Nueve años después de las movilizaciones sindicales en defensa de una empleada de una pastelería de Gijón que acusaba a su empleador de acoso laboral, y nueve meses después de que un juez ordenara su inmediato ingreso en la prisión de Villabona en contra del criterio del fiscal (que reclamaba la suspensión de la condena), el grupo de sindicalistas de la CNT conocidos por Las seis de La Suiza ha recibido por fin el indulto en el Consejo de Ministros de este martes. La medida de gracia, que considera que su conducta, aunque delictiva, se produjo en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad sindical, será efectiva a partir del día siguiente, cuando se publique en el BOE.

Las seis de La Suiza –cinco mujeres y un hombre– fueron condenados en junio de 2021 a tres años y seis meses de cárcel por los delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia al considerar que los miembros de la CNT se habían excedido en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical al participar en varias manifestaciones en defensa de una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza, en Gijón, que había denunciado al propietario por acoso laboral y sexual. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de la ciudad asturiana, fue ratificada por la Audiencia Provincial y, más adelante, en 2024, por el Tribunal Supremo. El pasado 9 de julio, el juez ordenó su inmediato ingreso en prisión.

El indulto, que ha impulsado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, aprecia motivos de equidad, justicia y utilidad pública en la medida de gracia. Se justifica en que la conducta por la que fueron condenados –la participación en varias movilizaciones ante el comercio en el que estaba ocupada la empleada–, se produjo en un contexto laboral y en ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación o la libertad de expresión y la libertad sindical. Con su acción reivindicativa, además, los condenados no tenían la intención de cometer los delitos por los que finalmente fueron condenados.

La medida de gracia llega pese a los informes contrarios emitidos tanto por el Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, el autor de la sentencia, como del Ministerio Fiscal, que, sin embargo, el pasado verano, apoyó sin éxito que se suspendiera el encarcelamiento. El Consejo de Ministros indulta las penas de cárcel con la condición de que no vuelvan a ser condenados por ningún delito en los próximos cuatro años.

Todos los miembros de Las seis de La Suiza se encuentran en tercer grado penitenciario desde pocos días después de entrar en la cárcel a la que solo acudían a dormir y de la que estaban exentos los fines de semana. El perdón fue solicitado por una veintena de organizaciones sindicales, el Gobierno de Asturias y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que inmediatamente después de su reclusión afirmó que trabajaría desde dentro del Gobierno para lograrlo. "El sindicalismo es un derecho, no un delito", declaró. PSOE, Sumar, IU, Podemos o EH Bildu también se habían mostrado a favor.

Los hechos tienen su origen en un incidente laboral ocurrido en junio de 2015, cuando una empleada de la pastelería La Suiza, que se encontraba embarazada, comenzó a sentirse mal y pidió al dueño del negocio, sin éxito, que le dejara marchar. Al no permitírselo su empleador, llamó a su pareja, que tuvo un altercado con el propietario en el que estropeó un frigorífico de un golpe. La mujer terminó marchándose y, al poco tiempo, le dieron una baja médica por riesgo de aborto.

En 2017, cuando la empleada disfrutaba de su permiso por nacimiento y cuidado de su hijo, decidió que ya no quería trabajar en la pastelería. Aseguraba que sufría ansiedad y estrés y denunció acoso laboral y sexual por el propietario. También acudió a la CNT para que negociara con él la ruptura de su relación laboral, algo a lo que el dueño del negocio se negó.

El sindicato organizó entonces una quincena de concentraciones –la mitad de ellas comunicadas a la Delegación del Gobierno– a la puerta del local en el que, además del dueño, trabajaba su esposa, una hija y dos empleados más. Las primeras contaron con apenas una decena de afiliados de la CNT, pero con el tiempo se fue sumando gente hasta el punto de que, en alguna ocasión, llegaron a congregarse varias decenas de personas que gritaron a favor del cierre del negocio y corearon insultos a los clientes. En alguna de estas protestas se llegó a interrumpir la circulación y se tiró algún petardo. El propietario mantuvo en el juicio que tuvo que cerrar y malvender el negocio a causa de ese movimiento en defensa de su empleada.

La orden de ingreso en prisión contra Las seis de La Suiza llegó ocho años después de los hechos, cuando todos ellos se encontraban perfectamente insertados en la sociedad, con empleo y familias a su cargo. Esa fue la razón esgrimida por sus abogados el verano pasado para evitar su encarcelamiento, que esa medida habría interrumpido la normalidad de sus vidas. Sin embargo, el juez de lo Penal gijonés obvió sus alegaciones y la petición del fiscal de suspender la pena y los envió a Villabona. Tras el cierre de La Suiza en Gijón, su propietario abrió un establecimiento similar en Oviedo.

Un día después del 50 aniversario del golpe de Estado y del inicio de la última dictadura en Argentina (1976-1983), el jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, dijo este miércoles que "hay que pasar página" y anunció una reconstrucción de las Fuerzas Armadas.

"Hay que pasar de página y mirar al futuro como país, contando la historia completa para no repetir las tragedias del pasado", afirmó, al expresar que Argentina requiere unas "Fuerzas Armadas fuertes y equipadas para defender la patria".

Y añadió: "Es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo. Las Fuerzas Armadas ya han demostrado ser democráticas. Es hora de reconstruir el instrumento militar y poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene".

El jefe de Gabinete se expresó así en una rueda de prensa horas después de que cientos de miles de personas salieran a las calles en Argentina para pedir justicia por los 30.000 desaparecidos y recordar los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura.

En la Casa Rosada, Adorni anunció que "este Gobierno se compromete a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar".

"Esperamos que el Gobierno que nos suceda, sea quien sea, le de continuidad a esta política de Estado. Es de interés nacional y tiene que estar más allá de toda ideología", argumentó.

A continuación anunció: "El 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional".

Adorni, quien en estos momentos está envuelto en un escándalo por supuesto mal uso de dinero público, es desde que el ultraderechista Javier Milei llegó a la Presidencia, en diciembre de 2023, uno de sus más cercanos colaboradores.

Este martes cientos de miles de argentinos salieron a las calles de las ciudades del país para recordar la violencia y el terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura, justo cuando se cumplen 50 años del golpe militar que dio lugar a una de los periodos más oscuros de la historia de este país.

Con motivo de esta simbólica efeméride, el Gobierno de Milei difundió un vídeo de casi una hora de duración con sendas entrevistas a una mujer, que fue robada cuando era bebé, y el hijo de un militar asesinado por la guerrilla en los años 70.

En ese vídeo, ambos entrevistados minimizan los crímenes de la dictadura y piden lo que el gobierno considera la "historia completa".

Con el lema "historia completa", el Gobierno de Milei busca equiparar la acción guerrillera previa al golpe de 1976 con el terrorismo de Estado llevado a cabo durante siete años seguidos contra la población civil sin distinciones. 

Madrid se prepara para salir a la calle este fin de semana y protestar contra la guerra. El sábado 21 de marzo, la Asamblea Internacionalista de Madrid ha convocado una manifestación bajo el lema “No a la guerra”, a raíz de la escalada militar en el conflicto entre EEUU, Israel e Irán. La marcha dará comienzo desde Atocha a las 18.00 horas y finalizará en la Puerta del Sol.

Tras un encuentro en el que participaron más de 200 personas, la iniciativa, impulsada por distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales junto a activistas y personas individuales, busca “impulsar la solidaridad internacionalista contra la guerra, el militarismo y el imperialismo”. 

Los bombardeos siguen siendo la norma día tras día en Oriente Medio tras el ataque conjunto llevado a cabo por EEUU e Israel sobre la capital de Irán. La escalada bélica ha dejado ya más de mil muertos en Irán y no parece tener una solución sencilla. 

Para la asamblea, estos ataques son solo otro ejemplo más de cómo “EEUU e Israel buscan someter a los pueblos del mundo” como ya se vio “en el genocidio palestino, los bombardeos a Venezuela o el asedio contra Cuba”. Las organizaciones, durante la asamblea, subrayaron la necesidad de “construir un espacio unitario”.

La postura del Gobierno de España, a diferencia del resto de Europa, ha sido clara desde el principio: no a la guerra. Aunque para las distintas organizaciones este mensaje solo “señala la hipocresía de los discursos oficiales contra la guerra y el aumento del gasto militar, el papel de las bases militares de Rota y Morón en las operaciones militares para bombardear Irán o el envío de la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo”.

Otro de los focos de la movilización que se planteó en la asamblea es el “actual contexto de creciente militarización”, sobre todo en Europa, una dinámica que se refleja en el “rearme y el aumento de gasto militar” que en el caso español, señalan, “supera los 40.000 millones de euros, mientras se mantienen recortes en servicios públicos y derechos sociales”. 

Esta convocatoria, que tendrá como lema principal el “No a la guerra”, quiere ser “un primer paso para construir un amplio movimiento contra la guerra y el imperialismo”. Los organizadores buscan que se involucren especialmente la juventud, la clase trabajadora y colectivos sociales con el fin de “seguir ampliando y fortaleciendo el espacio unitario que impulse una movilización social contra la guerra". 

Miles de personas protestan este sábado por toda España reclamando parar la guerra en Irán junto a personalidades del mundo de la cultura, la sociedad y la política, en una iniciativa respaldada por más de 200 asociaciones bajo el lema "Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza". También por personalidades del mundo de la política, como la coordinadora de Sumar Lara Hernández o la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo, que han acudido a la concentración de Madrid.

En la capital española, con gritos de "No a la guerra", "¿Quién decide aquí? El pueblo iraní" y "Cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza", así como carteles pidiendo "Paz", unas 5.000 personas, según la organización, se han concentrado frente al Museo Reina Sofía, que alberga el 'Guernica' de Picasso, símbolo universal antibelicista. En otras ciudades, la participación ha sido más baja debido al mal tiempo como en Barcelona donde se han reunido unas 500 personas bajo la lluvia.

Interrumpido por gritos de "No a la guerra" y "OTAN no", el periodista, escritor y humorista Juan Luis Cano ha sido el encargado de leer el manifiesto, que condena "el régimen criminal de los ayatolás" y expresa su apoyo al pueblo iraní, en especial a las mujeres en su lucha por la democracia y la igualdad, y -añade- "nada justifica los salvajes bombardeos de EE.UU. e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

En la ciudad Condal, ha sido la cineasta Chelo Álvarez-Stehle, la encargada leer el manifiesto que llama a las y los demócratas "a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza".

Cineastas, escritores y otras personalidades de la cultura han expresado su apoyo a sus colegas de Irán, Gaza y EE.UU. "La cultura siempre estará al lado de la humanidad, no a la guerra", ha resumido Javier Fesser.

Entre los asistentes también estaban Lluis Pasqual (director de teatro), Daniel Calparsoro (director), Benito Zambrano (director), Inés París (directora), Joaquín Oristrell (guionista), Teresa Aranguren (periodista) y Santo M. Ruesga (economista), entre otros.

También el eurodiputado del PSOE José Cepeda, quien ha asegurado: "Los socialistas no queremos la guerra ni bombas que solo perjudican a los ciudadanos".

En la Barcelona, la actriz Viky Peña ha leído un segundo manifiesto en favor de los derechos humanos de las mujeres en Irán mientras que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha condenado los ataques perpetrados en los últimos días por Israel y Estados Unidos.

Sevilla, Santander o Córdoba también han acogido las protestas que claman para que se pare la guerra en Oriente Medio.

La plataforma Parar La Guerra ha convocado para este sábado 14 de marzo concentraciones en más de 150 ciudades de toda España para exigir el fin de la guerra en Oriente Medio y del genocidio en Gaza. Bajo el lema “Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza", los promotores llaman a una nueva movilización “masiva” de la ciudadanía y de todos los sectores sociales para defender el derecho internacional y una paz “justa y duradera”.

El manifiesto, firmado por más de 1.500 personas, 200 personalidades de la cultura y 143 organizaciones condena el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán así como el régimen de los ayatolás pero recuerda que "es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro y nada justifica los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

La jornada de protesta convocada para este fin de semana llega después de más de dos años de trabajo en los que la plataforma ha publicado ocho manifiestos y ha impulsado siete movilizaciones, con más de 15.000 apoyos en 35 países, siempre contando con centenares de profesionales de la cultura, organizaciones sociales y sindicales como Manuela Carmena, FETICO, COGAM, Uruguayos en Madrid, Alba Flores o Luis Goytisolo, entre otros muchos.

Parar La Guerra convocará a los manifestantes este 14-M a las 12:00 horas en todas las localidades y celebrará un acto central en Madrid en la Plaza de Juan Goytisolo donde se leerá el manifiesto que rechaza expresamente los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y sobre territorio palestino e iraní, que define como “una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial”. Al mismo tiempo, se reclama una salida “democrática y justa” para Oriente Medio. El escrito concluye con una llamada "a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo a la legalidad internacional

Desde su constitución en octubre de 2023, Parar La Guerra ha buscado ensanchar el frente social contra la guerra, insistiendo en que la defensa de la paz debe estar “por encima de ideologías o credos” y llamando a la unidad de sindicatos, organizaciones y ciudadanía.

Cientos de personas se han manifestado este domingo en Madrid para exigir la aprobación del "escudo social" que esta semana se debate en el Congreso y que incluye, entre otras medidas, la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026, según informa EFE.

El pleno votará el próximo jueves el decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado "escudo social" y de índole fiscal y empresarial, una medida que previsiblemente será rechazada con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts.

La manifestación, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha partido de la plaza Antón Martín y ha concluido en Sol, donde se ha leído un manifiesto.

Cientos de personas han participado en la marcha, que se ha desarrollado sin incidentes y en la que se han coreado lemas como "ni gente sin casa, ni casas sin gente", "sin luz, sin gas, el rey tendría que estar", "no vamos a parar, estamos defendiendo el escudo social", "pensionistas y estudiantes, unidos y adelante" y "ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar".

El portavoz estatal de la Coespe en Madrid, Damián Rodríguez, ha explicado en declaraciones a EFE que van a proseguir con estas movilizaciones "de manera permanente" hasta que se dé luz verde al decreto, y ha lamentado que la derecha "no tiene ni corazón ni cabeza" y que "solamente tiene los ojos del dólar y de amasar dinero a espuertas".

En España casi cuatro millones y medio de personas pensionistas cobran menos de 1000 euros al mes, fundamentalmente con rostro de mujer, ha insistido el portavoz de la organización, al tiempo que ha pedido "que la pensión mínima se equipare con el salario mínimo interprofesional".

Ha remarcado que "el coste de la vida sube enormemente" y especialmente la vivienda, y si este decreto cae miles de personas podrían acabar en la calle, lo que provocaría "un estallido social incalculable".

Por su parte, el portavoz del sindicato de inquilinas, Fernando de los Santos, ha querido insistir en la unidad entre inquilinas, trabajadoras y pensionistas para proteger el escudo social que se va a votar esta semana en el Congreso y la revalorización de las pensiones.

"Nos han intentado enfrentar a pensionistas con personas trabajadoras, con personas que viven de alquiler, y rechazamos ese enfrentamiento, esto no es un conflicto intergeneracional, es un conflicto de clase", ha remarcado de los Santos.

A su juicio, la raíz del problema es la misma, tanto en el tema de las residencias de mayores como en los alquileres, ya que "son los mismos fondos, las mismas empresas, las mismas personas, las que están acaparando viviendas y privatizando las residencias".

El portavoz de CSI ha hecho hincapié en que "cobran unos precios por las camas en las residencias privadas que no se pueden pagar con las pensiones actuales y cobran unos alquileres que no se pueden pagar con los sueldos actuales".

Por ello, ha dejado claro que es necesaria una "revalorización de las pensiones, pero de la mano de ese escudo social que permita que no se produzcan desahucios", teniendo en cuenta que "más de 600.000 contratos de alquiler finalizan en el próximo año" y si no se hace nada podrían acabar en la calle.

En este punto ha recordado que la pensión media es de 1.400 euros y las camas en residencias privadas valen de media 2.200 euros, mientras que en el caso del alquiler se está destinando más del 70 % de nuestros sueldos.

"No podemos aceptar esto, tendrán que arreglárselas para aprobarlo (el decreto) y si no, nuestro trabajo seguirá siendo el mismo: organizarnos, salir a las calles, exigir estas medidas y organizarnos en nuestros bloques, en nuestros barrios, para acabar con los precios actuales de alquiler", ha concluido.

Cientos de manifestantes se concentraron este jueves a las puertas del Congreso de Argentina para protestar contra el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en el marco de la huelga general convocada para repudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, informa EFE.

Con la sede parlamentaria totalmente vallada y rodeada de efectivos de fuerzas de seguridad, integrantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda y de diversos sindicatos exhiben banderas y carteles y lanzan consignas contra la inédita reforma que, de aprobarse, supondrá importantes cambios en las relaciones laborales en el país suramericano.

La protesta en los alrededores del Congreso coincidió con el inicio del debate del proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados y con la celebración de una huelga general, la cuarta convocada por las centrales obreras desde que Milei llegó a la Presidencia argentina a finales de 2023.

El paro de 24 horas fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), pero mientras la primera no llamó a movilizarse, la segunda sí es parte de la protesta ante el Congreso.

Los sindicatos alegan que la reforma implica reducir derechos de los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.

El proyecto llega al pleno de la Cámara Baja con una modificación respecto al texto que fue aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero, por lo que, de recibir el visto bueno de los diputados este jueves, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su debate.

La medida de fuerza de este jueves, que afecta, entre otras actividades, al transporte de pasajeros, la industria y las operaciones de comercio exterior, tiene un "importantísimo" nivel de adhesión, según afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, en declaraciones radiales.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor sindicato de empleados públicos del país, afirmó que el nivel de seguimiento de la huelga entre sus afiliados es del 98%.

Miles de docentes han salido a la calle este miércoles en toda Cataluña, complicando la movilidad por la mañana con cortes de carretera y acudiendo después a manifestaciones masivas, en una jornada de huelga para reclamar más salarios y recursos para atender al alumnado, informa EFE.

En el primer paro convocado por los sindicatos desde enero de 2023, cuando el conseller del ramo era Josep González Cambray (ERC), las centrales han conseguido una movilización que han calificado de "histórica".

En Barcelona, han sido 25.000 los profesores y maestros que han acudido a la manifestación, que ha partido a mediodía de los Jardinets de Gràcia y ha acabado frente a la sede del Departamento de Educación, en la Via Augusta, según cifras del consistorio.

Los sindicatos han cifrado en más de 60.000 los participantes en la marcha, un cálculo que elevan a más de 100.000 sumando los asistentes a todas las manifestaciones celebradas en Cataluña.

Los docentes, todos vestidos de amarillo, han blandido pancartas con sus principales peticiones y han hecho sonar silbatos y tambores, y han tirado petardos, creando un ambiente muy reivindicativo.

Entre los lemas que más se han gritado o que se leían en las pancartas destacan "Vamos a la huelga por el futuro de los niños", "Basta ya", "Queremos tiempo para educar, no para apagar fuegos", "Dignifiquemos la profesión", "Arriba salarios, abajo las ratios" o "La docencia no tiene que ser supervivencia".

En Barcelona, la pancarta que encabezaba la marcha con la presencia de los principales representantes de los sindicatos llevaba el lema "Basta ya, mejoras laborales ya". Al llegar frente al departamento, los manifestantes han lanzado globos llenos de tinta.

Un grupo de representantes de los sindicatos se han entrevistado brevemente con el director general de personal de Centros Públicos, Josep Maria Garcia Balda, y han salido denunciando que la consellería "no ha estado a la altura".

Al inicio de la manifestación, Yolanda Segura, la portavoz de USTEC-STEs, el sindicato mayoritario, ha celebrado "el éxito" de la huelga, que ha calificado de "histórica", y ha asegurado que un 85% de los docentes y del personal laboral del sector público ha seguido el paro.

Según los datos del Departamento de Educación, basados en la comunicación de un 37% de los centros educativos, el seguimiento del paro ha sido del 37,23% del total de la plantilla.

Segura ha denunciado que los docentes "estamos -ha dicho- en una situación límite" y ha recordado que ya han anunciado una semana entera de paros del 16 al 20 de marzo para presionar a la Generalitat. "Este curso no acabará con normalidad si no hay una respuesta", ha asegurado.

La manifestación es el colofón a una jornada de movilizaciones que ha comenzado a primera hora de la mañana con concentraciones de docentes que han cortado el tráfico en una decena de carreteras de toda Cataluña y que han provocado el colapso circulatorio en los accesos a Barcelona.

Además de Barcelona, los docentes han llevado a cabo manifestaciones también masivas en Tarragona, donde han acudido 5.000 personas, así como en Girona, Lleida y Tortosa.

Entre las reivindicaciones de los convocantes de la huelga, los sindicatos USTEC-STEs (IAC), CCOO, CGT, UGT y Professors de Secundària, destaca un incremento salarial para compensar la pérdida del poder adquisitivo que arrastra el colectivo desde los recortes de la gran crisis económica, que los sindicatos cifran en un 20%.

También exigen reducción de ratios en las aulas para poder atender en condiciones al alumnado, estabilidad de las plantillas, más recursos para la escuela inclusiva y la eliminación de la sobrecarga burocrática.

Ante la movilización de los docentes, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, han tendido la mano a los sindicatos para seguir negociando y se han mostrado compresivos con sus reivindicaciones.

El Govern ha elaborado una propuesta de mejora de los salarios que llevará a la mesa sectorial de educación del próximo 19 de febrero y que representará "un punto de inflexión", según ha dicho el secretario de Mejora Educativa del Departamento de Educación, Ignasi Giménez Renom.

Irán es un extenso territorio rico en combustibles. El país alberga más de 90 millones de habitantes, casi la mitad mujeres. Al decir de la gente que sabe, todo por allí parece el mundo de la sinrazón. En esta entrada quiero sobrevolar el hipotético ámbito ecosocial iraní ligado al Cambio Climático (en adelante CC). ¡Qué ocurrencia! Pues sí. Lógicamente será un hablar casi de oídas, sujeto a muchas dificultades. Por eso me voy a imaginar un Irán dibujado y comprendido por diversos grupos de investigación y publicaciones científicas. Intento entender si una parte de la crisis actual, de las muestras de descontento de la población, no tienen que ver con alguna de las consecuencias del CC.

¿Quién sabe qué es Irán hoy? Sin duda, muchos sufrimientos y escasas satisfacciones para su población, qué decir para las mujeres. Señalemos de entrada que me apoyo en Inside Climate News. Se cuenta en un artículo firmado por Katie Surna (14/01/2026). Queda encuadrado en la sección “Justicia y salud”, que visto desde nuestra cultura occidental tiene relación, diacrónica muchas veces. No me cuesta imaginar lo que sucederá por allí. Reproduzco mensajes casi apocalípticos:

"El régimen iraní ha sobrevivido a la guerra, las sanciones y las revueltas. Quizás las crisis ambientales podrían derribarlo.

Décadas de agotamiento del agua, construcción de presas y represión de científicos y ambientalistas han llevado a Irán hacia crisis ecológicas que alimentan protestas que sacuden al país."

Las revueltas ciudadanas recientes parecen provocadas por dos cuestiones básicas: el colapso económico (con sus variables ecosociales) y el hartazgo de la represión política (causa y efecto de las dictaduras, sean religiosas o no). Pero pocos analistas dudan que detrás de las devaluaciones monetarias y los enfrentamientos callejeros empuja una variable más profunda y permanente: la catástrofe ecológica.

La situación no es nueva. Han pasado décadas de ignorancia hacia los científicos; se ha perseguido al activismo ecosocial. Además, se han llevado a cabo proyectos de desarrollo corruptos. Tal es así que han desencadenado una crisis hídrica extremadamente grave. De tal tamaño que el presidente Masoud Pezeshkian avisó a los residentes de Teherán que podrían verse obligados a evacuar la capital, que se hunde a medida que ceden los acuíferos secos.

El coste humano es asombroso. El deterioro de las infraestructuras, el mal diseño de los sistemas de riego y la sobreexplotación de los acuíferos han impedido que los agricultores cultiven con eficacia. Lo cual ha motivado migraciones masivas y el racionamiento de suministros básicos en las ciudades. La consecuencia humanitaria es tremenda: decenas de miles de personas, incluidos niños, mueren prematuramente cada año a causa de la grave contaminación del aire y el agua.

La crisis de contaminación atmosférica es letal. Lo saben bien quienes lo padecen en Teherán, Isfahán, Karaj, Tabriz, Mashhad y Ahvaz. Los registros de calidad del aire allí se mueven entre los rangos insalubre, muy insalubre e incluso peligroso. Teherán se encuentra entre las ciudades más contaminadas del planeta. En momentos determinados se ha optado por el cierre generalizado de colegios; a la vez se han suprimido servicios públicos y han aumentado con fuerza los casos respiratorios y cardíacos. La indignación pública ha crecido.

Para colmo, la dependencia del mazut, un fuelóleo pesado con un alto contenido en partículas y azufre, hace de respirar un envenenamiento continuado. Aún hay más. Los vehículos de Irán son de los más antiguos de la región. De hecho, más del 70% de las motocicletas de Teherán tienen más de veinte años. Solo con esto, el tráfico ordinario genera un daño desproporcionado. Además las políticas gubernamentales mantienen los precios del combustible artificialmente bajos. Lo cual provoca acumulación de emisiones en entornos urbanos densos, que tienen una circulación de aire limitada.

En realidad casi todo lo ecosocial se resiente: pobreza, desigualdad, opresión de clase, abuso de género, presión sobre las etnias no gobernantes; además de crisis hídricas y ambientales. “Todas estas calamidades son consecuencia directa de un sistema corrupto y desgastado”, al decir del comunicado que emitieron en diciembre los activistas estudiantiles.

Las protestas actuales, que estallaron a finales de diciembre, son las más grandes desde 2022-2023. El gobierno ha respondido con un apagón de comunicaciones, cortando el acceso a Internet en todo el país; han abundado las violentas medidas represivas. Varias ONG estiman que miles de personas han sido asesinadas y aún más arrestadas. Irán tiene desde hace tiempo un historial de ejecuciones de manifestantes, a menudo mediante ahorcamientos públicos.

Nos quedamos con el titular de aquella noticia publicada en Euronews que sintetizaba en parte la tragedia ecosocial: Irán estalla cuando la crisis climática convierte las protestas en una lucha imprescindible por sobrevivir.

Habrá que volver a leer Persépolis, de Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024. El Irán de las personas apenas se conoce. Pero sí la muerte de Mahsa Amini, tras ser detenida por llevar mal puesto el velo. Habrá que escuchar lo que nos dice  la premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi. Acosada por “la justicia iraní”, mantiene la palabra viva. Denuncia continuamente las violaciones de derechos humanos en Irán; entre ellas la aplicación de la pena de muerte o la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico obligatorio.

Como sucede siempre, las y los iraníes lamentarán que el resto del mundo los ha dejado solos. Tras la brutal represión de las protestas, que reclamaban una mejoría de la vida ecosocial; ni más ni menos. No importa que el ogro occidental ruja para quitarle al pueblo iraní petróleo y otras riquezas.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

El sector agrario ha movilizado a más de 25.000 agricultores y 15.000 tractores, según datos de los convocantes, en un "súper jueves" de protestas —como así lo han denominado— para rechazar el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur y el recorte previsto de los fondos de la Política Agraria Común (PAC).

Las organizaciones profesionales agrarias convocantes (Asaja, COAG y UPA) han valorado la "gran respuesta" del campo, especialmente en una jornada marcada por las inclemencias meteorológicas que han provocado la suspensión de actos en Sevilla y en Madrid, donde una representación de agricultores se ha reunido con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para abordar sus problemáticas.

Los manifestantes se han concentrado a lo largo de esta jornada en ciudades y pueblos, pero también ha mantenido acciones en una docena de carreteras en puntos de Asturias, Región de Murcia y La Rioja.

En Andalucía, los agricultores se han manifestado en todas las provincias, salvo en Sevilla, donde las inclemencias meteorológicas han obligado a posponer su protesta.

Cientos de agricultores asturianos han secundado esta jornada en Barres, Bustio y Campomanes, donde han llegado a cortar la carretera N-630, mientras en Galicia, en Santiago de Compostela, decenas de ganaderos se han concentrado gritando consignas como "Non ao Mercosur", mientras sostenían una pancarta que pedía "Alimentos saudabeis, comercio xusto xa", o en Xinzo de Limia (Ourense) donde un grupo de productores ha cortado la autovía A-52.

Unos 130 tractores mallorquines con numerosos "payeses" han acudido hasta la protesta organizada en la localidad de Ariany y en la propia capital de la isla y, en Menorca, un centenar de productores, acompañados de ocho tractores, se han manifestado en el recinto ferial de Es Mercada ante la amenaza de menos fondos PAC.

En Canarias los tractores han llegado hasta la avenida Marítima de Las Palmas y los representantes del sector del plátano se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno, según ha informado la asociación de productores Asprocan en redes sociales.

Los productores cántabros han llegado con sus reivindicaciones hasta las puertas del Parlamento y de la Delegación del Gobierno, donde se han vivido momentos de tensión, con enfrentamientos entre manifestantes —que han dejado en la puerta un ternero muerto en protesta por los ataques del lobo— y agentes policiales.

En Castilla y León se han movilizado más de 2.500 tractores que han congestionado la circulación de todas las capitales excepto en Ávila, donde se manifiestan este viernes, y en Segovia, que lo harán el lunes.

En Castilla—La Mancha, numerosos tractores han tomado las calles de Toledo para exigir que no haya "más mentiras" con la PAC y el Mercosur; y en Comunidad Valenciana hasta 200 tractores y más de 2.000 personas han recorrido las calles de la capital en una protesta que ha dejado imágenes como ganaderos disfrazados de vacas "hormonadas".

Los agricultores murcianos han sido especialmente activos, protagonizando cortes de carreteras y el reparto de hortalizas a la ciudadanía.

En País Vasco, decenas de tractores han llevado hasta Bilbao sus quejas y han hecho sonar sus bocinas mientras eran aplaudidos por un centenar de ciudadanos.

En La Rioja, unos 1.500 agricultores, con 400 tractores, han realizado cortes intermitentes de cinco zonas estratégicas para expresar su hartazgo a lo largo de todo el día, con una quema de fardos de paja en Briones que luego han sido retirados.

En total, los convocantes han celebrado protestas en 30 provincias.

Los agricultores extremeños, catalanes y aragoneses no han convocado ninguna acción de relevancia para este jueves, si bien, han protagonizado otras protestas en días anteriores.

El campo suma así una jornada más plantándose frente a la ratificación del acuerdo UE—Mercosur y ante el temor de que Bruselas aplique un recorte de hasta el 22% en los fondos asignados para el próximo período de la PAC.

Las conexiones a internet global mejoraron este martes en Irán tras 19 días de bloqueo, una medida que se tomó en medio de las protestas más violentas en la historia de la República Islámica con la muerte de miles de manifestantes. “Con el apagón de internet en #Irán acercándose al día 20, muchas redes están comenzando a ser visibles internacionalmente”, dijo en X Netblocks, organización que vigila el tráfico y la censura en la red. Netblocks matizó, sin embargo, que “no hay un retorno a la normalidad: la web sigue fuertemente filtrada mediante una lista blanca”.

EFE comprobó que las conexiones mejoraron a primera hora de la tarde de este martes y comenzaron a funcionar los programas de VPN, necesarios para saltarse la censura y usar aplicaciones como WhatsApp y X.

Las autoridades iraníes aplicaron el 8 de enero un apagón de comunicaciones con el bloqueo de internet global, las llamadas internacionales y los SMS locales, que ha ido levantando poco a poco. Así, durante días los iraníes han tenido solo acceso a una red interna, limitada a servicios locales y medios estatales, en una medida sin precedentes en el país. Sin embargo, desde el pasado viernes se observó una mayor disponibilidad de servicios y páginas web internacionales.

El apagón se produjo en medio de las protestas que comenzaron a finales de diciembre por comerciantes de Teherán por la caída de la moneda nacional, el rial, y que se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica. Esas manifestaciones alcanzaron su momento crítico el 8 y 9 de enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán seguidos de una fuerte represión.

La ONG HRANA, con sede en EEUU, informa de 6.126 asesinados por el régimen.

El corte de internet global en Irán le cuesta al país unos 35 millones de dólares diarios y afecta a 10 millones de trabajadores que dependen de la economía digital, reconoció este lunes el ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Sattar Hashemi.

La Casa Blanca evitó este lunes disculparse por las afirmaciones realizadas por miembros del Gobierno de Donald Trump sobre el hombre que murió por disparos de agentes federales el sábado en Mineápolis, que lo acusaron de "asesino" o de ser un "terrorista doméstico" poco después del suceso, informa EFE.

Al ser preguntada por qué distintos miembros de la Administración optaron por llegar a determinadas conclusiones cuando no se sabía mucho sobre el incidente, la portavoz de Casa Blanca, Karoline Leavitt, se escudó en que la situación está cambiando de manera muy rápido.

"Esta ha sido una situación muy cambiante y que se ha desarrollado rápidamente durante todo el fin de semana. En cuanto al presidente Trump, en cuyo nombre hablo, ha dicho que quiere que la investigación continúe y que los hechos hablen por sí solos", respondió la portavoz.

"Un asesino trató de asesinar a agentes federales" escribió en X el jefe de gabinete adjunto, Stephen Miller, poco después de que varios oficiales del inmigración tirotearan a Alex Pretti, enfermero de 37 años, en Mineápolis, en el transcurso de un operativo para arrestar migrantes.

En su primera intervención tras el suceso, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que Pretti trató atacar a los agentes y blandir su arma con "intención de hacer daño" y de llevar a cabo actos de "terrorismo doméstico".

Múltiples vídeos del tiroteo contradicen lo dicho por Noem o Miller, ya que muestran a Pretti protegiendo a dos mujeres de los empujones y del gas pimienta de los agentes, que se echan encima suyo y le requisan su arma para, a continuación, dispararle varias veces por la espalda cuando yace en el suelo.

Al ser preguntada sobre si alguien en la Administración tiene previsto disculparse con la familia del enfermero fallecido por esos comentarios, Leavitt se limitó a decir que "el incidente sigue bajo investigación" y que nadie en la Casa Blanca, "incluido el presidente de Estados Unidos, quiere ver a estadounidenses heridos o muertos".

La muerte de Pretti supone el segundo suceso de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, falleció a causa de los disparos de un funcionario de inmigración.

Las redadas a gran escala contra migrantes en Mineápolis fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales supuestamente malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

Es un sábado cualquiera en Madrid. El buen tiempo, que no se había prodigado demasiado por la capital, hace que muchos hayan salido a las calles a pasear y a realizar sus compras en plenas rebajas. Sin embargo, en la plaza de Callao, muy cerca de la Puerta del Sol, se escucha un clamor muy poco habitual en España. Varias decenas de personas se reúnen en círculo portando banderas verdes, rojas y blancas con un león en el centro. En el interior de la circunferencia unas mujeres simulan a las personas asesinadas por la teocracia de Irán durante estas semanas de protestas, que algunas organizaciones cifran en decenas de miles de personas. Podría parecer una muestra de apoyo más a los manifestantes iraníes que han salido a las calles, pero ese león de la bandera y los gritos que se escuchan hablan de algo más. “Pahlavi, Pahlavi, Pahlavi”, repetían sin cesar. No solo pedían el fin del régimen de los ayatolás, pedían que su sustituto fuera el hijo del último sha de Persia, Reza Pahlavi.

Durante este último mes, este hombre de 65 años, que aún se hace llamar a sí mismo Príncipe Heredero de Irán, ha saltado de las portadas de las revistas del corazón a la primera plana de los principales periódicos internacionales. Para algunos es la esperanza de una alternativa democrática y alejada del fundamentalismo de los ayatolás, para otros es la rémora de un pasado que, lejos de ser ejemplo de virtudes, era sinónimo de represión, corrupción y pobreza. 

Y es que, pese a que en muchas de esas manifestaciones a su favor, sobre todo fuera de Irán, colocan al país persa previo a la Revolución Islámica como una suerte de arcadia perdida a la que anhelar, todo es mucho más complicado. “Parte de su encanto está precisamente en eso, en ser representante de ese pasado idealizado, de una suerte de orden que fue previo al caos de los ayatolás. Es una figura que tiene un predicamento especial en los jóvenes porque lo ven como un lienzo en blanco sobre el que proyectar esos deseos de cambio”, explica Samuele C. Abrami, investigador principal de CIDOB.

Sin embargo, hay unos cuantos matices a esto. El primero es que no hay ninguna garantía de que Reza Pahlavi sea esa figura democratizadora que muchos desearían. “Cuesta mucho imaginarle como una persona que pueda liderar una transición. Durante todo este tiempo, el hijo del sha ha estado más interesado en velar por los intereses de sus aliados extranjeros, Israel y EEUU, que en los de Irán. Y en las preocupaciones de estos no está precisamente la democracia, sino tener un interlocutor más o menos estable en el país que tome algunas medidas cosméticas, como el tema de las ejecuciones, por ejemplo, pero que probablemente no llegaría más allá. El foco está en la energía iraní y en la seguridad de Israel, no en la democracia”, asegura Álvaro de Argüelles, analista de El Orden Mundial y doctorando en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid.

El segundo matiz y probablemente el más importante, es que este ‘fenómeno Pahlavi’ tiene mucho más de construcción desde el exterior que de deseo de la sociedad iraní que se encuentra en el país. “Dentro no tiene ninguna legitimidad política ni moral. Está muy condicionado por el legado de atrocidades de su padre y el hecho de que viva entre lujos en EEUU tampoco ayuda a que en Irán se le vea como una alternativa razonable al régimen de los ayatolás. Me parece que esta vuelta a primera plana de Pahlavi es algo más creado desde el extranjero que algo verdaderamente anclado en los iranís”, comenta Rosa Meneses, subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos.

La experta piensa que, si bien han salido imágenes de las protestas en Irán donde se observa a los manifestantes pedir la vuelta del hijo del sha, cree que son más una forma de desafiar al régimen que una genuina popularidad de Pahlavi. Además, en sus intervenciones públicas, sus palabras se centran más en su deseo de volver a la senda de los Acuerdos de Abraham y de mantener buenas relaciones con EEUU e Israel que en ofrecer un programa alternativo y que pueda servir como una propuesta de país sólida. “Si hablara de mejorar las condiciones económicas de los iranís o de cómo resolver los problemas de malestar social estaría haciendo una mejor ‘campaña electoral’”, opina Argüelles. 

Pahlavi, al llevar la práctica totalidad de su vida fuera de Irán no tiene una vinculación con los ciudadanos del país ni tampoco ninguna estructura allí que le pueda ayudar. “Su problema es que no hay nada más allá de su propia persona. No tiene ni siquiera un partido político con una ideología ni un programa. Eso muestra hasta qué punto es algo muy promocionado desde fuera en redes sociales y con fuerte predicamento en los jóvenes, pero que realmente no se sostiene en nada sólido cuando miramos dentro de Irán”, insiste Meneses. 

De hecho, si de algo habla el auge de Pahlavi como figura alternativa es de la falta de una oposición clara al régimen de los ayatolás y que pueda ser llamada como tal. “Al final, lo que hace el hijo del sha es dividir aún más a una oposición muy debilitada ya de por sí, porque muchos de los que están en contra de la República Islámica nunca estarían a su favor”, advierte Abrami.

En eso está, precisamente, el quid de la cuestión. Pese a que las protestas de diciembre-enero han sido de las más fuertes de los últimos años y a que el régimen de los ayatolás vive en uno de los peores momentos desde su creación, las manifestaciones no han logrado tumbar el poder. Una vez más, la dictadura ha resistido gracias a una ola de represión que ha vuelto a silenciar las calles. Esta vez más mortífera que nunca. Con una maquinaria tan agresiva y bien engrasada y una falta total de una alternativa real al régimen, Irán está de nuevo en la casilla de salida. 

“El régimen ha mostrado de nuevo que no tiene fisuras internas. Todos han cerrado filas en torno a él y han decidido sustentar la dictadura, que sigue conservando el apoyo de los militares. Esto ha sido un trabajo de años, desde que la línea más dura de la República Islámica se impuso, la disidencia dentro del propio régimen desapareció gracias a la máquina represora”, comenta Meneses. Igualmente, el investigador del CIDOB también ve fundamental el papel que ha tenido EEUU, con Donald Trump primero animando a las manifestaciones e incluso sugiriendo una posible intervención al silencio total por parte del magnate.

Con esa represión salvaje y sin tener realmente a nadie que pueda canalizar las demandas, la ciudadanía está en un lugar complicado. Durante estos años, los iraníes ya se han mostrado concienciados y deseosos de un cambio, incluso ante la violencia del régimen, pero no han conseguido aglutinar ese descontento en torno a nada.  Es una situación que a De Argüelles le recuerda mucho a la que se vivió durante las Primaveras Árabes de principios de la década pasada. Lo que en un inicio se vio como un impulso democratizador de países que llevaban viviendo bajo autocracias acabó no consolidándose, precisamente, por esa falta de una alternativa al status quo.  

La represión tiene una importancia máxima en ese proceso. “Desde hace tiempo la República Islámica dejó claro que cualquier liderazgo que surgiera en la oposición sería reprimido inmediatamente”, señala Abrami. Ya quedaron atrás líderes como el expresidente Mohamed Jatamí, que durante los primeros años de este siglo representaron un ala más reformista y aperturista en Irán. Desde que dejó el poder y este cayó en manos del conservador Mahmud Ahmadineyad, la deriva de la dictadura ha sido ahogar cada vez más a la oposición. Lo hicieron después de las protestas de la Revolución Verde de 2009, en la que los manifestantes denunciaron un fraude electoral para la reelección de Ahmadineyad en detrimento de Mir Hosein Musaví. La movilización popular terminó con este último en arresto domiciliario, prácticamente incomunicado, con los líderes aperturistas perseguidos y con el ala reformista cada vez más desdibujada.

Ahora, para De Argüelles, lo que existe como oposición es una suerte de establishment dentro de las élites que poco se parece a ese grupo de los reformistas de antaño. Más que cambiar el régimen, explica, están más centrados en hacerse con el poder, e incluso muchos de esos cuadros menos radicales ni siquiera se han opuesto al uso de la violencia en la represión de las manifestaciones. “Evidentemente ninguno de ellos responde a las demandas de la población ni tampoco son populares”, recuerda el analista de El Orden Mundial.

Más allá de esas élites y de lo poco que queda del ala reformista, la oposición más real la integran diferentes grupos étnicos que están frontalmente en contra de los ayatolás. Los dos más destacados son los kurdos y los baluchíes, que pese a esa oposición, es difícil verlos como una alternativa real. “Son minorías que están muy apegadas a una región concreta y cuyas reivindicaciones son muy locales. Resisten contra el poder central pero ni tienen una marca política ni capacidad para aglutinar de forma nacional”, describe el experto del CIDOB. Una reflexión en la que coincide Meneses: “Todo esto muestra una disidencia fragmentada y sin una figura unitaria que pueda unificarla. Cada una tiene su parcela y no son capaces de tener la influencia para ser un motor de cambio real”. Porque mientras las banderas de Pahlavi ondean en las calles de Occidente, en Irán la única bandera sigue siendo la de la violencia y la represión.

Dicen que las calles de Teherán huelen a sangre: la sangre de los manifestantes asesinados por este régimen brutal.

Hasta la fecha de este artículo, el país lleva más de 240 horas de apagón digital, una flagrante violación del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. Es una estrategia intencionada por parte de un régimen teocrático acorralado y desesperado por sobrevivir a cualquier precio, en contra de su población, agotada, con poco que perder y mucho que ganar.

Las revueltas iniciadas en el Gran Bazar de Teherán fueron el detonante para que afloraran toda la rabia y el hartazgo de una sociedad contenida por décadas de represión sistemática. Se unieron universitarios/as, trabajadores, mujeres, jóvenes y minorías étnicas, ahondando aún más la brecha entre la mayoría de la población y la clase dirigente.

Son décadas de corrupción estructural, de encarecimiento del coste de la vida, devaluación constante de la moneda y opresión sistemática, sobre todo contra las mujeres. Todo ello, agravado por sanciones internacionales, que, lejos de debilitar al régimen, no han hecho más que empobrecer a la población. A todo ello, una gestión económica nefasta, basada en la expansión de la influencia regional antes que en el bienestar de su población. 

En una tierra rebosante de petróleo y gas, la inflación ronda el 50-60% anual y la mayoría de las familias iraníes apenas puede cubrir sus necesidades básicas. Los beneficios generados por la explotación de los recursos no revierten en la mejora de las condiciones de vida de la población. En cambio, una parte importante de dichos recursos se ha destinado al ambicioso programa nuclear y a financiar los proxy que no han hecho más que desestabilizar la zona. 

Mientras, se ha ejercido una discriminación sistemática contra mujeres, minorías étnicas y religiosas, que se suma a la destrucción medioambiental, que condena a los jóvenes a ninguna esperanza sobre su futuro. Y la respuesta del régimen a estas demandas por una vida digna ha sido la de siempre: violencia, detenciones arbitrarias, muerte y aislamiento digital. 

Este nuevo ciclo de protestas muestra que el problema no es coyuntural, y conecta con la larga lucha del pueblo iraní, reflejando la fragilidad y la pérdida continuada de legitimidad del régimen, que solo sabe recurrir a la represión, sin dar solución a tanta miseria, a tanta humillación acumulada. Ya no bastan algunas concesiones ni tímidas reformas. El pueblo exige el derrumbe de este sistema.  

Para reprimir sin testigos y eludir rendir cuentas de sus atrocidades, desde el ocho de enero, el régimen ha cortado Internet, las líneas móviles y la telefonía fija. Desde entonces, los pocos videos que llegan –por VPN, Starlink o gracias a personas que han cruzado literalmente a pie la frontera con Turquía– muestran un país en llamas, donde manifestantes desarmados son masacrados por quien debería velar por su integridad. 

Puede que nunca se llegue a conocer y verificar la cifra real –algunas fuentes hablan de más de 16.000, un auténtico genocidio político–, pero incluso si solo una persona hubiera sido asesinada por expresar su opinión, debería avergonzarnos como sociedad civil. El ansia de supervivencia y miedo de este régimen despiadado es tal que ha llegado incluso a realizar redadas en hospitales para rematar a los heridos de las manifestaciones e intimidar al personal sanitario para que no cumpla su juramento hipocrático. 

Desgraciadamente, el régimen iraní cuenta con una estructura coercitiva y de seguridad muy cohesionada. Los Guardianes de la Revolución y las milicias paramilitares Basij juegan un papel fundamental en la represión interna y tienen importantes intereses en casi todos los sectores estratégicos del país –financiero, armamentístico, industrial, económico y político–, en estrecha alianza con los clérigos. Esta acumulación de poder y riqueza parece no tener límites, protegida por una maquinaria represiva que le garantiza su impunidad y ha sido reforzada por el uso creciente de combatientes de grupos proxy de origen afgano e iraquí para sofocar las revueltas.  

La cuestión principal es hasta qué punto puede ampliarse la brecha ya existente entre el pueblo y el régimen, y cuánto tiempo más podrá sostenerse el pulso entre una sociedad que demanda libertad y un sistema basado en el control coercitivo. Esta tensión puede desestabilizar el régimen, aunque por ahora, tristemente, no parece que haya indicios claros; pero no debemos olvidar que Irán ha demostrado ser inmune a las teorías convencionales y todo desenlace puede ser posible.

A pesar de la heterogeneidad ideológica y social de la población, existe un consenso uniforme, amplio y transversal: el rechazo casi unánime a este régimen autoritario. Las alternativas de cambio de régimen oscilan entre una oposición interna fragmentada y debilitada por décadas de represión –con muchos de sus líderes encarcelados o silenciados– y una oposición en el exilio también dividida, en la que destaca la figura de Reza Pahlavi, hijo del último Sha, como posible catalizador del descontento social y que parece tener una aceptación significativa entre los manifestantes. 

Y a este complejo escenario se suman múltiples variables internas, tales como una eventual toma del poder por parte de la Guardia Revolucionaria o una transición pactada desde el propio régimen, para perpetuarse en el poder a cambio de ciertas concesiones limitadas y controladas. 

Todo ello está atravesado, además, por cálculos geoestratégicos y por la amenaza externa. Los mensajes del presidente Trump y de su homólogo israelí son usados por el régimen para desplegar su narrativa habitual de la injerencia extranjera, recurso recurrente para generar cohesión interna y deslegitimar a la oposición interior.

Es indudable, por lo tanto, que nos encontramos ante un momento potencialmente decisivo en la historia de este país fascinante, cuya población valiente y resiliente no merece sufrir un día más esta represión brutal. Una población que aspira legítimamente a convertirse en protagonista de su propio futuro, en un horizonte de dignidad y libertad. 

Se trata de un anhelo profundo de dignidad humana, de una necesidad vital imperiosa, pese al alto precio a pagar que implica lograrlo.

Por ello, debemos seguir exigiendo la defensa de los derechos humanos y la justicia, que los responsables de estas atrocidades sean juzgados, con todas las garantías legales que ellos mismos niegan a su población. 

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Anahita Nassir es politóloga hispano-iraní y colaboradora de la Fundación Alternativas.

Miles de personas recorrieron este sábado el centro de Copenhague al grito de "Groenlandia no está en venta" y en contra de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con ese territorio autónomo danés, según informa EFE.

La manifestación, convocada por organizaciones de groenlandeses residentes en Dinamarca y una ONG danesa, comenzó en la plaza del Ayuntamiento, donde intervinieron, entre otros, la alcaldesa de Copenhague, Sisse Marie Welling, y varios políticos groenlandeses.

"No se puede comprar a la gente, no se puede cambiar el mapa del mundo según los deseos de los poderosos", dijo Welling.

La diputada autonómica groenlandesa Pipaluk Lynge resaltó, por su parte, que "no es sólo Groenlandia, sino todo el orden mundial lo que está en juego".

Las más de 15.000 personas, según los organizadores, que llenaron la plaza recorrieron luego las calles del centro ondeando banderas danesas y groenlandesas y con cánticos como "Kalaallit nunaat, kalaallit pigaat" (Groenlandia es de los groenlandeses).

La manifestación finalizó delante de la Embajada de Estados Unidos, donde se repitieron las consignas de que Groenlandia no está a la venta.

Miles de personas participaron también en otras concentraciones similares celebradas en las otras principales ciudades danesas como Aarhus, Odense y Aalborg.

Miles de personas se manifestaron este sábado en Nuuk, la capital de Groenlandia, para denunciar los intentos del presidente de Estados Unidos de adquirir el territorio, o anexionarlo a la fuerza, en una de las protestas más multitudinarias que ha vivido en su historia.

Los manifestantes, que en su mayoría portaban la bandera rojiblanca de Groenlandia, un emblema creado en 1982 pero que se ha convertido en los últimos días en una expresión de orgullo de la nacionalidad groenlandesa, gritaron durante la marcha que terminó en el consulado de EE.UU. en Nuuk, consignas contra las amenazas de Trump.

Entre las pancartas que llevaban los manifestantes abundaban las que incluían la frase que se ha convertido en el lema de la resistencia groenlandesa: Groenlandia no está a la venta. Pero también hubo carteles con mensajes como "Yankes, go home" ("yanquis fuera") o "Nosotros decidimos nuestro futuro".

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó este martes a al menos 3.428 el número de manifestantes muertos en los 18 días de protestas antigubernamentales en Irán debido a la represión de las fuerzas estatales, mientras que "miles" más han resultado heridos.

La organización con sede en Oslo indica en un comunicado que solo entre el 8 y 12 de enero se registraron al menos 3.379 muertes, incluidos manifestantes y al menos 121 miembros de las fuerzas estatales, cifra que calificó de "mínimo absoluto", ya que nuevos informes y testimonios "ilustran aún más la magnitud de la violencia". La también ONG Human Rights Activists (HRA) asegura que recibe informes de "miles" de víctimas mortales.

Al menos 15 iraníes fallecidos por la represión tenían menos de 18 años, según IHRNGO, que afirma que el número de muertes verificado por sus fuentes desde el estallido de las protestas en diciembre se ha contabilizado en 15 provincias de la República Islámica. Según datos recopilados por la organización, más de 10.000 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las protestas.

La ciudad de Karaj, en la provincia de Alborz, ha sido escenario de una de las represiones más sangrientas, según la ONG. Varios testigos dijeron a IHRNGO que las fuerzas estatales en Karaj utilizaron ametralladoras pesadas DShK contra los manifestantes.

IHRNGO también ha recibido informes sobre una intensificación del despliegue de seguridad y la imposición de condiciones de ley marcial desde el atardecer hasta el amanecer en varias ciudades, particularmente en las regiones kurdas. En Rasht, uno de los principales centros de las protestas, un testigo describió una represión generalizada y asesinatos de manifestantes.

Según el testimonio de un testigo en Rasht recogido por la ONG, un grupo de jóvenes manifestantes quedó atrapado en la zona del bazar, entre incendios y rodeado por las fuerzas de seguridad; alzaron las manos en señal de rendición, pero aun así fueron asesinados a tiros.

IHRNGO también ha recibido numerosos informes sobre personas heridas que fueron "rematadas", y testimonios que señalan que esto ocurrió tanto en las calles como en centros médicos. 

La cadena Iran International afirma que son más de 12.000 las víctimas mortales.

La ONG de defensa de los derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, elevó este martes a al menos 2.500 personas el número de manifestantes muertos en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán debido a la represión a manos de las fuerzas estatales, incluidos nueve niños, y también más de 16.700 detenciones.

La ONG Human Rights Activists (HRA)confirma 1.850 personas víctimas, aunque precisaban en el comunicado donde daban a conocer ese número que sus datos se basan en información recibida de menos de la mitad de las provincias del país y de menos del 10% de los hospitales de Irán, por lo que "el número real de muertos probablemente se cuente en miles". La organización asegura que recibe informes de "miles" de víctimas mortales.

"HRA condena enérgicamente el uso de fuerza letal contra manifestantes en todo Irán, advirtiendo que el actual apagón nacional de Internet se está utilizando para ocultar graves violaciones de derechos humanos y obstaculizar la rendición de cuentas", denunció esta ONG en su agencia de noticias HRANA.

HRA además está investigando otras 770 muertes debido a la represión a manos de las fuerzas estatales y "sostiene que estas cifras probablemente sean mucho mayores, dados los continuos bloqueos de internet y las comunicaciones". La organización también asegura haber recibido informes que indican "que muchos de los muertos, algunos de los cuales inicialmente resultaron heridos por armas de perdigones, finalmente murieron tras recibir disparos en la cabeza o el cuello".

Por su parte, los medios estatales informaron que al menos 121 miembros de las fuerzas militares, policiales, de seguridad y judiciales de la República Islámica han muerto durante las protestas, recoge IHRNGO.

Debido al corte total de internet desde el jueves por la noche y las severas restricciones al acceso a la información, la verificación independiente de todas las cifras es extremadamente difícil, recuerda la organización. "Una vez más (...) Iran Human Rights pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para que adopte medidas urgentes para proteger a los ciudadanos iraníes de los asesinatos cometidos por la República Islámica", recalcó IHRNGO. 

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que "cesen los asesinatos" en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la "ayuda está en camino". "¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes", dijo Trump en su red Truth Social.

"La ayuda está en camino", agregó el mandatario en su mensaje, que concluyó con un 'MIGA' (Make Iran Great Again o Hacer grande a Irán de nuevo) en una variación de su movimiento MAGA o 'Hacer grande a EE.UU. de nuevo'.

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, respondió a estas declaraciones asegurando que Irán responderá "con más decisión a cualquier nuevo acto de agresión", y que si las amenazas se vuelven hechos, defenderán el país "hasta la última gota de sangre".

Después de una reunión con la comisión de seguridad nacional del Parlamento, el ministro insistió en que la nación islámica está mucho más preparada que lo que estaba durante la llamada guerra de los 12 días contra Estados Unidos e Israel el pasado junio, asegurando que tiene "sorpresas guardadas" que resultarán "muy efectivas" en caso de una nueva agresión, según declaraciones recogidas por la televisión estatal Press Tv.

La amenaza de Trump llega después de que el medio digital estadounidense Axios reportara que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington. Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación persa en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias en esa nación, que están dejando un elevado número de muertos y detenidos desde que se iniciaron el pasado 28 de diciembre.

El lunes, Trump dijo que impondría un arancel del 25% a toda nación que "haga negocios" con Irán, en una nueva vuelca de tuerca en la campaña de presión económica a Teherán. Antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había asegurado que el presidente estadounidense no descarta acciones militares en Irán.

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión.

Según la organización civil Human Rights Activists (HRA), al menos 1.850 personas han muerto, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán. Además, confirman más de 16.700 detenciones.

Las víctimas mortales de la represión podrían subir hasta 12.000 según la cadena Iran International, que basa sus cálculos en fuentes locales, hospitales, y familiares. 

Diversas ONG han denunciado este domingo que los muertos por la represión de las protestas en Irán se contarían por "cientos", mientras el país sigue sin acceso a Internet y las manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno continuaron también durante la pasada noche. Según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), el número de muertos por la represión gubernamental aumentaría a 192. La organización, con sede en Oslo (Noruega), dijo haber confirmado los fallecimientos a través de «fuentes directas» y de «otros dos medios independientes».

La República Islámica enfrenta desde el pasado 28 de diciembre una oleada de protestas originada en la crisis económica (la caída de precio de la moneda (rial) y la elevada inflación), que ha terminado con un cariz político de crítica al régimen de los ayatolás.

Según un testimonio de familiares de víctimas, también recogido por IHRNGO, los cuerpos en las morgues llegarían a "cientos", la mayoría "jóvenes entre los 18 y los 22 años que recibieron disparos a corta distancia".

Así lo relataron los padres de Rubina Aminian, estudiante kurdoiraní de 23 años asesinada en la tarde del jueves 8 de enero durante la jornada de protestas en Teherán, quienes acudieron a la capital para identificar los restos de su hija y tuvieron acceso a la morgue, según el relato de la ONG.

Por su parte, Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, afirmó este sábado que la cifra de muertos confirmados durante las manifestaciones asciende a 116, a pesar de la interrupción del flujo de información provocada por los cortes de internet.

HRANA aseguró en su última información al respecto que el punto álgido de las protestas se alcanzó el pasado jueves 8 de enero, tras al menos 96 manifestaciones en 27 de las 31 provincias del país, que llevaron al régimen de los ayatolás a poner en marcha el corte de internet y de la telefonía internacional que se extiende todavía hasta hoy.

Algunos videos que está difundiendo por redes la organización Hengaw Organization for Human Rights, basada en Europa, muestra marchas nocturnas multitudinarias en varios puntos de Irán, una de ellas verificada en Teherán ayer por la noche.

Por su parte, la agencia iraní Tasnim, vinculada al régimen islámico y una de las pocas que actualiza su contenido en mitad del bloqueo, informó este domingo de la muerte de ocho miembros de las fuerzas de seguridad entre el miércoles y el jueves pasados por "ataques con armas de fuego" y otros objetos.

Según el medio, varias fuentes del Gobierno confirmaron la detención de cerca de 200 líderes de "grupos terroristas" y confiscaron "una cantidad considerable de municiones, armas, granadas y cócteles Molotov en los escondites de los alborotadores".

También publicaron parte de la intervención del presidente iraní, Masud Pezeshkian, este domingo durante su reunión con el ministro de Exteriores de Omán, en la que acusó a Estados Unidos e Israel de atacar la unidad entre países islámicos y crear división en el exterior "para cumplir sus siniestros objetivos".

A raíz de esta situación y del recrudecimiento de las protestas, el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con intervenir en el país en favor de los manifestantes si proseguía la represión.

Por su parte, el Ejército iraní aseguró este sábado estar preparado para enfrentarse a cualquier "complot" auspiciado por Estados Unidos, al que acusó de incitar a la inestabilidad.

El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firmará el próximo 17 de enero en Asunción, capital de Paraguay, país que ostenta la presidencia rotatoria del bloque suramericano, confirmó el canciller paraguayo, Rubén Ramírez.

Una mayoría de los países de la UE dio este viernes luz verde a la firma del acuerdo comercial, un paso clave hacia la finalización de un pacto histórico que lleva 27 años negociándose y creará la mayor zona de libre comercio del mundo en pleno encierro proteccionista de Estados Unidos.

El voto de este viernes permitirá que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajen próximamente a Asunción para la firma con sus homólogos al frente de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que se celebrará "lo antes posible" según fuentes comunitarias. La rúbrica estaba prevista para finales del pasado mes de diciembre, pero el repentino "no" de Italia conformó una minoría de bloqueo junto a Francia y otros países, descarriló los planes de Costa y Von der Leyen para firmarlo antes del final de 2025 y forzó a posponerlo unas semanas.

En el voto de este viernes, y tras reforzar aún más las salvaguardas para proteger a los agricultores europeos, Roma se ha pasado al voto a favor junto una veintena de socios comunitarios, incluyendo a Alemania y España, tradicionalmente los mayores valedores del acuerdo. El voto en contra de Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, junto a la abstención de Bélgica, no ha sido suficiente porque los países en el "sí" reúnen a un 68,7% de la población europea (el mínimo requerido era un 65%).

Para acabar de convencer a los países reacios, los gobiernos europeos respaldaron este viernes también establecer cláusulas de salvaguarda en favor de los agricultores europeos que permitan a la UE reaccionar rápidamente ante perturbaciones del mercado causadas por un aumento de las importaciones agrícolas procedentes del Mercosur. Se aplicarán, en el caso de los productos sensibles, cuando haya precios al menos un 5% inferiores de los artículos importados frente a los europeos comparables o bien aumentos del 5% en los volúmenes de importación preferenciales sobre una media de tres años.

Esto se considerará, por regla general, motivo suficiente para iniciar una investigación, que podría llevar a una suspensión de las ventajas arancelarias para los países del Mercosur.

De cara a la ratificación, el acuerdo se considera "mixto" y se divide en dos partes, una comercial y un acuerdo de asociación, que siguen caminos paralelos: ambas tendrán que recibir el visto bueno del Parlamento Europeo antes de su conclusión formal y el acuerdo de asociación requiere, además, el consentimiento de todos los parlamentos nacionales de la UE.

La ratificación en la Eurocámara se prevé compleja por la gran división en el hemiciclo comunitario en un voto en el que la nacionalidad de los eurodiputados pesará tanto o más que las líneas ideológicas, con por ejemplo la práctica totalidad de los eurodiputados franceses en contra sin importar su color político.

Además, grupos prácticamente íntegros han anunciado su intención de votar en contra: es el caso de la ultraderecha de los Patriotas por Europa, que planea incluso una moción de censura contra Von der Leyen por el acuerdo, pero también de los Verdes o de la Izquierda por las preocupaciones ambientales y la competencia desleal que, arguyen, generará el pacto.

En respuesta al voto de este viernes, las organizaciones de agricultores europeos aseguraron que planean nuevas movilizaciones en protesta contra una firma que, dijeron, llega "tras meses de maniobras y presiones sin precedentes que confirman la complejidad y el carácter divisivo de este asunto". Pese a los ajustes a las medidas de salvaguardia adicionales ofrecidos por Bruselas, el acuerdo "sigue siendo fundamentalmente desequilibrado y defectuoso", dijo Copa-Cogeca.

En la misma línea se pronunció la coordinadora Vía Campesina, que condenó una decisión que, dijeron, "ignora a los campesinos y deja de lado la democracia". Desde las agrupaciones ecologistas, por su parte, Greenpeace condenó una decisión tomada pese a "la continua oposición de varios parlamentos y gobiernos de toda Europa".

Pese a esta oposición, tanto Von der Leyen como Costa celebraron en sendas declaraciones el visto bueno a un acuerdo en el que, dijeron, ambas partes "ganan". "Como uno de los principales socios comerciales y de inversión del Mercosur, este acuerdo creará más oportunidades de negocio e impulsará la inversión europea en sectores estratégicos", declaró Von der Leyen en un comunicado, en el que aseguró que han escuchado las preocupaciones del sector agrícola y "actuado en consecuencia".

Costa, por su parte, indicó en la red social X que el acuerdo es "bueno para Europa" porque "aporta beneficios reales para los consumidores y para las empresas europeas" y porque "es importante para la soberanía y la autonomía estratégica europea: con este acuerdo, la UE está dando forma a la economía global".