El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón este martes a los trabajadores públicos españoles que encadenan contratos temporales de forma abusiva en la Administración Pública. El órgano judicial europeo ha pedido a España indemnizaciones más altas, procesos de estabilización y, además, abre la puerta a la conversión de los empleados eventuales en fijos. Esta última es la solución en la que más han insistido desde las asociaciones y el lema que ha encabezado muchas de sus manifestaciones. “La sentencia es un embudo que señala la fijeza como única solución posible”, insistió en una rueda de prensa el abogado Javier Arauz de Robles, que representa a varios colectivos afectados y que ha llevado a Europa el caso.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) se muestran más cautos y piden tiempo para analizar la sentencia, ya que esta “no impone la fijeza de forma automática". Para Arauz, si nada cambia, esta se terminará reclamando por vía judicial en el caso de los trabajadores que opten por reclamarla. Ángel Sanandrés, coordinador del Sindicato de Empleados Públicos de Murcia, también prefiere la cautela, pero cree que la resolución europea es un gran avance. "Lo ideal sería que el Estado o los tribunales aplicaran la fijeza y que se abriera esta posibilidad también para todos los trabajadores, estén o no en las demandas", apunta.

El colectivo lleva tiempo batallando esta situación en los tribunales y acumula varias victorias que, sin embargo, no han terminado de resolver el callejón sin salida en el que se encuentran muchos de ellos. “Yo me vine de Murcia a Guadalajara a trabajar hace 11 años. Vivo aquí, mis hijos estudian aquí. Es una vida y yo no puedo volverme porque decidan echarme prácticamente sin indemnización”, relata Lorenzo Campillo a infoLibre. Campillo es funcionario de carrera, trabaja en un ayuntamiento y además representa a la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos. La suya es otra de las asociaciones que pelean para que se corrija un abuso de temporalidad que, en teoría, comienza a darse a partir de los tres años. “Tengo compañeros que llevan hasta 20 años”, relata. 

Administrativos, profesores, bomberos, sanitarios y empleados públicos de todas las categorías llevan años en una lucha contra un fenómeno que se ha cronificado en ciertos ámbitos de la Administración sin una solución clara en el horizonte. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entró en la ecuación después de que el Tribunal Supremo le remitiese dudas acerca de la recomendación que había lanzado este órgano judicial europeo de contratar a los trabajadores que encadenasen años de contratos inestables. Esas dudas tenían que ver con que una contratación directa y automática contravendría, señalaba el Supremo, los principios de igualdad, mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública. El problema crucial es que dejar las cosas como están también atenta contra los derechos de los trabajadores, ya que viven en una inestabilidad constante. 

De esto sabe un poco Inés (nombre ficticio), una enfermera del servicio público de salud del Principado de Asturias que prefiere mantener el anonimato. Lleva ocho años encadenando contratos que ni siquiera le generan vacaciones. “Yo pasé de tener contratos largos en la pandemia a tenerlos apenas unos días. Incluso llegaron a llamarme para un contrato de una tarde estando la primera en la lista”, explica. “Tras la primera sentencia de Europa, salen más procesos de estabilización, pero quienes aún no hemos entrado seguimos en una situación muy difícil: cogemos ofertas en las que no se especifican las condiciones porque, si las rechazas, te penalizan, encadenamos contratos que no generan vacaciones, o terminas trabajando en tus descansos porque recibes una llamada de urgencia para cubrir algún puesto para el que no encuentran a nadie”, relata.  

La sanidad es uno de los sectores que más sufren este abuso de la temporalidad. “En enero acepté una oferta para trabajar desde el día 2 hasta el 28, pero, a la hora de firmar ese contrato, me lo dividieron en 14 contratos diferentes. De esta forma, no generamos excesos de horas, que se nos tienen que pagar porque no descansamos lo que debemos, pero, ahora, con esta división de los contratos, tampoco tienes esa contraprestación económica”, cuenta la enfermera. “Encima, si te pones mala, te quitan el resto del contrato del mes”. 

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, España cuenta con 999.738 empleados públicos temporales, lo que representa el 32% del total (tres millones), de los cuales el 75% son mujeres. La temporalidad alcanza niveles especialmente elevados en las administraciones generales de las comunidades autónomas (39%) y sectores clave como la sanidad (47%) o la educación no universitaria (31%). 

Aunque la casuística es diferente en cada sector, experiencias laborales como la de Inés y la de Lorenzo se asientan sobre la inseguridad que genera no tener un contrato estable. En el sector judicial, Fernando Casamayor, que representa a la Asociación Funcionarios de Justicia, vuelve sobre la misma premisa y señala que lo que esperan de esta sentencia es que anime a más trabajadores a reclamar, pero también que el tribunal español dé curso a las recomendaciones. "Hay un negacionismo, tanto desde el Gobierno como desde algunos sindicatos, que nos obliga a seguir pleiteando", concluye. 

Javier Arauz, del despacho Arauz de Robles Abogados, habla de una sentencia histórica, aunque también señala que probablemente los afectados tengan que seguir reclamando judicialmente. “El TJUE nos aboca, tras más de 20 años sin aplicar correctamente la directiva europea, a que la única solución sea convertir en fijos a quienes han sufrido abusos en su contratación”, explica. Para el letrado, esta sentencia deja poco espacio a la interpretación, aunque cómo se integre en la justicia española ya es más complicado de prever.

En el ámbito sindical, CCOO señala que habrá que esperar al estudio pormenorizado de la sentencia “y, especialmente, a cómo la interpreten y apliquen tanto el Tribunal Supremo como los restantes órganos judiciales". Por el momento, la sentencia del TJUE opera como un criterio que la justicia española tendrá que integrar y, de cómo lo haga, dependerá la situación de los trabajadores públicos en esta situación.

Una de las soluciones que se habían planteado era convertir en indefinidos no fijos a los trabajadores, pero el tribunal de Luxemburgo consideró que esta medida “supone mantener una relación laboral temporal” y ahonda en la “precariedad”. Casamayor celebra que esta solución ya no esté disponible: "Seguía siendo un puesto temporal, porque luego, si había un concurso de traslados o una oposición, te podían mandar a tu casa”, relata.

Otro punto que aborda es la indemnización para quienes han sufrido esta situación durante años o para quienes han sido despedidos. Los jueces europeos señalan que el pago de una indemnización al trabajador cuando finaliza la relación laboral, el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos para cubrir las plazas teniendo en cuenta la experiencia anterior del trabajador tampoco "parecen sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión". Así, quedan eliminados los topes máximos que la ley española fijaba en 20 días por año de servicio con un límite de 12 mensualidades. 

“Este año es la primera vez que un contrato largo me genera vacaciones desde la pandemia. Cuando no tienes uno así, te pasas la semana pendiente del teléfono", concluye la sanitaria, quien, como muchos otros compañeros, lleva años esperando un cambio que le ofrezca la posibilidad de estabilizarse.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este martes que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no es una medida suficiente para sancionar dichos abusos porque "supone mantener una relación laboral temporal" y la situación de "precariedad" del trabajador, según informa EFE. 

En concreto, la corte de Luxemburgo señala que el Derecho comunitario se opone a esta transformación de la relación laboral en indefinida no fija en el sentido de que "no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos".

Además, los jueces europeos señalan que el pago de una indemnización al trabajador cuando finaliza la relación laboral, el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos para cubrir las plazas teniendo en cuenta la experiencia anterior del trabajador tampoco "parecen sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión".

El TJUE responde así a las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo, que buscaba claridad por parte de la Justicia europea para dilucidar si era obligatorio para España convertir a los interinos en trabajadores fijos para subsanar una situación de abuso por el encadenamiento de contratos temporales. 

Se da el caso de que España tiene unos 627 millones de euros del fondo de recuperación bloqueados después precisamente de que dos sentencias del TJUE emitidas en febrero y julio de 2024 ya dictaminasen que el país no cuenta con medidas efectivas para sancionar la concatenación abusiva de contratos temporales con la Administración pública. 

En esta ocasión, el Supremo recurrió a la Justicia europea antes de resolver el caso de una trabajadora que encadenó desde marzo de 2016 un total de seis contratos de interinidad como cuidadora de niños en un centro educativo público de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Esta trabajadora denunció su situación y reclamó que su relación laboral fuese declarada fija para compensar los abusos derivados de esta sucesión de contratos temporales, pero el juzgado de primera instancia optó por declararla como indefinida no fija, calificación que supone una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades una vez se extinga la relación laboral.

La causa llegó al Tribunal Supremo, instancia que elevó la cuestión al TJUE para que la Justicia europea "disipe las dudas" que existen al respecto "a la vista de la interpretación y aplicación divergente" que están haciendo los tribunales españoles al valorar casos similares.

En el fallo publicado este martes, el TJUE no se pronuncia sobre si España está obligada a convertir a los interinos en fijos, pero explica que la conversión en indefinidos no fijos "no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos" puesto que "supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal y, por lo tanto, la situación de precariedad del trabajador afectado".

Al mismo tiempo, expone que "no parece" que la indemnización con "doble límite" que se aplica en el caso de trabajadores indefinidos no fijos "puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada".

Con respecto al régimen de responsabilidad de la Administración, la sentencia apunta que tampoco constituye una medida adecuada debido a su "carácter ambiguo, abstracto e imprevisible" y al hecho de que "no va acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas".

Por último, el Tribunal de Justicia evalúa los procesos selectivos para cubrir plazas en la Administración y concluye que, si bien valoran la experiencia previa del trabajador y el tiempo de servicio, no se limitan a "aquellos candidatos que hayan sido víctimas de los abusos", por lo que "tampoco constituyen una medida adecuada".

Sobre este punto, señala que es posible que las víctimas de los abusos "no participen en el proceso selectivo o que no lo supere", así como que la valoración de la experiencia y del tiempo de servicio "parece favorecer a todos los trabajadores temporales que tengan dicha experiencia, incluidos los que no hayan padecido el abuso".

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha defendido este martes que la sentencia no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público.

"El TJUE lo que ha dicho es que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra", señalan en una nota remitida a los medios. "La sentencia del TJUE, conocida hoy, es meramente aclaratoria: no afecta a la normativa nacional ni impone sanción de ningún tipo", inciden.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado, añade Función Pública, que el acuerdo marco (directiva europea) no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos temporales.

"Ante este fallo el Gobierno de España reitera su firme compromiso con la reducción de la temporalidad entre los empleados de la Administración pública y recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en una oposición abierta a todo el mundo", concluyen.

¿Te has fijado en que en los últimos días, casi en cualquier medio en el que entres, se está hablando de esto?

“Bajas laborales sin solución”. “Una hostelera cierra su restaurante porque un empleado se dio de baja”. “Estar de baja y cobrar el 100% del salario hace que nadie quiera incorporarse a trabajar”.

Parece que el nuevo objetivo son las bajas por enfermedad de los trabajadores, que, según varios medios, estarían costando cientos de miles de millones de euros a las empresas.

Lo cual es graciosísimo porque, por una parte, nos dicen que no hay dinero para subir el sueldo mínimo a 1200 euros, pero si un trabajador falta a su puesto, la empresa no sale adelante porque se pierden decenas de miles de euros.

Así que, ¿estamos de acuerdo? ¿El trabajador es el que crea la riqueza y el empresario se la queda, pero sin el trabajador la empresa se cae?

Parece que algunos medios y empresas nos intentan hacer sentir culpables por no ir a trabajar cuando estamos enfermos, cuando literalmente este mismo año han salido otras cifras como esta:

“Cada trabajador genera 262.730 euros de media al año, pero solo recibe 39.900”.

O sea, que de media, cobramos por nuestro trabajo en enero y febrero, de marzo a diciembre ya trabajamos gratis.

“No seas simplista, es que no estás contando la parte que tiene que invertirse en materia prima, locales, costes de la Seguridad Social...”.

Aun contando todo eso, según el INE, el beneficio que provoca cada trabajador al empresario de media sigue siendo de más de 70.000 euros al mes. El trabajador, de media, recibe la mitad.

Y vale que en empresas pequeñas no llegará a ese punto. Pero os recuerdo que cuando nos damos de baja, a partir del día 16 la parte de salario que percibe la persona la cubre por completo la Seguridad Social, o sea que el empresario solo paga su alta. Si encima hablamos de hostelería, donde en el famoso artículo se menciona un sueldo de 25.000 euros brutos al año, esa alta son unos pocos cientos de euros al mes.

Y sí, hay más bajas médicas ahora que hace unos años. Por varios motivos, entre ellos, que también hay mucha más gente trabajando. Por supuesto que hay récord de personas que piden bajas: también hay récord de personas trabajando.

Eso y que la cultura del trabajo ha ido cambiando: poco a poco, cada vez más personas se atreven a pedir una baja cuando están enfermas. Porque, seamos sinceros: lo habitual no es que alguien se pida una baja por capricho para aprovecharse del sistema. Lo que sí es habitual es que vayamos a trabajar enfermos, sin estar en condiciones para ello, poniendo en peligro nuestra salud y la de nuestros compañeros, porque con los salarios que percibimos y el coste de la vida no podemos permitirnos estar varios días sin cobrar para posteriormente cobrar solo el 60 o el 75% de nuestro sueldo. Y eso ahora, porque cuando yo empecé a trabajar, lo habitual era entrar en las empresas con contratos temporales. El que se pedía una baja por temas de salud mental, por lo que fuera, no volvía a esa empresa.

Eso por no hablar de las horas extra no pagadas. En España se hacen cada semana 2,5 millones de horas extra sin remunerar. Un hecho que encima bloquea la creación de 70.000 puestos de trabajo. Así que, ¿quién está bloqueando el desarrollo del país? ¿Yo por no ir a trabajar con un trancazo del quince, o el empresario que explota a sus empleados y evita que se creen esos puestos?

Recordad: que esta campaña orquestada para proteger los intereses y los beneficios de las empresas, sobre todo de las más grandes, no os haga sentir culpables. Producimos más de lo que se consume, generamos muchísimo más de lo que vemos en nuestra cuenta bancaria, trabajamos muchísimas más horas de lo que es necesario. Si te encuentras mal, no vayas a trabajar. Si tienes que pedir una baja por salud mental, pídela. La cultura en la que vivimos para trabajar para otros, hasta el punto de dar la vida, está muerta. Descansa. Cuídate. Y, sobre todo, no dejes que te engañen.

El número de expedientes de regulación de empleo (ERTE) llevados a cabo el pasado año alcanzó los 4.506 procedimientos, un 37,6% menos que en 2024, cuando se dispararon por la situación generada por la dana, según informa EFE.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, el año pasado 3.405 empresas estaban inmersas en uno de estos procedimientos -un 42,9% menos que en 2024-, de las que 441 aún estaban afectadas por la dana, con un total de 446 procedimientos.

El número de trabajadores incluidos en algún despido colectivo, suspensión de contrato o reducción de jornada disminuyó un 34% en 2025, hasta los 124.921, de los que 3.186 lo fueron debido a la dana.

Del total de afectados, hubo 84.860 hombres (37,9% menos), el doble que mujeres, con 42.061 (24,5% menos). Por tipo de procedimientos, la mayoría se vio afectado por una suspensión de contrato, con 78.303 trabajadores (45,3% menos), y 5.418 vieron reducida su jornada (38% menos).

Además, hubo 41.200 trabajadores que formaron parte de un despido colectivo, una cifra que aumenta un 10,2% y que en los próximos meses se dispará, previsiblemente, una vez se apliquen los anunciados en empresas como Telefónica, Tubos Reunidos, Teka o Pepsi.

En cuanto a las causas, 112.833 trabajadores formaron parte de un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), cifra que disminuyó un 25,7%; mientras que 12.088 lo fueron por fuerza mayor, con un descenso del 67,6%.

La mayor parte de trabajadores incluidos en un ERTE estaban empleados en el sector industrial (63.445), principalmente en la fabricación de vehículos de motor (con 25.175 afectados, uno de cada cinco, la mayoría en una suspensión de contrato). Le siguen los 57.335 trabajadores del sector servicios incluidos en un procedimiento, principalmente empleados en servicios de alojamiento, actividades administrativas, restauración y comercio mayorista y minorista. En menor medida, 2.676 trabajadores afectados pertenecían al sector de la construcción y 1.465 al agrario.

Atendiendo a las causas de los ERTE, dentro de los ETOP fueron los que afectaron a más trabajadores, sobre todo por causas de producción, con 55.101 empleados inmersos, sobre todo, en una suspensión de contrato (37.605). Le siguieron los 25.646 incluidos en un ERTE ETOP por causas económicas, más de la mitad por justificar pérdidas actuales; 21.938, por causas organizativas; y 10.148, por causas técnicas.

La mayor parte de los trabajadores fueron incluidos en un procedimiento con acuerdo entre las partes (99.747), mientras que 19.804 no dieron el visto bueno a su expediente y de 5.370 no consta la decisión. Por tamaño, el número de compañías con un ERTE fue mayor cuanto menor era su plantilla, de forma que hubo 1.379 microempresas en un ERTE, 1.290 pequeñas, 526 medianas y 210 grandes. Por regiones, destacan las 762 empresas con un ERTE en la Comunitat Valenciana, seguidas por las 570 de Catalunya, las 505 de Madrid y las 430 de Andalucía.

Además, hubo 11 empresas que se acogieron al mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo, con 6.080 trabajadores incluidos, la mayor parte hombres (5.161) y todos con una suspensión de contrato. Este mecanismo, que se abrió en 2025 y que ha sido prorrogado hasta junio de este año, permitió a empresas de fabricación de vehículos de motor e industria auxiliar acogerse a estos procedimientos por causas extraordinarias.

El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una propuesta de incentivos fiscales para las empresas que se vean más afectadas por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un intento de pactar el incremento de 2026 con la patronal CEOE, según recoge EFE.

Según ha avanzado el secretario confederal de CCOO, Javier Pacheco, tras la reunión de la mesa de diálogo social mantenida esta mañana, se trataría de una deducción en el Impuesto de Sociedades que iría vinculada a una serie de condiciones como el mantenimiento del empleo en esas empresas.

Según Pacheco, patronal y sindicatos analizarán la nueva propuesta, de la que esperan tener más detalles por escrito, y se volverán a reunir el próximo jueves para intentar sellar un acuerdo con un incremento del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, sobre la mesa.

Hace ya varios días que conocimos que RTVE despedirá el 2025 con unos presentadores inesperados. Chenoa y el dúo Estopa sustituirán en un par de días a Andreu Buenafuente y Silvia Abril en la misión de acompañarnos en la bienvenida al 2026 en la televisión pública.

El motivo: el parón anunciado por el presentador catalán hace unas semanas, que contó que había sufrido “un episodio de estrés no muy agradable”. “Hubo un momento en que ya no pude, me desaliñé y mi cuerpo dijo: tienes que parar”, decía. 

Abril, por su parte, parecía celebrar esta pausa (y la comprensión y apoyo del ente público y la audiencia) con un mensaje en su perfil de Instagram: “Comenzar a parar por fin”. El texto acompañaba una foto en la que la actriz sonreía. Parecía bastante feliz. Pensé: “¿Y ya está? ¿Se puede hacer eso? ¿Tan fácil era?”

Ojalá. 

Necesitamos parar pero no podemos. La mayoría, al menos. Muchos lo llevan necesitando años. Y no lo hacen. No se lo pueden permitir. Igual podrían permitírselo, pero temen las consecuencias. Nos han enseñado a temerlas desde el momento en el que ponemos un pie por primera vez en nuestras oficinas, redacciones, tiendas, fábricas… 

Hay una anécdota “graciosa” de mi vida laboral que a veces me gusta contar. En uno de mis primeros trabajos, siendo yo el más joven (con diferencia) de la redacción, llegué a ir a trabajar tan, tan enfermo, que llegó un momento en el que casi me desmayo y tuvo que llevarme una compañera al centro de salud en la furgoneta de producción. Mis directores, de buenas, se reían de mí. Normal, también te digo. 

Pero, claro, ¿qué iba a hacer, teniendo en cuenta todo lo que ya había visto en mi corta experiencia como trabajador? Empresas en las que a todos los empleados nos hacían contratos renovables de tres meses y, si no dábamos suficientemente el callo para su gusto, no tenían más que dejar de renovarnos. Compañeros a los que, después de pillarse una baja por ansiedad o por depresión, por corta que fuera, no se les volvía a renovar, no sea que la empresa tenga que cargar con una persona enferma. En aquel momento cobraba menos de mil euros al mes. ¿De dónde se suponía que tenía que ahorrar para tener una forma de pagar el alquiler de mi habitación al mes siguiente si, de repente, dejaban de renovarme? Aunque, en realidad, ¿de dónde se supone que tengo que ahorrar ahora, diez años después, cobrando solo quinientos euros más, pero pagando el triple de alquiler que en aquel entonces? 

Todavía tenemos que aguantar a los señores muy empresarios salir en podcasts (¿esta gente sabe que puedes tener dinero y ser anónimo?) a decir que ahora tienen un problema con la cultura laboral porque antes una persona tenía que estar “muy enferma” para no ir al trabajo y “ahora con fiebre no van”, como dijo el CEO del Grupo La Mafia recientemente. O a Garamendi decir que vaya “ocurrencia” tener un permiso de 10 días en el trabajo si se te muere tu padre, o tu marido, o tu hija. O a periodistas queriendo unirse al club de los enfants terribles rebeldes y políticamente incorrectos decir que los jubilados se pegan “la vida cañón” después de tan solo 40 años de nada partiéndose el lomo. 

¿Qué queréis que os diga? Yo estoy harto. Harto de que sea el trabajo lo que nos define. Harto de las jornadas laborales interminables. Harto de pertenecer a la generación más pluriempleada de la historia de nuestra democracia según los datos oficiales. Harto de que mi cuerpo me diga que no puede más, que lleva tiempo en el límite, y que ni siquiera cuando me da órdenes de parar poniéndose enfermo yo pueda descansar porque en mis trabajos como autónomo si no trabajo, no cobro, si no cobro, no pago las facturas. Harto del sentimiento de culpa cuando un domingo por la noche saco un rato para mirar el techo. Harto de sentir que no paso suficiente tiempo, ni de lejos, con personas a las que quiero y que no sé cuánto más estarán en este mundo. Harto de soñar con todas las aficiones que podría tener, los deportes que podría practicar, los instrumentos que podría tocar, los platos que podría aprender a cocinar, los lugares que podría visitar, las personas increíbles a las que podría conocer. 

Yo estoy harto de que nos intenten convencer de que, quienes no hemos nacido con una cuchara de plata en la boca, no hemos nacido para vivir de verdad. Que hemos nacido para doblar el lomo y ahorrar trabajo a quienes ya tienen el dinero y el poder en un sistema económico que no premia el esfuerzo, sino la propiedad. 

Creo que estoy en el mundo para hacer muchísimas cosas. Por desgracia, en la que –con diferencia– invierto más tiempo no es una de ellas. 

Mientras tanto, no puedo más que envidiar y celebrar a las personas que pueden parar. En su mayoría, personas que han alcanzado un estado, eso sí, en el que pueden permitírselo. No es ni de lejos lo habitual. Pero sueño con que, al menos, visibilizar lo de parar nos haga romper con ese aprendizaje impuesto de que es trabajar lo que nos identifica y dignifica. 

Amazon, la tecnológica HP y ahora Telefónica. La lista de expedientes de regulación de empleo (ERE) que añaden a sus justificaciones técnicas la coletilla de “automatización de procesos” o “implantación de la Inteligencia Artificial (IA)” empieza a repetirse y a aparecer como una causa para la reducción de plantillas. “El automatismo a través de inteligencia artificial está llegando a campos donde antes no estaba presente y esta transformación puede provocar que quienes puedan, inviertan en tecnología antes que en empleo o salarios”, explica Javier Lorente, economista y profesor de EAE Business School.

Aunque en los últimos años los ERE que más empleos han costado en España vinieron de las fusiones en la banca —el más grande fue el de CaixaBank con 6.400 afectados en 2021—, las tecnológicas han sumado recientemente unos cuantos despidos a la lista en todo el mundo. “Seguimos implementando nuestra estrategia para el futuro del trabajo. Estamos acelerando la innovación con dispositivos basados ​​en IA”, decía abiertamente Enrique Lores, presidente de HP, que recientemente ha planteado un ERE. Otro de estos expedientes, este exclusivo de España, es el de Telefónica, que también apelaba a la “automatización” para justificar su decisión.

“Los procesos de ERE no se entienden con un único factor, pero lo que más nos preocupa de toda esta transición tecnológica es que se pueda dar la participación de los trabajadores desde el inicio para evitar llegar a los despidos: con formación, con diálogo sobre la forma de organizar nuevos modelos laborales o con participación en la digitalización”, explica Raquel Boto, responsable del ámbito digital en Comisiones Obreras.

Los despidos de Amazon afectarán a 1.200 personas a nivel nacional y hace unas semanas la tecnológica HP anunció que alrededor de 6.000 empleados, un 10% de su plantilla, saldrían de la compañía por la incorporación de la inteligencia artificial a muchos de sus procesos. Esta última empresa cuenta en nuestro país con más de 2.000 trabajadores que se podrían ver afectados.

El caso de Telefónica es el más reciente. La compañía planteó un expediente de despido para 6.088 personas, un 35% del total de las filiales afectadas. La empresa justificaba el proceso, según apuntaban fuentes de la negociación, en “la competencia del mercado, la reducción de márgenes y la automatización de procesos mediante inteligencia artificial (IA)”.

Un fantasma que recorre las previsiones económicas y que está suscitando un debate entre quienes afirman que sus efectos en el empleo serán devastadores y quienes, en un tono más contenido, piden tiempo. Para estos últimos, las evidencias aún no permiten hacer una correlación estricta en la que no intervengan otros factores, como la reducción de costes o las correcciones de la burbuja financiera que rodea a la IA.

“Aquí se mezclan dos cuestiones. Una, la burbuja financiera que rodea a la IA y que puede producir correcciones; y otra, la cuestión de si el uso generalizado de esta tecnología nos va a dejar sin trabajo”, explica el profesor. La segunda es el punto que más preocupa, de hecho, el Informe sobre el futuro del empleo 2025, publicado por el World Economic Forum, señalaba que un 41% de las empresas planeaban reducir su plantilla a medida que incorporaban nuevas funcionalidades con IA.

En España, un estudio de la compañía de recursos humanos SD Worx señalaba que tres de cada diez empleados estaban preocupados por la injerencia de la IA en sus profesiones, aunque también constataba que la implantación de esta tecnología a nivel nacional no estaba extendida: solo un 37% reconocía haber invertido en este campo.

Sin embargo, para Lorente, en economías como la estadounidense, con una mayor implantación digital, se están viendo algunos cambios y no precisamente para bien. “Hay una estadística que compara el crecimiento en valor de las principales empresas del índice S&P500 con el número de puestos vacantes que ofertan. Se está viendo que ambas variables se empiezan a separar, es decir, las compañías aumentan su valor, pero el número de vacantes no crece”. Algo que puede apuntar a que las empresas están optimizando procesos mediante tecnología y sin ampliar sus plantillas.

Otro punto crítico, explica el economista, está en los perfiles junior. Quienes desempeñan las actividades más básicas, alejados de la gestión y centrados en tareas concretas, son quienes más riesgo afrontan. De hecho, un artículo publicado esta misma semana en el Financial Times aludía a que en el ámbito de la consultoría, las contrataciones de jóvenes se estaban congelando en PwC o McKinsey debido a las “expectativas de incremento de productividad gracias a la IA”. Para Lorente aquí puede darse un problema de fondo: “¿Si yo no contrato a júniors, cómo consigo trabajadores séniors y con experiencia? Se rompe el proceso de formación”, advierte.

Por su parte, desde Comisiones insisten en que el rol del trabajador debe cambiar e integrarse en el proceso de creación del nuevo modelo productivo. “Las empresas son reacias a que los trabajadores entremos en la organización del trabajo, pero es urgente, porque es la única manera de que la automatización sea productiva para los dos partes”, apunta Boto.

La euforia que rodea a todo lo que tiene que ver con la IA generativa ha llevado a que se hable de una burbuja en lo que tiene que ver con estas empresas. Un polo que atrae dinero y que podría sufrir una corrección que llegue a alcanzar también al empleo. “Todas las innovaciones tecnológicas pasan por un momento de hype (como se denominan en la jerga económica las expectativas infladas) para luego caer y llegar a una valoración razonable”, señala el economista. Para él, las empresas de IA están en ese punto donde la euforia comienza a caer.

De ahí, que se hable de AI washing, una variante del término greenwashing, que alude a cómo las empresas que se ponen “IA” como apellido, atraen —algunas veces sin respaldo real— grandes cantidades de dinero. Un caso paradigmático de este espectacular engaño lo protagonizó la empresa británica Builder.ia, que prometía a sus usuarios desarrollar aplicaciones de forma automatizada y sin ningún tipo de intervención humana. Sin embargo, ese “IA” no tenía detrás una gran tecnología, sino a más de 700 ingenieros contratados en Asia para picar código. Llegó a estar valorada en más de 1.000 millones de dólares para después terminar solicitando la bancarrota.

El aura y la incertidumbre que despierta la tecnología va desde las finanzas al empleo y espolea análisis que tratan de anticipar lo que va a pasar. “Habrá cambios cuantitativos en el mercado laboral, pero también cualitativos que van a llevar a nuevas formas de trabajar y quizá a un nuevo contrato social”, concluye el profesor.

El mercado de trabajo ha sufrido en los últimos años una gran transformación que plantea ciertos retos para las empresas. Por un lado, deja visible el desafío para las corporaciones de captar, desarrollar y retener talento en un momento en el que la competitividad está a la orden del día. Por otro lado, las brechas de empleo siguen existiendo en España y en Europa, dejando fuera a personas cualificadas, especialmente a aquellas con discapacidad y otras minorías. infoLibre y Acciona presentarán el próximo miércoles 10 de diciembre el foro Talento diverso: empresas que transforman, en el que abordarán estas problemáticas.

El acto, introducido por Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, y moderado por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, contará con la presencia de cuatro referentes en empleo, diversidad y transformación cultural: Zita Martiarena, responsable de la Oficina de la Discapacidad de Acciona; Mar Medeiros, directora de Marketing Social, Convenios y Captación de Fondos de Fundación ONCE; y Sara Giménez, directora general de Fundación Secretariado Gitano.

¿Qué brechas o datos recientes deberían preocuparnos más cuando hablamos de empleo en España y Europa? ¿Cuáles son los sesgos que más limitan la inclusión laboral hoy? ¿Dónde está el principal bloqueo para que las personas con discapacidad accedan al empleo en igualdad de condiciones? Estas son algunas de las preguntas que se tratarán de resolver en este foro.

El foro será retrasmitido en streaming a partir de las 12.00h a través de YouTube y X. Durante aproximadamente 60 minutos, las protagonistas compartirán experiencias, analizarán tendencias y establecerán una serie de conclusiones que puedan ser útiles para empresas, administraciones y entidades sociales. Todo ello bajo la idea de que la competitividad empresarial debe ir de la mano con la diversidad y la inclusión.

Cuando Ayuso respondió a Vox diciendo eso de que hacen falta inmigrantes porque “alguien tendrá que limpiar en sus casas”, se generó una gran polémica, ya que se trataba a los inmigrantes como si fueran objetos funcionales a las necesidades de los autóctonos; instrumentos animados, en la definición que hacía Aristóteles de los esclavos. Pero en su frase hay algo de verdad y también algo rechazable. La verdad es que, de facto, la mayoría de los inmigrantes realizan los trabajos más duros y peor pagados. Pero es rechazable dar a entender que los trabajadores inmigrantes estén destinados, por su propia naturaleza, a tener que vivir en malas condiciones.

La situación tiene dos explicaciones: una culpa a los propios trabajadores y busca enfrentarlos con otros trabajadores; la otra explicación pone el foco en el modelo productivo, en los derechos y en la condición de ciudadanía. La derecha ha encontrado en los trabajadores inmigrantes su chivo expiatorio para explicar problemas sociales y evitar así señalar al bloque de poder económico. ¿Los altos precios de la vivienda? La culpa es de los inmigrantes. ¿Los salarios y las condiciones de trabajo? La culpa es de los inmigrantes. ¿Los problemas de la sanidad? La culpa es de los inmigrantes.

Se pone a competir a trabajadores autóctonos contra trabajadores inmigrantes en torno al trabajo, los servicios públicos y la vivienda. Así pues, las mismas oligarquías e intereses que rechazan lo público y buscan acabar con cualquier sistema de bienestar proponen un juego de suma cero entre inmigrantes y servicios públicos, enfrentando a trabajadores pobres con otros aún más pobres, y afirmando que los inmigrantes hacen peligrar el bienestar de los autóctonos. Pero lo que pone en peligro los servicios públicos, lo que explica la falta de acceso a la vivienda o los bajos salarios, es un proyecto de clase que busca generar la discordia e inocular el resentimiento entre trabajadores para así blindar sus objetivos. El medio que utilizan para conseguirlo es la extrema derecha: su infantería política.

La respuesta a esa agenda del odio entre trabajadores también tiene que ser de clase: la culpa de que no se invierta en vivienda y de que la vivienda sea un activo especulativo no es del currela inmigrante que trabaja en la obra. La culpa de que no haya pediatras asignados, que se saturen las urgencias o que no te pueda ver el especialista a tiempo no es de la currela inmigrante que trabaja limpiando las habitaciones de los hospitales. La culpa de que haya empresarios que no paguen las horas extras no es del currela inmigrante que cobra menos que nadie. La culpa es los explotadores, los especuladores, los usurpadores y sus representantes políticos que trabajan para disciplinar a la fuerza de trabajo. 

La extrema derecha se lleva las manos a la cabeza porque la inmigración se ubica, mayoritariamente, en los barrios con menos renta, como si esto fuera algo nuevo, como si no fuese una constante histórica que ha vivido la clase trabajadora. Los trabajadores inmigrantes acaban en el mismo sitio donde han acabado siempre todos los trabajadores que emigran a la ciudad: en los barrios más pobres. “Los proletarios acampan en los márgenes de la sociedad sin ubicarse en ella”, afirmaba Auguste Comte en el siglo XIX. El mismo sitio donde se ubicaban las miles de personas que vivían en poblados chabolistas en el tardofranquismo. Por no decir que toda la VPO construida en el franquismo tenía como finalidad convertirse en vivienda de mercado: intervenir desde el Estado para financiar activos privados. Un inmenso proceso de privatización de lo que hoy podría ser un parque de vivienda protegida. De aquellos barros, estos lodos.

La crisis de acceso a la vivienda es una crisis global que también se da en los modelos en los que se mira la extrema derecha, como los Estados Unidos, Polonia o Hungría. Hungría es el país de la UE donde más ha crecido el precio de la vivienda desde 2015, aunque haya perdido población. En Polonia el precio de la vivienda sube más que en España, aunque su población haya disminuido. ¿Por qué ocurre esto? Por la misma razón por la que en España sube el precio de la vivienda en municipios que pierden población: porque la vivienda es un activo financiero y existe una demanda especulativa que compra con una finalidad que no es para vivir. La extrema derecha, por su propia definición, es el espejo deformado de la hipótesis comunista: señala los mismos problemas, pero con el objetivo contrario; es decir, articula el mismo malestar, pero no para atender a las causas que lo producen, sino para desplazarlo hacia un lugar que proteja los intereses, en este caso, de la especulación inmobiliaria. Eso no significa que el incremento de la población no impacte en los precios; quiere decir que esa no es la causa que explica el problema de acceso a la vivienda y que señalar a los trabajadores es propio de una posición servil con los intereses de los especuladores.

Con el trabajo ocurre algo similar. El razonamiento es el mismo que aplican cuando hablan de los servicios públicos: culpar a los últimos de lo que sufren los penúltimos para beneficio de los primeros. Quienes denigran e infrafinancian la sanidad pública son los mismos que acusan a los trabajadores inmigrantes de saturarla para luego obtener rédito electoral. Quienes apoyan los bajos salarios y mantener a sectores de bajo valor añadido son los mismos que culpan a los trabajadores inmigrantes de la precariedad de los autóctonos, algo que es falso: los trabajadores inmigrantes se ubican en los rangos más bajos de renta y sufren las peores condiciones laborales, lo cual no supone que tiren a la baja los salarios de los autóctonos, y así lo constatan todos los estudios.

Los inmigrantes vienen a trabajar porque se les llama, y quien les llama son las necesidades del modelo productivo, que exige una fuerza de trabajo que acepte bajos salarios. Y aceptan bajos salarios por necesidad y por falta de garantías. ¿Por qué nunca se pone el foco en el modelo productivo, en las condiciones que se ofrecen y en la ausencia de condición de ciudadanía? ¿Por qué no se pone el foco en la situación que viven esos trabajadores y se reivindican derechos para que nadie tenga que aceptar determinadas condiciones miserables? No quieren aumentar los derechos laborales porque eso les permitiría exigir más por lo que ahora hacen, y eso supone tener que pagar más, lo cual —dicen— se traduce en que se verían obligados a subir los precios. Defienden lo que defendía Bernard Mandeville cuando escribía eso de que “la riqueza más segura consiste en una multitud de pobres laboriosos”.

Prefieren tener a gente en condiciones de semiesclavitud y culparles por ello. Porque quien culpa a los trabajadores de su pobreza lo hace porque se opone a que los trabajadores conquisten derechos y ciudadanía. Sin embargo, es mejor contar con un modelo productivo centrado en sectores que generen más riqueza, que paguen mejores salarios y que ofrezcan mejores condiciones de vida y de trabajo, aunque el precio suba. Lo que es propio de un cipayo es devaluar a tu país para competir a la baja porque prefieres centrarte en ofrecer servicios baratos para el bolsillo de extranjeros con dinero. Lo mejor que podría pasarles a los trabajadores autóctonos pasa por elevar las condiciones de vida de los trabajadores inmigrantes, porque eso induce la inversión en tecnología, acelera la obsolescencia de negocios improductivos sostenidos con la precariedad laboral y ayuda a impulsar la necesaria reconversión empresarial y productiva que necesita este país. Ambos pueden coincidir en exigir políticas sociales y económicas que inviertan en garantizar su bienestar y condiciones de vida. Los problemas de los trabajadores autóctonos no son los trabajadores inmigrantes; las soluciones sí van de la mano de ambos. 

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

Elma Saiz (Pamplona, 49 años) tiene en sus manos una de las reformas que más revuelo ha suscitado en los últimos meses: la de las cotizaciones por ingresos reales, acordada en 2022, y que atañe a los trabajadores autónomos. Después de una primera propuesta para elevar las cotizaciones hasta un 11% que provocó un fuerte rechazo, ahora el ministerio trata de llegar a un acuerdo con las asociaciones con otra propuesta con alzas más moderadas. La ministra habla con infoLibre sobre el recorrido de esta propuesta, sobre “el debate endemoniado” de la disputa entre boomers y zetas, de las pensiones, la protección social y de la oposición del Partido Popular, quién en su opinión, está “está abonando el terreno para votar en contra una vez más de la revalorización de las pensiones” y al que ha reprochado que se comporte como una “banca privada” al proponer descuentos en las cotizaciones para quienes tengan planes de pensiones privados.

La propuesta de su ministerio para subir las cuotas de los autónomos a partir de 2026 ha suscitado mucha polémica, ¿está en cuestión el modelo de cotización por ingresos reales?

De ninguna manera. Quiero recordar que fue una ley que salió adelante con 260 votos a favor en el 2022 y que recogía una reclamación histórica del colectivo que yo misma defendía cuando era autónoma. Lo que está pasando en este país es que sigue habiendo una brecha de 650 euros al mes en una pensión de jubilación si comparamos un trabajador autónomo con un trabajador por cuenta ajena y la única forma de cerrar esa brecha es con las cotizaciones. Además, obedece al cumplimiento de la ley que fija un camino hasta 2032 para llegar a una cotización por el 100% de los ingresos reales.

Su primera propuesta fue muy cuestionada y después revisaron los incrementos propuestos inicialmente ¿Cómo casa esta realidad con el compromiso de actualizar las cuotas anualmente hasta 2032? ¿Vamos a llegar a cumplir el compromiso con progresividad? 

La primera propuesta nace de una evidencia. No se improvisa, porque este sistema ya está en vigor desde 2022. Tras ese primer proceso de regularización, vimos cómo se ha comportado el colectivo y observamos que en la parte más baja de la tabla el 60% de los autónomos habían decidido sobrecotizar. Desde ahí se lanza la primera propuesta, para comenzar a trazar ese camino de acompañamiento progresivo hasta 2032. Por eso, queriendo buscar un acuerdo y escuchando a los colectivos de autónomos sobre cómo ese acompañamiento puede ser más progresivo, se hace después una segunda propuesta.

Recientemente, usted ha dicho que “estamos en camino de reducir la brecha entre autónomos y asalariados”. ¿Cuáles son los avances concretos que puede citar para ese objetivo?

Por ejemplo, en el cese de actividad. Si comparamos cuánto cobra una ahora persona que tiene que afrontar el cierre de un negocio, con la situación anterior, la diferencia es clara, porque el cese de actividad está vinculado a tu base de cotización. Y lo mismo ocurre con las bajas de maternidad y paternidad, que son del 100% de la base de cotización, y si no se cotiza por ingresos reales, tu protección para hacer frente a la llegada de un hijo es mucho peor.

Una de las medidas que ha propuesto el Partido Popular pasa por reducir las bases de cotización a aquellas personas que dispongan de un plan de pensiones privado, ¿qué opina de esta medida?

El PP se está comportando como una banca privada, ofreciendo descuentos por hacerse un plan de pensiones privado. Está cuestionando la raíz más profunda de nuestro sistema de seguridad social porque esa medida no defiende el interés general y deja desprotegidos a los autónomos. Cuando se desplegó el escudo social en la pandemia o en la dana, es lo público lo que nos ha protegido y eso está vinculado a las cotizaciones. Hay gente a la que no se ha podido proteger porque no estaba en el sistema público.

La nueva regulación tendrá que pasar por el Parlamento ¿Cree que la van a poder sacar adelante pese a haber sido tan polémica?

Estamos trabajando con las asociaciones más representativas y además hay otras cuestiones que están sobre la mesa como el cese de actividad. Yo confío, sobre todo teniendo en cuenta que al otro lado tenemos un Partido Popular que está utilizando a los autónomos y anunciando como propias cuestiones que ya están en marcha, como la pluriactividad, que está recogida desde hace décadas.

Además, sobre esta propuesta quiero recordar que el PP votó a favor en 2022, por lo que este viraje es un intento de erosionar al Gobierno y acercarse a Vox en lo social.

Dentro de sus socios de Gobierno, también Sumar discrepó en un primer momento de la subida de cotizaciones ¿han hablado acerca de la nueva propuesta?

En un primer momento, yo eché en falta una llamada de la vicepresidenta [Yolanda Díaz], pero no estoy preocupada porque hablamos el mismo lenguaje. Es un lenguaje de protección social, de equiparación y de avance en lo que tiene que ver con romper brechas.

La sostenibilidad de las pensiones es el otro gran debate social. Los sindicatos han pedido “dar la batalla ideológica” para defender su viabilidad, pero, por otro lado, el gasto va a aumentar en los próximos años ¿Está en riesgo el sistema?

No. Por un lado, estamos garantizando la revalorización de las pensiones por ley y por otro, desplegando una reforma de pensiones que ha pasado los exámenes. El sistema de pensiones tiene la mirada puesta en 2050, somos muy conscientes de ese reto demográfico y esta reforma así lo contempla.

Hemos pasado con éxito el examen de la AIReF en lo que tiene que ver con esa evolución del gasto en pensiones y todos los indicadores macroeconómicos van mejor de lo que inicialmente estaba previsto. La ratio cotizante pensionista está en 2,46: es la mejor cifra de la serie histórica, quitando los años de burbuja inmobiliaria. Además, el fondo de reserva comenzará la siguiente legislatura con más de 30.000 millones en la hucha de las pensiones, una hucha que nos encontramos prácticamente a cero tras el gobierno del PP.

¿El mantenimiento del sistema de pensiones no va a imponer ajustes a la baja en prestaciones o endurecimiento de requisitos, como sugieren algunas declaraciones de la oposición?

De ninguna manera. La reforma de pensiones tiene un compromiso claro y sabemos que tenemos que hacer frente a la jubilación del baby boom, pero las prestaciones están garantizadas por ley. Además, del lado de los ingresos, la reforma laboral está dando grandes resultados y solucionando fallas del mercado. Han mejorado las carreras de cotización, la temporalidad ha caído y entre los menores de 30 las bases de cotización también han aumentado. Lo que tenemos claro es la posición del Partido Popular en estos últimos días, que con las declaraciones de Feijóo está abonando el terreno para votar en contra una vez más de la revalorización de las pensiones y dejar tirados a nueve millones de pensionistas.

¿Cómo se van a vehicular los incentivos para prolongar la vida laboral?

Somos muy conscientes de que hay un talento senior que se puede aprovechar y que puede compatibilizar su actividad con la pensión. Queremos que quienes decidan prolongar si vida laboral lo hagan desde una decisión personal y libre, no porque las pensiones sean insuficientes.  Pero igual que hemos dado esa posibilidad de que la gente compatibilice la jubilación con el trabajo, somos también conscientes de que hay actividades penosas, especialmente tóxicas, donde la las personas tienen que salir del mercado laboral antes, con cocientes reductores.

Dado que muchas ausencias (incapacidades temporales, permisos) afectan a la financiación de la Seguridad Social, ¿qué medidas contemplan para asegurar que el sistema sea sostenible sin penalizar derechos adquiridos?

Quiero dejar claro que la incapacidad temporal no es en modo alguno culpa del trabajador y tendrán mucho que decir también las comunidades autónomas en lo que tiene que ver con listas de espera en los sistemas sanitarios. Dicho esto, tenemos también encima de la mesa de diálogo social para mejorar esta situación, pero siempre poniendo en el centro la salud de los trabajadores. Me estoy refiriendo, por ejemplo a las altas con reincorporación progresiva 

Aquí los sindicatos se han mostrado en contra o han planteado dudas acerca de cómo garantizar que el trabajador no vaya a trabajar sin estar totalmente recuperado

En España la regulación existente protege de ese supuesto. Además, mi compromiso es que esa reincorporación progresiva se de después del alta. Cuando desde un punto de vista médico, con la supervisión de un medico del sistema publico, la reincorporacion progresiva pueda ayudar al trabajador sin que tenga que pasar de cero a cien.

Al hilo del equilibrio entre cotizantes y pensionistas se ha abierto un debate sobre si existe un enfrentamiento intergeneracional o un agravio en cuanto a la revalorización de las pensiones con respecto a los salarios, ¿qué opina sobre esto?

Ese enfrentamiento intergeneracional es un debate endemoniado que hay quien tiene interés en abonar. El Gobierno está legislando de forma amplia. Quiero recordar que los pensionistas no aparecen de la nada, los pensionistas son personas que llevan años trabajado y aportando al sistema y es de justicia reconocer esa trayectoria. Pero los datos demuestran que también estamos mirando hacia los jóvenes, con tasas de temporalidad de las más bajas en los últimos años o con más de un millón de becarios y becarias que hemos incorporado a la seguridad social.

El papel de los migrantes también está siendo clave. En materia de migraciones, la reciente reforma del reglamento de extranjería ha sido calificada por usted como “la más ambiciosa en años”. ¿Cómo va a asegurar que esa reforma no solo favorezca la afiliación, sino también la integración laboral y social efectiva de esas personas?

El reglamento es una reforma de mucho calado. Tiene que pasar un tiempo para evaluarla, porque aún se está poniendo en marcha. Pero, por ejemplo, desde que se aprobó en 2022 la figura de los arraigos hay más de 640.000 personas que han regularizado su situación. 

Estamos trabajando también en un plan sobre integración, pero aquí las comunidades autónomas y las entidades locales tienen mucho que decir. Es llamativo ver como comunidades del Partido Popular se enorgullecen de las cifras de empleo de sus comunidades —donde tiene un papel muy importante en la afiliación extranjera— y, sin embargo, en lo que tiene que ver con fortalecer los servicios públicos para dar servicio a esa población, dejan morir los servicios educativos, sanitarios o sociales para culpar de ese colapso a la población extranjera.

¿Le está resultando difícil llegar a acuerdos con ellas?

Estamos viendo como el discurso migratorio del PP es similar al de VOX, ahondando en la desinformación y vinculando, por ejemplo, el colapso de los servicios públicos con la población extranjera. No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. No se pueden enorgullecer de los datos de afiliación extranjera pero, sin embargo, luego no adecuar tus servicios públicos para dar esa atención necesaria a las personas.

Y, ya que hemos hablado de cifras ¿manejan algún plazo para presentar los Presupuestos Generales?

Estamos trabajando internamente con el compromiso de presentar los presupuestos y, de hecho, ya se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para este próximo lunes por parte de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Limitarse al tema de On Falling, la impactante ópera prima de la portuguesa Laura Carreira, de reciente estreno, es una trampa. Carreira, nacida en 1994 en Oporto, filma la nueva condición obrera que ella desarrolla en los inmensos almacenes logísticos de Amazon.

La cineasta estudió cine en Edimburgo (Escocia) y sigue viviendo en el Reino Unido. Tras dos cortometrajes ya centrados en la cuestión del trabajo precario y la explotación, en este largometraje producido por Sixteen Films, la empresa de Ken Loach, relata las vivencias una joven portuguesa que llega a Escocia y es contratada como preparadora de pedidos en un almacén.

La mirada muy documentada sobre los gestos de los trabajadores no va acompañada de ningún patetismo, ni de ningún discurso dominante: el personaje interpretado por Joana Santos, que se va abandonando a lo largo de las escenas, sigue siendo de principio a fin de la película una presencia escurridiza, un cuerpo cinematográfico apasionante.

El descubrimiento de On Falling nos ha animado a hablar sobre la película con David Gaborieau, sociólogo del trabajo, profesor de la Universidad de París, que dedicó su tesis a las “fábricas de paquetes”; para ello, en el pasado trabajó varias veces en almacenes como preparador de pedidos, lo mismo que la protagonista de la película.

Mediapart: La protagonista de la película es picker, es decir, preparadora de pedidos. ¿Qué se puede decir de ese puesto?

David Gaborieau: Es el puesto más común en un almacén. Más de la mitad de los empleados trabajan en eso. Vemos al personaje recogiendo productos de los pasillos y colocándolos en bins, pequeñas cajas de plástico que luego colocan en las cintas transportadoras.

El escaneo de códigos de barras desempeña un papel fundamental

Sí, en la película se hace con una pantalla y un escáner para leer los códigos de barras. En otros almacenes, se puede utilizar el control por voz. El principio es similar: primero, la máquina le indica a qué pasillo debes ir. Debes confirmar que has llegado al lugar correcto escaneando un primer código de barras. A continuación, la máquina te indica el producto que debes buscar: encuentras el producto, lo escaneas, escaneas su carrito, y así sucesivamente.

En la película se juega mucho con el hecho de que ella no conoce el producto que busca antes de escanear el código de barras. Eso no es baladí: muestra hasta qué punto el gesto de preparación está totalmente desconectado del producto, que se ha vuelto abstracto. La racionalización es tal que su trabajo consiste en escanear, coger, escanear: ya no se sabe cuál es el producto.

A veces se oye el pitido de la máquina más fuerte y más seguido. ¿A qué se debe?

En Amazon hay cierta ambigüedad sobre la existencia o no de cuotas de productividad. Pero se hace todo lo posible para que la gente vaya rápido. La película también refleja bien eso. El trabajo se convierte en una sucesión de pitidos. Y el aparato que tienes en la mano refuerza un poco el ritmo. En cuanto te quedas inmóvil unos segundos, sin validar nuevos productos, la máquina empieza a pitar. Es típico de Amazon.

En los almacenes en los que he trabajado, Carrefour, Leclerc, Super U y sus subcontratistas, existen primas de productividad regladas: el recuento del número de paquetes por hora se supervisa constantemente.

En Amazon, ese recuento no existe, o no es visible. La protagonista no lo conoce. Hay una máquina que pita, una organización del trabajo que la empuja a ir rápido. Y, como se ve en la película, a veces viene un jefe a decirte: “¡Genial, vas muy rápido!”. Y otras veces para decirte que vas demasiado lento, que tienes que acelerar. Es bastante insidioso.

Durante una visita de personas externas al almacén, una responsable habla de “búsqueda del tesoro” para encontrar los objetos en los pasillos. ¿Qué le sugiere esta expresión?

Amazon ha revolucionado la logística al dejar de clasificar los productos en el almacén según su tipo. Ha puesto patas arriba todo y se ha mezclado todo. Lo que importa es el tamaño del producto, y eso es prácticamente todo. Son el algoritmo y el software los que distribuyen los objetos y deciden las trayectorias de los preparadores de pedidos, sin ninguna lógica, o más bien con una lógica que los trabajadores no comprenden.

La película describe bien el trabajo en fábrica: la gente trabaja muy duro, de forma muy repetitiva, con muy poco margen de maniobra. En ningún momento de la película se percibe ese trabajo como un juego. Pero ese aspecto “lúdico”, de “búsqueda del tesoro”, está muy presente en la gestión de Amazon. Muchos empleados lo viven como algo insultante. Aunque otros, una minoría, a veces entran en el juego.

En varios momentos, los empleados intercambian etiquetas de productos. ¿Qué opina al respecto?

En ese universo muy abstracto, dictado por la máquina, basta con que el ser humano intervenga y cambie una etiqueta para que el sistema falle. En todos los almacenes se observan ese tipo de microrresistencias. Es una forma de demostrar que no somos máquinas. En las entrevistas que realicé se repetían constantemente dos frases: “No somos robots” o, precisamente, “Somos robots”.

Todos se enfrentan al estigma del robot, porque sus gestos repetitivos están dictados por la máquina. Para alejarse de ese estigma, solo quedan pequeños gestos, como cambiar una etiqueta. A veces, pueden ser resistencias más importantes: he visto a gente guardar deliberadamente en un lugar equivocado un palé de ostras, que se pudrió.

¿No hay cámaras de vigilancia para detectar ese tipo de actos de desobediencia?

Hay cámaras en los almacenes de Amazon, como en la mayoría de los almacenes, pero se utilizan en caso de robo, no para vigilar el trabajo de los empleados; eso está prohibido, al menos en Francia. Si un encargado detecta algo anormal en un empleado a través de las cámaras, tendrá que encontrar otra excusa para demostrar la falta. En realidad, el control de los empleados se lleva a cabo de otra manera: se valida cada gesto, cada lugar en el que se encuentran. Hay una gran trazabilidad de los objetos, lo que crea un control del trabajo también muy fuerte.

En dos ocasiones en la película se habla de juguetes sexuales: ¿están esos objetos sobrerrepresentados en los pedidos de Amazon?

No. Pero la fuerza simbólica de esos objetos suele aparecer en las conversaciones con los empleados de Amazon. Ya sea en forma de broma, lo que remite al lugar que ocupa la sexualidad en nuestras sociedades, o como algo negativo: “Mirad, nuestro trabajo ni siquiera consiste en llevar cosas útiles a la gente, solo en entregar juguetes sexuales.” Esas declaraciones no están exentas de una mirada sexista. Durante la pandemia del covid, los sindicatos, de forma totalmente legítima, querían expresar la idea de que Amazon no entregaba cosas “esenciales”, y el ejemplo de los juguetes sexuales se repetía una y otra vez.

El almacén de la película cuenta con personal muy diverso: personas que se nota que son escocesas por su acento, pero también dos inmigrantes portuguesas a las que la película sigue más de cerca... Además, hay muchas personas de otras razas. ¿Es eso fiel a su experiencia?

Sí, la logística requiere mucha mano de obra para puestos de trabajo duros, repetitivos, mal remunerados y principalmente en grandes centros urbanos. A la fuerza te encuentras muchas personas de otras razas y muchas con antecedentes migratorios, recientes o más antiguos.

Amazon se felicita por esa diversidad y la destaca. Pero es inevitable: la empresa no puede hacer otra cosa que tener diversidad en sus equipos. Se puede decir incluso de otra manera: su funcionamiento se basa en la contratación masiva de mano de obra racializada, allí donde se encuentran las instalaciones, para hacer circular los flujos migratorios.

La película nunca muestra el almacén como un lugar de luchas o reivindicaciones. Los sindicatos están ausentes. ¿Cómo lo ve?

Me pareció normal. Eso no significa que no haya sindicatos en Amazon, por supuesto, aunque no conozco la situación exacta del derecho laboral en Escocia. Pero, según mi experiencia, siguen estando poco presentes en el trabajo diario.

En general, la película ofrece una mirada etnográfica que me parece muy potente. Me pareció muy realista, tanto en los aspectos materiales que acabamos de mencionar, como en otros más delicados: el estado de ánimo de la gente, las conversaciones en la sala de descanso, las personas que no están muy bien, pero que se las arreglan en el día a día. No hay nada exagerado ni demasiado resaltado.

Se habla mucho de una serie de televisión que se emite en una plataforma y que muchos empleados ven al salir del trabajo...

Cuando se realiza un trabajo muy duro, repetitivo, físico, y hay que estar concentrado mentalmente durante ocho horas al día, cuando llegas a casa no tienes ganas de leer un libro. Hay pasajes muy bonitos sobre ese tema en Martin Eden, de Jack London: el protagonista intenta volver a leer, pero no lo consigue.

Cuando se tiene ese tipo de trabajo quieres descansar al llegar a casa, relajar el cuerpo y la mente. La visión que se tiene de la alimentación también es muy acertada. Según mi propia experiencia, y aunque yo no era obrero —no es lo mismo estar empleado durante dos o tres meses y saber que luego vas a dejarlo—, yo tampoco conseguía leer ningún libro y comía mal. El trabajo repetitivo invade la vida privada, te deja sin energía, te va consumiendo poco a poco. La película lo documenta muy bien y muestra lo difícil que es desarrollar la sociabilidad en ese entorno.

Una escena muestra a unos trabajadores colocando redes de seguridad en un piso. ¿Se dispone de datos sobre la tasa de suicidios en los almacenes?

Desde un punto de vista histórico, la tasa de suicidios entre los trabajadores es elevada, el doble que entre los ejecutivos. Pero el suicidio se explica por un conjunto de razones y es difícil establecer una relación, para cada profesión, con el trabajo, aunque evidentemente ese es uno de los factores.

Incluso en el caso de los suicidios en France Télécom, donde había un problema evidente de organización, el número de suicidios, en relación con el total de empleados, no era necesariamente muy superior al de otras empresas. Todo el interés de la película radica por tanto en mostrar una realidad, una angustia psicológica, que las estadísticas no pueden captar.

Lo que sí se puede decir, por el contrario, es que el espacio de trabajo en Amazon está muy controlado. Tanto por el software, del que ya hemos hablado, como físicamente. Por ejemplo, es obligatorio poner siempre la mano en la barandilla al subir o bajar las escaleras. Eso crea un universo de control omnipresente y una pérdida de autonomía, factores que provocan un gran sufrimiento en el trabajo.

Otras películas de ficción de los últimos años han puesto en escena a trabajadores de plataformas, por ejemplo, Nos batailles (2018), de Guillaume Senez, con Romain Duris. ¿Qué opina de esas producciones?

Me parece normal que los trabajadores de almacén aparezcan cada vez más a menudo en el cine, ya que el sector del transporte y la logística representa actualmente una cuarta parte de los trabajadores de Francia. La figura del preparador de pedidos se está convirtiendo poco a poco en una figura del mundo obrero. Y la encontramos tanto en películas de ficción, donde la dimensión dramática y poética es más fuerte (como en Nos Batailles o Une valse dans les allées), como en películas que adoptan un enfoque documental, como la de Laura Carreira.

La entrevista se realizó el 23 de septiembre de 2025 en París. David Gaborieau la revisó y corrigió.

 El viernes 31 de octubre se organiza una sesión especial en el cine Les 3 Luxembourg de París, seguida de un debate entre la directora Laura Carreira y el sociólogo David Gaborieau, en colaboración con Mediapart.

Traducción de Miguel López

El mercado laboral sumó 118.400 empleos en el tercer trimestre del año, hasta marcar un nuevo récord de ocupación con 22.387.100 afiliados, si bien el comportamiento del empleo ha sido el más moderado en este periodo desde 2019.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de desempleados subió en 60.100 personas, hasta situarse en los 2.613.200, de forma que la tasa de paro aumentó en 17 centésimas, hasta el 10,45%.

El incremento del empleo es compatible con el aumento del paro debido a que la población activa creció en 178.500, hasta superar los 25 millones de personas activas, es decir, que trabajan o buscan empleo.

El Ministerio de Economía ha subrayado que las cifras del tercer trimestre "corroboran el dinamismo del mercado de trabajo" con récord de empleo y de población activa.

En los últimos doce meses, el empleo ha crecido en 564.100 personas (a un ritmo del 2,58 %), en tanto que el paro se ha reducido en 140.900 (a una tasa del –5,12 %).

"Hoy hay más personas trabajando que nunca y lo están haciendo con mejores condiciones" ha destacado en declaraciones remitidas a los medios la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien han puesto en valor políticas como la reforma laboral o las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI).

Al detalle del empleo en el trimestre, creció fundamentalmente entre los hombres, con 107.100 ocupados más, y solo en 11.300 mujeres.

La ocupación aumentó en la industria (64.100 más), los servicios (39.100) y la construcción (32.600), mientras bajó en la agricultura (17.400 menos).

Con este avance, el empleo en el sector servicios superó, por primera vez, los 17 millones de ocupados.

El número de asalariados subió en 129.200 -los que tenían contrato indefinido aumentaron en 74.800 y los de contrato temporal en 54.400-, mientras que el número de autónomos disminuyó en 10.500 personas.

El empleo a tiempo completo creció en 314.500 personas y el de tiempo parcial bajó en 196.100.

La tasa de temporalidad se sitúo así en el 15,6 %, dos décimas más que en el segundo trimestre; y la de parcialidad en el 12,9 %, un punto menos que el trimestre anterior.

Por empleador, el empleo privado se incrementó este trimestre en 107.600 personas, hasta un nuevo récord con 18.854.400; y el público aumentó en 10.800, hasta 3.532.700.

La tasa de temporalidad en el sector privado fue del 12 % y del 27 % en el público.

El incremento del desempleo se concentró en el sector servicios (con 75.700 más), seguido de lejos por la agricultura (10.800), mientras que disminuyó en la industria (16.600 menos) y la construcción (10.300 menos).

Por sexo, el número de hombres en paro disminuyó en 22.600 mientras que el de mujeres aumentó en 82.700, de forma que sigue habiendo más desempleadas (1,43 millones y una tasa de paro del 12,11 %) que desempleados (1,18 millones y una tasa del 8,97 %).

La tasa de paro de los hombres bajó así, por primera vez, del 9 % en más de 17 años.

Por nacionalidad, el paro subió entre los españoles –incluye doble nacionalidad– en 59.600 en tanto que apenas varió entre los extranjeros (600 más).

El desempleo de larga duración (aquellos que llevaban más de un año) disminuyó en 48.900, mientras que aumentó en 49.400 entre las personas que buscan su primer empleo.

El permiso por fallecimiento, que el Ministerio de Trabajo quiere ampliar hasta los diez días, podrá disfrutarse a lo largo de las cuatro semanas siguientes a la muerte del familiar que de lugar al mismo, según informa EFE.

Así aparece en la propuesta que Trabajo ya ha remitido a los agentes sociales, que detalla que los díez días hábiles de permiso por duelo podrán cogerse en caso de fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho o parientes de hasta segundo grado de consanguinidad, según adelantaba este lunes la SER y han confirmado a EFE.

Esto incluye tanto a hijos, como a nietos y también a abuelos y podrá disfrutarse a lo largo de las cuatro semanas siguientes al fallecimiento o entrega de los restos de la persona fallecida.

Por su parte, se mantienen los dos días actuales de permiso por fallecimiento (cuatro si es necesario un desplazamiento) para un familiar hasta el segundo grado de afinidad, lo que incluye cuñados y abuelos del cónyuge. 

La propuesta también concreta el nuevo permiso para cuidados paliativos que tendrá una duración de hasta 15 días y al que se tendrá derecho si esos cuidados afectan al cónyuge, la pareja de hecho o otros familiares de segundo grado de consanguinidad.

Este permiso, que podrá consistir en una reducción de jornada, puede dividirse en dos períodos diferentes pero solo una vez por paciente y siempre en un plazo máximo de tres meses desde que se empieza a disfrutar, algo para lo que sólo se requerirá un informe médico que justifique la situación de cuidados paliativos.

Otra novedad de la propuesta de Trabajo es la creación de un nuevo permiso para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la eutanasia, que consistirá en un día, aquel en el que se administre, y al que tendrá derecho cualquier trabajador que haya sido designado por ésta para acompañarla, independientemente de si hay o no parentesco.

El anuncio hace un par de semanas de estos permisos por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue tachado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de "ocurrencia" al haberse planteado ante los medios y sin un diálogo social previo, algo que también reprocharon a Trabajo los sindicatos, que no obstante valoraron el avance en derechos.

El país se enfrenta a un debate que tiene mucho de artificial en torno a la disminución del tiempo de trabajo, que actualmente se encuentra en las 40 horas semanales, desde que el primer gobierno socialista de la democracia, allá por 1983, decidió rebajar la jornada laboral. 

Ya en aquellos días las críticas fueron muy parecidas a las que algunos empresarios y algunas fuerzas políticas esgrimen en estos momentos: La productividad económica es baja y si disminuimos el tiempo de trabajo eso traerá ruina para las empresas y pérdida de empleos.

Los años han pasado y ni la economía española, ni el empleo, han sufrido semejantes desastres. Muy al contrario. La actividad económica ha crecido y los puestos de trabajo también. Simplemente aquellos malos augurios eran el fruto del desconocimiento, de la desidia o de ideas anticuadas, cuando no tendenciosas.

Somos uno de los países que más horas trabaja en toda Europa, eso sin contar el uso y abuso de las horas extraordinarias. Sin embargo, España tiene una productividad por debajo de la media. Estamos bastante mejor que Grecia, pero bastante peor que Alemania, Italia o Países Bajos, por poner algunos ejemplos variados.

Cualquiera que se haya molestado en leer un poco sabe que la productividad es algo así como la eficiencia de un sistema productivo. La relación entre lo que produces y lo que has tenido que invertir para producirlo. Mide cuánto has producido por cada unidad de factor que haya intervenido en el proceso. Con más horas se supone que produces más, pero si inviertes en innovación y tecnología también produces más. Si modernizas tu empresa produces más. 

Por lo tanto la productividad no tiene que ver exclusivamente con las horas que pasa un trabajador atado al banco de trabajo, sino con la cualificación y la formación que tiene, las habilidades adquiridas y los medios con los que trabaja, así como con el capital invertido en mejorar los sistemas de producción de la empresa. 

Los países que lo fían todo a que los trabajadores dediquen muchas horas de trabajo, pero no invierten en mejoras tecnológicas e innovación en sus sistemas productivos, terminan perdiendo productividad. Los países que cuentan con empresarios que piensan en formar bien a sus trabajadores, que tengan niveles salariales adecuados, que se encuentren motivados y que dedican una parte de los beneficios a modernizar su empresa, renovar maquinaria, actualizar su tecnología, mejorar sus instalaciones, sus redes de distribución, consiguen incrementos de productividad. 

El problema es que España, pese a todas las modernidades sobrevenidas, sigue siendo un país de cultura terrateniente y latifundista. Cualquier empresario quiere ganar dinero, mucho dinero, lo más rápido posible, con trabajadores poco formados, pero que le echen muchas horas y que trabajen a pedales y con los menos medios posibles. 

Las inversiones tecnológicas escasean. La innovación es una palabra desconocida, o es utilizada tan sólo con fines publicitarios. El tejido empresarial está compuesto por una inmensa mayoría de pequeñas empresas, o microempresas, con muy pocos trabajadores, y eso también actúa en contra. 

Hay países europeos mucho más productivos que nosotros con jornadas laborales de 35, o de 37 horas. Países como Bélgica contemplan 38 horas y otros como Francia 35. También abundan los países avanzados europeos que establecen un máximo de 40 horas. Sin embargo, en estos países las horas pactadas en convenio suelen moverse entre las 37 y las 38 horas de media semanal. 

No es lo mismo la jornada máxima establecida por ley que la negociada en convenio, que es siempre inferior. El problema se encuentra en todos esos trabajadores y trabajadoras que carecen de convenio, o con poca capacidad negociadora, al tratarse de sectores precarizados y poco sindicalizados.

En España, por ejemplo, la jornada media negociada en convenio es de 38´2 horas semanales. Y pese a ello, la reducción de jornada que propone el Gobierno afectaría a unos 12 millones de trabajadoras y trabajadores. Lejos de producir crisis empresariales y pérdidas de empleo, la medida de reducir la jornada tendría efectos positivos sobre la mejora y modernización de nuestras empresas, como ya ocurriera en 1983. 

Recurrir a Carlitos Alcaraz, como hace el Presidente de la CEOE, con esa familiaridad del que conoce bien al muchacho, suena ridículo. El entrenamiento físico de Carlitos no puede ser infinito sin riesgo de colapso de sus músculos. El entrenamiento mental también tiene sus límites. El ocio de un deportista es parte esencial de sus éxitos. Pero es que, además, el salario de cualquier trabajador es incomparable con el de Carlitos y hasta con el del propio Garamendi, que se embolsa casi 400.000 euros de sueldo anual, limpios de polvo y paja.

Cuando un empresario se acostumbra a obtener altos beneficios, invertir poco y utilizar para ello tan sólo las horas de trabajo de su personal, la productividad termina por caer. Sin embargo, cuando ese mismo empresario utiliza mejor su fuerza de trabajo, pagada adecuadamente, incentivada y bien formada, la manera de incrementar la cantidad y calidad de sus productos y servicios es reinvertir parte de los beneficios, innovar y mejorar su tecnología. 

La reducción de la jornada laboral siempre es un incentivo para que las empresas mejoren su productividad, inviertan más, creen empleo y sean socialmente más responsables. El actual debate y la negativa a la reducción legal de la jornada laboral, impulsado por una derecha anquilosada y una parte del empresariado poco innovador y anclado en un pasado que no volverá, impide que nuestro mercado de trabajo mejore y supone una pérdida de tiempo en la necesaria modernización del país.

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

La temporalidad tiene en pie de guerra a los empleados públicos, desde profesores y sanitarios a bomberos o administrativos. Un problema que, además, ha hecho que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tenga el foco puesto en España al considerar que la Administración abusa de los contratos temporales y no ha puesto medidas suficientes para corregir esta dinámica. El siguiente paso en este litigio tendrá lugar este jueves, cuando el Abogado General de la Unión Europea, una figura de asesoramiento vinculada al TJUE, se pronunciará sobre si España debe hacer fijos a los funcionarios que han encadenado contratos temporales. 

La madeja burocrática y judicial se explica mejor acudiendo a los ejemplos. Es el caso de Lorenzo Campillo, funcionario de carrera en un ayuntamiento, quien explica a infoLibre su situación: “Yo me vine de Murcia a Guadalajara a trabajar hace 11 años. Vivo aquí, mis hijos estudian aquí. Es una vida y yo no puedo volverme porque decidan echarme prácticamente sin indemnización”. Campillo trabaja en un ayuntamiento pequeño, donde pese a no tener plaza fija —y tras haber pasado procesos de oposición sin obtener plaza— no tiene asegurado su empleo después de más de una década desempeñándolo. Él es una de las cientos de personas que esta semana se concentraron ante el Congreso para pedir soluciones.

Actualmente, las estimaciones apuntan a que las Administraciones Públicas tienen más de 700.000 trabajadores interinos y alrededor de 648.000 pendientes de que la justicia europea avale su petición de hacerles fijos tras años desempeñando un puesto. El problema, en corto, es que la jurisprudencia europea choca con la española. Convertir en fijos a quienes llevan años encadenando contratos temporales de manera automática contraviene, como señaló en su momento el Tribunal Supremo, los principios de igualdad, mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública, pero dejar las cosas como están, también atenta contra los derechos laborales de los trabajadores. 

“Los tribunales en España siempre han dictaminado que la fijeza automática no cabe en nuestro ordenamiento jurídico”, explica Miriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de Comisiones Obreras (CCOO). Ahora bien, dejar fuera a quienes llevan décadas cubriendo un puesto en la Administración o someterles a décadas de inestabilidad laboral también va contra la ley. “A partir de tres años se supone que ya estamos en abuso de temporalidad”, explica Campillo, quien insiste en que la solución no puede pasar por despedir al trabajador o mejorar la indemnización por despido, sino por ofrecer alternativas de estabilización. “Estamos en tierra de nadie, esperando a que el Supremo cambie su doctrina o a que llegue una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que fuerce la estabilización”, concluye. 

Desde Comisiones Obreras, Pinillos señala que no es evidente que la resolución llegue mediante un contrato fijo, ya que el tribunal de la UE no ha aclarado este punto. “Este organismo nunca ha dicho que la respuesta al abuso de la temporalidad deba ser la fijeza, lo que ha dicho es que puede ser una de las formas de reparar el daño”, señala. Para el sindicato la mejor respuesta pasa porque se convoquen procesos de estabilización justos.

“La solución parte de que se convoquen todas las plazas de interinidad y que las Administraciones dejen de jugar con oscurantismo, con plazas vacantes, plazas de sustitución, plazas eventuales, etc. Todo ese empleo debe estabilizarse cuando las personas llevan más de tres años empalmando contratos temporales”, concluye.

En la misma línea, Campillo, que también representa a la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos, explica que las plazas que han ido saliendo a concurso de estabilización de su gremio están muy por debajo del número de personas que actualmente trabajan. “En los años anteriores prácticamente no se han convocado plazas y no se llegaba a cubrir la tasa de reposición”, explica el funcionario. “Entonces el ministerio sacó 1.500 plazas libres en 2024 y 1.000 este año”, algo que, según él, abre la posibilidad a nuevos candidatos, pero no da soluciones para quienes llevan años en el limbo. “Hay, por ejemplo, una parte de la antigüedad que no se cuenta y yo tengo compañeros que llevan 20 años trabajando”, concluye.

Así, tanto trabajadores como sindicatos piden procesos de estabilización justos. Algo que, según Pinillos, pasa por evaluar los méritos y los currículums de los trabajadores de forma justa, aunque sin bloquear las nuevas incorporaciones a lo púbico. 

La temporalidad es un factor pernicioso para el mercado laboral que se ha ido reduciendo en los últimos años. En los datos de empleo conocidos la pasada semana, el porcentaje de trabajo temporal se situó en el 12,6% mientras que antes de la reforma rondaba el 28%, y, sin embargo, en lo público la tasa permanece disparada. Es del 27,8% en el segundo trimestre del 2025, según el INE. 

“Desde la crisis de 2012 hasta prácticamente 2017, las ofertas de empleo público casi desaparecen en este periodo austericida y el empleo se cubre con interinidades. Eso deja a los trabajadores sin posibilidad de acceder a ofertas de estabilización durante años”, explica la responsable de CCOO. Para ella, el abuso en esta modalidad de contratación y la ausencia de medidas para corregirlo hizo que se acumulase una tasa de temporalidad que ahora mismo es muy difícil de gestionar.

El recorrido judicial de la medida viene de lejos, pero podría concluir a finales de año. Comenzó al transponer la directiva europea en materia de temporalidad, cuando el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial ante Bruselas para saber si el marco europeo se podía integrar en la legislación española, ya que el panorama era confuso. El Tribunal de Justicia Europeo respondió en 2024 señalando que la normativa nacional contravenía la normativa europea porque no fijaba indemnizaciones de despido adecuadas y tampoco contemplaba procesos de estabilización justos. En este punto, las sentencias que se sucedían en España se hicieron contradictorias: unas rechazaban hacer fijos a los trabajadores apelando a los principios de igualdad, mérito y capacidad que recoge la Constitución en el caso del acceso a la función pública, pero otros apuntaban hacia la estabilización. 

Con la evaluación del Abogado General este jueves se avanza un paso más, aunque su decisión no equivale a una sentencia. Para ello habrá que esperar a la sentencia del TJUE, que podría conocerse dentro de dos meses. “Esto es un tema de justicia social, no queremos mayores indemnizaciones, queremos conservar nuestros trabajos”, concluye Campillo.

Vivimos inmersos en un mundo y en una lógica donde la velocidad, la disponibilidad constante, la hiperconectividad no sólo se valoran, se premian. Marcan lo que debemos ser y cómo debemos actuar. El tiempo se ha convertido en un recurso que se exprime y el cuerpo en una herramienta que se ajusta a demanda. El individualismo y la conexión permanente se han normalizado y, con ellas, el agotamiento y la frustración.

Este modelo de sobreexigencia no solo afecta a nuestra salud física, sino también a nuestra salud mental. La presión constante por hacer más, tener más y ser más genera un desgaste emocional que nos desconecta de aquello que nos da autonomía, dignidad y sentido colectivo. 

En esta época que vivimos bajo la dictadura del clic, desacelerar no es simplemente descansar: es cuestionar un modelo que nos empuja a producir sin pausa, consumir sin conciencia y desplazarnos sin mirar alrededor. 

En medio de este ruido digital y de la presión por estar siempre actualizados y siempre a la última, elegir un ritmo más pausado implica recuperar la capacidad de atención, de vínculo, de cuidado. No se trata de romantizar la lentitud, sino de reconocer que hay formas de vida que no caben en el algoritmo.

No todo acto ecológico busca salvar el planeta con soluciones grandiosas; muchas veces, es en lo pequeño donde se desafía la lógica extractivista que organiza nuestras ciudades, nuestros cuerpos, nuestro tiempo y nuestros vínculos. Elegir lo local, lo justo, lo sostenible no es una moda ni una nostalgia: es una forma de resistir la homogeneización que impone el mercado.

Hay decisiones que, aunque parezcan mínimas, tienen implicaciones profundas. Porque en un sistema que convierte todo en mercancía, parar es una forma de posicionarse. No para escapar del mundo, sino para transformarlo desde adentro.

En la cultura actual se valora a las personas por su capacidad de trabajar sin parar. Esta presión constante no solo nos agota, también nos hace perder el sentido de quiénes somos. 

Los datos son preocupantes, el último informe sobre desconexión digital realizado por Infojobs dice, por ejemplo, que el 73 % de los y las trabajadoras españolas no logra desconectar del trabajo fuera del horario laboral, y un 28% permanece conectado siempre que es necesario. Datos parecidos maneja desde hace tiempo UGT, su último informe sobre el tema habla de que más de 7,7 millones de trabajadores y trabajadoras en España tienen acceso remoto a su trabajo en cualquier momento, o que el 40% de las personas trabajadoras están conectadas a las seis de la mañana revisando su correo, o que uno de cada tres vuelve a mirar el email a las 22:00 horas, o que el uso del correo durante el fin de semana ha crecido un 20%. En 2024, UGT Madrid, en el estudio sobre Nuevos riesgos laborales y riesgos emergentes en la Comunidad de Madrid, ya ponía el foco en los efectos que están teniendo en la salud de los trabajadores y trabajadoras el modelo laboral actual, marcado por la digitalización acelerada y la presión por mantener altos niveles de productividad.

La digitalización y el acceso remoto permanente están desdibujando los límites entre trabajo y vida personal. Esta disponibilidad constante no es solo una cuestión técnica: revela una transformación profunda en la forma en que se concibe el tiempo, el descanso y el valor del cuerpo. La conexión ininterrumpida se ha convertido en norma, y con ella se instala una forma de exigencia que no da tregua. Los espacios entre ocio y empleo están cada vez menos diferenciados, y la saturación tecnológica se ha convertido en una realidad impuesta que atraviesa lo laboral, lo emocional y lo cotidiano.

Más allá de los beneficios tecnológicos, se evidencian fenómenos como el tecnoestrés, el aislamiento derivado del teletrabajo y la dificultad para separar lo profesional de lo personal. Priorizar la eficiencia sin pausa y la disponibilidad absoluta, no solo transforma el modo en que se trabaja, sino que introduce una carga emocional que afecta el equilibrio psicosocial. Lo preocupante no es solo la fatiga, sino la pérdida de espacios propios, de pausas reales y de vínculos que no pasen por una pantalla.

En este escenario el contacto con la naturaleza o la participación en iniciativas comunitarias pueden ofrecer un contrapeso real. No como evasión, sino como forma de reconfigurar la relación entre trabajo, salud y entorno. Frente a una cultura que exige estar siempre conectados, lo eco supone una forma distinta de presencia: más situada, más consciente, más habitable.

Tenemos que ser conscientes que la vorágine tecnológica en la que vivimos no solo organiza nuestras rutinas, las devora. Cada clic, cada notificación, cada correo revisado fuera de horario construye una arquitectura invisible que nos mantiene ocupados, pero desligados de los afectos. Corremos el riesgo de que un día, sin previo aviso, nos despertemos y descubramos que llevamos una década mirando pantallas, respondiendo correos, gestionando tareas, sin haber tocado lo que realmente nos hace humanos: el vínculo, el cuerpo, el silencio, la presencia. Hemos confundido disponibilidad con compromiso, productividad con valor, conexión con relación. Y mientras tanto, lo esencial —lo que no se mide ni se monetiza— se va erosionando. No es que la tecnología sea el problema, sino el modo en que nos ha enseñado a vivir sin pausa, sin contacto, sin tiempo. Resistir no es apagarlo todo, sino volver a encender lo que importa.

Resistir desde lo eco implica redefinir nuestras prioridades y adoptar un enfoque más consciente y sostenible en nuestra vida diaria.

Optar por caminar, comprar menos, consumir con conciencia o sembrar lo que comemos no son modas ni manías: son estrategias vitales y las experiencias a pie de calle demuestran desde hace tiempo que tomarse la vida con más calma y optar por modelos de vida más sostenibles y más justos es posible incluso en entornos hiperurbanos.

Apagar notificaciones, resistirse al algoritmo, rechazar la obsolescencia emocional y material: cada gesto cotidiano puede convertirse en una forma de desacato más que necesario.

Vivir a contratiempo es salirse un poco del guión y entender que no podemos vivir cronometrando cada minuto, sino para ocupar el tiempo con sentido y cuidando de nosotras y de nuestro bienestar. 

Un artículo publicado por Ana Egea-Ronda y María del Campo-Giménez en la Revista Clínica de Medicina familiar en 2023, apuntaba datos interesantes sobre cómo el contacto con la naturaleza tiene una relación directa sobre nuestra salud. Estas dos especialistas en medicina familiar y comunitaria apuntan que cuando tenemos contacto con la naturaleza o realizamos deporte en espacios verdes, mejora el manejo del estrés, los marcadores endocrinos relacionados con el estrés caen o la presión arterial vuelve a los valores basales más rápidamente que cuando se realiza en espacios urbanos.

Así que no se trata de convencer a nadie, ni de imponer nada. Se trata de abrir espacios a otra forma de actuar y de colocarse en el mundo. Se trata de que defender la naturaleza, los cuidados, lo común y lo lento es también defender lo justo. Cuidar no es una tarea menor, es una forma de plantar cara a modelos que agotan cuerpos y territorios. Sembrar tiempo, conectar con otras personas, sostener redes: ahí se trama una transformación que no salva por sí sola el planeta, colabora, pero sí puede salvarnos del ruido, del cansancio y de la desconexión. Eso ya es un cambio enorme.

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Estefanía Suárez es experta en Sostenibilidad Ambiental y colaboradora de la Fundación Alternativas.

El mercado laboral supera este mes de junio por primera vez el umbral de los 22 millones de afiliados (22.268.700) y marca así otro nuevo récord histórico. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), nunca antes ha habido un porcentaje tan alto de población trabajando. En concreto, la tasa de ocupación alcanzó su máximo histórico, un 68,3%.

Son datos muy positivos, especialmente cuando la población activa aumentó hasta los 24,8 millones de personas, la cifra más alta de la serie histórica, con un incremento de 267.200 personas en el trimestre anterior. El número de desempleados bajó en 236.100 personas, hasta situarse en 2.553.100, y la tasa de paro disminuyó un punto hasta el 10,29%, cifras todas similares a las de mediados de 2008.

Estas cifras también tienen su impacto entre los menores de 25 años: hay 86.500 más trabajando que hace un año, con un crecimiento del 6,7%. La tasa de paro juvenil continua así su descenso, reduciéndose más de dos puntos en términos interanuales, hasta el 24,5%, su nivel más bajo desde 2008. Este dato se debe al incremento de la población activa, ya que el número total de jóvenes en desempleo apenas se ha reducido.

Los jóvenes en paro de 16 a 24 años ha disminuido en apenas 300, hasta las 450.600 personas en el segundo trimestre, en tanto que la población activa en la misma franja de edad ha aumentado en 136.200 personas al pasar de 1,70 millones a 1,84 millones.

En los datos de paro destaca el comportamiento desigual por género, ya que mientras ha disminuido entre los hombres, con 12.800 varones menos en desempleo que en el primer trimestre hasta un total de 232.300, entre las mujeres ha aumentado en 12.600 hasta 218.400 paradas.

La tasa de desempleo juvenil descendió en todas las regiones respecto al trimestre anterior, salvo en País Vasco, Canarias y Asturias, donde aumentó. La tasa más baja la registró Baleares (13,99 %) y la más alta, Extremadura (39,06 %), al margen de Ceuta y Melilla que tienen tasas superiores al 50 %.

Además, se registran tres trimestres consecutivos en los que la ocupación creció por encima del 0,6%, lo que indica un elevado dinamismo en la creación de empleo. También aumenta la estabilidad en el empleo, con un crecimiento de la ocupación indefinida en el segundo trimestre de 354.600 trabajadores, hasta los 16,05 millones de personas. Y continúa el aumento de las horas trabajadas, que de abril a junio se incrementaron el 2,42%.

Esta mejora del mercado laboral también se traslada a los hogares con todos sus miembros activos ocupados que alcanzó los 12.072.000, tras crecer en 290.300 en el segundo trimestre del año, con lo que se superan por primera vez en España los 12 millones de hogares donde todas las personas activas están trabajando.

Los hogares con todos sus miembros activos en paro disminuyeron en 86.100, hasta 796.900. Esta tasa no bajaba de 800.000 desde el tercer trimestre de 2008. En el último año el número de hogares con todos los activos en el paro se redujo en 71.400, mientras que los que tienen a todos sus activos ocupados aumentó en 306.200.

El mercado laboral sumó 503.300 ocupados en el segundo trimestre del año, principalmente empleados en el sector servicios, hasta superar por primera vez los 22 millones de afiliados (22.268.700) y marcar así otro nuevo récord histórico. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que recoge EFE, el número de desempleados bajó en 236.100 personas, hasta situarse en 2.553.100, y la tasa de paro disminuyó un punto hasta el 10,29%, cifras todas similares a las de mediados de 2008.

Además, la tasa de actividad aumentó medio punto, hasta el 59,03% debido a que la población activa creció hasta los 24,8 millones de personas, la cifra más alta de la serie histórica, con 267.200 personas más este trimestre que trabajan o buscan empleo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado en declaraciones a la Cadena Ser que la población activa "va camino" de los 25 millones de personas, cifra nunca antes alcanzada, y a la que ha contribuido la población extranjera, según ha subrayado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, en Onda Cero. Díaz también ha destacado la caída por debajo de 800.000 de los hogares con todos sus miembros activos en el paro, en tanto que en un plano negativo ha incidido en que los salarios están a 25 puntos de distancia de la media salarial europea, por lo que ha hecho un llamamiento al sector privado para que mejore los sueldos y poder hacer "un país mejor".

En el último año, el empleo ha aumentado en 584.000 personas (2,69% más), en tanto que el paro se ha reducido en 202.200 personas (7,34 % menos), con un incremento de la población activa de 381.800 personas (1,56 % más).

Volviendo a los datos de empleo, en un trimestre habitualmente bueno para el mercado laboral, el empuje lo generó principalmente el sector servicios, con 364.800 ocupados más, seguido por la industria (90.300) y la construcción (45.400), así como por la agricultura (2.800). Al detalle, fueron los servicios de alojamiento y de comidas y bebidas los que más tiraron del empleo, generando en su conjunto 180.500 puestos de trabajo en la hostelería, aunque también destacan los 82.200 del comercio minorista y los 57.700 de las actividades administrativas.

El empleo creció ligeramente más entre los hombres (265.800 más) que entre las mujeres (237.500 más), de forma que sigue habiendo un millón y medio de ocupados más que ocupadas, aunque ellas marcaron un nuevo máximo rozando lo 10,4 millones.

Por nacionalidad, el empleo aumentó más entre españoles (387.700 personas más –incluye doble nacionalidad–) que entre extranjeros (115.600 más); en tanto que, por edad, destaca el crecimiento del número de ocupados con 55 y más años (120.000 más) y de 20 a 24 años (casi 100.000 más).

Por tipo de contrato, subió en 485.300 personas el empleo a tiempo completo, hasta marcar máximo rozando los 19,2 millones, en tanto que el generado a tiempo parcial, aunque apenas creció en 18.000, marcó un nuevo récord superando los 3 millones y dejando la tasa de parcialidad en el 13,9 %.

El número de trabajadores por cuenta propia aumentó en 23.600 personas, mientras que los asalariados sumaron 479.300. De estos, 124.700 tenían contrato temporal, en tanto que otros 354.600 nuevos ocupados lo hicieron contrato indefinido, hasta marcar máximo superando los 16 millones y situando además la tasa de temporalidad en el 15,4 %.

Aumentó en 22.900 personas los asalariados del sector público, en tanto que los del privado sumaron 480.500 personas hasta situarse en los 18,7 millones, nuevo máximo de la serie histórica.

Respecto al paro, el mayor recorte se produjo entre las personas que procedían del sector servicios (178.500 menos), seguidos por los de la construcción (–15.500) y la agricultura (-7.500), en tanto que aumentó el desempleo en la industria (3.800). También disminuyó el desempleo en 42.100 personas entre los que perdieron su trabajo hace más de un año, pero aumentó en 3.700 entre los que buscan su primer empleo.

Por género, el desempleo disminuyó más entre las mujeres (129.100 menos) que entre los hombres (107.000 menos), aunque sigue habiendo unas 150.000 paradas más que parados.

Por nacionalidad, el paro bajó entre los españoles en 203.200 y entre los extranjeros en 32.900. 

El día 17 de junio la Seguridad Social registró a 21.949.706 personas cotizando y, con gran probabilidad, la Encuesta de Población Activa (EPA) que publicará el Instituto Nacional de Estadística este próximo 24 de julio reflejará que en España hemos superado los 22 millones de personas con empleo. Es una cifra extraordinaria. Nunca en España hubo tantas personas trabajando.

En los últimos siete años, desde junio de 2018 a junio de 2025, el número de cotizantes a la Seguridad Social se incrementó en 2.854.105 personas, haciendo de España el país que más empleo ha creado en toda la Unión Europea. Un crecimiento del empleo generalizado, que ha beneficiado a todas las actividades económicas y a todos los territorios, pero de forma especial a las mujeres y a las personas más jóvenes.

El número de afiliadas se incrementó en 1,5 millones hasta superar los 10,3 millones de mujeres cotizando, la cifra más alta de la historia. Aumenta más el empleo de las mujeres que el de los hombres y por lo tanto se feminiza nuestro mercado laboral: el 47,2 % de las personas afiliadas son mujeres.

Por otro lado, en estos siete años, el número de cotizantes menores de 25 años aumentó en 485.000, equivalente a un incremento de casi el 50%: el empleo juvenil creció tres veces más que en el resto de los tramos de edad.

Más mujeres, más jóvenes, más personas asalariadas y también más autónomos. Los cotizantes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) aumentaron en 148.101 personas. Frente a los discursos catastrofistas la realidad es que nunca hubo tantos autónomos cotizando en España.

Más empleo y de mayor calidad contractual, porque gracias a la reforma laboral de 2022, el número de asalariados con contrato indefinido se incrementó en 4.721.969 personas, mientras que las personas que trabajan con un contrato temporal se han reducido en 2.297.806 personas más. Para que se entienda mejor hay casi 5 millones de indefinidos más y 2,3 millones de temporales menos: se ha producido una radical transformación del modelo de relaciones laborales, dejando atrás una temporalidad abusiva, superior al 30 % en 2018, mientras que ahora es de apenas el 12 %, por debajo ya de la media de la Unión Europea. 

La mejora en la calidad del empleo va más allá de la estabilidad laboral, porque en estos años el empleo ha crecido de forma especialmente significativa en las actividades productivas que generan más valor, en las empresas de mayor tamaño y en los grupos de cotización que se corresponden con la formación más elevada, avanzando de forma significativa, aunque aún insuficiente, en la necesaria transformación de nuestra estructura productiva. Un dato lo demuestra: el empleo en Programación y Consultoría aumentó el 70% desde 2018, son 209.010, afiliados más, mientras que el comercio al por menor generó 54.632 empleos, con un incremento del 3 %.

Ya no son la construcción, el comercio y la hostelería las ramas en las que más aumenta el empleo, sino la educación, las actividades de consultoría, el transporte, la industria farmacéutica o la investigación.

Hay mejores empleos en empresas más grandes y en sectores que generan más riqueza, y eso se traslada a mayores salarios. La base media de cotización a la Seguridad Social, que es equivalente al salario bruto, se incrementó el 28,7% desde 2018, lo que supone un incremento de 9 puntos por encima del IPC. Un incremento de bases de cotización en el caso de las mujeres es del 31,4%, lo que ha permitido reducir casi el 20 % la brecha de género.

Una intensa creación de empleo en un escenario económico internacional golpeado por crisis sucesivas. El desplome de la economía mundial por la COVID, con una caída del PIB del 11,4% en 2020, la ruptura de la cadena de suministros en 2021, la crisis de inflación de 2022, la subida de los tipos de interés en 2023, el estancamiento de la economía europea en 2024, con Alemania en recesión, la guerra comercial de Trump en 2025. 

Por primera vez en nuestra historia reciente, la economía y el empleo en España no se resiente y encabeza el crecimiento europeo. Desde 2018 el empleo aumentó en nuestro país el 15%, más del doble que el 6% que de media creció en la Unión Europea y casi siete veces más que Alemania, que se queda en apenas el 2% de incremento.

La protección al empleo con los ERTEs, la subida del 61% del SMI y la estabilidad en el empleo gracias a la reforma laboral de 2022 han cambiado el paradigma laboral en España, demostrando que la mejor política económica es mejorar las condiciones laborales, con mejores empleos y mejores salarios.

Superar los 22 millones de personas empleadas, con más mujeres, más jóvenes, más empleo indefinido y mejores salarios, demuestra que es posible crecer con equidad y modernizar el tejido económico al mismo tiempo. 

Esto no es un punto de llegada, sino una base sólida desde la que seguir construyendo un futuro y un mercado laboral que asegure mejorar la vida de las trabajadoras y los trabajadores.

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Manuel Lago es diputado por Sumar.

Las sociedades laborales cumplen cuarenta años desde su reconocimiento legal en España. Y aunque probablemente sigan siendo las «grandes desconocidas» de la economía social, su historia merece ser contada. Porque en un país donde hablar de economía social puede sonar «excéntrico», esta fórmula empresarial ha demostrado que es posible hacer empresa de otra manera: con las personas trabajadoras como propietarias, tomando decisiones compartidas y comprometidas con el entorno. En este contexto, el libro Sociedades Laborales: 40 años de innovación social es el relato de cómo, quiénes y por qué apostaron, y apostamos, por otra forma de pensar la economía, el trabajo y la sociedad. Es nuestra historia y es nuestro compromiso.

Pero esta historia no empieza en un despacho, sino en unas cocheras de Valencia. Allí, en los años 60, un grupo de conductores y conductoras de tranvía se enfrentó a la desaparición de su empleo por una decisión empresarial unilateral ―fundamentada en motivos económicos equivocados―, y decidió hacer algo (aparentemente) imposible: quedarse con la empresa. Así nació la primera sociedad laboral de España. Desde entonces, miles de personas han replicado este gesto de valentía y rebelión: cuando una empresa decide cerrar por los motivos equivocados, los y las trabajadoras pueden y deben asumir la responsabilidad de transformarla y convertirla en una sociedad laboral. Y cuando no hay quien herede la empresa, no «venderla al mejor postor»; cederla a quienes la sostienen cada día, las personas que mejor la conocen, las personas que trabajan en ella.

Sociedades Laborales: 40 años de innovación social recopila todas estas historias de innovación empresarial y compromiso social. Pero no lo hace con nostalgia, sino con la urgencia de quienes sabemos que nuestro compromiso es siempre con el futuro desde el presente. Porque lo que antes fue una solución de emergencia, hoy, más que nunca, es una estrategia de futuro. En un país con una crisis de despoblamiento en sus entornos rurales, negocios que cierran por falta de relevo generacional y una juventud que quiere trabajar duro, sí, pero sin renunciar a sus valores y sus derechos, el modelo de las sociedades laborales ofrece respuestas empresariales concretas y realistas, viables y eficaces, funcionales y comprometidas.

Porque las preguntas son siempre las mismas: ¿Qué pasaría si, en lugar de cerrar empresas viables, facilitáramos que sus trabajadoras y trabajadores las actualizaran y se ocuparan de ellas? ¿Y si emprender no fuera un salto individual al vacío, sino un proyecto colectivo, un proyecto social y comprometido con el entorno? Las sociedades laborales demuestran que esto no solo es posible, sino que ya ocurre... ¡y funciona!

Sociedades Laborales: 40 años de innovación social no es un manual jurídico ni una guía para especialistas. Es una invitación a conocer historias reales de empresas con alma. Un recorrido por cuatro décadas de iniciativas que combinan eficiencia y democracia, rentabilidad y dignidad, beneficio y compromiso. Y también una hoja de ruta para quienes quieran sumarse a este proyecto colectivo.

Porque frente a un modelo que separa los beneficios empresariales del bienestar social, las sociedades laborales nos recuerdan algo esencial: que las empresas pueden (y deben) ser también un proyecto de vida compartido. Que emprender, es más, mucho más, que «hacer dinero», es cambiar las cosas desde la base, desde abajo, desde el día a día del mundo del trabajo y la empresa.

Cuarenta años después, el reto no es inventar las sociedades laborales de nuevo. Eso es tan absurdo como inútil. El reto del futuro es hacerlas más potentes, más resilientes y multiplicarlas. 

Trabajamos para que las sociedades laborales sean una alternativa socialmente responsable dentro del mundo del trabajo y la empresa.

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Jone Nolte y Julián Menéndez son presidenta y Vicepresidente, respectivamente, de la Federación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de España (LABORPAR).