.

Hay una evidencia global de que en estos momentos hay un determinado sector empresarial que está teniendo unos beneficios por el aumento de los precios energéticos, o va a tenerlos con la subida de tipos, y de que es conveniente repartir ese esfuerzo, que no recaiga sólo en la gran mayoría social del país, sino también sobre aquellos sectores empresariales que están teniendo más margen o mejor cuenta de resultados por la inflación. Es de sentido común que se les pida una mayor contribución a estas empresas.

Por tanto, el Gobierno ha decidido poner en marcha una figura fiscal que permita hacer un gravamen sobre empresas energéticas –eléctricas, gasistas y petroleras– y entidades financieras, con una definición técnica que estamos ultimando y una recaudación de 2.000 millones para las primeras y 1.500 para los bancos cada año. Es decir, 7.000 millones adicionales en dos años que permitan financiar el incremento de las políticas dirigidas a las familias, como el cheque de 200 euros, para el que hemos recibido ya más de 300.000 solicitudes. Y que empezaremos a pagar la próxima semana.

La medida va muy en línea con lo que están haciendo otros países, como Italia, donde han puesto en marcha impuestos similares, en el caso de las energéticas. Estoy convencida de que en breve plazo de tiempo también lo harán con las financieras.

El detalle del impuesto lo están ultimando los técnicos. Debe tener gran solidez y seguridad jurídica, para evitar litigiosidad legal, aunque siempre que se ponen en marcha este tipo de figuras las grandes empresas las recurren a los tribunales. Pero creo que los ciudadanos podrán compartir perfectamente que necesitamos en este momento que aquellos que más se están beneficiando de la inflación también tengan mayor contribución a los servicios públicos, que es adonde van dirigidos estos mayores recursos y los decretos anticrisis del Gobierno, que tienen un coste de más de 15.000 millones.

Pero, ¿no nos puede decir a cuántas empresas van a afectar los dos nuevos tributos?

Todavía lo estamos viendo. El número será variable dependiendo de los años. No me gusta hablar de número de empresas, prefiero que sean ellas mismas las que lo trasladen, pero va a afectar a un volumen muy pequeño de ellas, que facturan unas cifras que ya quisiera la mayoría del tejido productivo de nuestro país. Por tanto, absoluta tranquilidad para las pequeñas comercializadoras y distribuidoras, para las medianas y pequeñas, porque no se van a ver afectadas.

Además, hay que huir del debate nominalista en materia fiscal, quiénes serán los afectados, porque la medida no se dirige a empresas determinadas, sino que hemos puesto un corte donde consideramos que es de mayor justicia, 1.000 millones, sin señalar a ninguna empresa. Aunque todo el mundo se puede imaginar cuáles van a ser las afectadas.

¿Puede avanzar cómo se va a gravar a estas empresas? ¿A partir de un determinado nivel de beneficios?

No, tenemos que esperar. Pero será de una forma muy sencilla, muy simple, para que no se pueda aplicar sobre el impuesto ningún tipo de ingeniería fiscal que lleve el rendimiento a su práctica nulidad, que es lo que ocurre con muchas de nuestras figuras tributarias y, sobre todo, con el impuesto sobre sociedades y con las grandes corporaciones.

Para el futuro, toda la reforma fiscal que impulsará el Gobierno tendrá en cuenta cuáles son las mejores formas de abordar la contribución de las grandes corporaciones. Es una preocupación internacional que estamos discutiendo en Europa. A ver si somos capaces este año de aprobar la directiva que permita gravar [a las grandes corporaciones] al menos un 15% en el impuesto sobre sociedades, como ya ha establecido el Presupuesto [del Estado] de este año.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se reunirá esta semana con los bancos. ¿Asistirá usted también a esa reunión?

No lo sé. En cualquier caso, antes de darles el detalle técnico a las entidades financieras, tendrán que conocerlo los grupos políticos que van a presentar la proposición de ley, el socialista y Unidas Podemos, como también los grupos que habitualmente están a favor de los proyectos que el Gobierno pone encima de la mesa y que, como se ha visto en el debate sobre el estado de la nación, reclaman conocer en primera instancia qué legislación el Gobierno ofrece a su consideración.

Tendremos diálogo con todos. También escucharemos al sector, porque conocemos sus inquietudes. La vicepresidenta ya se ha reunido con las petroleras y celebraremos reuniones con todas las empresas energéticas para hablar no sólo del tema fiscal, sino también de la reserva estratégica que debe tener España para hacer frente a un invierno que será duro. La Comisión Europea está advirtiendo ya de la posible falta de provisión de gas desde Rusia.

¿Se van a negociar los detalles de ambos impuestos con las energéticas y los bancos?

No, se negociará con los grupos parlamentarios. Vamos a escuchar a los sectores afectados sobre cómo lo ven y cómo creen que se puede hacer de la mejor manera posible. Es muy complicado que un sector al que se le pide un mayor esfuerzo aplauda una decisión sin más. Hay que entender la sensación que ellos trasladan, de inquietud, de incertidumbre, creo que es lógica cuando se les está pidiendo que aporten en mayor medida.

Seguro que tienen muchos argumentos que poner encima de la mesa y que pueden ser escuchados por el Gobierno de España, pero no para cuestionar la voluntad política que ejerce el Gobierno lejos de presiones. Sí para ver detalles técnicos que puedan mejorar el propio impuesto.

La primera reacción de los bancos ha sido advertir de que el nuevo impuesto dificultará su capacidad para financiarse en el mercado y, por tanto, para dar crédito a las familias y empresas. Y que terminarán repercutiéndolo en los clientes. ¿Cómo va a impedir el Gobierno que suceda? Usted ha dicho que se va a dotar de herramientas a la CNMC para que vigile. ¿Qué le falta a la CNMC para ser eficaz en esa tarea? Se lo pregunto porque con la ayuda de 20 céntimos a los carburantes, no se ha podido evitar que las petroleras absorbieran esa subvención.

La CNMC ha dicho que no se ha producido una absorción como tal de la bonificación del Gobierno. [Decir que las subidas de impuestos se repercuten en los consumidores] Es un clásico que se plantea en el debate político, sobre todo por parte de la derecha cuando no quiere decir que está protegiendo intereses de parte absolutamente minoritarios.

Todavía no hemos escuchado al señor Feijóo hablar de si comparte o no que en este momento los bancos y las energéticas contribuyan más a las arcas públicas para proteger a los ciudadanos. Se ha escudado en argumentos clásicos como que cualquier fiscalidad que se pone en marcha se repercute en los ciudadanos. [Si así fuera], entonces no existiría ni la fiscalidad sobre sociedades ni ningún tipo de fiscalidad, porque si al final las pagaran los ciudadanos, las empresas estarían libres de cualquier impuesto. Eso no se sostiene y no es el debate internacional.

En cualquier caso, el Gobierno quiere que conste en la propia norma la prohibición de trasladar ese gravamen al precio que pagan los consumidores y se le encargará a la CNMC, como se hizo con la subvención a los carburantes, que haga informes periódicos y vigile y, en caso de que haya un comportamiento irregular en el mercado, desarrolle su capacidad sancionadora. Pero también quiero decir que, si las empresas lo repercuten, tendrán más beneficios y por tanto pagarán más: está diseñado para que sea disuasorio y las empresas no trasladen el impuesto.

No creo que las entidades financieras tengan que trasladar ese mensaje como si se tratara de una suerte de amenaza o advertencia. Para el buen nombre de todas las instituciones sería bueno y conveniente que aceptaran que, en un periodo de especial dificultad para los ciudadanos, se les pida un mayor rendimiento en su tributación a aquellos que están beneficiándose del aumento de la inflación.

Pero ¿tiene suficientes herramientas la CNMC o necesita más?

Hablaremos con la CNMC por si necesita más, pero tiene herramientas suficientes para vigilar el funcionamiento de los mercados, sobre todo el energético, puesto que está regulado. Pero si necesita refuerzo de recursos para desarrollar ese trabajo, se la atenderá en esas necesidades para que desarrolle el trabajo a la perfección.

Estos nuevos impuestos se han interpretado como una apuesta por una hoja de ruta de izquierdas de cara a la negociación de los Presupuestos de 2023. ¿Es así? ¿Trabaja ya con los grupos de la investidura para conseguir apoyos al Presupuesto del año próximo?

Esta línea que el presidente marcó en el debate sobre el estado de la nación es de un absoluto consenso comunitario. Algunos intentan dar la apariencia de que el Gobierno de España hace cosas de una singularidad excesiva. No, lo están haciendo en otros países y son cosas de sentido común.

El principal partido de la oposición lo calificó de populismo fiscal. Pero populismo fiscal es defender las tesis del señor Feijóo, que viene a decir que, cuanto menos impuestos paguen los ciudadanos, más se recauda, y eso es algo que no se sostiene, ni con el comportamiento que él tuvo en la comunidad autónoma donde gobernaba, ni tampoco lo que hizo el PP cuando llegó al poder en 2012, que aprobó más de 50 subidas fiscales a la gran mayoría. Si su tesis es que se recauda más bajándolos, ¿cómo es que usted subió 50 veces los impuestos cuando decía que tenía una mala situación económica?

Populismo fiscal es decirles a los ciudadanos que, si se bajan los impuestos, no se van a recortar los servicios públicos. Lo contrario es decirle a la gente la verdad, trasladar con transparencia lo que queremos hacer y hacer una redistribución de las cargas que tenemos que soportar el conjunto de los actores sociales para transitar por este momento de crisis.

Igual haremos con motivo del Presupuesto. Hoy por hoy, el Ministerio de Hacienda está trabajando en el techo de gasto, que se llevará al Consejo de Ministros antes de que finalice julio. El ministerio tendrá una propuesta, el esqueleto articulado del Presupuesto, como lo llamo yo, y empezarán las reuniones, primero con nuestros socios del Gobierno para llegar al acuerdo sobre el proyecto y luego con el resto de las formaciones políticas.

Ese discurso del PP que reclama bajadas fiscales y que ha mencionado antes cala en determinados sectores de la población. ¿Qué mensajes plantea el Gobierno para contrarrestar los efectos de esas promesas de rebajas de impuestos?

Creo que es muy importante desenmascarar la estrategia del PP, sobre todo en el sentido de que todas las bajadas fiscales que plantean afectan como mucho a un 5% de la población. Tenemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que es la que utilizan los dirigentes del PP como referente. Fíjese que la emplea como referente hasta el presidente de mi propia comunidad autónoma, que en comparación con Madrid debería tener una especial garantía y blindaje sobre los servicios públicos que ofrece a los ciudadanos.

En concreto, las becas de la señora Ayuso, para familias de más de 140.000 euros, no afectan ni al 2% de las familias. Estamos hablando de una ayuda, porque no se puede manosear el término beca, que siempre se ha intentado dejar para expresar con mucha claridad cómo la sociedad ayuda a aquellas familias que no tienen renta para que sus hijos puedan progresar gracias al ascensor social que supone la educación.

También le pongo como ejemplo al señor Feijóo, que en Galicia modificó el impuesto sobre el patrimonio, que afecta a personas con patrimonios por encima de los 700.000 euros, una inmensa minoría. O cuando se habla del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que afecta al 2% de los ciudadanos.

Hay que decir la verdad. Cuando el PP habla de bajada fiscal, habla de bajar los impuestos a menos del 5% de la población para que repercuta en menos capacidad de gasto [público] para el 95% restante. Nuestra gran construcción fiscal la pagan la mayoría, o con mayor intensidad, las clases medias de nuestro país que, a cambio de esa contribución, reciben una mayor calidad en los servicios públicos. Somos clase media en la medida en que tenemos garantizado un acceso universal a la sanidad, a la educación o a la política de pensiones o de dependencia. Si la gran mayoría de nuestros ciudadanos debiera tener dinero ahorrado para hacer frente a la enfermedad o para un plan de pensiones para la vejez o para pagar los estudios universitarios de sus hijos, ni siquiera podríamos hablar en términos de consumo de clase media.

Por eso creo que es imprescindible tener unos servicios públicos de calidad que satisfagan a una clase media en sentido amplio para legitimar su utilización también a través del pago de sus impuestos. Y esto es lo que el PP no entiende, prefiere que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos, que es lo mismo que decir ‘sálvese quien pueda’: aquel que tenga dinero, tendrá un seguro privado, una universidad privada, un plan de pensiones, mientras la gran mayoría social no tendrá capacidad de protegerse ante las vicisitudes de la vida, entre ellas algo tan normal como la propia vejez.

Creo que hay que hacer pedagogía fiscal y, cada vez que se plantea como solución mágica una bajada fiscal, indiscriminada, ante cualquier problema, denunciar que siempre viene acompañada de un recorte en los servicios públicos que a quien perjudica es a la gran mayoría de nuestros ciudadanos.

La subvención de 20 céntimos a los carburantes ha recibido muchas críticas por ser una ayuda generalizada que termina beneficiando a quien más consume, que también es quien más renta tiene. ¿Va a continuar sin cambios esa medida? La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, mencionó que el Gobierno buscaba una fórmula para hacerla más selectiva.

Soy absolutamente partidaria de que el decreto-ley aprobado esta semana contemple tres bloques de medidas: uno para proteger a los sectores productivos, un segundo para las personas más vulnerables y un tercero, que defiendo a pies juntillas y va dirigido a las clases medias de este país, interpretadas en sentido amplio, donde se contempla la bajada fiscal de la luz; el tope al gas, que va dirigido al conjunto de los consumidores, por tanto también a la clase media, y los 20 céntimos de bonificación a la gasolina y el diésel.

De manera que me parece muy conveniente que, dentro de ese paquete de medidas, una familia que está ingresando 30.000 o 40.000 euros también pueda combatir mejor la inflación. Ellos son los que de forma proporcional más contribuyen con su fiscalidad a que el conjunto se proteja, también los más vulnerables. Así que soy partidaria de esas ayudas que afectan a la globalidad de la población y, por tanto, a la inmensa mayoría social.

Esta misma semana CCOO y UGT reclamaban al Gobierno un “control estratégico de los precios de bienes y servicios básicos”, al igual que ha hecho ya con el tope al gas o con los alquileres. El control de precios es poco menos que un anatema para la mayoría de los economistas. ¿Y para el Gobierno? ¿Se lo plantea siquiera de continuar descontrolada la inflación?

No, el Gobierno ha ido hasta el máximo de la capacidad que tenía con una medida más trascendente de lo puede parecer a primera vista. El tope del gas ha permitido bajar su precio un 20%. Aquellos que decían que era una medida de maquillaje, de escaparate, chocan 20.000 veces con la realidad. Cuando no les gusta, intentan ocultarla o directamente la niegan, como con las vacunas, y se convierten en negacionistas. Y me refiero al PP.

En este caso fue posible intervenir en un mercado que ya está regulado, como el energético. El resto son mercados libres y el Gobierno no tiene ninguna capacidad de intervenir. Lo que sí hemos hecho es garantizar a los agricultores una Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe las ventas a pérdidas y algo parecido se ha negociado para que los transportistas tampoco vendan sus servicios a pérdidas.

El Gobierno quiere impulsar un pacto de rentas. CCOO y UGT reclaman al Gobierno que diga ya “qué pone encima de la mesa” para conseguir el pacto. Y le exigen “medidas fiscales valientes”. En concreto, que toque el impuesto sobre sociedades porque los dos tributos recién aprobados les parecen insuficientes. Le traslado sus preguntas: ¿Qué va a poner el Gobierno encima de la mesa? ¿Va a tocar el impuesto sobre sociedades?

Es imprescindible que haya un pacto de rentas. Sería un mensaje muy claro a la sociedad que los agentes sociales, una vez más, tuvieran la capacidad que ya han demostrado en este periodo previo, aparte de su compromiso patriótico. El pacto de rentas pivota sobre distintas medidas, pero tiene como eje primordial el acuerdo sobre salarios. Sindicatos y empresarios dijeron al Gobierno que ese acuerdo es cosa de ellos dos.

Nosotros colaboramos con el SMI, pero en este caso se trata de cómo el sector privado es capaz de conciliar beneficios empresariales con aumentos de los salarios de los trabajadores, compatibles con una situación de sostenibilidad en el tiempo y que no produzcan efectos de segunda ronda. Lo que les trasladamos es que, en la medida en que se produzcan avances en materia del acuerdo salarial, el Gobierno está dispuesto a poner encima de la mesa desde la fiscalidad hasta las pensiones, los salarios de los empleados públicos o cualquier otra medida con la que ellos consideren que el Gobierno pueda contribuir. No en vano, el decreto que acabamos de aprobar podría haber sido parte perfectamente de un pacto de rentas.

Se llame o no pacto de rentas, el Gobierno está poniendo cosas encima de la mesa, pero si tiene que poner otras, estamos absolutamente dispuestos. De lo que se trata es de llegar a ese gran acuerdo con la contribución de todos. Así que nuestra mano [está] abierta y nuestra disponibilidad es del 100%.

¿Entonces están dispuestos a tocar el impuesto sobre sociedades?

Hombre, el de sociedades es uno de los impuestos que estamos tocando de una manera más clara y decidida. Claro que estamos dispuestos a tocar aquello que permita llegar al acuerdo. No hay ningún problema en la voluntad del Gobierno de España. Lo que sí le digo es que el de sociedades se tocó en el Presupuesto de 2022. Y no se habla lo suficiente de lo que ha hecho el Gobierno en materia fiscal. Entre otras cosas, subir el IRPF a las rentas de más de 300.000 euros, también a las rentas del ahorro por encima de 200.000, crear dos nuevos impuestos medioambientales, sobre plásticos y sobre vertederos, además del mínimo del 15% en el impuesto de sociedades [para las empresas que facturen más de 20 millones de euros].

Por tanto, estoy abierta a que el impuesto sobre sociedades dé un mayor rendimiento, porque es un problema global, no sólo europeo. Comparativamente con otras figuras fiscales, en la última década y fundamentalmente tras la crisis financiera, el de sociedades está teniendo un rendimiento a nivel internacional mucho más bajo del que se esperaba en el diseño del impuesto. En la OCDE y en la Comisión Europea estamos ya muy cerca de posibilitar la directiva, aunque como se necesita unanimidad… no terminamos de aprobarla.

Unidas Podemos insiste en que la reforma fiscal se haga ya. De hecho, acaba de reclamar en el Congreso un impuesto a las grandes fortunas, aumentar el IRPF a los salarios superiores a los 10.000 euros mensuales y gravar un 10% más a las grandes empresas de distribución [el PSOE votó en contra]. ¿Hasta cuándo se va a retrasar la reforma fiscal?

La reforma fiscal se ha ido ejecutando durante toda la legislatura. Yo no quiero que los ciudadanos crean que la reforma fiscal es un binario: se hace o no se hace. Se han hecho reformas fiscales: el Gobierno ha tocado en dos puntos el IRPF de quienes ingresan más de 300.000 euros, y las rentas del capital por encima de 200.000 euros. Ha puesto en marcha impuestos medioambientales. Le ha pedido un esfuerzo a las grandes corporaciones digitales para que aporten a las arcas públicas, el impuesto digital, y a las grandes transacciones financieras. El Gobierno ha desarrollado desde el primer día iniciativas fiscales, algunas veces incrementando la fiscalidad y otras veces, como ahora, desgraciadamente por la inflación, bajándola para proteger a las personas más vulnerables, como el IVA de la luz, que ha provocado una merma de más de 10.000 millones de euros [en la recaudación] en año y medio.

Me gusta decir siempre que la fiscalidad es un instrumento que tienen los gobiernos para desarrollar mayor justicia social y marcar excelencia en la prestación de los servicios públicos y, por tanto, se tiene que acomodar a la situación de cada momento. Iremos desarrollando las figuras fiscales y acompasándolas a la situación que vive el país. Lo haremos con el consenso y con el progreso necesario para que no se produzcan situaciones no deseadas.

Pactaremos el proyecto de Presupuestos con Unidas Podemos, con el PNV, ERC y con el resto de los grupos que hasta la fecha han conformado el bloque de progreso que ha hecho posible una legislatura que, a pesar de todas las inclemencias, la pandemia, el volcán, la guerra en Ucrania, ha demostrado dos formas distintas de abordar las crisis: la del recorte, la devaluación salarial y la precariedad del PP, y la que tiene que ver con la dignidad de los trabajadores, la protección de nuestro tejido productivo, un mayor bienestar social y la protección del empleo, como han demostrado los ERTE.

¿Va a deflactar el IRPF?

Bueno, hemos adoptado medidas que son similares o que tienen un efecto muy similar. Deflactar no es una medida oportuna, todos los organismos internacionales trasladan que no es conveniente hacer una medida generalizada de bajadas fiscales, sino que sean muy quirúrgicas: sobre qué sector se aplica, el energético en este caso con la bajada de la luz, y hemos preferido medidas como la bonificación del diésel y la gasolina, que se convierten en una renta indirecta y en una capacidad de ahorro a la que ahora se suma el abono de transporte público.

¿Cómo va la recaudación? En el primer trimestre iba a toda velocidad. ¿Y ahora, con la guerra en Ucrania y la inflación?

En el primer trimestre estaba condicionada por cómo terminó el año anterior. Algunos dicen que hasta mayo el Estado ha recaudado 15.000 millones más y se olvidan de que el Estado terminó diciembre con 8.900 millones de euros más que se incorporan como mayor recaudación cuando se comparan con los Presupuestos. Dicho de otra manera, si el Gobierno de España aumenta un 15% la recaudación respecto a lo previsto con un 3% de inflación, significa que la mayor recaudación no procede de la inflación sino del crecimiento económico robusto. Por tanto, llevábamos de arrastre 8.900 millones que nos han servido de colchón para este primer trimestre de 2022.

Por eso, cada vez que se dice que el Gobierno de España está teniendo una mayor recaudación, no hay que olvidar que viene de la buena gestión, de la protección de rentas que se produjo en 2021, porque los ERTE supusieron una magnífica protección de rentas. Vamos a estar en ese entorno de mayor recaudación para este año, que dedicaremos a los dos decretos que hemos aprobado: 15.000 millones y 500 más pactados con el transporte. Porque el dinero que ingresa el Gobierno lo devuelve en forma de protección a las empresas, a la clase media y los más vulnerables.

Lo digo porque algunos están comparando la mayor recaudación con los mayores beneficios de las empresas privadas. Y no me parece que ese argumento se pueda sostener de ninguna manera. El dinero de la recaudación de la Hacienda pública es de todos los ciudadanos y se repercute en todos los ciudadanos. Y el dinero que ingresan las empresas privadas se repercute en su cartera de accionistas y en su consejo de administración.

Los sindicatos acaban de pedirle que abra una mesa de negociación para subir los salarios de los funcionarios y que estos puedan recuperar el poder adquisitivo perdido con las congelaciones de la última década. ¿Va a hacerlo?

Vamos a hablar con ellos a través de la mesa de negociación habitual de la función pública, cuando nos acercamos al momento de elaborar los Presupuestos para el año que viene. Nuestra intención es alcanzar un acuerdo plurianual, desde la responsabilidad que tenemos que asumir todos, los sindicatos y el Gobierno, que está dispuesto a poner recursos. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en el pacto de rentas.

Los funcionarios son el alma de los servicios públicos, se les tiene que devolver en forma de calidad de vida este esfuerzo que están desarrollando y queremos ser ejemplares como estamos pidiendo a la empresa privada. Para eso tiene que haber un acuerdo que sea compatible con que no se produzcan efectos de segunda ronda y, por tanto, apelo a la responsabilidad de las organizaciones sindicales para que se parta de propuestas razonables.

¿Cómo se está aplicando la reforma laboral en las administraciones y empresas públicas, que tienen mayores porcentajes de empleo temporal que el sector privado? ¿Se han establecido ya las plantillas estructurales y acometido la estabilización de plazas? ¿Va a ser realmente ejemplar la Administración en la lucha contra el abuso del empleo temporal?

Creo que sí. Esta semana hemos aprobado la estabilización de 67.000 sanitarios y esto es directamente un efecto de la reforma laboral en la parte pública. La Ley de Estabilización del Sector Público mandató que sanidad y educación aprobaran en unos meses su propia reglamentación y su oferta pública de empleo para poner punto final a la precariedad acumulada durante esta década, pero sobre todo para establecer mecanismos que impidan que en el futuro se reproduzca esta situación. De manera que, cuando una plaza estructural esté ocupada por un interino o con alguien con un contrato temporal durante más de tres años, se considerará fraude de ley y se le tendrá que indemnizar.

Pero, sobre todo, el Estado tiene la obligación de sacar la plaza a la oferta pública de empleo más allá de las tasas de reposición que hemos visto en años precedentes. Este año es un antes y un después en la precariedad de las administraciones.

La vicepresidenta Calviño ha dicho que la inflación se mantendrá en los dos dígitos este verano. La Comisión Europea ha elevado la previsión del IPC en España del 6,3% al 8,1% para este año. Todos estamos pendientes de si Rusia corta el suministro de gas a Alemania este invierno. ¿Tiene margen el Gobierno para tomar más medidas en otoño si no se contienen esos 3,5 puntos de inflación que ha prometido el presidente?

Hay que ir paso a paso. A lo largo de los próximos meses tendremos que seguir monitorizando una situación que es volátil. Ahora estamos apurando la elaboración de los Presupuestos, porque cuanto más nos aproximemos a ese momento más acertaremos en las previsiones económicas. Además, el Gobierno ha sido muy prudente. No hemos inflado los ingresos. Esperemos que esa inflación no sea pertinaz y que empiece a moderarse después del verano, pero aún es pronto para saber cómo se van a comportar los mercados.

Además, las medidas recién aprobadas durarán un semestre, no un trimestre, porque ya hemos previsto que la situación va a ser complicada hasta acabar el año, pero ojalá no tengamos que adoptar medidas adicionales a las que anunció el presidente. Ojalá vaya todo reconduciéndose a niveles de inflación más optimistas para el año próximo.

Pero, ¿habrá que tomar medidas de ahorro energético como han hecho ya Alemania y Francia o aprobará esta semana la Comisión Europea?

El presidente ya lo dijo en el debate sobre el estado de la nación, la señora Gamarra lo ridiculizó y tres días después la Comisión Europea dijo exactamente lo mismo que había anticipado Pedro Sánchez sobre la necesidad de que todos aportemos nuestro granito de arena: que la refrigeración no esté tan baja, que la calefacción no esté tan alta y que hagamos un uso eficiente de la energía. Un comportamiento que es cívico, pero ahora más aún. Ya tenemos un Plan de Racionalización de la Administración Pública que obliga a apagar las luces y poner límites en la temperatura de los edificios. Esas medidas han venido para quedarse. El Gobierno quiere que permanezcan.

Algunos analistas ven inevitable la recesión en el horizonte, si Rusia corta el gas a Alemania y esta entra en recesión. Arrastrará al resto de la UE, incluida España, aunque más tarde, quizá en 2023. ¿Cuál es su pronóstico?

No es lo que ve el Gobierno ni observan la Comisión Europa ni los organismos internacionales. Hay un crecimiento robusto para el próximo año en todos los países; por tanto, estamos lejos de la recesión.

Creo que tenemos que huir de profecías autocumplidas y generar confianza en los inversores. Estamos ante una situación transitoria, la guerra no puede durar eternamente. Tenemos que ser capaces entre todos de disuadir de su comportamiento al tirano, de que no continúe con la invasión. Debo ser optimista y practicar la esperanza, y pensar que la guerra terminará, ojalá sea muy pronto, y volvamos al crecimiento tan importante que teníamos antes.

El desgaste de la imagen del Gobierno se atribuye a la visibilidad de las divergencias entre los socios de la coalición, que sale reforzada del debate sobre el estado de la nación. ¿Han hablado entre los socios o con Yolanda Díaz de la necesidad de evitar esa imagen de división? ¿Está blindada la estabilidad del Gobierno en lo que queda de la legislatura?

Respecto a la última pregunta: rotundamente. El Gobierno ha dado muestras de que en este periodo tan difícil hemos hecho políticas que nos unen, en las que estamos perfectamente de acuerdo y que marcan una manera distinta de mirar a los ciudadanos y, por tanto, de salir de la crisis. Lo importante es hacerse la pregunta de a quién se mira, a quién se protege, quién está en el centro de esa política, y nunca ha habido, le puedo asegurar, ninguna diferencia entre los dos partidos del Gobierno sobre a quién se coloca en el centro de esa mirada. Eso es lo importante. A partir de ahí, puede haber matices en la manera de abordar [las medidas], por intensidad, por [la aprobación de] medidas complementarias.

Hay muchos que rezan todos los días por que este Gobierno se rompa, desde el primer día han jugado a intentar derribar al Gobierno en los peores momentos que ha vivido el país. El PP ha tenido nulo sentido de Estado, no entiendo cómo un partido que ha gobernado este país ha podido desentenderse del interés colectivo para propiciar el partidista de una forma tan clara. Pero creo que el Gobierno ha dado muestras de su fortaleza, de que hay mucho más que nos une de lo que nos diferencia, aunque tratándose de dos partidos políticos diferentes, hay cosas en las que no estamos de acuerdo al 100%. Hay veces que he reprochado a los componentes minoritarios del Gobierno que subrayen más lo que nos diferencia de los que nos une, cuando eso no se corresponde con la realidad. En el día a día, le puedo asegurar que estamos mucho más en acuerdo que en desacuerdo.

Pese a muchos, este Gobierno va a agotar la legislatura, y lo va a hacer protegiendo a la gran mayoría social. Tenemos gobierno para rato. Nos queda una amplia agenda de reformas que, juntos y de la mano, vamos a desarrollar. Ellos [Unidas Podemos] dicen que hay que convertir en normalidad esas discrepancias, yo diría que no siempre hay que subrayar aquello que nos separa, porque se nos visibiliza por lo que hacemos juntos. Esta experiencia de gobierno de coalición está siendo magnífica para este país y está protegiendo a la gente, cosa que cuando llegue el momento de ponerlo en valor y de dar cuenta a los ciudadanos, estoy segura de que se nos recompensará.

Hemos vivido una semana de gran tensión política y mediática. Para el director editorial de infoLibre, el periodista Jesús Maraña (Sahagún, 1961), "estamos en una situación que va a costar levantar". El foco mediático se ha repartido esta semana en dos frentes. Por un lado, en el debate del estado de la nación que, según su opinión, "ha marcado un cambio". Por otro, en la publicación de nuevas grabaciones del comisario Villarejo en las que ha salido a la luz lo que califica como "una guerra sucia que pretendía liquidar a dirigentes políticos concretos y a opciones políticas concretas".

"Ahora mismo, describiría el estado de la nación como de un desgaste general, de la credibilidad política y de la confianza en los medios. Una especie de hartazgo de la situación, muy condicionada también por la economía, por la inflación y fundamentalmente por la incapacidad, sobre todo de la gente más humilde y de las clases medias, de poder equilibrar las subidas de precios desorbitadas y los ingresos salariales. Eso contribuye, junto a otros factores, a una situación que me parece preocupante, sobre todo por la sensación de que la gente no puede más o de que la gente se aparta, se harta y ya escucha menos. Le interesa menos acercarse a las noticias, las opiniones o a los análisis de los políticos, los periodistas y los medios. Me parece que estamos en una situación que va a costar levantar, pero también hay que infundir, como siempre, una dosis de optimismo y de confianza, porque de otras hemos salido".

"Hay que recordar que Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición venían de una etapa de desgaste muy profunda. Sánchez estaba sometido a una crítica constante muy dura y a unas encuestas que, después de las elecciones andaluzas, anticipaban la imposibilidad de que volviera a sumar para mantenerse en Moncloa en unas elecciones generales. Es muy difícil calibrar hasta qué punto, pero desde luego se aprecia el intento de Sánchez de retomar la iniciativa política y de marcar una hoja de ruta que no va hacia esa geometría variable a la que ha jugado varias veces, sino claramente en sintonía con los socios de investidura. Me parece que el presidente y la coalición de gobierno salen reforzados de este debate y ya veremos si esto les lleva a una rampa ascendente o es algo coyuntural".

"La explicación de que en este debate del estado de la nación hayamos visto un PP mucho más parecido al de Casado que al que supuestamente fomenta Feijóo tiene que ver con lo de siempre: con que el competidor principal es Vox y con la realidad de que el PP sigue sin tener una hoja de ruta de partido de derecha moderna, democrática y europea. Coincidía el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y eso se utilizó como excusa para volver a poner en primer plano algo con lo que conseguimos acabar hace más de una década, que es ETA, que es el terrorismo. Lo que hemos percibido es, por un lado, que siguen en esa utilización macabra del terrorismo. En segundo lugar, creo que se ha echado de menos también una oposición que presente su alternativa en una situación tan grave desde el punto de vista económico y que hace pasarlo tan mal a tanta gente".

"La fórmula del debate sobre el estado de la nación está definida desde 1983. El protagonismo lo tienen el presidente y los portavoces del resto de los partidos. La fórmula no estaba pensada para que una coalición hiciera balance de su gestión o presentara propuestas de futuro. Aunque un Gobierno es un Gobierno y al final las decisiones son colectivas, no hubiera sido raro que la representante principal del socio de Ejecutivo tuviera algún papel también. En este caso, podría haber sido la vicepresidenta, Yolanda Díaz. Pero a mí me parece que lo importante en esto es que las medidas que se han tomado y se han votado también son medidas sobre las que el socio de coalición más pequeño, Unidas Podemos, puede presumir de su autoría o al menos de empujar mucho y de haber peleado por ellas. En ese sentido, también el espacio de Unidas Podemos sale reforzado del debate".

"El posicionamiento de Vox después de la caída de Casado me parece que pasó por un periodo de desorientación, de reubicación o de esperar para comprobar cuál era la estrategia de Núñez Feijoo. Ahora, tengo la impresión de que no varía apenas la hoja de ruta de Abascal, Vox y la extrema derecha. Precisamente el hecho de que Feijóo, al menos aparentemente, intente ocupar un espacio más central para competir con un voto más moderado, supone que deja una franja mayor para que el extremismo y el radicalismo de Vox tengan más fortaleza. En ese sentido, me parece que no varía su estrategia. Al final, creo que Abascal reconfirma sus posiciones con la ambición de que a nivel estatal pueda llegar a ser tan necesario para el PP como lo ha sido en Castilla León y no como ha ocurrido en Andalucía. Ese va a ser el intento y le servirá todo a Vox para lograrlo".

"Desde hace tiempo, la percepción que tenían en el Gobierno y en los partidos que forman la coalición era que muchas medidas que han sido eficaces, y que además han ayudado a soportar la crisis de la pandemia y los primeros efectos de la crisis por la guerra o por los precios energéticos, no eran valoradas por la ciudadanía. Se echa siempre mano de la cosa de la comunicación. No creo que tenga tanto que ver con eso, como con la credibilidad política de cada miembro del Ejecutivo y del propio presidente y el daño que pueden hacer las apariencias de división o las divergencias demasiado sonoras percibidas como demasiado bruscas y duras en el propio Gobierno. Me parecería un error que el Ejecutivo creyera que todo el problema del desgaste en las encuestas se debe a una mala comunicación. Hay cuestiones de fondo que creo que se deben cuidar más, como es la unidad prioritaria de esa coalición, si se quiere no entregar el poder a las derechas en las próximas elecciones".

"El desgaste reflejado en las encuestas del Gobierno de coalición, del presidente y de la opción de izquierdas no creo que se resuelva con un debate del estado de la nación. Pero es verdad que son muy importantes las percepciones de la coyuntura política. De la misma manera que parece lógico que después de una victoria tan aplastante en Andalucía, psicológicamente, el PP se percibe como un partido que puede ser ganador, sobre todo sumando con la extrema derecha. La percepción psicológica después de un debate, y sobre todo de las medidas que salen del debate, puede variar en determinadas capas, porque sí se puede percibir que el año y medio que queda de legislatura es mucho tiempo. No diría que el debate cambie totalmente la percepción, pero sí que marca por lo menos un aviso a la derecha de que no tiene todo ganado. Por otro lado, creo que puede insuflar ánimo y disposición a movilizarse y a creer a mucha gente que estaba desanimada o decepcionada o, sobre todo, alejada de la tensión política diaria, del ruido, de la crispación".

"Los audios que hemos escuchado de Villarejo y Ferreras a mí me parece que son un absoluto escándalo. Esos audios confirman, de una manera más sonora y bastante cutre, que en este país existió una guerra sucia que pretendía liquidar a dirigentes políticos concretos y a opciones políticas concretas, como era Podemos y como era Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tiene todo el derecho del mundo a denunciar esa cacería. Cualquier demócrata debe denunciar esa guerra sucia que ha existido y en la que participaban actores policiales, políticos, mediáticos y judiciales. infoLibre fue uno de los primeros medios que se hizo eco de esos audios que publicó Crónica Libre el pasado domingo por la mañana. Lo reconoció el propio Iglesias. Después de eso, han ocurrido muchas cosas. Se ha establecido un debate muy ruidoso y se han planteado algunas dudas que también me ofrecen blancos, negros y grises. Creo que las explicaciones de Ferreras no son suficientes, sobre todo en lo que se refiere a no haber denunciado la falsedad de los documentos publicados por Inda y haber seguido dando cancha a sus inventos contra Podemos".

"En infoLibre hemos apostado siempre por no depender ni de poderes económicos, ni políticos, ni de grandes emporios mediáticos, ni de la publicidad institucional de comunidades o ayuntamientos u otras instituciones. Claro, cuando se apuesta por depender exclusivamente de los lectores, tú eres responsable ante los lectores, pero necesitas dar a ese medio una visibilidad que sin los recursos que ofrecen esos poderes, no la tienes ni la puedes conseguir. Esa es la realidad. Algunos dirigentes políticos y periodistas han exigido con mucho ruido que los periodistas de los medios independientes no vuelvan a acudir a las tertulias y a los programas de laSexta. Pero no he escuchado ni he visto un comunicado en el que todos esos dirigentes políticos digan que no van a volver a hablar en esos medios, en laSexta o en sus programas. Es una incoherencia que me cuesta entender. Me gustaría trasladar algo con absoluta honestidad: es muy injusto que alguien tenga que estar demostrando cada minuto y cada hora del día en qué cree y cómo actúa. Lo explicaba nuestro director, Daniel Basteiro, en un artículo sobre el asunto: nunca hemos dejado de decir lo que pensamos con absoluta libertad en los programas a los que acudimos. Y creo que es importante que nuestros argumentos y los valores que defendemos tengan eco y visibilidad máximas".

"Cuando hemos apostado por un medio que dependa exclusivamente de los lectores, sería un terrible error para todos que algunos lectores llegaran a actuar como actúan los poderes mediáticos, económicos, financieros o políticos: o hace usted lo que yo digo y lo que yo creo o me borro. Ese pulso me parece que debería llevar a alguna reflexión más profunda, no sólo para los periodistas que nos dedicamos o estamos en este intento, sino también para los lectores que se suscriben a medios, quizá confiando menos en la importancia de un periodismo riguroso y fiable que en reconfirmar constantemente sus creencias. Es de verdad de vértigo, levantarse por las mañanas y pensar si merece la pena toda esta pequeña batalla diaria por defender cosas fundamentales. Espero que haya una investigación a fondo de toda esa guerra sucia y también una reflexión autocrítica de medios, periodistas y lectores sobre lo que todo esto significa. Creo que también ha llegado el momento de reivindicar que no todos somos iguales, debemos avergonzar y señalar a quienes ensucian el periodismo en lugar de ejercerlo honestamente. Y la ciudadanía también tiene que asumir la responsabilidad de diferenciar el periodismo fiable de otro tipo de intereses".

"A raíz del asunto de los audios, durante estos días hemos recibido también miles de elogios en las redes de gente que había percibido que, con aciertos o con errores, habíamos actuado honestamente. Habíamos sido quizá el primer medio convencional en hacernos eco de esos audios y de lo que contenían. Me gustaría lanzar una reflexión. Si el 5% de esos elogios se hubieran convertido en suscripciones a infoLibre, no tendríamos ningún problema, ni ninguna incertidumbre sobre el futuro y la sostenibilidad del medio. No necesitaríamos ventanas para visibilizar mucho más lo que hacemos. Es triste, pero creo que todavía falta en este país mucho esfuerzo por parte nuestra, por los periodistas y los medios, para demostrar la necesidad absoluta de ese periodismo serio, riguroso, fiable, para que una democracia funcione. Y por otro lado, también falta que la gente, la ciudadanía, llegue a valorar lo que significa que existan esos medios".

"Venimos de varios años de tanta incertidumbre, de tanto griterío, de tanta polarización, que se percibe un agotamiento. Se percibe ese cansancio, ese agotamiento y hace falta un impasse. Nos hace falta un paréntesis, hace falta reposar un poco las cosas. La democracia tiene mucho que mejorar y en este país todas estas noticias que venimos viviendo, conociendo y comentando lo confirman. En este país creo que tenemos mucha necesidad de escuchar más, de gritarnos menos, de que haya menos capataces. Está esto lleno de capataces que parece que lo saben todo acerca de todo. Y yo lo siento, pero estoy cargado de dudas permanentemente. Y cometemos errores, por supuesto. Se nos ha reprochado que en un titular figurara el 'caso Inda' en lugar de "los audios de Villarejo y Ferreras". Acepto la crítica y asumo la responsabilidad, pero es injusto lanzar la insidia de que ese titular pretendía "blanquear a Ferreras". Con observar todo el tratamiento que hemos hecho y seguiremos haciendo sobre el tema o las opiniones publicadas en infoLibre se puede comprobar fácilmente. Estamos muy agradecidos a tantos miles de socias y socios del periódico que confían en nuestro trabajo. Todo el mundo sabe que para que un medio se sostenga y sea de verdad independiente, se necesita la complicidad, el apoyo y el compromiso de los lectores. Está siendo una pelea y una lucha muy lenta, muy complicada, porque coincide además con ese hartazgo ciudadano y esa apatía que se está extendiendo y que es preocupante. Pero seguimos en el intento".

Esquerra Republicana y Bildu se han aliado en el Congreso para presentar hasta ocho propuestas de resolución conjuntas en las que plantean, entre otras cosas, quitar el fuero a Juan Carlos I y a la reina Sofía, que la Cámara investigue sus posibles actividades como comisionista y las cuentas que la Familia Real pueda tener en paraísos fiscales, ha recogido Europa Press.

Además de insistir en la necesidad de que se derogue el delito de injurias a la Corona y se amnistíe a todas las personas perseguidas o condenadas en virtud del mismo, ambas formaciones independentistas piden que se cuantifiquen todos los gastos que generan la Corona.

Entre las propuestas que someterán a votación este jueves en el Pleno del Congreso, a las que ha tenido acceso Europa Press, figuran, asimismo, una nueva Ley de Fondos Reservados, reformar la del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

También defienden modificar todos los aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana "que atenten contra los derechos y libertades básicas de la ciudadanía", así como todos los contenidos en la Ley de Extranjería "que supongan una violación de los derechos humanos, de asilo e integridad física de las personas migrantes".

Por otro lado, ERC y Bildu piden un impuesto que grave los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas "sin límite temporal", reformar el diseño del mercado para evitar abusos de posición de dominio, y lograr la separación de actividad en los grupos integrados y gestionar la generación hidroeléctrica "para evitar posibles fraudes en las ofertas".

Asimismo, piden garantizar por ley la subida de los sueldos a niveles no inferiores a la inflación, así como incremento este mismo año del salario mínimo conforme al IPC. También exigen completar la reforma laboral con la recuperación de la indemnización de 45 días por despido improcedente, la autorización administrativa en caso de ERE, los salarios de tramitación y las causas del despido objetivo antes de 2012.

Por su parte, Bildu también ha registrado en solitario una propuesta para elevar la participación pública en los sectores y empresas estratégicas del 1,9% del PIB actual al 12% en sectores como la energía, la industria, las finanzas o las infraestructuras. Además, piden endurecer las sanciones aplicadas por la CNMC por manipulación de los mercados y contratos y otras malas prácticas.

Respecto a la banca, reclama hacer obligatorio su código de buenas prácticas, tanto para las entidades como para cualquier figura vinculada a ella, ampliar sus medidas de protección y un régimen sancionador ante posibles incumplimientos.

Por otro lado, y junto al BNG, ERC y EH Bildu han reclamado revertir el giro del presidente del Gobierno sobre el Sáhara Occidental y restablecer la posición tradicional de España de apoyo al referéndum de autodeterminación en la zona.

También demanda otorgar el estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas, y restablecer las relaciones "bilaterales horizontales" con las instituciones sahararuis.

El PDeCAT, por su parte, ha reclamado al Gobierno que convoque "a la mayor brevedad posible" la mesa de diálogo entre las autoridades estatales y catalanas y que esta aborde un proceso de "negociación y diálogo bilateral" que derive en "una votación" de los ciudadanos de Cataluña.

En cuanto a la resolución del conflicto, el PDeCAT también ha solicitado que se impulse una reforma del Código Penal para que el delito de sedición en la legislación española "sea homologable" a la del derecho comparado europeo en un plazo no superior a tres meses.

También ha pedido promover una ley de amnistía para todos los condenados y el sobreseimiento y archivo de los procedimientos contra cargos del Gobierno catalán y de entidades locales encausados en el marco del 9N, del 'procés' y del referéndum de 2017.

Por otro lado, el PDeCAT ha redactado otra propuesta de resolución para que el Estado tenga una "descentralización real y efectiva" y que "las administraciones descentralizadas dispongan de una financiación justa y adecuada".

Unidas Podemos concentra sus propuestas de resolución del debate del estado de la nación sus principales reivindicaciones de cara a los nuevos Presupuestos Generales del Estado y plantea un nuevo "contrato social" basado en un aumento de fiscalidad a las grandes empresas, precisamente una de las principales banderas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

De esta forma, el espacio confederal llama a profundizar en la reforma laboral con el impulso de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, subir el salario de los empleados públicos, impulsar una ley de usos del tiempo de descanso en el ámbito laboral y establecer un marco jurídico para la democracia en la empresa con la participación de los trabajadores en consejos de administración, iniciativas que ha reivindicado Díaz durante el lanzamiento de su nueva plataforma Sumar, ha informado Europa Press.

La formación morada opta por recuperar también otra de sus propuestas icónicas, crear una empresa pública de energía, que recupere instalaciones hidroeléctricas cuando las concesiones caduquen y que haga también funciones de comercializadoras. Su objetivo, contribuir a la bajada del precio de la luz y fomentar la transición ecológica. De esta forma, Unidas Podemos insiste con una propuesta que ya fue rechazada por el PSOE en el Congreso.

El espacio confederal, entre las propuestas registradas, demanda la subida cuanto antes del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60% de la retribución media del país, incrementar los salarios de los trabajadores públicos, elevar un 15% de las pensiones no contributivas del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que rige en muchas ayudas sociales y hacer permanente el incremento, también del 15%, del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Por otro lado, ahonda en su afán de lograr una reforma fiscal con la bajada del gravamen del 25 al 23% para las pymes, reducir el IVA de productos de productos de higiene femrnina y pañales, a las peluquerías y las clínicas veterinarias. Todo ello junto a su petición de establece un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre los beneficios reales y un recargo del 10% para las energéticas, así como un impuesto de grandes fortunas (que también fue rechazado por el PSOE este año) y elevar el tipo de IRPF a las rentas mayores de 10.000 euros mensuales.

Dentro del apartado laboral, defiende garantizar el sistema público de pensiones, poner en marcha una nueva Agencia Española del Empleo, regularizar las prestaciones por desempleos de las trabajadoras del hogar e impulsar que las cooperativas puedan constituirse como plataformas para garantizar los derechos laborales.

También insta a suscribir un pacto de estado para mejorar la financiación de la sanidad pública con un incremento de inversión del 7,5% sobre el PIB en los Presupuestos y elevar en los servicios públicos la ratio de profesionales por encima de la media europea en 10 años.

A ello suma la reivindicación de ampliar el Plan Corresponsables a 200 millones para llegar a 1,2 millones de hogares, ampliar los permisos de maternidad a seis meses, desplegar un permiso retribuido por trabajador para cuidado de familiares, desplegar un fondo de 10.000 millones para reforzar la sanidad y la educación y 600 millones más para dependencia.

Precisamente en materia educativa Unidas Podemos solicita extender la red de escuelas infantiles públicas, garantizar currículums educativos que tenga como ejes transversales el feminismo, los derechos LGTBi o la fiscalidad justa y revisar la legislación actual para cumplir con el principio de equidad.

En la parcela de salud insiste el socio minoritario en la derogación de la ley que permite la externalización de la gestión sanitaria, el desbloqueo de una nueva ley de salud mental, garantizar el derecho al aborto y su acceso a la sanidad pública e incorporar a los funcionarios dentro del sistema público de salud, suprimiendo así la opción actual de mutualidades.

En política migratoria, demanda una regularización de migrantes similar a Alemania y condenar las muertes acaecidas en la valla fronteriza de Melilla mientras que en el apartado de Igualdad exhorta a garantizar la paridad en los organismos públicos y el uso del lenguaje inclusivo

Además, rescata también los contenidos que ya esbozó en su iniciativa sobre libertad de conciencia al apostar por una ley que garantice la laicidad, unido a la supresión la asignación tributaria de la Iglesia católica, la eliminación de la asignatura de religión, la recuperación del patrimonio inmatriculado de la Iglesia, el impulso a la investigación de abusos sexuales en el ámbito eclesíativos y el fin de los acuerdos entre España y la Santa Sede.

Por otro lado, llama a defender el uso de todas las lenguas cooficiales y promover su uso en la radio y televisión pública, junto con actuaciones para limitar la apertura de casas de apuestas cerca de centros educativos o un nuevo modelo de financiación local.

El Partido Popular busca que el Congreso de los Diputados promueva la defensa de la Transición e intensifique el reconocimiento de las víctimas del terrorismo como "referente ético" del sistema democrático, en medio de las críticas que este partido ha lanzado al Ejecutivo por su pacto con Bildu para aprobar la Ley de Memoria Democrática. Además, plantea que la Cámara Baja censure el "acoso" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a las instituciones y garantice la "independencia" de las mismas.

Así se recoge en las propuestas de resolución que ha presentado el Grupo Popular que dirige Cuca Gamarra en el marco del debate sobre el estado de la nación y que se votarán este jueves en el Pleno del Congreso. Según el partido, ha recogido Europa Press, estos 15 textos constituyen algunas de sus "principales alternativas en las áreas económica, social e institucional para sacar a España de las crisis que atraviesa e iniciar un rumbo de estabilidad, crecimiento y creación de empleo".

En concreto, el primer partido de la oposición ha presentado propuestas para luchar contra la pobreza, combatir la inflación, sobre el sector energético, contra la ocupación ilegal, a favor de reducción del gasto público improductivo o en materia de sanidad, educación y discapacidad. También hay una iniciativa sobre política exterior y defensa, así como otra sobre vertebración del territorio mediante el transporte público.

El PP, que ha denunciado estas semanas el pacto entre el Gobierno y Bildu en la Ley de Memoria, ha presentado una resolución —bajo el título Modelo constitucional y víctimas del terrorismo— en la que critica las "pretensiones de algunos grupos de revisar las bases fundamentales que sostienen la construcción" de la democracia española.

Por eso, los conservadores piden que el Congreso inste al Gobierno a "promover la defensa de la Transición y de sus acuerdos como "base fundamental de la concordia entre españoles y superación de la dictadura franquista". También le solicita que defienda la Constitución como "piedra angular" del sistema democrático, así como que defienda el Estado de las Autonomías, uno de los modelos de "descentralización que más y mejor reconocen la diversidad y pluralidad de un país".

En la misma iniciativa, el PP emplaza al Ejecutivo a "intensificar al reconocimiento de las víctimas del terrorismo como referente ético" del sistema democrático español "adaptando la legislación española a las recomendaciones aprobadas por el Parlamento Europeo respecto a los crímenes de ETA y reforzando las políticas de prevención, cooperación internacional y persecución contra el terrorismo yihadista".

En esa resolución reclama en último lugar al Gobierno que promueva una "cultura democrática que rechace todos los totalitarismos que forman parte de la peor historia" de España y de Europa, y que rechace también "todos los métodos violentos que han intentado destruir" la democracia con "la persecución y el asesinato de cientos de españoles".

En otra propuesta para "garantizar la independencia y la neutralidad de las instituciones", el Grupo Popular emplaza al Ejecutivo a "cesar de manera inmediata el acoso e intervencionismo hacia las instituciones", y "garantizar la independencia e imparcialidad de autoridades independientes y organismos de regulación existentes en España".

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, que en las últimas semanas ha denunciado el "asalto" del Gobierno al CIS, la Fiscalía, el INE, el CNI o Indra, pide también en el mismo texto al Gobierno "elaborar la normativa necesaria para reforzar la independencia, imparcialidad, neutralidad y objetividad de todas las instituciones y organismos de la Administración Pública para que cumplan con objetividad su servicio a los intereses generales".

El PP también ha presentado una resolución en materia de seguridad para mejorar las condiciones retributivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la política de inmigración y reforzar "de manera urgente y permanente" los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla con más efectivos personales y medios materiales.

"Lamentamos el abandono del Gobierno español de las fronteras de Ceuta y Melilla", asegura en el texto, donde deplora los "graves sucesos" que se produjeron en una nueva tentativa de "asalto masivo a la frontera de Melilla con terrible pérdida de vidas humanas y elevado número de personas heridas".

En materia de política exterior y defensa, el PP expresa su apoyo en todas sus dimensiones del nuevo concepto estratégico aprobado en la reciente Cumbre de la OTAN y emplaza al Gobierno a "fortalecer la relación con Estados Unidos y apoyar la ampliación del contingente militar solicitado para la base de Rota", un punto con el que busca poner de relieve la división que hay en este extremo entre Podemos y PSOE.

En el bloque social, el Grupo Popular ha registrado cuatro resoluciones. En materia de discapacidad se insta al Gobierno a, tras una reunión este mismo mes de julio con las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria y con los representantes de las personas con discapacidad, consensuar un texto de reforma solo del artículo 49 de la Constitución, para suprimir el término 'disminuido' para referirse a las personas con discapacidad.

Otra iniciativa contiene una batería de medidas para luchar contra la pobreza y la exclusión social, especialmente la que afecta a la infancia, mientras que otra afecta a la sanidad para su mejora, que incluye la garantía de que el sistema de plazas MIR no deje plazas desiertas, como ocurrió en la convocatoria de este año.

En materia educativa propone un gran acuerdo con el fin de lograr que España pueda tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Incluye garantizar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos; la implantación de una prueba EBAU única en todo el territorio; gratuidad de 0-3 años del primer ciclo de educación infantil, y la aprobación de una Ley de ordenación de la profesión docente similar al consolidado en el sector sanitario.

De hecho, el PP aprovecha esa resolución para instar al Gobierno a recurrir ante el Tribunal Constitucional los decretos de la Generalitat que eliminan porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza.

En concreto, el PP pide al Gobierno hacer uso de la facultad que le concede el artículo 161.2 de la Constitución española para impugnar, en tiempo y forma, ante el Tribunal Constitucional el decreto ley por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, así como la ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, con la consiguiente suspensión automática de las mencionadas disposiciones.

En el área económica, el Grupo Popular ha presentado siete resoluciones en las que emplaza al Gobierno a deflactar el IRPF, bajar el IVA del gas, suspender el impuesto de hidrocarburos y reducir el gasto burocrático y la estructura del Gobierno.

En concreto, en el apartado relativo a reducir el gasto público improductivo plantea "acometer de inmediato una reducción del gasto burocrático que incluya entre otras medidas una nueva configuración de la estructura del Gobierno que contemple una reducción de, al menos, un tercio en el número de ministerios, con la correspondiente disminución del número de altos cargos y asesores".

Pedro Sánchez retrató el martes a Alberto Núñez Feijóo como un “traficante del miedo”, un “profeta de la catástrofe” que “sostiene que todo está mal, que el país se hunde. No analiza los problemas, sino que los distorsiona para extender el miedo, mercadear con sus falsas soluciones y sacar tajada del miedo social”. El presidente del Gobierno utilizó estos términos en el Congreso de los Diputados en el discurso sobre el estado de la nación en el que expuso su análisis de la situación económica y la estrategia que se propone seguir para evitar que, sobre todo la inflación, se cebe en los más desfavorecidos.

Para el líder del PP son “descalificaciones e insultos” que sólo tratan de impedir, asegura, que diga “la verdad”. Apenas 24 horas después del discurso de Sánchez, Feijóo ratificó que predicar la tormenta va a seguir siendo su estrategia, convencido de que una evolución negativa de la situación económica va a ser su principal baza para ganar las próximas elecciones generales. Obligado a guardar silencio en el Congreso, habló este miércoles ante los suyos, sin posibilidad de réplica, en la Escuela de Verano que el PP delebra estos días en El Escorial (Madrid).

“La situación económica en España es grave”, enfatizó. Y “si el rumbo no cambia”, añadió refiriéndose a ls medidas que el PP reclama desde el inicio de la legislatura, “empeorará”.

Apoyándose en su particular análisis de la economía española, que según él sitúa a España con los peores indicadores de la Europa en inflación, productividad, deuda, crecimiento y paro, lo que a su juicio prueba la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, subrayó que su obligación es ser “portavoz de la realidad”. Es el Gobierno, según él, quien comete una “falta de respeto a los hechos”.

Y “la verdad”, segun el líder del PP, “es que la situación económica en España es muy grave” y “que el rumbo al que llevamos la situación de nuestro país va a conllevar que la situación económica en España sea aún más grave”, resaltó. Como consecuencia de la pandemia y de la guerra –admitió por primera vez–, pero también por culpa de “la pésima política interna que impide buscar soluciones que palíen los problemas que tenemos”.

Porque, según Feijóo, aunque en su intervención Sánchez reconoció la gravedad de la escalada de precios y los problemas que está causando a los ciudadanos, el presidente no hizo otra cosa que “seguir intentando negar la realidad”. Falla en el diagnóstico, dijo, y en “los tratamientos”. No es más que “una triste secuela de la crisis de 2008”. 

Sánchez “se intenta esconder detrás de la mala situación mundial”, “niega la evidencia de que también tenemos problemas domésticos sin parangón con el resto de los países de la Unión Europea”, usa “las instituciones para tratar de adornar los hechos” y trata de “hacer ver que las estadísticas rigurosas y las previsiones objetivas forman parte de un complot contra el Gobierno”.

El líder del PP aseguró primero que el Gobierno vive en la “inacción”, incapaz de hacer propuestas para controlar la crisis energética, para después decir que sí ha tomado medidas, pero son las de Podemos. 

Sostiene que nadie conoce la estrategia del Gobierno “para frenar la inflación después del verano y para el próximo año” ni qué reformas y medidas estructurales están dispuestos a implementar”. Las “pocas que se adoptan” están dirigidas a conseguir “titulares de prensa” o a satisfacer a los socios de gobierno, “pero no hay nadie trazando un plan”. 

Una afirmación, la de la inacción del Ejecutivo, que no le impidió, al mismo tiempo, asegurar que Sánchez “le ha comprado las propuestas a Podemos”. En vez de un plan, criticó, Sánchez “ofrece un rompecabezas de medidas”. “Ya no es portavoz de la moderación”, está “centrado en cambiar el relato pero no la realidad. Su intento es parecerse cada día más a Podemos y acabará pareciéndose a [José Luis] Rodríguez Zapatero y eso es doblemente preocupante”. 

Las medidas que anunció Sánchez, que el líder del PP ni mencionó en su intervención de este miércoles para intentar apuntalar la idea de que no hace nada para resolver los problemas, significan para él “podemizar el Gobierno, activar el mayor populismo en política económica y política fiscal de Europa. Es sin ninguna duda un flaco favor al PSOE, a la moderación y al progresismo”.

Y cuando, después de hablar ante los suyos, fue interpelado por los periodistas acerca de los impuestos anunciados por Sánchez a la banca y a las energéticas para gravar los beneficios extraordinarios que están obteniendo gracias a la crisis y a la subida de los tipos de interés, evitó concretar nada escudándose en que es “imposible estar en contra de algo que no se conoce”. “No conocemos ni la base imponible, ni el contenido ni el gravamen”. 

Eso sí, anticipó, los españoles no querrán que “se repercutan otra vez en los ciudadanos” porque pueden suponer más comisiones para operar con los bancos, incremento de los tipos de interés y menos retribución de los depósitos de los ciudadanos. Y que aumenten “todavía más los impuestos a la luz”.

Tampoco aclaró qué votará su partido este jueves en el Congreso cuando se someta a la Cámara el segundo decreto anticrisis, del que depende, entre otras cosas, la continuidad de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, las ayudas a sectores afectados por la guerra o la congelación de los alquileres. Hay que ver “cómo va mañana el debate”, alegó antes de sugerir que la decisión depende de que el Gobierno acepte tramitarlo como proyecto de ley para poder presentar enmiendas.

En su réplica extramuros del Congreso al discurso de Sánchez, Feijóo le acusó de pedir “a los ciudadanos que asuman el 100% de las responsabildades que elude el Gobierno”. Y le reprochó pedir a la población que mida sus compras de alimentos y consuma menos energía para combatir la inflación.

En realidad Sánchez lo que dijo es que durante la pandemia cambiaron “nuestros hábitos de vida y de compra, empezamos a demandar más algunos productos que antes. Empezamos a gastar más en alimentación, empezamos a consumir más electricidad, a reformar nuestras viviendas. Y lo cierto es que muchas cadenas de producción no fueron capaces de satisfacer ese incremento tan súbito de la demanda”. No pidió en ningún momento que la gente gaste menos en comida.

Y tampoco propuso controlar el gasto energético para bajar la inflación, sino para prevenir los problemas de abastecimiento que se pueden producir si Putin corta el suministro de gas a Europa y España se ve obligada a ayudar a los países más afectados compartiendo su energía. Es en ese contexto en el que dijo que “deberemos adoptar medidas de ahorro energético. Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar un poco la temperatura de nuestra calefacción o subirla en el aire acondicionado. Nada que atente contra nuestro modo de vida, pero sí acciones que nos permitan defender nuestros valores y nuestro modo de vida cuando se ve atacado”. Medidas, por lo demás, muy parecidas a las que ya están impulsando países como Alemania.

Pero a Feijóo le dio igual. Tomó esas dos referencias para acusar a Sánchez de culpar a los españoles de “comprar muchos alimentos” y “pasarse” consumiendo energía. “La única solución” que propuso el presidente, según el líder del PP, “es una llamada general a apretarse el cinturón. Con la excepción del Gobierno, que sigue dispuesto a mantener el Ejecutivo más caro de la historia de España”. Es “un insulto a las familias“, remachó. 

Detrás de esta situación, concluyó, no hay otra cosa que un Gobierno “en descomposición” que está “a pocas encuestas más del sálvese quien pueda”.

En el segunda jornada del debate sobre el estado de la nación el protagonismo no ha recaído sobre Pedro Sánchez, sino sobre sus socios parlamentarios, indispensables para sacar adelante medidas como los impuestos para las grandes empresas energéticas que se están lucrando con la crisis y para las entidades financieras que están empezando a verse beneficiadas por la subida de los tipos de interés. Unas tasas que el Ejecutivo planea incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que deberán ser ratificados por mayoría en la Cámara Baja.

El martes el debate acabó con la intervención de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, que se ha convertido en esta legislatura en uno de los aliados clave del Gobierno gracias a sus 13 diputados. Rufián protagonizó una dura intervención en tribuna, si bien admitió que las medidas estaban bien siempre que fueran “estructurales, valientes y permanentes” y no "temporales, extraordinarias y coyunturales": "El Gobierno tiene que hacer cosas permanentes porque la justicia real o es permanente o no es", advirtió.

Un mensaje que han transmitido también otras de las formaciones que forman parte del llamado bloque de investidura, como Íñigo Errejón, el portavoz de Mas País. Este se ha mostrado satisfecho con el "golpe de timón" progresista con las medidas anunciadas ayer, pero ha instado a Sánchez a "llegar hasta el final" con "fortaleza" porque la ciudadanía "no aguanta una decepción más". Errejón es uno de los aliados habituales del Gobierno y ha ensalzado que era necesario ese giro "firme" de Sánchez a la izquierda.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha celebrado los nuevos impuestos a la banca y las empresas energéticas, aunque ha hecho hincapié que solo se los creerá "cuando los vea en el Boletín Oficial del Estado": "Celebramos de verdad estas medidas anunciadas, pero eres aquello que haces, no lo que dices que harás", ha advertido. El valenciano también ha instado a Sánchez a aprovechar el tiempo: "Se han hecho cosas y se pueden seguir haciendo con una mayoría progresista, que es la única que hace avanzar el país. Aprueben sus asignaturas pendientes en septiembre, nos queda un año, aprovechémoslo".

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, ya valoró el martes que estas medidas van "en la buena dirección” y “en consonancia” con lo que pedía la formación independentista y los partidos del “bloque plurinacional”. “Valoramos positivamente que el Gobierno se abra por primera vez a poner en marcha un impuesto a la banca y a aplicar un impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas", se felicitó. En ese sentido y, al igual que Rufián, insistió en que "deben ser permanentes y estructurales”, y “no temporales como ha anunciado Sánchez”. 

Para la portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, las medidas anunciadas por Sánchez son "positivas", pero cree que al dirigente socialista "le falta la mitad", apremiándole a controlar los precios o a subir los salarios más allá de la bonificación al transporte o los dos nuevos impuestos.

Por su parte el portavoz del PNV, Aitor Esteban,  ha lamentado que algunas de las medidas anunciadas "exceden" las competencias autonómicas, un reclamo que se ha extendido a lo largo de su intervención. El dirigente vasco ha demandado a Sánchez que afronte "con valentía" el conflicto político con Catalunya y la negociación del nuevo Estatuto de Autonomía para el País Vasco "atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia".

El portavoz nacionalista ha admitido que el PNV podría apoyar algunas leyes, pero le ha echado en cara a Sánchez sus "improvisaciones": "El anuncio de alguna de las medidas supuso un revolcón en la bolsa. Es cierto que hay empresas que obtienen un margen de beneficio extraordinario, mi grupo no está en contra de gravarlas pero no de cualquier forma”, ha afirmado. Esteban también le ha advertido de que debe cambiar su actitud respecto a sus socios parlamentarios y no "ocultarlos" cada vez que hay una elecciones.

El líder del PDeCAT, Ferran Bel, también ha apreciado "cierto grado de improvisación y poca coherencia" en algunas de ellas, poniendo como ejemplo la gratuidad en los trenes de cercanías, y censurando que "hace dos semanas se anunció una reducción del 50%". Bel se ha preguntado también "por qué no se ha extendido a los usuarios del autobús o del metro".

La portavoz de Junts Per Catalunya, Míriam Nogueras, ha asegurado que "Cataluña pierde", con Sánchez en el Gobierno porque los catalanes "no quieren depender de sus políticas subsidiarias": "Es muy fácil anunciar el abono de tren gratuito en un lugar como Madrid, pero en Cataluña, donde acumulan una deuda en infraestructuras vergonzante, su medida solo va a servir para que la gente que viaja siga llegando tarde a sus trabajos, pero ahora de manera gratuita de septiembre a diciembre", ha apuntado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el debate sobre el estado de la nación ha visualizado que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos está "en crisis" y en "descomposición". Además, ha criticado el "rompecabezas" de medidas que presentó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y que, a su entender, evidencia que ha "copiado" y "plagiado" las propuestas de Podemos y de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha informado Europa Press.

"España se juega mucho más que el señor Sánchez, España se juega su futuro y el futuro del señor Sánchez es muy corto", ha manifestado Feijóo en la inauguración del curso de verano "Fortalecer Europa con una alternativa para la mayoría" que ha organizado la delegación española del Grupo PPE en el Parlamento Europeo en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Feijóo ha hecho hincapié en la "notable" diferencia que hay entre lo que ofrece Sánchez y el PP. Así, ha dicho que el jefe del Ejecutivo ofrece un "rompecabezas de medidas" y un Gobierno "fragmentado y desconectado con la realidad".

Por el contrario, ha subrayado que el PP plantea planes que "reflejen una visión coherente del país" y un partido "unido, conectado con la realidad" y que apuesta por las bajadas de impuestos a las clases medias y bajas.

"Comparto con la mayoría de los españoles que un Gobierno en crisis no puede gobernar esta crisis. Y este gobierno tiene una profunda crisis y, por tanto, cuando hay crisis es imposible gobernar la real crisis que se produce fuera del Consejo de Ministros que afecta a 47 millones de españoles", ha proclamado.

Feijóo ha subrayado que su partido no se va a "alegrar de la descomposición" del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y ha añadido que le "entristece" ver a Sánchez "a merced de minorías que niegan la propia nación".

"Somos una alternativa, lo vamos a seguir siendo y mantenemos la mano tendida al Gobierno para establecer planes contra la inflación y propuestas ante la situación energética del país, así como la dignidad territorial de España", ha apostillado.

El presidente del PP ha considera que el debate sobre el estado de la nación va a poner de relieve que "una mayoría de españoles que confiaban en el actual Gobierno, ya no confía" en él. "Ni es portavoz de la realidad ni tampoco es portavoz de la moderación a la que se suman la mayoría de los españoles", ha manifestado, para subrayar que hay una España "moderada que se ha ido alejando" de Sánchez conforme el jefe del Ejecutivo "se ha ido alejando de la moderación".

A su entender, en su "huida hacia adelante" el Gobierno está centrado en "cambiar el relato pero no en cambiar la realidad". Y por eso, ha dicho que en su "intento de parecerse cada día más a Podemos, todo indica que acabará pareciéndose al expresidente Rodríguez Zapatero ante la crisis financiera". A su juicio, eso es "doblemente preocupante".

"El señor Sánchez podía inspirarse en Pablo Iglesias, fundador del PSOE o en Pablo Iglesias, fundador de Podemos. Y ha optado claramente por parecerse al fundador de Podemos", ha manifestado, para avisar que "podemizar el Gobierno y activar el mayor populismo en política económica y política fiscal de Europa, es sin ninguna duda un flaco favor al PSOE, a la moderación y al progresismo de España".

Además, ha afirmado que con las medidas "de parche en parche" de Sánchez acabarán pagando "los de siempre" y no los que más tienen. "Las escasas medidas que se adoptan van dirigidas a responder a titulares de medios y a mantener la coalición de gobierno", ha apostillado.

Feijóo ha criticado de nuevo que España tenga el Ejecutivo más amplio y caro de la historia. "¿Cabe mayor insulto que Sánchez pida a las familias que se aprieten el cinturón y mantenga el Ejecutivo más caro de la historia", se ha preguntado.

En este sentido, ha censurado que Pedro Sánchez pretenda que los ciudadanos asuman "el cien por cien de las responsabilidades que elude el Gobierno". "Ante la inflación pide a los españoles que midan sus compras en el supermercado; para combatir la factura energética, que no se pasen consumiendo energía", ha aseverado, para quejarse de que se haya negado "otra vez" a bajar el IRPF a las rentas medias y bajas.

Además, ha afirmado que los políticos que ahora descargan la responsabilidad sobre los ciudadanos "son los mismos que llegaron al poder prometiendo que acabarían con la pobreza energética, el Gobierno más social de la historia". "Con 50 euros en megavatio, había que acabar con la pobreza energética, con más de 300, no hay que encender la luz", ha enfatizado.

Según Feijóo, Sánchez "puede seguir intentando negar la realidad", pero la realidad va a seguir negando a Sánchez: los hechos están ahí, en cada hogar, en cada familia, en los autónomos, las pymes y las facturas. "No hay diagnóstico realista, pero tampoco una reacción mínimamente atinada porque no tenemos un Gobierno apto para afrontar una crisis económica de esta magnitud", ha agregado.

Además, ha indicado que "la resistencia ha dejado paso a la supervivencia y que están a pocas encuestas más de pasar al sálvese quien pueda". "De lo que no sabemos nada es de lo que verdaderamente importa a España", ha declarado.

Tras asegurar que nadie conoce la estrategia ni el plan del Gobierno contra la inflación y la crisis porque "no existe", ha dicho que le "entristece ver al Gobierno de la Nación a merced de las minorías que niegan por principio a España y al Estado".

Finalmente, ha reclamado a los dirigentes del PP "un poco más de ambición y seriedad" de la que se vio en el Debate sobre el estado de la Nación porque el Partido Popular va a verse ante el reto de gestionar, "más pronto que tarde, la reconstrucción económica y la reconstrucción institucional" de España.

El anuncio de Sánchez de nuevos impuestos para las grandes empresas energéticas que se están lucrando con la crisis y para las entidades financieras que están empezando a verse beneficiadas por la subida de los tipos de interés ha gustado al socio minoritario del Gobierno. Unidas Podemos lo venía reclamando desde hace meses y sus principales líderes han aplaudido el anuncio, si bien la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha indicado que “faltan las grandes corporaciones que cotizan en bolsa y tienen beneficios muy importantes”.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha celebrado que es su formación la que ha “reorientado" el rumbo del Ejecutivo de coalición ya que, hasta ahora, los socialistas se habían negado a aplicarlo. Belarra ha señalado que ese rumbo tiene que concretarse en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero se ha mostrado “muy satisfecha” con las medidas anunciadas, de las que se han enterado este mismo martes, al igual que Díaz. Según fuentes gubernamentales, este ‘celo’ era para evitar filtraciones.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, y el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, son los que han intervenido en tribuna para dar cuenta de la posición de la formación confederal. “Hoy ha recuperado la iniciativa, ha dado un golpe de timón”, ha celebrado Asens. “Hoy ha mirado a la izquierda y se lo agradecemos, pero también ha mirado a la derecha”, ha proseguido, censurando el gasto militar que Sánchez se ha comprometido a subir hasta el 2% del PIB.

Se trata de la misma crítica que ha lanzado Echenique. “Consideramos que hay que dedicar todos los recursos a la protección social y no al armamento”, ha valorado. El dirigente de Podemos ha calificado “muy positivamente” los anuncios, aunque también ha propuesto otras medidas como “fortalecer los servicios públicos y sociales”: “Usted ha anunciado que hay que acabar con la interinidad de decenas de miles de profesionales, pero también hay que aumentar esos profesionales”.

Asens ha asegurado que España necesita “al presidente de hoy que planta cara a las eléctricas pero le ha pedido avances también en la ley de vivienda y en la derogación de la ley mordaza, al igual que su compañero Echenique. “Hay que desbloquear la ley de vivienda y la ley mordaza, que lleva más tiempo vigente tras la moción de censura de 2018 de lo que lo estuvo en el gobierno de Mariano Rajoy”, ha criticado.

Echenique también ha demandado una evaluación del país “en términos democráticos: “Ahí está la cosa más negra”, ha dicho. El portavoz de Unidas Podemos se ha referido a los audios que se publicaron el domingo entre el periodista Antonio García Ferreras y el excomisario Villarejo a propósito de una información de Eduardo Inda. “Hemos escuchado a un poderoso periodista hablando con un mafioso donde reconoce haber publicado una noticia falsa sabiendo que era falsa contra Pablo Iglesias. Y hoy han salido nuevos audios de usted en los que dice que le ‘va a calzar una ostia’. Creo que hay mucha gente progresista que piensa que esto es una grave amenaza”, ha dicho.

Durante su turno de réplica, Sánchez ha lamentado que en "muchas ocasiones desde las izquierdas subrayamos más nuestras diferencias que nuestras conquistas comunes, que son muchas" y ha asegurado que el PP no apoya sus leyes porque tiene "otros intereses". Esa declaración se ha producido después de que Echenique le haya dicho que no "hace falta que le siga tendiendo la mano al PP": "Ya hemos comprobado que nunca se la va a coger. En lo que piensan cuando se la tiende es en cortársela", ha afirmado.

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha sido el último en intervenir este martes. El catalán le ha dado la "enhorabuena" a Sánchez porque hoy "se ha levantado de izquierdas", en referencia a las medidas anunciadas, algo que el presidente del Gobierno le ha afeado. "No sabía que era usted el que otorgaba los carnes de izquierda, como un expendedor. Ojalá usted se hubiera levantado también de izquierdas y hubiera votado la reforma laboral", ha señalado.

Ambos han protagonizado el momento más tenso del debate, después de que Rufián mostrara tres balas en la tribuna "con las que se ha matado gente en la frontera con Marruecos", en palabras del portavoz de ERC, que después ha retirado. Con un Sánchez visiblemente molesto por ese gesto, Rufián ha comparado España y la frontera con Marruecos con "una urbanización de ricos a la que le entran los pobres": "¿Cuál es la diferencia con Putin matando ucranianos y con Erdogan matando kurdos? Que los primeros son rubios y con los ojos azules y los otros no", ha manifestado.

La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, le ha reprendido por ello: "Tenemos precedente de uso de objetos en la tribuna. La fuerza del parlamentarismo de la libertad de expresión es el uso de la palabra. Le insto a que hagan uso exclusivo de ella en esta Cámara por el decoro y el respeto de todos sus miembros", le ha dicho. Por su parte, Sánchez también se lo ha recriminado. "En este hemiciclo la mera exhibición de balas es un error imperdonable, precisamente en este hemiciclo. Ni siquiera con fines probatorios, como truco efectista", ha censurado.

Después de pedir a Rufián que "milite en la utilidad" para aprobar medidas de izquierdas y deje de lado su "obsesión" con Yolanda Díaz, éste ha vuelto a intervenir y le ha pedido al presidente del Gobierno que "no se enfade": "Yo no tengo nada en contra de nadie. Esto no es un debate sobre el estado de los políticos. Lo que he intentado es hablar de lo que preocupa a la gente", ha dicho. "He puesto el ejemplo de la reforma laboral, pero no porque tenga manía a nadie. Hubo quien decidió que había que hacerlo con la CEOE y Ciudadanos", ha manifestado.

Tras esta segunda intervención, Sánchez ha agradecido "el cambio de tono": "Se puede ser duro en las intervenciones sin faltar al respeto a los diputados y a la Cámara. Aquí lo dejamos. La sobreactuación no es buena", ha zanjado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no mencionó al PP ni a Alberto Núñez Feijóo en su primera intervención, pero todo el mundo entendió de quién estaba hablando, a la vista del mensaje catastrofista que el líder de la oposición lleva meses transmitiendo. “Cada vez que la sociedad se enfrenta a una dificultad o a una crisis, aparecen siempre los mismos: los traficantes del miedo, los profetas de la catástrofe. Sostienen que todo está mal, que el país se hunde. No analizan los problemas, sino que los distorsionan para extender el miedo y así mercadear con sus falsas soluciones”.

Con su discurso Sánchez buscó dos objetivos: marcar el rumbo de lo que queda de legislatura con medidas claramente progresistas tanto en materia fiscal como de protección social en el contexto de una inflación fuera de control y retratar al PP como un partido aliado de “los privilegiados” y de las grandes corporaciones energéticas y financieras que están sacando beneficios de la situación económica mientras los ciudadanos pasan dificultades.

Por primera vez, Sánchez enfrentó cara a cara la médula del discurso sombrío de quien será su contrincante en las elecciones de 2023. “Los profetas del desastre sólo buscan sacar tajada del miedo social. Así que atendamos a la razón y a los hechos”. “Por eso les pido a nuestros conciudadanos que no permitan que les roben la confianza. No duden de la capacidad de España para sobreponerse a esta prueba. Porque somos un país resistente, combativo, que se crece ante la adversidad y que saca lo mejor de sí mismo en las peores circunstancias. Cuando ha tenido que elegir, España siempre ha elegido avanzar. Y a pesar de las discordias y de las dudas, los españoles y españolas siempre encontramos la forma de superar las crisis y de mejorar en ellas”.

¿Cuáles son los argumentos de “la razón”, según Sánchez? Que “en España hay más gente con empleo que en ningún momento de nuestra historia. Y, gracias a la reforma laboral, España ha batido su récord de contratos indefinidos: casi ocho de cada diez asalariados”. Que “tenemos un salario mínimo un 40% más alto del que hace diez años tenían nuestros trabajadores“. Que “el turismo, la producción industrial, la venta de viviendas son sectores que muestran tendencias positivas”. Y que a España están llegando ya casi los 80.000 millones de euros de los fondos europeos, lo que "nos está permitiendo modernizar nuestras industrias, mejorar la formación de nuestro capital humano y crear, a su vez, nuevos empleos”.

Una apelación a la confianza que no está reñida con el reconocimiento, dijo, de que “tenemos un grave problema de inflación” igual que “el resto de Europa y el resto del mundo”, aunque eso, admitió, “no es un consuelo”. Pero sí que España tiene “fundamentos sólidos” para hacerle frente. “Podemos superar esta prueba, como hicimos frente a la Covid, y vamos a superarla”. Hemos de ser capaces de confiar en nuestras fuerzas. Hemos de sacudirnos el temor al miedo”.

La intervención de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, pronunciada ante la atenta mirada de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, condenado por el formato del debate a ser un mero convidado de piedra sin voz ni voto en la Cámara Baja, confirmó el retrato que de la derecha había hecho por la mañana el presidente. Empezó con un recuerdo a Miguel Ángel Blanco y una prolongada invocación de ETA para denunciar por enésima vez una supuesta alianza del Gobierno con Bildu en la que el PP busca siempre la incomodidad del PSOE. Gamarra llegó incluso a pedir un minuto de silencio en memoria del concejal asesinado hace 25 años con la intención de retratar a los diputados de Bildu sentados en sus escaños, pero que no consiguó su objetivo: los abertzales se pusieron en pie y secundaron el gesto de respeto. 

Gamarra consumó un tercio de su tiempo hablando de ETA y relacionando a la desaparecida organización terrorista con el proyecto de Ley de Memoria Democrática. Y dedicó el resto de su primer turno a repetir el discurso con el que Feijóo intenta desde hace meses retratar a un presidente que supuestamente está intentando “ocupar” las instituciones y que es la causa de los problemas económicos de España.

A la portavoz del PP le dio igual el discurso de Sánchez y negó incluso que hubiese hecho propuestas, ignorando el anuncio de medidas sociales y nuevos impuestos que supusieron el núcleo de la intervención del presidente. Y volvió a plantear la única solución que Feijóo ha puesto encima de la mesa para luchar contra la inflación: bajar el IVA del gas, reducir el IRPF de forma transitoria a las rentas bajas y medias y adelgazar la administración, que el PP insiste en vincular con un supuesto gasto superfluo. Se viene “una tormenta económica de imprevisibles consecuencias”, anticipó haciendo bueno el retrato que Sánchez acaba de hacer del PP como el “profeta de la catástrofe”.

La negativa de los conservadores a aclarar si apoyarán o rechazarán las medidas del Gobierno, incluidos los nuevos impuestos, dio pie a Sánchez para señalar a los de Feijóo como los aliados de las grandes corporaciones energéticas y financieras. 

 Si el PP no defiende la justicia fiscal podemos “pensar que defiende otros intereses. ¿Por qué es tan difícil que voten a favor de esta política?”, se preguntó antes de confesar su pasmo después de escuchar al vicepresidente madrileño, del PP, mostrar empatía con las necesidades de quienes ganan más de 100.000 euros al año. Un grupo social que, recordó, representa al 5% de la población. “¿A quién defienden ustedes?”, interpeló. “A una minoría selecta”, se respondió a sí mismo. “A un 5% de privilegiados, no a la clase trabajadora. Por eso cuando llegan al Gobierno lo que hacen es subir el IVA, el IRPF y hacer amnistías fiscales para las grandes fortunas”.

El empeño del PP en mantener bloqueada la renovación del CGPJ y por extensión la del Tribunal Constitucional dio pie al presidente a interpretar que lo que Feijóo busca es repetir la estrategia de los republicanos en Estados Unidos. “Los recursos que hay en estos momentos” en el TC contra la eutanasia, el aborto y la ley de educación, entre otras, le llevan a “pensar que por la puerta de atrás lo que quieren es revocar conquistas sociales y civiles aprobadas por las Cortes”.

Sánchez echó en cara al PP haber respaldado la política de becas para ricos de la presidenta de Madrid e ironizó con que también estén pensando en “proponer una Imserso para millonarios en Bora Bora con cargo al erario público o cheques combustible para los yates”. 

Y cuando Gamarra anunció que el PP “lo volverá a hacer” para decir que cuando llegue al Gobierno tendrá que sacar a España de la crisis, Sánchez le preguntó, en alusión a los recortes sociales, las subidas de impuestos y los casos de corupción política y policial: “¿Todo lo que hicieron?”

Su intervención inicial se detuvo mucho en esto. “Quisiera que cada cual se preguntara en su fuero interno qué hubiera sido de este país si hubieran gobernado otros estas adversidades”, en referencia al PP. “Es una pregunta pertinente, señorías, porque tenemos la experiencia de la crisis financiera y tenemos la experiencia de la Covid. Cada cual puede preguntarse qué sucedería si estuvieran al frente del país quienes, en otras crisis, como la financiera, nunca apostaron por los ERTE y sí por el despido libre. Si estuvieran en el gobierno quienes, en lugar de fortalecer el Estado del bienestar, lo debilitaron abriendo las puertas a su privatización. Si estuvieran en el Ejecutivo quienes en medio de la crisis financiera fomentaron la desigualdad y cargaron todos los sacrificios sobre los más débiles y los más indefensos. Si hubieran estado al frente del Gobierno quienes, en medio de las penurias de las mayorías, consintieron extremos insólitos de corrupción y de inmoralidad entre los gestores de las carteras económicas y laborales. Quienes consintieron comportamientos ilícitos entre los máximos responsables políticos de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado”.

El presidente dedicó tiempo a desacreditar las tesis de los de Feijóo. “Nuestros ciudadanos tienen dos opciones: deben elegir qué creen, el diagnóstico del curandero o el diagnóstico de los médicos especialistas. El curandero no tiene conocimientos científicos ni tampoco dispone de datos, y tampoco pretende curar la enfermedad. Quiere beneficiarse de esa enfermedad. El curandero nos dice que la inflación es culpa del Gobierno, que la ha provocado el Gobierno a base de subir el Salario Mínimo Interprofesional o de fomentar las energías renovables y que, por tanto, con otro gobierno esto no hubiera sucedido”.

Este diagnóstico, señaló, “le resultará convincente a algunos porque es sencillo y porque viene a reafirmar prejuicios ideológicos bien arraigados en nuestro país, sobre todo en algunos sectores y muy propagado desde potentes altavoces mediáticos”. La situación es “compleja”, admitió, pero "no voy a entregarme a un catastrofismo sin base. Invito a los españoles a desconfiar de quienes ofrecen falsos remedios a males reales”.

La satisfacción en las filas del Gobierno era este martes evidente. Creen que las medidas anunciadas por Sánchez cohesionan a la coalición y que tanto Unidas Podemos y en concreto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, están encantados con ellas, según han indicado fuentes de Moncloa.

El presidente ha buscado dar una profunda carga ideológica al tramo final de la legislatura y mostrar de paso que queda mucho camino por recorrer. Las fuentes citadas subrayan que son medidas de un gran calado y ambición con las que Sanchez quiere dejar claro no sólo cómo se sale de la crisis sino que el Gobierno está comprometido, cohesionado y va a conseguir amortiguar la crisis. 

Las citadas fuentes, consultadas por Europa Press, restaron importancia al efecto que han tenido los anuncios en las cotizaciones en bolsa de los bancos, que han sufrido caídas generalizadas y lo califican de “sobrerreacción” porque los nuevos impuestos únicamente van a penalizar los beneficios extraordinarios que energéticas y entidades finacieras van a conseguir gracias a la situación económica.

La Bolsa caía un 1,3% a los pocos minutos de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un nuevo impuesto a los bancos para que éstos contribuyan al reparto de las cargas que la inflación y la guerra imponen a la ciudadanía. El Íbex 35 perdió los 8.000 puntos, la cota a la que lleva meses agarrándose con dificultades, y sólo los recuperó a última hora de la tarde. CaixaBank se llevó la peor parte, con una caída del 8,63%%, seguida del Sabadell (-7,44%), Bankinter (-5,08%), BBVA (-3,77%) y Santander (-3,65%).

Sin embargo, al secretario general de CCOO, Unai Sordo, el anuncio del nuevo impuesto a los bancos, como el ya previsto a las grandes energéticas, le sonó “bien”. “Es una lógica de medidas que compartimos”, explicó. Pero a continuación expresó su cautela “hasta ver cómo acaba concretando la normativa”. “Las medidas fiscales dependen mucho de cómo se reglamenten para que tengan un efecto recaudatorio u otro y no se queden en agua de borrajas”, advirtió.

Sordo ha coincidido con la CEOE en criticar que el paquete de nuevas medidas se haya adoptado sin consultar antes con los agentes sociales, sindicatos y patronal. Además, la CEOE cree que no son “una solución real a los problemas de elevada inflación que hoy sufre la economía española”, sobre todo las subidas de impuestos, que consideran una barrera añadida para que las empresas se recuperen de la pandemia. Según argumenta la patronal, apoyándose en cifras del Banco de España, mientras que cerca del 77% de las empresas ha aumentado sus costes de producción por culpa del encarecimiento de sus consumos intermedios, sólo algo más del 38% lo han trasladado a precios finales.

También el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, reclamó concreción al Gobierno. Le piden que defina el hecho imponible del nuevo impuesto a los bancos, puesto que en 2019 sólo 26 de ellos, pertenecientes a grandes entidades, tuvieron bases imponibles positivas superiores a 2.031 millones de euros, aseguran. Al nuevo impuesto a gasistas, eléctricas y petroleras, Gestha lo considera más bien un incentivo para que estas grandes compañías contengan los precios, de forma que eviten la “tacha reputacional” que supondrá el anuncio de que tienen que pagarlo. Todas las mayores empresas deben tributar ya por un mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, que se eleva al 18% en al caso de los bancos y las empresas de hidrocarburos. Esta medida, incluida en los Presupuestos del Estado de este año, afecta sólo a 12.000 empresas, el 1% de las existentes.

De momento, el Ministerio de Hacienda sólo ha detallado que los dos nuevos impuestos gravarán los beneficios de las empresas y bancos que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Por encima de ese umbral se sitúan ampliamente todas las energéticas y entidades financieras del Íbex 35.

De hecho, sólo en el primer trimestre del año, cuando aún no se habían dejado sentir los efectos de la guerra en Ucrania, las seis energéticas del selectivo español facturaron 46.849 millones de euros, casi un 52% más que en esos tres meses de 2021. En todo el ejercicio pasado, Repsol alcanzó una cifra de negocio de 49.480 millones de euros. Iberdrola ingresó 39.114 millones; Naturgy, 22.130 millones. La facturación de Endesa se quedó en 20.899 millones. Mucho menor es la de Red Eléctrica, que cerró con 1.952,9 millones de euros en 2021. La única que podría librarse del nuevo impuesto, si no superara este año la cifra de negocio de 2021, es Enagás, que facturó 975,68 millones de euros. En 2020 sí los superó: 1.053 millones.

Los ingresos de la gran banca también fueron de récord histórico el año pasado. Santander consiguió un margen bruto –los ingresos de la entidad– de 46.404 millones de euros en 2021. El de BBVA fue de 21.066 millones. Caixabank alcanzó los 10.274 millones de euros y Banco Sabadell, 5.026 millones. Bankinter también supera el umbral fijado por el Gobierno, con un margen bruto de 1.855,3 millones en 2021. Fuera del Íbex 35, entidades de menor tamaño como Unicaja, que ingresó 1.099 millones el año pasado, o la gallega Abanca, con un margen bruto de 1.052 millones en 2021, también tendrán que pagar el nuevo impuesto. Unicaja, que cotiza en el mercado continuo, cayó este martes un 7,67%.

Las patronales de la banca y las antiguas cajas de ahorro no han recibido la noticia con mucho entusiasmo. “El sector bancario paga muchos impuestos, superiores a los de otros sectores [un 30% en sociedades, que tiene un tipo general del 25%], se ha quejado el portavoz de la AEB, José Luis Martínez Campuzano, por lo que, a su juicio, la medida del Gobierno “va en contra del principio de igualdad y distorsiona el mercado”. También ha lamentado la “improvisación jurídica” en que opera en el sector. Y ha negado que la próxima subida de tipos que aprobará el BCE el día 21, y a la que aludió Pedro Sánchez en el debate, “asegure necesariamente una mejora de la rentabilidad de los bancos ni se traduzca en beneficios extraordinarios”. Por su parte, Alberto Aza, portavoz de la CECA, ha criticado el nuevo impuesto porque “no contribuye a armonizar los regímenes fiscales dentro de la Unión Bancaria”.

Hacienda no ha dado más detalles sobre estos dos nuevos gravámenes, excepto que el PSOE y Unidas Podemos presentarán dos proposiciones de ley en el Congreso para crearlos. Según ha explicado la ministra, María Jesús Montero, éste es el “instrumento jurídico más ágil” para que ambos tributos entren en vigor el próximo ejercicio. Se tramitarán al mismo tiempo que los Presupuestos Generales de 2023, puesto que los nuevos impuestos no pueden crearse ni por decreto-ley ni utilizando las Cuentas del Estado, ha recordado la titular de Hacienda.

Con estos tributos a bancos y energéticas, el Gobierno prevé recaudar un total de 7.000 millones de euros en los dos años que estarán en vigor –2023 y 2024–.

Las medidas para paliar el daño que la inflación está infligiendo a los bolsillos de los ciudadanos se centran en la gratuidad del abono de transporte para cercanías y media distancia de Renfe y Rodalies (en Cataluña) y en una beca complementaria de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya tengan otra ayuda.

El abono gratuito ha sido recibido por el vicepresidente y conseller de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, como una medida “populista”. “Lo que esperan los usuarios de Rodalies-Renfe es que funcione, no que sea gratis”, se ha quejado en Twitter, donde ha asegurado también que la medida del Gobierno “sitúa al transporte público al límite del colapso económico y de servicio”.

Por lo que respecta a las nuevas becas, se pagarán desde septiembre hasta diciembre, para lo que se aprobará un crédito extraordinario de 400 millones de euros. El Ministerio de Educación ha precisado que la ayuda será lineal para todos los becados independientemente de la cuantía que reciba ya cada uno y que su concesión será automática sin necesidad de que el beneficiario tenga que hacer ningún trámite, informa Europa Press. La cuantía media de las becas en España se sitúa en 2.173 euros por curso. Las universitarias se elevan hasta 2.982 euros y las no universitarias se quedan en 1.606 euros.

Otro de los anuncios del presidente ha sido el desbloqueo de la Operación Campamento, que permitirá la construcción de 12.000 viviendas, de las que el 60% serán públicas. La operación se encontraba paralizada desde 1989 por la falta de acuerdo entre las instituciones involucradas. Los terrenos son propiedad del Ministerio de Defensa, y la planificación urbanística corre a cargo el Ayuntamiento de Madrid. La iniciativa corrió a cargo de la Comunidad de Madrid cuando gobernaba Joaquín Leguina. El Ministerio de Transportes es el comprador del suelo.

El Gobierno ha anunciado ahora un acuerdo entre los dos ministerios involucrados que el Ayuntamiento de Madrid ha saludado con escepticismo. “Es un buen anuncio, pero de momento, vacío de contenido”, ha respondido el delegado de Urbanismo del consistorio, Mariano Fuentes. Son más de ocho millones de metros cuadrados situados en el suroeste de Madrid, entre la A-5 y Pozuelo de Alarcón.

Combatir a Gobierno de Pedro Sánchez como se combatía a la banda terrorista ETA. Ese es el primer mensaje que ha lanzado la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación. Tras pedir un minuto de silencio por el asesinato de Miguel Ángel blanco —en el que participaron todas las formaciones de la Cámara Baja—, la conservadora ha asegurado que "ese mismo espíritu de rebelión cívica que alimentó a los españoles hace 25 años es el que hoy nos sitúa enfrente de su Gobierno".

Gamarra ha dedicado 10 de sus 30 minutos a censurar los pactos del Ejecutivo con EH Bildu, el último a raíz de la Ley de Memoria Democrática que se votará este jueves. Una ley que se ha comprometido a derogar si el PP llega a La Moncloa. El mismo mensaje ha transmitido el líder de Vox, Santiago Abascal, que la ha calificado como una ley "sectaria y totalitaria" pactada con "ETA en su versión parlamentaria", en referencia a los diputados abertzales.

Sánchez ha contestado a esas palabras durante su turno de réplica: "Después de haber escuchado a PP y Vox, queda claro que el gran problema para la derecha y la ultraderecha que tiene la democracia española es ETA. No entiendo por qué se oponen a la agenda 2030 y objetivos tan nobles como poner fin a la pobreza, reforzar la salud pública en nuestro planeta o hacer frente a un desafío común como el cambio climático", ha señalado tras la intervención de Abascal.

El presidente del Gobierno había destacado previamente que “quienes realmente han utilizado el dolor de las víctimas de ETA han sido precisamente los dirigentes del PP”: “Quien ha utilizado el mayor atentado terrorista en nuestro país con fines espurios fue el PP un 11 de marzo", ha afirmado el socialista dirigiéndose hacia Alberto Núñez Feijóo, sentado junto a Gamarra en la bancada del PP, que no ha intervenido por no tener la condición de diputado.

Gamarra también ha culpado al presidente del Gobierno de la inflación, que actualmente supera los dos dígitos (10,2 %) por primera vez en casi cuatro décadas. “La inflación no es solo responsabilidad del señor Putin, sino también de usted, de sus políticas o más bien de la falta de ellas”, ha apuntado. En esa línea ha asegurado que en la España de 2022 “llenar el coche de gasolina, encender el aire acondicionado, la calefacción en invierno o pagar los gastos de la vivienda se ha convertido para cientos de miles de familias en un artículo de lujo”.

La portavoz popular ha dibujado un futuro negro dejando de lado la situación que vive el mercado energético en todo el mundo por culpa de la invasión rusa de Ucrania y del colapso de la cadena de suministros provocado por la pospandemia. “Estamos ante una tormenta económica de previsibles consecuencias”, ha lanzado. Previamente, Sánchez había advertido de que para diagnosticar las causas de la inflación hay que escuchar a los “médicos especialistas” frente a “los curanderos”, situando en este último bloque a la derecha.

Abascal también ha señalado que "millones de españoles saben que la ruina que los acecha no es fruto de la casualidad, es parte del sectarismo como la agenda 2030”: "La situación de España es muy grave, corre el riesgo de ser dramática si continúan en las Instituciones aquellos que ni las sirven ni las respetan”, ha afirmado.

Ambos dirigentes también han dedicado parte de su intervención a denunciar la “profunda división” que existe en el Gobierno de coalición, conformado por una alianza entre PSOE y Unidas Podemos.”En un país serio no hay un Gobierno de coalición con una parte del mismo criticando todo el tiempo al otro", ha afirmado Gamarra, al tiempo que ha criticado que los morados no conocían previamente el anuncio de medidas como el impuesto a las eléctricas y a la banca.

Pese a que Sánchez ha insistido en varias ocasiones a la portavoz del PP para que valorara la idoneidad de las medidas anunciadas, Gamarra ha rechazado hacerlo hasta “conocer la letra pequeña” de las mismas. Es más, la también secretaria general del PP ha llegado a decir que el líder socialista no ha contado “ni una sola medida” este martes. Gamarra tenía toda su intervención escrita en un papel, que no ha dejado de lado ni siquiera en su turno de réplica. 

Por su parte, la única reacción de Abascal al anuncio ha consistido en recriminar las "pérdidas millonarias" que ha supuesto para los "pequeños ahorradores" y los "inversores" el descenso de la bolsa. "Estas medidas bolivarianas han ido para arrancar votos a Podemos", ha afirmado. "Su único objetivo es ver si obtiene unos pocos votos más".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado el debate del estado de la nación para anunciar nuevas medidas contra la inflación y para propiciar, dijo, un reparto justo de los costes que esta “enfermedad grave de la economía” inflige a los ciudadanos. Al ya conocido nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías “dominantes” en los sectores eléctrico, gasista y petrolero, se le unirá otro para los bancos, “que ya se están beneficiando de la subida de tipos de interés” prevista para el próximo día 21. Ambos serán “excepcionales y temporales” y gravarán las ganancias obtenidas durante 2022 y 2023 en los dos siguientes ejercicios. Con el impuesto sobre las energéticas, el Gobierno prevé recaudar 2.000 millones de euros anuales y con el impuesto sobre el sector financiero, 1.500 millones al año.

Tras cifrar en 15.500 millones de euros el aumento de la recaudación fiscal entre enero y mayo, Sánchez aseguró que esa cantidad es casi la misma que el Gobierno se ha gastado en las ayudas a los hogares y las pymes incluidas en los dos decretos anticrisis. “Pedimos a las grandes empresas que hagan lo mismo, que reviertan en los trabajadores y consumidores cualquier beneficio extraordinario, que no engrose las cuentas ni los sueldos de sus activos directivos”. “Ahora”, abundó, “es el momento de que las grandes empresas prueben su compromiso social y creen valor para sus accionistas y para la sociedad. El sufrimiento de una mayoría no puede ser el beneficio de una minoría”.

Aunque reconoció que no existe una “solución instantánea y mágica” que borre “de un plumazo” el alza desbocada de los precios, Sánchez ha prometido nuevas ayudas para proteger a los ciudadanos de la erosión que provoca en sus bolsillos. Así, anunció que se ampliará al 100% la bonificación del 50% en los abonos de cercanías y media distancia de Renfe, que serán gratis, por tanto, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Además, instó a las comunidades autónomas a complementar el descuento del 30% en los abonos urbanos y metropolitanos hasta alcanzar el 50% o 60%.

También se creará una segunda beca complementaria para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya tengan otra, de forma que “no abandonen sus estudios por necesidades económicas”. La segunda beca será de 100 euros al mes, entre septiembre y diciembre, y beneficiará a un millón de alumnos.

Sánchez anunció además el desbloqueo de la Operación Campamento, en Madrid, que permitirá la construcción de 12.000 viviendas, de las cuales el 60% serán públicas. Se trata de un proyecto urbanístico paralizado desde 2005 sobre terrenos que pertenecen al Ministerio de Defensa y ubicados en el sur de la capital.

La creación del Centro Estatal de Salud Pública, una promesa de 2021, la ha incluido el presidente del Gobierno en su lista de nuevas medidas. Su función será combatir las emergencias sanitarias. Lleva desde septiembre de 2021 en periodo de consulta pública y tiene, en principio, un presupuesto de 9,4 millones de euros.

Un plan para que seis millones de alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, aprendan programación y robótica y denominado Programa Código Escuela 4.0 ha sido otra de las novedades incluidas en el discurso de Pedro Sánchez. Así como una nueva regulación del personal que se dedica a la prevención y extinción de incendios forestales, que lleva años reclamando mejoras laborales y más recursos para evitar la destrucción provocada por el fuego.

Sólo las enunció someramente, pero el presidente también aludió a “medidas de ahorro energético” que los españoles deberán tomar en breve. Mencionó que deberán teletrabajar más, bajar la calefacción en invierno y subir el aire acondicionado en verano, además de utilizar con mayor asiduidad el transporte público. En Alemania, ante el temor a que Rusia corte el grifo del gas este otoño, ya han aprobado este tipo de soluciones todas las administraciones. Incluyen el recorte en la temperatura de las oficinas, el tiempo de ducha, suprimir el agua caliente en los lavabos o no superar los 20 grados en la calefacción.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió este martes el debate del estado de la nación anunciando nuevos impuestos para las grandes empresas energéticas que se están lucrando con la crisis y para las entidades financieras que están empezando a verse beneficiadas por la subida de los tipos de interés. Y una amplia batería de nuevas medidas sociales que incluyen desde un incremento sustancial de las becas a una ampliación al 100% del bono transporte de cercanías.

Sánchez utilizó además su discurso para combatir el discurso del PP, a cuyos dirigentes calificó de “traficantes de miedo” y “profetas de la catástrofe” y a quienes reprochó que traten de transmitir la idea de que “el país se hunde” y de “extender el miedo” con el fin de “mercadear con sus falsas soluciones”. “Solo debemos tener miedo al miedo”, remachó el presidente pidiendo a los ciudadanos que atiendan “a la razón”. Porque, sin restar importancia a la gravedad de la inflación, “hay más gente con empleo que nunca”, un “récord de indefinidos”, un salario mínimo que ha crecido un 40% y sectores pujantes como el turismo, la industria y la vivienda.

Por eso pidió expresamente a los ciudadanos que “no permitan que les roben la confianza”. “Somos un país que se crece ante la adversidad”, señaló el presidente.

Durante su intervención, de una hora y veinte minutos de duración, Sánchez dedicó gran parte de sus argumentos a desmontar el núcleo de las críticas que la derecha, especialmente el PP de Alberto Núñez Feijóo, está haciendo a la situación económica de España y en particular a la responsabilidad del Gobierno en la elevada inflación.

Sin negar en ningún momento la gravedad del momento, sobre todo las incertidumbres que tienen que ver con la evolución de los precios ante la posibilidad de que Vladímir Putin decida cortar el suministro de gas a Europa, el presidente afirmó ser plenamente consciente de las dificultades cotidianas de la gente. “Lo sé y me hago cargo”, remarcó. Los ciudadanos “quieren que nos centremos en lo que va mal y que expliquemos las medidas que tomamos para solucionarlo y es lo que voy a hacer”.

Sánchez hizo un esfuerzo por diagnosticar las causas de la inflación distinguiendo su análisis del de la derecha, que situó a la misma distancia que tienen el criterio de “un médico especialista” del de “un curandero”.

“Es importante compartir un buen diagnóstico de las causas” del alza de los precios “porque sin él será difícil” tratar el problema. “Los ciudadanos tiene que creer el diagnóstico del curandero o el del médico especialista. El curandero quiere beneficiarse de la enfermedad; dice que es culpa del Gobierno, por subir el salario mínimo o fomentar las energías renovables y que con otro no hubiera sucedido”. Es una análisis que “resulta conveniente a algunos porque reafirma prejuicios ideológicos bien arraigados y bien propagados por potentes altavoces mediáticos”.

“Lo cierto es que no hay una institución seria que avale al curandero. Y si los ciudadanos lo piensan, se darán cuenta de cuán absurda es esta tesis”. “¿Si es culpa del Gobierno, porqué pasa en otros paises?, se preguntó. “¿Si gestionamos tan mal la crisis energética por qué somos con Portugal uno de los países con los precios mayoristas mas bajos de la UE?”.

La inflación, subrayó citando a “los médicos especialistas de la economía”, ha sido provocada por la pandemia y la guerra en Ucrania. Sánchez detalló cómo la economía se detuvo durante el confinamiento, de qué manera se reactivó con dificultades y con problemas de demanda, y cómo cambiaron hábitos de vida y compra, con más gasto en sectores que la producción no fue capaz de satisfacer. 

“No es echar balones fuera: es hacer un diagnóstico” realista. “El Gobierno asume toda su responsabildad, pero no soluciones falsas, engañosas y menos aun injustas”.

“Iremos a por todas”, anunció. “Me voy a dejar la piel para defender a la clase media y trabajadora de nuestro país”. Con estas palabras Sánchez pasó a anunciar medidas concretas y anunció dos nuevos impuestos temporales a las entidades financieras y a las grandes compañías energéticas para recaudar aproximadamente unos 7.000 millones de euros en dos años. El impuesto a “los grupos dominantes” del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023. “Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielos, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos”, remarcó.

El otro impuesto “excepcional y temporal” se diririgirá a “las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés”. Tendrá una duración de dos años —sobre los ejercicios 2022 y 2023— y recaudará, segun las previsiones del Gobierno, unos 1.500 millones cada año.

Sánchez fue claro acerca del sentido que quiere dar a estos nuevos impuestos: “Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría, porque las dificultades de una mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría”.

Los nuevos impuestos anunciados por el jefe del Ejecutivo se suman al tipo mínimo del 18% en el Impuesto sobre Sociedades que se aplica desde este año a la banca y las empresas de hidrocarburos. Una parte de las entidades financieras también pagan el Impuesto sobre las Transacciones Financieras que entró en vigor el pasado año.

Entre la batería de medidas económicas que anunció el presidente también está una bonificación del 100% de los abonos de varios viajes para Cercanías, Rodalies y trenes de media distancia operados por Renfe, por lo que pasarán a ser gratuitos desde el 1 de septiembre de este año hasta el 31 de diciembre. Una iniciativa que se suma a la rebaja del 30% para los abonos del resto de transporte urbano y metropolitano, que las comunidades autónomas pueden completar hasta el 50% o el 60%, según se dispone en el real decreto-ley de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania que se someterá a votación esta misma semana en el Congreso.

Sánchez también ha anunciado una medida de choque en materia de vivienda que afectará directamente a la ciudad de Madrid: el desbloqueo de la llamada Operación Campamento para la construcción de hasta 12.000 viviendas en la capital de las que el 60% serán públicas.

El objetivo de estas medidas, que se suman a las ya previstas en el citado real decreto, es “asegurarnos de que las consecuencias de la guerra se repartan de forma justa y equitativa para que no recaigan, como pasó en la crisis financiera, en los más vulnerables”, aseguró el presidente.

En materia energética, y a la vista de la posibilidad de que Putin corte el suministro de gas a Europa, lo que “tendría un impacto sobre la economía europea y española", Sánchez hizo una llamada al ahorro para los próximos meses y anunció iniciativas. “Deberemos adoptar medidas de ahorro energético", incluido un impulso del teletrabajo, el fomento del transporte público o bajar “un poco la temperatura de la calefacción o subirla en el aire acondicionado”. “Podemos hacerlo y lo vamos a hacer”.

El presidente defendió sin reservas el respaldo español a Ucrania y recordó que no participar del esfuerzo bélico no sólo no hubiese librado a España de las consecuencias de la guerra sino que le privaría de legitimidad para pedir solidaridad cuando la necesite. 

“La paz no viene sola, hay que alcanzarla y no permitir que nos la arrebaten”, remarcó. “Si miramos hacia atrás, nadie mejor que nosotros para comprenderlo. Hace casi 90 años la decisión de los aliados de no intervenir en España nos condenó a cuarenta años de atraso y de dictadura fascista. Ahora tenemos la oportunidad de estar en el lado correcto de la historia y es donde estamos y estaremos”, concluyó entre aplausos de la bancada socialista.

“Debemos salir mas fuertes de lo que entramos en esta crisis”, antes de preguntarse “qué hubiera sido de este país si hubieran gobernado otros” las “adversidades” de la pandemia y la guerra. “Cada cual puede peguntárselo” propuso, comparando a quienes en la anterior crisis, el Gobierno del PP, apostaron por el despido libre y no por los ERTE, los que “privatizaron el Estado del bienestar”, fomentaron la desigualdad y cargaron los sacrificios en los débiles, los que “consintieron extremos insólitos de corrupción e inmoralidad” o “comportamientos ilícitos de los responsables de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado”. 

Hacerlo, destacó, “ilustra las disyuntivas del presente”, porque lo que está pasando en Estados Unidos revela cómo los derechos conquistados pueden retroceder rápidamente. “España no es inmune” a eso, advirtió, y conquistas como la eutanasia o la interrupción voluntaria del embarazo están “recurridas por quienes siempre han votado en contra” para que el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional tumben lo que aplaude la mayoría social. “Flaco favor hacen a la democracia los que no aceptan el veredicto de las urnas y quieren revocar avances sin que los ciudadanos lo hayan decidido con su voto mayoritario”.

Esta semana Pedro Sánchez protagonizará su primer debate del estado de la nación como presidente y su segundo como líder de los socialistas. En 2015 se enfrentó a Rajoy desde la oposición y los españoles valoraron mejor al socialista que al expresidente conservador. Desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, la oposición ha reclamado insistentemente su celebración. Tanto la propia crisis del coronavirus estos dos últimos años como la inestabilidad política de las pasadas legislaturas habían servido hasta ahora para eliminar el debate de la agenda en los últimos siete años. En Moncloa alegan que las comparecencias de Sánchez durante los peores meses de la pandemia o sus intervenciones tras los Consejos Europeos han servido para dar cuenta del estado del país, pero también defienden "recuperar la normalidad " antes de añadir que Pedro Sánchez “tiene muchas ganas” de desgranar lo logrado hasta ahora.

Según fuentes gubernamentales, Sánchez presumirá desde la tribuna de las medidas impulsadas por la coalición como el Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, los ERTE y el escudo social o la reforma laboral. Se trata de la misma estrategia de Unidas Podemos, que evitará confrontar con el PSOE y se centrará en el escudo social y los avances en sus carteras. También habrá anuncios. Tal y como ha confirmado este lunes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el presidente anunciará medidas "económicas y sociales" dirigidas "a la clase media y trabajadora": "Son medidas de respuesta a una situación excepcional", ha lanzado.

Fue el expresidente Felipe González el que inauguró, en el año 1983, lo que ahora conocemos como el debate sobre el estado de la nación. Se trata de uno de los debates más importantes que se celebran en las Cortes para el Gobierno, cuyo presidente realiza un recorrido por la situación general del país desde varios ámbitos, hace balance de su gestión y confronta con el resto de fuerzas. Sin embargo su celebración no está recogida en la Constitución y tampoco en el propio Reglamento del Congreso, que únicamente incluye genéricas menciones a los debates en sus artículos 196 y 197.

En España no se celebraba un debate desde febrero de 2015. Entonces gobernaba el presidente Mariano Rajoy con mayoría absoluta y ni Podemos ni Ciudadanos tenían escaño en la Cámara Baja. Ese fue el año que se celebraron los comicios generales, que volvieron a repetirse en 2016. Por norma general este tipo de debates no celebran en año electoral o cuando el gobierno de turno acaba de llegar al poder. Pero Rajoy tampoco lo convocó (la potestad siempre recae en el Ejecutivo) en 2017 y tampoco en 2018. Después llegó Pedro Sánchez.

El Gobierno es consciente de que resulta prácticamente imposible sobrevivir políticamente a una inflación de dos dígitos como la registrada en la última semana, cuando el índice de precios se desbocó por encima del 10% por primera vez en casi cuatro décadas. Con ese escenario, sumado al propio desgaste de la coalición y a los batacazos electorales encadenados por la izquierda en el último año y medio, Sánchez busca un revulsivo para tratar de revalidar su mandato mediante un discurso más ideologizado.

El presidente del Gobierno ha recuperado frases como que hay "poderes ocultos" con "intereses oscuros" que buscan acabar con "el orden establecido": "Este es un Gobierno incómodo para algunos sectores económicos pero no nos quebrarán”, espetó en la misma comparecencia en la que explicó personalmente el calado de las medidas impulsadas en el nuevo decreto anticrisis. Sánchez ha recuperado el formato de comparecencia pública que utilizó en los peores momentos de la pandemia, cuando se llegaron a institucionalizar sus apariciones de los sábados ante la prensa para dirigirse a la ciudadanía en un claro intento por demostrar liderazgo.

Lo que esperan en Moncloa para la recta final de la legislatura es que la tormenta económica que se avecina resulte menos virulenta de lo que se prevé y que, además, se cumpla un precepto que han teorizado en el entorno del presidente: el de que la ciudadanía respalda electoralmente a los gestores directos de grandes calamidades como es el covid-19. También se busca conectar con el votante desencantado, el mismo que le dio su voto (al PSOE o a Unidas Podemos) en 2019 pero que a día de hoy está más cerca de la abstención. Según se desprende de las últimas encuestas, el electorado de ambos partidos se encuentra actualmente desmovilizado frente a una derecha especialmente activa.

Tal y como publicó infoLibre, este abstencionismo se dispara en los barrios más humildes. Sucedió en Andalucía, con distritos deprimidos donde casi el 90% del censo no votó. En los barrios andaluces con el 10% más rico la participación superó el 70%, en sus opuestos no llegó al 45%. También sucedió en las elecciones madrileñas de 2021: los cuatro distritos con mayor abstención fueron los cuatro con menor renta per cápita. Superar este abstencionismo es uno de los retos que también se ha marcado Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz en la que va a desarrollar su proceso de escucha durante los próximos meses. Ese, aseguran en su entorno, es el "principal reto" que tiene la izquierda por delante.

El Ejecutivo también busca atraer a una "clase media" (donde incluyen a autónomos y pequeñas y medianas empresas) con medidas que les beneficien y que temen que, en estos momentos, se estén decantando por el PP, como ha sucedido en Andalucía o en Madrid. Moncloa quiere visibilizar que gran parte de las medidas que están poniendo en marcha también van dirigidas a este grupo y lanzar un mensaje optimista en términos económicos apoyándose en los buenos datos de empleo, frente a la debacle que pronostica la derecha.

Todos los argumentarios del PP se cimentan en dos ideas: que Sánchez no hace nada para luchar contra la inflación y su Gobierno está profundamente dividido. Lo que pretende con ello Alberto Núñez Feijóo es ampliar y consolidar la ventaja demoscópica y, a lomos de la “profundísima crisis” que se avecina, ganar las elecciones generales de 2023. Esa será la base de la intervención de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, en el debate del estado de la nación.

Feijóo no podrá intervenir porque no tiene escaño en la Cámara Baja —sí estará presente porque los senadores pueden acudir al pleno— y quiere aprovechar para promocionar a su partido como la única alternativa posible al actual Gobierno. El expresidente de la Xunta y todo su equipo dibujan un futuro negro y culpan de la inflación, recesión y empobrecimiento al Gobierno, dejando de lado la situación que vive el mercado energético en todo el mundo por culpa de la invasión rusa de Ucrania y del colapso de la cadena de suministros provocado por la pospandemia. 

Feijóo anticipa la llegada de una inminente crisis económica aunque no se apoya en indicadores para hacerlo. Lo que trata de hacer es emular el escenario de la Gran Recesión que acabó con la carrera de José Luis Rodríguez Zapatero, provocó un relevo en el liderazgo del PSOE y catapultó al PP de Mariano Rajoy a la mayoría absoluta en las elecciones de 2011. Ese es el desenlace con el que sueñan en la calle Génova. La diferencia es que entonces no tenían a la extrema derecha como tercera fuerza y amenazando con entrar en todos los gobiernos a cambio de su apoyo.

Al igual que hizo Santiago Abascal con la moción de censura el pasado año, Vox buscará el cuerpo a cuerpo con el PP, su principal rival a batir, especialmente tras el mal resultado en Andalucía. La formación ultra tratará de situar al partido conservador como aliado del PSOE. Lo hará después de que el PP haya anunciado este mismo lunes que se abren a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si el Gobierno "retira antes del jueves" la reforma acordada con ERC que le permitiría designar a los magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional. 

Unidas Podemos centrará su intervención en las políticas impulsadas desde gobierno estos últimos años y el papel de su formación para lograrlas, pero también se prevé que haya alguna interpelación a Sánchez para que sea "valiente" e impulse medidas contra la inflación. Es el mensaje que lanzó hace escasos días la líder de Podemos, Ione Belarra, con el que advirtió a Sánchez de que el Ejecutivo progresista "se juega" la reelección en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2023. Belarra citó algunas de esas medidas como, por ejemplo, "blindar" el poder adquisitivo de las familias, crear un fondo de 10.000 millones para mejorar la sanidad y la educación pública, un abono transporte de 10 euros, derogar ya la Ley Mordaza y desplegar la nueva Ley de Vivienda.

Se trata de un mensaje similar al que plantean algunos de los socios parlamentarios del Gobierno, como ERC y EH Bildu, que demandan una reforma fiscal de izquierdas y un compromiso con la inversión en servicios públicos. Los republicanos prevén presentar resoluciones (que serán votadas el jueves) sobre diversas materias para arrancar el apoyo del Gobierno. En total los grupos podrán presentar hasta 150 propuestas de resolución, un aspecto que servirá para medir los apoyos parlamentarios de los que goza el Ejecutivo de coalición, en minoría en el Congreso.

El Congreso acoge desde este martes y hasta el jueves la vigésimosexta edición del Debate sobre el estado de la Nación, el primero desde 2015 y también el primero como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez, que hace siete años, cuando tuvo lugar el anterior, era líder de la oposición, informa Europa Press.

Según la ordenación acordada, el debate se abrirá a las doce del mediodía del martes con el discurso del jefe del Ejecutivo, sin tiempo limitado, en el que expondrá su diagnóstico de la situación política y esbozará sus objetivos para lo que resta de legislatura.

Después se hará una pausa, en la que los grupos aprovecharán para hacer una primera valoración de las palabras del presidente, y la sesión plenaria se reanudará a las 16 horas con las intervenciones de los portavoces de la oposición, de mayor a menor, empezando por Cuca Gamarra, del PP.

El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, estará sentado en primera fila del Grupo Popular, pero no puede intervenir al no ser diputado.

Sánchez irá respondiendo, uno por uno, a los portavoces de los grupos parlamentarios, que dispondrán de 30 minutos para la intervención inicial y 10 minutos para la réplica. Los que no dé tiempo a intervenir el martes pasarán al miércoles por la mañana, y cerrará los 'cara a cara' el PSOE, como partido mayoritario.

Terminados los duelos parlamentarios y mientras el Pleno del Congreso realiza un primer debate sobre la reforma que permitirá acometer la renovación parcial del Tribunal Constitucional, se abrirá un plazo de 30 minutos para que los grupos presenten sus propuestas de resolución, un máximo de 15 propuestas por cabeza. Eso implica un total máximo de 150 textos que pueden ser objeto de enmiendas, pero que en ningún caso se pueden votar por puntos porque se haría eterno.

El jueves se reanudará el Pleno del Congreso con el debate de esas 150 propuestas. Cada grupo dispondrá de quince minutos para defenderlas y la votación se realizará al final del Pleno, junto con el resto de asuntos del orden del día. El resultado de esas votaciones servirá para medir la fortaleza o debilidad de las alianzas parlamentarias del Gobierno de coalición.

Moncloa ha querido que el Pleno sirva para votar otros proyectos legislativos, además de la citada reforma para la renovación del TC. Así, en el orden del día se ha incluido también para ese jueves la Ley de Memoria Democrática, el decreto anticrisis aprobado el 25 de junio, y el decreto ley de esta semana que limita la temporalidad en el sector público sanitario.

El último Debate sobre el estado de la Nación, la vigésimoquinta edición, tuvo lugar en 2015, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Dado el tiempo transcurrido desde, la cita de la próxima semana supondrá el estreno en estas lides de Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos, ya que en 2015 ninguna de estas formaciones tenía aún representación parlamentaria.

Pedro Sánchez no hace nada para luchar contra la inflación y su Gobierno está profundamente dividido. Estos dos argumentos que presiden todos los mensajes del PP son los cimientos sobre los que Alberto Núñez Feijóo se propone ampliar y consolidar la ventaja demoscópica que le reconocen las encuestas y, a lomos de la “profundísima crisis” que se avecina, ganar las elecciones generales de 2023.

Esa será la base de la intervención de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, en el debate del estado de la nación que tendrá lugar la semana que viene en el Congreso. Una oportunidad que, aunque él mismo no podrá intervenir porque no tiene escaño en la Cámara Baja —sí estará presente porque los senadores pueden acudir al pleno—, Feijóo quiere aprovechar para promocionar a su partido como la única alternativa posible al actual Gobierno.

En ese camino, y aunque sigue presentándose a sí mismo como un ejemplo de moderación, el líder del PP endurece cada día más su discurso. Y añade nuevos tonos negros al dibujo que hace de la economía que viene. Inflación, recesión y empobrecimiento son, asegura constantemente, responsabilidad de este Gobierno, no de la crítica situación que vive el mercado energético en todo el mundo por culpa de la invasión rusa de Ucrania ni del colapso de la cadena de suministros provocado por la pospandemia. 

Este martes, en una intervención en el Congreso ante los máximos responsables de su partido en ambas Cámaras, describió un Gobierno cuyos miembros viven permanentemente enfrentados entre sí y que sólo se preocupan de sobrevivir “a toda costa” mientras el país se dirige “cada vez con más intensidad a una profundísima crisis económica”. El Gobierno de Sánchez “niega las evidencias y mira hacia otro lado” como, según él, hizo en 2007 José Luis Rodríguez Zapatero.

Ese, el de la repetición del escenario de la Gran Recesión que acabó con la carrera del entonces presidente socialista, provocó un relevo en el liderazgo del PSOE y catapultó al PP de Mariano Rajoy a la mayoría absoluta en las elecciones de 2011, es el desenlace con el que sueñan en la calle Génova.

El tono de Feijóo puede no haber cambiado, pero sus mensajes sí se han endurecido. A los reproches por la situación económica y la división del Ejecutivo sumó este martes los ingredientes clásicos del PP más radical, como la inevitable referencia al terrorismo: el Gobierno, acusó, ha decidido “conmemorar el 25 aniversario del asesinato de nuestro compañero Miguel Ángel Blanco pactando la Ley de Memoria Democrática con aquellos que jalean aquel régimen de terror, los que aún hoy se niegan a condenar el asesinato y que participaron, militaron, compartieron o encubrieron a ETA”. 

También incluyó la acusación de despilfarro, un clásico del PP cuando está en la oposición, esta vez con la ministra de Igualdad, Irene Montero, como objetivo a batir. Ha ido a Estados Unidos, dijo, para “hacer turismo con sus amigas en Nueva York pagado con dinero público de la gente”. “Es una falta de respeto a los ciudadanos. Entiendo que el señor Sánchez debería de pronunciarse y actuar en consecuencia”, exigió pidiendo implícitamente la destitución de la ministra.

En el PP quieren explotar al máximo la diferencia de criterio entre el PSOE y Unidas Podemos en torno al incremento del gasto militar al que que se comprometió Pedro Sánchez en la reciente cumbre de la OTAN celebrada en Madrid y que esta semana ya ha llevado al Gobierno de coalición a movilizar 1.000 millones de euros.

En esa línea, Feijóo se ha ofrecido al presidente para negociar una modificación de los Presupuestos del año en curso con el fin de incorporar más gasto militar contra el criterio de Unidas Podemos y de paso hacer realidad la rebaja de impuestos que el PP lleva proponiendo toda la legislatura. El Presupuesto de 2022 ya no refleja la realidad porque fue diseñado para una previsión de crecimiento del 7% y una inflación del 1,6% que no se están cumpliendo, alegó.

El líder del PP también tomó posición de cara al debate de los Presupuestos para 2023, ofreciéndose a “adaptarlos a los retos y amenazas” que se avecinan, especialmente la “inflación galopante” y la “ralentización del crecimiento”. “No hay un dato bueno para los próximos trimestres”, remarcó”, y además “hay que hacer frente a los compromisos suscritos con la OTAN y EEUU” que Sánchez no podrá pactar con sus “socios populistas” ni conciliar con las “demandas de sus aliados independentistas”.

Apoyo a Sánchez sí, pero a cambio de que rompa con Unidas Podemos y sustituya su política económica por los postulados neoliberales del PP, especialmente la rebaja de impuestos. Nada que Pablo Casado, el antecesor de Feijóo, no llevase reclamando desde el inicio de la legislatura hasta que sus compañeros decidieron destituirle.

En el PP saben que los precios disparados y las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos son los puntos más débiles del Ejecutivo de coalición y se proponen explotarlos pensando sobre todo en el debate de presupuestos que se avecina. “La división del Gobierno es uno de los grandes riesgos de la economía española”, proclamó Feijóo. “Sería dramático que no aprobemos los de 2023”. 

“Nadie duda ya de que el Gobierno acierta cuando rectifica y es hora de que rectifique de una forma intensa. Y si es posible, de una forma más amplia, menos soberbia, más humilde y más eficaz”, acusó.

De ahí que el PP se proponga aprovechar el debade del estado de la nación de la semana que viene para presentar su “alternativa responsable, sin estridencias, de Estado, con trazabilidad”. Hace falta, subrayó Feijóo, “moderación, estabilidad y acuerdos”, cualidades y objetivos de los que según él el Gobierno “carece”. “Es imprescindible que el Gobierno cambie de rumbo”, sentenció.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asistirá al Debate sobre el estado de la Nación que arranca el 12 de julio en el Pleno del Congreso, aunque será la secretaria general del partido y portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, la encargada de dar la réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según han informado a Europa Press fuentes conservadoras.

El PP ha consultado a los letrados para ver si cabía alguna posibilidad de que Feijóo, que es senador desde el pasado 25 de mayo, pudiera subir a la tribuna de oradores del Congreso para este debate de política general que no se celebra desde el año 2015. Los servicios jurídicos han confirmado que Feijóo no podrá intervenir en ese debate y, por lo tanto, será Cuca Gamarra la que fijará la posición del Partido Popular.

Eso sí, será la primera vez que el jefe de la oposición, que fue elegido presidente del partido el pasado 2 de abril en Sevilla, se siente en el hemiciclo de la Cámara Baja.

Feijóo trabajará con Gamarra los ejes y prioridades de la intervención del partido en el Debate del estado de la Nación, tanto en el "fondo" como en la "forma", según han señalado las fuentes consultadas.

En la primera jornada del debate, el presidente del PP estará sentado a su lado en la bancada del Grupo Popular para preparar la réplica posterior. Fuentes del PP han admitido que conseguirán foco mediático con esa foto de Feijóo sentado por primera vez en un escaño en el Congreso.

Aunque no suba a la tribuna del Congreso, Feijóo sí que tendrá posibilidad de valorar el discurso de Sánchez en los pasillos de la Cámara o fuera de la misma en cualquier momento del debate. En ediciones anteriores, los portavoces parlamentarios han realizado breves valoraciones de la exposición del presidente en una de las instancias situada al lado del hemiciclo.

En Génova critican que el jefe del Ejecutivo haya elegido el mes de julio, cuando buena parte del país está de vacaciones, para celebrar esta cita parlamentaria, algo que, según el partido, evidencia como entiende Pedro Sánchez el papel del Parlamento.

Sánchez y Feijóo ya han mantenido un debate en las Cortes. Fue el pasado 7 de junio, en el Senado, cuando el líder del PP le tendió la mano para que pueda pactar con su partido y no con las minorías, y el presidente del Gobierno le contestó que el principal partido de la oposición lo único que ha hecho es "estorbar". La respuesta molestó a los 'populares'.

El Debate sobre el estado de la Nación arrancará el martes 12 con la intervención del presidente del Gobierno, que expondrá sus prioridades y hoja de ruta. Después, tocará el turno de los grupos parlamentarios, empezado por el mayoritario, que es el PP.

El debate continuará el miércoles 13 con los grupos que no hayan tenido tiempo de debatir con Sánchez el día anterior y, ya el jueves 14, se someterían a votación las resoluciones de los grupos parlamentarios, un centenar de textos que sirven para medir la fortaleza o debilidad de un Gobierno en el Parlamento.

Fuentes del PP ya anticipan a Europa Press que plasmarán muchas de las medidas que han ido planteando estos meses en sus propuestas de resolución, como las que recoge su plan económico y entre las que destaca la deflactación de la tarifa del IRPF, la reducción de gasto burocrático innecesario o la agilización de los fondos europeos para que lleguen a la economía real.