Francia celebra este lunes una reunión del Grupo de los Siete (G7) de ministros de Finanzas, de Energía, responsables de bancos centrales y directores de otros organismos internacionales para abordar la situación actual generada por la guerra en Irán y su impacto en Oriente Medio y en la economía global, según informa EFE.

Se trata de la "primera vez en 50 años" que se produce esa configuración de una reunión del G7, con la participación conjunta de todas esas autoridades monetarias, dijo el ministro francés de Economía, Roland Lescure, al anunciar la semana pasada el encuentro.

Está previsto que el encuentro, por videoconferencia, comience a las 13:00 en la hora local, según un portavoz del ministerio de Economía y Finanzas de Francia, que ejerce este año la presidencia del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón).

El objetivo de la reunión extraordinaria será analizar la situación económica global en un contexto marcado por la convergencia de crisis energéticas, presiones inflacionarias y desafíos macroeconómicos, según Lescure: se trata de "entender qué está ocurriendo", señaló la semana pasada.

Estados Unidos ha solicitado el apoyo del G7 para ayudar a detener el bloqueo iraní de la ruta marítima del estrecho de Ormuz, vital en el comercio de petróleo y otros materiales esenciales.

Tras una reunión presencial el jueves y viernes de la semana pasada a las afueras de París, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 afirmaron que era una "necesidad absoluta" que Irán restableciera el libre paso por el estrecho y pidieron en una declaración conjunta el cese de los ataques contra la infraestructura civil.

Ante la situación energética, muchos gobiernos, como el de España, han puesto en marcha medidas para limitar el impacto de las dificultades de suministro y el fuerte aumento de los precios de la energía. Pero estas decisiones se enfrentan a la incertidumbre por la falta de claridad sobre los objetivos bélicos de Estados Unidos, la incertidumbre sobre la posible duración del conflicto y la extensión de las hostilidades.

La Administración estadounidense, incluido el presidente Donald Trump, han afirmado que sus objetivos en la guerra están prácticamente alcanzados, mientras que paralelamente está desplegando miles de efectivos en la región. Según The New York Times, el Gobierno de Estados Unidos tiene ya más de 50.000 efectivos desplegados en Oriente Medio, unos 10.000 más de lo habitual.

Al inicio del segundo mes de la guerra, Trump afirmó que su preferencia en el conflicto con Irán sería "tomar el control del petróleo" del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní, en una entrevista al diario Financial Times, donde también reconoció que una operación de ese tipo implicaría una presencia prolongada sobre el terreno.

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), el más antiguo del país, que en su día dominaba entre las clases populares, está al borde del colapso. Dos semanas después de su dura derrota en las elecciones regionales de Baden-Wurtemberg, los socialdemócratas sufrieron un nuevo revés el domingo 22 de marzo, en las elecciones regionales de Renania-Palatinado.

En este Estado federado del oeste de Alemania, fronterizo con Bélgica, Francia y Luxemburgo, el SPD era el principal partido desde 1991. Desde la creación del land, en 1949, nunca había obtenido un resultado inferior al 30% de los votos. Pero el domingo, el SPD solo obtuvo el 25,9% de los votos, lo que supone un retroceso de 9,8 puntos con respecto a las últimas elecciones regionales, celebradas en 2021.

En cinco años, los socialdemócratas han perdido 165.282 votos, lo que supone el 24% de su electorado. Con 525.680 votos obtenidos para su lista, el SPD registra su resultado más bajo en número de votos desde 1955. Pero en aquella época, el censo electoral del land contaba con 900.000 inscritos menos. Se trata, por tanto, de un desastre que se suma al de Baden-Wurtemberg, el 8 de marzo, donde el SPD también obtuvo el peor resultado de su historia con solo el 5,5% de los votos, apenas por encima del umbral necesario para entrar en el Landtag, el parlamento regional.

Elecciones regionales en Renania-Palatinado: el SPD pierde casi diez puntos con respecto a 2021 y es superado por la CDU, que gana 3,3 puntos. La AfD, por su parte, más que duplica su resultado.

Como las desgracias nunca llegan solas, el SPD también perdió el domingo el cargo de alcalde principal (Oberbürgermeister) de Múnich (Baviera). El alcalde saliente del SPD, Dieter Reiter, en el cargo desde 2014, perdió en la segunda vuelta frente a su rival ecologista Dominik Krause, que obtuvo el 56,4% de los votos. También en este caso se trata de un golpe histórico.

Aunque el SPD perdió la mayoría en el ayuntamiento ya en 2014, había conservado el cargo de alcalde principal. Entre 1948 y 2026, ese cargo solo se le escapó durante seis años, entre 1978 y 1984. Se trata, por tanto, también de una derrota simbólica en uno de los últimos bastiones urbanos de Baviera.

De estas elecciones se desprende que el SPD parece haber entrado en una fase de debilitamiento estructural imparable. Para entenderlo, hay que echar un vistazo a la evolución de su electorado. En el apogeo de su esplendor, a finales de la década de 1990, el SPD contaba con dos grandes bases electorales: la de los centros urbanos, basada en una clase media con estudios, y la de los grandes centros industriales, basada en la clase obrera representada por los grandes sindicatos.

Las elecciones de Renania-Palatinado y Baden-Wurtemberg muestran un debilitamiento masivo de esos dos electorados. En Renania-Palatinado, según los análisis postelectorales del instituto Infratest Dimap para la cadena pública de televisión ARD, el SPD ha perdido aproximadamente la mitad de sus votos de 2021 en beneficio de la CDU, el partido democristiano, y alrededor del 20% a favor del partido de extrema derecha AfD. El resto se ha ido mayoritariamente a la abstención.

En esta oleada, los primeros en abandonar el SPD son los obreros y los empleados. En 2021, el SPD aún lideraba el voto obrero con un 36% de los votos, un nivel cercano a la media del Estado federado. Esta vez, solo obtiene el 21% del voto obrero, mientras que la AfD pasa del 18% al 39%. Un salto conseguido principalmente entre los abstencionistas, principal fuente del aumento global de la AfD, que en el land pasa del 8,5% al 19,5% de los votos.

Entre el resto de los trabajadores, el fenómeno es similar. El SPD pierde 13 puntos en esta categoría, hasta el 22%, en beneficio de la CDU, que obtiene el 26% de sus votos (+3 puntos), y de la AfD, que avanza 14 puntos y empata con el SPD en el 21%. Por último, el SPD también pierde muchos votos entre los jubilados, cediendo 10 puntos hasta el 35%, en beneficio de la CDU (+4 puntos hasta el 39%) y de la AfD (+9 puntos hasta el 14%).

Esta desafección de la clase trabajadora al SPD se observa en las zonas obreras de Renania-Palatinado. En Kaiserslautern, bastión socialdemócrata que se apoya en una antigua fábrica de Opel ahora cerrada y que tiene dificultades para reconvertirse, el SPD pierde 7 puntos y la AfD gana 15. El candidato socialdemócrata directo de la circunscripción de Kaiserslautern-1 solo aventaja a su rival de la AfD en 1,7 puntos (27,7% frente a 26%).

La encuesta de Infratest Dimap destaca dos ideas compartidas mayoritariamente por los votantes de Renania-Palatinado: El 71% (frente al 62% en 2021) considera que el SPD “ya no está del lado de los trabajadores”, y el 36% (frente al 60% en 2011) que “se preocupa por la justicia social”.

Al mismo tiempo, el SPD no logra reforzar sus posiciones en los centros urbanos acomodados, donde sufre la competencia de los Verdes y, cada vez más, de Die Linke. En la capital renana, Maguncia, el SPD gana las dos circunscripciones directas, pero pierde puntos. Por el contrario, Die Linke gana 7,9 puntos en la circunscripción de Maguncia-1, donde el SPD pierde un punto, y 3,1 puntos en la circunscripción de Maguncia-2, donde el SPD pierde dos puntos. Cabe recordar también la derrota de Múnich como ejemplo de este debilitamiento urbano.

El SPD se enfrenta, por tanto, a un colapso de su base electoral: los trabajadores optan cada vez más masivamente por la AfD, y las clases medias urbanas por los Verdes o Die Linke. El declive parece inevitable y el resultado del 16,4% obtenido en las elecciones federales de febrero de 2025, el peor registrado desde 1887, puede que no sea el último peldaño de la caída del partido.

El SPD se ha visto atrapado en la trampa de su obsesión por el poder. Se pueden distinguir varias etapas en este descenso a los infiernos. En primer lugar, hasta 2005, pierde una parte de su electorado popular hostil a las reformas neoliberales del canciller Gerhard Schröder. Pasa del 40% de los votos en 1998 al 34% en 2005. Pero, en ese momento, la política de defensa de la competitividad industrial del país le permitió conservar sus bastiones obreros, aún prósperos.

En segundo lugar, las tres grandes coaliciones con Angela Merkel (2005-2009 y luego 2013-2021) debilitan el interés en votar al SPD. El partido tiene dificultades para imponer sus decisiones y su defensa de la clase trabajadora. El precio de la preservación de los polígonos industriales es una creciente precariedad de los empleados del sector terciario, cuyos salarios ya no aumentan o apenas lo hacen. Se presenta como un aliado fiel de la CDU y no logra erigirse como alternativa a los gobiernos en los que participa.

El SPD comienza a perder terreno en los centros urbanos y fuera de los grandes núcleos industriales. En 2009 se produce un nuevo retroceso y sus resultados se estabilizan entre el 20% y el 25% de los votos, un mínimo histórico. El partido pierde algunos de sus bastiones, como el land de Renania del Norte-Westfalia, y se debilita en los länder del Este.

La coalición “semáforo”, formada en 2021 con los Verdes y los liberales del FDP, es un nuevo fracaso. El canciller socialdemócrata Olaf Scholz es incapaz de hacer frente a la crisis inflacionista y a la crisis industrial estructural que azota al país. Los trabajadores abandonan progresivamente el partido, que no parece capaz de defender los intereses de la industria alemana. El SPD desciende un escalón más al situarse por debajo del 20%.

En 2025, se ve obligado a aliarse con la CDU como socio menor y, una vez más, su identidad se debilita. El partido aparece como un chiringuito electoral que permite a sus dirigentes seguir ocupando cargos en el Gobierno, sin preocuparse realmente por los problemas de la población.

Los socialdemócratas no logran convencer de su capacidad para modificar las políticas de derechas del canciller Friedrich Merz, cuyas líneas generales adoptan en gran medida, desde el rearme hasta la “modernización” fiscal que prevé recortes en sanidad y bajadas de impuestos para los más ricos. Al igual que la CDU, tampoco disponen de una propuesta creíble para restablecer la posición de una industria alemana que ahora compite directamente con China.

El descenso electoral al infierno sigue ahí y esta situación lo encierra en una lógica letal. El SPD, debilitado, a veces no tiene más remedio que ser el socio de coalición secundario de la CDU, lo que le conduce a una impotencia que le hace perder aún más apoyo entre el electorado.

El SPD se presenta como un partido envejecido, que ya no tiene mucho que ofrecer. El lunes 23 de marzo, sus dirigentes regionales y nacionales no ocultaban su preocupación. “Nos encontramos en una situación extremadamente difícil”, señaló el jefe del grupo parlamentario del SPD en el Bundestag, Matthias Miersch.

En Berlín se organizó una reunión de emergencia del presidium del partido para abordar “la evolución de la política federal” y nuevas conversaciones con la CDU. Pero se trata ante todo de dar una imagen de normalidad, ya que el líder federal del partido, Lars Klingbeil, apenas tiene margen de maniobra.

En caso de ruptura con la CDU, se convocarían nuevas elecciones federales que podrían suponer un desastre para el SPD y para Alemania, ya que la AfD saldría aún más reforzada y las posibilidades de coaliciones alternativas seguirán siendo inexistentes. El SPD no tiene pues más remedio que permanecer en el Gobierno, y Friedrich Merz lo sabe. Por lo tanto, no tiene ningún motivo para andarse con miramientos con su socio, que, cada vez más, parece ahogarse en su propia estrategia.

Durante mucho tiempo, el SPD se presentó en Francia como un ejemplo de reformismo exitoso, que contrastaba con una izquierda socialista francesa aún demasiado “dogmática”. Además de que la comparación era discutible, olvidaba que la lógica reformista del SPD, dominante desde hace casi un siglo, se convirtió en una trampa cuando el sistema ya no se dejó reformar.

Cuando, para salvar el capitalismo alemán, hubo que abandonar a los desempleados, luego a los trabajadores precarios, después a los jubilados y, por último, a los obreros, el SPD siempre respondió apoyándose en los fundamentos de la doctrina reformista: la buena salud del capital garantiza la mejora de la condición de las clases populares.

Pero dado que esta doctrina se está hundiendo y que el SPD no tiene otra, su coherencia se desmorona y, con ella, su utilidad política. Triste decadencia para este partido que fue el primero en situar la defensa de los obreros en el centro de la política alemana.

El liberal FDP, partido clave de la República Federal, capaz de hacer y deshacer coaliciones, como cuando abandonó a Helmut Schmidt por Helmut Kohl en 1982, está ahora en vías de desaparición.

Excluido del Bundestag en febrero de 2025, este partido ha sufrido desde entonces duras derrotas electorales que lo empujan, cada vez más, hacia la insignificancia. Ha sido excluido de los parlamentos regionales en Hamburgo, en Baden-Wurtemberg y en Renania-Palatinado. El mismo destino parece esperarle en septiembre en Sajonia-Anhalt y en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Este partido, defensor de las clases medias altas y de las profesiones liberales, se centró en la década de 2010 únicamente en la cuestión de las rebajas fiscales. Pero su incapacidad para mantener una línea coherente durante la coalición “semáforo” lo ha desacreditado por completo.

Su electorado se inclina ahora hacia la abstención, la CDU y la AfD. En Renania-Palatinado, perdió 60.000 votos, de los cuales 30.000 habrían ido a parar a la CDU, 10.000 a la AfD y casi 20.000 a la abstención. Lo que amenaza ahora al FDP es, sin duda, su desaparición.

Traducción de Miguel López

Los Verdes del actual jefe de Gobierno del estado federado de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, vencieron en los comicios celebrados este domingo en dicho estado alemán, seguidos de la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller alemán, Friedrich Merz, y con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) como tercera fuerza, que duplica sus resultados de las anteriores elecciones.

Los Verdes han obtenido el 32% de los votos, la CDU, el 29% y la AfD, el 17,5%, según la proyección de la televisión pública ARD al cierre de los colegios.

El Partido Socialdemócrata (SPD) cae a un mínimo histórico al recibir el 5,5% de apoyos, mientras que el Partido Liberal (FDP) y La Izquierda, con 4,5% de votos, respectivamente, podrían no lograr acceder a la cámara regional, según el sondeo realizado por Infratest dimap para ARD.

En tanto, las proyecciones de la segunda cadena de la televisión pública, ZDF, apuntan a un resultado más ajustado entre Los Verdes y la CDU, aunque los primeros se imponen, con el 31,5%, frente al 30,5% de los conservadores.

La AfD, por su parte, se convierte también según este sondeo, realizado por el instituto Forschungsgruppe Wahlen, en tercera fuerza, con el 18% de los apoyos, mientras el SPD obtiene el 5,5% y el FDP y La Izquierda, el 4,5% respectivamente.

En los comicios regionales celebrados en Baden-Württemberg hace cinco años, Los Verdes obtuvieron un resultado récord con un 32,6% de los votos, mientras que la CDU cayó a un mínimo histórico, con un 24,1%, y la AfD sumó el 9,7% de apoyos, todavía por detrás del SPD (11,0%) y el FDP (10,5%), y con La Izquierda (3,6%) que no logró acceder al parlamento.

El estado federado de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania y bastión tradicional de los conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y de Los Verdes, celebra este lunes unas elecciones regionales en las que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) puede tener un fuerte repunte tras una campaña basada en jugar con el miedo de muchos habitantes ante el deterioro de la situación económica.

Aunque las últimas encuestas apuntan a un duelo por el primer lugar entre la CDU -el partido del canciller Friedrich Merz- y Los Verdes, la AfD puede llegar a duplicar su resultado de 2021, cuando obtuvo el 9,7% de los votos, ya que los sondeos la dan a la formación ultraderechista valores cercanos al 20%.

La explicación que se le suele dar a los éxitos de AfD en el este de Alemania, basados en la frustración que viven muchos en regiones deprimidas del país, tiende a no funcionar en el caso del estado del suroeste alemán, uno de los más ricos del país.

No obstante, los motivos para que mucha gente en algunas regiones de Baden-Württemberg se inclinen parecen tener que ver con la economía.

Los dos años de recesión económica en Alemania, la pérdida de mercados para la exportación y cambios radicales causan temores en una región marcada por la industria -con empresas grandes, como Mercedes o Bosch, pero también medianas y pequeñas- donde los trabajadores habitualmente han tenido altos ingresos y una gran seguridad con respecto a sus puestos de trabajo.

"La situación en Baden-Württemberg es tensa. Se trata de una región en la que la producción industrial tiene una participación en el PIB más alta que en el promedio alemán y justamente en la industria hay muchos puestos de trabajo amenazados", dijo en una videoconferencia con la Asociación de la Prensa Extranjera (VAP) la jefa del sindicado IG Metal en la región, Barbara Resch.

Uno de los temas puntuales, en una región marcada por la industria automovilística, es el futuro del motor de combustión, un producto desarrollado en Baden-Württemberg con el que muchos trabajadores sienten una identificación.

"La AfD juega con los miedos de la gente y ofrece respuestas simplistas a problemas complejos. Hay por ejemplo una pancarta de AfD que dice: su coche votaría por nosotros. Con ello se insinúa que con ellos se mantendrá para siempre el motor de explosión. Eso no es así", dijo Resch.

A los temores que causa la amenaza que sufre el modelo económico alemán se agregan otros temores, relacionados con la guerra de Ucrania y con la inmigración. Incluso la llegada de refugiados ucranianos a la región ha causado molestias.

"La gente se molesta porque los ucranianos llegan y reciben de inmediato ayuda social, incluido el pago del arrendamiento mientras que hay otra gente que tiene dificultades tras haber trabajado años", dice una mujer de 60 años en la plaza de mercado de Donaueschingen, cerca de la fuente del Danubio.

La AfD, que ha explotado desde sus orígenes los temores causados por la inmigración islámica, saca provecho ahora también de la llegada de refugiados ucranianos y trata de ganar simpatías entre gente que rechaza la ayuda a Ucrania.

La defensa de la idea de la "remigración" -es decir, el regreso de todos los migrantes a sus países de origen- es algo que la AfD expone cada vez más abiertamente.

"Eso es algo que nunca tendrá mayoría en Alemania. Si llegara a tenerla sería el fin de nuestro modelo en donde mucha gente procedente de diversas naciones trabaja en fábricas, lo que aumenta la creatividad", dijo en otra videoconferencia la VAP el vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio de Stuttgart, Claus Pal.

Las encuestas apuntan a una continuación de la coalición actual entre Los Verdes y la CDU tras las elecciones del domingo, si bien queda abierta la pregunta de cual de los dos será el socio mayoritario.

El último sondeo de la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF) ve a los dos partidos empatados con el 28% de los votos.

Desde 2011, Los Verdes están a la cabeza del Gobierno en Baden-Württemberg cuando el actual primer ministro, Winfried Kretschmann, logró romper la hegemonía de la CDU que se había iniciado en 1953.

Durante buena parte de la campaña, todo apuntaba a que la CDU recuperaría el primer lugar.

Pero en las últimas encuestas ha habido un fuerte repunte de Los Verdes, impulsados en buena parte por la popularidad de su candidato a primer ministro, el exministro de Agricultura Cem Özdemir, y ahora todo apunta a un duelo cabeza a cabeza.

El silencio cómplice del canciller alemán durante el ataque de Donald Trump a España por no permitir el uso de las bases de Morón y Rota para bombardear Irán y la amenaza de suspender las relaciones comerciales, sumadas a las palabras posteriores de Friedrich Merz asegurando que “están intentando convencer a España para alcanzar el 3,5% [del PIB en gasto militar], acordado en la OTAN... España tiene que cumplir con ello”, inciden en la ya de por sí dañada unidad europea ante cualquier crisis internacional.

Francia, segunda potencia de la UE y el otro vértice del gran eje sobre el que pivota el proyecto comunitario, sí ha salido en apoyo de España y de la postura reafirmada este miércoles por el presidente Pedro Sánchez. Emmanuel Macron le telefoneó para “expresar la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica”. Los exabruptos de Trump generaron más apoyos de líderes comunitarios. El presidente del Consejo, Antonio Costa, confirmó también una conversación telefónica con el jefe del Ejecutivo porque “la UE siempre garantizará que los intereses de sus Estados miembros estén plenamente protegidos” a la vez que reafirmaba el “firme compromiso con los principios del derecho internacional y con el orden internacional basado en normas en todo el mundo”. 

En la Comisión Europea, el mismo día de los duros reproches de la Casa Blanca, el portavoz de Comercio declaraba que se solidarizaban “totalmente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos”, reafirmando a la vez que Bruselas “siempre garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea”, al tiempo que rechazaba un embargo individual a España debido al acuerdo arancelario firmado este verano entre la UE y los Estados Unidos. “Esperamos que EEUU cumpla sus compromisos en virtud de nuestra declaración conjunta”, añadió. Y el propio vicepresidente de la Comisión, Stéphane Sejourné, el hombre de Macron en Bruselas, recordó a Washington que “cualquier amenaza comercial dirigida contra un Estado miembro es por definición una amenaza contra la Unión Europea” y quiso ser “muy claro” en que las amenazas de Trump a España no eran sólo “una amenaza a un país en particular”.

Sin embargo, estas muestras de solidaridad contrastaron con el silencio de otros líderes de la Unión, en una evidencia de la división entre los 27 ante las crisis internacionales que rodean el continente, en este caso el incendio prendido en Irán por Estados Unidos e Israel que se extiende por Oriente Medio. Una división patente en las primeras reacciones a los ataques aéreos, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló de “acontecimientos” para referirse a su inicio militar y apostó por una “transición creíble en Irán” como “urgentemente necesaria”, mientras la Alta Representante Exterior, Kaja Kallas, pactó un comunicado con los 27 en un tono más moderado donde pedía “la máxima contención”.

Tras la reunión en la Casa Blanca, el canciller Merz debió enmendar ligeramente sus palabras sobre España ante la obviedad de que un socio europeo no puede ser sancionado individualmente a nivel comercial por un tercer país, aunque se trate de los Estados Unidos. “Llevamos a cabo las negociaciones con Estados Unidos de manera conjunta o no las llevamos a cabo en absoluto”, reconoció el alemán.

Berlín, pese a todo, no está liderando como principal potencia continental el debate ni la respuesta política de la UE. Merz no es la canciller Angela Merkel ni Gerhard Schröder que se opuso a la guerra de Irak junto al presidente Jacques Chirac. El actual Gobierno alemán todavía estudia si involucrarse en la defensa de Chipre, como ya han confirmando Francia o Grecia. Aviones de combate, fragatas y sistemas antiaéreos galos y helenos están siendo desplegados hacia la isla para frenar los misiles o drones de Irán, como el que explotó contra una base militar británica instalada allí. Lo que sí ha hecho Alemania es ofrecer a Estados Unidos su base en Ramstein para sus operaciones áreas contra Irán.

España, además de cerrar sus bases militares para la ofensiva, es el único socio comunitario que abiertamente ha criticado la guerra iniciada por los Estados Unidos e Israel contra Irán, abogando por una solución diplomática para frenar el programa nuclear de ese país y no por una militar. El 'No a la Guerra' declarado por el presidente Sánchez es una isla en la UE, aunque otros países tampoco se muestren favorables a la escalada bélica en Oriente Medio.

Theo Francken, ministro de Defensa del Gobierno de derechas de Bélgica, ha rechazado que su país vaya a ofrecer apoyo militar a la operación estadounidense e israelí, al tiempo que insistía en que “Ucrania sigue siendo la prioridad militar”. Bélgica sí ayudará a Chipre, como Estado de la UE, si necesita más medios para su defensa o a países como Jordania o Emiratos Árabes Unidos, bajo la premisa de que la ley internacional permite asistir a territorios agredidos.

Sin tampoco condenar la intervención militar, Irlanda es otro de los socios comunitarios que apuesta por una salida diplomática y no por avivar las ascuas bélicas en Oriente Medio. Su primer ministro prefiere “el multilateralismo, el orden internacional basado en reglas” y pidió “una desescalada del conflicto en Oriente Medio y particularmente en Irán”. La postura a favor de reducir el conflicto para evitar una proliferación regional es también compartida por pequeños países como Luxemburgo, Croacia o Eslovenia.

Fuera de las fronteras comunitarias, aunque todavía en el continente europeo, es otro aliado de Estados Unidos el que gestiona una situación compleja: Reino Unido. Los británicos suscribieron un comunicado con Francia y Alemania condenando “los ataques con misiles desproporcionados e indiscriminados lanzados por Irán contra varios países en la región”, porque la respuesta de la República Islámica iba contra “aquellos no inicialmente involucrados en las operaciones militares de Estados Unidos e Israel”, en una clara alusión a las bases norteamericanas en Oriente Medio. Londres, además de prometer junto a París y Berlín “tomar medidas para defender nuestros intereses”, se ofrecía a trabajar conjuntamente con los Estados Unidos. Sin embargo, el Gobierno del laborista Keir Starmer niega a Washington el uso de la base conjunta en la isla de Diego García en el Índico para bombardear Irán. Y por ello, el británico, igual que Sánchez, sufrió las críticas públicas de Trump desde el Despacho Oval.

La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán es ya totalmente regional después de que las defensas antiaéreas de la OTAN en Turquía destruyesen este miércoles un misil balístico iraní. Ankara no ha solicitado activar la cláusula de mutua defensa recogida en el artículo 5 del Tratado de la Alianza, pero en su territorio hay tropas y equipamiento militar de países como España protegiendo precisamente esa frontera. Los bombardeos de Washington y Tel Aviv y la respuesta de Teherán pueden arrastrar aún más a toda Europa hacia un conflicto no deseado.

Un hombre de 45 años y nacionalidad ucraniana ha sido detenido en la localidad alemana de Heinsberg como presunto autor del asesinato de Andréi Portnov, exasesor del expresidente de ese país Víktor Yanukóvich, tiroteado a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en mayo de 2025.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que el detenido llevaba tiempo identificado hasta que ahora se ha llevado a cabo el arresto.

Portnov fue tiroteado en la espalda y en la cabeza el 21 de mayo de 2025 tras dejar a sus hijos en el Colegio Americano, un crimen por el que la Policía buscó a tres personas implicadas, incluido el tirador, que efectuó al menos nueve disparos y huyó, según el número de casquillos encontrados en la zona.

La Policía Nacional ha informado en un comunicado de la detención del presunto autor material del asesinato, que según las investigaciones realizadas hasta el momento sería la persona que efectuó los disparos a las puertas del centro educativo.

La investigación, realizada por la Policía Nacional, sigue abierta. Hasta Alemania se han desplazado para efectuar este arresto agentes del Grupo V de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que ha contado con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de la BKA alemana.

Se han emitido una orden europea de detención y otra orden europea de investigación para proceder al registro del domicilio del detenido, según detalla la Policía. A cargo de la investigación judicial del caso, que está bajo secreto, está el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón.

Los investigadores buscaban desde mayo del año pasado a los responsables de la muerte de Portnov, de 52 años y sancionado por EEUU desde 2021 por influir en los tribunales y socavar las reformas en el sistema judicial ucraniano cuando era asesor jurídico del expresidente Víktor Yanukóvich (2010-2014).

La hipótesis de los agentes cuando sucedió este crimen es que el asesinato fue cometido por tres personas: por un lado, el tirador, y por otro, dos cómplices, que habrían facilitado la huida de las inmediaciones del centro educativo hacia la Casa de Campo de Madrid, una gran superficie arbórea que une la capital con Pozuelo de Alarcón.

Portnov fue acribillado hasta la muerte cuando iba a entrar en su vehículo, un Mercedes negro de alta gama, tras dejar a sus hijos en el colegio. Su cuerpo fue encontrado poco después por una persona que alertó a la Policía.

El exconsejero de Yanukóvich huyó de Ucrania junto con el propio expresidente prorruso en febrero de 2014 ante la presión de los manifestantes de la llamada revolución del Maidán, que durante meses protestaron en las calles contra la decisión de esa administración de no firmar el Acuerdo de Asociación con la UE.

Era considerado por muchos el arquitecto de las reformas judiciales de Yanukóvic y, al igual que su jefe y que otros altos funcionarios de esa administración, Portnov fue acusado de traición, pero a diferencia de los primeros nunca fue condenado en Ucrania, adonde regresó a vivir cuando el presidente Volodímir Zelenski ganó las elecciones en 2019.

Que el cine tiene que mantenerse al margen de la política. Eso se respondió en la presentación del jurado de la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín, cuando se les preguntó por la situación en Gaza. “Somos el contrapeso de la política”. Esas palabras llegaron hasta Arundathi Roy, la escritora india, y decidió no acudir a la presentación de la película In which annie give it those ones, una comedia sobre la vida de unos estudiantes universitarios de arquitectura, carrera que hizo Roy en Delhi, de cuyo guion es autora y que se estrenó en 1989. Roy respondió a la organización del festival que le resultaba asombroso cómo pretendían silenciar una conversación sobre lo que es un crimen de lesa humanidad que se desarrolla delante de nosotros en tiempo real. Lo cierto es que la Berlinale no ha tenido problemas para hacer política según tiempos y regiones. A ese silencio sobre Palestina también replicaron más de ochenta actores y actrices con una carta: “Estamos consternados por la implicación de la Berlinale en la censura de artistas que se oponen al genocidio en marcha de Israel contra los Palestinos en Gaza y al papel clave del Estado alemán en permitirlo”. Ah, Alemania. 

He leído en estos días las memorias de Arundathi Roy. Un libro escrito después de la muerte de su madre, Mary Roy. De él me llevo dos cosas. La primera, que parece que siempre escribamos para que nos quieran. A ella, a su madre, le dedicó aquella novela que se tradujo a cuarenta idiomas y ganó el premio Booker, El dios de las pequeñas cosas, y le agradeció en su dedicatoria que la criara, que le enseñara a pedir perdón antes de interrumpirla en público y su amor para dejarla marchar. Su hermano, en broma, le dijo que esa dedicatoria era la única ficción que había escrito en aquella novela. Y a ella le dedica también este otro libro, donde cuenta lo que le pasó en todo ese tiempo en que estuvo lejos de Mary sin contacto con ella, una mujer dura, violenta a veces, excéntrica e impulsiva que levantó sola una escuela en Kerala. Y lo cuenta porque su madre nunca se lo preguntó: cómo saliste adelante, cómo vivías, cómo conseguiste sacar tu título, cómo te hiciste escritora. Escribir para que te quiera tu madre parece una razón de peso para emprender cualquier libro.

Y la segunda es que Roy es una escritora comprometida con el tiempo en el que le ha tocado vivir. Y que se posiciona en ese mundo de una forma valiente. Porque le dio igual acabar con su cuerpo en la cárcel o terminar varias veces frente al Tribunal Supremo de India después de ser reconocida mundialmente por su literatura, cuando tomó conciencia de que era una mujer muy rica gracias a sus libros en un país muy pobre o cuando se puso en contra de las presas del río Narmada que desplazarían a miles de tribus indígenas de las montañas o cuando se fue a la selva de Dandakaranya con el Partido Comunista, donde se estaba librando una guerra sangrienta, o cuando acusó al Gobierno de su país de censura cuando se hablaba de Cachemira. 

Hace unos días, una profesora de literatura de la universidad les dijo a sus alumnos que el arte produce una conciencia ética. Porque antes de leer, antes de ver una película, no sabemos cosas que sabremos después y ese es el compromiso de quien escribe, pero también es el compromiso de quien lee. Qué hago con lo que he visto, qué hago con lo que ahora sé. La literatura no puede meterse en cajones simplistas que respondan a ideologías, los libros no opinan, pero sí contienen una mirada frente al mundo, sus coordenadas sitúan al creador en una posición. Incluso aquellos libros o películas que parecen no contarnos nada, lo dicen callando o cambiando la mirada de lugar. 

Wim Wenders, el director del festival de Berlín, dijo que, si se hacen películas intencionadamente políticas, entraremos en el terreno de la política. Pero cualquier creación es siempre política, que no tiene nada que ver con panfletaria, como sí lo es acatar el silencio o mirar hacia otra parte, y solo por eso –hay que asumirlo– nos querrán menos o nos querrán peor. Y no debería importar. Lo raro es quedarnos callados como estamos.

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), socio de la coalición de Gobierno liderada por el canciller Friedrich Merz, plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años, según un documento interno del que este lunes dan cuenta varios medios, como el diario Bild.

De acuerdo con la propuesta, impulsada por miembros del partido socialdemócrata, del grupo parlamentario y eurodiputados, los proveedores deberían impedir técnicamente el acceso a las plataformas en cuestión a los menores de 14 años, bajo pena de multa.

Para la franja de edad de entre 14 y 16 años se establecería una "versión juvenil" de la red social en cuestión, en la que sólo se podría crear un perfil a través de un proceso de verificación realizado por el tutor legal y que operaría con ciertas restricciones, sin contenidos personalizados y sin funciones diseñadas para incrementar la dependencia.

Además, de acuerdo con el diario Bild, el documento propone ir incluso un paso más allá y desactivar por defecto las recomendaciones en base a algoritmos que se muestran a los usuarios, también en las versiones de las redes sociales para adultos.

"Lo digo abiertamente, la autorregulación no funciona", dijo el primer ministro regional del estado federado occidental de Renania Palatinado, el socialdemócrata Alexander Schweitzer, a la televisión pública 'ARD'.

"No podemos prescindir de unas reglas y limitaciones claras, como las que propone el SPD", afirmó por su parte el domingo el vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, en unas declaraciones al semanario 'Der Spiegel'.

"La protección de los jóvenes ante la avalancha de odio y violencia en las redes sociales tiene máxima prioridad", aseguró.

Desde la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merz, por otro lado, se lanzaron el mes pasado peticiones para prohibir las redes sociales como Tiktok, Instagram o Facebook a los menores de 16 años.

La ministra de Familia, la democristiana Karin Prien, ya creó el año pasado una comisión para estudiar posibles vías legales para frenar el uso de redes por menores.

Está previsto que el tema vuelva a abordarse el próximo fin de semana en la conferencia que celebrará la CDU en la ciudad de Stuttgart, en el suroeste de Alemania.

El principal partido de la oposición, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), se ha manifestado por el contrario en contra de cualquier tipo de prohibición y calificó esta posibilidad de "errónea y peligrosa", en palabras de la colíder Alice Weidel.

Weidel afirmó que es tarea de los padres enseñar a sus hijos un uso responsable de las redes sociales y que esto es la forma más efectiva de afrontar el problema.

Varios gobiernos, como el español, ya se han movilizado ante el auge de las redes sociales. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras cuatro medidas para aumentar el control de las plataformas digitales.

El Gobierno británico quiere actuar "en meses y no años" para proteger a los niños de las redes sociales adictivas, dijo este lunes el primer ministro británico, Keir Starmer, tras anunciar que responderá para cerrar las lagunas legales a fin de proteger a los menores de edad cuando están en línea.

Las nuevas medidas anunciadas, que deben ser aún aprobadas por el Parlamento, incluyen actuar contra el contenido ilegal creado por Inteligencia Artificial (IA) y funciones específicas de las aplicaciones que son "perjudiciales para el bienestar de la infancia y que los mantienen enganchados a sus pantallas".

Durante una visita este lunes a un centro comunitario en Londres, Starmer dijo que el Gobierno quiere "actuar con mucha rapidez, no solo en cuanto a la edad, sino también en los dispositivos y aplicaciones que generan ese tipo de desplazamiento automático, esa sensación de estar pegado al dispositivo que te mantiene enganchado".

El líder laborista prometió que se dará prioridad a este asunto y que entiende la preocupación de los padres sobre el acceso de los menores a las redes sociales. "No creo que haya ningún padre en el país que no esté preocupado por esto, por cierto, de verdad que no. Como Gobierno, debemos estar a la altura de los padres, brindándoles liderazgo y apoyo en lo que respecta a las redes sociales, y lo haremos ahora". Avanzó que se hará una consulta pública sobre la prohibición de las redes a los menores de 16 años, algo que "empezará muy pronto".

La ministra británica de Tecnología, Liz Kendall, declaró este lunes a la BBC que, si bien consideraba esencial una consulta adecuada, el gobierno debería poder actuar con rapidez una vez tomada una decisión. Entre los nuevos elementos de las propuestas incluyen una medida que exige a los gigantes tecnológicos que conserven todos los datos del teléfono de un niño en caso de fallecimiento.

Esto responde, por ejemplo, al caso del hijo de la británica Ellen Roome, Jools, que murió a los 14 años de edad en 2022 cuando al parecer intentaba un reto en internet que salió mal, pero nunca se ha podido acceder a sus datos para demostrarlo. Ellen Roome sostiene firmemente que su hijo murió accidentalmente mientras participaba en el llamado desafío del apagón (blackout challenge), un reto viral de redes sociales que consiste en aguantar la respiración hasta desmayarse.

El Partido Conservador, primero de la oposición británica, ha adoptado una postura dura sobre este asunto al exigir una prohibición total inmediata para los menores de 16 años de las redes sociales.

La reciente cumbre bilateral entre Italia y Alemania, protagonizada por Giorgia Meloni y Friedrich Merz en Roma, no puede leerse como un mero gesto diplomático de rutina. Se trata, más bien, de un movimiento estratégico de alto calado que apunta a la construcción de un nuevo eje de poder en el corazón de la Unión Europea, el eje Roma—Berlín. Un eje que aspira a redefinir el liderazgo europeo en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la erosión del multilateralismo, la crisis del orden liberal y la progresiva militarización del proyecto europeo.

El encuentro se produce en un momento particularmente sensible para la UE. Francia, tradicional pilar del liderazgo comunitario junto a Alemania, atraviesa una fase de debilidad política interna, con un presidente desgastado, un sistema partidista fragmentado y una creciente contestación social. Este vacío relativo de París abre una ventana de oportunidad para que Roma y Berlín traten de ocupar el centro del tablero europeo, reconfigurando los equilibrios tradicionales del eje franco-alemán que ha estructurado la integración desde los años cincuenta.

En este contexto, Meloni y Merz comparten una visión sorprendentemente convergente, una Europa más dura, más securitaria, más militarizada y, sobre todo, más orientada a la lógica del poder. Ambos dirigentes defienden una UE capaz de desempeñar su propio papel en el mundo, una fórmula aparentemente neutral que, en realidad, remite a una concepción geopolítica clásica, la Unión como actor estratégico autónomo, dotado de capacidades militares, industriales y energéticas suficientes para competir en un entorno internacional crecientemente hostil.

La noción de autonomía estratégica, que durante años fue patrimonio casi exclusivo del discurso francés, ha sido plenamente asumida tanto por Alemania como por Italia. Sin embargo, su reinterpretación actual dista mucho de la versión original. Ya no se trata de reforzar la soberanía europea para proteger el modelo social, la democracia o el Estado de bienestar, sino de construir una autonomía basada en la industria de defensa, la seguridad energética y la integración de los complejos industriales estratégicos.

Uno de los ejes centrales del acercamiento entre Roma y Berlín es precisamente la integración de sus sectores armamentísticos, energéticos e industriales. Alemania es ya el primer productor de armas de la UE y uno de los principales exportadores a nivel mundial. Italia, por su parte, cuenta con un poderoso complejo militar—industrial encabezado por empresas como Leonardo, con fuerte presencia en aeronáutica, ciberseguridad y sistemas de defensa. La convergencia entre ambos países abre la puerta a la consolidación de un auténtico polo militar europeo, capaz de competir con los gigantes estadounidenses y de abastecer tanto al mercado interno como a terceros países.

Este proceso no es neutral. Supone una transformación profunda de la lógica del proyecto europeo, que pasa de ser un espacio de integración económica y cooperación política a convertirse progresivamente en una plataforma de poder duro. La guerra en Ucrania y, especialmente, la llegada de Trump al poder, ha actuado como catalizador de esta mutación, aumento masivo del gasto militar, normalización del lenguaje bélico y subordinación de las políticas económicas, energéticas y tecnológicas a imperativos de seguridad.

En paralelo, la cooperación entre los aparatos de seguridad, inteligencia, policía y control fronterizo, se ha convertido en otro pilar del eje Roma—Berlín. Bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado o las amenazas híbridas, se está produciendo una creciente armonización de sistemas de vigilancia, intercambio de datos y coordinación operativa. La securitización de la política europea avanza de forma silenciosa pero constante, desplazando el eje del poder hacia estructuras opacas, tecnocráticas y difícilmente controlables por los parlamentos nacionales.

La política migratoria constituye, en este sentido, uno de los terrenos donde esta convergencia resulta más evidente. Italia, tradicional puerta de entrada al Mediterráneo, ha hecho de la externalización del control migratorio uno de los ejes centrales de su agenda. Alemania, tras el giro restrictivo de los últimos años, ha abandonado definitivamente la retórica de la acogida y se alinea cada vez más con una visión punitiva, basada en la disuasión, la deportación y la cooperación con regímenes autoritarios.

El eje Roma—Berlín impulsa una política migratoria que refuerza la Europa fortaleza, acuerdos con terceros países para contener flujos, criminalización de las ONG de rescate, expansión de Frontex y normalización de prácticas contrarias al derecho internacional. La migración deja de ser una cuestión humanitaria o social para convertirse en un problema de seguridad, gestionado por ministerios del Interior, fuerzas policiales y agencias de inteligencia.

Todo ello se inscribe en una lógica más amplia, la transformación de la UE en un actor geopolítico clásico, organizado en torno al liderazgo, la jerarquía y la capacidad coercitiva. Frente al ideal originario de una Europa post—nacional, basada en el derecho, el consenso y la interdependencia, emerge una Europa del poder, del interés estratégico y de la competencia entre bloques.

En este escenario, el papel de España adquiere una relevancia específica como posible actor de contrapeso. Madrid, tradicionalmente alineada con una visión más multilateral, menos militarizada y más orientada a la cooperación euromediterránea, podría desempeñar una función moderadora frente al endurecimiento securitario impulsado por el eje Roma—Berlín. Su apuesta por el fortalecimiento de la política exterior común, el énfasis en la dimensión social de la integración y su defensa, al menos discursiva, de una política migratoria basada en la corresponsabilidad y los derechos humanos, con la reciente puesta en marcha de una regularización extraordinaria de inmigrantes, la sitúan en una posición potencialmente diferenciada.

España cuenta, además, con una ventaja estructural, su centralidad en el eje sur de la UE y su capacidad para articular alianzas con países como Portugal, Grecia o incluso con sectores de la propia Francia, en torno a una agenda menos centrada en el poder duro y más en la gobernanza, la cohesión territorial y la estabilidad regional. En un contexto de reconfiguración de liderazgos, Madrid podría intentar impulsar una tercera vía, ni subordinación al nuevo núcleo militarizado ni repliegue nacional, sino una Europa más equilibrada entre seguridad, democracia y cooperación, y más autónoma de EEUU.

No obstante, la capacidad real de España para ejercer ese papel dependerá de su voluntad política y de su margen de autonomía frente a las dinámicas dominantes. El aumento del gasto militar, la integración en los proyectos industriales de defensa y la presión para alinearse con las estrategias de contención migratoria muestran que también Madrid se mueve en un terreno de ambigüedad, oscilando entre la retórica del contrapeso y la lógica de la adaptación.

La alianza entre Meloni y Merz no es simplemente una cooperación bilateral más. Es el síntoma de una mutación profunda de la Unión Europea, de espacio de paz a actor militar, de proyecto normativo a potencia geopolítica, de integración solidaria a liderazgo jerárquico. El eje Roma—Berlín aspira a dirigir esta transición, aprovechando el vacío francés y la fragmentación del resto de socios.

La pregunta clave es si esta Europa del poder será capaz de sostenerse sin sacrificar aquello que, precisamente, la hacía distinta, su apuesta por el derecho, la democracia, los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos. Porque en su carrera por desempeñar su propio papel en el mundo, la UE corre el riesgo de convertirse en una potencia más, indistinguible de aquellas a las que dice querer contrarrestar.

_____________________

Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

La Policía alemana registró este miércoles las oficinas del Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín por sospechar de blanqueo de dinero, un día antes de que el banco alemán presente el balance de 2025.

La Fiscalía de Fráncfort informó de que se acusa a responsables y empleados desconocidos, anteriormente informó de ello el semanario Spiegel. Un portavoz de Deutsche Bank confirmó a EFE el registro de las oficinas de Deutsche Bank y dijo que cooperan completamente con la Fiscalía.

"Confirmamos que actualmente se implementa en las oficinas de Deutsche Bank una medida de la Fiscalía de Fráncfort", según el portavoz del banco alemán, que rehusó dar más información.

Las acciones de Deutsche Bank caían un 3%, hasta 32,48 euros, en la Bolsa de Fráncfort, tras la noticia de la investigación de la Fiscalía y la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt).

En concreto, la investigación se centra en antiguas relaciones comerciales del Deutsche Bank con empresas extranjeras de las que se sospecha que han sido creadas para blanquear dinero y que son propiedad del oligarca ruso Roman Abramovic, según Spiegel. Abramovic está desde primavera de 2022 en la lista de sanciones de la Unión Europea.

Unos 30 policías vestidos de civil registraron las oficinas de la sede central de Deutsche Bank poco después de la 10 de la mañana para incautarse de pruebas, añade el semanario.

El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este jueves en Davos que nada detendrá la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al tiempo que lamentó que la Eurocámara haya puesto un nuevo obstáculo al decidir llevarlo a la justicia europea, según informa EFE.

El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo entre UE y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones.

Friedrich Merz afirmó que el preacuerdo alcanzado sobre Groenlandia "es el camino adecuado" para superar la crisis provocada por el deseo anexionista del presidente de EEUU., Donald Trump, sobre el territorio autónomo danés.

"Es una buena noticia que estemos avanzando en la dirección adecuada. Doy la bienvenida a los comentarios del presidente Trump de anoche. Este es el camino adecuado. Es el camino adecuado, porque cualquier amenaza de adquirir territorio europeo por la fuerza sería inaceptable", dijo en su primer discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos después de asumir su cargo en mayo pasado.

El preacuerdo forjado la víspera entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, incluye la retirada de la amenaza de nuevos aranceles, la renegociación del acuerdo de estacionamiento de tropas estadounidenses en Groenlandia que data de 1951 para incluir una cláusula sobre la Cúpula Dorada", el escudo antimisiles que el mandatario quiere crear, el control de EEUU sobre inversiones en la isla ártica y el compromiso de los aliados europeos de hacer más para la seguridad en la región ártica, según Der Spiegel.

Merz recalcó que "nuevos aranceles también socavarían los cimientos de las relaciones transatlánticas", por lo que aseguró que, si Trump no cumpliese su palabra de anoche de que no impondrá nuevos aranceles a partir del 1 de febrero a los ocho países europeos que enviaron soldados a Groenlandia, "la respuesta de Europa sería unida, tranquila, mesurada y firme".

El canciller alemán dijo compartir la convicción de Trump de que los aliados europeos en la OTAN "debemos hacer más para asegurar el Alto Norte dentro del marco de la Alianza", porque "este es un interés transatlántico común".

"Alemania está haciendo precisamente eso. Lo estamos haciendo dentro del marco de la OTAN, y haremos más", prometió el jefe de Gobierno, que reveló que habló en los últimos días con Trump, la primera ministra danesa, Mette Fredriksen, y con Rutte, entre otros líderes, para acordar "una cooperación más estrecha entre aliados en el Alto Norte y más allá".

El líder conservador alemán aseguró que los vecinos y socios en Europa del país centroeuropeo, pueden contar con que Berlín protegerá "a Dinamarca, Groenlandia y el Alto Norte de la amenaza que representa Rusia", uno de los argumentos esgrimidos, junto con la supuesta presencia de barcos chinos en torno a la isla ártica, por Trump para asegurar que, en aras de la seguridad nacional de EEU, necesita hacerse con el territorio autónomo danés.

Pero también indicó que Alemania defenderá los principios en los que se basa la asociación transatlántica, a saber, "la soberanía y la integridad territorial". "Apoyamos las conversaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos sobre la base de estos principios", afirmó Merz.

"A medida que avanzamos, nos guía una brújula clara: primero, en la nueva era de las grandes potencias, Europa debe mantenerse unida con determinación y soberanía. Y segundo, no debemos renunciar a la OTAN", enfatizó.

El canciller alemán señaló que en un nuevo mundo cuyo antiguo orden "se está desmoronando a una velocidad vertiginosa y que experimenta "cambios tectónicos" con "implicaciones más profundas para nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestra prosperidad", Europa debe "enfrentar las duras realidades y trazar nuestro rumbo con un realismo claro y lúcido".

Merz señaló que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha sido hasta ahora la expresión más drástica, pero el cambio es mucho más profundo, ya que "China, con visión estratégica, se ha abierto camino hasta las filas de las grandes potencias, y la posición dominante global de Estados Unidos "está siendo desafiada, y Washington reacciona reformulando radicalmente su política exterior y de seguridad".

"Hemos entrado en una época de política entre grandes potencias", que "se está construyendo sobre el poder, sobre la fuerza y, cuando llega el momento, sobre el uso de la fuerza", añadió. "No es un lugar acogedor", dijo, pero "no tenemos que aceptar esta nueva realidad como un destino inevitable", insistió.

"Tenemos una elección. Podemos moldear el futuro", afirmó Merz, quien dijo que el poder de Europa actualmente descansa en tres pilares: su seguridad, la competitividad y su unidad.

En opinión de Merz, el Viejo Continente debe "invertir masivamente" en su capacidad de defenderse y lo está haciendo, y debe "hacer rápidamente que nuestras economías sean competitivas", algo que también se está haciendo, recalcó. Por último, dijo, "debemos permanecer más unidos entre los europeos y entre socios afines".

"Así que recordemos que nuestra mayor fortaleza sigue siendo la capacidad de construir asociaciones y alianzas entre iguales, basadas en la confianza mutua y el respeto", subrayó. Merz recordó que, después de 1945, fue precisamente EEUU el que inspiró a los alemanes a adoptar esta lógica y sobre esta base, la OTAN se convirtió en la alianza más fuerte de la historia. "Por eso seguimos defendiendo esta idea hoy", enfatizó.

Los expertos en el servicio público de radiodifusión siempre citan dos maneras de acabar con los medios de comunicación de todos. La corta, que apela directamente a su cierre o a su privatización, y la larga, que pasa por someterlos a un férreo control político. En España, al menos hasta ahora, la ultraderecha de Vox —y la derecha extrema del PP— apuestan por la segunda. En Alemania, Francia y el Reino Unido, en cambio, la hoja de ruta es la primera. Pero todas tienen puntos en común que revelan el objetivo del extremismo reaccionario en el viejo continente, a menudo con la vista puesta en los pasos que ya ha dado Donald Trump en Estados Unidos en nombre de la misma ideología.

La ofensiva de Alternativa para Alemania (AfD), liderada por Alice Weidel, contra los medios públicos no es un ajuste técnico ni una discusión presupuestaria: es una estrategia política de desmantelamiento de uno de los principales contrapoderes institucionales del país.

De cara a las elecciones federales del año pasado, el partido ultra presentó la reestructuración radical del sistema de radiodifusión pública —ARD, ZDF y Deutschlandradio— como un objetivo prioritario de su programa, con una propuesta que combinaba recorte estructural, redefinición ideológica y vaciamiento de la función social del servicio público.

El eje central de su plan, que sigue en vigor, a la espera de una oportunidad de hacerlo realidad desde el Gobierno federal, es la abolición total del canon obligatorio por hogar —18,36 euros mensuales— que financia actualmente el sistema.

La AfD lo denomina “GEZ-Zwangsabgabe”, una “tasa coercitiva” que, según su relato, obliga a los ciudadanos a sostener una “ideología unilateral” contraria a la cultura tradicional alemana. No se trata solo de una crítica al modelo de financiación, sino de una impugnación explícita del principio mismo de servicio público universal, concebido como garante del pluralismo y la cohesión democrática.

En sustitución del sistema actual, la AfD propone la creación del llamado Grundfunk, un “servicio básico mínimo” que reduciría drásticamente el alcance, la ambición y la presencia social de los medios públicos en Alemania.

La programación quedaría limitada a noticias, contenidos culturales y emisiones regionales, eliminando por completo el entretenimiento de alto presupuesto y las retransmisiones deportivas.

Además, el plan incluye una fuerte reducción —cuando no supresión— de las plataformas digitales y los servicios bajo demanda, justo en un momento en que el consumo informativo se desplaza aceleradamente hacia el entorno digital.

Este adelgazamiento no es solo funcional, sino simbólico: el objetivo declarado es transformar un sistema universal en un proveedor de nicho, con una huella mínima en la conciencia nacional.

Un cambio que debilitaría la capacidad de los medios públicos para fijar agenda, llegar a públicos diversos y actuar como espacio común de referencia informativa.

El marco ideológico que da sentido a la reforma es la Leitkultur alemana, un concepto que la AfD utiliza para contraponer la “cultura tradicional” a lo que denomina valores progresistas, “woke” o de izquierdas, que considera dominantes en la programación actual.

En la práctica, esto supone sustituir el mandato de pluralismo y diversidad por una “diversidad de opinión” alineada con sus propios valores identitarios. El pluralismo deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en una noción condicionada ideológicamente.

La propuesta del Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen para los medios públicos franceses supone un salto cualitativo respecto a otras estrategias de control o presión política: no plantea reformar el sistema, sino desmantelarlo mediante su privatización total.

El plan, defendido públicamente por el presidente del partido, Jordan Bardella, apunta a una reestructuración profunda tanto en términos fiscales como ideológicos, con el objetivo declarado de reducir el gasto público y, de forma menos explícita, alterar el equilibrio del ecosistema mediático francés.

La iniciativa se articula en torno a una privatización gradual de los principales medios públicos nacionales, incluidos los canales y emisoras que integran France Télévisions.

Según Bardella, la venta de estas redes permitiría generar un ahorro estimado de 3.000 millones de euros anuales para el Estado, aunque el proceso no se llevaría a cabo de manera inmediata, sino de forma progresiva. El argumento económico funciona aquí como palanca de legitimación de una operación que, en realidad, tiene consecuencias estructurales sobre el acceso universal a la información.

Uno de los elementos más reveladores del plan es la distinción entre medios nacionales e internacionales. El RN propone privatizar los canales de mayor audiencia y presencia en la vida cotidiana de los ciudadanos —France 2, France 3 y France Info—, mientras que plantea mantener bajo control estatal aquellos medios vinculados a la proyección exterior de Francia.

En este segundo grupo se incluyen France 24, Radio France Internationale (RFI), el canal Arte —por su estatus derivado de un tratado con Alemania— y los medios destinados a los territorios de ultramar.

Esta separación no es técnica, sino política. El RN asume que los medios públicos son prescindibles como servicio interno, pero indispensables como herramienta de influencia internacional y diplomática.

El pluralismo informativo doméstico se considera un coste; el soft power, una inversión estratégica. El resultado es una concepción instrumental del servicio público, reducido a su utilidad geopolítica.

Siguiendo la pauta de la AfD en Alemania, el RN sostiene que los medios públicos se han convertido en espacios dominados por ideologías “progresistas”, “woke” o de izquierda, hostiles a su proyecto político.

Desde esa premisa, la privatización se presenta como una forma de “liberar” las ondas y favorecer una mayor pluralidad. Sin embargo, el efecto previsible no es la neutralidad, sino el traslado del poder informativo al mercado, donde la lógica comercial sustituye al mandato de servicio público y la diversidad depende de la rentabilidad.

El contexto financiero refuerza la fragilidad del sistema. La eliminación del canon televisivo en 2022 dejó a los medios públicos franceses dependientes de un mecanismo de financiación basado en una parte del IVA, cuya vigencia expira en 2025.

Esta incertidumbre presupuestaria actúa como acelerador político: el RN aprovecha la debilidad estructural para presentar la privatización como una salida “realista” a un problema creado, en parte, por decisiones previas de política fiscal.

En el Reino Unido, la estrategia de Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage, hacia la BBC no se plantea tampoco como una reforma puntual ni como una modernización del servicio público, sino como un desmantelamiento deliberado de su modelo fundacional.

En su manifiesto electoral de 2024, Our Contract with You, Farage traza una hoja de ruta destinada a forzar a la corporación a abandonar su estatus de institución nacional protegida y a competir en el mercado como un operador comercial más, privado y condicionado por la lógica de la suscripción.

El eje central de la propuesta es la abolición total del canon televisivo, una licencia anual obligatoria de 174,50 libras para cualquier hogar que consuma televisión en directo. En sintonía con la AfD, Reform UK justifica esta eliminación no solo en términos económicos, sino ideológicos, acusando a la BBC de estar “institucionalmente sesgada”.

El canon, que históricamente ha garantizado la independencia financiera de la corporación frente al Gobierno y el mercado, es presentado como un privilegio injustificado que debe desaparecer.

En sustitución de la financiación pública, el partido propone transformar la BBC en una plataforma basada en suscripciones voluntarias. Este cambio obligaría a la radiotelevisión pública a competir directamente con gigantes del entretenimiento global como Netflix o Disney+, desplazando su lógica de funcionamiento desde el servicio universal hacia la captación de clientes.

El acceso a la información dejaría de ser un derecho vinculado a la ciudadanía para convertirse en un producto condicionado por la capacidad de pago.

Este viraje económico iría acompañado de una reducción drástica del mandato editorial. Reform UK plantea que la BBC abandone la programación de entretenimiento, artes y contenidos culturales para centrarse exclusivamente en noticias e información.

En la práctica, esto supondría amputar una parte sustancial de su función social y cultural, y eliminar aquellos contenidos que históricamente han contribuido a construir un espacio común de referencia para la sociedad británica.

El componente ideológico del plan aparece de forma explícita en su apuesta por un enfoque editorial “patriótico”. Bajo una administración alineada con Reform UK, la noción de imparcialidad —pilar histórico de la BBC— sería sustituida por una orientación que priorice una narrativa nacional alineada con los valores del partido.

El que ya ha pasado de la teoría a la práctica es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, líder oficioso y modelo a seguir de los ultras europeos. Durante el primer año de su segunda administración ha impulsado una reconfiguración agresiva del ecosistema mediático público que responde, en gran medida, a las directrices del denominado Proyecto 2025: concentrar poder en el Ejecutivo y neutralizar lo que el Gobierno define como “sesgo ideológico” en las instituciones informativas.

Las primeras medidas ejecutadas apuntaron al núcleo del sistema federal de medios internacionales. En marzo de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14238, que ordenaba el desmantelamiento de las funciones “no estatutarias” de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), responsable de supervisar redes como Voice of America (VOA) o Radio Free Asia. Más de 1.300 empleados fueron enviados a licencia administrativa, se cerraron transmisores y se suspendieron subvenciones.

El caso de VOA resultó especialmente simbólico: su señal informativa fue sustituida temporalmente por contenidos de One America Network (OAN), una cadena comercial abiertamente alineada con Trump.

La ofensiva continuó en el ámbito doméstico. En julio de 2025, el presidente firmó una ley de rescisión presupuestaria que canceló 1.100 millones de dólares destinados a la Corporación para la Difusión Pública (CPB) para los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

Aunque NPR y PBS son formalmente entidades privadas, dependen de la CPB para canalizar fondos a más de 1.500 emisoras locales. El impacto ha sido inmediato y desigual: una de cada cinco estaciones de NPR se enfrenta al cierre, especialmente en áreas rurales donde la financiación federal cubría entre el 50 % y el 70 % de los presupuestos operativos.

El resultado es un proceso de liquidación financiera y captura ideológica del modelo de medios públicos estadounidense. Un sistema concebido para garantizar información accesible y plural está siendo sustituido por un entramado fragmentado, debilitado o directamente subordinado al poder ejecutivo.

En España, a diferencia de Alternativa para Alemania (AfD), Vox no ha formulado un proyecto programático tan sistematizado y explícito para los medios públicos. Sin embargo, lo ocurrido allí donde el partido de Santiago Abascal ha tenido ocasión de gobernar, en particular en las comunidades autónomas en las que compartió tareas ejecutivas con el PP, identifica un patrón de comportamiento que ofrece una pista clara sobre su concepción del papel de los entes públicos de comunicación.

Uno de los ejes fundamentales de esta estrategia es la alteración de las reglas de control institucional. Vox —y el PP— ha impulsado o respaldado reformas legales en varias comunidades autónomas destinadas a rebajar los umbrales de votación necesarios para nombrar a los órganos directivos de las radiotelevisiones públicas. El paso de mayorías cualificadas —habitualmente de dos tercios— a mayorías simples elimina la necesidad de acuerdos amplios con la oposición y permite que el Gobierno de turno imponga sus nombramientos sin contrapesos. El consenso, concebido como garantía de independencia, es sustituido por la lógica de la mayoría coyuntural —algo que, por otra parte, también ha impulsado el Gobierno de España con el apoyo de sus socios en el Congreso para saltarse los vetos del PP a la hora de hacer nombramientos en RTVE—.

A partir de ese cambio estructural, se ha llevado a cabo una segunda fase centrada en la reconfiguración interna de los medios. En diferentes territorios se han llevado a cabo remodelaciones en las redacciones que han derivado en la marginación de periodistas críticos y en una presión editorial orientada a suavizar la cobertura informativa de las administraciones conservadoras.

o se trata necesariamente de censura explícita, sino de un clima de disciplina profesional que altera el ejercicio cotidiano del periodismo.

Estas dinámicas han tenido consecuencias medibles. Organismos de vigilancia internacional, como State Media Monitor, han degradado a varios entes autonómicos a la categoría de “Bajo control estatal”. El diagnóstico es sencillo: la interferencia política ha aumentado hasta el punto de convertir a medios concebidos como servicios públicos en instrumentos dóciles frente al poder político.

Vox, igual que sus homólogos de otros países, justifica este conjunto de intervenciones bajo la premisa de que los medios públicos están “capturados” por ideologías de izquierda o separatistas. Desde ese diagnóstico, plantea la necesidad de un “reset” ideológico que alinee la programación con lo que considera valores nacionales.

Las propuestas impulsadas por partidos de extrema derecha para reformar o desmantelar los medios públicos chocan frontalmente con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado para reforzar la independencia editorial, la transparencia y el pluralismo informativo en los Estados miembros.

Lejos de ser un debate ideológico abstracto, muchas de estas iniciativas vulneran de forma directa varios de los principios jurídicamente vinculantes que establece la EMFA, especialmente en lo relativo a la independencia de los medios de servicio público.

En diciembre de 1995 aconteció en Estados Unidos el principio del fin de la guerra bosnia. La firma de los Acuerdos de Dayton permitió que finalizase el violento conflicto que durante los últimos tres años había asediado al país -y especialmente a su capital, Sarajevo- durante el desmembramiento de la Antigua Yugoslavia. Sin embargo, treinta años después de aquel tratado, y pese a la gran cobertura internacional que tuvo, Bosnia y Herzegovina sigue sin ser un país independizado.  

Tras los acuerdos, se integraron en la nación balcánica dos entidades políticas muy diferentes entre sí: la República Srpska (o República Serbia de Bosnia) y la Federación de Bosnia y Herzegovina. Los territorios, enfrentados durante la guerra, no vivieron ningún proceso de estabilización ni reconciliación, sino que fueron unidos “a la fuerza” en el país americano. Por tanto, la tensión sigue protagonizando la vida social y política bosnia, lo que se traduce en una inestabilidad que imposibilita el crecimiento del país.

Además, debido a estos acuerdos, Bosnia no elige a su máxima autoridad política, sino que esta tarea está a cargo de la Unión Europea desde 1995. La figura del Alto Representante Internacional tiene, entre sus amplias competencias, lo que se conoce como “poderes de Bonn”, esto es imponer y modificar leyes o despedir a cargos elegidos sin necesidad de contar con el visto bueno de la población o del Gobierno de la nación. “Es un agente extranjero al frente de un país, impuesto por la comunidad internacional, que no responde ante ningún poder democrático. No tiene que rendir cuentas ante nadie.”, asegura el periodista e historiador Sergio Rabinal. 

Rabinal, experto en la Antigua Yugoslavia, cuenta a infoLibre que todos los tutores que ha tenido el país han sido alemanes o austríacos. El actual, el conservador alemán Christian Schmidt, “ha generado una crisis política y legal con la República Srpska por su uso de los poderes de Bonn”. El pasado mes, el vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Comercio Exterior y Relaciones Económicas del país balcánico, Staša Košarac, envió a Schmidt un casco de las SS nazis junto a una carta titulada Carta al ocupante. El “regalo” rezaba: "Es hora de que te marches de este país al que nunca debiste haber venido", firmaba Košarac, vinculado a la parte serbia. Esta parte del país ha mostrado su rechazo a la presencia extranjera desde su imposición treinta años atrás. 

La República Srpska, que se autodenomina Estado independiente y que lleva años luchando por serlo de manera legal, ha sido incapaz de conseguirlo por la negativa de la máxima autoridad alemana. 

Lo que parecería una buena solución para finalizar con estas tensiones políticas, y que permitiría cumplir la función principal de “implementar la paz y la estabilidad” de este máximo cargo, choca con los intereses económicos que la UE, y especialmente Alemania, tiene en el territorio.  “A Alemania, como una potencia postindustrial, le interesan las minas. Sobre todo las explotaciones de litio. Y aquí está la clave, estas supuestas explotaciones están en la zona serbia, la zona de la República Srpska”, asegura Rabinal.

Además, el negocio del sector automovilístico también está en juego. La débil economía bosnia basa la mayoría de sus exportaciones en productos como chasis, carrocerías, motores, asientos, etc. para Alemania, país que lidera el puesto de venta de coches en Europa por su popularizada calidad. Los aranceles que el país de la UE impone para este tipo de productos es del 0%, mientras que para frutas, verduras y otros alimentos llega a ser del 15%.

Pese a su importante aportación al mundo automovilístico, la capital del país es una de las ciudades más contaminadas del mundo por el uso de coches antiguos y los recursos como la quema de carbón o madera para soportar el frío invierno. "Nadie está tomando medidas", aseguraba una vecina, entrevistada por el medio Euronews, y advertía de los graves problemas de salud que provoca en el país. En 2024, el país tutorizado por la UE ocupó el puesto 91 de 196 en el ranking de PIB per cápita, lo que indica un nivel de pobreza considerable.

El país balcánico, sobre todo la subdivisión de la Federación de Bosnia y Herzegovina, está alineado, sin embargo, con los intereses de la UE y lleva años solicitando su anexión a la misma. Desde la invasión rusa de Ucrania ha aumentado esa demanda por el miedo a su vecina Serbia y a la propia República Srpska, antiguos enemigos durante la guerra y posicionados políticamente con China y Rusia. La UE, por su parte, sigue denegando el acceso al país, aunque en 2024 rebajó sus exigencias de entrada. “Es más una motivación política que un proyecto”, asegura Rabinal. 

Bosnia es parte de la llamada “ruta de los Balcanes Occidentales”, una de las principales rutas migratorias para personas que intentan llegar a Europa. Su frontera con Croacia, miembro de la UE, provoca que la escalada de violencia contra las personas migrantes para impedir su entrada sea alentada desde Bruselas, con la presencia de agencias propias como Frontex, una empresa de “seguridad fronteriza” conocida por vulnerar con frecuencia los derechos humanos. 

Las organizaciones humanitarias en el terreno han documentado “devoluciones en caliente, violencia física y sexual, encarcelamiento, robo e intimidación” o incluso “psicotrópicos en las comidas en los centros de internamiento”, tal y como publicó El Salto. Una de ellas es el movimiento No Name Kitchen, que trabaja exclusivamente en las zonas fronterizas de los Balcanes y el Mediterráneo, brindando ayuda humanitaria a refugiados frente a los abusos cometidos indirectamente desde las instituciones. Los testimonios que recogen son abundantes.

El país americano no solo sirvió de anfitrión para la firma de los Acuerdos de Dayton, sino que su influencia continúa presente junto a la de la Unión Europea en las decisiones políticas del país balcánico. 

En 2024, el entonces presidente de la República Srpska Milorad Dodik anunció que comenzaría los trabajos para redactar un acuerdo de desvinculación pacífica para integrar el territorio en la vecina Serbia. La respuesta internacional fue rápida. Estados Unidos comunicó: "Es una acción peligrosa, irresponsable y anti-Dayton, que pone en riesgo la integridad territorial, la soberanía y el carácter multiétnico de Bosnia y Herzegovina. Estos son intereses clave de Estados Unidos. Estados Unidos los defenderá y protegerá, entre otras cosas, pidiendo cuentas a quienes los exponen a riesgos". Dodik fue sentenciado a un año de prisión y a seis de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por desacato al alto representante.

La propuesta del entonces presidente respondía a una petición generalizada del autodenominado Estado independiente, que, con ideología ultranacionalista serbia, también está alineada geopolíticamente con China y Rusia. Este hecho es uno de los principales intereses que tiene la UE, y por extensión, EEUU, para incorporar a Bosnia en los 27. “El principal interés que puede tener la UE en incorporar a Bosnia puede ser avanzar posiciones geográficas e intentar limitar la posible influencia que pueda tener Rusia”, afirma Rabinal.

El experto asegura que otra de las imposiciones de los Acuerdos de Dayton es la posibilidad que tiene la OTAN de intervenir militarmente el país, usando su “fuerza de estabilización” si no se cumplen estos acuerdos: “Es una anomalía gigantesca dentro del buen funcionamiento democrático de un país treinta años después de que haya terminado el conflicto”, concluye Rabinal.

El Tribunal Federal Administrativo de Alemania revocó este viernes la prohibición del grupo neonazi Hammerskins Alemania, decretada hace dos años por el Ministerio del Interior, bajo el Gobierno del entonces canciller Olaf Scholz, al considerarla contraria a derecho por cuestiones de forma, según informa EFE.

En 2023, el Ministerio del Interior, que estaba en manos de la socialdemócrata Nancy Faeser, ilegalizó las subsecciones regionales de la organización, cuyos fondos fueron confiscados, con el argumento de que tanto los objetivos como las actividades de un supuesto colectivo existente a nivel federal se dirigían en contra del orden constitucional.

En concreto, según el ministerio, Hammerskins Alemania hacía gala de una ideología de extrema derecha centrada en la protección de la "raza blanca aria" y la lucha contra un supuesto "reemplazo de población".

No obstante, tal y como informó hoy el Tribunal en un comunicado, no se puede establecer que exista una organización suprarregional sólida llamada Hammerskins Alemania que diera instrucciones vinculantes a las diferentes ramas regionales.

"Sólo una integración de este tipo en una organización conjunta, tal y como la asume el Ministerio del Interior, justificaría la clasificación de las subsecciones como organizaciones parciales y con ello su inclusión en la prohibición sin examinar las razones de la prohibición a nivel de las subsecciones", explicó el Tribunal.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que en el futuro el Estado central o los estados federados puedan prohibir subsecciones de forma individual, si determinan razones suficientes para ello.

Pese a la prohibición, los seguidores alemanes de los Hammerskins habían seguido activos y participando en encuentros con otros extremistas europeos, según la asociación investigativa alemana Exif, que en noviembre documentó la reunión de un centenar de Hammerskins europeos en Milán.

La organización alemana surgió en 1992 y está considerada a su vez una filial de Hammerskin Nation, fundada en Texas en 1988 y responsable del asesinato de varias personas afroamericanas y migrantes.

La apuesta de Alemania por el rearme prosigue tras la reinstauración del servicio militar. El país germano ha batido un nuevo récord de gasto en defensa en 2025 con una inversión total de 83.000 millones de euros, después de que este miércoles la Comisión Presupuestaria del Bundestag o Cámara Baja diese luz verde a adquisiciones por valor de más de 50.000 millones de euros, según ha informado EFE.

"Es un nuevo récord. Esto no es un fin en sí mismo, pero señaliza el giro político (que se ha dado)", declaró el ministro de Defensa, Boris Pistorius, en una comparecencia en Berlín.

Según explicó, la Comisión Presupuestaria ha aprobado este año un total de 103 proyectos de adquisición con un valor total de 83.000 millones de euros. "Son inversiones enormes, somos conscientes de ello, pero son necesarias", argumentó.

Pistorius reiteró la necesidad de equipar y armar mejor a las Fuerzas Armadas o Bundeswehr, con el objetivo de garantizar la seguridad de Alemania a través del fortalecimiento de las capacidades de defensa y disuasión.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa resaltó que se trata del tercer año consecutivo en el que se baten récords y que la suma de los tres últimos años, 188.400 millones de euros, es más alta que la de todo el periodo de 2015 a 2022, cuando se gastaron 109.000 millones de euros.

En concreto, el paquete por valor de 50.000 millones de euros aprobado este miércoles incluye una treintena de adquisiciones, entre ellas de proyectiles y otros componentes para diferentes tipos de sistemas antiaéreos como los Patriot, Arrow e IRIS-T, de vehículos blindados Puma, y de un sistema de radar satelital SPOCK.

También se adquirirán sistemas de armamento y otros componentes para los cazas Eurofighter, obuses, torpedos para submarinos, así como prendas y equipos personales para el total de 460.000 efectivos a los que está previsto ampliar la Bundeswehr en los próximos años y para 80.000 empleados civiles.

A principios de diciembre, el Bundestag aprobó la vuelta del servicio militar en el país. Esta medida establece que el servicio es de carácter voluntario, pero obliga al alistamiento a todos los varones de 18 años. En caso de que el número de voluntarios no fuera suficiente para cubrir las necesidades de defensa, será imperativo el prestar servicio.

De esta manera, se pretende incrementar las cifras de soldados en activo: de 183.000 a 255.000. En el año 2035, se espera llegar a los 270.000. También está previsto que se añadan hasta 200.000 reservistas.

Todos los jóvenes varones deberán cumplimentar un formulario sobre motivación y aptitud. Sin embargo, la obligatoriedad no se extiende a las mujeres, ya que el deber defensa de la Constitución alemana fue redactado en género masculino, por lo que sería necesaria una reforma constitucional para incluirlas.

El regreso del servicio militar en Alemania lleva fraguándose un tiempo. Ya en verano de 2024, el ministro de Defensa Boris Pistorius anunciaba un plan para establecer el servicio de forma "selectiva". El pasado agosto, el Consejo de Ministros alemán sentó las bases para esta medida a través de un proyecto que tuvo que ser debatido en el Bundestag. Finalmente, este mes de diciembre se aprobó el servicio en las Fuerzas Armadas de Alemania.

El Gobierno alemán convocó este viernes al embajador ruso, Serguéi Necháyev, después de que los servicios secretos alemanes hayan atribuido claramente la responsabilidad de Rusia en un ciberataque contra el control del tráfico aéreo alemán en 2024 y una campaña de desinformación en las fechas previas a los comicios generales de febrero pasado, según informa EFE.

El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró en Jerusalén que, "como país en guerra" y como "Estado democrático gobernado por un Estado de Derecho", Israel "debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones militares".

Durante una rueda de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Merz mostró su firme apoyo a Israel, pero añadió que las acciones del Gobierno israelí durante la guerra de Gaza pusieron a Alemania "ante un dilema".

"Ante el inmenso sufrimiento que padece la población civil de Gaza, tuvimos que mostrar nuestro apoyo. Gracias a la mediación del presidente (Donald) Trump, ahora tenemos un alto el fuego", dijo para añadir que ahora "una paz duradera es posible".

Merz afirmó rotundo que "no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania", y abundó en que no se puede producir "ninguna medida formal, política, estructural o de otro tipo que equivalga a una anexión".

Las palabras de Merz se producen después de que el parlamento israelí votara a favor el pasado octubre, en una lectura preliminar, de una propuesta para anexionar la Cisjordania ocupada, una medida condenada con dureza por varios países y también por la aliada Administración estadounidense y su presidente, Donald Trump.

Preguntado en la rueda de prensa por el aviso de Merz, Netanyahu indicó que el 'statu quo' en Cisjordania "no ha cambiado" y que Israel sigue controlando su seguridad.

"Por eso no hay un estallido de terrorismo desde Judea y Samaria (término bíblico al que el Gobierno israelí se refiere para hablar de Cisjordania), ni desde las zonas palestinas", afirmó el primer ministro.

Y añadió que "ese principio se mantendrá en el futuro previsible" y que "no tiene nada que ver con la cuestión de la anexión política, que sigue siendo tema de debate".

Respecto a un futuro Estado Palestino (compuesto por Cisjordania y la Franja de Gaza), Merz dijo que Alemania trabaja para que el Estado de Israel sea reconocido y aceptado en Oriente Medio, pero añadió que su país cree asimismo "firmemente" en la solución de dos estados -palestino e israelí-.

"Una solución de dos estados solo puede lograrse mediante negociaciones, y será el resultado de estas negociaciones, pero estas negociaciones son necesarias ahora mismo", explicó.

Según Merz, su gobierno mantiene que "el reconocimiento de un Estado Palestino solo puede ser el final, no el comienzo, de dicho proceso", razón por la cual Alemania, dijo, no lo reconoció en la Asamblea de la ONU de septiembre, al contrario que varios países que sí dieron ese paso, entre ellos, el vecino Francia.

El canciller se refirió asimismo a las reformas que se ha comprometido a acometer la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en Cisjordania ocupada, de cara a su papel en el gobierno de Gaza y en un futuro Estado Palestino.

"Hay mucho que criticar sobre esta autoridad, y con razón. Yo mismo la critico", dijo para recordar que, "ahora que hay indicios de reforma", se debe apoyar a la ANP, lo que él mismo hizo en una llamada ayer con su presidente, Mahmud Abás.

Los territorios palestinos no cuentan actualmente con continuidad territorial, y mientras en Gaza gobernaba la rama política de Hamás, en Cisjordania permanece la ANP.

Si bien en la mayor parte de esta zona (la denominada Área C que equivale al 60 % del territorio) Israel posee tanto control militar como civil desde los Acuerdos de Oslo de 1993.

Además, existen cientos de puestos de control militares israelíes a lo largo de toda Cisjordania, y un sistema de permisos que no permite el libre movimiento de los palestinos entre ciudades, prohibiendo a muchos la entrada a Jerusalén (entre otras urbes).

La peste porcina africana (PPA) ha llevado a los países de la Unión Europea (UE) afectados a imponer estrictas medidas para contener la enfermedad, que aún así ya ha supuesto el sacrificio de miles de cerdos y pérdidas millonarias para el sector, según informa EFE.

La legislación comunitaria establece la aplicación de medidas de control y vigilancia en caso de brotes de la PPA, actualmente presente en trece países de la UE. Esta es la situación en la mayoría de ellos: 

La peste porcina africana es endémica en Polonia desde 2014, donde la población de jabalíes (con miles de positivos cada año) es considerada la principal causa de infección. 

En 2025, se han confirmado 18 focos en granjas porcinas, lo que ha llevado al sacrificio de casi 8.000 animales, con los casos más graves detectados en el norte y el este.

Para cada foco detectado las autoridades polacas implementan un estricto protocolo que incluye el sacrificio y la eliminación de todos los animales de la granja afectada, restricciones al movimiento de ganado y vigilancia de vehículos de transporte y productos en la zona.

En el último año, han aumentado los veterinarios destinados a paliar el problema, que ha provocado más de 5.000 millones de euros en pérdidas en la última década y ha frenado las exportaciones, además de causar el cierre del 80% de las explotaciones porcinas desde 2013 y el aumento del precio local de la carne de porcino.

La PPA llegó a Alemania en 2020, cuando se registró el primer caso en un jabalí en Brandeburgo (este). Entre 2021 y 2023 hubo, además, brotes en granjas de cerdos domésticos, con algunos casos aislados en 2024.

En lo que va de año, no se ha detectado ninguna infección en explotaciones porcinas, pero sí 1.948 nuevos casos en jabalíes, según el Instituto Friedrich Loeffler de sanidad animal, que da la "máxima prioridad" a la lucha contra el virus.  

Más allá de algunos brotes cerca de la frontera con Polonia, una buena parte se concentra al sur de Fráncfort (suroeste).

Aparte de la búsqueda intensiva de cadáveres de jabalíes, se insta a los cazadores, personal forestal y agricultores a informar de los hallazgos de animales muertos y de cualquier otra anomalía. 

Entretanto, las explotaciones porcinas deben recurrir a un máximo de medidas de bioseguridad y se recomienda a su personal no viajar a zonas afectadas por la peste porcina.

Desde 2022, Italia ha detectado 580 focos (casi siempre de jabalíes), la mayoría ya extintos y sobre todo en regiones del norte como Emilia-Romagna, Lombardía, Liguria, Toscana o Piamonte, actualmente sujetas a restricciones.

El Gobierno sigue con atención la evolución del virus y cuenta desde 2022 con un comisario especial para la PPA, el veterinario Giovanni Filippini, y con un plan extraordinario para su erradicación coordinado con la UE.

Este programa prevé la contención de las poblaciones de jabalíes salvajes, también con la creación de barreras territoriales; la organización de zonas de control y el sacrificio de los animales enfermos, unos 117.000 desde 2022, según estiman medios especializados.

En este tiempo Italia ha logrado erradicar la PPA en las explotaciones de regiones como la isla de Cerdeña, por donde la enfermedad entró al país en 1978; así como en Basilicata, Calabria (sur) y las inmediaciones de Roma, según el Ministerio de Salud.

En cuanto a su impacto en el sector ganadero, las granjas porcinas están a la baja: en 2024 los cerdos eran 7,82 millones, un 14,7% menos respecto a 2023, según la Asociación de Productores de Carnes y Embutidos (Assica).

Por el contrario, la exportación porcina ha crecido: los embutidos vendidos al exterior fueron un 13% más que en 2023 y los animales vivos o su carne fresca o congelada aumentaron un 3%.

Desde 2022, algunos países como China, Japón, México, Perú, Indonesia, Malasia o Uruguay han bloqueado la importación de esta carne italiana, causando un daño estimado en más de 600 millones de euros al sector, según Assica. 

Las autoridades checas han confirmado la "situación favorable de la enfermedad", después de confirmarse el último caso de contagio en agosto pasado en un jabalí salvaje cazado en el norte del país, donde se mantienen medidas de control. Desde entonces, no ha habido más focos de contagio.

En Eslovaquia se confirmó en mayo un foco de contagio en una granja de 18.000 cerdos al sureste del país y todos ellos fueron sacrificados.

Ante los focos de los países vecinos, se mantiene la zona de restricción en doce provincias orientales del país, donde se seguirán aplicando medidas de bioseguridad en los terrenos de caza, las granjas de cerdos domésticos y el seguimiento de todos los jabalíes muertos y capturados.

Entre el 1 de enero y el 27 de noviembre de 2025 se confirmaron 453 nuevos brotes de peste porcina africana y actualmente hay 47 brotes activos.

Los inspectores han realizado 28.405 controles en explotaciones ganaderas y han impuesto 2.700 sanciones por diversas infracciones de normas sanitarias.

Rumanía sigue siendo un foco de la enfermedad, con un 66% de todos los brotes registrados en la UE en 2024, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA).

Se han detectado casos en 53 explotaciones ganaderas en los condados de Osijek-Baranja y Vukovar-Sirmia, donde se han contabilizado 372 jabalíes con la enfermedad.

Las autoridades afirman que Croacia continúa aplicando estrictas medidas de control según la normativa de la UE; solo en pasado septiembre se sacrificaron unos 10.000 cerdos.

Desde la aparición de la enfermedad en 2023 hasta octubre de 2025, los sacrificios han sumado 55.000 animales, el 5% de la cabaña porcina.

Según la Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria, en 2025 se ha detectado la presencia de la peste porcina en 852 jabalíes, el último a mediados de noviembre, pero no en cerdos de granja.

Las zonas más afectadas están en el norte, cerca de la frontera con Eslovaquia; y en el este, próximas a Rumanía y Ucrania.

Casi un tercio del territorio del país ha sido declarado como "zona infectada", mientras que el resto se mantiene como área de riesgo medio o alto.

Hasta el pasado 3 de noviembre se han identificado 409 brotes de peste en jabalíes en Bulgaria.

La semana pasada, el ministro de Agricultura, Rumen Porozhanov, declaró que no hay brotes activos y que la valla instalada a lo largo de la frontera con Rumanía impide la entrada de jabalíes potencialmente contagiados de ese país.

La peste porcina africana está presente en Letonia desde 2014. El brote más reciente de la enfermedad ocurrió a principios de septiembre, afectando a una gran granja porcina y provocando la destrucción de alrededor de 23.000 cerdos.

El miembro de la junta de la Asociación Letona de Productores de Cerdos (LCAA), Dzintra Lejniece, ha explicado que el impacto económico en los criadores de cerdos ha sido "enorme".

Una delegación ucraniana y representantes de EE.UU., así como representantes de los principales países europeos mantendrán mañana en la ciudad suiza de Ginebra consultas sobre un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de Rusia, dijo este sábado el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Ahora habrá consultas adicionales del grupo 'E3' (Alemania, Francia y el Reino Unido) y otros representantes de la Unión Europea (UE)", dijo Merz a los medios tras participar en la cumbre del G20 en Johannesburgo.

Explicó que "los asesores de política exterior están ahora de camino a Ginebra, donde mañana, a lo largo del día, habrá nuevas consultas con representantes del Gobierno estadounidense y con representantes de Ucrania".

Merz quiso subrayar "de forma muy clara" que "naturalmente solo puede haber un fin de la guerra si existe un consentimiento pleno por parte de Ucrania".

"Las guerras no pueden terminarse por las grandes potencias pasando por encima de las cabezas de los países afectados, sino que esta es una guerra que solo puede terminarse con el consentimiento de Ucrania y también con nuestro consentimiento, el consentimiento europeo", enfatizó.

"Porque es una guerra en el continente europeo y, según cómo termine esta guerra, tendrá consecuencias para la seguridad de Europa", añadió.

El canciller alemán advirtió de que "si Ucrania pierde esta guerra y posiblemente colapsa, ello tendrá consecuencias para toda la política europea, para todo el continente europeo".

Merz recordó que la víspera por la noche mantuvo una larga conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien dejó clara esta postura.

"Le recordé una vez más cómo actuó Rusia con respecto al Memorando de Budapest" de 1994, cuando Ucrania renunció a su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad que no pudieron prevenir ni la anexión rusa de la península de Crimea, ni el conflicto en el Donbás, ni la guerra a gran escala que comenzó hace casi cuatro años.

"Ucrania renunció entonces a un gran arsenal de armas, entre ellas armas nucleares, y a cambio recibió la promesa de Rusia de aceptar de forma permanente la integridad territorial del país. Rusia no cumplió esa promesa y por eso ahora deben darse otras garantías de seguridad", insistió el canciller de la mayor economía europea.

Merz señaló que deben alcanzarse "otros acuerdos, adoptarse acuerdos fiables", y los europeos y alemanes "estamos preparados para participar en este proceso" de negociación.

En su opinión, "en este momento existe una oportunidad de poner fin a esta guerra", si bien "aún estamos bastante lejos de un buen resultado común", advirtió.

La iglesia de Santo Tomás de Leipzig vivió este lunes la interpretación, por primera vez desde hace 320 años, de dos piezas para órgano que, tras una investigación que ha tardado tres décadas, han podido ser atribuidas a Johann Sebastian Bach, informa EFE.

"Estoy un 99.99% seguro de Bach fue quien compuso estas obras", dijo el director musical del Archivo Bach de Leipzig, Peter Wollny. A continuación, el titular de Cultura del Gobierno alemán, Wolfram Weimer, calificó el momento del estreno de las dos obras de como una "hora estelar para el mundo de la música".

Se trata de dos chaconas, una forma musical basada en variaciones de las que Bach cultivó con cierta frecuencia.

Wollny se interesó por las dos piezas ya en 1992 cuando, en el marco de su trabajo de doctorado, revisó manuscritos y partituras de Bach en la Biblioteca Real de Bruselas y se encontró con piezas del siglo XVII que provenían de Turingia (este de Alemania) y planteo la hipótesis de que al menos dos de ellas eran transcripciones de composiciones del autor de Los Conciertos de Brandemburgo y La Pasión según San Mateo.

A lo largo de los años, Wollny recabó indicios que le permitieran probar la autoría de Bach. La prueba reina fue al final la identificación del transcriptor que había sido Salomon Günther John, un discípulo de Bach. "Podemos decir con absoluta seguridad de que las transcripciones son de Salomo Günther John", dijo el investigador.

Además, las piezas tienen elementos que suelen encontrarse en la obra de Bach y que no se dan en ningún otro compositor de la época. Por ello, las obras han pasado a ser parte del índice de las obras de Bach catalogadas como "BWV 1178" y "BWV 1179".

Después de que Wollny y Weimer presentaran las obras en conferencia de prensa fueron interpretadas por el organista Ton Koopmann, presidente del Archivo Bach. La presentación se hizo en el marco de las celebraciones por los 75 años de existencia del archivo.