Dos bomberos han fallecido y otros cinco han resultado heridos por inhalación de humo en un incendio en un garaje de Alcorcón (Madrid), no de ellos en estado crítico, han informado fuentes de Emergencias 112, informa EFE.

Según las primeras investigaciones, el fuego se ha iniciado sobre las cuatro y media de la tarde en un garaje situado en la calle Lilos. La causa podría haber sido la explosión de un coche eléctrico, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

En un primer momento se ha confirmado el fallecimiento de un bombero y la desaparición de otro, pero minutos después se ha localizado también su cuerpo sin vida.

Uno de los heridos ha sido intubado y trasladado al Hospital de Getafe. Además, facultativos del Summa112 han atendido a otros cuatro por inhalación leve de humo.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid para apoyar a los efectivos de Alcorcón. Tanto el fallecido como el desaparecido y los heridos son miembros del cuerpo del propio municipio, según apuntan a EFE las mismas fuentes. 

El edificio no ha sido desalojado, sino que los vecinos se han confinado en sus domicilios como medida preventiva mientras se desarrollaba la intervención, según han detallado a EFE fuentes policiales. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para interesarse por la situación. 

Patricia del Casar es de Alcorcón, en su jornada laboral se dedica a vender pintura y, pese a que siempre estuvo a favor de la causa palestina, no militaba activamente en ninguna colectiva. Sin embargo, desde hace unos meses, tras uno de esos bombardeos retransmitidos en directo a través de las redes sociales, decidió que resignarse ante un genocidio jamás debería ser una opción. Después de otro día, otro más, viendo muertes, escombros, polvo y sangre tuvo claro que no quería normalizar ni la falta de atención médica ni la pobreza ni el hambre. Necesitaba generar un cambio y no sabía por dónde comenzar pero sí que quería darle ejemplo a sus tres hijos y enseñarles que las heridas deben escocernos aunque se hayan abierto a docenas de miles de kilómetros o a pesar de que no seamos nosotras, las de Occidente, las únicas víctimas dignas de ese nombre, parece, quienes perdamos la vida. 

Con todo eso latiéndole dentro, contactó con tres amigas. Primero con María, una trabajadora social con quien comparte visión y esperas cuando suena la sirena y sus peques salen de la escuela. Más tarde, le llegó el turno a Alicia, una profe que confía en la educación para construir un mundo mejor y que en su grupo siempre defendió mil causas. La siguiente fue Isabel, alguien que se apaña bien pidiendo permisos para las manifestaciones y que sabe exigir valiéndose de un megáfono. De sus conversaciones nació Alcorcón con Palestina y, ya desde el principio, con varios objetivos clarísimos:  denunciar, recordar y hacer pedagogía. También, con la finalidad de explicar que lo que vemos hoy no es algo nuevo sino la continuación de una agresión, intrusión y expulsión que lleva jodiendo a un pueblo demasiadas décadas y que se ha cargado demasiadas vidas. Eso, por supuesto, con la connivencia de medio planeta que o apoya o no dice nada o dice pero no hace. 

La cosa es que ese grupúsculo pequeñito, hace menos de un año, comenzó a dar sus primeros pasos y, poco a poco, fue haciéndose más grande incorporando a gente de su entorno y a otras personas de la localidad. Como Miguell, ligado hace más tiempo a movimientos pro Palestina radicados en Madrid capital y cuya pareja, Nadwa, hispanopalestina, tiene a parte de su familia en Gaza. 

A partir de ahí, empezaron las actividades a resguardo y a cielo abierto y las ideas abstractas devinieron charlas en primera persona a fin de ponerle voz, rostro, nombre e historia al horror. Lo anterior fue generando adhesiones, la mayoría, vecinas y vecinos de más de cincuenta años que heredaron y continuaron las luchas por conseguir derechos para el barrio de quienes les precedieron. La lástima, comenta Miguel, es que parece no haber un relevo por debajo de los 40. “Hay muchas personas que se activan solo en internet y no es que haya que salir de X para ir a Bluesky, por su deriva ideológica y agresividad, más bien, habría que dejar las redes sociales para volver a la calle y ser el ejemplo de las generaciones venideras“, señala apesadumbrado. Y en Alcorcón con Palestina hacen justo lo contrario: sin abandonar la presencia digital, abogan por lo analógico, se dan a conocer mediante el boca a boca, pegan carteles y se juntan en asambleas para urdir planes innovadores. Hay ocasiones que con mucho éxito, además. Como cuando en la Navidad pasada organizaron una vigilia a la que asistieron 200 personas y en la todopoderosa Madrid, el grupo BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) y la Asociación hispano-Palestina de Jerusalén replicaron esa acción con idéntica afluencia.

Citados quedan, pues, los hitos con regusto agridulce debido a que el genocidio no cesa y eso genera tal indignación que los dientes de un montón de personas se han astillado de tanto apretarlos y los nudillos se les han vuelto traslúcidos ya que no pueden permitirse abrir los puños. A estas alturas, cabe preguntarse si protestar puede servir para frenar los asesinatos de civiles y a la vista está que no; ahora bien, quizá sí para dejar patente el desacuerdo ante las injusticias, lo mucho que duele que haya gente sufriendo y hacerle llegar a esa parte del mundo resiliente que hay otra parte que ya no quiere ser testigo mudo de sus padecimientos. Con la que está cayendo, es tiempo de seguir desgañitándose y gritar “basta ya” en Palestina y, ya que estamos, en República Democrática del Congo o en Sudán. Y aquí, más cerquita, con el hecho de que sigan malviviendo en la Cañada Real. 

Pero, entre tanto, que a los espacios de lucha y abrazo se pueda ir andando y no haga falta subirse al coche, al metro o al autobús porque estos suelan estar situados en los centros de las ciudades es una buena noticia. Encima, estando a mano, se puede acudir con toda la familia. 

La cita de Alcorcón con Palestina será este sábado en el parque de La Paz y ese día se leerá poesía. Seguro que no muy lejos de tu rinconcito de referencia, hacen algo y, de no ser así, haz como Patricia y ponlo en marcha tú. Toca continuar sumando.

Alcorcón acoge este martes 18 de marzo a partir de las 18.30 un nuevo encuentro de su ciclo de conferencias Mujer y Libertad: 50 años de derechos con motivo de su programación por el 8M. Con el titulo de ¿Qué nos depararán los siguientes 50? Una mirada feminista al futuro y moderada por Sonia López, concejala de Feminismo, contará con la participación de la doctora en Filosofía y profesora Universidad Complutense Marifé Santiago, la dramaturga Jana Pacheco, la doctora en Derecho y profesora de la Universidad de Granada Tasia Aránguez y el periodista y director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.

En esta charla se analizará el futuro del feminismo en los próximos 50 años, abordando los retos que enfrenta la igualdad de género en la sociedad actual y futura.

Según explican desde este Ayuntamiento madrileño, el objetivo de este ciclo de conferencias es recorrer la historia de los avances en igualdad de la mujer en España desde 1975. "La historia de estas últimas décadas se traduce en la necesidad de recordar uno de los aspectos mas importantes en el cambio de la sociedad española: el reconocimiento de los derechos de las mujeres", explica Sonia López.

La charla tendrá lugar en el Centro Cultural Los Pinos, en la calle Los Pinos, 11. La entrada es gratuita previa recogida en la Casa de las Mujeres María de la O Lejárraga o en la JMD Ensanche Sur.

El Partido Popular de Madrid ha paralizado la presentación del Informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias que se iba a celebrar en la tarde de este miércoles en el Centro Cívico Los Pinos, en Alcorcón. Mediante un escrito a la Junta Electoral de Zona de Madrid, el representante del PP, Jerónimo Escalera Gómez, había denunciado esta misma mañana a la alcaldesa del municipio madrileño, la socialista Candelaria Testa, por "promover, publicar y celebrar" este acto "con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo", lo que han considerado una "clara contravención" de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

"Esta jornada atenta contra la gestión que se realizó durante una etapa difícil en las residencias de ancianos con una clara intencionalidad política por parte del poder público organizador", ha destacado la denuncia de los populares, en la que han pedido la "anulación inmediata de esta actividad", la "retirada inmediata de las publicaciones realizadas en la web municipal" y la incoación de un "expediente sancionador contra Doña Candelaria Testa Romero por haber incurrido en ilícito electoral, contraviniendo la LOREG".

Como respuesta, el Ayuntamiento de Alcorcón ha presentado una serie de alegaciones. En ellas han destacado que el acto estaba programado desde el pasado 16 de mayo y han acusado al PP de querer "obtener rédito político con interés mediático" al presentar la denuncia unas horas antes del comienzo del acto. De esta manera, la Junta Electoral de Zona ha otorgado un "brevísimo plazo de 6 horas para efectuar estas alegaciones" a las que el Ayuntamiento ha respondido, pero la respuesta del organismo electoral no ha llegado antes de las 19.00 horas, cuando el acto debía comenzar.

En estas alegaciones, el primer teniente de alcalde de Alcorcón ha expuesto que ningún partido político iba a participar en el acto, por lo que "no vulnera lo dispuesto en el apartado 50.2 de la LOREG [...] como tampoco se puede incurrir en una supuesta publicidad a los partidos que forman parte de éste gobierno".

El expresidente de la comisión de investigación y exdiputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Ángel Gómez Chamorro, ha aclarado en conversaciones a infoLibre que no se iba a celebrar un acto político, sino "que se iba a explicar lo que pasó en las residencias". "No podemos hacer el acto en el centro cívico, pero hemos decidido las plataformas que estamos aquí [Marea de Residencias, Verdad y Justicia] montar un acto en la calle para contar lo que ha pasado y para que la gente se entere", ha aclarado el exparlamentario socialista.

En el acto han intervenido Gómez Chamorro, Carmen Martín y María Jesús Valero, representantes de Verdad y Justicia y Marea de Residencias, respectivamente.

En julio de 2020, infoLibre tuvo acceso a los datos oficiales del propio Gobierno de Madrid, cifras que demostraban que los residentes fallecidos en los geriátricos sin recibir atención hospitalaria en marzo y abril ascendían a 7.291. El recuento de los días que lleva sin dar explicaciones el Gobierno de Ayuso es obra también del exdirector de infoLibre, Manuel Rico, quien destapó los Protocolos de la Vergüenza y sus consecuencias para miles de ancianos y sus familias.

El 18 de marzo de 2020 la Comunidad de Madrid aprobó y distribuyó la primera versión de su Protocolo de la Vergüenza, un documento que, literalmente, estableció "criterios de exclusión" que impidieron la derivación de miles de residentes desde los geriátricos madrileños hasta el hospital, tal y como desveló infoLibre. Entre ese mes y el siguiente fallecieron así 7.291 residentes, el 77% del total de los 9.468 que murieron entonces. 

John no puede seguir con sus clases en la autoescuela. “No me da la cabeza”, lamenta. Ha pagado 650 euros en dos tandas de 10 clases, pero se ha dado cuenta de que una veintena de lecciones al volante no son suficientes para presentarse al examen. Y es que tiene una preocupación que no le deja centrarse: un gigantesco fondo de inversión va a intentar este jueves expulsarle de su casa, por tercera vez. Tanto a él, como a su pareja y a sus tres hijas pequeñas. La causa: ninguna, porque nunca dejó de pagar el alquiler. Es la mala suerte de entrar a vivir en unas viviendas que una vez fueron de protección oficial y que ahora están en manos de Blackstone. 

“Este lunes me llamaron para ofrecerme 1.000 euros para que me fuera”, explica John, de 43 años, a infoLibre. De origen nigeriano, lleva 17 años en España, todos en Alcorcón, ciudad natal de sus tres hijas de 1, 4 y 6 años. “El dinero no es problema, no me hace falta. El problema está en dónde voy a conseguir otro alquiler. Piden unas nóminas muy altas”, lamenta.

El dinero, obviamente, tampoco es un problema para Blackstone, una de las mayores gestoras de activos del mundo, valorados en cerca de un billón de dólares. Sin ir más lejos, este lunes The Wall Street Journal ha anunciado que ha vendido un resort en Estados Unidos por más de 800 millones de dólares, la segunda mayor venta de un solo activo de la historia reciente de EEUU.

En España, donde opera a través de sus ramas Testa y Fidere, se considera el “mayor casero” por su compra masiva de viviendas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el desplome de los precios. Y también es calificado de "fondo buitre", por aprovechar esa coyuntura para convertir la vida de sus inquilinos en un suplicio, multiplicando los precios de las cuotas o incorporando cláusulas abusivas a los contratos. 

Esta es la propietaria de unos edificios en la calles de Estocolmo y Bratislava, en Alcorcón, donde viven 40 familias a las que el fondo buitre va a llevar a juicio. La primera ha sido María, una vecina que se ha sentado en el banquillo este martes, mientras fuera le esperaban sus vecinos, también acusados, y varias decenas de activistas de los movimientos madrileños de la vivienda, como el Sindicato de Inquilinos o la PAH. Ha salido airosa: “Blackstone acepta nuestras condiciones”, ha exclamado emocionada, con el megáfono. En su caso, supone aplazar, de momento, la marcha del edificio. El resto de vecinos hacen cuentas para ver quién será el siguiente. Para John no hay juicios: este jueves se enfrenta a su tercer desahucio. 

Los problemas de John no se limitan a resistir los embates de una de las gestoras de activos más grandes del mundo. Tiene un problema cardiológico por el que le ha sido reconocida una discapacidad del 33%. Por suerte, reconoce, no le impide trabajar. Lo que sí le han recomendado fervientemente es que evite el estrés y la ansiedad, algo difícil cuando un fondo de inversión te trata de desahuciar cada cierto tiempo. “Me siento muchas veces muy nervioso, a veces un poco mareado…”, lamenta.

La pareja de John, de 33 años, acaba de conseguir trabajo en una conocida cadena de restaurantes. Sus hijas van a un colegio que está a escasas decenas de metros de su edificio. Están enraizados en el municipio y, concretamente, en su barrio, en el que llevan cinco años. Él, que ha trabajado la mayor parte de estos años como mozo de almacén, ahora está desempleado. Acaba de empezar a buscar trabajo, pero es una tarea que reconoce que no le supone demasiado esfuerzo. “Para mí es fácil encontrar trabajo. Con la tarjeta de discapacidad, más todavía. Puedo hacer casi cualquier cosa, menos correr o hacer mucha fuerza”, explica.

John tiene todo lo que necesita: familia, trabajo, un techo... Solo le falta una cosa, que es justo lo que le exige su médico: tranquilidad. En casa viven una calma tensa. “Mi mujer está triste desde hace mucho tiempo. Mi hija mayor también, porque sabe lo que está pasando. Sabe que tengo una enfermedad en el corazón”, lamenta.

John ha solicitado una vivienda de protección oficial. “De momento, no sale nada”. Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos, que le han ayudado desde el principio, le están dando esperanzas. Creen que es posible que el desahucio de este jueves se vuelva a posponer. Pero reconoce que está perdiendo la paciencia: “Este jueves me desahucian y no sé qué hacer. Tengo muchos muebles dentro, no tengo ni adónde llevarlos. A lo mejor se pospone, pero dentro de unos meses será otra vez lo mismo. Y no soy solo yo, ¡es casi todo el edificio!”, lamenta. 

El edificio de la calle de Estocolmo fue levantado a iniciativa de la Comunidad de Madrid, que otorgó en 1999 la calificación de viviendas de protección oficial a las parcelas donde se erige. A los pocos meses de construirlo, el edificio pasó a manos de Banco Santander, posteriormente a la constructora Sacyr, y por último a Testa, actual casera. En este edificio vive Antonio, un vecino de 84 años, que lleva 22 años en el edificio y cuyo alquiler pasó de 200 euros a 625 euros. También Jesús, de 57 años, 12 en el edificio y que le exigen un aumento de 875 euros.

John lleva menos tiempo, unos cinco años. Mientras que Testa ofrece al resto de vecinos algunas posibilidades como subirles el alquiler, aunque sea a niveles abusivos, a él ni siquiera eso. Lo quieren fuera de la vivienda. John no sabe explicar por qué a algunos les ofrece opciones y a él no. Se señala el brazo: “Soy el único que no es blanco…”, señala, encogiéndose los hombros. 

Testa acusa a John de impago, pero él, sorprendido, defiende que no ha dejado de pagar nunca: “Ellos se cobraban el dinero de mi cuenta cada mes. Cuando terminó el contrato, en julio de 2021, fui a mirar la cuenta y no lo habían cobrado. Llamé a Testa y pregunté por qué. Me dijeron que el contrato se había terminado y que tenía que marcharme”, explica

“No le han validado la prórroga de un año, ni tampoco las que aprobó el Gobierno. Blackstone se ha cebado con su familia”, explica a infoLibre Mercedes Revuelta, activista del Sindicato de Inquilinos de Madrid. Revuelta cree que el motivo por el que el fondo buitre acepta hablar con unas familias, pero no con la de John, es por su nivel de ingresos. “Estamos negociando estos días para que se pare el desahucio”, defiende. 

Cuando Testa dejó de cobrarle a John el alquiler, los movimientos de la vivienda le aconsejaron consignarlo en sede judicial, para evitar que le acusaran de impago. Y así hizo, hasta que un día el juez le dijo que dejara de hacerlo.

“El lunes me llamaron de parte de Testa. Me recordaron que tengo el desahucio este jueves y me preguntaron ‘¿Qué plan tienes?’. Yo les dije que ninguno”, cuenta John. “Me ofrecieron 1.000 euros, para pagar un mes de alquiler en otra parte. Yo les dije que no puedo aceptar el dinero, primero porque el dinero no es mi problema. Mi problema es que no tengo adónde ir. Para los contratos de alquiler piden dos contratos de trabajo que suman casi 3.000 euros [como aval]. No me puedo ir. Pero es que además, con 1.000 euros, ¿adónde voy?”, se pregunta. 

No es la primera vez que le ofrecen dinero: “El año pasado me ofrecieron 5.000 euros. Llegué a pensarlo, pero es que no tengo alternativa. Les dije que solo quería hablar con ellos para negociar alguna alternativa”, insiste. A diferencia de otros vecinos, como el octogenario Antonio, que no quiere dejar su casa, John sí aceptaría una alternativa habitacional. Pero Testa no cede a negociar, pese a sus intentos, los de los movimientos sociales e incluso los del propio Ayuntamiento. 

Tanto los movimientos sociales como fuentes municipales confirman que no es la primera vez que oyen que Testa ofrece dinero en metálico a personas que quiere desahuciar: “Es la mafia y los trapicheos de un gran fondo para evitar más trajín jurídico. Le sale a cuenta pagar 1.000 euros para que hagas la mudanza y te vayas corriendo”, critica Mercedes Revuelta.

El Sindicato de Inquilinos de Madrid critica que el trabajo del Consistorio se limitó a enviar una carta a la Comunidad de Madrid y a Blackstone y que, dado que ninguna aceptó sentarse en una mesa, su plan de mediación se quedó en vía muerta. “Podrían haber aprobado bandos, sacar carteles, presionar, hacer declaraciones a medios de comunicación… Hemos encontrado en el Ayuntamiento una pared de hormigón armado”, lamenta la activista Mercedes Revuelta.

El Consistorio, gestionado por el PSOE, aún se está recuperando estos días del susto electoral. Ha revalidado la alcaldía en estas elecciones municipales por un pelo: el Partido Popular se ha quedado a 42 votos de arrebatarle el último escaño a la izquierda, necesario para obtener una mayoría absoluta con Vox. El recuento ha dado la razón a los socialistas. 

“Los vecinos piden una negociación colectiva, pero Testa se niega a eso”, explica a infoLibre Rosana Zarapuz, concejala de Vivienda del municipio. El Ayuntamiento, a petición de las familias afectadas, aprobó una moción en noviembre en el que se comprometió a mediar. La Comunidad de Madrid ni siquiera respondió. El Ayuntamiento dice que Blackstone sí, pero evitó comprometerse a negociar. Ahora, empieza a ver un cambio de actitud. 

“La novedad es bastante reciente. Desde hace unas semanas se está comenzando a hablar. Vemos que ahora Testa sí reconoce al Ayuntamiento como interlocutor”, añade la concejala. “Lo que hemos conseguido es que Testa haga un estudio individualizado, pero de todos los afectados, sin excluir a nadie. Lo que no sabemos es la solución que se le va a ofrecer a cada uno”, explica. Añade que el Ayuntamiento iba a acordar una segunda moción, pero pactaron con los vecinos retrasarla, por si perjudicaba a las negociaciones, añade.

Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos siempre han rechazado el estudio individualizado de los casos y exigen una negociación colectiva para todo el bloque. Lo otro, arguyen, implica que los vecinos más vulnerables tengan que pasar por el aro con peores condiciones. La Ley de Vivienda tampoco les socorre: “Las herramientas que podríamos usar dependen de que la Comunidad de Madrid declare esto como zona tensionada. No se va a aplicar la ley”, lamenta Mercedes Revuelta.

Mientras tanto, siguen los procesos judiciales en curso, los movimientos sociales emboscados, el fondo buitre llamando a John para presionarle y él, buscando en medio de todo esto, lo único que le ha pedido su médico: algo de tranquilidad. “No debo nada. Pagué cada mes. Tenía derecho a prórroga, no me dejaron pagar. Quiero un nuevo contrato y seguir pagando el alquiler. Tengo tres niñas y no sé dónde ir”, lamenta John.

*ACTUALIZACIÓN (07/06/2023 12.29): El Sindicato de Inquilinos ha informado a infoLibre que Blackstone ha pedido que se paralice el tercer intento de desahucio, previsto para mañana. "Si en unos meses se ve que no se puede llegar a un acuerdo, la propiedad es libre de pedir al juzgado que vuelva a señalar una fecha para otro intento de desahucio", han informado fuentes de la negociación.

A Antonio le encanta su casa. Son las 11 de la mañana del primer jueves de marzo y hace 4 grados en Alcorcón (Madrid, 169.000 habitantes). Pero por la ventana cerrada de su salón, orientada al sureste, entra el sol y no hace falta poner calefacción. De sus 84 años lleva 22 viviendo de alquiler en este piso, al que entró por un mecanismo de protección oficial. Pero su casero ya no es la Comunidad de Madrid. Es más, lo fue durante muy poco tiempo. “A los pocos meses, vendieron el edificio el Banco Santander. Yo me preocupé, pero me dijeron, Antonio, ¿qué más te da que los recibos le vengan de aquí o de allí? Y yo pensé, es verdad, qué más me dará... ¡Joder, si me dio!”, exclama.

Al poco tiempo, el inquilino relata que el edificio pasó a la constructora Sacyr y luego, a Testa, filial inmobiliaria de la gestora de activos financieros de la estadounidense Blackstone. En el camino, su cuota protegida de alquiler ha pasado de 200 euros a 625. “Primero me subieron un 100% de golpe, de 200 a 400 euros. Luego han ido subiendo poco a poco”, relata.

Aún no han transcurrido 25 años, por lo que la vivienda de Antonio aún goza de especial protección. Por eso, el fondo, que con la legislación actual no le puede subir más el alquiler, le pide que se marche a otra vivienda de su propiedad, más pequeña. “Oiga, no me desarraigue usted de mi pueblo. Tengo a mi hijo a 500 metros. Mis amigos, mi vida, mi biblioteca, mi gimnasio. ¡Que no me voy yo de aquí! Ya somos muy mayores, déjame morirme aquí, ten un poquito de paciencia”, ironiza.

Antonio es vecino de uno de los bloques de la calle Estocolmo. Ahí vive con su esposa, con la que lleva 60 años casado. “Felizmente, nos llevamos muy bien”, apunta. El octogenario cuenta que ella sufrió un infarto y sufre de vértigos: “Testa me pide que me vaya a otra casa, que tiene una sola habitación. Mi mujer está enferma, dormimos en habitaciones separadas. Cuando uno es mayor, y cuando ya ha pasado la edad del divertimento, donde uno está mejor es cada uno en su habitación. Los mayores tosemos más, orinamos más... ¡Roncamos! Una vez pusimos una grabadora, ¡parecía un aserradero! Yo elegí este piso de dos habitaciones sabiendo que todo llega. Que necesitaríamos dos lugares para descansar”, lamenta.

En los últimos 22 años, el IPC, al que van indexados normalmente los contratos de alquiler, ha subido en torno a un 60%. La cuota de Antonio ha subido más de un 200% por parte de las diversas empresas que han sido sus caseras. Por esto, Antonio es muy crítico con el concepto VPO: Vivienda de Protección Oficial. 

“La sensación que uno tiene cuando viene a una Vivienda de Protección Oficial es que está protegido. Y aquí no te protege ni Dios. Ahora dicen que si pagas más del 30% de tus ingresos en alquiler eres vulnerable. Entonces… ¡todo Madrid es vulnerable!”, exclama Antonio, que añade: “No se entiende que pague más de 600 euros. Puedo pagarlo, porque tengo dos hijos que me ayudan, pero el alquiler en mi caso rebasa el 50% de mi pensión, que es el único ingreso que entra en esta casa”, lamenta.

En 1999, la Comunidad de Madrid otorgó la calificación definitiva de viviendas de protección oficial a las parcelas que hoy ocupa este bloque. Fue una promoción de 159 viviendas sin opción a compra. Había dos regímenes: general, que disfrutaron de 10 años de protección, y especial, de 25. Es por este motivo que Antonio aún goza hoy de un mayor amparo que sus vecinos, cuya protección ya expiró y que se enfrentan a demandas de desahucio. Testa pide cantidades que superan entre un 35% o 40% su cuota de alquiler, exigencia que no aceptan.

Antonio, consciente de su especial protección, rechaza negociar individualmente con el fondo inmobiliario: “Quieren dividirnos. Somos 12 familias que hemos pedido negociar a Testa. La negociación colectiva no les gusta. Pues hacemos negociación colectiva individualizada. Pero es que lo que quieren es vaciar el piso. Estoy convencido de que si yo me voy, esto lo alquilan por casi el doble. ¡Es un disparate! A mí me piden que me vaya, si no acepto, me pasará lo que a él”, critica, señalando a uno de sus vecinos, demandado.

El vecino al que señalaba Antonio se llama Jesús. Tiene 57 años y lleva 12 en el edificio. Es taxista y paga religiosamente 675 euros de alquiler, aunque el fondo, desde hace cuatro años, quiere más. “Empecé pagando alrededor de 500 euros y me piden que pague 875 euros”. 

Jesús está divorciado y, además del alquiler, paga la pensión por manutención de sus hijas. Actualmente vive con su madre, de 85 años, que está enferma. “Para poder sacar todos los gastos tengo que facturar 2.000 euros mensuales con el taxi. No consigo hacer jornadas por debajo de 12 horas”, lamenta. 

Tras la negativa de Jesús a aceptar la subida de la cuota, Testa le demandó para que abandonara la vivienda. “He pasado dos juicios por desahucio. En el primero lo pasé fatal. A mi abogada de oficio no la llegué a ver en persona. Yo ni sabía que el juicio era porque Testa me acusaba de no haber pagado la cuota. La abogada me llamó 5 minutos antes de que expirara el plazo de irme de mi casa decirme que se aplazaba el juicio”, lamenta Jesús, que reconoce que sufrió un gran nerviosismo. 

El taxista especifica que nunca ha dejado de pagar el alquiler, y cuando Testa ha devuelto los pagos, ha vuelto a ingresarlos, para evitar que le acusen de impago. El segundo juicio, programado para el pasado martes, lo ha afrontado mejor. Jesús, como el resto de familias afectadas de su edificio, había contactado con el Sindicato de Inquilinos, una asociación que reúne a inquilinos organizados y que incluye a juristas que ayudan a los arrendatarios que entran en conflicto con los grandes fondos de inversión. 

“Me da mucha tranquilidad que alguien te asesore y que esté ayudándote. En este caso, me dijeron con bastante antelación que el juicio se volvía a aplazar. En seis meses volverán al ataque para ver si me echan del piso... Llega un momento que esto te afecta. Yo no estoy acostumbrado a esto. Esto te desborda, no duermes tranquilo, ni trabajas tranquilo, ni vives tranquilo. Ellos tienen la sartén por el mango y tú estás ahí, friéndote, hasta que te canses y te vayas, porque no aguantas la presión y la incertidumbre", lamenta.

Blackstone es considerado el mayor casero de España, con un parque estimado de 40.000 viviendas que gestiona a través de sociedades mercantiles como la mencionada Testa, la casera de Antonio y de Jesús. Ante la evidencia de que la situación de la vivienda se está convirtiendo en un clamor social y que las administraciones públicas cada vez prestan más atención, está empezando a desprenderse de este patrimonio, ante las complicaciones que la Ley de Vivienda supondría para su negocio inmobiliario. Según contó el diario económico Cinco Días, la gestora de activos tiene Testa a la venta. 

“Este caso no ocurre solo en Alcorcón. Pasa en Getafe, en Torrejón de Ardoz, en Carabanchel, en Vallecas…”, lamenta Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinos. “Blackstone, a través de sus sociedades mercantiles Testa y Fidere, compraron viviendas protegidas que estaban de alquiler. La Comunidad de Madrid cedió el terreno a una empresa que explotaba los arrendamientos en régimen de protección pública. Ahora los últimos contratos calculamos que tienen, al menos, 12 cláusulas abusivas”, critica Palomo.

Antonio, el inquilino octogenario, pese a que no es propietario de su casa, paga el IBI. “¿Yo soy propietario de algo? ¡No hay por donde cogerlo!”, critica. También paga la Tasa de Residuos Urbanos, un impuesto que habitualmente paga el propietario de la vivienda. “Es polémico que el inquilino pague el IBI. No hay jurisprudencia, pero por lógica, es obligación del propietario”, explica Víctor Palomo. 

“Son muy radicales”, añade el abogado. “Si lees un contrato, te obligan a que todo lo tienes que arreglar tú. Les pide a los inquilinos hasta un seguro de responsabilidad civil sobre la vivienda y su contenido, que debería ser una cosa voluntaria. Hay cláusulas penales, con sanciones de 150 euros por, por ejemplo, no entregar un documento. 

infoLibre ha accedido a alguno de los contratos, en los que se refleja que el inquilino debe hacerse cargo de los suministros básicos (agua, electricidad, calefacción, teléfono), así como de la mencionada tasa de basuras, la instalación, conservación y reparación de los contadores, el mantenimiento y conservación de la caldera y el coste de sus inspecciones obligatorias.  

Además, el inquilino no solo debe hacerse cargo de reponer los objetos que se desgastan por el uso normal, como las bombillas. También debe hacerse cargo de las reparaciones de persianas, enchufes, cisterna del váter, griferías, desagües, instalaciones como encimera, campana extractora, electrodomésticos, como el frigorífico, la lavadora o el microondas, así como la bañera o el plato de ducha. En resumen: todo lo que hay en la vivienda. "Pedimos una negociación con todos los vecinos, para que no se les expulse y no se vean afectados por cláusulas abusivas", defiende el abogado.

El caso llegó a la televisión. Antonio participó en el programa La Sexta Xplica, que se emite los sábado por la noche en La Sexta, algo que no gustó a Testa. "Me llamaron porque dije en la tele que estábamos todos demandados. Una empleada de Testa me dijo: 'Usted va diciendo que le hemos denunciado'. Es cierto, yo no estoy demandado, pero todos mis vecinos sí y yo hablo en plural", señala el inquilino.

El PSOE y la candidatura vecinal Ganar Alcorcón, que gobiernan el municipio, llevaron este caso al Pleno del Ayuntamiento. El órgano aprobó una moción por la que el Consistorio se comprometió a mediar. Algunos de los vecinos, tras tantos años de pelea, son escépticos, y atribuyen esta iniciativa a la cercanía de las elecciones municipales. No obstante, se alegran de que haya por fin una reacción, tras varios años: “La esperanza es lo último que se pierde”, lamenta el taxista Jesús.

Fuentes municipales, en conversación con infoLibre, declaran que usarán “todos los recursos a su alcance” para defender a los vecinos: “Pedimos a todas las partes implicadas que pongan de su parte para encontrar una solución razonable. No pueden pagar siempre los mismos", defiende Jesús Santos, segundo teniente de la alcaldesa y coordinador del área de servicios de la ciudad. Santos es también coordinador general de Podemos en la Comunidad de Madrid.  

Así, a finales de noviembre, el Ayuntamiento se comprometió a cumplir varios puntos, de los que destacan tres. En primer lugar, mediar entre Testa y los vecinos para evitar subidas desorbitadas de alquileres y cláusulas abusivas. Para ello, se convocaría una mesa de negociación con el Ayuntamiento, los vecinos afectados, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinos, la Comunidad de Madrid y Testa. Sobre este punto, el Ayuntamiento indica que el Gobierno regional no ha contestado y que la empresa no ha aclarado su respuesta.

En segundo lugar, solicitar a Testa que retire las demandas interpuestas a los vecinos por el vencimiento de sus contratos, al no aceptar estos las subidas de alquiler de más del 30%. El Consistorio indica que en este caso la gestora de activos tampoco se ha pronunciado sobre esto. infoLibre, tras reiterados intentos por correo electrónico y teléfono, no ha conseguido hablar con un portavoz de Testa para conocer su posicionamiento.

En tercer lugar, solicitar una reunión de urgencia con el Defensor del Pueblo. “Desde el Ayuntamiento se ha enviado esta petición al Defensor del Pueblo, pero todavía no ha respondido”, indica el organismo. Fuentes de la oficina del Defensor confirman que han recibido la petición, pero que aún no han conseguido agendarla, debido a la ingente cantidad de citas que tienen en espera. 

“Tengo que lavar la imagen por una cosa que dije en la tele”, dice Antonio, con gesto incómodo, recordando su participación en el programa de La Sexta. “Critiqué al señor Sánchez, porque aún no tenemos una Ley de Vivienda. Y me han criticado mucho. ‘Ah, que este señor estaría mejor con Rajoy’, me han dicho. Creen que a mí me emociona la derecha. Con la premura de la tele, olvidé decir que hago esta acusación desde la extrañeza, sería injusto no reconocer lo que ha hecho este Gobierno. ¡No entiendo que no aprueben la Ley de la Vivienda!”, lamenta. 

La legislatura se agota y a la Ley de Vivienda le queda aún un largo recorrido. En febrero de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de la Ley de Vivienda, que es una norma que no entrará en vigor hasta que no supere un largo proceso en el Parlamento. Al estar aprobada por el Consejo de Ministros, una vez que el Gobierno la lleve al Congreso, iría directamente a la comisión competente, que trabajará el texto, con su correspondientes plazos para que los partidos presenten enmiendas parciales o totales. 

Luego debe aprobarse en el Pleno del Congreso, desde donde se enviará al Senado, que también puede introducir enmiendas. Si es así, volvería al Congreso, que decidirá si acepta las posibles enmiendas. Pese al largo recorrido que le queda y al poco tiempo que queda de legislatura, fuentes gubernamentales insisten a infoLibre de su voluntad de aprobar la ley antes de las elecciones.

El proyecto de ley recoge algunos instrumentos que serían útiles para estos vecinos. Incorporaría a la Ley de Enjuiciamiento Civil un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje ante los grandes tenedores de vivienda cuando hay inquilinos económicamente vulnerables. Es un sistema que tratará de evitar demandas de desahucio. 

Por otro lado, prevendría futuros casos, al impedir la venta de parque público de vivienda a fondos buitres. Para la vivienda protegida, como la de Antonio, no podrían darse los incrementos de precios de alquiler que este inquilino ha sufrido en los últimos años: las empresas propietarias tendrán que limitarse a un índice de referencia para áreas tensionadas, como lo es la Comunidad de Madrid. 

“Tuve mejores vidas, pero la vida viene como viene”, lamenta Antonio, un poco exasperado por lo que supone negociar con la filial de una gestora de fondos que gestiona activos valorados en 110.000 millones de euros. “Si no acepto cambiarme con mi mujer a una casa de una habitación, me pasará como a ellos [en referencia a sus vecinos, con denuncias de desahucio]. Al final la vida no es la que uno se cree que se hace, es la vida la que hace con uno lo que ella quiere”, lamenta el octogenario.

El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, deberá comparecer este jueves ante un juzgado de Alcorcón para responder a una denuncia que interpuso un concejal del PSOE de esa localidad tras los incidentes ocurridos durante la pegada de carteles al inicio de la campaña electoral de los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2019.

En aquellas elecciones, Pérez seguía siendo alcalde de Alcorcón, pero ya no se presentaba a la reelección, ya que era candidato a la Asamblea regional como número dos de la lista liderada por Isabel Díaz Ayuso. Según el denunciante, el actual teniente de alcalde Miguel Ángel González, los altercados durante el inicio de la campaña tuvieron lugar después de que el ahora consejero empezara a pegar carteles del PP encima de los de los socialistas en el lugar que se había asignado para la candidatura del PSOE. 

El grupo socialista municipal explicó entonces que dicha ubicación, situada en el centro de la localidad madrileña, estaba asignada para su formación, por lo que insistió en que el PP estaba "vulnerando claramente la normativa electoral". Según su versión, participaron de ello tanto Pérez como la candidata del partido conservador a la Alcaldía, Ana Gómez. Por este motivo, tanto militantes como concejales del PSOE se pusieron a grabar con sus teléfonos móviles.

Uno de los ediles era Miguel Ángel González, quien explica que trató de grabar a Pérez colocando los carteles de su partido, pero que cuando el entonces alcalde se dio cuenta, "se puso nervioso" y comenzó a "increparle", tras lo cual le llegó a tirar el aparato de un manotazo, por lo que el socialista le denunció.

El juicio había sido señalado en un principio para el pasado 12 de noviembre, pero el consejero solicitó un aplazamiento que le fue concedido. Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 7 ha citado a las partes este jueves a las doce del mediodía para el juicio por delito leve. González solicita a Pérez que le pague el importe de lo que le había costado el teléfono móvil que tiró al suelo.

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha condenado el ataque a la placa dedicada a los abogados asesinados en 1977 en la calle Atocha de Madrid, que ha acabado destrozada, según ha apuntado la edil en su cuenta de Twitter y recoge Europa Press.

"La Policía Municipal ha elaborado informe, que ha trasladado a Policía Nacional, por los desperfectos realizados a la placa en homenaje a los Abogados de Atocha, ubicada en las inmediaciones del Teatro Buero Vallejo. ¡Mi más absoluta condena a estos hechos!", ha subrayado.

Ésta se inauguró hace tan solo unos meses, a finales de enero, en un acto para "bautizar" al espacio anexo al Teatro Buero Vallejo como el Parque de los Abogados de Atocha. Una propuesta que fue impulsada por Unidas Podemos Ganar Alcorcón en el pleno de marzo de 2016 --entonces conocidos como Ganar Alcorcón y en la oposición, y hoy en el Gobierno junto al PSOE--, que fue apoyada por todos los grupos de la Corporación, a excepción del PP, y que hasta este año no se había llevado a cabo.

El objetivo era el de recordar a las víctimas de la llamada Semana Negra de Madrid, que tuvo lugar entre el 22 y el 24 de enero de 1977, cuando fueron asesinados cinco abogados en la calle Atocha y el estudiante Arturo Ruiz a manos de grupos de ultraderecha.

Este fin de semana rompían la mencionada placa, y tanto la regidora socialista como el PSOE han criticado lo que entienden es un "acto de vandalismo político". No han sido los únicos en pronunciarse, desde Ciudadanos su portavoz, Diana Fuertes, ha pedido "menos falta de civismo y más respeto", condenando el ataque.

Miembros del PSOE y del PP de Alcorcón se enzarzaron esta medianoche en una disputa por el espacio electoral en la tradicional pegada de carteles que se celebró de cara a las elecciones electorales del 26-M y que acabó con acusaciones y denuncias por ambas partes tanto en comisaría como ante la Junta Electoral, según informa Europa Press.

Los socialistas acusan a los populares -concretamente al alcalde, David Pérez y a la candidata del PP, Ana Gómez,- de la presunta "agresión" a un concejal y varios militantes tras iniciar la apertura de campaña cuando estos les estaban grabando por ocupar los espacios que no tenían asignados "vulnerando claramente la normativa electoral", y colocando los carteles "encima de los suyos", para denunciarlo ante la Junta Electoral.

El envite se habría producido al "intentar arrebatarle el móvil" del edil Miguel A. Gónzalez de un "manotazo", el cual acabó "destrozado". El concejal terminó poniendo una denuncia ante la Policía Nacional por estos hechos, según han detallado.

"Queremos mostrar nuestra más rotunda repulsa ante lo sucedido, lo que demuestra no sólo el intolerante carácter Pérez y de su sucesora, tal y como hemos denunciado desde hace ocho años, sino que utilizan los recursos municipales con un claro fin partidista, bajo el concepto de que Alcorcón es su cortijo y vulnerando las leyes vigentes", han dicho.

Por su parte, una militante del Partido Popular y una concejala presentaron anoche otra denuncia, en este caso ante la Junta Electoral, "por presuntas agresiones por parte de González, durante la tradicional pegada de carteles de inicio de campaña".

Según argumentan, el edil se "dirigió en actitud intimidatoria" hacia ellos, que se encontraban pegando carteles, "comenzó a grabar de forma intimidatoria y provocadora" a los militantes populares, además de a concejales, a la candidata y al propio regidor de la localidad que se encontraban presentes.

"Se instó que dejara de hacerlo. En una actitud de gran excitación, el citado edil protagonizó un forcejeo durante el cual golpeó en el rostro a la afiliada del PP con su teléfono móvil, provocándole una inflamación y un malestar que requirió ser tratada en el hospital de Alcorcón", han destacado.

Posteriormente, la presunta agredida se dirigió a presentar una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional, mientras que la concejala del PP y candidata a la alcaldía, Ana Gómez, lo hizo contra el edil socialista "por propinarle un fuerte empujón".

El PP insiste en recalcar que el mismo concejal ha sido denunciado en varias ocasiones por distintos "incidentes".

Tú eliges. Así se llama el grabado del artista Paco Sevilla que se exponía en una muestra de los colectivos artísticos de Alcorcón. Sin embargo, este martes, día inaugural de la exposición, fue descolgado de las paredes del Centro Municipal de las Artes de la localidad. En la obra aparecía el alcalde del municipio, el conservador David Pérez, acompañado de la inscripción “¿botar?”.

“Lo han sacado por la puerta de atrás treinta minutos antes de empezar”, lamentó Sevilla, a quien tampoco le justificaron por qué retiraron el cuadro. “No tiene ningún sentido que hagan exposiciones y que luego decidan, sin ninguna base, secuestrar obras”, criticó.

El tema de la muestra eran las rotondas de la localidad –“como para colegiales”, apunta el artista– y Sevilla quiso darle una vuelta de tuerca proponiendo en su cuadro dos itinerarios entre glorietas. El de la izquierda lleva directamente a una imagen de Atenea –diosa griega de la sabiduría–, a la escuela y sanidad pública, a la libertad de expresión, etc., mientras que el de “la derechona” incluye las fotografías de David Pérez, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, entre otros elementos. Con sendos letreros, en la obra se invita a reflexionar sobre “¿votar?” o “¿botar?”, lo representado en ambos lados.

Dentro de las otras obras que su colectivo –la asociación Tarlatana, de la que él es presidente– expone en esta muestra está también Másterrotonda, una fotografía de una glorieta con el cartel de la Universidad Rey Juan Carlos en primer plano. “De este no se han enterado”, aseguró entre risas.

'Alcorcón patas arriba', de Paco Sevilla. P.S.

Esta no es la primera vez que retiran una obra de Sevilla. El año pasado presentó Alcorcón patas arriba, que representaba “al señor alcalde” como la Justicia, con una balanza desequilibrada en cultura “porque echa el dinero donde no es”. Es decir, con su creación trataba de cuestionar "las prioridades económicas en tema de cultura y arte" que tiene el alcalde. La razón que le dieron el año pasado para retirarla era que no estuvo presente para explicar qué significaba.

“Me preocupa, más que la obra, que atropellen la libertad de expresión”, se lamentó. Sevilla está a la espera de que el responsable de este centro –que también acoge la Concejalía de Cultura y Festejos– le dé explicaciones, pero él, de momento, escribió “obra secuestrada” en el espacio donde estaba colgado su grabado.

Por no aburrir al lector resumiré la situación: El Ayuntamiento del Partido Popular hizo un contrato de renting (inédito en España) para los vehículos de limpieza viaria y recogida de basura. El coste era de 3,5 millones de euros y estuvo caracterizado por retrasos e incumplimientos que no fueron sancionados. Sin embargo, su precio no incluía la reparación de los vehículos, a pesar del elevado coste. La gravedad se acentúa cuando, detrás de estas contrataciones, parece haber documentación falsificada. Esta documentación justificaba la adjudicación a Transtel, y la misma se hacía mediante un informe técnico expedido por RK Consultants. Repito, costes desorbitados con documentos presuntamente falsificados.

¿Por qué esta red de presuntas falsificaciones?, ¿Y de relación con empresas de contratas?, ¿es posible que haya mordidas o algún otro beneficio? Esto debe aclararse. Y no puede hacerse con el Partido Popular al frente del Ayuntamiento.

Si dejamos que el Partido Popular se enroque estaremos cometiendo una enorme irresponsabilidad. Queda un año de legislatura y sólo dos opciones: que Alcorcón pase página o que demos un año de prórroga para que los actuales huéspedes del Ayuntamiento escondan la basura debajo de la alfombra. Si no resolvemos inmediatamente el problema de incapacidad, opacidad, oscurantismo y unilateralidad del Ayuntamiento, lo sufrirán las vecinas y vecinos. Será un año perdido. Un año traducido en más daño social, que tendrán que reparar las fuerzas democráticas y municipalistas a partir de 2019.

Proponemos una moción de censura para la transparencia y el desbloqueo. ¿Su cometido? Llegar a 2019 en las mejores condiciones democráticas. ¿El programa? Un año que consista en abrir puertas y ventanas, y que tenga como programa las mociones aprobadas por la mayoría del pleno y bloqueadas por el Partido Popular.

Son condiciones con las que el resto de las fuerzas políticas podemos ponernos de acuerdo. Sencillas, comunes e inapelables. No deberían existir obstáculos para que tengamos un Ayuntamiento de transición, que actúe en base a los criterios de transparencia y de desbloqueo en el año que tenemos por delante.

El Partido Socialista puede hacerlo. Los de Natalia de Andrés ya han manifestado su descontento con la desastrosa situación de Alcorcón. Ahora que hemos descubierto que una de las causas de la incapacidad estaba en la forma corrupta de gestionar las instituciones. ¿Por qué no iban a sumarse a una moción de censura por la transparencia y el desbloqueo? El único motivo sería el hipotético pavor de que la transparencia revelara algún presunto caso de corrupción o malversación de su anterior etapa de Gobierno que pudiera manchar a su actual dirigencia.

Tampoco parece que Ciudadanos pudiera negarse, acorde a su ideario. No hace falta compartir posiciones para coincidir en nuestro rechazo a tan trágica circunstancia. Con compartir que el Ayuntamiento debería ser transparente, debería bastar ¿Por qué no podrían sumarse a una moción de censura por la transparencia y el desbloqueo? El único motivo sería un perverso cálculo electoral, dónde entendieran que merece la pena que Alcorcón siga sufriendo con la esperanza de recoger ellos los votos de David Pérez.

Todos compartimos la necesidad de transparencia, y las medidas aprobadas por el pleno que pondríamos en marcha (ya que han sido votadas afirmativamente por todos los grupos de la oposición). Tras las revelaciones de Transtel, sólo los intereses partidistas o personales podrían explicar una negativa a impulsar una moción de censura.

Somos mayoría. Tenemos razones suficientes, causas comunes y un año por delante. Aprovecho este artículo para ofrecer a las concejalas y concejales de la oposición a negociar una moción de censura en base a estas dos condiciones mínimas. Dejar los intereses en el perchero y ponernos de acuerdos por el bien de Alcorcón.

Porque nos debemos a las vecinas y vecinos, que no se merecen que pierdan un año más debido a esta situación. Si hay voluntad, es posible. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. ______________Jesús Santos es portavoz de Ganar Alcorcón.

El PP de Madrid vuelve a tener problemas con las adjudicaciones de contratos públicos. Según ha podido saber infoLibre, la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa), dependiente del consistorio gobernado por el conservador David Pérez, decidió este miércoles abrir una investigación interna al identificar la existencia de posibles irregularidades en el contrato de alquiler de los camiones utilizados para la recogida de basuras del municipio. Dicho contrato se licitó en 2014 y acabó en manos de una empresa llamada Transtel S.A. El problema es que nadie dentro de la empresa puede identificar quién, cuándo ni por qué motivo se encargó el informe técnico que avaló y recomendó la contratación de Transtel, ni tampoco su precio, y ningún documento prueba –al menos por el momento– ni siquiera que Esmasa solicitase este informe.

En 2014, la empresa pública Esmasa –que se encarga de la limpieza y el mantenimiento viario y la recogida de basuras en Alcorcón– puso en marcha un concurso para adjudicar un contrato destinado a alquilar vehículos para la recogida de basuras en el municipio de Alcorcón, valorado en más de tres millones de euros. Para ello, y según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, Esmasa contrató en mayo de ese año a la consultora RK Consultants únicamente para que redactase los pliegos a los que debían adaptarse las compañías que optaran a conseguir la adjudicación. Por este servicio, la empresa pública pagó a RK Consultants unos honorarios de 2.200 euros.

Dichos pliegos se entregaron a Esmasa, y la empresa pública los utilizó para iniciar el concurso. Al mismo sólo concurrió Transtel, una compañía especializada en el "alquiler y renting de vehículos industriales". El 25 de agosto de 2014 se reunió la Mesa de Contratación de Esmasa, y allí se admitió la documentación técnica presentada por Transtel, cuya oferta pasó a quedar pendiente de ser valorada mediante "los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor". Apenas tres días más tarde, el 28 de agosto, volvió a reunirse este mismo órgano y allí –según recoge el acta de la reunión– se propuso formalmente "adjudicar a Transtel el suministro, tipo renting"renting, de los vehículos de recogida de basuras.

Pero esta recomendación no solo se hizo porque la de Transtel fuera la oferta "económicamente más ventajosa". En esta segunda reunión de la Mesa de Contratación también se leyó un informe fechado el 25 de agosto y redactado por Nuria Gómez Vendrell, jefa del área técnica de Esmasa. En dicho informe se explicaba que la documentación presentada por Transtel para hacerse con la adjudicación había sido valorada positivamente "por la empresa RK Consultants, designada por Esmasa para la elaboración del pliego de prescripciones técnicas".

Es decir: el mismo día en el que se admitió la documentación técnica aportada por Transtel para hacerse con la adjudicación (el 25 de agosto), Esmasa ya contaba con un informe técnico que avalaba esta oferta redactado por RK Consultants. Según este informe, si se eligió a esta compañía para evaluar la idoneidad con la que Transtel podía desempeñar los servicios de alquiler de vehículos fue porque se entendía que los mismos consultores que habían redactado los pliegos eran los "mejores conocedores de los aspectos que afectan a su cumplimiento, para el estudio y comprobación de toda la documentación técnica presentada al concurso, de forma que se determine que es correcta y que las condiciones técnicas se ajustan al pliego y a las necesidades determinadas por Esmasa".

"No consta" que se encargara a RK ningún informe

El problema es que a RK Consultants no se la había contratado para evaluar la oferta de Transtel –una evaluación entregada con una celeridad inusitada: el mismo día que se admitió la documentación técnica aportada por la empresa de renting–, sino solo para elaborar los pliegos del concurso. Así lo admite a preguntas de infoLibre un miembro del equipo jurídico de Esmasa, que explica que "no consta en ningún documento que el informe técnico, como tal, fuera encargado" por la empresa dependiente del Ayuntamiento de Alcorcón.

Por ello, explica este asesor jurídico, la empresa pública ha abierto este miércoles un "proceso indagatorio" con el fin de descubrir de dónde salió ese informe que, en última instancia, se utilizó para avalar la contratación de Transtel. "A RK Consultants se le encargó la redacción de los pliegos, y no sabemos –y para eso se va a abrir un proceso indagatorio– si en algún momento alguien dentro de la empresa estaba comprometido con la emisión del informe técnico o no", apuntan estas fuentes jurídicas de Esmasa, que señalan que en la documentación reunida hasta el momento "solo estaba presupuestada la redacción y comprobación de los pliegos" por parte de RK Consultants.

"Lo que se va a indagar es por qué RK Consultants realizó el informe técnico" que avaló la contratación de Transtel y "cómo llega RK Consultants a [trabajar con] Esmasa, es decir, quién le solicita presupuesto", resume este miembro del equipo jurídico de Esmasa, que sostiene que "si ha habido algún tipo de irregularidad, nace de quien ha solicitado ese informe que, según la documentación que obra [en poder de la empresa], RK Consultants no tenía que haber emitido". En esta investigación interna, afirman estas fuentes, se consultará "a todas las personas que intervinieron: desde la técnica que pidió el informe hasta el técnico que colaboró con la empresa cuando se emitieron los pliegos, así como la jefa de Administración: todos los trabajadores de Esmasa que han tenido participación en la adjudicación de este contrato".

La Cámara de Cuentas no encontró irregularidades

infoLibre se puso en contacto con el Ayuntamiento de Alcorcón el pasado martes para pedirle detalles sobre este asunto. En concreto, este diario preguntó al consistorio de David Pérez cuándo y mediante qué procedimiento se encargó a RK Consultants que evaluase la oferta de Transtel, cuál fue el precio de dicho servicio y cuándo se abonó, en qué fecha Esmasa entregó la documentación necesaria sobre Transtel a RK Consultant para la elaboración del informe y qué responsable de la empresa pública fue el encargado de hacer estas gestiones.

El Ayuntamiento se limitó a responder este miércoles que no podía resolver estas dudas porque carecía de la información dado que Esmasa es una empresa que opera de forma independiente, además de asegurar que no existe "ninguna irregularidad" en el encargo de la redacción de los pliegos para este concurso y recordar que nadie ha "impugnado" la adjudicación. Asimismo, la corporación municipal sostuvo que es "habitual" que si una empresa redacta los pliegos para un concurso público de Esmasa sea esa misma empresa la que evalúe las ofertas dado que es quien mejor conoce dichos pliegos, una interpretación que otras fuentes consultadas rechazan.

Este viernes, el Ayuntamiento de Alcorcón se puso de nuevo en contacto con infoLibre para explicar que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid –el equivalente regional al Tribunal de Cuentas– revisó la adjudicación de Esmasa a Transtel sin encontrar ninguna irregularidad en la misma. En un informe hecho público en 2016, la institución incluyó los resultados de la fiscalización de parte de los contratos realizados por los ayuntamientos y entes públicos en el año 2014. Entre ellos, se analizó la adjudicación que ahora investiga Esmasa, y en sus conclusiones la Cámara de Cuentas no denunció ninguna mala práctica con respecto a ese contrato.

Ganar Alcorcón presentará una moción de censura

No obstante, no todo el mundo ha quedado satisfecho con las explicaciones dadas por el momento. Ganar Alcorcón –la marca de Podemos en el municipio, que es la tercera fuerza en número de concejales tras PP y PSOE– ha anunciado que presentará una moción de censura contra el alcalde David Pérez "tras el último escándalo de corrupción" de los conservadores. "La contratación de Trasntel por parte de Esmasa, bajo la gestión del PP en 2014, podría haberse realizado de manera ilícita, incluyendo falsedad documental, para adjudicarle un contrato de 3,5 millones de euros a esta empresa", denuncia el grupo, cuya concejala Raquel Rodríguez (también consejera de Esmasa) criticó "el perjuicio que ha causado para beneficiar y proteger los intereses de Transtel".

Por su parte Jesús Santos, portavoz de Ganar Alcorcón, afirmó que "el PP no puede seguir gobernando" porque "está más atento a beneficiar a empresas amigas y a su propio partido" que a "resolver los problemas de la ciudad". Además de la moción de censura, fuentes de la formación explican que Ganar Alcorcón tiene previsto presentar la semana que viene una querella por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación y cohecho contra Javier Rodríguez Luengo y Susana Mozo, que en 2014 eran consejero y presidenta, respectivamente, de Esmasa y que actualmente son concejales del PP –Mozo, además, sigue estando en el Consejo de Administración de Esmasa–.

Sin embargo, esta no es la única polémica que ha salpicado el contrato de Esmasa con Transtel. El pasado abril, la Cadena Ser hizo pública la existencia de un informe interno de la empresa pública que concluía que Transtel suministró con hasta 223 días de demora los vehículos contratados en 2014. Según el contrato, este incumplimiento debería haber supuesto la aplicación de una penalización de más de 81.000 euros–que fuentes de la empresa rebajan a algo más de 40.000 euros–, si bien Esmasa evitó reclamar ese dinero a Transtel.

Además, Ganar Alcorcón relaciona este contrato con el suscrito por Esmasa con la empresa de reparación de vehículos Jotrinsa, cuyo nombre aparece en el sumario del caso Lezo. Ese contrato se encuentra actualmente bajo investigación judicial, y en el caso están imputados varios responsables de la empresa pública, entre ellos Nuria Gómez Vendrell, la misma persona que redactó el informe en el que se anunciaba que RK Consultants había sido la encargada de evaluar la oferta de Transtel. Según publicó El Confidencial en febrero, un informe interno de Esmasa denunció que la empresa pública pagó en 2012, 2013 y 2014 facturas por valor de 1,1 millones de euros euros a Jotrinsa, cuando los contratos oficialmente suscritos con esa mercantil solo alcanzaron los 285.194,33 euros.

María Alejandra Suárez Martialay, hija del anterior rector de la Rey Juan Carlos ha conseguido una plaza de “apoyo administrativo” en la URJC online, del grupo C1 y con un nivel 16. Fernando Suárez Bilbao, catedrático de Historia del Derecho, ha sido investigado por 15 plagios a una veintena de autores, algunos de los cuales le han demandado en los tribunales. Pero Suárez Bilbao dejó el cargo el pasado enero sin que la universidad pública y la Comunidad de Madrid le hayan exigido responsabilidades.

Marta Gil Prieto, adjudicataria de una plaza de apoyo administrativo en el Centro para la Innovación, Transferencia de Tecnología y del Conocimiento (Cinntec), es sobrina del vicerrector de Derecho Internacional y exdecano del campus de Alcorcón Ángel Gil de Miguel. Marta Gil ya consiguió en abril de 2016 un contrato temporal de 10 meses en el proyecto Cátedra de innovación y gestión sanitaria en el que figuraba como investigador responsable su tío. Ángel Gil también fue uno de los vocales de la comisión de valoración que la eligió para el puesto. En el proyecto de investigación figuraba igualmente Ruth Gil Prieto, quien además es profesora del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, como su tío. También es funcionaria del área administrativa de la universidad la cuñada de Ángel Gil, María Angustias Prieto Grajales, que ejercía de secretaria del Vicerrectorado de Cooperación dirigido por su cuñado.

El exvicerrector asegura que la elección de su sobrina para el proyecto de investigación no es en absoluto irregular. “Como investigador principal del proyecto, era quien tenía la capacidad de decidir a quién contrataba”, explica a infoLibre. Se trataba de un proyecto en colaboración con la farmacéutica Jannsen –perteneciente a la multinacional Johnson & Johnson– firmado al amparo del artículo 83 de la Ley de Universidades, que regula la colaboración de estas instituciones académicas con las empresas. “Entendí que la persona más idónea era mi sobrina”, resume Ángel Gil, quien alaba la “alta cualificación” de su familiar para el puesto. “Incluso por encima de la plaza de administrativo a la que se ha presentado ahora: es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas”, detalla.

Respecto a su cuñada, María Angustias Prieto Grajales, apunta que entró en la URJC en 1998 “también con cargo a diferentes proyectos” y luego concursó a un plaza fija.

María Ángeles Vera Santos, segunda en puntuación para una plaza de administrativa en la sección de contratación de la gerencia y primera, por tanto, en la bolsa de trabajo que se ha creado tras el concurso, es la hermana del exvicerrector José Manuel Vera Santos, que se presenta ahora de candidato a decano en el campus de Vicálvaro. También fue concejal del PP en Móstoles. Otra hermana, Socorro Vera Santos, tiene un puesto en la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad desde 2001. Vera Santos ejerció como vicerrector desde 2002 hasta 2013 y ahora encabeza una campaña para el decanato del campus de Vicálvaro con el eslogan Mejora la URJC.

“Ninguna ilegalidad”

“La universidad no ha cometido ninguna ilegalidad”, responde un portavoz de la URJC a este periódico cuando se le pregunta por estas relaciones de parentesco. Según destaca, en ningún organismo evaluador ha habido nunca familiares de los candidatos a funcionarios. “La URJC cumple escrupulosamente la legislación vigente”, concluye.

De las 23 plazas de interino ofertadas, al menos 11 han quedado en manos de becarios, estudiantes y trabajadores de la propia universidad. Algo habitual en las universidades españolas, según las fuentes académicas consultadas, pero también una muestra de la endogamia de la que se acusa a estas instituciones: se diseñan las plazas para que encajen en los perfiles de los candidatos locales. Según las condiciones de la convocatoria, que sólo se publicó en la web y en los tablones de anuncios de la institución, en la experiencia profesional –haber trabajado en la propia universidad otorga hasta 35 puntos en el concurso de méritos– se incluyen los contratos y becas de prácticas realizados por los aspirantes. Precisamente la hija del antiguo rector también era becaria en la URJC on line donde acaba de conseguir su plaza.

Además, uno de los puestos ha quedado en manos de Ángela Reviejo Rodríguez, antigua estudiante de Empresariales de la Rey Juan Carlos, que concurrió en las elecciones municipales de 2015 como suplente en la lista del PP de Alcorcón que encabeza su alcalde, David Pérez García.

Denunciado en el juzgado

Los 23 puestos de funcionario interino fueron convocados por el sistema de concurso libre. La universidad lo hizo amparada en una “extraordinaria y urgente necesidad” y por la “imposibilidad de afrontar el desempeño de los puestos de trabajo con funcionarios de carrera”. La sección sindical de Somos Sindicalistas en la universidad denunció la convocatoria en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid porque no fue publicada ni el Boletín Oficial de Estado (BOE) ni en el de la Comunidad de Madrid (BOCAM), vulnerando el principio de publicidad. También porque la universidad no justificó las razones de la “necesidad y urgencia” del concurso. Y porque los 23 puestos ofrecidos no figuran en la última Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por la institución, según asegura la denuncia. Tras conocerse la lista de adjudicatarios, el sindicato ha vuelto a pedir a la universidad que paralice el concurso hasta que se resuelva la demanda judicial. La URJC se ha negado.

Todas las plazas pertenecen al cuerpo administrativo, a los grupos C1 y C2, con niveles 14 a 18, para los que se exige como máximo un título de bachiller o técnico. El concurso libre constaba de dos pruebas: un concurso de méritos (70 puntos) y una entrevista (30 puntos). La universidad ha publicado en su página web la lista provisional de adjudicatarios de las plazas, a la espera de los recursos que presenten los candidatos. Según fuentes de la universidad, éstos son numerosos.

Somos Sindicalistas también ha pedido explicaciones a los responsables de la Rey Juan Carlos sobre la bolsa de trabajo que se ha creado con los mejores puntuados en el concurso de méritos. Según denuncian, la opacidad al respecto ha sido total hasta el pasado viernes 24 de noviembre, cuando se publicó la lista definitiva de adjudicatarios y el rectorado aprobó las normas para constituirla. De acuerdo con los listados publicados en la web de la URJC, la bolsa la componen 145 personas. La relación definitiva de aprobados se ha elaborado una vez resueltas las alegaciones presentadas por los aspirantes a la lista provisional. Ninguna de ellas ha conseguido alterar la configuración de ese listado provisional en ninguna de las plazas ofertadas, tanto para los 23 adjudicatarios como para los 122 candidatos con las mejores puntuaciones que completan la bolsa de trabajo.

La política de personal de la Universidad Rey Juan Carlos fue objeto de polémica después de que tanto eldiario.es como El Confidencial desvelaran la adjudicación de numerosas plazas a dedo entre profesores visitantes y personal administrativo.

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, acusó en un tuit a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de "allanar el recorrido a los asesinos" que perpetraron el atentado del pasado jueves en Barcelona por no haber instalado bolardos en La Rambla, como recomendó el Ministerio del Interior a los ayuntamientos, según informó Europa Press.

"¿Alguien puede explicarme de qué se ríe esta señora, después de no haber puesto los bolardos, allanando el recorrido a los asesinos?", manifestó Pérez a través de un tuit, en alusión a unas fotografías de la ofrenda floral protagonizada por los Reyes, el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, que tuvo lugar en el mosaico de Joan Miró el pasado sábado, en las que Colau aparece sonriendo.

El alcalde de la localidad del sur de Madrid hizo declaraciones polémicas en varias ocasiones, como en la que se refirió a algunos colectivos feministas como "mujeres frustradas, amargadas, rabiosas y fracasadas como personas".

Ahora Madrid ha acusado al alcalde de Alcorcón de "utilizar el dolor de las víctimas de un atentado para atacar a un adversario político", al tiempo que ha aseverado que esto "es imperdonable" y ha pedido "que se actúe en consecuencia". El grupo municipal que gobierna el Ayuntamiento de Madrid ha reaccionado así, a través de su cuenta de Twitter, al tuit del regidor. "Si David Pérez hubiera dimitido cuando difamó a las mujeres en general, no importaría nada lo que opina o sus difamaciones sobre @AdaColau", ha agregado Ahora Madrid.

La Policía Nacional ha detenido al compañero de piso de la mujer de 36 años hallada muerta en su domicilio de Alcorcón (Madrid) como el presunto autor del homicidio, según han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Las mismas fuentes indican que el arrestado y la víctima no tenían relación sentimental alguna salvo el compartir domicilio desde hace poco y, en consecuencia, se descarta que pueda tratarse de un caso de violencia de género.

El hombre fue detenido en la noche del jueves por efectivos de Policía Nacional y ahora se abre la investigación para esclarecer las causas concretas del asesinato. Así, el arrestado ha sido trasladado a dependencias policiales para su interrogatorio.

Agentes de la Policía Nacional hallaron este jueves a la víctima en su domicilio de la calle Matadero con dos puñaladas en el pecho y cuello. Fue el cuñado de la mujer quien alertó a los agentes al encontrar el cuerpo sin vida de la mujer, de nacionalidad colombiana, en el baño de su piso.

Ayuda para repatriar el cuerpo

Familiares y amigos de la víctima se han concentrado este viernes —junto a autoridades, entidades y vecinos— para condenar el asesinato de una mujer de 36 años, residente del municipio, y para pedir ayuda para la repatriación de su cuerpo.

"Necesito que alguien me ayude, quiero mandar el cuerpo a mi cuñada a Colombia. Alguna ONG, instituciones, alguien que me pueda ayudar", ha solicitado la cuñada de la víctima, que además ha pedido apoyo también para que el hijo de 18 años y la madre de ella puedan venir a España hasta que se puedan hacer los trámites.

Además, una amiga ha resaltado que "la Policía no ha esclarecido concretamente lo que ha ocurrido", añadiendo que lo que vieron en la casa de la fallecida "fue una violencia en toda su medida, se ensañaron con ella".

También ha destacado la importancia de que ahora la familia, que dependía de ella económicamente y moralmente, "se encuentra destrozada".

En cuanto al compañero de piso de la mujer, al que se ha detenido como el presunto autor del homicidio, han asegurado que no existía relación sentimental y que estaba en la casa desde hacía sólo dos semanas.

Del mismo modo, han lanzado un mensaje a los vecinos. "Pido a aquellos que decían que se escuchaba mucho ruido en la casa que, para otra ocasión, llamen a la policía, por favor. Hoy es mi familia, mañana podría ser la suya. Ellos lo escucharon todo y nadie alertó a la policía", ha lamentado la cuñada.

Actuaciones

El consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, ha estado presente durante los 5 minutos de silencio y ha querido expresar su solidaridad con la víctima y su entorno.

"Hay una familia destrozada. Esto es una situación muy complicada en la que nosotros trataremos darle el máximo apoyo. También queremos mostrar nuestra máxima repulsa a situaciones como esta", ha dicho.

Respecto a las peticiones realizadas por los familiares, ha asegurado que intentarán coordinarse con las administraciones "para poder ayudar en esta situación compleja que están viviendo".

Por su parte, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha reiterado las condolencias y ha explicado que "no me puedo comprometer a sufragar todos los gastos de la repatriación del cadáver, ni nada de eso, pero sí que vamos a buscar una fórmula para ayudar en alguna medida a la familia".

Además, ha destacado que lo importante ahora es esclarecer los hechos y expresarles su apoyo. "Ayer ya se lo brindamos para todo lo que pudiésemos hacer, ya fuera para mediar con el Consulado o realizar gestiones administrativas. Hoy hemos hablado de la posibilidad de buscar un recurso económico, teniendo en cuenta que la familia está casi toda en Colombia y la que está aquí no tiene recursos", ha dicho.

Una mujer de 36 años fue hallada muerta en su domicilio de Alcorcón. Las primeras investigaciones apuntan a un asesinato con arma blanca, según han detallado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Según las mismas fuentes, ha sido el cuñado de la víctima quien al entrar en la casa se la ha encontrado el cuerpo sin vida de la mujer, de nacionalidad colombiana, en el baño y ha llamado inmediatamente a la Policía Nacional y a los servicios de emergencia. No había ninguna persona más en la vivienda.

El Grupo VI de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación para tratar de detener al autor del asesinato y mantiene abierta "todas las líneas de investigación", incluida la posibilidad de que fuera una muerte por violencia de género.

Por su parte, fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han explicado que han recibido una llamada sobre las 15.22 horas alertando del suceso y que se han desplazado a la calle Matadero efectivos del SUMMA.

Una vez en la zona, han comprobado que estaba agentes de Policía Nacional y los sanitarios simplemente se han limitado a confirmar el fallecimiento.

La Policía Local de Alcorcón ha detenido esta tarde al tramabús de Podemos para un "control" a su llegada al municipio de Alcorcón a las 19:00 horas, tras lo que el vehículo ha seguido circulando por las calles del centro y el barrio Ensanche Sur.

El tramabús se ha dirigido a la localidad después de realizar su ruta por Madrid, que ha pasado por el CNI; la multinacional Indra que ofrece servicios de consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones; la sede de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el Ministerio del Interior, la sede del PP, y la Audiencia Nacional.

Según ha detallado el concejal de Ganar Alcorcón Jesús Santos en declaraciones a Europa Press, la Policía Local estaba "esperando" al tramabús a la entrada del municipio por la A-5 para pararle y pedir al conductor tanto su documentación como la del vehículo y, al estar en regla, les ha permitido seguir circulando.

Además de Santos, viajaban en el vehículo la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid María Espinosa y varios miembros del Consejo Ciudadanos de Podemos Comunidad de Madrid.

Según Santos, los tres agentes que han requerido la documentación iban de paisanos y el trato entre estos, el conductor y los ocupantes del vehículo ha sido de "respeto" mutuo; tampoco se podía identificar como tal al coche de los policías municipales, que era un turismo plateado.

El concejal de Ganar Alcorcón Jesús Santos asegura que "hay una intencionalidad política total. David Pérez quiere seguir en esa trama e intentar que el bus no circule por Alcorcón".

"Creo que no le gusta mucho que señalemos y veamos la trama", ha asegurado Santos. Además, ha subrayado que el alcalde del PP David Pérez es el diputado de Cristina Cifuentes y "uno de los puntos neurálgicos de esta trama que ha saqueado Madrid".

Fuentes municipales han aclarado a Europa Press que se ha tratado de un control rutinario aleatorio, al tiempo que han destacado que no se tenía constancia de la llegada del autobús.

En este sentido, han precisado que se suelen instalar varios controles a menudo, tanto para turismos como para otros tipos de vehículos.

El tramabús tiene previsto recorrer más municipios de Madrid durante el miércoles y el jueves por la tarde, mientras que el viernes por la mañana hará un gran tour madrileño, en el que participarán, entre otros, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, y la portavoz en la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta.

El juez de Instrucción número 3 de Alcorcón, Agustín Carretero, ha acordado citar el próximo 21 de abril como investigadas a dos enfermeras de la residencia de mayores de Alcorcón donde murió el pasado domingo un anciano en un banco del jardín tras los datos aportados por la directora del centro, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado había citado en calidad de testigos para este martes a la directora, así como a la responsable de la planta donde tenía su habitación la víctima y una auxiliar.

La primera en comparecer ante Carretero ha sido la directora del centro, quien en una declaración bastante larga habría aportado numerosos datos que apuntarían a la posible responsabilidad de las dos enfermeras citadas.

Tras su relato, el instructor ha decidido suspender la comparecencia de las otras testigos para, finalmente, interrogarlas en calidad de investigadas y que puedan estar acompañadas por sus abogados.

Una vez que declaren, el juez determinará el tipo penal que se les aplica que podría ser un delito de omisión del deber de socorro o incluso un delito de homicidio imprudente, según las mismas fuentes.

El Juzgado se ha hecho cargo de la investigación de este fallecimiento después de que una interna en el centro descubriera el cadáver del hombre de 81 años, en principio muerto por causas naturales y sin aparentes signos de violencia.

Por su parte, la Policía Nacional ha remitido al magistrado el atestado policial, con las primeras declaraciones de empleados del centro, al que se añadirá el informe de la autopsia, que aún no ha concluido, ha indicado la Jefatura Superior.

Por su parte, la Policía Nacional ha remitido al magistrado el atestado policial, con las primeras declaraciones de empleados del centro, al que se añadirá el informe de la autopsia, que aún no ha concluido, ha indicado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior.

Según argumentan los trabajadores, agrupados en la Plataforma de Afectados de Blanco, la saudí Alhokair sigue siendo el administrador de factode facto de Global Leiva, que en realidad no es más que una sociedad instrumental “carente de contenido patrimonial y económico”. Fue la herramienta utilizada por el grupo para quedarse con la marca, “el único bien intangible con algo de valor”, después de descapitalizar la cadena.

La marca es propiedad de Far East Fashion, una de las empresas del grupo junto a Far East Shared Services y Global Leiva, que ha sido “disuelta por orden de Alhokair”, asegura el texto de la querella al que ha tenido acceso infoLibre. De hecho, recuerdan los trabajadores, el grupo saudí exigió en 2013 a Maemoda, la entonces empresa propietaria de Blanco, que antes de venderle la cadena de tiendas vendiese a Far East Fashion las marcas de Blanco. La operación se firmó en noviembre de 2013 y salvó a la cadena textil de su primer concurso de acreedores.

La querella tacha de “torticera” la actitud de Alhokair desde el principio. Su “falta de diligencia en la llevanza del negocio es difícilmente explicable desde un punto de vista de razonabilidad empresarial”, acusan los trabajadores, que denuncian la “actitud depredadora” del grupo saudí con Global Leiva: “Su objetivo nunca fue conseguir el reflotamiento de la empresa, sino obtener la titularidad de la marca”.

Los querellados son los administradores de Global Leiva, los británicos Gerard Michael Louis Waters y Simon Marshall, así como el saudí Mohamed Hussein Mohamed Masud. También el director financiero, Nuno Abel Ribeiro Ferreira, quien actúa como administrador de facto de la empresa y portavoz ante la plantilla desde que se presentó el concurso. Los tres primeros citados, además, “son miembros de la alta dirección de Alhokair”, cuyos salarios paga, indica la querella.

Ésa es una de las razones que llevan a los querellantes a denunciar que el grupo ha mantenido el “control absoluto de las decisiones de la empresa”: la venta de Global Leiva, en agosto de 2016, al fondo de Dubai AC Modus fue sólo una “venta simulada”, resaltan los trabajadores. Uno de los consejeros de ese fondo es el propio presidente del grupo saudí, Fawaz Abdulaziz Alhokair.

Además, la plantilla revela en su querella que esta operación no se cerró por importe de 83 millones de euros como anunció Alhokair en su momento. Por el contrario, asegura que la venta se formalizó mediante escritura pública ante notario en Madrid por un precio de sólo 1,19 millones de euros. Un mes más tarde, en septiembre de 2016, Alhokair aportó a Global Leiva la suma de 1,1 millones de euros, casi el mismo importe de la supuesta venta. Y, una vez cerrada ésta –AC Modus adquirió el 100% de las acciones–, los administradores siguieron siendo los mismos.

Compra a crédito

Aunque tampoco la compra de Global Leiva por Alhokair en 2013 fue transparente, según los trabajadores. La empresa es una sociedad limitada unipersonal, creada en septiembre de 2013, sólo dos meses antes de la operación, con un capital social mínimo, 3.600 euros. “Teniendo en cuenta el pasivo que arrastraba entonces la empresa adquirida [70 millones de euros], Global Leiva era ya una sociedad quebrada”, denuncia la querella. Pero es que, además, la compra, que se anunció por unos 40 millones de euros, no se llevó a cabo aumentando el capital social, sino que Alhokair pidió dos créditos participativos por importe de 12,08 y 33 millones de euros. Esos créditos nunca se transformaron en capital social, pero duplicaron los costes financieros de Global Leiva hasta los 787.521 euros en 2015.

De la anomalía dejó constancia la auditora Ernst & Young en su informe de 2014, donde deja claro que la empresa se encuentra en “causa de disolución” como consecuencia de las pérdidas de ese ejercicio, 7,43 millones de euros. En 2015 los números rojos de Global Leiva se triplicaron, hasta alcanzar 21,71 millones. Sólo en los siete primeros meses de 2016, las pérdidas ya superaron esa marca: 21,74 millones. Según la querella, Blanco ha perdido más de tres millones de euros al mes desde el pasado enero.

La plantilla se remite de nuevo al informe de auditoría de Ernst & Young, que en 2015 emitió una opinión con salvedades: Global Leiva declaraba contar con 9,8 millones de euros de créditos fiscales por pérdidas de años anteriores, unos números rojos que pretendía convertir en negros gracias a un plan de negocio a cinco años que nunca vieron los auditores. “El único plan de negocios que tenía Global Leiva era presentar el concurso de acreedores”, concluyen los querellantes.

Recurren también el concurso

Los trabajadores de Blanco también han recurrido la declaración de concurso en el Juzgado de lo Mercantil de Toledo. Global Leiva presentó allí su solicitud pese a que su sede social se encuentra en Alcorcón (Madrid). Para hacerlo adujo que tiene un “centro de interés” en Seseña (Toledo), una nave donde sólo trabajan cuatro personas.

El artículo 10 de la Ley Concursal establece que la competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor “el centro de sus intereses principales”.

Además, los sindicatos de Blanco han recurrido el nombramiento del administrador concursal. Antonio Muñoz Perea también se encargó de la quiebra de Autopista Madrid-Toledo Concesionaria Española de Autopistas. En ese concurso, declarado en mayo de 2012, coincidió con él como administrador –en representación de Caixabank– Santiago Hurtado, el abogado de Deloitte que ahora representa los intereses de Global Leiva.

El día 31 el grueso de la plantilla será despedida

El próximo día 31 serán despedidos 779 trabajadores de Blanco, de un total de 818 que aún quedan en plantilla –llegaron a ser 1.200–. El resto serán despedidos entre febrero y el 30 de abril. Pero sus indemnizaciones tendrá que pagarlas el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), o al menos ésa es la intención declarada por la empresa a los representantes sindicales. Sin embargo, la plantilla exige que sea AC Modus o Alhokair los que se hagan cargo de las indemnizaciones.

El periodo de negociación para cerrar los despidos termina el próximo lunes. En una nota a la plantilla, el comité se queja de que Global Leiva no les ha facilitado la información económica sobre AC Modus que le ha pedido. Dice que “no les es posible conseguirla”. Los representantes de la plantilla critican la “mala gestión y la mala fe de la empresa”.

Así, Global Leiva no ha comunicado al comité qué tiendas y qué trabajadores se van a quedar en la empresa “hasta el final”, en abril, ni si van a cobrar sus salarios. Tampoco, se queja el comité, ha confirmado si la plantilla va a cobrar la nómina de diciembre. Se remiten a la Ley Concursal, que establece el abono de los últimos 30 días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso pero sólo en una cuantía que no supere el doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El comité también ha explicado a la plantilla que el dueño de Hipaldisa, la empresa de ingeniería que manifestó su interés por comprar Blanco, se ha puesto en contacto con el administrador concursal, pero le explicó que no va a invertir en la firma textil por la mochila de deudamochila con la Seguridad Social y con los trabajadores que acumula Global Leiva. Fuentes el comité mostraron a infoLibre su sospecha de que se trata de un “oportunista” de los que suelen hacer ofertas en los concursos de acreedores.

Se trata de una empresa constituida el pasado mes de febrero y dedicada, según figura en su inscripción en el Registro Mercantil, a la construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones. Su administrador, Jordi Hidalgo Palomares, aseguró a este periódico que quiere quedarse con la marca y con el personal, mantener las tiendas y la plantilla, y que tiene capacidad para hacerse cargo del negocio. Global Leiva, la empresa que gestiona la cadena de moda, declara un pasivo de 133,42 millones de euros.

Historia de un fiasco empresarial

El pasado 24 de noviembre el Juzgado de lo Mercantil de Toledo declaró en concurso de acreedores a Global Leiva. Pese a la entrada de capital saudí y dubaití en Global Leiva durante los últimos tres años y el fichaje de gestores extranjeros de renombre, la cadena no ha conseguido levantar la cabeza. Ha sufrido dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. En el primero fueron despedidos 711 trabajadores, en el segundo, 189 mientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus el pasado 27 de octubre, a la espera de encontrar un nuevo inversor. Sin embargo, ese comprador no apareció y el fondo dubaití optó primero por el concurso de acreedores y, el pasado 7 de diciembre, por la liquidación de la empresa.

El pasado 24 de noviembre el Juzgado de lo Mercantil de Toledo declaró en concurso de acreedores a Global Leiva, cuyo propietario es AC Modus. Este fondo de Dubai decidió abandonar la cadena de ropa española sólo cinco meses después de haberla comprado. En junio lo había adquirido al grupo saudí Alhokair por 83,1 millones de euros, el doble del precio que esta compañía había pagado por la cadena en 2013.

Ahora, sin embargo, “Blanco no tiene valor alguno y la marca está por los suelos”, explica Jordi Hidalgo, quien dice que le interesa quedarse con las 70 tiendas que aún le quedan a la cadena y con la plantilla para mantenerlas en funcionamiento. Con las 120 tiendas abiertas antes del concurso, el personal lo integraban 835 trabajadores. En sus mejores tiempos, cuando llegó a los 250 locales repartidos por todo el mundo, alcanzó los 3.000 empleados. Además, el responsable de Hipaldisa dice tener “capacidad” para hacerse con el negocio a través de sus propias “vías de financiación”, que no precisa. Y aunque su empresa de ingeniería civil no tiene nada que ver con el comercio textil, Hidalgo Palomares asegura que sabe “dirigir empresas” y que el sector lo conoce porque cuenta con personas de su “confianza” que sí están al tanto.

“Me interesa la empresa porque soy un admirador del trabajo de Bernardo Blanco Solanas [el fundador de la cadena] y me da mucha pena que en una firma de esta relevancia se hayan estropeado 50 años de trabajo por una mala gestión”, destaca Jordi Hidalgo. Blanco Solanas murió en junio de 2012 y dejó la cadena de tiendas en manos de su hijo, Bernardo Blanco Moreno, quien a su vez la dejó en manos de los saudíes de Alhokair cuando se encontraba en pleno de concurso de acreedores. El que atraviesa ahora Blanco es, por tanto, el segundo concurso en menos de tres años.

Hidalgo Palomares niega conocer personalmente a Bernardo Blanco Moreno. “Aunque sí me gustaría que pudiera participar en el proyecto”, puntualiza. Tampoco conoció a su padre: “Soy un simple admirador de alguien que supo hacerse a sí mismo y empezó al mismo tiempo que Amancio Ortega en Inditex”. Sin embargo, fuentes sindicales consultadas no descartan que detrás de Hipaldisa se encuentre el hijo del fundador. Blanco Moreno, que ejercía como director general, fue despedido de Global Leiva en septiembre de 2015 y readmitido junto con su mujer, Teresa Pérez, el pasado mes de noviembre, tras ganar una demanda en los tribunales, según avanzó el digital especializado moda.es. El pasado 28 de noviembre el Boletín del Registro Mercantil publicó la constitución de Yshey Desarrollo SL, en la que Bernardo Blanco Moreno figura como representante. El objeto de la empresa es la fabricación, diseño y compraventa al por menor de ropa y complementos de moda.

Sin cantidad ni condiciones

“De momento sólo me ha llegado un correo electrónico, y no incluía una oferta formal, sino una mera insinuación de interés”, responde por su parte Antonio Muñoz Perea, administrador concursal de Blanco. Hipaldisa no ha precisado una cantidad por la empresa ni las condiciones de la propuesta, añade, lo que confirma el propio Jordi Hidalgo. Ambas partes esperan a una próxima reunión para concretar. “Es muy pronto para dar una opinión”, indica el administrador concursal, “hay que comprobar si la oferta es real y si Hipaldisa tiene capacidad para hacerse con una empresa de este tamaño e importancia”. “No es raro recibir este tipo de ofertas en los concursos de acreedores, unas no son ciertas y otras, aun siéndolo, no pueden hacerse cargo de los negocios”, advierte Muñoz Perea.

Por su parte, Jordi Hidalgo revela las prisas que tiene por hacerse con el negocio a la vista de que esta misma semana Barcelona se quedará sin tiendas de Blanco: cerrarán, dice, las últimas tres. “Queríamos empezar a negociar ya los alquileres de las tiendas [muchas están amenazadas de desahucio por impago]”, apunta. Pero el administrador concursal indica que el proceso no ha hecho más que empezar. “Falta mucho para elaborar siquiera el informe provisional”, resume.

Querella contra los gestores

Mientras, los sindicatos han interpuesto una querella contra los gestores de Global Leiva por la quiebra de la empresa. También han recurrido la declaración de concurso en el Juzgado de lo Mercantil de Toledo. Global Leiva presentó allí su solicitud pese a que su sede social se encuentra en Alcorcón (Madrid). Para hacerlo adujo que tiene un “centro de interés” en Seseña (Toledo), una nave donde sólo trabajan cuatro personas.

El artículo 10 de la Ley Concursal establece que la competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor “el centro de sus intereses principales”. Y por centro de los intereses principales la ley entiende “el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses”. En caso de que el deudor sea una persona jurídica, como es el caso de Globa Leiva, se presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social. En su auto de declaración del concurso, el titular del juzgado toledano considera la nave de Seseña como el “centro de intereses principales” de la empresa.

Además, los sindicatos de Blanco han recurrido el nombramiento del administrador concursal. Antonio Muñoz Perea también se encargó de la quiebra de Autopista Madrid-Toledo Concesionaria Española de Autopistas. En ese concurso, declarado en mayo de 2012, coincidió con él como administrador –en representación de Caixabank– Santiago Hurtado, el abogado de Deloitte que ahora representa los intereses de Global Leiva.

Pese a la entrada de capital saudí y dubaití en Global Leiva durante los últimos tres años y el fichaje de gestores extranjeros de renombre, la cadena no ha conseguido levantar la cabeza. Ha sufrido dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. En el primero fueron despedidos 711 trabajadores, en el segundo, 189 mientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus el pasado 27 de octubre, a la espera de encontrar un nuevo inversor. Sin embargo, ese comprador no apareció y el fondo dubaití optó primero por el concurso de acreedores y, el pasado 7 de diciembre, por la liquidación de la empresa.