infoLibre celebra, en colaboración con el Ajuntament de Barcelona, una nueva edición de los foros infoLibre, esta vez bajo el título “Barcelona 2026: vivienda, personas y prioridades del presupuesto municipal”.

El foro busca ser un espacio de diálogo público en un momento especialmente sensible para la capital catalana. La vivienda es el principal problema de la ciudadanía según el CIS, con precios disparados y grandes dificultades para acceder a un alquiler asequible, mientras la desigualdad y la presión sobre los servicios públicos exigen respuestas estructurales.

El próximo 6 de marzo, infoLibre celebra, en colaboración con el Ajuntament de Barcelona, una nueva edición de los foros infoLibre, esta vez bajo el título “Barcelona 2026: vivienda, personas y prioridades del presupuesto municipal”. La cita tendrá lugar a las 13.00 horas en el Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108). Si te apetece verlo en directo, puedes conseguir tu entrada aquí. También podrás seguirlo en streaming a través del canal de YouTube del medio y la cuenta de X.

El foro busca ser un espacio de diálogo público en un momento especialmente sensible para la capital catalana. La vivienda es el principal problema de la ciudadanía según el CIS, con precios disparados y grandes dificultades para acceder a un alquiler asequible, mientras la desigualdad y la presión sobre los servicios públicos exigen respuestas estructurales. En ese contexto, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presentará y defenderá las líneas maestras del Presupuesto Municipal 2026.

La directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, inaugurará la sesión, situando el debate en el actual momento político y económico. A continuación, conversará con el alcalde sobre las principales cifras y prioridades del presupuesto, el esfuerzo inversor en vivienda pública y alquiler social, las políticas de cohesión y atención a la vulnerabilidad, así como los retos financieros y el marco político en el que se inscriben las cuentas municipales.

El objetivo del encuentro es fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, poniendo el foco en cómo se traducen las grandes partidas presupuestarias en mejoras tangibles para la vida cotidiana. No se trata solo de desglosar números, sino de debatir el modelo de ciudad que dibuja el horizonte 2026: una Barcelona más habitable, con mayor equilibrio territorial y menos brechas sociales.

Tras la entrevista, comenzará una mesa redonda para tratar el reto de afrontar un presupuesto para una ciudad viva. Junto al regidor participarán el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera; la experta en vivienda Carme Trilla; la profesora titular de la Universitat de Barcelona Montserrat Pareja; y el presidente de la federación catalana de cooperativas de vivienda Habicoop, Jordi Galvez.

El debate confrontará el planteamiento político con el análisis técnico y la experiencia del tejido social. Se abordará la lectura económica global de las cuentas, el impacto real de las medidas en el acceso a la vivienda, la capacidad del presupuesto para reducir desigualdades y reforzar la cohesión social, así como la evaluación académica de las políticas públicas municipales. También se incorporará la perspectiva del tercer sector y del movimiento cooperativo, actores clave en la búsqueda de alternativas al mercado inmobiliario tradicional.

Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Comuns, ha ganado las primarias para ser el candidato de Barcelona en Comú (BComú) en las próximas elecciones locales, tomando así el relevo de Ada Colau, al obtener un 68,6% de los apoyos, frente al 27% cosechado por Bob Pop, según informa EFE.

El político de origen argentino fue número dos en la primera legislatura de Ada Colau como alcaldesa. También estuvo detrás del nacimiento de los Comuns y fue una de sus caras más visibles.

[Noticia en ampliación]

Barcelona En Comú (BComú) se encamina hacia el primer proceso de primarias desde su fundación, hace ya una década, para escoger candidato a la alcaldía: presentarán sus credenciales al menos dos aspirantes en liza, Gerardo Pisarello y Bob Pop, que deberán contar con una pareja de baile que sea mujer.

Este viernes, la formación nacida al calor del 15M, y que aupó a Ada Colau a la alcaldía, cierra una etapa para abrir otra: por un lado, la líder del grupo municipal, Janet Sanz, intervendrá en su último pleno; por otro, el partido oficializará la renovación de su Ejecutiva y aprobará el reglamento de las primarias, tras revisar recientemente su código ético y fijar que los cargos públicos puedan serlo durante 12 años consecutivos.

Alcaldesa entre 2015 y 2023 y luego concejala de la oposición otro año, Colau se ha descartado como candidata porque quiere permanecer alejada de la primera línea política, aunque algunas voces de Comuns consultadas por EFE confían en acabar convenciéndola para que sí concurra a las próximas generales.

La mayoría de la dirección del partido vería con buenos ojos que el alcaldable sea Gerardo Pisarello, que formó parte del Gobierno municipal en la primera legislatura de Colau y que desde entonces es diputado en el Congreso; pero en los últimos meses ha surgido un contendiente inesperado: el escritor Roberto Enríquez, conocido popularmente como Bob Pop.

En las primarias se escogerá a una dupla, y no solo al cabeza de cartel, de modo que Pisarello y Bob Pop tendrán que presentarse junto a un número dos femenino.

El resto de candidatos de la lista se nombrará a posteriori: hasta el número cinco, elegidos por el tándem vencedor; de ahí en adelante, mediante otro proceso de primarias.

En el congreso de julio, Barcelona En Comú, ahora en la oposición en la capital catalana, apostó por ir más allá de sus siglas de cara a las próximas municipales, algo que está por ver si se concretará en una coalición electoral con otro partido -posibilidad de momento improbable, según diversas fuentes- o se limitará a la incorporación de perfiles de la sociedad civil hasta ahora ajenos a la formación.

Doctor en Derecho, Pisarello está vinculado a Barcelona En Comú desde sus inicios y mantiene afinidad política y personal con Colau. Su difunta esposa, Vanesa Valiño, fue una de las mujeres fuertes de sus gobiernos municipales.

Pisarello es firme defensor del "frenteamplismo", esto es, tejer alianzas entre las izquierdas por encima de siglas. Ejerce de puente con otras formaciones y no escatima elogios hacia dirigentes de Podemos, ERC o la CUP.

Oficializará su paso adelante este sábado, según adelantó El Periódico, y por el momento ha guardado a buen recaudo el nombre de su número dos.

Fuentes de su entorno han explicado a EFE que ha sondeado para su candidatura a personalidades sin carné del partido y busca rodearse de perfiles con experiencia en las instituciones, aunque no necesariamente con bagaje en el ayuntamiento.

También está decidido a intentar ser alcaldable Bob Pop, escritor, guionista, activista LGTBI y habitual colaborador de medios de comunicación que en el pasado ha participado en actos de campaña de Colau, a quien siempre ha mostrado su apoyo.

Ha organizado al menos dos encuentros de pequeño formato con militantes y el miércoles dejó claro que su proyecto va en serio: "Sé que no siempre es fácil salir del armario. No hablo solo del personal, sino del otro, el de atreverse a decir 'yo estoy' cuando la oficialidad presiona, cuando parece que ya hay un plan hecho sin ti. A mí no me da miedo: estoy acostumbrado a que no nos lo pongan fácil a los que llegamos para recordar que la ciudad es de todas", escribió a sus seguidores.

Un dirigente de BComú admite, en conversación con EFE, que preferiría que hubiera un solo candidato de consenso, pero sostiene, buscando el lado positivo, que el movimiento de Bob Pop demuestra que el partido no se ha encerrado en sí mismo.

El factor novedad es la baza que puede jugar Bob Pop, argumenta otro miembro de la Ejecutiva de Comuns, que advierte cierto nerviosismo en la dirección, consciente de que Pisarello lleva ya diez años en política institucional y eso es visto con recelo por una parte de las bases.

El Gobierno de España ha confirmado la muerte por peste porcina africana de 10 nuevos jabalíes dentro del radio del primer foco, una cifra que eleva a 26 el número total de positivos, según ha confirmado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y recoge EFE.

Los animales se han localizado en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

También se han analizado otros 208 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores.

En estos casos, los resultados han sido negativos, de acuerdo a la misma fuente.

El Ministerio ha señalado que estos hallazgos son resultado del "intenso trabajo de campo" realizado por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo de Mossos d’Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local.

El dispositivo incluye la búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia del acceso no autorizado a la zona infectada y la desinfección vehículos y personas.

Agricultura ha recordado que la peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos 16 de diciembre de 2025.

El escritor y comunicador Bob Pop ha dicho que se está "planteando" postularse "en serio" a las próximas municipales de Barcelona por los Comuns siempre que le respaldaran los mecanismos participativos de esta formación, que valora su paso al frente, según informa EFE.

"A mí encantaría estar en una alcaldía con Ada. Pero si Ada no está, ¿por qué no voy yo y me presento? Yo me someto a todos los procesos participativos, tanto internos como externos, de la organización. Me pongo en manos de los Comuns, de las primarias y de todo", ha dicho en el espacio semanal que protagoniza en la Cadena SER.

Roberto Enríquez Higueras (Madrid, 1971), conocido como Bob Pop, es escritor, guionista, columnista y colaborador de diversos espacios de televisión y radio. En 2021 escribió y protagonizó la serie Maricón perdido, inspirada en su propia vida.

Al anunciar su intención de optar a la alcaldía ha dicho que su programa electoral "se resumiría en conseguir tener una ciudad donde todo aquello que fuera necesario no fuera un negocio". Y ha añadido que otra de sus prioridades sería dejar claro "desde el principio" qué es lo que se puede hacer y qué no desde la alcaldía de Barcelona.

A pesar de que es madrileño de nacimiento, Bob Pop ha defendido que Barcelona, donde vive desde hace años, es la ciudad en la que le gustaría dar el paso.

"Es una ciudad en la que se pueden hacer cosas y cambiar las cosas. No tengo nada que perder, no vivo de la política, pero quiero hacer política y hacer política desde Barcelona podría estar muy bien. Podríamos cambiar cosas y, sobre todo, que la gente viva mejor", ha defendido. 

Fuentes del espacio político han valorado a EFE el paso al frente de Bob Pop, quien se mediría en su caso con el otro postulante hasta la fecha, el diputado en el Congreso Gerardo Pisarello, si bien no será hasta el mes de noviembre cuando comience el proceso interno de primarias para elegir candidatos.

"BComu está en un momento en que quiere refrescar la apuesta que tiene por la ciudadanía y su proyecto por Barcelona. Que personas de la importancia de Bob Pop quieran ofrecerse es un síntoma de que el espacio es fuerte, atractivo, transversal y un referente progresista con opciones de recuperar la alcaldía", han explicado. 

El grupo municipal de los Comuns prevé que será el próximo mes de febrero de 2026 cuando concluirá el proceso de primarias "con un tándem de candidatos" que encabezarán la lista a las municipales de 2027.

El Ayuntamiento de Barcelona ha roto relaciones institucionales con el actual Gobierno de Israel por los ataques a la población palestina, a través de una declaración institucional en la que exige "el alto el fuego inmediato y permanente" y levantar el bloqueo de ayuda humanitaria, según recoge EFE.

En una declaración institucional, presentada conjuntamente por los grupos socialista y de los comunes y que ha recibido el voto en contra de PP y Vox y la abstención de JuntsxBarcelona, manifiesta el rechazo y la condena de los ataques del Estado de Israel contra la población civil palestina y el desplazamiento forzoso de su población.

Además, insta al consejo de administración de la Fira de Barcelona a que no haya pabellones del Gobierno de Israel, ni de empresas armamentísticas o de cualquier otro sector que se "lucran del genocidio, ocupación, apartheid y colonización del pueblo palestino".

Entre las medidas acordadas, la declaración incluye la de romper el acuerdo de amistad y colaboración que regula la relación con la ciudad de Tel Aviv-Jaffa y la relaciones institucionales con el actual gobierno de Israel, "hasta que se restablezca el respecto al Derecho Internacional y al Derecho Internacional humanitario, y se garantice el respecto a los derechos básicos del pueblo palestino".

En cuanto a los acontecimientos de titularidad privada que se desarrollen en Barcelona, garantizará que no haya ninguna relación municipal con las empresas que operan ilegalmente en asentamientos israelíes, identificadas en el informe de la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También trasladará al Port de Barcelona la necesidad de adoptar las medidas necesarias para impedir que paren barcos involucrados en el tráfico de armas con Israel.

La corporación municipal va instar en el Congreso de los Diputados que se acelere la tramitación de la proposición de Ley para acordar un embargo de armas urgente en el Estado de Israel y al Gobierno central y al de la Generalitat actuaciones para presionar a Israel para lograr de forma inmediata un alto el fuego y el cumplimiento del Derecho Internacional y las Resoluciones de Naciones Unidas.

Se compromete a continuar trabajando con el UNRWA para hacer llegar ayuda humanitaria y establecer cooperación directa para contribuir en la reconstrucción de la Franja de Gaza. 

Además Barcelona se adhiere a los esfuerzos para convocar una cumbre de paz lo antes posible, y ofrece el bagaje y la experiencia de la ciudad como ciudad promotora de la paz. 

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha cerrado el debate, ha señalado que los niveles de "inhumanidad", "destrucción y crueldad" de los reiterados ataques de Israel a Gaza y el "grado de sufrimiento" de la población por los ataques y los "asesinatos masivos e indiscriminados" hacen "inviable ninguna relación" entre Barcelona e Israel.

El alcalde ha subrayado que con esta declaración Barcelona manifiesta que "Gaza pertenece a los palestinos, es la tierra de los palestinos".

Unas 2.500 personas, según la Guardia Urbana, y 10.000, según la organización, se han manifestado este martes en la rambla del Raval de Barcelona por el desalojo de la Antiga Escola Massana, ejecutado este martes después de que el edificio fuese okupado en 2020. La operación, efectuada por la Guardia Urbana con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, fue autorizada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 17 de la capital catalana, según informaron fuentes municipales y recoge EFE.

Hasta este martes, el recinto era utilizado como espacio de actividades de varias entidades, como el Sindicato de Vivienda del Raval, la Red de Apoyo Mutuo Laboral del Raval, la Red Popular de Alimentos, la Escoleta Popular del Raval y el Gimnasio Popular Matilde Landa.

Tras la expulsión, se han producido varios episodios de tensión durante la jornada, con choques entre los agentes y los manifestantes que se han saldado con cinco detenciones, según los Mossos d"Esquadra, y decenas de heridos. Finalmente, los portavoces de la Antiga Escola Massana han desconvocado la protesta hacia las 12.15 horas y han anunciado una nueva movilización a las 19.30 horas en la rambla del Raval.

Bajo el lema Contra la dictadura de políticos y empresarios, esta segunda tanda de protestas del día se ha ido formando a través de columnas de manifestantes que han ido llegando desde distintos puntos de la ciudad y del área metropolitana. Lo han hecho desde el Baix Llobregat (partiendo desde la estación de Renfe de Cornellà), Zona Norte (Clot), Zona Sur (plaza de Sants), Eixample (plaza Tetuan) y Ciutat Vella (plaza Vuit de Març).

Poco a poco, los manifestantes han ido llenando la plaza con consignas de "PSC, desahuciador", "Viva la lucha de la clase obrera o "Defendamos la Antiga Massana" y ondeando banderas con el logo de la Antiga Escola Massana. “Este no es solo un ataque a la Antiga Massana, sino a toda la clase trabajadora que se organiza cada día para tener una vida que merezca ser vivida”, ha explicado en una atención a los medios Arnau, portavoz de la Antiga Escola Massana. En esta línea, ha recriminado al PSC “la ejecución de miles de desahucios, los recortes en derechos políticos de la clase trabajadora y el encarecimiento de la vida”.

La protesta ha proseguido hasta llegar a La Rambla, donde han habido varios enfrentamientos con la policía al intentar volver a acceder al Raval y han sido quemados varios contenedores. Al llegar a los jardines del Doctor Fleming, pegados a la plaza Gardunya, donde se encuentra la Antiga Massana, la policía ha impedido que los manifestantes se acercaran a la escuela y la manifestación se ha disuelto poco a poco. Durante esta protesta, el balance fue de dos personas detenidas y nueve mossos heridos durante los incidentes registrados.

Este martes por la mañana, el teniente de alcaldía de Prevención y Seguridad y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha destacado que en el edificio “no había nadie”, pues es un espacio que solo se utiliza para actividades de las entidades del barrio, pero donde no hay inquilinos. "La recuperación ya está hecha y, por tanto, se mantendrá. No vamos a permitir más okupaciones", ha asegurado.

Según han informado a EFE fuentes del consistorio, durante el día, Batlle y otros representantes políticos municipales han mantenido una reunión con la Biblioteca de Cataluña, la Real Academia de Medicina de Cataluña, La Perla 29, el Institut d"Estudis Catalans (IEC) y la Real Academia de Farmacia. “Las entidades han sido informadas de que con la recuperación del edificio se adelantará en el proyecto de remodelación del Antic Hospital, donde todas ellas tienen implicación”, han explicado las mismas fuentes.

El Ayuntamiento de Barcelona abandonará la red social X a partir del próximo 31 de enero al entender que su compromiso con una información veraz y honesta es "incompatible" con su permanencia en la antigua Twitter, "inmersa en una espiral de desinformación e intransigencia que atenta directamente contra la democracia".

Según ha informado este lunes el consistorio barcelonés, el alcalde Jaume Collboni firmará un decreto para hacer efectiva esta medida, por la cual, de los cerca de 80 canales actuales que el ayuntamiento mantiene en X se pasará a una única cuenta, @bcn_ajuntament, que de forma provisional sólo informará de emergencias, alertas meteorológicas y afectaciones de movilidad.

La información de servicio municipal se mantendrá en el resto de redes oficiales, web del Ayuntamiento, boletines informativos y apps actualmente operativas.

El Ayuntamiento de Barcelona justifica su decisión subrayando "su firme compromiso con el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y honesta" y por querer seguir siendo "líder mundial del humanismo tecnológico y la democracia digital". "Una voluntad -añade- que se ha hecho incompatible con la permanencia en la red social X, inmersa en una espiral de desinformación e intransigencia que atenta directamente contra la democracia".

De este modo, el Ayuntamiento de Barcelona se convertirá en la primera gran ciudad española en adoptar una medida que otras capitales europeas, instituciones y medios de comunicación han hecho efectiva recientemente, destaca el consistorio de la ciudad condal.

El Ayuntamiento abrió la cuenta @Barcelona_cat en el año 2009 en la antigua Twitter y en la actualidad suma unas ochenta cuentas, a las que se añaden sus canales en Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram o Youtube, además de las webs y apps municipales. "Esta red garantiza una amplia cobertura ciudadana que, a pesar de la incidencia de X, seguirá recibiendo la información municipal de forma ágil y veraz", considera el ayuntamiento.

El alcalde de Barcelona ya cerró su cuenta personal en X el pasado 7 de septiembre de 2024 por entender que se había convertido en una red social llena de "odio, intolerancia y mentiras”.

El Congreso se enfrenta el jueves a la votación de nuevo de la senda de déficit. El Consejo de Ministros ha tenido que enviar por segunda vez los objetivos para las administraciones públicas después de que en julio el Partido Popular y Junts tumbaran la hoja de ruta diseñada por María Jesús Montero. Y el PSOE y Sumar tampoco tienen atados los apoyos para sacar adelante el primer paso de los Presupuestos.

Aunque se vuelva a tumbar la senda de déficit, el Ejecutivo podrá seguir adelante con las cuentas públicas para el año que viene. Pero sí tendrá consecuencias el rechazo porque las administraciones públicas no se podrán acoger a unos objetivos más flexibles. De hecho, la cuenta que ha hecho el Gobierno central es que las comunidades y los ayuntamientos, de no salir adelante la votación, perderán hasta 11.962 millones de euros (con datos actualizados tras la revisión del PIB del INE de la semana pasada).

En concreto, las administraciones autonómicas se podrían dejar por el camino 6.814 millones de euros en su conjunto (3.332 millones de euros correspondientes a 2025 y 3.482 millones de euros en 2026). Los ayuntamientos no tendrían 5.148 millones de euros adicionales (1.666 millones relativos a 2025 y 3.482 millones de euros de 2026). La senda aprobada el pasado 10 de septiembre en el Consejo de Ministros es la misma que se acordó en julio y que fue tumbada en las Cortes. El Ejecutivo esperaba atraer a los grupos con unos objetivos más flexibles concediendo dos décimas de margen fiscal a las comunidades en 2025 y 2026, mientras que a las corporaciones locales fija una décima más en 2025 y dos décimas más al año siguiente. Lo que supone elevar esa capacidad de gasto en total durante los dos próximos años a casi 12.000 millones de euros.

Según los cálculos hechos por el Gobierno central respecto a las autonomías de régimen general (todas menos Euskadi y Navarra), las comunidades que perderían más capacidad de gasto serían Madrid, Cataluña y Andalucía. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se dejaría por el camino 1.287,1 millones de euros (629,8 en 2025 y 658,1 en 2026), mientras que el no del Congreso supondría un hachazo para las cuentas de la Generalitat que ahora preside Salvador Illa de 1.255,6 millones de euros (614 millones menos en 2025 y 641,6 al año siguiente). Por detrás, la Junta andaluza dejaría de tener a su disposición 886,9 millones de euros (433,7 millones de euros correspondientes al presupuesto del año que viene y 453,2 para 2026), según los cálculos hechos por Hacienda.

Las siguientes comunidades que más perderían en los próximos dos años en su capacidad de gasto serían: Comunitat Valenciana (622,1 millones de euros), Galicia (343,6 millones de euros), Castilla y León (316 millones de euros), Canarias (241,3 millones de euros), Castilla-La Mancha (229,9 millones de euros) y Aragón (205,5 millones de euros). Por detrás estarían Murcia (176,2 millones de euros), Balears (174,5 millones de euros), Asturias (127 millones de euros), Extremadura (110,9 millones de euros), Cantabria (75,5 millones de euros) y La Rioja (46,8 millones de euros).

Se da la circunstancia de que estos objetivos de estabilidad fueron presentados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (donde se reúne el Gobierno con las regiones) y salieron adelante en una votación donde las autonomías del Partido Popular se abstuvieron. De esta manera, ahora la dirección de Génova 13 cambia la postura que tuvieron sus propios consejeros de Hacienda y se posicionará en el no. El Gobierno trata durante estos días de presionar a los populares poniendo en el foco lo que supone de pérdida para sus propias comunidades pero no ha surtido efecto su llamada a reconsiderar el voto. Tampoco ha logrado convencer a Junts, a pesar de que los posconvergentes dicen que están en desacuerdo porque supone un recorte para Cataluña. Aunque los independentistas rechacen este paso, en La Moncloa confían en poder sacar luego los Presupuestos Generales con los de Carles Puigdemont.

Para las corporaciones locales la senda de estabilidad que se vota el jueves también es más beneficiosa porque se marca el equilibrio tanto para 2025 como para 2026 cuando la vigente contempla un superávit del 0,1% para el próximo año y del 0,2% para dentro de dos. Además, en la senda marcada por Hacienda el mayor esfuerzo corresponde, en cambio, a la Administración central frente la relajación a autonomías y ayuntamientos, cuyo grueso principal va a servicios sociales, educación, sanidad y ley de dependencia.

Los cálculos hechos por Hacienda señalan al Ayuntamiento de Madrid como el más perjudicado por el voto negativo de la Cámara Baja, ya que perdería 304,7 millones de euros en los dos próximos años. El impacto también sería considerable para Barcelona (185 millones de euros), Valencia (57,9 millones de euros) y Sevilla (51 millones de euros). Luego aparecen: Zaragoza (46,3 millones de euros), Málaga (41,4 millones de euros), Palma de Mallorca (25,9 millones de euros), Murcia (22,8 millones de euros), Las Palmas de Gran Canaria (22,6 millones de euros), Alicante (17,9 millones de euros) y Valladolid (17,9 millones de euros).

La votación de la senda de déficit llega en un momento de alta tensión política a raíz del acuerdo de financiación singular para Cataluña alcanzado entre el PSC y ERC para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. El propio Pedro Sánchez ha pedido en su ronda de contactos con los presidentes autonómicos que apoyen los objetivos de déficit, como hizo el viernes con Juanma Moreno (Andalucía) y Alfonso Rueda (Galicia). Asimismo, el Gobierno pretende impulsar una reforma de la financiación autonómica, que debía haberse renovado ya en época de Mariano Rajoy, en la que ha prometido aumentar el fondo de compensación y que todas las autonomías recibirán más dinero que con el anterior Ejecutivo del PP. Se ha abierto a que los gobiernos regionales puedan tener más capacidad sobre los impuestos como pasa en Alemania y Canadá.

Los líderes territoriales del PP están presionando para que la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará en Cantabria, verse principalmente sobre la financiación. En cambio, el Gobierno ha avanzado que el eje central será la vivienda, aunque el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, no descartó el pasado viernes que se pueda incluir en el orden del día. Los barones del PP se volvieron a reunir este lunes junto a Alberto Núñez Feijóo para coordinar la postura y reclamaron todos una negociación multilateral para reformar la LOFCA. La mayoría de populares ha accedido a reunirse con Sánchez en La Moncloa durante estas semanas, menos Isabel Díaz Ayuso (Madrid) que sigue condicionando su encuentro a los puntos que se traten. Asimismo, en el PP se barrunta también la posibilidad de volver a convocar concentraciones en la calle para rechazar el futuro concierto catalán.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha confirmado que dejará el Ayuntamiento de la ciudad el próximo mes de octubre para vincularse a la fundación de los Comuns con el objetivo de tejer alianzas internacionales y repensar la estrategia de las izquierdas. En una entrevista en el digital Crític, que se publicará íntegramente mañana, también explica que no continuará como coordinadora de Catalunya en Comú, cargo que comparte con Jéssica Albiach y Candela López.

Tras varios días de informaciones en los medios que apuntaban a la próxima salida de Ada Colau como edil del consistorio barcelonés, no confirmadas por ella ni por su partido, finalmente la exalcaldesa aclara en esta entrevista su futuro. "No he querido mantenerme en cargos públicos por inercia, y todo el mundo sabe que desde mi espacio se me propuso ser ministra o diputada. Pero después de ocho años en la alcaldía es bueno tomar distancia para coger ideas y escuchar a otra gente", señala Colau en una conversación con Roger Palà.

A partir de ahora, Colau estará vinculada a la Fundació Sentit Comú, aunque no cierra la puerta a intentar un nuevo asalto a la alcaldía de Barcelona en las próximas elecciones municipales. "Como Barcelona en Comú nos planteamos recuperar la alcaldía. Quedamos a 300 votos del PSC y haremos todo lo posible para conseguirlo, incluida yo en primera persona. Qué papel tendrá cada uno en este proceso, ya lo veremos cuando llegue el momento”, señala Colau.

La exalcaldesa no ahorra críticas a un PSC que ve próximo a las élites: "Jaume Collboni ha sido una gran decepción”, asegura, aunque no se arrepiente de haber votado a favor de su investidura -"con Xavier Trias y Junts sería peor", avisa. Pero tras haber estado trabajando durante todo un año para lograr un pacto de izquierdas en la ciudad, considera que el alcalde Collboni "ha cerrado la puerta de forma reiterada a esta opción".

Según Colau, ahora "comienza una nueva etapa en la que los Comuns han de construir una alternativa para Barcelona desde la oposición".

En el caso de Cataluña, también cree que los Comuns no se deberían integrar en el ejecutivo de Salvador Illa: "Podemos hacer más desde la oposición que tomando partido en el Govern de forma subalterna".

La exalcaldesa apuesta en cambio por un reencuentro con Podem y por "reconstruir puentes" con ERC y la CUP.

Colau también hace balance personal de su paso por el consistorio, y estima que le ha supuesto "costes más elevados de los que me pensaba". Afirma también que, una vez fuera de la alcaldía, "ninguna multinacional" le ha llamado para ofrecerle trabajo: "Continuo sin tener propiedades y hago frente al alquiler yo sola". 

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este sábado que abandona la red social X, a la que ve como "un pozo de fake news, falsedades e intransigencia, una amenaza para la democracia". Collboni ha anunciado esta decisión con un mensaje en X en el que acusa al nuevo dueño de la red, Elon Musk, "de agravar esta degradación".

Recuerda el alcalde que se unió a Twitter en 2008, cuando era "un espacio abierto donde compartir información y opiniones". "Ahora, sin embargo, se ha convertido en un lugar lleno de odio, intolerancia y mentiras", agrega. "Es hora de decir basta -continúa Collboni-. Es lo que reclama mi convicción como político demócrata y como ciudadano comprometido con las libertades y el progreso".

A su juicio, se ha de garantizar "el derecho a una información independiente, veraz, rigurosa y honesta. Por ello, hay que denunciar y combatir la manipulación de la realidad". "Sé que pierdo un espacio para comunicarme con vosotros -dice el alcalde a los barceloneses-. Pero continuaremos encontrándonos en las otras redes sociales, y sobre todo en las calles y barrios de nuestra Barcelona. ¡Un abrazo!".

Collboni es el segundo alcalde de Barcelona que deja esta red. Su predecesora, Ada Colau, la segunda alcaldesa de Europa con más seguidores en la antigua Twitter, la abandonó en abril de 2021 también por difundir informaciones falsas e "incentivar el odio" con sus mensajes.

Dos hermanas de 54 y 64 años se han suicidado este lunes de madrugada antes de ser desahuciadas de su domicilio ubicado en la calle Navas de Tolosa del barrio de Sant Andreu de Barcelona, según han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

Según ha avanzado El País, el primer intento de lanzamiento por expiración de plazo e impago de alquiler era este lunes a las 11 de la mañana, y la policía ha abierto una investigación.

Las dos mujeres se han precipitado por un patio interior del edificio pasadas las cuatro y media de la mañana.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha explicado en un comunicado que el juzgado de instrucción 29 de Barcelona ha hecho el levantamiento de cadáver.

La demanda se produjo por un propietario particular en mayo de 2023, y en el momento de la presentación de la demanda, la parte demandada -que era una tercera subarrendataria- llevaba desde el mes de marzo de 2021 sin realizar ningún pago, acumulando en el momento que se presenta la demanda una deuda de más de 9.000 euros.

"El procedimiento se tramita en rebeldía al no personarse nadie en la causa y se dicta ejecución de la sentencia el mes de enero de 2024, fijando por hoy la fecha de lanzamiento", han explicado fuentes judiciales.

Además, han detallado que, en este caso, no existe ningún informe de vulnerabilidad por imposibilidad de realizarlo por parte de los servicios correspondientes del Ayuntamiento, ya que intentaron contactar con las víctimas varias veces sin lograrlo.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han explicado que hasta "dejaron mensajes", pero nunca pudieron contactar con los inquilinos, y que a pesar de no obtener respuesta, la intención de los profesionales era asistir al lanzamiento de este lunes por la mañana.

En la misma línea, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb) ha acudido al lugar de los hechos para realizar atención psicológica a los vecinos.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha perdido la cuestión de confianza a la que se ha sometido en un pleno extraordinario este miércoles para aprobar los Presupuestos de 2024, y ha retado a la oposición a acordar un alcalde alternativo.

En la votación, que se ha hecho de manera nominal (cada concejal ha votado en voz alta), ha contado con el apoyo de sus 10 ediles del PSC y los cinco de ERC, y el rechazo de los concejales de BComú, Junts, PP y Vox, que han sumado 24 (han faltado dos concejales) frente a los 15 que el PSC alcanza con los republicanos.

Ahora se abre un período de 30 días en los que la oposición puede tratar de acordar un alcalde alternativo; si no lo hace, las cuentas se aprobarán automáticamente cuando acabe este plazo: el 2 de mayo. Pese a tramitarse en la Comisión de Economía extraordinaria en febrero con los votos de ERC y BComú, los Presupuestos no superaron el último trámite en el pleno del 22 de marzo, y Collboni anunció que se sometería a una cuestión de confianza para poderlos aprobar.

El alcalde socialista no es el primer edil que recurre a este mecanismo para aprobar las cuentas sin tener los apoyos suficientes: la última fue la exalcaldesa y líder de BComú, Ada Colau, que lo hizo dos años consecutivos durante su primer mandato (el máximo de veces permitidas), en 2017 y 2018. El exalcalde y líder de Junts, Xavier Trias, también planteó este procedimiento en noviembre de 2013, cuando el pleno municipal no apoyó su propuesta de presupuestos para 2014, que quedó aprobada de manera automática 30 días después.

Collboni ha insistido en que Barcelona tendrá Presupuestos en primavera y que el gobierno "será más fuerte de lo que es ahora". En ese sentido, ha afirmado que el próximo paso será la ampliación del gobierno municipal para continuar la acción de gobierno con las cuentas ya aprobadas. "Soy un alcalde progresista, con un gobierno progresista, que hará política progresista", ha reiterado, y ha matizado de nuevo que esto no excluye llegar a acuerdos con otros grupos.

La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha reprochado al líder de Junts y exalcalde, Xavier Trias, y a la de BComú y exalcaldesa, Ada Colau, que no hayan centrado su intervención en hablar de la ciudad, y ha avisado: "Barcelona no se para y no dejamos ni queremos dejar que la bloqueen con la actitud de algunos grupos".

Trias ha criticado que el gobierno de Collboni ha "jugado a la confrontación" y que por eso no ha logrado el apoyo de BComú y PP (quienes le votaron en la investidura), y ha acusado a los socialistas de no tomar decisiones por el interés de Barcelona y de estar a las órdenes del PSOE y del PSC.

Por su parte, Colau ha lamentado que el alcalde no solo ha pactado con ERC los presupuestos, sino que tienen un acuerdo para formar un gobierno conjunto -según ella-, y le ha reprochado las "acusaciones tan graves" del pleno del viernes, por rechazar las cuentas del Ayuntamiento y de la Generalitat.

El portavoz de ERC, Jordi Castellana, ha replicado que los republicanos no han asociado gobernabilidad con el pacto presupuestario, sino que han hablado de las cuentas y de su contenido, porque han sido "capaces de poner su capacidad negociadora al servicio de los barceloneses".

El líder del PP, Daniel Sirera, ha señalado que, para el gobierno de Collboni, el pleno de este miércoles es un trámite para aprobar las cuentas, y ha lamentado que Barcelona "no se merece aprobar los Presupuestos por la puerta de atrás".

Mientras, el líder de Vox, Gonzalo De Oro, ha afirmado: "Vox es la única oposición en este consistorio porque somos los únicos que nunca nos hemos rendido al PSC".

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona de este viernes ha tumbado el proyecto de Presupuestos de Jaume Collboni (PSC), que sólo ha contado con el apoyo de ERC, y el alcalde ha anunciado que se someterá a una cuestión de confianza para tenerlos aprobados el 2 de mayo. Pese a tramitarse en la Comisión de Economía extraordinaria en febrero con los votos de ERC y BComú, las cuentas no se han aprobado de manera definitiva por los votos contrarios de BComú, Junts, PP y Vox, que suman 26 concejales frente a los 15 que el PSC alcanza con ERC, según informa Europa PRess.

Ante este escenario, Collboni convocará un pleno extraordinario el 27 de marzo, en el que se volverán a votar las cuentas: si el pleno los vuelve a tumbar (como está previsto), se abrirá un período de 30 días en los que se podrá configurar una mayoría alternativa para elegir nuevo alcalde; si no se puede configurar, las cuentas quedarán aprobadas el 2 de mayo.

Con los votos de ERC asegurados, el voto de los comuns era decisivo para alcanzar la mayoría del Ayuntamiento y aprobar las cuentas con el apoyo de 24 concejales, algo que no ha sucedido porque los de Ada Colau han rechazado los Presupuestos al no haber pactado su entrada en el gobierno.

"Señora Colau, nunca había visto tanta irresponsabilidad junta en tan poco tiempo", ha afirmado Collboni dirigiéndose a la exalcaldesa, a la que ha acusado de provocar el bloqueo de los Presupuestos de la Generalitat, los del Estado y los del Ayuntamiento.

Para el alcalde, "esta actitud de boicoteo a los gobiernos y los presupuestos progresistas es un grave error que solo beneficia a la derecha y a la ultraderecha" y a los ciudadanos que más necesitan al sector público, ha dicho.

Collboni ha insistido en que Barcelona tendrá Presupuesto en primavera, que alcanza los 3.807 millones de euros -un 5,9% más respecto a 2023-, con una inversión prevista de 944 millones de euros, y que su gobierno define como "el presupuesto más social".

Por su parte, el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha reprochado a Colau que como alcaldesa hiciera apelaciones a la responsabilidad a los grupos de la oposición para aprobar los Presupuestos y que ahora ella no apoye las cuentas: "¿Qué ha cambiado? Cambia que ahora es concejal y antes alcaldesa". Le ha dicho que no considera que ella tenga la culpa de que no se aprueben, pero sí la responsabilidad, y también ha apelado a Junts para decirles que su currículum les genera "desconfianza", pero que espera llegar a acuerdos concretos con ellos para Barcelona, además de agradecer a ERC su apoyo.

Colau se ha mantenido en la posición de los últimos días, en los que los comuns han reiterado que no iban a dar un cheque en blanco a Collboni, y ha recordado que ya han hecho "muchos votos de confianza" en la investidura y en la tramitación de las cuentas.

Le ha recordado a Collboni que ha tenido la oportunidad de explorar dos mayorías: la que alcanzaba con Trias (21 concejales) y la que alcanza con BComú y ERC (24 concejales) y ha lamentado que "no han querido explorar estas mayorías".

Aun así, ha dicho al alcalde que "si cambia de opinión" (sobre pactar un acuerdo de gobierno) ellos estarán disponibles y con la mano tendida, a pesar de que Valls le ha pedido que reconsidere su posición sobre las cuentas, sin referirse a un pacto de gobierno.

El concejal de Junts Ramon Tremosa ha señalado que, después del voto en contra de los comuns a los Presupuestos de la Generalitat, perciben al alcalde desorientado, y que "hoy está más solo que hace 10 meses", cuando obtuvo el voto de los Comuns y el PP en la investidura.

Por su parte, la líder de ERC en el Ayuntamiento, Elisenda Alamany, ha celebrado el acuerdo de Presupuestos al que han llegado con el gobierno de Collboni y ha señalado en referencia a los comuns: "Es absurdo pedir gobiernos progresistas y tumbar todos los presupuestos progresistas que tienes a tu alcance".

El líder del PP, Daniel Sirera, ha reprochado a Colau reclamar entrar en el gobierno municipal con la condición de aprobar las cuentas "sin cambiar ni una coma", y ha criticado que Collboni no haya negociado con todos los grupos, por lo que ha tachado los Presupuestos de oscuros y opacos.

Mientras, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha recordado que el modelo de ciudad de su grupo es opuesto a lo que proponen las cuentas de los socialistas, que ve "un corte y pega a los presupuestos de Colau", y considera que sirven para seguir destrozando Barcelona, ha dicho.

Más de 200 días lleva Jaume Collboni al frente del Ayuntamiento de Barcelona y aún no ha logrado tejer los apoyos necesarios para sobrevivir toda el mandato. Con tan solo 10 concejales, a años luz de los 21 de la mayoría absoluta, ya ha comprobado lo que supone gobernar en clara minoría: la semana pasada tuvo que firmar el decreto que prorroga los presupuestos de Ada Colau ante la falta de apoyo de los comunes, de ERC y de Junts. Pero eso podría cambiar.

En los últimos días ha cogido fuerza la posibilidad de que la lista de Xavier Trias se sume al ejecutivo municipal, una opción que socialistas y Junts llevan meses explorando. El tiempo apremia y es que, sin las cuentas al día, hay poco margen de maniobra. La prórroga presupuestaria deja en el aire casi 120 millones de euros en inversiones y condena a Collboni a depender de la oposición.

El propio alcalde se ha marcado una meta, la de tener los presupuestos aprobados como máximo en primavera, lo que implica activar el sudoku de pactos. "Los deberes del primer trimestre serán estos", ha prometido. También Trias parece tener prisa. En vísperas de Nochebuena, el exalcalde apuró a Collboni a dejar de "perder el tiempo" y a decidir cuanto antes un socio estable para los próximos años. 

Con el viento a favor, fuentes de la negociación aseguraban entonces que ambos partidos habían dado pasos de gigante y estaban sobre la mesa cuestiones como el programa o el organigrama municipal. Sin embargo, este miércoles Xavier Trias ha dado un giro de guion. En una entrevista, ha desmentido que las formaciones estén ya en la recta final de la negociación, tal como publicó el diario TOT Barcelona, enfriando así el pacto con el PSC.

También los socialistas han salido al paso y aseguran que no hay nada cerrado, ni siquiera un socio preferente. Es más, según fuentes del partido, la prioridad sigue siendo un “tripartito de izquierdas”, es decir, el pacto con Barcelona en Comú y ERC, pero los movimientos políticos van en otra dirección. De cualquier forma, el escenario progresista parece lejano, cuando no poco probable. 

Fuentes de los comunes denuncian que Colau y el alcalde no hablan desde noviembre y lamentan que éste se niegue a convocar un “grupo de negociación”. “Sólo ha habido contactos informales”, aseveran a este diario. Las mismas fuentes condicionan la aprobación del presupuesto a un acuerdo a largo plazo y piden a Collboni que siga el ejemplo del presidente del Gobierno: “Pedro Sánchez ha sabido ceder”. Por su parte, en ERC garantizan que no han tenido conversaciones formales con el PSC y dicen no ver “real” la posibilidad de un acuerdo progresista cuando Collboni, critican, “ha tendido hacia la derecha” en sus primeros meses al frente del consistorio. 

Escenificación —y coreografía— al margen, a nadie se le escapa que una alianza entre socialistas y Junts no es un acuerdo fácil de alcanzar, ya que las implicaciones de resucitar la conocida sociovergencia en una plaza tan codiciada como Barcelona traspasan fronteras municipales. Sin ir más lejos, desde Junts llevan días aireando los recelos que a su juicio tiene el PSC. Dicen que los socialistas temen llevarse el enemigo a casa. “Tienen miedo de que digan que acabaré siendo yo el alcalde, porque tengo once concejales y él tiene diez”, apuntaba recientemente Trias, que fue el vencedor de las elecciones. Descartado el escenario en que las dos formaciones se turnen la alcaldía, el riesgo es otro. 

En el partido de Collboni no tienen claro cuál será el peso de Carles Puigdemont si los de Trias acaban entrando en el gobierno de la ciudad ni tampoco hasta qué punto podría el expresidente catalán condicionar la toma de decisiones, especialmente a la luz de lo que suceda en Madrid. Quieren evitar que, si se enturbia la relación entre Junts y Sánchez, los socialistas catalanes salgan perjudicados, especialmente cuando parten como favoritos en las encuestas para las elecciones al Parlament. 

No obstante, el peso de Puigemont también dependerá del equipo que acabe entrando en el gobierno en caso de que prospere el pacto. Y, especialmente, de la persona que releve a Trias. El exalcalde no esconde su predilección por Jordi Martí Galbis, que forma parte del núcleo duro del partido y a quien él mismo aupó en 2011. Pero, dentro de la formación, hay disparidad de opiniones. Algunas voces apuestan por Victòria Alsina o Neus Munté, mientras que otras se inclinan por Damià Calvet e incluso Josep Rius, actual portavoz y uno de los perfiles más cercanos a Waterloo —fue exjefe de gabinete de Puigdemont—.

La decisión aún no está tomada y Trias va dilatando así su paso por la oposición, a pesar de que, durante la campaña de las municipales, repitió por activa y por pasiva que se marcharía si no lograba la vara de alcalde. Dada la coyuntura política y los vaivenes de la investidura de Sánchez, el partido le pidió que aguantara y ahora es él quien insiste en que se quedará hasta que se aclare el panorama. 

La fecha es un interrogante aún sin respuesta. Las negociaciones, supuestamente congeladas por las fiestas de Navidad, se retomarán después de Reyes. Así lo aseguran ambas partes, las cuales han dejado claro que, cualquier tipo de contacto, tendrá que esperar a después de las vacaciones.

La disyuntiva es compleja y el equilibrio de poder, delicado. Cuando accedió al mando, Collboni apostó por articular una mayoría progresista con los comunes y ERC, pero la negativa por parte de Oriol Junqueras y la necesidad de marcar distancia con sus predecesores y exsocios de gobierno ha llevado al PSC a explorar un nuevo camino. Más allá de la afinidad en planteamientos como la ampliación del aeropuerto o la materia fiscal, Collboni y Trias ya han sellado un gran pacto esta legislatura. Se trata de la reducción de la tasa de las terrazas, un acuerdo al que llegaron en noviembre y que, para muchos, fue un ensayo de lo que vendrá después. 

Que llegue o no dependerá de muchos factores, incluida la cintura política del alcalde de Barcelona, que deberá decidir si le compensa más mantener un gobierno débil en minoría o ganar en estabilidad a costa de pactar, como ya lo ha hecho Sánchez, con uno de sus principales rivales políticos. 

Un total de 37 ayuntamientos realizaron un gasto social por habitante inferior al 60% de la media de gasto (56,74 euros por habitante), de los de los cuales la mayoría de ellos se encuentran en la Comunidad de Madrid, según el informe anual de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales elaborado al respecto tras analizar 404 consistorios, ha recogido Europa Press.

En esta séptima edición, la asociación ha analizado los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a 'Servicios Sociales y Promoción Social', con datos correspondientes al Presupuesto Liquidado 2022 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos.

A partir de esa información, el estudio clasifica estos ayuntamientos en varias categorías: 'Excelentes' (un total de 37 ayuntamientos), 'Corporaciones Excelentes' (8 ayuntamientos que reuniendo los criterios de excelencia en 2022 han conseguido elevar el gasto social más de un 60% durante el periodo de 2019-2022) y 'Pobres' (37 ayuntamientos con menos de 56,74 euros por habitante, frente a la media que se sitúa en el 94,57 euros por habitante).

En función de lo que las estadísticas de la Unión Europea consideran la pobreza de las personas --aquellas que obtienen ingresos inferiores al 60% de la media de la Renta de las personas del país--, el documento califica como 'Pobres' a aquellos ayuntamientos que tuvieron un gasto inferior al 60% de la media.

En concreto, esos 37 ayuntamientos que realizaron menor gasto social por habitante, atendieron a sus 2.544.015 vecinos con un gasto en Servicios Sociales y Promoción Social (23) del 5,12% respecto a su Gasto Total, cuando la media nacional se situó en un gasto del 10,06%.

Además, buena parte de los ayuntamientos 'pobres' en 2022 también lo fueron en la edición anterior de 2021 (el 65%), señalándose en el informe su reincidencia en un "lamentable" ejemplo de persistencia.

Dentro de estos, la Comunidad de Madrid es la que aporta el 41% de los ayuntamientos pobres en inversión social con 15 ayuntamientos, seguida de la Comunidad Valenciana con 8; Andalucía, Cantabria, Castilla La-Mancha, Extremadura y Murcia con 2, y Baleares, Canarias y Galicia con un solo ayuntamiento pobre en inversión social.

En lo que se refiere a la categoría 'Corporaciones excelentes', son ocho los ayuntamientos que han logrado impulsar su gasto social un 60% durante su mandato de 2019-2022.

En términos generales, el conjunto de las corporaciones locales han impulsado su gasto social elevando la calidad y la cantidad de los servicios ofrecidos, según recoge el informe, alzando los 3.691 millones de euros.

Aunque estos ocho ayuntamientos repartidos en Andalucía (3), Cataluña (2), Canarias (1), Galicia (1) y Valencia (1) han conseguido elevar esa inversión más de un 60% y en concreto Nerja (Málaga) lo ha aumentado en más de un 200%.

Por último, en los considerados como ayuntamientos con niveles de 'excelencia social', son solo 37, apenas el 9,16% de los ayuntamientos que han participado en el estudio. Una cifra que baja considerablemente con respecto a los datos del año anterior, ya que en 2021 fueron 57 los que obtuvieron esta calificación.

Al haberse incrementado este año el nivel del gasto social para ser merecedor del reconocimiento al 160% de la mediana de gasto efectuada por el conjunto de los ayuntamientos hasta alcanzar una inversión mínima de 151,31 € por habitante/año.

Es por ello que sólo 3,4 millones de habitantes pueden sentirse beneficiados de unos ayuntamientos que ponen a disposición de sus Servicios Sociales una inversión económica de Excelencia, lo que apenas representa el 11,20% de los 30,57 millones de habitantes que residen en España en municipios mayores de 20.000 habitantes.

La Comunidad Autónoma que aporta un mayor número de Ayuntamientos con un inversión económica en Excelencia vuelve a ser Andalucía con 16 ayuntamientos, por la considerable incidencia económica del servicio de ayuda a domicilio del sistema de la dependencia gestionado por las Entidades Locales andaluzas, seguida de Cataluña con 6, la Comunidad Valenciana con 4, País Vasco con 3, Baleares y Canarias con 2, y Aragón, Castilla La Mancha, Galicia, y Murcia con 1; no alcanzando representación en el ranking Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Navarra y Madrid.

El perfil medio de estas poblaciones urbanas en excelencia social se sitúa en ciudades medias con una población de 36.500 habitantes, debiendo destacarse que únicamente tres capitales de provincia (Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Granada) alcanzan criterios de excelencia social en la séptima Edición.

La Mediana de Gasto efectuada por el conjunto de ayuntamientos se sitúa en esta edición en 94,57 euros por habitante, lo que representa un aumento del 6,43% respecto al ejercicio 2021, habiéndose realizado por el conjunto de ayuntamientos un gasto en Servicios Sociales superior a los 3.691 millones de euros, un 10% más que en el ejercicio precedente.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un hombre de 34 años presuntamente relacionado con la muerte violenta de su pareja, de 29 años, de madrugada en el distrito de Nou Barris de Barcelona, informa Europa Press.

Los agentes han recibido el aviso hacia la 1.30 de la madrugada y se han desplazado al lugar, y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha certificado la muerte de la mujer, según informa la policía catalana en un comunicado.

Los agentes han detenido al hombre en el lugar de los hechos como presunto autor de la muerte y la División de Investigación Criminal de Barcelona se ha hecho cargo de la investigación.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentado el feminicidio: "Es una tragedia que nos toca a todos y no podemos permitir que continúe sucediendo".

"Hemos de trabajar para construir una sociedad donde las mujeres estén seguras y sean respetadas", ha afirmado en un tuit recogido por Europa Press.

Collboni ha dicho que recibe la noticia con "profunda tristeza" y ha trasladado su pésame a familiares y amigos de la víctima.

El Ayuntamiento de Barcelona ha convocado un minuto de silencio el lunes a las 12.00 horas en la plaza Sant Jaume para condenar el feminicidio.

El consistorio ha activado el protocolo establecido con instituciones y entidades para trabajar coordinadamente y condenar públicamente los hechos para concienciar a la ciudadanía, según informa en un comunicado.

Las mujeres que sufren violencia tienen a su alcance recursos de atención y asesoramiento a través del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), en la calle Marie Curie, y también se pueden dirigir a la línea telefónica de atención contra violencia machista: 900 900 120.

Geometría variable. Unas veces mirando a la derecha, otras a izquierda y algunas más a los independentistas. Nunca con Vox, aseguran. Esa es la estrategia que maneja el PSC y el nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para tratar de sacar adelante la ciudad. Dure lo que dure el actual ejecutivo, porque no hay que descartar que el resultado de las elecciones generales cambien el tablero y reabran la primera intención de los socialistas: reeditar una coalición con los comunes.

Collboni no lo tendrá nada fácil. Logró la vara de mando en un movimiento de última hora, literal, para desbancar al ex alcalde Xavier Trias, que con Junts consiguió ser la fuerza más votada en estas elecciones municipales del 28 de mayo. Además, los posconvergentes amarraron los votos de ERC, con un pacto de gobierno avalado por las bases de las dos formaciones. Para frenar al independentismo, Collboni se valió de los votos de los comunes y del PP. Una suma alternativa inédita, aunque hay quien le ve futuro. Aún digiriendo el asunto, hay que empezar a gobernar.

La receta consiste en “mano tendida, acuerdos de ciudad y Barcelona siempre por delante”, resumen fuentes socialistas a infoLibre. No hacen ascos a nadie. La realidad es que, ahora mismo, tampoco están en disposición de poner muchas líneas rojas. Sus movimientos han indignado a uno de sus potenciales aliados: Junts. De hecho, fue tal la sorpresa que ni el mismo Trias tenía el discurso de líder de la oposición preparado. Solo se veía de alcalde. Por eso había invitado a buena parte de su familia, de sangre y política, con el ex president convergent Artur Mas a la cabeza.

Los de Trias no se lo pondrán nada fácil a los socialistas. “Haremos una oposición clara y contundente”, prometen fuentes del grupo municipal a este diario. Mucho más que la de ERC, puntualizan, en un comentario nada inocente. Al final de cuentas, los republicanos han sido los grandes facilitadores de la gobernabilidad en Barcelona.

“Collboni ha expresado de forma clara y pública su voluntad de repetir la fórmula de gobierno con los comunes y eso no es nada más que continuidad, cosa que va en contra de la voluntad de cambio que la ciudadanía de Barcelona expresó el 28 de mayo”, añaden. Sin embargo, el ex alcalde convergente ya dijo que participarán de aquello que consideren que sea bueno para los vecinos y vecinas de la capital catalana.

Una vez echada a andar la legislatura y con el grupo municipal encarrilado, Trias lo dejará para volver a su jubilación. El líder de la candidatura Trias per Barcelona ya ha puesto fecha límite a su última etapa en la política institucional: se irá antes de que termine el año. Es por eso que el grupo municipal también tendrá que cambiar de nombre, pues lleva el apellido de su cabeza de cartel.

Los comunes se posicionan, por tanto, como el potencial aliado en esta legislatura. Junto con ellos, los socialistas compartieron gobierno en la última legislatura, así como buena parte de la etapa 2015-2019, hasta que los comunes decidieron expulsar al PSC del ejecutivo, tras la aprobación del artículo 155, que suspendió la autonomía de Cataluña en 2017, durante el momento álgido del procés.

Colau ya le manifestó a Collboni que la confianza está bajo mínimos y que lo tendrá “imposible” para sacar adelante el día a día de la ciudad, con tan solo 10 regidores. Lo dijo durante el mismo pleno de investidura, donde dejó claro que habrá que trabajar para restablecer los lazos.

“Trias como alcalde nos ponía los pelos de punta, porque se había presentado para deshacer nuestro legado. La foto a posteriori [con Collboni gobernando] tampoco nos gusta, pero no teníamos alternativa. La importancia es tener la máxima influencia y continuar lo hecho hasta ahora”, justifica a infoLibre la hasta ahora teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, de los comunes.

Los grandes proyectos de ciudad, con la movilidad y el urbanismo a la cabeza, no darán un giro de 180 grados en esta nueva etapa. Como mínimo, por ahora. Collboni es partidario de la unión del tranvía por la Diagonal y el fomento de la vegetación, así como de más espacios para el peatón. Eso sí, quiere dejar de hacer Superilles [supermanzanas] y ejes verdes, políticas clave de los comunes, para pisar el acelerador en recuperar interiores de islas para la ciudadanía. De hecho, se ha comprometido a habilitar 30 nuevos espacios en ocho años, con una política que consiste en abrir al conjunto de los ciudadanos zonas que hasta ese momento estaban cerradas, como consecuencia de la unión de bloques de pisos en forma de cuadrado.

Así mismo, el PSC está a favor de la limitación de los precios de los alquileres, de regular el turismo, con especial énfasis en el centro de la ciudad, y estudiar el actual negocio de los cruceros en la capital catalana. Todo ello, medidas que comparten con los comunes. De todos modos, BComú está en una situación incierta, tras la pérdida de poder y la ex alcaldesa pendiente de decidir qué hacer con su futuro.

Esquerra está a la expectativa, empezando por ver qué papel adopta el PSC para intentar sacar adelante las iniciativas que planteaba en su programa electoral, cuentan fuentes de la formación a infoLibre. Los republicanos hacen hincapié, además, en que las relaciones con los comunes se han enfriado en los últimos días, después de que decidieran frenar el paso a un gobierno de coalición de Junts y ERC, con el alcaldable republicano, Ernest Maragall, como número dos del ejecutivo.

Las elecciones generales ya están a la vuelta de la esquina, queda menos de un mes para los comicios, y tras lo ocurrido en la investidura en la capital catalana nadie se atreve a hacer cábalas de qué es lo que va a suceder. Lo cierto es que todos los escenarios están abiertos y una victoria de la derecha y la extrema derecha en España puede provocar un cambio de chip en las fuerzas de izquierdas.

En Barcelona suman una mayoría absoluta de 24 concejales, tres más de los necesarios. Los números dan, así que no habría que descartar ninguna opción, como la de hacer un frente progresista contra políticas de regresión de derechos humanos. “Después de las generales estará todo abierto, si el PSC trabaja y busca a ERC, que lleva en la oposición desde 2007… hay que ver qué pasa en España, porque eso hará que los partidos se muevan. A mí, por ejemplo, me ha influenciado muchísimo lo que ha pasado en Ripoll [donde ha ganado la extrema derecha catalana e independentista, por la negativa de Junts a entenderse con las fuerzas de izquierdas]”, cuenta la que ha sido la mano derecha de Colau y que ha impulsado la transformación urbanística de la ciudad. “Si ganan la derecha y la extrema derecha, un frente antifascista en Barcelona y Cataluña tiene sentido”, remata.

El bono de justicia energética que el Gobierno creó el pasado mes de octubre para cubrir el 40% de la factura eléctrica de los ciudadanos con menos ingresos apenas se ha concedido a 2.300 hogares, un raquítico 0,15% de los 1,5 millones de la previsión oficial. Mientras, 1,24 millones de ciudadanos percibieron el año pasado el llamado bono social eléctrico, incluidos unos cuantos –cargos políticos del PP, PSOE y Más Madrid– que no eran en absoluto pobres. Tampoco llegan a quienes están destinadas ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV): lo cobran 611.029 hogares, aún lejos de los 850.000 para los que está diseñada, tres años después de crearse. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), 400.000 familias que tienen derecho a recibir el IMV no lo han solicitado, el 57% de sus posibles beneficiarios. Y algo parecido ocurrió con los 20 céntimos de descuento en los carburantes que el Gobierno aplicó hasta el pasado diciembre. El Banco de España advirtió de que la medida beneficiaba a las rentas más altas e incluso la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera aseguró que “lo justo y lo razonable” sería “centrar cuáles son las familias y cuáles los niveles de renta que merecen más apoyo”, mediante “un sistema parecido a una tarjeta para concentrar el esfuerzo fiscal en ayudarlas”. A estas críticas, el Ministerio de Hacienda respondió esgrimiendo la complejidad de hacer una discriminación por rentas a la hora de pagar en las gasolineras.

Y es que, pese a los cientos de datos que las administraciones poseen ya de los ciudadanos, éstas no son capaces de detectar a los realmente más vulnerables para proporcionarles las ayudas o servicios que necesitan. Ni de evitar que personas sin problemas para llegar a fin de mes se beneficien de prestaciones que no necesitan. Hasta ahora, su principal interés ha sido luchar contra el fraude. “Cuando las ayudas públicas son condicionadas, tienen unos controles que obligan al ciudadano a desnudarse ante la Administración, y cuando se les conceden, se les somete a controles rutinarios, que sólo terminan cuando el beneficiario deja de cumplir los requisitos”, resume Julen Bollain, doctor en Estudios sobre Desarrollo y profesor e investigador en Mondragón Unibertsitatea.

Todas las ayudas condicionadas tienen una tasa de no aceptación o brecha de cobertura –non take-up en inglés–, que de media en la Unión Europea se halla entre el 20% y el 60%, según el tipo de prestación; en la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco es del 30% y casi la dobla el Ingreso Mínimo Vital. Para reducirla, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha recurrido a la colaboración de Cruz Roja, Cáritas y otras organizaciones que atienden a los más precarios para que les informen y ayuden a tramitar el IMV. También ha empezado a utilizar un autobús para dar a conocer la ayuda y puso en marcha una campaña de envío masivo de SMS entre posibles perceptores.

Pero no parece suficiente. Ni muy sofisticado. Porque ya existen otras herramientas, incluidas las tecnológicas, para poner bajo el radar de las administraciones a quienes, por razones económicas, culturales o sociales, se quedan fuera de los registros. Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universitat Pompeu Fabra, cree que se podría utilizar el padrón municipal para localizar a los ciudadanos que no hacen la declaración del IRPF porque sus ingresos no alcanzan los 22.000 euros y, por tanto, son invisibles para la Agencia Tributaria. Julen Bollain apunta que se podría convertir en obligatoria la declaración de la renta, por poco que se ingresase, aunque reconoce el carácter “controvertido” de la medida.

Helder Ferreira, coordinador de un proyecto piloto sobre el IMV que está elaborando la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), precisa que la casuística de la tasa de no aceptación de las ayudas públicas es muy amplia. Así, entre quienes quedan fuera del sistema se incluyen “los que nunca se han acercado a él, porque no conocen las medidas, no las comprenden o no saben cómo tramitarlas”, pero también quienes las solicitan y no las consiguen y quienes un año no tuvieron derecho a ella por no cumplir los requisitos pero, tras un cambio legislativo, sí lo tienen pero no lo ejercen.

Carles Ramió plantea algo tan simple como que las administraciones crucen los múltiples datos que ya tienen. “La Agencia Tributaria cede los suyos a quienes se lo soliciten”, apunta. Pero Helder Ferreira replica que se trata de un “esfuerzo enorme” –menciona los datos de vivienda y patrimonio, por ejemplo– y prefiere que se den “respuestas diferentes para cada tipo de non take-up”.

Lluís Torrens Mèlich, economista y secretario de Asuntos Sociales y Familiares de la Generalitat, está de acuerdo en que hace falta un esfuerzo muy grande para detectar qué familias necesitan servicios sociales. Y lo ha hecho. Al frente del departamento de Innovación Social del Ayuntamiento de Barcelona desde 2015, llevó a cabo un “barrido de todas las ayudas” existentes para realizar un enorme cruce de datos que permitió tomar una “foto de 360 grados” de las necesidades sociales en la sexta área metropolitana de la Unión Europea. Datos sobre las prestaciones de la Seguridad Social, las del SEPE, la renta mínima autonómica, las ayudas a la vivienda, las ayudas de emergencia… fueron combinados con los obtenidos en una consulta masiva a la Agencia Tributaria y utilizados sobre la base de las 200.000 personas que recibían servicios sociales municipales y tenían un expediente activo. También hicieron una Encuesta Sociodemográfica de 4.500 hogares y 10.400 individuos, añadieron indicadores de pobreza y privación material a la Encuesta de Salud de Barcelona y elaboraron un censo de los pisos vacíos de la ciudad.

El resultado es un big data social, “centenares de miles de registros de personas y hogares vulnerables”, que deben servir para diseñar políticas sociales, explica Lluís Torrens. “Así supimos el grado de pobreza en los 40 grandes barrios de Barcelona y pudimos compararlo con los datos de quienes pedían ayudas”, añade. Y descubrieron, por ejemplo, que la probabilidad de que una familia pobre con niños pidiera la ayuda del Fondo de Infancia 0-16 –600 euros para cubrir las necesidades de menores hasta 16 años– era del 100% si residía en un barrio pobre, pero sólo del 5% si vivía en uno rico.

Porque también se reveló que un centenar de familias residentes en una sección censal del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, el más rico de Barcelona, tenían menos renta que parte de los de Ciutat Vella y Nou Barris, los más pobres. En 2016, 41.000 hogares no podían llegar a fin de mes en Barcelona, excluyendo el coste de la vivienda. Si se incluye, la cifra se eleva a 100.000, según la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, 37.000 hogares cumplían los criterios de ingresos para recibir la Renta Garantía de Ciudadanía. Pero esa cifra aumentaba hasta 51.000 si la cuenta se hacía con los registros de servicios sociales del ayuntamiento.

La diferencia, unas 14.000 personas, se debe, apunta Lluís Torrens, a que “las encuestas oficiales no captan bien la población con recursos insuficientes y subestiman el número total porque son personas reticentes a ser entrevistadas, con mayor movilidad o que viven situaciones complicadas”. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida, 103.000 personas se encontraban ese año por debajo del umbral de riesgo de pobreza, que en la Ciudad Condal es de 933 euros al mes para un adulto, el 60% de los ingresos medios.

“Hay que ir a buscar a los usuarios de los servicios sociales”, reclama Torrens Mèlich. Como hizo Portugal, que, con los datos tributarios en la mano, ofreció el bono eléctrico a los ciudadanos por debajo de un determinado nivel de ingresos. Y luego desarrollar acciones específicas para llegar a esas familias invisibles para el sistema. Hay “pobres en ingresos, pero no en recursos”, clases medias empobrecidas que no acuden a los servicios sociales por el “estigma” o mayores que sufren pobreza energética pero, por el estigma o por desconocimiento, no se acogen a las medidas para evitar que les corten el suministro, detalla el economista.

De las necesidades sociales en una ciudad, en principio rica, como Barcelona da buena cuenta también el simulador de ayudas de que dispone el ayuntamiento en su página web: tiene 10.000 visitas al mes. Permite introducir los datos de ingresos y otros de forma anónima, sólo indicando el distrito postal, pero a su vez sirve a los servicios municipales como una “macroencuesta”. Y sobre sus resultados se está trabajando ya con inteligencia artificial, asegura Lluís Torrens. “Antes los servicios sociales se limitaban a hacer una entrevista al ciudadano que acudía a ellos, ahora con la información que se obtiene se pueden utilizar sistemas de machine-learning, con palabras clave, y elaborar un análisis de la demanda –por qué se acude a los servicios sociales–, hacer un diagnóstico del problema y dar una respuesta, qué recursos se pueden asignar”.

El machine-learning, o aprendizaje automático, permite a los ordenadores realizar tareas sin ser programados, porque “aprenden” identificando patrones en datos masivos y pueden hacer predicciones. Es a lo que se dedica el ahora famoso ChatGPT. También la Generalitat ha empezado a usar la inteligencia artificial para el mismo fin, apunta Lluís Torrens. Pero nadie más ha hecho un cruce masivo de datos con el volumen del ejecutado por el Ayuntamiento de Barcelona, añade su antiguo responsable de Innovación, quien no obstante cree perfectamente extrapolable el modelo a administraciones de mayor tamaño.

No deja de ser paradójico que la inteligencia artificial se dé la mano en el campo de los servicios sociales precisamente con el sector de la población donde la brecha digital es quizá más ancha. La falta de competencias digitales o de una buena conexión a internet son dos de las razones por las que pedir el IMV, que tiene una tramitación especialmente compleja, se convierte en un imposible para muchas personas. Sin embargo, Torrens Mèlich precisa que el 99% de quienes necesitan ayudas públicas tienen un smartphone y el 90%, acceso a internet a través de un móvil. Aunque sólo el 30% o 40% cuenta con internet fija en el domicilio. Incluso los sintecho tienen un móvil, asegura. “El verdadero problema son los inmigrantes irregulares”, concede el economista, “cuyo número ha aumentado en las grandes ciudades y no tienen acceso a la renta garantizada, ni al IMV ni a la vivienda: son un non take-up forzado por la propia ley”.

Cuestión bien distinta es lo que ocurre cuando el ciudadano se dirige a una Administración que se ha “digitalizado demasiado deprisa”, se queja Carles Ramió, y en la que con frecuencia es imposible recibir atención telefónica. España es el país número 17 del mundo por su administración digital, pero la atención que ésta presta ahora al ciudadano “está peor que nunca”, protesta. Sin ir más lejos, resulta muy complicado renovar presencialmente el carné de familia numerosa, pero imposible hacerlo digitalmente, critica el catedrático.

Para evitar tanta complejidad y tanto esfuerzo, Torrens y Bollain coinciden en una solución alternativa: la renta básica universal. “Si el sistema no es universal, se complica tanto que acaba siendo injusto”, advierte el secretario de Asuntos Sociales de la Generalitat. Es el mismo concepto que a nadie extraña cuando se aplica a la sanidad o la educación –“No estamos inventando nada”–. Y que el presidente –republicano– Richard Nixon ya propuso en 1969 y aprobó la Cámara de Representantes pero fue rechazado en el Senado, recuerda Julen Bollain, quien además enumera: el PSOE y Unidas Podemos llevaron la iniciativa en sus respectivos programas electorales, al igual que Los Verdes en Alemania, y hay cerca de 200 programas pilotos en todo el mundo.

“No se trata sólo de tener derechos, sino de poder ejercerlos, y que la Administración ponga los medios para ello”, concluye Lluís Torrens.