El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha detectado otro nuevo caso de peste porcina africana (PPA) en un jabalí hallado en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), fuera de la zona cero de 6 kilómetros alrededor del primer caso.

En una rueda de prensa, el conseller catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha informado de que la detección del nuevo caso obliga a ampliar a 16 los municipios en la zona considerada de alto riesgo, con la inclusión de Sant Feliu de Llobregat y de una pequeña parte de Barcelona.

El brote de Peste Porcina Africana (PPA), que comenzó a finales de noviembre en el término municipal de Cerdanyola de Vallès (comarca del Vallès Occidental), solo se había detectado en jabalíes del radio de 6 km hasta el pasado 13 de febrero. Fue entonces cuando el Ministerio de Agricultura comunicó los dos primeros casos fuera de esta zona: dos cadáveres de jabalí hallados en una urbanización de Molins de Rei, en la comarca del Baix Llobregat.

En la nueva actualización del Ministerio de Agricultura de este martes figuran 7 nuevos casos, de los cuales uno fuera de la zona cero, en concreto en Sant Feliu de Llobregat.

Si bien Ordeig ha admitido que no querían encontrar jabalíes contagiados fuera de los 6 km del radio, ha señalado que la "buena noticia" es que sigue estando dentro del perímetro de bajo riesgo establecido en los 20 km del primer foco y que "no hay ninguna granja afectada" por al PPA. Ordeig ha dicho que seguirán con la misma estrategia de control del virus pero que entrarán en "una nueva fase" que consistirá en la reducción "drástica y urgente" de jabalíes en el perímetro de los 20 km.

Con este nuevo caso, ascienden a 31 los focos notificados hasta la fecha, que incluyen un total de 162 jabalíes positivos en siete municipios: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat.

El virus se mantiene dentro de la zona vallada perimetralmente para evitar la diseminación de la enfermedad hacia el exterior, y en el caso particular del municipio de Sant Feliu de Llobregat consiste en un doble vallado instalado siguiendo el recorrido de la autopista A2 y de la línea del AVE. Además, se han analizado otros 1.112 casos que han resultado negativos, de los cuales 661 corresponden a animales capturados y 451 se han investigado por vigilancia pasiva (cadáveres enteros o restos hallados en el medio natural o animales con sintomatología abatidos) en la zona infectada y sus alrededores.

Por otro lado, se está trabajando con la Comisión Europea para establecer un nuevo sistema de zonificación que será sometido a votación en el próximo Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentación y Piensos el 19 y 20 de febrero en Bruselas.

Esto permitirá el comienzo de los movimientos de cerdos domésticos y jabalíes y de sus productos desde estas zonas, cumpliendo estrictas medidas de bioseguridad y vigilancia que garanticen su completa seguridad de acuerdo con lo estipulado en la normativa comunitaria.

Por lo demás, siguen las labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes y actividades para la reducción de su población en la zona infectada.

También se continúa trabajando en las medidas de aislamiento y priorizando el control de corredores de uso de jabalíes, que se van adaptando a la evolución de la situación epidemiológica.

Los vallados instalados se han establecido para cubrir más de 180 puntos de paso y en los que se han instalado otros tipos de barreras para evitar que los jabalíes entren o salgan de la zona, permitiendo el paso de vehículos y personas.

En cuanto a las actuaciones en granjas y otros establecimientos de porcino, los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen sus controles en las 57 explotaciones localizadas en la zona infectada, sin haberse detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas.

Por tanto, se mantiene un alto nivel de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino y en poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de España, ha detallado el ministerio.

El pasado 28 de noviembre de 2025 se confirmó la detección de un brote de peste porcina africana en Cataluña, lo que supuso la primera notificación del virus en España desde noviembre de 1994. Como consecuencia, España ha perdido temporalmente el estatus de país libre de la enfermedad que mantenía desde hace treinta años.

Acaba de publicarse el informe inicial sobre los pormenores del brote, realizado por el Comité Científico Asesor del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En él se analizan las posibles causas de la entrada del virus, su evolución y las medidas a adoptar para su contención.

Dicho informe es preliminar y no permite conocer con certeza el origen del patógeno, pero sí documenta la caracterización molecular y sugiere algunas conclusiones que permiten responder a preguntas tan interesantes como si el virus de la peste porcina africana (VPPA) detectado en noviembre se originó por una liberación accidental desde un centro de investigación.

En el informe se describe la caracterización genética del virus detectado en jabalíes en Cataluña en noviembre 2025. Como su genoma es de gran tamaño (alrededor de 170 genes) y presenta una alta homogeneidad, se aplicó el esquema de caracterización de la Unión Europea. Este consiste en un análisis escalonado (distintos niveles) que permite aumentar progresivamente la resolución genética para responder a preguntas epidemiológicas complejas.

La primera pregunta es a qué genotipo corresponde el virus (nivel 1). La clasificación global se basa en el análisis parcial de un gen concreto: el B646L, que codifica para la proteína p72. Con esta técnica se han descrito hasta 24 genotipos distintos del VPPA.

Pues bien, el virus que ha llegado a España fue clasificado dentro del genotipo II, el mismo que lleva años circulando por Europa desde que salió de Georgia en 2007. Esto no sorprendió a los investigadores porque es el único presente en la actualidad en el continente. Pero ese dato no es suficiente para dilucidar si procede de Italia, Europa del Este o de otro lugar. Es como saber que alguien pertenece a una familia muy grande, pero ignorar exactamente de qué rama familiar es.

Para afinar más, se realizó un segundo análisis de seis pequeñas regiones genéticas distintas (nivel 2) buscando pequeñas diferencias (mutaciones). Esto permite distinguir hasta 28 subgrupos dentro del genotipo II. El virus español tenía casi el mismo perfil que la cepa de referencia Georgia 2007/1 salvo por una pequeña mutación nunca antes descrita en la región intergénica 9R/10R. Por eso, el aislamiento español corresponde a un nuevo subgrupo genético del genotipo II: el grupo 29.

Para alcanzar la máxima resolución genética, el siguiente paso (nivel 3) supone ya la secuenciación completa del genoma del virus, como si se leyera el libro completo y no solo algunos capítulos. Al compararlo con la cepa de referencia, el genoma del virus español era más corto, presentaba una gran deleción (de unos 10 000 nucleótidos, las “letras” del código genético) en la región izquierda del genoma, entre las posiciones 10 264–20 087.

En otras palabras, el genoma del virus español ha perdido un fragmento grande de su ADN que implica la supresión de al menos 21 genes. Esos genes no son imprescindibles para que el virus se multiplique, pero sí podrían influir en cómo interactúa con el sistema inmune y en su comportamiento biológico.

Además, se identificaron 18 mutaciones puntuales o SNP (siglas de Single Nucleotide Polymorphism) y 13 inserciones y deleciones cortas distribuidas a lo largo de todo el genoma. Esto sugiere que este virus presenta una firma genómica propia y es una variante genéticamente diferenciada del resto de VPPA conocidos hasta ahora.

Por último, se comparó la secuencia del genoma del virus español con 81 muestras (12 aislados virales históricos de las cepas Georgia 2007 y Armenia 2007 y 69 muestras clínicas procedentes de infecciones experimentales) del laboratorio de investigación IRTA-CREsA, cercano al lugar donde se detectó el brote de la enfermedad en jabalíes en noviembre de 2025.

Los análisis realizados por organismos independientes y mediante metodologías complementarias demostraron que ninguna de las muestras analizadas presentaba la gran deleción de unos 10.000 nucleótidos observada en el virus de campo. Además, tampoco compartían el conjunto de mutaciones distintivas del aislado español.

En todas las muestras, las secuencias obtenidas eran iguales a las cepas de referencia (Georgia 2007 o Armenia 2007) y no presentaban evidencia de haber adquirido ninguna de las deleciones o mutaciones encontradas en la firma genómica del virus detectado en Cataluña en noviembre de 2025.

Según el informe, estos resultados demuestran que el virus causante del brote de peste porcina africana en Cataluña es genéticamente diferente de los virus en el laboratorio del IRTA-CREsA y, por tanto, no se originó por una liberación accidental desde el centro de investigación.

Hasta 2025 se ha notificado la presencia del VPPA en 25 países europeos y solo Bélgica y Suecia han conseguido erradicar el virus de su territorio. Uno de los mayores problemas que existe para los estudios epidemiológicos es que en muchos países del continente no constan datos de la caracterización genética del VPPA, lo que limita mucho la interpretación de su distribución real.

Por ejemplo, en países como Hungría, Serbia, Ucrania, Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Lituania o Polonia no hay datos relevantes o son muy limitados de la circulación, dispersión y caracterización el VPPA. Por tanto, el patógeno aislado en Cataluña en noviembre de 2025 podría ser realmente nuevo… o podría existir en algún país donde no se hayan secuenciado suficientes virus.

En pocas palabras: no se sabe. Aunque en el informe se discuten varias posibilidades (introducción deliberada del virus desde focos activos europeos o que fuera transportado por actividades humanas), la hipótesis más probable sigue siendo la llegada accidental mediante residuos o restos de alimentos contaminados, la llamada “hipótesis del bocadillo”. El virus es muy resistente en materia orgánica y a bajas temperaturas, y así ha entrado en Europa en otras ocasiones.

El informe es preliminar y demuestra que es necesario continuar con la vigilancia epidemiológica, la caracterización molecular y la gestión integrada de la fauna silvestre para proteger las explotaciones porcinas y minimizar el impacto sanitario y socioeconómico.

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Ignacio López-Goñi es catedrático de microbiología y miembro de la Sociedad Española de Microbiología (SEM) de la Universidad de Navarra. Esta artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leerlo aquí.

Unos 2.500 agricultores y 367 tractores protestan este miércoles desde la Plaza de Colón de Madrid en la convocatoria de Unión de Uniones y de Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) para mostrar su rechazo contra el acuerdo entre la UE y Mercosur y los recortes de la Política Agrícola Común (PAC), según informa EFE.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de Madrid han detallado que, a las 11.00 horas, las cinco columnas de la tractorada habían pasado a la demarcación de la Policía Nacional con un total de 367 tractores.

Así, por la ruta sur han entrado 82 tractores, 73 desde Castilla-La Mancha, 100 desde Castilla y León, 56 por el norte y 37 por el Levante.

La protesta, que tendrá réplicas en diferentes puntos de España, ha conseguido reunir a 1.500 manifestantes en Madrid, de acuerdo a los datos oficiales de la Delegación del Gobierno.

Prevé recorrer el eje Recoletos-Prado hasta llegar a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Atocha, donde los convocantes leerán varios comunicados con sus reivindicaciones.

Entre ellas, rechazan los términos en los que se ha firmado el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, denuncian el problema del relevo generacional y se oponen también al recorte de fondos previstos para la próxima PAC.

Unión de Uniones ya organizó hace dos años una tractorada similar en el centro de la capital española y la acción de este miércoles se suma a las que está protagonizando el sector desde principios de año en distintos puntos del país, organizadas por las distintas organizaciones agrarias.

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha reiterado este miércoles que el acuerdo comercial con el Mercosur "no es un buen acuerdo" porque se compite sin igualdad y de forma desleal, además, ha criticado que los partidos políticos "lo están permitiendo".

"Nos jugamos mucho (...) y ¡ojito!, hago un llamamiento a los consumidores. Hoy sabemos que si compramos un filete, ese filete es sano, se puede comer. A partir del año que viene, si se firma este acuerdo, ese filete de ternera podrá estar hormonado", ha alertado.

Cortés expresado también su rechazo a las cláusulas de salvaguardas aprobadas este martes por el Parlamento Europeo y ha puesto el ejemplo de otras que ya están en vigor y que, a su juicio, no se cumplen, como el caso del arroz.

Ha aprovechado para recordar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el incumplimiento del acuerdo firmado con la organización.

Para el presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, el acuerdo de Mercosur es la "puntilla" que va a acabar con el sector primario y que, a parte de afectar al campo, también tendrá un impacto en los ciudadanos: "Les va a afectar directamente", ha avisado.

Con esta concentración, el campo busca "concienciar" y dar "un grito alto" a todos los ciudadanos que pasarán "a consumir productos de peor calidad", ha advertido, debido a una "pérdida" de soberanía alimentaria y de "libertad" a la hora de elegir productos.

En la misma línea que Cortés, el presidente de Unaspi ha rechazado las cláusulas de salvaguarda porque "no se van a cumplir" y supondrán "una ruina total" para sectores como los cítricos y otros como el vitivinícola y el aceite.

"Hoy es un día importante, la gente está respondiendo adecuadamente", ha celebrado, a la vez que ha adelantado que su idea es "seguir presionando" para defender el medio rural, el sector primario y "que los ciudadanos puedan comer alimentos de calidad".

El año pasado entraron cada día una media de 12.500 toneladas de frutas y verduras a España de grandes vendedores como Marruecos, Perú, Costa Rica o Brasil. Estos países, además de tener una mano de obra más barata y tierras a precio de saldo, pueden utilizar pesticidas prohibidos dentro de la Unión Europea y vender su cosecha a los Veintisiete siempre que el residuo que dejen en los alimentos no supere un límite.

Este agujero legal es una de las grandes quejas de los agricultores europeos porque según ellos rompe las reglas de juego. Un análisis reciente al que ha accedido infoLibre demuestra este problema en el sector del plátano. El estudio, de 2025, analiza 42 muestras de bananas procedentes de América Latina y África, en las que ha encontrado siete sustancias cuyo uso es ilegal en las plataneras españolas, pero que terminan en los supermercados con las bananas que cruzan la frontera.

En concreto, el análisis detecta restos de bifentrina, boscalida, fenpropidina, espirotetramat, fenpropimorfo, fludioxonil y miclobutanil, sustancias que sirven de base para pesticidas y que no están autorizadas en España. Las bananas estudiadas procedían de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Camerún y Ghana.

Que estas sustancias estén prohibidas en España no significa que todas ellas sean peligrosas para la salud o el medioambiente. Tres de ellas sí tienen su uso autorizado en la Unión Europea, pero cada país tiene que evaluarlas individualmente y dar un permiso específico para emplearlas en cada cultivo, y España no lo ha hecho. Las otras cuatro sustancias detectadas por los análisis sí están prohibidas en la UE (la bifentrina, el espirotetramat, el fenpropimorfo y el miclobutanil) por su riesgo en la manipulación.

En todo caso, las bananas analizadas son legales porque las más de 40 muestras que se han evaluado tienen concentraciones que entran dentro de los llamados Límites Máximos de Residuo (LMR), una horquilla establecida por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para casi 70 sustancias prohibidas que permite su comercialización dentro de Europa.

Por ejemplo, la bifentrina, un insecticida, tiene un LMR de 0,1 miligramos por kilo de producto, y en el análisis se han detectado en las bananas importadas cantidades de entre 0,01 y 0,069 mg/kg, es decir, está dentro de la legalidad.

Los pesticidas garantizan que los cultivos no sufran plagas de hongos, insectos o malas hierbas que destruyan la cosecha, pero tras décadas de investigación, la Organización Mundial de la Salud y la EFSA han detectado que muchas de ellas son tóxicas. Para decretar su peligrosidad se evalúa su efecto en los agricultores que las manipulan, en la salud de los consumidores y su impacto ambiental.

La Unión Europea ha prohibido hasta la fecha casi un millar de estas sustancias químicas, y las más agresivas para la salud son cancerígenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción, aunque el estudio de estos pesticidas es muy precario y sobre muchos de ellos solo hay sospechas de su impacto en el organismo. Algunas sustancias afectan exclusivamente al medioambiente y provocan la muerte de abejas y otros seres vivos a gran escala cuando se esparcen en el campo.

Salomé Roynel, portavoz de Pesticides Action Network (PAN), una ONG europea que lucha contra los pesticidas, explica que el sistema de Límites Máximos de Residuo es la solución que ha encontrado Bruselas para evitar el desabastecimiento de frutas y verduras que se importan en grandes cantidades de terceros países donde se sigue utilizando químicos prohibidos en la UE.

"Esta situación es inaceptable porque perpetúa un doble rasero entre los alimentos importados y los cultivados en la UE, permitiendo el uso de pesticidas que se sabe que son peligrosos en terceros países, dañando a sus comunidades locales y al medio ambiente", subraya Roynel.

Koldo García, experto en pesticidas de Ecologistas en Acción, también recuerda que estos límites de residuo no solo sirven para garantizar que estos alimentos se puedan traer de América o África, sino que también garantizan que se puedan seguir cultivando en tierras europeas donde históricamente se han utilizado químicos ahora prohibidos.

Un estudio que publicó su ONG en 2025, con datos oficiales de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan), concluyó que el 9,63% de los alimentos importados de fuera de la Unión Europea tenían residuos de plaguicidas no autorizados, pero también los encontraron en el 4,7% de las frutas y verduras de origen español.  Por ejemplo, el famoso insecticida DDT, que es un sospechoso cancerígeno, sigue detectándose en España en muestras de carne de pato y de pescados de agua dulce.

"Nos guste o no, los alimentos de fuera son tan legales como los españoles porque cumplen con la normativa. También los que se producen en España contienen residuos de plaguicidas prohibidos", opina Koldo García.

El sector agrícola europeo lleva años exigiendo abordar este problema mediante el establecimiento de las llamadas cláusulas espejo en los acuerdos de importaciones, en las que se exige al país proveedor mantener las mismas condiciones laborales y de calidad de producto que dentro de la Unión. Francia anunció hace dos semanas que aplicará estas cláusulas por su cuenta y prohibirá la entrada de alimentos con residuos de sustancias fitosanitarias prohibidas en Europa, aunque está por ver que lo lleve a término. 

"Francia ha liderado siempre el debate sobre las cláusulas espejo y hace unos días lanzó el debate, aunque es cuestionable que vaya a conseguirlo", afirma Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, una organización agraria. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, también puso el asunto sobre la mesa hace dos años y dijo que lo llevaría a Bruselas, durante las fuertes manifestaciones del campo en todo el país, pero no ha trascendido el resultado de aquella propuesta.

España ha confirmado 13 nuevos positivos por peste porcina africana (PPA) en jabalíes hallados muertos dentro de la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros en torno al primer caso en Cataluña, con lo que eleva a 60 los positivos en esta enfermedad y a un total de 15 los focos desde noviembre de 2025, según recoge EFE.

En el último documento de actualización de la peste porcina africana en jabalíes silvestres en Cataluña, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha detallado que se han detectado 3 focos primarios y 12 secundarios.

Además, se han analizado 622 animales con resultados negativos: 300 han sido capturados y 322 se han muestreado por "vigilancia pasiva".

Sobre las actuaciones en granjas y otros establecimientos de porcino, el Ministerio ha explicado que se mantienen en las 57 explotaciones localizadas en la zona infectada, sin que hasta ahora se haya encontrado "sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas".

Mientras tanto, siguen "las intensas labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes" y se trabaja en "la preparación de actividades de captura" para la reducción de las poblaciones de jabalíes en las zonas de bajo riesgo de la zona infectada.

También se están reforzando las medidas de aislamiento, vallados, aprovechando vallas ya existentes en carreteras y vías férreas, y priorizando el control de corredores de uso de jabalíes. Por ejemplo, se trabaja en una segunda barrera de contención alrededor de Collserola -AP7 y A2 en el sur y en el norte otras carreteras y vías para evitar paso al Maresme, hacia el norte también se está reforzando la barrera del Cercanías-, de acuerdo con el MAPA. 

Según el Gobierno, la peste porcina africana, que reapareció en España el pasado noviembre, es una enfermedad que no se transmite a las personas ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. No obstante, resulta necesario extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales de esta especie. 

Es obligatorio comunicar cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo este miércoles que confía en que la Unión Europea logre esta semana la mayoría necesaria para dar luz verde a la firma del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, especialmente por las declaraciones de los últimos días desde Italia, que junto con Francia suponía el principal bloqueo.

Así lo indicó a su salida de una reunión extraordinaria de ministros europeos de Agricultura convocada por la Comisión Europea para abordar las preocupaciones del sector y, según Planas, "abrir el camino" a la rúbrica del acuerdo con Mercosur. "Entiendo de las palabras del ministro italiano, Francesco Lollobrigida, como las de ayer de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que Italia va a dar un paso adelante. Y esto significa que esperamos que esta misma semana (...) se pueda previsiblemente adoptar por mayoría cualificada el acuerdo que permita la rúbrica de Mercosur", dijo el ministro.

Insistió en que ese acuerdo "es un paso muy importante", ya que son "casi 700 millones de personas de un lado y otro del Atlántico" y consideró que "lo ocurrido en los últimos días da un mayor valor si cabe a este gran acuerdo comercial, que es (....) estratégico" y que "nos da también un horizonte de futuro en relación con la producción a la alimentaria y nuestras exportaciones". Los embajadores permanentes ante la UE de los Estados miembros tienen previsto votar sobre el acuerdo con Mercosur el próximo viernes, con la idea de que la firma del mismo pueda tener lugar esta misma semana.

El pasado diciembre, coincidiendo con una cumbre europea, los Estados miembros descartaron que el acuerdo con Mercosur se pudiera firmar en Brasil el fin de semana del 20 y 21 de ese mes, fecha inicial prevista, ante el bloqueo de Francia e Italia. En su lugar, se apuntó al próximo 12 de enero para celebrar la rúbrica en Paraguay, a expensas de convencer a París y Roma, presionadas por sus respectivos sectores agrícolas.

Por otra parte, Planas calificó este miércoles de "progreso" las nuevas medidas propuestas por la Comisión Europea para ayudar a los agricultores a través de la PAC en el próximo marco presupuestario 2028-2034, incluida la idea de avanzar la liquidez de los productores con aproximadamente 45.000 millones de euros. En ese sentido, dijo que a España "un avance interesante importante", pero subrayó que "la discusión no ha concluido" y que "queda mucho camino por recorrer desde el punto de vista de la discusión presupuestaria de la política agrícola".

Tres semanas después de la aparición de los dos casos de peste porcina africana (PPA) en dos jabalíes en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), todavía no se ha determinado el origen de este brote pero están abiertas diferentes líneas de investigación.

El pasado 5 de diciembre, el Ministerio de Agricultura pidió a la Generalitat catalana la elaboración de un expediente informativo sobre los laboratorios de las zonas afectadas por la enfermedad porcina. Fue entonces cuando empezó a estar en el foco el Centro de Investigación en Sanidad Animal IRTA-CReSA, un laboratorio de alta contención que trabaja con patógenos contagiosos para los animales bajo unas estrictas medidas de seguridad.

IRTA-CReSA está en el campus Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), cerca de donde aparecieron los primeros casos de jabalíes muertos por la peste porcina. Paralelamente, el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB) está redactando un expediente informativo, como una sublínea de actuación del informe requerido por el Estado.

Por el momento, el número de casos de jabalíes infectados por el brote de PPA en Cataluña se mantiene en 26. Se han capturado un total de 360 jabalíes en Collserola, de los cuales solo ha habido un 7% de positivos.

La Generalitat también ha impulsado un comité de expertos para llevar a cabo una auditoría en IRTA-CRESA para determinar si pudieron haber fallos en el sistema de contención, el mantenimiento y las actuaciones de los trabajadores del centro. Por otro lado, del 2 al 5 y del 11 al 12 de diciembre se efectuaron unas visitas a los laboratorios de CReSA, por parte de expertos europeos, enviados por la Comisión Europea, del equipo de EUVET, como otra línea de actuación.

La Generalitat ha asegurado que tanto el informe elaborado por los técnicos de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura como la auditoría que encargó para conocer el origen del brote de peste porcina apuntan a que no hay evidencias ni indicios de que el virus saliera del laboratorio IRTA-CReSA. En todo caso, los expertos tampoco han podido identificar cómo podría haber llegado a España el virus.

El otro frente es la secuenciación del virus que está llevando a cabo el laboratorio de referencia de la UE, lo que será clave para determinar si la variante encontrada en los jabalíes de Collserola es la misma que se utiliza en el CReSA. Aún no están disponibles los resultados.

Por otro lado, sigue abierta la investigación judicial, en el marco de la cual se llevó a cabo un registro del IRTA-CReSA este pasado jueves por parte de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil.

Si bien todas las vías siguen abiertas, la Generalitat asegura que, con lo que se sabe de momento, no se puede atribuir el brote a una fuga del IRTA-CReSA. "Hoy no hay ningún dato que nos permita afirmar que las cosas en el IRTA-CReSA no se han hecho bien. Se han hecho bien. Toda la información que tenemos es esta", ha reiterado este viernes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El Gobierno de España ha confirmado la muerte por peste porcina africana de 10 nuevos jabalíes dentro del radio del primer foco, una cifra que eleva a 26 el número total de positivos, según ha confirmado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y recoge EFE.

Los animales se han localizado en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

También se han analizado otros 208 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores.

En estos casos, los resultados han sido negativos, de acuerdo a la misma fuente.

El Ministerio ha señalado que estos hallazgos son resultado del "intenso trabajo de campo" realizado por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo de Mossos d’Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local.

El dispositivo incluye la búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia del acceso no autorizado a la zona infectada y la desinfección vehículos y personas.

Agricultura ha recordado que la peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos 16 de diciembre de 2025.

El hallazgo de cientos de cigüeñas muertas entre el jueves y el sábado en Getafe es una prueba más de que la gripe aviar corre descontrolada por la península en el segundo año más grave que se recuerda para esta enfermedad. Las agresivas medidas de contención que impuso el Ministerio de Agricultura hace un mes han funcionado y no se ha registrado ningún brote en explotaciones desde hace dos meses, por lo que el sector avícola respira aliviado. Aunque los expertos advierten de que en las próximas semanas la situación irá a peor por el frío y la llegada de aves migratorias.

El último balance del Gobierno, del 17 de noviembre, contabilizó 101 focos registrados este año, 87 en aves silvestres y 14 en corral, cifras muy preocupantes si se comparan con las de 2024 (24 focos silvestres), pero por debajo de las que acumulan este año Alemania (1.010 focos) y Francia (194). En todo caso, el conteo no supera al brote de la temporada 2021-2022, cuando se registraron 157 focos en España.

Ursula Höfle, investigadora del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC-CSIC, explica que además es ahora cuando el virus está en su mejor momento, durante los meses de frío. En la península, los brotes empezaron a crecer rápidamente este verano porque la sequía concentra a las aves alrededor del agua, pero en invierno es cuando realmente se produce el boom. "El frío hace que el virus persista muchísimo mejor en el agua, los cadáveres o los excrementos… y reduce la disponibilidad de alimento y agua, concentrando a los animales y facilitando el contagio", afirma Höfle.

Desde el Parque Nacional de Doñana, un lugar de encuentro para especies migratorias de todo el planeta, también advierten que la situación del virus se agravará en las próximas semanas. Martina Ferraguti, coordinadora del proyecto InfluSpain en la Estación Biológica de Doñana, especializado en gripe aviar, avisa que la llegada del ánade real (o pato común), que viaja ahora a zonas más cálidas para pasar el invierno, disparará el número de casos en aves silvestres.

"El ánade real es la especie en la que mejor se expande el virus y aquí, en Doñana, empiezan a llegar ahora, probablemente provocando un pico de gripe aviar. En realidad, no solo en Doñana, también en otros sitios de España donde haya zonas húmedas", valora la experta.

La gripe aviar arrasó con las aves españolas en la temporada 2021-2022, cuando entró por primera vez en la península ibérica la variable más letal, la H5N1, con una tasa de mortalidad de prácticamente el 100% y una elevada transmisibilidad entre animales. No obstante, el brote del río Manzanares descubierto el jueves de la semana pasada es de una variante de la enfermedad de "baja patogenicidad", es decir, una gripe aviar menos agresiva y con menor tasa de contagio.

Los positivos de H5N1 en las granjas han hecho mucho daño a la ganadería avícola, que llevaba desde febrero de 2023 sin registrar casos en explotaciones. Eloy Ureña, responsable de Avícola en la organización agraria COAG, cuenta más de dos millones de gallinas sacrificadas en 2025, puesto que una vez que se detecta un caso en una granja hay que deshacerse de toda la población. "La explotación que toca el virus se arruina", resume Ureña.

En todo caso, el portavoz celebra que este mismo miércoles se ha decretado libre del virus la última granja donde el Ministerio de Agricultura detectó un brote de alta patogenicidad en septiembre, la explotación de gallinas de Olmedo (Valladolid). "La cosa está ya mucho más tranquila en el sector, pero lo último que hemos hablado con el Ministerio de Agricultura es que por ahora no se van a rebajar las medidas hasta que no mejore la situación en las silvestres", añade Ureña. 

Por medidas se refiere a la excepción adoptada por el Gobierno hace un mes de ordenar el confinamiento de todas las granjas de aves para que no puedan entrar en contacto directo ni indirecto con aves salvajes, ni que estas puedan acceder a los comederos o bebederos, una medida bien acogida por el sector para prevenir una catástrofe económica.

La crisis de la gripe aviar coincide con el estallido del brote de peste porcina africana, que ha puesto en alerta máxima al sector del cerdo español, la categoría más importante de la ganadería nacional. Este año también se han producido brotes críticos de lengua azul y de dermatosis nodular contagiosa, dos enfermedades que afectan a las vacas. Pese a la concatenación de problemas que afectan a la ganadería, Ursula Höfle señala que no se trata de un año especial.

"No es que ahora haya muchas más enfermedades que otros años, salvo en el caso de la gripe aviar, sino que les hacemos más caso. Emergencias tenemos constantemente y enfermedades erradicadas que vuelven a aparecer, lo que pasa es que ahora las detectamos antes", opina Höfle.

El Gobierno español está negociando "certificado a certificado" con los destinos que han cerrado sus fronteras a la entrada de productos del cerdo desde toda España, a causa de la Peste Porcina Africana (PPA), mientras el Govern catalán ha anunciado un primer paquete de ayudas de 10 millones para los afectados.

España afronta su sexto día desde la detección de dos primeros casos de Peste Porcina Africana en jabalíes en la provincia de Barcelona - tras 31 años libres de la enfermedad- y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha incidido en que uno de sus objetivos es conseguir que se minimice el impacto comercial provocado por esta situación.

El Ministerio sigue actualizando los certificados sanitarios de exportación y otras restricciones adicionales que van imponiendo o levantando los países.

Destaca en las últimas horas el caso de Reino Unido, que acepta la llegada de productos del porcino desde toda España, salvo del radio de 20 kilómetros en torno a los focos de peste.

Chile, en cambio, ha comunicado en las últimas horas que cierra sus fronteras a la llegada de productos cárnicos del cerdo desde cualquier punto del país.

En el mercado interno europeo, la atención está puesta en la visita que representantes de la Comisión Europea están haciendo a la zona afectada para valorar las actuaciones del plan de contingencia aplicadas hasta ahora.

Se espera que esta misma tarde decidan "qué regionalización" -limitaciones territoriales en las exportaciones- se aplica en la Unión Europea (UE), según ha avanzado el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig.

Por el momento, la UE aplica esa regionalización en la zona de 20 kilómetros a la redonda del foco en base a los protocolos establecidos.

Desde Madrid, el ministro Luis Planas ha anunciado que se reunirá esta semana con las organizaciones profesionales agrarias y con el sector cooperativo para analizar la situación generada, mientras que esta tarde mantendrá un encuentro telemático con los consejeros de Agricultura de las autonomías dentro de la reunión del consejo consultivo mensual.

También Planas ha asegurado, en una entrevista en TVE, que la Unión Europea cuenta con reglamentos y mecanismos para compensar al sector del cerdo en el caso de que la peste porcina africana entrase en las granjas.

Además, si el impacto de la PPA "tiene consecuencias en los precios" del mercado porcino, hay mecanismos recogidos en la OCM de mercados agrícolas europeos para actuar.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha pronunciado sobre este asunto para informar a las empresas y a los trabajadores afectados por la situación sobre la opción de acogerse "de inmediato" a los mecanismos de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor.

El grupo cárnico Jorge, por ejemplo, ha anunciado que prescinde de 300 trabajadores temporales de la planta de Osona (Barcelona) ante la situación generada.

El Gobierno catalán aprobará el próximo martes una línea de ayudas directas de 10 millones de euros, ampliable en otros 10 millones, para los sectores económicos afectados por el brote, según ha anunciado este miércoles.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha pedido además ante el Parlamento catalán "unidad, apoyo" y trasladar "una imagen seria al conjunto del país, de Europa y del mundo".

Mientras tanto, los efectivos siguen trabajando sobre el terreno, peinando Collserola, y ya han encontrado cerca de 50 jabalíes muertos dentro de la zona delimitada; eso no significa que estén todos contagiados, pues por ahora la cifra de positivos confirmados se mantiene en nueve.

El conseller de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Òscar Ordeig de la Generalitat de Catalunya, ha confirmado que unos 80 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han llegado a Barcelona para ayudar en el control del brote de peste porcina africana (PPA) que afecta a jabalíes en el entorno del parque de Collserola, según informa EFE.

Así lo ha indicado en una entrevista en RAC1, en la que ha explicado que, hasta la fecha, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) ha analizado a cerca de 40 jabalíes procedentes del radio perimetrado, en el entorno de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), junto al parque de Collserola, de los que dos han dado positivo y ocho son sospechosos de serlo.

Ordeig ha explicado que este domingo había 300 efectivos en las labores de control, entre agentes de Mossos d'Esquadra, Agentes Rurales, la Guardia Urbana de Barcelona, las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), Protección Civil y policías locales, a los que hay que sumar los miembros del Seprona de la Guardia Civil que trabajan desde este domingo en la zona, y "ahora se añadirán los de la UME, unos 80".

"Veremos si se necesitan más o no. Esto dependerá de si vamos encontrando animales positivos y tenemos que ampliar los focos", ha añadido.

El conseller ha afirmado que "se movilizarán los efectivos que haga falta donde haga falta", puesto que el control cinegético conlleva "un trabajo muy laborioso", sobre todo en la gestión de los cadáveres de los jabalíes.

"Quien tenga recursos, la capacidad (de hacer) este trabajo, evidentemente los movilizaremos. Sea el Seprona, la UME, los Agentes Rurales o las ADF", ha aseverado.

En una entrevista en Catalunya Ràdio también este lunes, Ordeig ha previsto que, tras los dos jabalíes contagiados ya confirmados y los ocho que están en estudio, "seguramente saldrán más positivos".

Sin embargo, ha subrayado que "el trabajo va bien" porque tanto los positivos como los sospechosos están "muy focalizados" en la misma zona donde se detectaron los primeros casos confirmados, en Cerdanyola del Vallès.

Ordeig ha detallado que la "opción más probable" para explicar el origen del brote de PPA, el primero en el Estado español desde 1994, es que "un embutido, un bocadillo contaminado pudiese llegar a la basura" y que un jabalí se lo comiese, una hipótesis que se confirmará o desmentirá "en los próximos días".

"El hecho de no haber detectado jabalíes (contagiados) en otras zonas de Cataluña o de Francia hace pensar que (el virus) ha hecho este salto vía el transporte humano", ha detallado.

En RAC1, el conseller ha pedido "colaboración ciudadana" para no dar comida a los jabalíes, cerrar bien las bolsas de basura o "alertar si se ve cualquier jabalí", entre otras medidas.

De hecho, se ha referido a las personas que este fin de semana se han saltado las restricciones de acceso a Collserola, a las que ha avisado de que "cambiar la ruta para hacer actividad física un día" puede evitar un impacto mayor al conjunto de la economía catalana.

"De aquí al viernes nos jugamos el 90 por ciento del éxito de todo lo que estamos haciendo", ha advertido el conseller, y se ha comprometido en "hacer lo que haga falta" para "blindar" el radio del foco.

Finalmente, Ordeig ha augurado que si el brote de PPA se descontrola, "será terrible", tanto para las exportaciones como para las granjas.

Por ello, ha reclamado "subir el tono de la gravedad de la situación" para que se entienda que "si estos días podemos contener el foco, la negociación con los gobiernos de todo el mundo será mucho más rápida".

Asimismo, ha asegurado que el "lugar del mundo mejor preparado" y con un sector porcino y agroalimentario "más profesionalizado y moderno para afrontar una PPA" es Cataluña.

España ha superado el centenar de focos de gripe aviar de alta patogenicidad en aves silvestres en lo que va de año, con ocho casos detectados en la última semana en zonas de Castilla y León, Navarra y Aragón.

Además, el pasado viernes se confirmó el sexto foco en aves cautivas, en este caso en la localidad de Posadas (Córdoba), mientras en aves de corral se han declarado 14 focos en lo que va de año, el último el 20 de octubre en Ataquines (Valladolid), según el Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve).

La mitad del centenar de focos en aves silvestres se ha detectado en el último mes, lo cual ha llevado a incrementar las medidas de prevención en granjas.

De hecho, la semana pasada el Gobierno central decretó el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre para evitar el contacto con aves silvestres que puedan estar infectadas. El ministro Luis Planas hizo un llamamiento a la "serenidad" y al "rigor" la semana pasada en relación con este tema.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tomaba esta decisión ante el incremento del riesgo de expansión de la enfermedad. La orden afecta también a las explotaciones ecológicas, de autoconsumo y las que sus productos sean destinados a la venta directa al consumidor final.

De esta manera, ha quedado prohibida la cría y el mantenimiento al aire libre de aves de corral y otras cautivas. Sin embargo, las autoridades podrán permitirlo en caso de que no sea posible de otra manera, bajo una serie de condiciones.

Por otro lado, en el caso de que no sea posible el confinamiento de la granja, se podrá autorizar la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres. Además, se tendrá que alimentar a las aves en el interior del recinto.

Además, queda prohibido criar patos y gansos con otras especies de aves de corral y suministrar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres, salvo que el agua esté tratada. Tampoco está permitida la presencia de aves de corral o cautivas en centros de concentración de animales como certámenes ganaderos, exhibiciones y celebraciones culturales. Sin embargo, las autoridades pueden aceptar estas concentraciones si las aves provienen del mismo municipio o región, además de que la evaluación del riesgo sea favorable.

En relación con las sanciones, el incumplimiento o la falta de colaboración con las autoridades en estas medidas preventivas lleva consigo sanciones económicas que abarcan desde los 600 euros a los 1,2 millones de euros, según la gravedad, según estipula la Ley de Sanidad Animal.

Las infracciones consideradas como muy graves tiene una multa de entre los 60.001 a 1.200.000 euros, mientras que para las graves la horquilla es de entre 3.001 y 60.000 euros. Se considera una infracción de este último tipo la falta de comunicación de la muerte del animal de producción, cuando esté exigida por la normativa aplicable o la falta de notificación por los mataderos de las entradas y sacrificios de animales procedentes de zonas afectadas por una epizootia.

En cuanto a las infracciones leves, estas se sitúan entre los 600 y 3.000 euros, o un apercibimiento.

Cinco de los quince activistas de Greenpeace que este jueves por la mañana han participado en una protesta pacífica frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han sido detenidos y llevados a dependencias policiales, según un comunicado de la organización ecologista.

Desde Greenpeace han explicado que los activistas bloquearon la entrada principal del edificio con 300 cajas vacías de alimentos, como símbolo de la amenaza que sufre el sistema alimentario, y fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecen a la espera de declarar y conocer los cargos que se les imputan.

La acción busca exigir al Gobierno una transición alimentaria justa y sostenible, según Greenpeace, que denuncia que la seguridad alimentaria está en riesgo por la crisis climática, la dependencia de insumos internacionales y un contexto geopolítico inestable.

Asimismo, los ecologistas critican al ministro de Agricultura, Luis Planas, por no impulsar medidas urgentes, como el fin de las macrogranjas, la pesca industrial o las prácticas agrícolas intensivas que deterioran el medioambiente.

También reclaman la aprobación, aún pendiente, de la futura Ley de Agricultura Familiar, que consideran clave para garantizar un modelo alimentario más sostenible y justo.

ClientEarth y Oceana han presentado una demanda ante la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Dirección General del Pesca del Ministerio de Agricultura por no investigar ni sancionar ni supervisar "eficazmente" a barcos de pesca que desactivan su Sistema de Identificación Automática (AIS) en Guinea Bissau y Senegal. Ambas organizaciones ecologistas ponen el foco tanto en embarcaciones españolas como en empresarios españoles beneficiarios de barcos con banderas de terceros países que apagan el radar durante periodos prolongados ante el grave riesgo de pesca ilegal en África Occidental.

"Lo que nos desconcierta es por qué estos barcos apagan sus señales públicas de identificación, quedándose a oscuras durante periodos tan largos. Esta falta de transparencia podría estar relacionada con el fraude", explica el abogado Nils Courcy de ClientEarth que apunta que han pedido a las autoridades españolas que investiguen más a fondo estos barcos aunque "se han negado a hacerlo": "Ahora vamos a acudir a los tribunales para exigir que cumplan sus obligaciones legales".

Las autoridades españolas, según detallan desde ambas ONG, se aferran a un "supuesto varío legal" para eludir sus obligaciones ya que alegan que carecen de jurisdicción para investigar y sancionar a sus ciudadanos y empresas potencialmente involucrados en pesca ilegal fuera de las aguas de la UE, a menos que figuren en listados oficiales de buques implicados en actividades de pesca ilegal.

Un análisis de Global Fishing Watch muestra que varias embarcaciones con bandera española que operan en Senegal y Guinea Bissau parecen desactivar su AIS durante periodos de tiempo significativos, lo que supondría una clara infracción de la normativa pesquera de la Unión Europea (UE). Las mismas prácticas también se han detectado en barcos galos pero, por ahora, no se plantean acciones legales contra Francia.

Los buques de propiedad extranjera, incluidos los españoles, representan el 73% de la flota industrial de África Occidental y preocupa que la falta de control en el mar y en los puertos pueda estar permitiendo la pesca ilegal. Según detallan ClientEarth y Oceana, las comunidades locales de la región se enfrentan a consecuencias desastrosas derivadas de la reducción de los stocks pesqueros, como riesgos para la seguridad alimentaria, pérdida de empleo y migración forzosa.

En mayo de 2024, la Comisión Europea ya amonestó a Senegal con una "tarjeta amarilla" como muestra de su preocupación por la falta de capacidad del país para prevenir la pesca ilegal. Pero no es solo responsabilidad de Senegal evitar esta práctica: los países europeos también tienen la obligación legal de supervisar sus flotas y operadores que faenan en aguas de terceros países, detallan ambas ONG.

La profesión veterinaria ha pedido este miércoles al Gobierno que derogue la actual normativa sobre prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios para ir hacia una regulación "justa en defensa de la salud animal", y ha advertido de que seguirán protestando mientras no consigan sus objetivos, según informa EFE.

Cerca de 2.000 veterinarios, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, han participado en Madrid en una concentración convocada frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para pedir la derogación del Real Decreto 666/2023 sobre medicamentos veterinarios, si bien, la reclamación ya trasciende a otros problemas de los que se quejan, como la reducción del IVA o que dependan del Ministerio de Sanidad.

La portavoz del Colegio de Veterinarios de Madrid y de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet), Tania Oncins, ha leído un manifiesto en el que piden "una regulación justa y responsable de los medicamentos" en "defensa de una salud animal y de la profesión veterinaria".

Los veterinarios creen que la legislación vigente implanta un sistema de prescripción "ineficaz y perjudicial" que "limita" la capacidad del veterinario para "ofrecer tratamientos adecuados y compromete la recuperación" de las mascotas.

Además, han criticado que la norma restringe la aplicación de fármacos por los veterinarios, lo cual "genera retrasos en los tratamientos, perjudicando a los animales y afectando a sus propietarios"; teniendo en cuenta además la "imposibilidad de encontrar la mayoría de medicamentos en farmacias".

Por ello, quieren que se vuelve a la práctica anterior de que los veterinarios suministren los medicamentos necesarios hasta completar los tratamientos, "como ya ocurre en la mayoría de los países de Europa".

Para ello es necesario modificar el Real Decreto 1/2015 de Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos.

A esto suman la obligación de registrar oficialmente cada antibiótico que se prescribe a las mascotas a través de la herramienta PresVet, lo que genera una "carga burocrática desproporcionada sin aportar mejoras reales en el control de estos fármacos".

Entre sus quejas han incluido reducir el IVA del 21 % al que tributan los servicios veterinarios para pasarlo al tipo reducido.

"En definitiva, exigimos una regulación justa, realista y responsable que nos permita seguir protegiendo la salud animal y, con ello, la salud pública", se resalta en el comunicado.

Desde la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), su presidente, Sebastià Rogers, ha indicado en declaraciones a la prensa que protestan por "una cuestión de salud pública" y, "ya que tanto se le llena la boca a la Administración del 'One Health' (...), tendríamos que estar amparados dentro del Ministerio de Sanidad".

Para Rogers, la visión que tiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de los animales es "más mercantilista y menos en pro de la salud", por lo que ve un "agravio histórico" que no estén bajo Sanidad.

Creen que la obligación de utilizar PresVet para mascotas ha sido el "punto de eclosión de todas las reivindicaciones históricas que tiene el sector y ahora ya no vamos a parar (...) hasta conseguir la derogación del decreto 666/2023", una "ley del medicamento que se ajuste realmente al reglamento europeo", la reducción del IVA, y "que nos metan en Sanidad".

Para el presidente de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet), Manuel Martínez, "es una indecencia" lo que está ocurriendo con la profesión veterinaria, porque "tanto el Ministerio de Agricultura como el de Sanidad (...) están haciendo una auténtica dejación de funciones".

"Estamos hablando de salud pública y tiene que ser el Ministerio de Sanidad quien la tutele, la gestione y no que delegue en un Ministerio (de Agricultura) mercantilista", ha lamentado.

Es un mensaje que seguirán transmitiendo "en los próximos días, porque esta es una primera manifestación" de una profesión que está "indignada con la aplicación y con la falta de interlocución" con el Ministerio de Agricultura.

"No vamos a cejar hasta que consigamos que hablen con nosotros y que tengan en consideración las partes técnicas y científicas que requiere una legislación de este tenor", ha concluido.

El acto de protesta ha finalizado pasada la mediodía sin incidentes reseñables y la profesión veterinaria ha mostrado su satisfacción por esta concentración. 

Tras una semana de intensas negociaciones, los pescadores que emplean técnicas de arrastre en el Mediterráneo tienen ya sus nuevas cuotas de captura para los próximos años, y las cifras no son buenas. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, celebraba en la madrugada del martes que el acuerdo con Bruselas, pero el optimismo no es compartido por el sector, que tiene apenas cinco meses para modernizar su flota.

La propuesta de la Comisión, que recortaba un 79% los días de faena, ha salido finalmente adelante, aunque con una serie de excepciones que permiten poco a poco incrementar las jornadas en las que se puede salir a pescar. De esta manera, los 557 barcos de arrastre españoles que pescan en el Mediterráneo podrán trabajar los mismos días que hasta ahora si cambian sus redes por unas más selectivas, si instalan unas puertas que no rocen con el lecho marino y si el Gobierno establece zonas de prohibición temporal de pesca para proteger a ciertas especies.

"Por mucho que se diga, la realidad es que a día de hoy los pescadores españoles tienen 27 días de captura a partir de 2025, frente a los 129 días que han tenido este año", aclara Javier López, portavoz de Oceana, una ONG marítima que ha estado presente en las negociaciones de Bruselas. "Es verdad que esas jornadas se pueden incrementar modernizando los aparejos, pero va a ser muy difícil llegar a pescar lo mismo que en 2024", sentencia el ecologista. Normalmente, estas organizaciones aprietan las tuercas a los pescadores para que protejan el ecosistema, pero en esta ocasión defienden que la pesca familiar debe seguir siendo rentable. 

La clave a partir de ahora será en cumplir con la letra pequeña del acuerdo alcanzado entre la Comisión y España, Italia y Francia, los tres países que pescan en el Mediterráneo occidental. La principal medida que otorga a los armadores más días de pesca de arrastre es el recambio de las redes por unas con agujeros más grandes para que los peces juveniles puedan atravesarlas y solo se capture a los ejemplares adultos.

En concreto, si la flota de arrastre costera —la que pesca especies como el salmonete o la merluza— cambia sus redes por unas de agujeros cuadrados de 45 milímetros (5 más que hasta ahora), recibirán un 50% más de días de captura; y si la flota de arrastre profundo —la que pesca gamba roja— cambia sus redes por unas de 50 milímetros, ganarían otro 30%. Esa suma de 80%, en principio, ya compensaría el 79% de reducción de días de faena al que obliga la Comisión.

Pero no es tan sencillo. Primero, porque en ambos casos el cambio de redes tendría que realizarlo el 100% de los barcos, y eso está descartado. Si no cumplen cada uno de los 557 navíos afectados en España, el bonus de días que recibirían sería del 40% y el 25%, respectivamente, y habría que recortar días de pesca de algún lado: o todos los barcos salen menos a faenar, o se reduce el número de barcos en el Mediterráneo español. Y segundo, porque la Comisión obliga a realizar estos cambios antes del 1 de mayo, o los porcentajes se reducirían todavía más.

Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pesca, señala que el reglamento acordado entre los gobiernos y la Comisión —que se cerró de madrugada fuera de tiempo— es muy farragoso y deja en el aire aspectos clave para el sector. "Por ejemplo no está claro si podremos beneficiarnos del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para pagar las redes. También tengo claro que el 100% la flota no va sustituir sus mallas porque algún armador ya me lo ha dicho, así que queremos saber qué otras inversiones podemos hacer para alcanzar exactamente ese 79% y no perder días. Estos detalles técnicos van a ser fundamentales", concreta.

José María Gallart, encargado de la flota de bajura de la patronal Cepesca, tampoco confía en que la combinación de medidas vaya a permitir mantener el calendario intacto: "El acuerdo es bastante difícil de entender y sabemos que pescar el 100% de los días que hemos tenido en 2024 va a ser muy difícil".

Además de sustituir sus redes, el reglamento plantea a los arrastreros otras fórmulas para ganar días de faena. Por ejemplo, que instalen las llamadas puertas voladoras, el mecanismo que abre horizontalmente la red para pescar. Estas puertas, a diferencia de las clásicas, no están en contacto con el fondo del mar, por lo que no lo erosionan ni levantan polvaredas. Esta inversión otorga un 3% extra de horas al barco para salir a trabajar al año. El Gobierno también puede tomar medidas y cerrar algunos caladeros de forma temporal, ganando otras tantas horas.

Raúl García, de la organización conservacionista WWF, opina que la Comisión se ha salido con la suya. Lanzó una propuesta extrema que amenazaba con acabar con toda la flota para que los Gobiernos mediterráneos tuviesen que aceptar una reconversión del sector para salvar a sus pescadores. "El comisario de Pesca y la directora general nos dijeron que solo el 20% de los arrastreros europeos han tomado medidas preventivas en los últimos años, por eso se plantaron con una propuesta de máximos", revela.

El experto en pesca de WWF añade que coordinar a más de medio centenar de barcos en tan poco tiempo va a ser una odisea. También hará falta que el Ministerio de Agricultura y Pesca mueva ficha y aporte ayudas económicas, porque la reconversión no va a ser barata. Cambiar la red de un barco oscila entre los 1.500 y 5.000 euros, e instalar puertas voladoras cuesta a partir de 60.000 euros, aunque permite ahorrar alrededor de un 20% de combustible. García añade que habrá que mejorar la llegada de ayudas del FEMPA, que reparten las comunidades autónomas, y que harán falta planes sociales en algunas zonas más vulnerables.

Además de pescar menos días e invertir en modernizar los barcos, el sector pesquero destaca que a corto plazo las medidas van a suponer una caída de los ingresos. "Una armadora bromeaba ayer que con las nuevas redes de 45 milímetros van a pescar agua", cuenta Gallart, de Cepesca. "Evidentemente es una exageración, pero es verdad que durante los primeros años reduciremos las capturas, y ya venimos de una reducción de días de pesca del 40% desde 2020", añade. En el lado contrario, Raúl García, de WWF, reconoce que al principio se pescará menos, "pero en dos años se pueden disparar las poblaciones", ya que el número de peces adultos crecerá a medio y largo plazo.

Hace dos semanas que la Comisión Europea propuso acabar de facto con la mayor parte de la pesca de arrastre española al plantear a los Estados miembros reducir un 79% los días en los que pueden faenar en el Mediterráneo occidental los barcos que emplean redes de arrastre. Se trata de un órdago de Bruselas para garantizar que las especies afectadas por la pesca de arrastre quedan protegidas, pero tan extremo que provocó el enfado de los pescadores, el Gobierno e incluso de los conservacionistas. Más allá de que la medida sea desproporcionada, los análisis demuestran que las poblaciones de peces capturados con arrastre están muy mermadas, y que las medidas preventivas de los últimos cuatro años apenas han mejorado la situación. El consejo científico que asesora a la UE estudia cada año nueve puntos de la costa española, y solo en cuatro ha habido un incremento de los ejemplares entre 2021 y 2023.

En concreto, este panel de expertos mide la situación de seis especies pescadas por redes de arrastre en cuatro lugares diferentes de la costa española. Entre 2021 y 2023 han crecido en población la gamba blanca, el salmonete de roca (en Baleares), el salmonete (Golfo de León) y la gamba roja (Andalucía y Baleares). Pero paralelamente se ha reducido la población del salmonete (Andalucía y Cataluña) y se ha mantenido estable la de la merluza y la cigala (Cataluña), mientras la gamba roja (Cataluña y Golfo de León) y la cigala (Baleares) han fluctuado.

El problema es que, aunque unas especies evolucionen mejor que otras, la captura con arrastre es muy poco selectiva. Las redes que se arrastran por el fondo en general capturan todo lo que tocan, de manera que la normativa europea ha optado por poner el límite de pesca en el necesario para salvar a la especie más dañada: la merluza. Aunque su número de ejemplares se mantenga estancado desde 2021, los expertos recuerdan que esto no es una buena noticia, puesto que ahora viven en la región unas 1.800 toneladas de merluzas adultas, mientras que en 2010 había más de 4.000.

Con estos datos, el panel de científicos que asesora a la UE planteó en octubre recortar la pesca de merluza mediante arrastre en un 91% a partir de 2025, mientras que para otras especies propuso una rebaja menor. Por ejemplo, del 74% en el salmonete de Cataluña, o del 25% en la gamba roja de Andalucía. En algunos casos donde ha crecido la población, los expertos incluso plantearon incrementar las capturas, como en el salmonete de roca de Baleares (+32%) y la cigala de Baleares (+11%).

El trabajo de los científicos es calcular las poblaciones y recomendar en Bruselas medidas para equilibrar el ecosistema, pero queda en manos de la Comisión proponer un reglamento para hacer frente al problema. Con esa información, la directora general de Pesca, Charlina Vitcheva, planteó el 27 de noviembre a los Estados miembros —antes de que el nuevo Comisario de Pesca, Costas Kadis, tomase el mando— un recorte del 79% de los días de faena para los barcos de arrastre del mediterráneo occidental. 

Tanto el sector pesquero como el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, se opusieron tajantemente a la propuesta. Incluso los grupos ecologistas o los expertos en oceanografía reconocen que la solución no puede ser acabar de un día para otro con la pesca de arrastre. Unas 3.000 personas en España trabajan de forma directa en el sector, y hay 557 arrastreros en el país que pescan en el mediterráneo.

Miquel Ortega Cerdà, experto en pesca del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), explica que la propuesta de Bruselas es exagerada, aunque es cierto que se escuda en la normativa vigente. "La Comisión ha seguido el mandato que establece la Política Pesquera Común de 2013, que fijaba que en 2020 había que alcanzar un rendimiento máximo sostenible de estas especies", señala. El problema es el programa para cumplir con esa meta —el Plan plurianual para las poblaciones de peces demersales del mar Mediterráneo occidental— no se aprobó hasta 2019, y era técnicamente imposible alcanzar el objetivo en 2020.

Por ello, se decidió reducir parcialmente los días de pesca de arrastre a partir de 2020, y se pospuso la meta de alcanzar un equilibrio a 2025. De nuevo, se ha esperado a última hora para establecer los recortes, y la Comisaria de Pesca pretende que de un día para otro —a partir del 1 de enero de 2025— España y sus vecinos empiecen a cumplir con una cuota pesquera inasumible. Pasarían de faenar 129 días al año a apenas 27, una quinta parte.

No obstante, Ortega añade que el Gobierno español y las comunidades autónomas no están libres de culpa: "Durante décadas las administraciones no tomaron medidas adecuadas de planificación para evitar que se fabricaran y trabajasen más barcos de pesca de los que el recurso puede sostener", recuerda el experto.

De hecho, el Gobierno español, junto al italiano y francés, mandó el 18 de noviembre una carta a la Comisión para que congelase durante dos años más el mandato que obliga a alcanzar un equilibrio en la pesca de arrastre, es decir pasarlo de 2025 a 2027. "Esta postura es igual de triste porque no beneficia a nadie. Es como si un paciente que está en la UCI empieza a mejorar y le damos el alta. Aunque estemos mejor, paralizar los objetivos nos devuelve a la casilla de salida", opina el doctor en Ciencias Ambientales.

Desde WWF, una de las ONG más presentes en la política pesquera europea, proponen sustituir la solución drástica de la Comisión por otras que no arruinen a la pesca, ya que la inmensa mayoría de los barcos son familiares. Plantean por ejemplo instalar redes más grandes con cuadrados de 52 milímetros para evitar la captura de juveniles. Sobre el exceso de barcos de arrastre que hay en España, los ecologistas reclaman también un programa de pagos por desguace para que los pescadores reciban una compensación por desmontar su barco. Esto sirve para garantizar que las embarcaciones no se vendan o se cambien de bandera para que sigan pescando en otro lugar del mundo.

La Comisión Europea presentó el 27 de noviembre una propuesta para recortar drásticamente las salidas de buques de arrastre para pescar en el Mediterráneo. En teoría, la medida busca proteger el fondo del mar de la agresividad de la captura con mallas de arrastre, pero las nuevas reglas planteadas son tan drásticas que ni los ecologistas están de acuerdo con ellas. Los pescadores esperaban que las reglas cambiasen a partir del 1 de enero, pero no de manera tan abrupta, y han convocado manifestaciones a partir de este lunes en Madrid y Bruselas para mostrar su desacuerdo. Según afirman, en juego está el futuro de más de 500 embarcaciones y 3.000 trabajadores en España.

El 1 de enero caduca el plan plurianual que regula la captura de peces de fondo en el Mediterráneo y la Comisión presentó el miércoles de la semana pasada las nuevas cuotas para los barcos que practican este arte de pesca. La propuesta —que tiene que ser ratificada la semana que viene— incluye una rebaja de hasta el 79% de los días que los arrastreros pueden faenar a partir de enero. En concreto, por norma general pasarían de trabajar 129 días a apenas 27, una quinta parte de lo que pescaban hasta ahora

Esta regla, que se aplicaría a los 556 arrastreros españoles que trabajan en el Mediterráneo (el 10% de la flota española) y los 1.500 que hay en Europa, y supondría el fin de su negocio porque trabajarían poco más de un mes al año. La propuesta también recortaría la pesca con trasmallo (podrían capturar como máximo 47 toneladas al año), mientras que los barcos que emplean la técnica del palangre se quedarían como están, ya que sufrieron una rebaja el año pasado. El empleo total directo de estos barcos es de unos 3.000 profesionales, aunque desde el sector apuntan a mínimo 30.000 puestos perdidos porque muchas lonjas y puertos viven casi en exclusiva de estas artes.

No obstante, todavía hay margen para que la propuesta se caiga. Este lunes y martes se reúnen en Bruselas los 27 ministros de la rama en el Consejo de Ministros de Agricultura y votarán la propuesta de la Comisión, que necesita una mayoría cualificada para salir adelante. Esto equivale a al menos 15 países (de 27) a favor que representen un 65% de la población europea. El ministro español, Luis Planas, ya ha reiterado que tiene el apoyo de Francia e Italia para frenarla, pero las minorías de bloqueo necesitan al menos un cuarto Estado, que podría ser Portugal, Grecia o Malta, por ejemplo. 

Planas lleva desde el día 27 realizando una dura campaña contra la propuesta de la Comisión, aunque este jueves reconoció que todavía no hay nada atado. "La negociación del lunes y martes va a ser muy compleja porque la propuesta de la Comisión ha llegado muy tarde y es de máximos. En este momento estamos en contacto con la Comisión para alcanzar un acuerdo, pero la propuesta no ha sido un buen comienzo", aclaró el ministro este jueves desde Bruselas.

A diferencia de disputas anteriores, el sector primario está volcado con Planas, y esperan que su estrategia de bloqueo pueda tumbar las nuevas reglas. Para los pescadores de arrastre no hay otra opción factible que acabar tajantemente con la propuesta de la Comisión, porque supondría reducir a una quinta parte su trabajo.

"En más de 40 años que llevo no había visto algo así, estamos muy, muy preocupados", afirma José María Gallart, vicepresidente de Cepesca encargado de la flota de bajura, la que trabaja en las millas más cercanas a la costa. "Si se cargan el arrastre, todo el sector de bajura va detrás. Puertos como Almería, Cartagena, Santa Pola o Tarragona necesitan el arrastre para funcionar", insiste Gallart.

El portavoz pesquero reconoce que no están cómodos dejándolo todo en manos de una votación en Bruselas, que se puede torcer en el último minuto. "Es verdad que ahora tenemos una minoría de bloqueo, pero jugárselo todo a una votación es confiarlo todo a la pura política. No tengo tan claro que España pueda ganar", añade el alto cargo de la patronal pesquera. 

Un factor que no ayuda es la caída del Gobierno francés de este miércoles, un socio indispensable para España en la votación. Preguntado por si esta condición pone en peligro las negociaciones, Planas respondió este jueves: "Espero que no, el Gobierno está en funciones y estoy en contacto con el ministro francés".

La alternativa a este recorte drástico en los permisos de pesca de arrastre sería un acuerdo entre los países del Mediterráneo y la Comisión en el que se endurezcan las reglas de captura, pero con una cierta laxitud. En los últimos cinco años, los arrastreros españoles ya han reducido un 34% sus días de faena para garantizar que las poblaciones de peces se recuperan, y el Gobierno español tratará de que en esta revisión de la política plurianual se logre una reducción asequible para el sector. El 18 de noviembre, España, Francia e Italia enviaron a la Comisión una propuesta para posponer dos años más el endurecimiento de las cuotas pesqueras (ya se pospusieron de 2020 a 2025), pero la Comisión ha respondido con una negativa tajante. Hasta tal punto, que en lugar de hacer una contraoferta asumible, ha respondido con un endurecimiento exagerado, según el sector.

Incluso las organizaciones ecologistas consideran que el reglamento que ha puesto la Comisión sobre la mesa es inasumible. Un experto en pesca de uno de los grandes grupos ecologistas de España explica que "ni las ONG más radicales han entendido la propuesta de la Comisión".

"Los datos demuestran que las poblaciones de los peces de fondo —como la gamba roja, la merluza, el salmonete o la cigala— se han recuperado en los últimos años. Esperábamos algunos cambios para endurecer la pesca de arrastre, pero no una propuesta desproporcionada", añade el especialista en pesca sostenible, que prefiere no dar su nombre.

La pesca de arrastre ha estado siempre bajo el escrutinio de las organizaciones verdes por el impacto que tiene sobre el fondo marino. Las redes, de hasta 200 metros de ancho, se anclan al fondo marino y capturan a todos los peces que las atraviesan, además de dañar el lecho. Sin embargo, el experto consultado afirma que las medidas radicales para acabar con estas prácticas pesqueras hacen un flaco favor al ecologismo: "Llevamos años trabajando para conseguir una transición equilibrada en la pesca, pero acabar de un día para otro con las flotas solo hace que el sector se concentre en grandes empresas. Cuando hablamos de arrastreros, el 80% son barcos familiares con uno o dos empleados, no estamos hablando de Pescanova".

Los agricultores y ganaderos españoles toman este lunes las calles de Madrid con cerca de 100 tractores en señal de protesta de la Política Agrícola Común (PAC), que está llevando "a la ruina" al sector agrario, reclamando una simplificación y flexibilización del actual plan estratégico nacional y contra los acuerdos comerciales con otros países, exigiendo la puesta en marcha de cláusulas espejo que no perjudique a sus producciones, según informa Europa Press.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha alertado en el inicio de la manifestación que "esta Política Agrícola Común llevaba a la ruina al sector agrario". "A la ruina porque era una PAC con menos dinero, con más papeles, con más obligaciones, con más prohibiciones y con más limitaciones de todo tipo", ha subrayado, reiterando que los acuerdos con países terceros "están siendo una ruina de la forma que se están llevando a cabo".

Barato ha alertado de que "hay un desmantelamiento silencioso con el apoyo de los gobiernos de Europa". "También de aquí, de que todo lo nuestro no tiene las mismas oportunidades y las mismas condiciones para producir y para exportar. La geopolítica está acabando con el sector agrario español y europeo", ha lamentado.

"Esto es una reconversión silenciosa, quieren que el campo español agonice y no lo vamos a permitir", ha asegurado ante miles de agricultores y ganaderos, ataviados con chalecos en los que se podía leer 'Nuestra ruina será tu hambre'.

El presidente de Asaja no ha dudado en cargar contra el actual Gobierno de España y sus representantes, por lo que pide que se saque al lobo del Lespre. "Aquí tenemos ataques permanentes de miembros del Gobierno atacando al sector agrario, atacando a la comunida, mediante esa legislación absurda del lobo, un lobo hoy tiene más consideración que una oveja, que una vaca o que el propio ganadero", ha recalcado.

De esta forma, Barato ha pedido a las Administraciones que "dejen de enredar", que el "que mejor sabe cómo hay que rotar los cultivos es el agricultor y el que mejor sabe cómo hay que llevar la ganadería es el ganadero". "Que nos dejen vivir en paz y que nos quiten tanta morralla y tanta mierda que nos están echando ahora mismo", ha subrayado.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha indicado que es "un disparate que la política se ha hecho a espaldas del sector agropecuario". "Por tanto, tiene que haber un giro. Y lo que hoy venimos a pedir es una serie de reivindicaciones que no son de hoy, que son de hace tiempo como la flexibilización, porque o se quita una burocratización tan grande como hay, o es imposible de cumplir", ha señalado.

"Ya lo dijimos en su momento, esta política que se está gestionando, que se está negociando, es una barbaridad. Pues bien, después de un año de aplicación, hemos visto que es una barbaridad", ha recalcado.

Respecto a los acuerdos comerciales con terceros países, Padilla ha sido contundente: "No es posible que Europa no entienda que tenemos que jugar con las mismas condiciones los productores de la Unión Europea y los productos que vengan de fuera, porque ya no son solamente la cláusula de espejo. Como agricultor que soy, cuando voy a sacar mi cosecha, en esa temporada, me vienen barcos de terceros países y me arruinan totalmente la temporada, bajan los precios y ya no vuelven a subir".

El secretario general de COAG ha apuntado al Departamento de Luis Planas, reclamando que hay problemas que tienen que resolverse si se quiere que sigan "produciendo alimentos para la sociedad". "De lo contrario, lo único que tenemos es una reconversión, día tras día, importante, imparable, y absolutamente injustificable, ha señalado.

Por último, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha recordado que la movilización de Madrid coincide con la que se está celebrando a las puertas del del Consejo de Ministros en Bruselas. "Estamos aquí porque no puede ser que la Política Agraria Común, que se creó precisamente para garantizar la alimentación de los ciudadanos de la UE a unos precios asequibles, sea la que está expulsando a los agricultores y los ganaderos en el mundo", ha lamentado.

Ramos ha apuntado como ha hecho Asaja y COAG a la burocracia y la "imposición de normas que no tienen sentido", y a las decisiones medioambientales que impactan en sus explotaciones. "Somos los primeros que sabemos que hay que luchar contra el cambio climático, porque los agricultores y los ganaderos somos los primeros que sufrimos las consecuencias del cambio climático", ha recordado.

"Estamos aquí para denunciar que la PAC se tiene que quitar tanta burocracia, se le tiene que hacer la vida más sencilla a los agricultores. Denunciamos que no se puede permitir que a nosotros se nos prohíba muchas cosas para producir y luego entran los productos de fuera de la UE, por lo que se tienen que establecer las mismas normas que nos exigen a nosotros", ha recalcado.

Ramos ha resaltado la necesidad de que se tiene que "cumplir" la Ley de la Cadena Alimentaria. "Se tiene que cumplir a rajatabla en todos los sectores. Hay sectores que la están cumpliendo como el ganadero o el porcino, pero hay otros como el vino, los cereales, el resto de sectores ganaderos y frutas y hortalizas donde no se establecen esos mismos contratos y esas normas", ha lamentado.

Bajo el lema El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento, los manifestantes convocados por Asaja, COAG y UPA, más de 20.000 según las primeras estimaciones de los organizadores, han reclamado a las puertas del Ministerio de Agricultura soluciones urgentes como la flexibilización de la burocracia de la PAC, el mejor funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria y un plan de choque con medidas concretas para el campo.

Durante el transcurso del acto reivindicativo, que se ha iniciado finalmente a las 12.00 horas, con una hora de retraso, agricultores y ganaderos portaban carteles con lemas como Si el campo no produce, la ciudad no come o Exigimos precios rentables y normas flexibles, mientras hacían sonar cencerros y el claxon de tractores en los que también se podían leer lemas como 'Nuestro fin será vuestra hambre, defiende tu alimentación', 'Mi ruina es tu hambre', Sin agua no hay campo o Necesitamos seguros agrarios que cubran los costes de producción.

La movilización, que se desarrolla en un ambiente reivindicativo y festivo, coincide con manifestaciones en Bruselas, con cerca de 100 tractores, se ha iniciado frente al Ministerio de Agricultura y recorrerá el Paseo del Prado, Recoletos y el Paseo de la Castellana hasta llegar a la Oficina de la Comisión Europea en Madrid.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, llevará al próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, que se celebrará el lunes 26, simplificar la burocracia de la Política Agrícola Común (PAC) y abordar las cláusulas espejo a terceros países, demandas solicitadas por los agricultores y ganaderos, que están manifestándose desde hace más de dos semanas por toda España, según informa Europa Press.

En concreto, Planas ha recordado que el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen "apoyando" la que a su vez Agricultura había enviado al presidente del Consejo y a la Comisión Europea de cara a la reunión del próximo lunes.

De esta forma, España defenderá en esta cita la simplificación en temas de condicionalidad, donde cree que se debería "formular algunos ajustes", así como la directiva de 2019 de prácticas comerciales desleales, donde Planas ha recordado que España cuenta con la Ley de la Cadena Alimentaria, que es considerada "pionera". "Hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho por hacer", ha reconocido el ministro de Agricultura, durante su participación en el Forúm de Nueva Economía.

Otro de los asuntos que llevará a la cita de Bruselas serán las cláusulas espejo, ya que se prohíben determinados productos fitosanitarios, pero hay países terceros que los emplean y ahí reconoce que hay un "problema de competencia desleal", pero entiende que para solucionar este tema tiene que llevarse una negociación en el marco de OMC para ver, efectivamente, si estas "cláusulas son compatibles".

"Algunos somos grandes productores y exportadores como España, Francia o Portugal, pero otros países de la UE son compradores netos. Como ministro de Agricultura de España, tenemos que defender a nuestros agricultores y ganaderos", ha recalcado.

No obstante, Planas se ha congratulado de que Europa esté escuchando el "mensaje fuerte" de los agricultores y ganaderos de todos los países. "Lo que está pasando en España probablemente no hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que ocurrió antes en Francia o Alemania", ha recordado.

De esta forma, se ha congratulado de la reciente reflexión de Von der Leyen, aunque cree que debería haberlo hecho antes. "Quizás si lo hubieran hecho antes se habrían facilitado un poquito las cosas. Estamos haciendo un gran tránsito de una PAC a otra PAC, de un modelo de sostenibilidad a un modelo más avanzado y más ambicioso y necesario", ha recalcado.

Por otro lado, Planas cree que de cara a las próximas elecciones europeas de junio, la problemática del agricultores y ganaderos es un "campo perfecto para la batalla política". "Entiendo que hay quien piense que esto es, y con razón, un preludio de la gran batalla electoral de junio próximo, y no es menor el envite porque nos jugamos la composición del próximo Parlamento Europeo y de la Comisión Europea", ha subrayado.

De esta forma, Planas ha reiterado que una de las claves del futuro del sector agrario es la sostenibilidad, recalcando que "o el futuro de la producción alimentaria es sostenible o no será". "La sostenibilidad no es una pretensión política o una cuestión ideológica, como lo plantean algunos, sino que es una necesidad productiva, pero solo cabe la sostenibilidad si hay rentabilidad", ha subrayado.

"No puede sostenerse en el tiempo la sostenibilidad de nuestras empresas si éstas, a su vez, no son rentables. Y esta sostenibilidad empresarial es un elemento clave y son compatibles una y otra", ha recalcado, consciente de que otro factor es la "velocidad" de la adaptación del medio rural al cambio climático.

Respecto a la Política Agrícola Común (PAC), el titular del ramo ha reiterado que se trata de una "política fundamental" y cree que se ha "conseguido una buena PAC en términos presupuestarios para España", a pesar de las críticas que recibe por parte de agricultores y ganaderos en las concentraciones y manifestaciones de estas semanas.

De esta forma, el titular de Agricultura cree que el "gran agujero y foso" que se da en toda Europa también es cómo se ven percibidos agricultores y ganaderos. "Ese desencuentro entre lo rural y lo urbano es algo que va mucho más allá de esta problemática y de esta movilización concreta. Creo que cuando los ciudadanos de las ciudades que están molestos, ayer mismo en Madrid, por la interrupción de tráfico y demás, pero les aplauden al entrar porque en el fondo tenemos una deuda con ellos", ha señalado.

Respecto al problema de vértigo que sufrió el miércoles en la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados, Planas ha sido contundente: "No soy un buen cantante, pero les diré 'resistiré'. Estoy muy bien y recuperado plenamente aunque probablemente parte de mis problemas físicos sea por mi dedicación a saber qué está pasando".

Por otro lado, se ha congratulado del reciente viaje del Presidente del Gobierno a Marruecos, ya que las relaciones entre ambos países se encuentran en "un momento excelente". "Eso es bueno para Marruecos y es bueno para España, porque nuestra relación es estratégica y tiene que ser siempre positiva, mirando hacia adelante. Que las cosas vayan bien entre España y Marruecos es una buena noticia", ha subrayado, aunque ha recordado que está pendiente la vista del Tribunal de Justicia por el acuerdo pesquero con la UE tras ser recurrido su protocolo, que tendrá lugar en abril, mientras que se espera la sentencia en la segunda parte del año.

Cuestionado por si se reunirá con Unión de Uniones, organización agraria que ayer llevó 1.500 tractores a Madrid con la presencia de 10.000 agricultores por las calles, Planas ha recalcado que se cita con Asaja, COAG y UPA, que "representan a la mayoría del sector agrario y ganadero". "Pero no quiero entrar en polémicas que no solucionan nada, porque mi preocupación son los problemas de agricultores y ganaderos", ha zanjado.

Mientras que respecto a la polémica con Rioja Alavesa, Planas ha señalado que defiende como en el caso del Cava la "unicidad de la denominación de origen por razones prácticas". "No nos corresponde a los políticos juzgar lo que se deba hacer en las denominaciones de origen. Tienen que ser las empresas, en este caso los bodegueros, los que decidan entre ellos lo que quieran hacer", ha señalado.