La suma de incidencias preocupa. Acabamos de presenciar un nuevo desencuentro institucional. Esta vez, entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Congreso de los Diputados. La causa es conocida: la petición reiterada del CGPJ al Congreso para que cumpla con algo a lo que éste no está jurídicamente obligado: solicitarle informe antes de tramitar una iniciativa parlamentaria de reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La primera vez podía entenderse como la expresión velada y hasta comprensible de cierto malestar. La segunda, constituye una inquietante desatención al Congreso y a los ciudadanos a los que representa. En el plano institucional, el roce no siempre hace el cariño.

No exagero. Un proyecto de ley de reforma de la LOPJ obliga al Gobierno a recabar el informe del CGPJ para que, una vez remitido por conducto de su Presidente (y no de cualquier otro modo), sea, en su caso, considerado por los miembros de las Cortes Generales en su tramitación. Pero, en democracia, no puede imponerse a los representantes del pueblo lo que deben o no deben valorar en el proceso de elaboración de una ley. Tan razonable es exigírselo al Gobierno, como irrazonable demandárselo al Congreso. Sin libertad del legislador no hay estado de derecho. Por eso, la obligación del Gobierno nace para salvaguardar un derecho de las Cortes y no para satisfacer un interés del CGPJ.

Con la excepción de Italia, Portugal y España, el resto de los países democráticos carecen de una institución equiparable al CGPJ y, sin embargo, no por ello los jueces del Reino Unido, Francia, Alemania, los Estados Unidos, Holanda, Suecia o Canadá son menos independientes que los españoles o los italianos. El CGPJ es una figura prescindible en un estado de derecho (STC 108/1986, fj. 7º) y de difícil encaje institucional porque, sin ser poder judicial, habla como si lo fuese. La confusión que genera su sola existencia es su principal enemigo. Con todo, puede desempeñar una estimable función de garante adicional: arropar a quienes ejercen la jurisdicción frente a eventuales presiones externas procedentes de la política, de los medios de comunicación e, incluso, de la ciudanía.

Ahora bien, esa función no es conmutativa. El CGPJ no está constitucionalmente autorizado para interferir en la libertad del legislador, ni para decirle a las Cortes cómo ha de ser la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuando lo hace o parece hacerlo, no sólo erosiona con su roce el estado de derecho, sino que separa la tierra que sustenta sus pies. Quien, a sabiendas de que carece de base legal, hace ademanes de exigencia al órgano de representación del pueblo, pierde la credibilidad necesaria para después defender a los jueces frente a injerencias ajenas. Degasta su ya débil razón de ser.

A mi juicio, sería institucionalmente conveniente que la ley contemplara que toda iniciativa de reforma de la LOPJ, con independencia de su origen (gubernamental o parlamentario), fuera previamente informada por el CGPJ. Tan conveniente como que un CGPJ en funciones actúe en coherencia con esa situación y se abstenga de adoptar determinadas decisiones. Pero, más allá de esa apreciación subjetiva, importa no olvidar que, con arreglo a nuestra Constitución, solo el Parlamento puede convertir lo conveniente en una obligación legal. A eso se le llama democracia.

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Francisco Caamaño es Catedrático de Derecho Constitucional y Exministro de Justicia.

El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que promovió la Ley de Memoria Histórica de 2007, desestimó la anulación de los juicios políticos y sentencias del franquismo alegando que es "un imposible jurídico".

Este asunto ha vuelto a ser reclamado esta semana por los independentistas de ERC y el PDeCAT como contrapartida a apoyar la reforma para la exhumación de Franco, y el PSOE de Pedro Sánchez comparte la reivindicación y podría incluirla en la futura tramitación parlamentaria del decreto ley para exhumar a Franco.

La Ley de Memoria declaró en su articulo 3 "la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones".

Expresamente, y "por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público (TOP), así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa".

Ilegítimos los tribunales y sus sentencias

Y, en consecuencia, "se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".

Pero aquella declaración, junto con la carta de reparación que el Estado comprometía a expedir a título póstumo, no fue suficiente para ERC y el PDeCAT, que vienen reclamando la anulación de los juicios y condenas, especialmente por el caso del presidente catalán Lluís Companys, fusilado en 1940.

Para el Gobierno socialista de Zapatero, "en un sistema democrático no hay mayor sanción que la declaración de ilegitimidad" que ya está recogida en la ley: "No hay acto más solemne y más simbólico y emblemático que aquel que se aprueba en el Parlamento", argumentaba el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

A su juicio, "políticamente no existe declaración más significativa que la hecha por las Cortes y jurídicamente no existe declaración con más valor en nuestro ordenamiento" que lo establecido en la ley de 2007. "Algo ilegítimo es algo mucho más que nulo", aseguraba entonces Caamaño en el Congreso.

En un debate con Esquerra en 2010 y ante la insistencia en la anulación de los juicios, el ministro de Justicia subrayó que la anulación es "un imposible jurídico": "La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos a aquello que el legislador ya ha declarado que carece de ellos –argumentaba–. La ilegitimidad es un plus de sanción frente a la nulidad y lo que es ilegítimo no sólo es nulo, sino que además es repudiable porque violenta la esencia del estado de Derecho".

Viraje del PSOE

Hace un año, retomando un texto del Parlamento catalán, el Congreso ya aprobó una proposición no de ley promovida por el PSOE para recalcar que la de Companys y el resto de sentencias políticas son "ilegítimas, radicalmente nulas e injustas, y carecen absolutamente de eficacia y validez".

El PSOE ya dio incluso un paso más allá al incluir la anulación de los juicios y condenas del franquismo es un proposición de ley de reforma de la Ley de Memoria Histórica, vetada por el Gobierno del PP. Y la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, se comprometió a estudiar la fórmula para llevarlo a la práctica.

En próximo meses, cuando se abra la tramitación parlamentaria como proyecto del decreto urgente aprobado para exhumar a Franco, todo apunta a que la anulación de los juicios volverá a estar encima de la mesa y esta vez PSOE, Unidos Podemos y los independentistas de ERC y PDeCAT pueden formar mayoría para aplicarlo.

El exdiputado socialista Xoaquín Fernández Leiceaga concurrirá a las primarias que el PSdeG celebrará el próximo 28 de mayo para elegir a su candidato a la Presidencia de la Xunta. Así lo indicaron a Europa Press fuentes de su entorno, en una jornada en la que el propio Leiceaga inició una ronda de contactos con distintos dirigentes orgánicos e institucionales del PSdeG en las cuatro provincias.

En concreto, una de las primeras llamadas fue al alcalde de Vigo, Abel Caballero, con quien mantuvo una conversación "cordial" en la que ambos coincidieron en la necesidad de trabajar por la unidad del partido con la vista puesta en las elecciones autonómicas.

Se prevé que este exconcejal en Santiago y profesor de Economía Aplicada de la USC haga pública su decisión este sábado, cuando se abre el plazo para que se presenten los interesados.

De este modo, Leiceaga se convertirá en el primer socialista que da el paso para intentar convertirse en el próximo cabeza de cartel del PSdeG, aunque son muchos los que auguran que tendrá oponentes: entre los nombres que se barajan está el del parlamentario coruñés José Luis Méndez Romeu y el del exministro Francisco Caamaño, informa Europa Press.

Diputado en la Cámara gallega desde 2005 hasta 2012, ocupó la portavocía entre 2009 y 2010, pues a finales de este año fue destituido del puesto por Pachi Vázquez. El siguiente secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, recuperó la colaboración con él, y llegó a sondear la posibilidad de que fuese candidato a la alcaldía compostelana y a proponer su nombre para la renovación del Consello de Contas, extremo que fue vetado por el PP.

El Estado "no va a renunciar al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos" en defensa de la soberanía nacional. Esas fueron las palabras elegidas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para responder este martes a la propuesta de resolución promovida por Junts pel Sí y la CUP para iniciar "el proceso de creación del Estado catalán independiente", un documento en el que se da incluso un plazo para iniciar "la tramitación de las leyes de proceso constituyente, seguridad social y hacienda pública": 30 días.

A pesar de que Rajoy afirmó que esta declaración "no va a surtir efecto alguno", no quiso detallar los "mecanismos concretos" que baraja utilizar en caso de que los planes de los partidos independentistas sigan adelante. No obstante, el mandatario citó al Tribunal Constitucional, que tras la reforma exprés apoyada solo por el PP está facultado para tomar medidas contra quienes incumplan sus sentencias. Además, Rajoy tampoco descartó utilizar el artículo 155 de la Constitución, el que se refiere a la suspensión de la autonomía. Pero, hasta que se concreten los siguientes pasos por parte de la Generalitat, la situación es incierta.

¿Qué actuaciones caben ante la propuesta de resolución presentada hoy?

Lo que registraron este martes Junts pel Sí y la CUP en el Parlamento de Cataluña fue una propuesta de resolución, que todavía tiene que ser tramitada y aprobada por el pleno de la Cámara autonómica, en la que ambas fuerzas tienen mayoría absoluta. No obstante, los expertos consultados por infoLibre coinciden: el Gobierno de Rajoy podría comenzar a tomar acciones contra esta resolución a partir de su aprobación, y no antes de la misma. "Una proposición no es un acto, que es contra lo que actúa el Constitucional", señala a este respecto Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

En cualquier caso, lo previsible es que la resolución se apruebe dada la mayoría absoluta de la que disfrutan los independentistas en el Parlamento de Cataluña. Y, a partir de ahí, Rajoy y su Gobierno sí podrían comenzar a moverse, en primer lugar acudiendo al Tribunal Constitucional. Así lo explica Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia (UV) y exministro de Justicia, que señala que, pese a que la resolución carecerá de "valor jurídico", la jurisprudencia faculta al tribunal para pronunciarse al respecto.

"El equivalente a esta resolución en el Congreso de los Diputados sería una proposición no de ley", abunda Caamaño, que sostiene que el Tribunal Constitucional no solía ocuparse de este tipo de documentos –con valor político pero sin consecuencias legales– hasta mayo de 2013, cuando creó un precedente al admitir a trámite el recurso del Gobierno contra la declaración del Parlamento de Cataluña que llamaba a la celebración de una consulta sobre la independencia y reconocía al pueblo catalán como "sujeto político y jurídico soberano", una resolución que, al igual que la propuesta este martes, tampoco tenía valor jurídico.

"El Tribunal Constitucional no debería entrar a valorar la proposición no de ley porque le está dando valor jurídico a algo que realmente no lo tiene, pero utilizando este precedente lo más probable es que el Gobierno acuda" a esta corte, pronostica Caamaño. Y Carreras coincide: "No puede haber recurso al TC cuando sólo hay una propuesta de resolución, pero sí cuando se apruebe en el Parlamento". 

¿Qué puede ocurrir si el Parlamento pone en marcha un proceso constituyente?

Si el Gobierno recurre la declaración del Parlamento ante el Tribunal Constitucional, este tendría dos opciones si finalmente considera que la resolución incumple la Carta Magna, según explica el catedrático de la Universidad de Valencia. En primer lugar, los jueces podrían limitarse a dictar una sentencia en la que proclamase la "nulidad" de la declaración, señala Caamaño, que también sostiene, sin embargo, que existe una segunda opción: obligar al Parlamento catalán a que rectifique o conminarle a que se "abstenga" de realizar resoluciones similares.

Esta segunda opción, continúa Caamaño, es producto de la reforma que preparó el pasado verano el Gobierno y que entró en vigor hace tan sólo unos días, ya que faculta al Constitucional a tomar medidas para hacer cumplir sus sentencias. Y esto implica que el Gobierno pueda recurrir también una hipotética puesta en marcha de "leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública" si el Parlamento desobedeciese al tribunal, como plantea el proyecto de resolución, que de hecho ya señala que "el proceso de desconexión democrática no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional".

¿Se pueden tomar medidas contra Artur Mas o Carme Forcadell?

La reforma del Tribunal Constitucional que llevó a cabo el PP también implicó cambios en la forma de ejecutar sus sentencias. "Antes", explica Francesc de Carreras, el órgano "sólo podía poner multas a las autoridades que no cumpliesen sus sentencias, pero con la nueva reforma también puede suspender a cargos institucionales de forma provisional". Y esto implica que las figuras del presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y especialmente de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, se puedan ver expuestas a esta inhabilitación.

Carreras explica que las suspensiones podrían producirse sólo si los responsables de cumplir una eventual sentencia del Constitucional en contra de la declaración de inicio del proceso independentista la desobedeciesen. Y, en este sentido, ve más probable que sea Forcadell la que quede en el punto de mira, ya que "sería la que permitiría" que se siguieran llevando a cabo acciones contrarias a la decisión del tribunal, como podría ser la aprobación de leyes para avanzar en la independencia.

En esta interpretación coincide el exministro Caamaño, que no obstante se muestra cauto porque la nueva norma no se ha aplicado nunca y, por tanto, no existe jurisprudencia al respecto. "Personalmente, yo creo que el Constitucional no va a entrar [a tratar de obligar al cumplimiento de su sentencia en lugar de simplemente publicarla], pero nunca se sabe", sostiene el catedrático, que no descarta que el mismo Artur Mas pudiera ser objeto de una posible inhabilitación, aunque insiste en que el caso está muy en el aire.

En cualquier caso, la reforma del Tribunal Constitucional llevada a cabo este verano da competencias a la corte para suspender a cargos como Mas o Forcadell, pero no a los diputados del Parlamento de Cataluña ni mucho menos al mismo órgano, como apuntan fuentes jurídicas consultadas por infoLibre. Por ello, aunque el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlamento pudieran ser inhabilitados de sus cargos ejecutivos, no perderían su acta como parlamentarios. 

¿Rajoy podría aplicar el artículo 155 de la Constitución?

El presidente del Gobierno también hizo referencia durante su intervención de este martes a la posibilidad de recurrir, como última opción, al artículo 155 de la Constitución, que establece que el Ejecutivo puede "adoptar las medidas necesarias para obligar" a una comunidad autónoma que incumpla la ley "al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones". Para ello, "el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas", abunda la Carta Magna.

Esto implica, según explica Carreras, que "se rompe la autoridad no jerárquica que da sentido a la autonomía, y desde el Gobierno se pueden dar órdenes para que se cumplan aquellas leyes que se están incumpliendo a funcionarios e instituciones". No obstante, esta amplitud es la que convierte al artículo 155, según Caamaño, en un recurso "de muy compleja aplicación": "Puedes suspender a Mas o el Parlamento, pero ¿cómo suspendes a los Mossos d'Esquadra, a los profesores universitarios o a los miles de funcionarios autonómicos? ¿Los conviertes en funcionarios del Estado?", se plantea el exministro.

Caamaño, en cualquier caso, tampoco se muestra taxativo sobre el modo de aplicar el artículo 155 ya que no existen precedentes al respecto y el "constituyente" lo diseñó "sin contar con llegar a una situación política" como la actual, en la que las comunidades autónomas tienen transferidas multitud de competencias. Carreras, por contra, sí sostiene que el Gobierno podría elegir qué competencias concretas retira al Ejecutivo catalán.

¿Es posible iniciar acciones penales?

Más allá de las medidas que pueda tomar el Tribunal Constitucional, parece mucho más complicado iniciar acciones penales aunque se apruebe la propuesta de resolución. Así lo confirman fuentes jurídicas a infoLibre, que explican que el Código Penal sólo contempla que las personas jurídicas tengan responsabilidad penal en el caso de que hayan incurrido en algunos delitos socioeconómicos: de hecho, la norma prohíbe expresamente imputar estos delitos "a las Administraciones públicas territoriales e institucionales". Por ello, en este caso el Parlamento de Cataluña –que sería quien aprobase la declaración– no podría ser "sujeto activo" de la autoría de ningún delito penal.

De igual forma, estas mismas fuentes jurídicas ven difícil imputar a los miembros de la Mesa de la cámara catalana ningún tipo de responsabilidad penal –como un delito de desobediencia– por haber admitido con sus votos que se tramite la resolución en el pleno del Parlamento. Y es que hoy por hoy, los integrantes de este órgano que hayan votado a favor no habrían desobedecido ninguna orden expresa, precisamente porque el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la posible ilegalidad de la propuesta de resolución.

El caso sería diferente si el Constitucional, una vez que apruebe la declaración del Parlamento, la declara ilegal y prohíbe que sigan produciéndose actuaciones en la misma línea. Si Junts pel Sí y la CUP cumplen su hoja de ruta y comienzan a tramitar las leyes constituyentes del Estado catalán independiente, los diputados que voten a favor de estas normas sí podrían estar incurriendo en un delito de desobediencia, aunque las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre señalan que existe una vía que dificultaría imputarles esta infracción: que la cámara autonómica decidiera realizar las votaciones mediante voto secreto.

El uso de esta táctica impediría identificar fehacientemente a los parlamentarios que desobedecieran la orden del Constitucional. Y es que estas fuentes explican que existe un precedente en el que a diputados autonómicos se les ha sancionado penalmente por un delito de desobediencia: en 2008, el Tribunal Supremo condenó al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, y a Kontxi Bilbao y Gorka Knorr, ex miembros de la Mesa, por no haber disuelto el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, el nombre que adoptó Batasuna tras su ilegalización en 2003, tras ordenarlo así el Alto Tribunal.

Acaba de apartarse de la política activa para regresar a sus raíces como profesor en la Universidad de Valencia, donde obtuvo la Cátedra de Derecho constitucional hace trece años. Francisco Caamaño (Cee, A Coruña) se desliga así de su escaño en el Parlamento gallego de mano del PSdeG, tras un continuado desgaste interno en el partido. Antes de eso, Caamaño alcanzó su mayor protagonismo dentro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como secretario de Estado de Asuntos Constitucionales primero, y como ministro de Justicia después.

Su último libro, Democracia federal(Turpial), publicado en el 2014, es una declaración de intenciones hacia lo que el jurista considera como el modelo más adecuado para una España donde, ahora más que nunca, se cuestiona la validez del Estado de las autonomías creado durante la Transición. Caamaño sienta las bases para reconocer la diversidad identitaria dentro de España, desde una óptica esencialmente unionista. Así lo expresa también a través de su apoyo a la asociación La Tercera Vía, que presentó junto a otros compañeros socialistas el pasado martes en Madrid, y que defiende una política de consenso y diálogo.

Los nuevos socios de infoLibre (suscripción anual más tintaLibre) y los que ya lo sean pero se pasen a esta modalidad en septiembre, recibirán gratis este ensayo.

InfoLibre ha conversado con él sobre las claves políticas y jurídicas del panorama actual, con unas elecciones catalanas a la vuelta de la esquina que serán determinantes para el futuro de España y los pueblos que la configuran.

PREGUNTA: Usted es partidario de un Estado federal, ¿cuál es la ventaja de este modelo sobre uno confederal, donde las confederaciones tendrían la posibilidad de independizarse, o sobre el actual Estado de las autonomías?

RESPUESTA: El modelo confederal pocas veces ha existido, ni siquiera Suiza llamándose Confederación Helvética lo fue realmente, porque un estado confederal es la unión de estados independientes que se relacionan a través del derecho internacional, y por tanto es una figura muy débil como unión de estado. Un Estado federal, sin embargo, supone la defensa de la unidad. Los federalistas somos unionistas, admitimos la pluralidad dentro de la unidad, y creemos que la superposición de identidades, la capacidad de gestionar lo diverso, es un valor importante y añadido, máxime en el mundo en que nos toca vivir. 

Hay personas que creen que el Estado autonómico es un anticipo del Estado federal, y aunque en la práctica se parezca, lo cierto es que siempre ha sido profundamente anti federal. El aumento del autonomismo surge precisamente para luchar contra el federalismo en la historia política de España, y eso es probablemente lo que explique que existan tan pocos federalistas en nuestro país.

P.: Sin embargo sostiene que no todo federalismo sería válido para España, ¿cuál considera el modelo federal más adecuado?

R.: Existen tantos federalismos como Estados federales, pero hay dos modelos básicos: uno que es el llamado federalismo dualista, que fue el originariamente existente en Estados Unidos, y que es el que ha formado federaciones como Australia o Canadá, es decir de tipo anglosajón, competitivo; y otro que se conoce como federalismo cooperativo que es el modelo establecido en la República Federal alemana y en Austria después de la II Guerra Mundial.

La gran diferencia entre uno y otro es que en el federalismo competitivo se parten de las mismas bases, pero las respectivas unidades de gobierno toman decisiones distintas en el ejercicio de su poder. Lo que ocurre es que ese afán de mirarse unos a otros hace que con el tiempo todos copien la mejor solución. Por el contrario, en el federalismo cooperativo, la legislación la hace el Estado y la ejecución de la ley la hacen los miembros federados, y esto plantea gravísimos problemas en España, donde existen sentimientos identitarios distintos. Es decir, Alemania puede ser un Estado de federalismo cooperativo porque incluso cuando eran dos Estados separados e independientes, el pueblo alemán y la nación alemana era una sola. Cuando se da esa base identitaria común es fácil administrar el federalismo cooperativo. Pero España no es así. España necesita espacios de libertad para que cada identidad se pueda desarrollar, y a la vez elementos competitivos en la prestación de servicios, derechos y deberes que al diferenciarse convierten esa competencia en un elemento positivo para todos. Nosotros creemos que eso es bueno para España porque la igualdad no es la homogeneidad, sino la buena gestión de lo diferente.

P.: Felipe González propuso en una entrevista reconocer el carácter nacional que existe en Cataluña (aunque recientemente lo ha desmentido), mientras que Pedro Sánchez habla de su “singularidad”. Otros sectores del PSOE, como el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, consideran que el concepto de nación debe reservarse únicamente para España. ¿Qué le parece este debate de denominaciones que existe actualmente dentro del PSOE?

R.: Me parece un debate muy español, e inexplicable. Escocia es una nación dentro del Reino Unido sin ningún tipo de problema. En este debate se mezcla la identidad con los posicionamientos políticos. Yo no voy a negar que España sea una nación, pero tampoco tengo elementos para negar que lo sea Cataluña, Galicia o el País Vasco. Una nación es lo que sus ciudadanos quieren que sea, por su voluntad democrática. El problema está en si ser nación comporta elementos diferenciales o no, ese es el gran debate. El hecho de reconocer el carácter nacional de Cataluña, de Galicia o del País Vasco, o de cualquier otra comunidad que desee serlo porque se considera tal, mientras no suponga ningún elemento de ruptura con la unidad del Estado, no ofrece ningún tipo de problema específico. Más que nada se trata de quienes creen que vinculada a la palabra nación está la idea de soberanía y eso es algo que sólo se dio en el siglo XIX con el nacimiento de los Estados. Puede haber naciones que no tienen necesariamente por qué ser soberanas, y sin embargo son reconocidas como tales.

P.: Naciones sin Estado.

R.: Efectivamente, hay naciones que son errantes, como Palestina. El elemento identitario es distinto de la estructura territorial. España lo que tiene que hacer es olvidar sus decisiones nacionalistas que en el fondo son muy decimonónicas. Esta lucha entre naciones es lo que no deja hueco para administrar la diversidad, porque es una lucha de sentimientos confrontados entre quienes defienden la nación española y quienes defienden las naciones no españolas, y eso genera un nacionalismo pro Estado y anti Estado. Este es el lugar dramático en el que se encuentra gran parte del debate político español. De lo que habría que hablar es de cómo construimos una sociedad democrática en la que podamos convivir todos de manera aceptable y con dosis razonables de igualdad y libertad.

P.: Con ese objetivo se generó la propuesta de La Tercera Vía

R.: La Tercera Vía busca un discurso de construcción federal en España, pero no un federalismo homogéneo en todo el territorio, sino un federalismo que incorpore las diferencias como algo positivo que nos enriquece a todos. Porque el catalán, por ejemplo, es la lengua de los catalanes pero yo también quiero que sea una lengua española, porque forma parte de la cultura de cualquier español. Todo esto puede sumar, no tiene por qué restar, sólo tenemos que administrar cómo queremos que todo sume. Esa gestión de la diversidad es lo que pretende La Tercera Vía, y para ello hay que entender una cuestión muy importante que se olvida en la reflexión política: mientras que la desigualdad se corrige con políticas de igualdad, con discriminaciones positivas, cuando se trata de identidades no hay propiamente desigualdad sino diferencias. Y frente a la diferencia no caben las políticas de igualdad, sino las políticas de reconocimiento.

P.: Hay por tanto un problema de base que es una cuestión conceptual, una connotación negativa hacia la diferencia.

R.: Ese es el gran error. El que es diferente no es desigual, desigual es el que está en una posición desequilibrada que puedo corregir. Lo diferente forma parte de mi propia diversidad, de mi propia cultura, de mi propia historia. No se puede tratar de igualar al que es diferente, hay que conocerlo como es, darle un espacio e incorporarlo. Y si somos capaces de incorporar la diferencia a nuestra forma de ser, a nuestra experiencia, entonces viviremos todos mucho mejor.

P.: Usted dedica un capítulo del libro al concepto derecho a decidir, y hace referencia a Escocia cuando dice que “si Escocia ha decidido (votado) sobre su independencia es porque antes así lo ha autorizado el Parlamento británico”.

R.: La trampa del derecho a decidir es que lo han vendido como si fuese un derecho humano por haber nacido. Es decir, que por haber nacido en Cataluña yo tengo el derecho a decidir sobre Cataluña. Pues bien, eso no es cierto. Porque para ser derecho tiene que haber sido decidido antes democráticamente. El único derecho que puedes decir que no se ha decidido democráticamente antes es el que impone un dictador, o el llamado derecho divino, o el derecho natural, y yo no creo en ninguno de esos derechos, sino que creo en el derecho que se dan los hombres y las mujeres deliberando democráticamente en una sociedad.

El mejor ejemplo de todo esto es la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá. El Tribunal Supremo de Canadá dice: no existe un derecho a decidir, nadie puede irse unilateralmente de un Estado. Quebec no tiene derecho a decidir, pero parece razonable que, cuando se pide reiteradamente, el resto establezca un mecanismo para que se le pueda escuchar, y en caso de que exista una pulsión favorable se negocie una salida a esa situación. En este caso, quien ha decidido que puede en su caso existir la posibilidad de una negociación y de un referéndum no ha sido nadie que tenga derecho a decidir, sino el Tribunal Superior mediante su sentencia.

P.: ¿Debería el Parlamento autorizar la celebración de un referéndum en Cataluña, como en el caso de Escocia?

R.: Yo defiendo la posibilidad de un referéndum para valorar su nivel de satisfacción dentro de España, pero eso nunca les permitiría, aunque saliese el sí a la independencia, irse unilateralmente, sino abrir un proceso de negociación en el mejor de los casos con las autoridades del Estado y ver en cuántos años, de qué manera, a través de qué mecanismos y procedimientos debatidos se puede avanzar en una determinada dirección.

P.: Para que esto sea posible propone la modificación del artículo 92.

R.: Cuando escribí el libro algunos autores, entre ellos mi maestro Paco Rubio, defendían la posibilidad de celebrar un referéndum en Cataluña sin necesidad de reformar la Constitución española. A su juicio, aunque el artículo 92 dice “todos”, y eso significa todos los españoles, se podría interpretar y ajustar a la realidad. Yo entiendo que sería bueno pactar con Cataluña una reforma del artículo 92 para abrir la posibilidad de que se pueda celebrar un referéndum, y mientras tramitemos esa reforma hablemos de la Ley de Referéndum en donde irá esa nueva modalidad, y hablemos por tanto de cuáles serán las condiciones.

Por ejemplo, sólo se podrá llevar a cabo este referéndum cuando por dos veces seguidas el Parlamento de Cataluña con una mayoría de dos tercios así lo pida. En ese caso, habrá un debate de política general en el Congreso, y si existe una mayoría absoluta favorable a esa consulta entonces el presidente del Gobierno estará obligado a convocarlo. Eso descomprimiría la situación, estaría diciendo a la gente que ya hay una serie de condiciones para poder hacer un referéndum. De esas cosas podríamos hablar, y yo creo que si se hubiera hablado de esto en su momento, probablemente Cataluña habría admitido alguno de estos procedimientos, aun sabiendo que iba a ser prácticamente inviable que el referéndum se fuese a dar.

P.: La negación de esa posibilidad ha llevado a Cataluña a optar por la vía de la desobediencia civil, como vimos en el 9-N, ¿cómo encaja esto en un contexto democrático?

R.: Yo creo que lo que ocurrió con la consulta es un acto alegal en un Estado de derecho. Las autoridades de la Generalitat han intentado decir que lo que hacían no estaba prohibido por la ley, aunque tampoco autorizado. Se trata de una especie de hackeo de la ley. Lo que hace un hacker no es sustituir un programa informático por otro, sino meterse dentro del programa y con los mismos instrumentos conseguir fines distintos. Eso es un poco lo que ha intentado hacer la Generalitat con la consulta, dentro de la propia legalidad generar un espacio alegal. Eso, en un Estado de derecho, no deben hacerlo quienes están asumiendo funciones gubernamentales. Yo no creo que un presidente de la Generalitat pueda defender públicamente la independencia de Cataluña, puede hacerlo como ciudadano, no tengo ninguna duda, pero es una contradicción en sí misma que lo haga siendo el mayor representante del Estado español en el territorio de Cataluña. Pero por otro lado ahora resulta que como respuesta el gobierno de Rajoy ha jugado con una doble vuelta del derecho, ha forzado el derecho.

P.: Y de ahí la reforma del Tribunal Constitucional reforma del Tribunal Constitucional

R.: Es un verdadero disparate jurídico. En primer lugar se dice que la sentencia del Tribunal Constitucional será a título ejecutivo. Las sentencias no necesitan ser a título ejecutivo, porque ya tienen fuerza de cosa juzgada. En segundo lugar dice que el Tribunal Constitucional podrá pedir el auxilio del Gobierno de la nación para ejecutar sus sentencias. ¿Y qué ocurre cuando quien no las cumple es el propio Gobierno de la nación? ¿El Tribunal se verá entonces auxiliado por el de la comunidad autónoma? Porque tenemos que recordar que el Estado también ha incumplido las sentencias del TC, la del 0,7, la de la formación profesional cuatro veces seguidas… Por tanto esta proposición de ley que presenta el Partido Popular desnaturalizando el papel del Constitucional, y además con una regulación técnica nefasta, supone situarse en una posición contranatura y tensionar más la situación, como si el derecho por sí solo y el TC fuese a arreglar un problema que es sobre todo político.

P.: ¿En qué caso sería de aplicación el artículo 155, y cómo afectaría a la autonomía de Cataluña?

R.: Una de las causas que ha motivado la proposición de ley del PP son las dificultades de una aplicación política del artículo 155 de la Constitución. Una cosa es que la Constitución permita suspender una autonomía, otra cosa es tomar la decisión política y la tercera es que eso de resultado. Hay personas que creen que suspender la autonomía es quitar a Artur Mas, quitar al Parlamento de Cataluña y poner a otros. El problema no es ese, es que suspender la autonomía se hace con los Mossos d'Esquadra, se hace con el sistema de salud catalán, con los profesores, las universidades, los bomberos, porque todo esto son cuerpos autonómicos, no del Estado, por tanto son cuerpos que ya dependen de un Gobierno.

Por eso la gran dificultad del 155 no es solo la decisión política sino la gestión de la suspensión. De hecho el 155.2 es de esos artículos que están en las constituciones con la voluntad de que nunca tengan que utilizarse, son como un aviso para navegantes. Pero cuando los navegantes no atienden al aviso es muy difícil después llevar a la práctica lo dispuesto en ese artículo. Lo que hizo el PP fue trasladarle el problema al TC con la reforma de su ley.

P.: De cara a las elecciones del 27-S ¿qué consideraría como una victoria independentista? Artur Mas habla de una mayoría de escaños y no de votos

R.: Una mayoría de escaños ya la tiene hoy. Si ha hecho todo esto para obtener la misma mayoría que tiene hoy sumando con Esquerra y Convergencia, entonces poco éxito ha tenido. Una mayoría absoluta no puede definir nada. Si, por ejemplo, para nombrar a su defensor del pueblo se necesita una mayoría de dos tercios, a nadie se le pasa por la cabeza que para declarar la independencia baste con una mayoría absoluta. Todo lo que no sea superar lo que hoy tiene desde luego es políticamente una derrota. Y aunque tuviese un mejor resultado eso no quiere decir que el resultado legal pueda legitimar la independencia, puede dar alas políticas al independentismo pero no puede hacer que ningún gobierno de ningún parlamento, por muy grande que sea la mayoría que obtenga Mas, pueda tomar decisiones jurídicas y vinculantes dentro del Estado.

P.: Si en las elecciones del 27-S triunfan las candidaturas independentistas, ¿de qué será síntoma y qué consecuencias puede tener?

R.: Sería síntoma de que algo que viene ocurriendo en ciertos lugares a lo largo de toda la historia contemporánea de España, especialmente en Cataluña, no ha encontrado un acomodo razonable en la Constitución del 78. Sería síntoma de que no hemos acertado con ella, porque hay una mayoría de catalanes que no están a gusto. Lo que tenemos que hacer no es romper nada, sino ponernos a hablar a ver cómo somos capaces entre todos de hilvanar ese encaje. Porque yo creo que lo bueno es poder sumar identidades y no restarlas, lo demás será volver a un mundo de siglo XIX estructurado en focos de identidad y dominación. Hoy todos somos un poco de todos los lugares, eso es avanzar, lo otro es retroceder.

P.: ¿Podría hacer una valoración de la carta Felipe González publicada en El Paícarta Felipe GonzálezEl País?

R.: Hay partes con las que puedo estar de acuerdo y otras con las que discrepo, más allá de la oportunidad de dicha carta, que eso es una valoración que corresponde hacer desde una perspectiva de política general. Yo creo que la sensibilidad de muchísimas personas en Cataluña no es la de irse de España, pero tampoco quieren recibir lecciones desde otro lado. Son conscientes de la situación, ellos viven directamente el problema, saben cuál es la división interna, y ante esta situación lo que hay que hacer es sobre todo llamar a la prudencia y procurar no hacer ningún tipo de descalificación excesiva sobre nadie.

P.: ¿Y sobre la respuesta de Artur Mas? respuesta de Artur Mas

R.: Me pareció fuera de todo lugar viniendo del presidente de la Generalitat, y desde luego creo que es mucho más moderada y razonable la de Felipe González. De todos modos, si no hubiese la primera probablemente no hubiese habido la segunda. Y si nos hubiésemos ahorrado las dos sería mejor para todos, porque el debate estaría menos caldeado.

"Yo no soy un político al uso. Yo procedo de la universidad". Se podría decir que Francisco Caamaño se reivindica como uno de esos políticos que no son casta. Pero él no tiene ni ha tenido carné de Podemos. El suyo es del PSOE, y desde hace relativamente poco tiempo, cuando llegó al Ministerio de Justicia, en 2009. Ahora, se va de la primera línea para volver a la universidad, pero no rompe con su partido. 

Ni siquiera rompe del todo con la política, dice, porque ahora seguirá haciéndola "desde otros foros" y a través de sus escritos, y para lo que su formación le reclame. Aunque no piensa competir ya en procesos internos. 

Francisco Caamaño (Cee, A Coruña, 1963) anunció este lunes que renuncia a su escaño por A Coruña en el Parlamento gallego, que obtuvo en 2012, para regresar a su cátedra de Derecho Constitucional en la Universitat de València. Pone fin así a una excedencia especial de 11 años, la que obtuvo al ser nombrado en 2004 secretario de Estado de Relaciones con las Cortes por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En 2009 asumió el Ministerio de Justicia, hasta el fin de la pasada legislatura, en diciembre de 2011. 

Su relación con el PSdeG, del que era secretario provincial en A Coruña, ha tenido más tiras que aflojas en los últimos años. Y sus desencuentros con el líder del partido en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, públicos. Ambos llegaron a pedirse la dimisión y se cruzaron descalificaciones. El fin del conflicto se produjo en diciembre del año pasado, cuando pasó a ocupar el liderazgo coruñés uno de los suyos, Julio Sacristán, al vencer en unas primarias internas.

"No me he ido por tensiones internas. Aquel conflicto quedó bien cerrado", señala Caamaño, en conversación telefónica con infoLibre. De hecho, hace "un mes" avanzó a Besteiro que quería dejar su escaño en el verano de este año. Si ha adelantado su marcha es porque los planes docentes se aprueban en mayo, "y tampoco tenía sentido esperar a después de las elecciones municipales del 24-M". Su incorporación a la Universitat de València será inmediata, al tratarse de una excedencia especial para ejercer cargo público.

"Autocontención", "límites"

El exministro publicó el año pasado Democracia federal. Apuntes sobre España (Turpial) e iba viendo cargarse su agenda de compromisos académicos en los últimos meses. Y a él le gusta implicarse a fondo con cada tarea que tiene por delante. Y aunque el grupo parlamentario le dejaba hacer, tenía más ganas de regresar al mundo universitario. La política exige "autocontención", ponerse "límites". "No me voy por falta de libertad interna, sino porque anhelo la libertad que te da la cátedra", confiesa. Quiere poder rebatir, que le escuchen no pensando que fue ministro, o diputado autonómico, o secretario de Estado. Quiere discutir en el ámbito académico. Porque lo echa en falta. "Sería irresponsable que un político hablase como un profesor, y también que un profesor hablase como un político".

Quiere poder decir, por ejemplo, que estos tiempos son "contradictorios", en los que España está atrapada entre aquello que fue, en la Transición, en los años del crecimiento, y las dudas sobre lo que es y sobre su futuro. "Probablemente estemos saliendo de la crisis, pero tenemos que preguntarnos qué modelo de sociedad queremos ser, y esa pregunta no es sólo para los políticas. Es para todos. Como también debemos plantearnos qué controles públicos queremos, o qué impuestos estamos dispuestos a pagar. "Decir esto quizá pueda ser políticamente incorrecto, porque la política activa exige atención a lo que dices y a cómo los otros lo entienden", explica. 

Caamaño cree que los tiempos de hoy están marcados por una profunda "desigualdad" social. España necesita una "enorme reforma fiscal" para evitar que "unos pocos egoístas" acaparen todos los recursos, como necesita unos "políticos de altura para luchar contra la corrupción". El rosario de dirigentes desfilando por los juzgados, de todos los partidos, es síntoma, dice, de que "algo se ha hecho mal" en estos casi 40 años de democracia. Falta "mucho por hacer", profundizar en la "cultura democrática", que es tanto como adoptar otra cultura cívica, en la que "todos" los ciudadanos tienen su parte de responsabilidad. "España debe hacer esa reflexión. Espero que de todo esto aprendamos. Yo soy de natural optimista, y creo que lo llegaremos a hacer". 

Que Sánchez tenga un "tiempo de rodaje"

¿Será el PSOE capaz de liderar esos cambios? "Yo confío en lo que viene, aunque no sea garantía de acierto. Resurgirán cosas nuevas, no sé cuáles. Pero habrá referentes nuevos. No sé si serán los actuales líderes de PSOE, Podemos, PP o Ciudadanos". 

El exministro no votó en 2012 a Pedro Sánchez como líder. Su apuesta era otra. Era el diputado vasco Eduardo Madina. "Pero Pedro es mi secretario general desde el día en que ganó. Cometió algunos errores al principio, y yo discrepé de algunas cosas, como el pacto antiterrorista. Pero el PSOE está haciendo sus deberes. Y lo importante es lo que se juega el partido. Hay que dar a Pedro una oportunidad. El partido decidirá en primarias si él es el candidato a la Moncloa, pero soy partidario de que tenga un tiempo de rodaje. No podemos cambiar cada día de líder". Ni siquiera cree que su formación se vaya a hundir en las atuonómicas y municipales. No ve el futuro tan negro. Percibe que Podemos "está llegando a su umbral" y que el PSOE "está un poquito mejor" que hace meses, y que logrará remontar más hacia las generales de final de año. 

Los ciudadanos quieren castigar el bipartidismo, sí. Pero tras esa fase "rupturista", en la que se premiará a las formaciones emergentes –Podemos y Ciudadanos–, vendrá otra "más reequilibrante", espera, en la que también se valorará "la estabilidad política". Hará falta repensar, por ejemplo, la Ley Electoral, pero "sin demagogias", sin llegar a alumbrar un Parlamento ingobernable. 

En el horizonte, y al menos eso lo dicen todas las encuestas, se atisban los pactos. "España, es verdad, no está acostumbrada a las coaliciones. Los bipartitos, tripartitos... han recibido todo tipo de descalificaciones. Pero será otro de los aprendizajes que tengamos que hacer", subraya. 

Pero pactar, para Caamaño, no puede ser jamás sinónimo de gran coalicióngran coalición. Una solución que no apoya, "ni siquiera para Alemania". La alianza de socialistas y conservadores "no es más que la visión plural del partido único". "Democracia es competición. Y ante un mal gobierno de los dos grandes, no hay a quien votar. Esto se nota en Alemania. Falta creatividad". 

"Vuelvo a donde estaba"

Pero hay otra gran coalición que al exministro tampoco le gusta, que es la de PP y Ciudadanos, "sin Mariano Rajoy a la cabeza". "Es el sueño de la derecha", asegura. "En la política, las élites tienen mucho que decir. Primero vino el frenesí a favor de la gran coalición de PP y PSOE, y como vieron que era imposible, resurgió el apoyo a C's en la idea de que tiene que ser el sustento de un PP sin Rajoy, de una derecha sin pasado". 

Caamaño es partidario de un PSOE "con una fuerza suficiente para gobernar" que sea capaz de entenderse "con otras formaciones" en el espectro de la izquierda, como Podemos. Confía en su partido. Pese a que haya atravesado y atraviese "momentos complicados", "tiene más raigambre en la sociedad española de la que algunos creen". 

"Vuelvo a donde estaba", a la Universidad, recapitula el exministro. Pero no se va del PSOE. "Seguiré trabajando y colaborando con el PSOE. Ayudaré en lo que me necesiten y pueda. Haciendo incluso papeles para temas de política nacional o gallega. Se puede hacer política desde distintos foros". No cierra la puerta a nada, porque no se atreve a decir aquello de "de este agua no beberé". Pero la política activa no está por ahora en su horizonte. Tampoco tiene en mente competir en las primarias por la candidatura a la Presidencia de la Xunta, como en algún tiempo se comentó. "No, eso seguro que no. Para nada". 

El diputado del PSdeG por la provincia de A Coruña Francisco Caamaño anunció este lunes que renuncia a su escaño en el Parlamento gallego para regresar a la docencia en la Universidad de Valencia. Además, afirmó que seguirá siendo "militante socialista" y continuará "trabajando por Galicia" y defendiendo sus ideas de "izquierdas", al tiempo que rehusó decir "de esta agua no beberé" en lo que se refiere a una hipotética vuelta a la primera línea política.

Aunque insistió en los motivos personales y en que tiene que ver con la mayor intensidad de publicaciones, admitió que también las diferencias con el actual líder socialista gallego, José Ramón Gómez Besteiro, han sido "elementos" que han formado parte de la decisión. En todo caso, aclaró que "no" han sido "determinantes" y, además, dejó cerradas cualquier herida por aquellos "episodios" y estableció en un "fin de ciclo" la decisión adoptada.

El que fuera ministro de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero dejó la secretaría provincial de A Coruña en diciembre del pasado año dando el relevo a Julio Sacristán, que había vencido en unas primarias a Manuel Mirás Franqueira, alcalde de Oroso, en un congreso extraordinario en el que se dio por cerrado el conflicto abierto entre el diputado y la dirección autonómica del PSdeG.

Caamaño había llegado a tildar de "golpista" a la dirección socialista gallega por entender que había auspiciado una contralista de delegados al congreso federal con sus opositores, que además resultó vencedora, y el propio Besteiro pidió incluso la dimisión, salida que el ahora diputado dimisionario no aceptó.

Sin embargo, en su intervención en rueda de prensa incidió en que ahora "no" tiene ninguna "diferencia especial" y remarcó que tras aquellos momentos "quedaron atrás" y su relación se "arregló" con todos los miembros de la dirección. En este sentido, manifestó que lo que ha hecho desde entonces ha sido "colaborar" y realizar "todo" lo que le pidieron.

"Seguir socialista"

Durante la rueda de prensa de este lunes, Caamaño indicó que su marcha se ha retrasado por motivos "puramente personales" y que la tomó ahora para poder contar con los tres meses de "reciclaje" previos a su reincorporación a la universidad, con el inicio del curso en septiembre.

Caamaño aseguró, en su intervención, que seguirá "trabajando" por su "partido", y como "militante activo", como ha sido desde que fue nombrado ministro de Justicia hasta ahora, y defendió que esta nueva faceta se puede hacer desde Valencia, donde "hay empresas" gallegas. Asimismo, destacó también la importancia de llevar fuera de Galicia lo que es la comunidad.

"La vida es acumular experiencias", dijo tras repasar parte de su currículo, en el que figura actividad como abogado, diputado, profesor y miembro del Tribunal Constitucional. Así, subrayó que ahora se cierra "un ciclo vital", pero para continuar explicando sus ideas desde un punto de vista más académico.

El aún parlamentario juzga que se puede hacer "política" desde "muchos lugares" y se irá a la universidad "con dedicación exclusiva". "Es lo que me apetece", reiteró, en referencia a su regreso a la docencia.

El todavía diputado socialista registró en la mañana de este lunes su renuncia en la Cámara autonómica, que se formalizará este martes ante la Mesa de la Cámara, en la que hasta ahora era responsable del área de Cultura del Grupo Socialista. Le sustituirá en el Parlamento autonómico el actual secretario de Organización del PSOE en la agrupación provincial de A Coruña, Emilio Vázquez Blanco.

Caamaño se despidió con un agradecimiento a sus compañeros de grupo parlamentario, especialmente a su portavoz, José Luis Méndez Romeu, y a sus compañeros en la agrupación socialista, empezando por el actual secretario provincial.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se mostró partidario este lunes de una reforma constitucional limitada a través de la incorporación de una disposición adicional sobre Cataluña en la Carta Magna. Zapatero se desmarca así de la línea oficial del PSOE, que plantea una reforma constitucional de mayor calado, en clave federal.

"No veo posible una reforma constitucional; la vía más razonable es una disposición adicional sobre Cataluña en la Constitución", declaró Zapatero en un acto en el que se presentaba el libro del que fuera su último ministro de Justicia, Francisco Caamaño, Democracia federal. Apuntes sobre España (Turpial, 2014), y al que asistieron juristas y políticos, entre ellos algunos dirigentes del PSOE como Eduardo Madina o Carme Chacón, además de excompañeros de Gobierno de Caamaño como la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega o Miguel Ángel Moratinos.

Tal y como publicó infoLibre el pasado 28 de septiembre, sectores del PSOE y del PP llevan tiempo manejando una solución alternativa para salir del aparente callejón sin salida que supone el desafío soberanista de Artur Mas. Ese desbloqueo consistiría en introducir una disposición adicional a la Constitución que incluya algunas de las demandas que plantea el bloque soberanista.

Zapatero apuesta por poner a cero el marcador "con el objetivo de que el pueblo de Cataluña recupere lo que perdió con la sentencia del Tribunal Constitucional" sobre el Estatut. En esa disposición adicional se reconocería la singularidad catalana de una manera similar a la que en 1978 los ponentes hicieron con los derechos históricos del País Vasco y de Navarra. Como este mismo lunes publicaba infoLibre, la fórmula de una solución negociada y trasladada posteriormente a la Constitución es defendida también por grandes empresas y bancos que vienen solicitando a Mariano Rajoy un giro político tras el 9-N sobre Cataluña, que supere el encastillamiento del Gobierno y del PP en la simple aplicación de las leyes actuales.

Zapatero aseguró: "Discrepé y discrepo de esa sentencia, pero quiero vivir en un país donde hasta el presidente del Gobierno pueda sentirse muy incómodo con la sentencia de un tribunal. Eso para mí es una garantía de democracia". Además, señaló que no ve posible un proceso constituyente "en el horizonte razonable, desde luego de algunas de las generaciones que puedan estar hoy liderando la política". Además, el expresidente del Gobierno aprovechó para "reivindicar el proceso constituyente español y la Constitución".

"Ir a algo que no sea sólo deseable, sino posible", por lo que llamó a una "reforma concreta, singular" de la Constitución, que se vería materializada en esa disposición adicional. Recordó que en 2006 intentó una "reforma algo más amplia" pero "no fue posible". Por ello, hoy apuesta por una "reforma ad hoc".

Crítica a la consulta del 9-N

El exmandatario socialista también se mostró crítico con la consulta catalana, señalando que "se votan gobiernos, no países. Esa es la grandeza de la democracia representativa". Repasando "la experiencia de las consultas" (en referencia a Quebec o a Escocia), Zapatero apuntaba que "una pregunta abstracta, en blanco, sin un programa concreto" conduce a "abrir un sinfín de preguntas que no se pueden responder de una vez, porque, además, aunque se respondan de una vez, suelen ser cambiantes con el paso del tiempo".

"La consultas de este tipo no le sientan bien al sistema democrático representativo", aseguró Zapatero, quien reiteró su pronóstico de que "no se celebrarán más consultas de este tipo en ninguna democracia occidental".

En el acto celebrado en la Fundación Diario Madrid participaron junto al autor y a Zapatero, el expresidente del TC Francisco Rubio Llorente y el sociólogo Fernando Vallespín, así como el periodista Miguel Ángel Aguilar. Todos coincidieron en la necesidad de abordar la relación con Cataluña desde la política y no sólo desde la ley. Tras un análisis sobre las fórmulas de federalismo posibles y las aportaciones de Caamaño en su libro, Rubio Llorente hizo una intervención final en la que defendió la necesidad de tener en cuenta la prioridad de mantener  "un Estado social de derecho", lo cual condiciona cualquier solución a las reivindicaciones identitarias.

Estuvo en la cocina de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y luego primera línea, como ministro de Justicia. Y desde la sala de máquinas de la Moncloa vio cómo se guisaron las reformas estatutarias de la primera legislatura. Entre ellas, la catalana. Y reconoce que aquello no salió "bien del todo" por el "frente interno" que existía dentro del PSOE. El presidente apreció de él su talante negociador y su técnica jurídica. Porque Francisco Caamaño (Cée, A Coruña, 1963) es catedrático de Derecho Constitucional y fue letrado del Tribunal Constitucional antes de viajar a la política. Tras su salida del Ejecutivo, dejó el Congreso y volvió a su tierra, a Galicia, para dirigir la agrupación provincial de A Coruña –aunque ahora está de salida– y ocupar un escaño en el Parlamento autonómico. 

Ahora publica Democracia federal. Apuntes sobre España (Turpial, Madrid, 2014), libro con el que pretende abrir una reflexión sobre el modelo de federalismo que, a su juicio, necesita España. Construido desde abajo, desde los territorios, competitivo, rotundamente democrático, en el que se combine la igualdad y el respeto a la diversidad. Sus tesis no son calcadas a las de su partido, al que reprocha la falta de concreción de su propuesta o que no apueste por una consulta pactada con Cataluña con condiciones tasadas. Este lunes, 13 de octubre, presenta su obra en la Fundación Diario Madrid, en la capital, acto en el que intervendrán, entre otros, el expresidente Zapatero, el expresidente del Consejo de Estado (y mentor de Caamaño) Francisco Rubio Llorente, el catedrático de Ciencia Política Fernando Vallespín, y el periodista Miguel Ángel Aguilar. El pasado viernes, el exministro atendió a infoLibre por teléfono desde A Coruña.

PREGUNTA: Su libro es el último de una serie de publicaciones que han aparecido en los últimos meses sobre el federalismo. Se habla de ello, hay ofertas de partidos como el suyo, se han creado plataformas a favor de una España federal. Sin embargo, no emerge aún como la tercera vía asumida por una mayoría, como la solución al problema territorial. ¿Por qué?han aparecido en los últimos meses sobre el federalismo

RESPUESTA: El gran problema es que tiene una descentralización política similar a la de los Estados federales pero no tiene una cultura federal. Y esta es como la savia del árbol. No todo el federalismo es válido para España. Muchos piensan en el modelo americano, o en el modelo alemán. Los partidos de izquierdas, de hecho, suelen mirar al federalismo cooperativo alemán. Algunos creemos, sin embargo, que ese no es el modelo que sienta bien a España. A diferencia de Alemania o de EEUU, en España, al igual que ocurre en Canadá, Bélgica o Reino Unido, hay varias comunidades nacionales que compiten entre sí. Mientras que Alemania fue durante un tiempo dos Estados [la República Federal y la Alemania comunista] y una sola nación, en España hay un debate acerca de sus identidades nacionales, y las técnicas del constitucionalismo no pueden ser iguales a las de federaciones homogéneas. Por tanto, debemos mirarnos más en Canadá, en Bélgica o en el Reino Unido. Aunque se publica y se reflexiona sobre ello, no hay en España partidos con cultura política federal.

P.: ¿Ni siquiera el PSOE? Porque hace algo más de un año abrazó la Declaración de Granada, mediante la cual proponía la reforma constitucional para transitar hacia un Estado federal. 

R.: El PSOE es un partido con tradición federal en sus orígenes, pero que tiene dos almas. Una muy jacobina, muy liberal, muy de defensa de los derechos de los trabajadores y del Estado social, que necesita por tanto una igualdad de fondo muy fuerte y cierta uniformidad, y tiene por otro lado un alma girondina, que quiere compatibilizar la igualdad con la diversidad. El PSOE está manteniendo, pero muy recientemente, desde el último periodo de [Alfredo Pérez] Rubalcaba, una oferta federal para España. El problema es que su federalismo es muy próximo al de la Alemania, que piensa en un Estado homogéneo social y culturalmente. Y España no lo es. El PSOE tiene que adaptar más, mucho más, su cultura federal, para que al lado de la igualdad exista el respeto a lo diverso.

P.: ¿Cómo se puede definir eso que llama cultura federal?

R.: Los nacionalismos tienen una impronta excluyente. Los federalismos permiten a los ciudadanos no tener que elegir entre dos sentimientos identitarios. Compagina diversas identidas, permite la convivencia entre quienes se sienten sólo catalanes con los que se sienten catalanes y españoles, o sólo españoles, o gallegos y españoles. El federalismo requiere de democracias muy fuertes donde la responsabilidad, la consciencia de quién hace qué y quién responde de qué es fundamental. Esto hace que el debate de las identidades pase a un segundo nivel y el debate democrático emerja a un primer nivel. Igual que en una sociedad democrática puedo convivir con personas con distintas confesiones religiosas, se trata de que puedan convivir en un mismo espacio quienes se sienten catalanes solo, o catalanes y españoles, o sólo españoles… La cuestión es que sobre ese sentimiento de identidad no pivote toda la estructura del poder del Estado.

El federalismo combate las ideas tradicionales de nación y soberanía, que son conceptos del siglo XIX. En el proyecto federal pueden caber una pluralidad de sentimientos nacionales. Lo importante no es quién es el soberano, si la federación [el Gobierno central] o los estados miembros, sino que son los ciudadanos, porque deciden con su voto quién gobierna en cada Administración. Es una democracia rotunda.

P.: ¿No se llega tarde ya a la solución federal, cuando queda menos de un mes para la hipotética consulta del 9-N, la tensión es máxima y el Gobierno central no da muestras de querer moverse y abordar una reforma de la Carta Magna de 1978?

R.: El federalismo no se puede imponer como una forma de arreglar la cuestión catalana. Debe ser una solución reflexiva. Ahora, se debe intentar buscar una solución que permita ganar un tiempo responsable y encauzar este debate a lo largo de un periodo temporal. ¿Cuánto? Dos, tres, cuatro años, lo que tardemos en pensar en qué Constitución queremos (porque hay que cambiarla) y qué acomodos necesitamos. Lo primero es dejar enfriar la situación. Por eso es tan importante que [Mariano] Rajoy y [Artur] Mas hablen.

Nuestro problema ha sido construir el federalismo de arriba abajo. Que partíamos de un solo Estado que se divide dentro de sí. Hemos leído el libro del federalismo al revés. Tenemos un Estado con una unidad que decimos incuestionable pero que luego se descentraliza internamente, y ese proceso, a medida que va avanzando, genera para algunos vértigo, miedo, disgregación. Si se hace al revés, diciendo que son varios los Estados que se unen para generar una federación, todo paso que se anda refuerza la unidad y la unión. En otras palabras, primero la unión y después la unidad. Sin embargo, en el caso español, la unidad siempre ha sido un presupuesto para la unión. Así ocurrió en 1931 o en 1978, cuando no se sabía cuántas comunidades autónomas habría. Pero hoy sí lo sabemos. Si se crea una Constitución con la misma mitología que las Constituciones federales, de abajo arriba, esa Constitución será mucho más fuerte en lo territorial, más coherente y compactada, porque cada paso que vayamos dando será un paso en la construcción de la unidad. Esta se irá conquistando día a día.

P.: Habla de ganar tiempo, de parar el reloj. ¿Cómo?

R.: A diferencia de lo que creen constitucionalistas como Paco Rubio Llorente, que es mi maestro, yo creo que el artículo 92 de la Carta Magna, el que habla de los referendos, no puede ser utilizado para hacer la consulta catalana. Pero sí sería posible pactar una reforma del artículo 92 para determinar que en algunos casos, y respecto sólo probablemente de las nacionalidades históricas, sea posible plantear la posibilidad de un referéndum sobre su acomodo dentro del proyecto común de España. Una Constitución no puede regular el derecho a la autodeterminación, o el derecho a decidir, o el derecho a la secesión de una de sus partes. Pero sí podría regular la consulta sobre el nivel de satisfacción con el autogobierno de determinados territorios.

Además del artículo 92, habría que cambiar la Ley Orgánica de Referéndum [de 1980], para establecer las condiciones que tendrían que darse para organizar ese tipo de consulta. Por ejemplo, que se exija una mayoría reforzada del Parlamento autonómico que lo pida, que haya luego un debate en el Congreso y si en este hubiera mayoría absoluta, el presidente del Gobierno podía convocar ese referéndum. Con eso hacemos que participe toda España a través del Congreso y que se exija una voluntad firme del Parlamento de origen… Y con esta tregua nos daríamos dos o tres años para pensar a fondo en la necesaria reforma de la Constitución. 

P. Usted no cree en el derecho a decidir.

R.: Yo niego el derecho a decidir. O está decidido o no es derecho. Esto de que exista un derecho no regulado es para mí absolutamente antidemocrático, parece un derecho divino. En democracia no hay un derecho a decidir, está decidido por los representantes de los ciudadanos legítimamente elegidos. Por eso me opongo. Cuestión distinta es cuando una comunidad política que tiene una identidad cultural propia como Cataluña quiere conocer la opinión de su ciudadanía sobre su acomodo en España. Como no existe el derecho a decidir, tomemos la primera decisión. ¿Es razonable que se dé bajo determinadas condiciones hacer esa consulta? Mi opinión es que España decida eso. Y para eso propongo cambiar el artículo 92 y la ley. Primero hagamos el derecho y después la consulta. 

P.: Es decir, una consulta pactada con el Estado.

R.: No tanto la consulta como las normas que regularían esa consulta, y ahí podríamos llegar a soluciones bastante aceptables para el Estado y las comunidades. Cataluña se sale en parte con la suya porque hay una reforma de la Constitución que permitiría hacer una consulta y España también porque se respeta la Constitución y porque se hace con las condiciones pactadas. Tendrá que ser pactada, no una ocurrencia como la de Artur Mas, que pone una pregunta trampa. Y mientras, el Estado sí puede ofrecer una reforma constitucional a Cataluña en la que se le reconozcan más competencias sobre lengua o cultura... El Estado autonómico no es algo parecido a un Estado federal. Sólo lo es formalmente. En su esencia es todo lo contrario, porque el primero es un solo Estado que se descentraliza y un Estado federal es una pluralidad de Estados que se hacen uno. 

P.: Su propuesta, por tanto, no coincide con la que hace su partido, el PSOE. hace su partido, el PSOE

R.: No comparto la idea de que el federalismo deba ser cooperativo. Esta idea de que todos decidamos sobre todo cooperando fue la moda de la Alemania de los años 70 y en los EEUU del New Deal. Pero eso llevó a un problema enorme a ambos países: cuando todos deciden de todo, los ciudadanos no saben quién responde de qué. Y si algo requiere España es que los ciudadanos sepan quién responde de qué. ¿Quién responde de la sanidad con el ébola? ¿El Ministerio o la Comunidad de Madrid? El federalismo cooperativo produce un engaño. En Alemania ha hecho que haya Gobiernos de gran coalición, una pérdida de la democracia, porque si gobiernan juntas la derecha y la izquierda, el ciudadano no sabe a quién echar las culpas si las cosas van mal. Alemania es una burocracia, un Gobierno de perfil muy bajo, donde los únicos problemas ciudadanos son los de intendencia. EEUU se ha construido de abajo arriba, de forma que aquello que hace bien un estado como Massachussets puede ser copiado por otro estado. Eso da fuerza al federalismo. Cuando hay federalismo cooperativo, es todo homogéneo. Esa fuerza innovadora desaparece. Se pone en peligro la vitalidad de los estados.

Yo creo que el federalismo más dual, competitivo y democráticamente responsable es el que le interesa a España, porque es muy difícil mantener elementos cooperativos cuando hay sensibilidades identitarias distintas. En España, siendo un solo Estado, tenemos el debate de si somos una o más naciones. La única forma de superar esos enfrentamientos es ver si el resto copia o no el sistema sanitario de Cataluña, o si nos gusta más el sistema educativo de Extremadura… Esto es lo importante. Un federalismo competitivo no en términos económicos, sino en términos de políticas públicas. 

P.: Dice en su libro: "No hemos entrado en coma, pero nos aproximamos rápida y peligrosamente a él".

R.: En lo territorial, sí hemos llegado a ese punto.

P.: Entonces, ¿qué puede pasar si seguimos así?

R.: Todos hemos llegado a la convicción de que esto no da más de sí. Unos no quieren avanzar más en la descentralización y a otros no les basta. Y no avanzamos a ningún lado. Y hemos matado o inutilizado los instrumentos de la Constitución, porque el Tribunal Constitucional, al anular la LOAPA, ya dijo que no se podía armonizar el Estado autonómico, y tampoco nos valen las leyes de transferencia, pensadas para las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía lenta y pasaron a la vía rápida antes de cinco años. 

P.: Le insisto. ¿Qué ocurre si no se hace?

R.: En el plano político, esto seguirá con la misma inestabilidad emocional. Hoy es Cataluña y mañana será el País Vasco, y también Canarias quiere ahora hacer una consulta para rechazar las prospecciones petrolíferas en sus aguas. Hay un problema político no resuelto desde principios del siglo XIX, y con una Constitución con parte de sus materiales gastados. Podemos ir tirando, pero en una situación de deterioro constante. Y este deterioro no nos va a llevar a ningún buen puerto. Lo valiente de una democracia es aprovechar lo bueno de estos 35 años, que también lo ha habido, para seguir hacia delante, y eso supone ir a una reforma federal de la Constitución de verdad.

Por ejemplo, tenemos que pensar si tiene sentido en la España del siglo XXI tener un Senado. Yo creo que no. Primero, porque o cambiamos el sistema electoral o la verdadera Cámara de representación territorial se llama Congreso. Cuando uno tiene mayoría absoluta, no tiene que hacer pactos con los nacionalistas, y cuando no la tiene, no le queda más remedio. Cada vez que hay mayorías absolutas, el problema de la cuestión nacional echa chispas, porque el que gobierna impone su visión a los nacionalismos, y cuando no la tiene, llámese [José María] Aznar o [José Luis Rodríguez] Zapatero, uno tiene lecturas más nacionalistas de la Constitución. Eso demuestra que el Congreso es la Cámara de representación territorial. Por eso los nacionalismos se incrementan, de ahí la fuerza de Coalición Canaria y de UPN. Yo creo que hay que romper ese juego. Si hay una Cámara de representación territorial, que es el Congreso, no necesitamos el Senado para nada. Las leyes son además más técnicas, más económicas y concretas. Sí puede haber un órgano de colaboración de los gobiernos, donde se sienten representantes del Ejecutivo autonómico y del Gobierno central y decidan políticas comunes. Eso es mejor que lo tenemos hoy. El Parlamento es además un altavoz del debate político. Es más fácil que se pongan de acuerdo dos directores generales que dos parlamentarios.

P.: El Gobierno de Rajoy se niega a una reforma constitucional, y a priori no parece muy dispuesto a apostar por el federalismo. se niega a una reforma constitucional

R.: Al PP y a muchos españoles hay que decirles que federar significa unir, no disgregarse. Los federalistas queremos mayor unidad, no menos, pero respetando la diversidad. En el PP los hay que no son nacionalistas, y que creen que es posible una nación española no nacionalista, no excluyente. Cuando quiero reconocer que puede haber otras identidades culturales, u otras naciones, no quiere decir que no reconozca la identidad española, claro que sí. Lo que quiero es la convivencia. Hay mucha gente dentro del PP que lo entiende, pero hay que hablarlo, madurarlo, hay que poder decirlo, tener opinión sobre cada aspecto y ponerse a trabajar. Poco a poco, la derecha española, no sólo el PP, con un plazo de tiempo,  también será consciente de que es mejor esa solución que no estar con el permanente problema de que para frenar al nacionalismo vasco o catalán se exhibe el nacionalismo español, porque eso no nos lleva a ningún lado. 

P.: Usted formó parte del Gobierno de Zapatero desde 2004. Como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes participó en las negociaciones del Estatut de Cataluña y de otros estatutos, y en 2009 se convirtió en ministro de Justicia. ¿Qué se hizo mal en el Gobierno de Zapatero? ¿Qué pasó?

R.: Zapatero asumió una idea de España plural para la que el PSOE no estaba internamente preparado del todo. El alma jacobina del PSOE pesaba demasiado. Eso le supuso un gran problema. Fue la desunión interna una de las causas principales de que al final el PP olfateara y amplificara la lucha contra el Estatut, aprovechando que [Pasqual] Maragall era muy federalista y que dentro del partido había personas con talante muy nacionalista español, como Pepe Bono. Esto no sale bien del todo porque hay un frente abierto dentro del PSOE que no tiene del todo claro el modelo territorial. Sí preside una idea: se pensó que si conseguíamos una reforma de los estatutos, tendríamos 25 años más de tranquilidad. No hay que olvidar que cuando Zapatero llega a la Moncloa, están encima de la mesa dos patatas calientes, el plan Ibarretxe y el Estatut. A eso había que buscarle una solución. El PP no quería cambiar la Constitución, y se caminó hacia la vía de reformas de los estatutos. Por cierto, se reformaron muchos de ellos sin problemas, pero toda la guerra se concentró en el catalán. Aquí jugó más la estrategia política partidaria, la voluntad de ganar elecciones. Si el PP no hubiera recurrido ante el TC, tendríamos Estatut para 20 o 25 años e iríamos tirando. Pero eso no fue posible. Yo creo que el PSOE no tenía claro su diseño territorial y eso lo ha pagado. Lo pagó Zapatero y lo pagaron las políticas de reforma de estatutos de la segunda generación.

P.: Y ahora, su partido, el PSOE, ¿qué debe hacer?

R.: Debe insistir en la propuesta federal. La izquierda es federalista, y hasta UPyD apuesta por una España federal. Salvo los que hacen causa fuerte del nacionalismo, de uno u otro color, el resto puede entenderse. Y el PP podría entrar si se hacen propuestas razonables de Estado federal, propuestas que están en la gran mayoría de los Estados avanzados del mundo. Por tanto, es posible tener una línea de entendimiento y eso es lo que hay que trabajar. Pero para eso el PSOE debe preguntarse qué federalismo quiere para España. No vale copiar cualquier cosa. Tiene que preguntarse si quiere un federalismo plurinacional, como defienden los socialistas valencianos y catalanes, o si quiere un federalismo cooperativo, a la alemana, como defiende el PSOE andaluz… Yo pretendía abrir esa reflexión.

P.: ¿Debe concretar su propuesta?

R.: Debe concretar, claro. Hay muchos temas sobre los que debemos hablar. Después veremos la solución, pero tenemos que hablar. No es tan sencillo como decir 'arreglo el Senado y España ya es federal'. Lavando fachadas no vamos a conseguir nada. Esto es un problema profundo en el que hay que entrar.

“Diálogo, participación y transparencia. Los problemas son oportunidades y el partido, el medio para transformar la sociedad”. Esta declaración de intenciones, tan vaga que podría ser asumida por cualquier partido del arco político, es la que preside la oferta programática del que, desde este sábado, es ya el secretario general in péctore del Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE).

José Ramón Gómez Besteiro (Lugo, 1967) se ha alzado con el apoyo mayoritario de los militantes gallegos en las primeras elecciones directas que celebra el socialismo en España para designar a un secretario general (hasta ahora todas las experiencias se habían limitado a de-signar a candidatos en las elecciones).

Y aunque ningún reglamento dice lo contrario, el acuerdo al que han llegado los socialistas gallegos, a pesar de las reticencias de la dirección federal, es que los delegados que participarán en el congreso extraordinario convocado para el próximo 29 de septiembre respetarán la decisión de las bases y se limitarán a refrendar la elección del secretario general que debe sustituir a Pachi Vázquez, cabeza visible de la derrota electoral que sufrió el partido en octubre de 2012 y cuyo legado se reduce, precisamente, a la puesta en marcha del proceso de primarias.

Centrismo e indefinición

Confirmada la elección de Gómez Besteiro, descontada gracias al apoyo que desde el principio le habían mostrado las facciones que desde hace varios años desangran al PSdeG, la incógnita que queda por resolver es el propio secretario general. El nuevo líder es abogado y católico, va a cumplir 46 años, tiene dos hijos y su perfil político está claramente en el centrismo. Fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Lugo en 1999 y desde 2007 preside la diputación provincial. Ese cargo ofrece la primera pista sobre su indefinición: el PSOE es partidario de la desaparición de las corporaciones provinciales pero él no ha sido capaz de pronunciarse, hasta la fecha, sobre un asunto que, de expresar una opinión en contra, le obligaría a cuestionar la institución que preside y que, a falta de un discurso político propio, ha utilizado para presentarse ante los militantes y los ciuda-danos como un gestor capacitado.

En el espacio que va de la derecha a la izquierda Besteiro se sitúa en el centro, pero más por omisión que por definición. Sus propuestas durante las primarias ha girado en torno a la participación y la transparencia y, en el campo de la política clásica, es imposible hallar diferencias de fondo con su antecesor. Y en el debate galleguismo-federalismo, que es la segunda variable que define el socialismo gallego, no parece que tampoco vaya a haber grandes cambios. Todo apunta a que la del PSdeG seguirá siendo una federación dócil a las riendas de Ferraz.

“Es un buen tipo”, señala un dirigente del partido de largo recorrido que, sin embargo, reconoce haber hablado con él en contadas ocasiones. “Afable, divertido y de buen trato”, subraya un militante que conoce bien los entresijos del socialismo gallego. Pero ahí se acaban los comentarios. Y empieza el desconocimiento.

Criado a la sombra de José Blanco

Besteiro se crió políticamente a la sombra del actual alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, y del exministro de Fomento José Blanco, con el que ahora no parece conservar la mejor de las relaciones. Nadie es capaz de citar una propuesta suya relevante dentro del partido ni una participación activa en la vida orgánica más allá de los límites de la provincia de Lugo. En su afán por la equidistancia, se ha mantenido en un segundo plano durante las guerras intestinas que ha vivido el PSdeG desde que Emilio Pérez Touriño perdió la Presidencia de la Xunta, en 2009. Hace un año, cuando diferentes sectores internos disputaron a Vázquez la dirección del partido, llegó al extremo de dividir a sus delegados para no incomodar a ninguna de las dos partes, lo que a la postre facilitó la derrota de los críticos.

La ambigüedad de su mensaje y la heterogeneidad de sus apoyos son, precisamente, las principales sombras que rodean al nuevo secretario general. Con un partido recién llegado de una derrota sin paliativos, el apoyo de la militancia apenas es capaz de disimilar que su elección se basa sobre todo en el respaldo de los dirigentes que dominan la vida orgánica del socialismo gallego (José Blanco, Francisco Caamaño y Abel Caballero son los tres más conocidos pero no los únicos). Eso explica que su elección no haya sido capaz de generar entusiasmo; son muchos los militantes que temen que la necesidad de conservar el apoyo que le ha traído hasta aquí le obligue a dejar las cosas como están y sigan siendo “los de siempre” los que lo de-cidan todo.

Los retos pendientes

La primera pista sobre el futuro la dará Besteiro dentro de unos días, cuando haga pública la composición de su nueva ejecutiva. Si reparte puestos entre todos sus aliados dará la sensación de componenda; si opta por un modelo autónomo pondrá a prueba la unidad de las facciones que le han dado apoyo para llegar a la secretaría general.

La segunda gran decisión que tiene que tomar afecta al Parlamento, el escenario en el que se visibiliza el liderazgo de la oposición frente a Alberto Núñez Feijóo. Besteiro no tiene escaño allí y debe dejar la voz del PSdeG en manos de un diputado, un puesto codiciado porque otorga visibilidad en el cara a cara con el presidente de la Xunta. Una portavocía, por cierto, a la que aspira el ex ministro Francisco Caamaño.

En el fondo lo que está en juego es la candidatura del PSdeG en las elecciones autonómicas de 2016. Falta demasiado tiempo para saber qué ocurrirá, pero a día de hoy son muchos en el partido los que están convencidos de que, llegado el momento, tanto Caamaño como José Blanco querrían disputar la cabeza de cartel al propio Gómez Besteiro.

Al nuevo secretario general de los socialistas gallegos no le faltará tarea. Tiene que rehacer la unidad del partido, construir un nuevo discurso en el PSdeG, darse a conocer ante la sociedad gallega a pe-sar de no tener escaño en el Parlamento y superar el reto de no ser desalojado de la Diputación de Lugo en las elecciones de 2015 si quiere llegare a 2016 en condiciones de disputar la Presidencia a Núñez Feijóo. No es de extrañar que muchos de los que hoy le felicitan por su victoria en las primarias no le arrienden la ganancia.

Mucho ruido y pocas nueces. La tozudez con la que el secretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, se ha batido con la dirección federal del PSOE para que sus militantes puedan elegir secretario general en primarias el próximo mes de septiembre no parece que haya hecho florecer las alternativas. Más bien todo lo contrario. En el mejor de los casos sólo habrá dos candidatos: el presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, y el alcalde de A Illa (Pontevedra), Manuel Vázquez.

Y eso sólo si, como reconocen fuentes de los diferentes sectores del partido, algunos partidarios de Besteiro echan una mano a su adversario para que reúna las 1.125 firmas de militantes que necesita para poder presentarse. No en vano ellos son los primeros interesados, porque si el presidente de la Diputación lucense es el único que logra los avales se verá expuesto al riesgo, nada conveniente para él, de una baja participación que ponga en cuestión su representatividad nada más comenzar el mandato. Esa es una de las peculiaridades de las primarias gallegas: habrá votación aunque haya un solo candidato.

¿Qué ha pasado en el Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE) para que la fragmentación de los últimos años, con diferentes facciones enfrentadas entre sí, no haya sido capaz de alumbrar varias candidaturas a la secretaría general? Una de las causas está, precisamente, en esa fragmentación: ninguno de los numerosos sectores enfrentados al actual secretario general es, en solitario, lo suficientemente fuerte como para afrontar la pelea con garantías de éxito. Así que casi todos han optado por apostar por un caballo ganador y, en este caso, el jinete que parte con ventaja gracias a un amplio respaldo en la provincia de Lugo es Gómez Besteiro.

Amplio respaldo

Otro de los motivos que también ha pesado, según opinión compartida por distintas fuentes, es el agotamiento. Tantos años de peleas internas han dejado el partido muy debilitado y a sus líderes exhaustos. Ya no les queda ni la motivación de echar a Pachi Vázquez, que ha anunciado su retirada. Por esa razón, y antes de recoger un solo aval en el proceso que arranca este lunes, Besteiro ya cuenta con el respaldo de grupos tan heterogéneos como hasta hace poco irreconciliables, entre ellos el exministro José Blanco, recién liberado del peso de la investigación del caso Campeón, el también exministro Francisco Caamaño, la corriente Novo Socialismo Galego (NGS), liderada por Iván Puentes, exalcalde de Fene (A Coruña), la ejecutiva local del partido en Ourense, opuesta a Pachi Vázquez… Sólo está fuera, de momento, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la porción de la provincia de Pontevedra que le es afín, aunque su vinculación con Blanco hace bastante previsible que termine apostando por Besteiro.

Ninguno de ellos profesa fe alguna en las cualidades del principal aspirante, un abogado, de 45 años que milita en el partido desde hace casi un cuarto de siglo. Pero, por una u otra razón, ninguno quiere ahora enfrentarse a él.

¿Y quién apoya a Manuel Vázquez, alcalde del minúsculo municipio pontevedrés de A Illa, que se atreve a hacerle frente? Ningún sector del partido. Lo que hace más previsible que, aunque alcance los avales mínimos necesarios (el 10% de la militancia, cinco puntos porcentuales menos de lo que se exigió en las frustradas primarias andaluzas), no pasará de la condición de sparring.sparring

Doce días para recoger firmas

El proceso de recogida de firmas se prolongará durante doce días, hasta el viernes 2 de agosto. Los candidatos tendrán todo el mes para ganarse a los militantes, convocados a votar el 7 de septiembre. Lo que ellos digan, a pesar de que la Ejecutiva Federal insiste en considerar las primarias un ejercicio de voto “experimental” y “no vinculante”, determinará el nombre del secretario general que, apenas 20 días después, elegirá el PSdeG-PSOE en un congreso extraordinario.

¿Y después qué? Privado de una victoria clara en unas primarias frente a oponentes sólidos, el principal reto que tendrá que afrontar Besteiro como secretario general es el de la unidad. El PSOE gallego es hoy un partido roto por los cuatro costados, una sombra de su mejor época, cuando Emilio Pérez Touriño lo llevó al Gobierno de Galicia. Quienes apoyan a Besteiro sólo tienen en común la animadversión hacia Pachi Vázquez, a quien acusan de todos los males del partido. Y nada más. La enemistad entre Blanco y Caamaño es casi legendaria, la falta de sintonía entre Novo Socialismo Galego y Caballero no pasa inadvertida. Y son sólo dos ejemplos. Así que lo primero que tendrá que hacer es ganarse la fidelidad de todos en un contexto político extremadamente adverso.

Para empezar, Besteiro es presidente de la Diputación de Lugo y no diputado del Parlamento gallego. Eso le deja fuera de la Cámara autonómica, la arena en la que se cimentan los liderazgos políticos en Galicia. El nuevo secretario general del PSdeG-PSOE no tendrá oportunidad de medirse con sus principales oponentes, el presidente Alberto Núñez Feijóo (PP) y el líder de la coalición Esquerda Unida-Anova, Xosé Manuel Beiras, ambos mucho más conocidos que él.

A los principales debates sólo podrá asistir como invitado, desde la tribuna, lo que devolverá el PSOE gallego a la frustrante experiencia de los años noventa, cuando el entonces alcalde coruñés, Francisco Vázquez, dirigía el partido pero no formaba parte del Parlamento.

Un competidor en el Parlamento

Besteiro no tiene más remedio que promocionar a algún dirigente con escaño para que ejerza como cabeza visible de los socialistas en el Parlamento. Un puesto apetitoso, por lo que tiene de proyección pública, que muchos en el partido creen que ya está reservado a Francisco Caamaño a cambio de apoyar al candidato lucense para la secretaría general. Y, por si eso fuera poco, su papel como líder se verá seriamente tocado si, como prevén todas la fuentes consultadas, en las elecciones municipales de 2015 pierde la Presidencia de la Diputación de Lugo y su rango institucional se ve reducido al de simple concejal en el Ayuntamiento de la capital provincial.

El escenario, ya de por sí muy complicado, se vuelve todavía peor si se extiende a las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2016. Casi todo el mundo, dentro del socialismo gallego, da por hecho que, cuando se celebren primarias para elegir al candidato socialista a la Presidencia, Besteiro se encontrará frente a frente con Caamaño e incluso con José Blanco.

A pesar de la dificultad de hacer pronósticos a tan largo plazo, a día de hoy, tanto el entorno del uno como del otro citan la candidatura a la Presidencia de la Xunta entre sus respectivas ambiciones. En el caso de Blanco lo ha dicho él mismo: “Yo no quiero competir con Besteiro, quiero ganar a Feijóo”, proclamó hace apenas unos meses. "Ganar" al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es el objetivo. "Hay que preparar al partido para ese gran reto en un momento en que Galicia se desangra", insistió este lunes en una entrevista en la Cadena SER.

¿Y qué será de Pachi Vázquez? El secretario general saliente ya ha anunciado que conservará tanto su escaño en el Parlamento de Galicia como su puesto en la Ejecutiva Federal, dos asientos clave que no se corresponden con el perfil de alguien que deja la política. Sus próximos ya lo advierten: que nadie espere un convidado de piedra como el que representó Emilio Pérez Touriño cuando perdió las elecciones y permaneció un tiempo en su escaño sin actividad alguna. Su intención, aseguran, es mantenerse activo, tanto a disposición de la nueva dirección como de los militantes de su provincia.

Vázquez, líder del PSdeG desde 2009, comunicó su decisión "a todos los cargos" en una carta en la que también les animó a participar en la consulta a la militancia para elegir a su nuevo jefe de filas, que será el próximo 7 de septiembre. Confirmó que seguirá trabajando "como militante de base" de las filas socialistas y que agotará la legislatura como diputado "con la máxima lealtad" al nuevo equipo, informa Europa Press.

La oficialización de lo que su entorno más próximo ya daba por hecho llega tras finalizar, como había comprometido, la presentación de la consulta ante representantes de las distintas agrupaciones de las cuatro provincias gallegas y en una semana en la que el aspirante lucense, José Ramón Gómez Besteiro, ha sumado importantes apoyos para sus objetivos.

El otro aspirante, Manel Vázquez, alcalde de A Illa

Además del foro Novo Socialismo Galego, que aglutina buena parte de los más críticos con la gestión política del actual líder PSdeG, los exministros Francisco Caamaño y José Blanco descartaron presentarse e hicieron público que Besteiro tendrá su apoyo. Vázquez, sin embargo, restó trascendencia a estos apoyos y negó que hayan influido en su decisión, adoptada "desde hace meses". Para el líder del PSdeG, su principal lucha en estos meses, y ganada, fue que Ferraz admitiera que toda la militancia gallega pueda designar a su líder. 

El otro dirigente que, por el momento, ha dado un paso adelante y ha anunciado su intención de intentar recabar los 1.125 avales de la militancia exigidos (esto es, el 10% de un censo de 11.250 militantes) para poder concurrir a las primarias de septiembre es el alcalde de A Illa de Arousa (Pontevedra), Manel Vázquez, que hasta el momento se ha mostrado públicamente reacio a los "pactos".

El secretario general prometió "exquisita neutralidad" en el proceso de primarias que arranca oficialmente a partir del lunes, "garantizando a los militantes y a los candidatos todas las facilidades para que este proceso sea un éxito". "Es el momento de los verdaderos protagonistas del cambio que se va a producir en el PSdeG. Hay dos protagonistas: militantes y candidatos. No hacen falta intermediarios". Un mensaje en clave, no obstante, hacia Besteiro, que está buscando apoyos orgánicos "como si fuera un congreso", según interpretaban fuentes del PSdeG a este diario. Una actitud que a "muchos militantes", decían, no les gustaba pues al final se podría dar la sensación de que todo está hecho, informa Juanma Romero. 

Una cosa es lo que se dice en los papeles y otra las interpretaciones que estos permiten. Eso es lo que puede predicarse del acuerdo que ayer viernes suscribió la ejecutiva y hoy ratificó el Comité Federal del PSOE respecto a las primarias del partido en Galicia para elegir a su nuevo líder. La resolución indica expresamente que la consulta a la militancia que el PSdeG ha programado para el 7 de septiembre es "no vinculante" y tiene carácter puramente "experimental", porque lo que vale es el congreso extraordinario que se celebrará semanas después, el 29. Ese documento es aceptado por los socialistas gallegos y por su secretario general, Pachi Vázquez, quien no obstante subrayó este sábado que el referéndum a las bases sí es "vinculante para Galicia". 

¿Quién tiene la razón? Teóricamente, las dos partes. Ferraz, que elaboró la resolución tras las objeciones interpuestas por varias federaciones (Andalucía, Extremadura, Asturias, entre ellas), se da por "informada" de la consulta, pero incide en que sólo tiene validez, a efectos "estatutarios, reglamentarios y orgánicos" los que se deriven del cónclave del 29 de septiembre. Para la cúpula federal, el reglamento que aprobó el Comité Nacional gallego el pasado 26 de abril es "papel mojado". Ese reglamento hace en la práctica vinculante el resultado del referéndum del 7 de septiembre, ya que obliga a los aspirantes derrotados a no pasar a la ronda del congreso, y a los delegados a respetar el veredicto de las urnas. 

Vázquez, como anoche ya adelantaban fuentes de su entorno, se congratuló de que la dirección dé "vía libre" a las primarias, "un paso más de libertad y democracia", por lo que se sentía "profundamente satisfecho". Insistió ante los periodistas, a la entrada del Comité Federal, que Ferraz no interfiere en las normas sancionadas en abril, ni las pisotea. "El reglamento no tiene ni una coma más ni una coma menos, es literalmente como lo propuso Galicia". Y prueba de que el PSdeG sigue juzgando que su consulta tendrá en la práctica un carácter vinculante, es que no dejó de repetir, todas las veces que le preguntaron, esta afirmación: "Sin ninguna duda, el próximo secretario general o secretaria general de Galicia será el que alcance la mayoría en esa consulta".

No se prevén sorpresas

"Vinculante para Galicia va a ser absolutamente vinculante. Quien gane la consulta será el próximo secretario general. Mayor vinculación no puede haber. Esto está refrendado por prácticamente el 100% de los socialistas gallegos", abundó Vázquez en declaraciones posteriores a la prensa. El jefe del PSdeG se apoya en el dictamen del Comité Nacional de marzo, en el que el 95% de los dirigentes apoyaron unas primarias previas a un congreso extraordinario, foco precisamente del conflicto con el PSOE.

¿Desafío del PSdeG? Fuentes del entorno de Vázquez reiteraron que no, que había sido Ferraz y otras federaciones "más ortodoxas" quienes se habían "tragado el sable enterito" y quienes habían tenido que actuar con pragmatismo, "dejando hacer a Galicia". "El reglamento se cumplirá a rajatabla", indicaron las citadas fuentes, en el sentido de que los aspirantes firmarán su compromiso de renuncia si pierden y los delegados otro papel en el que prometan acatar lo que digan las urnas. Ese tipo de gestos, aunque no tengan carácter oficial para Madrid, sí lo tendrán para Galicia. Es más, el PSdeG no prevé que haya sorpresas, que haya outsiders que decidan acudir al congreso sin pasar por la consulta o que no reconozcan el dictamen de los afiliados. Pero a la vez entiende que la dirección se cure en salud y refleje por escrito que ante la duda, deben prevalecer los estatutos. 

También desde el PSdeG reseñaron que el texto aprobado ayer por la ejecutiva y hoy por el Comité Federal se indica que al secretario general lo designan los delegados en un cónclave, al tiempo que se afirma que no "existe norma alguna que impida realizar consultas a los militantes, siempre que las mismas no supongan de manera directa o derivada una alteración en forma o espíritu de la normativa del partido". 

Satisfacción en Fran Caamaño y Manuel Vázquez

Al término del Comité Federal, compareció el secretario de Organización, Óscar López, para dar cuenta de la reunión. El número tres volvió a proclomar que las primarias del 7 de septiembre "no tendrán ninguna validez" de cara al congreso, pues así lo ha dejado "claro" el máximo órgano del partido. 

López hizo hincapié en que la resolución asevera que sólo se tienen en cuenta los puntos de la convocatoria del cónclave que están "en los estatutos y el reglamento del PSOE". "Dicho de otra manera: todo lo que no esté contemplado ahí, no tendrá validez". Pese a la posición de rotundidad, diversas fuentes anticiparon que a Galicia se le dejará hacer, que no se mandarán "los tanques" a la federación para impedir que los aspirantes o los delegados firmen papeles de compromiso.

Vázquez marchó satisfecho de Madrid. A partir del lunes, hará una ronda con todos los cuadros provinciales para explicarles el proceso y preparar el terreno. Antes del 22 de julio, previsiblemente el viernes 19, cuando comience la recogida de avales, el secretario general revelará sus intenciones: si concurre o no a las primarias. 

También acogieron con alegría el resultado otros posibles aspirantes, Francisco Caamaño, exministro de Justicia y secretario provincial de A Coruña, y Manuel Vázquez, aldalde de A Illa (Pontevedra). El primero se mostró "satisfecho" de que al fin haya primarias en Galicia y celebró que la propuesta del PSdeG haya salido ilesa, "sin tocar una coma". Vázquez confió en que "se respete de forma tácita" lo que salga de la elección, "en un pacto entre caballeros", de forma que sólo se presente al congreso el vencedor del referéndum, informa Europa Press. 

No se puede afirmar que haya cuajado el acuerdo entre Alfredo Pérez Rubalcaba y el líder de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez. Ni mucho menos. Pero sí que el diálogo es intenso y que se vislumbra una posible salida: que finalmente las primarias para elegir al nuevo líder del PSdeG se celebren no el 1 de junio, como se preveía, sino en septiembre. Vázquez, de hecho, según confirmó anoche infoLibre, está pulsando la opinión de los cuadros provinciales y de los potenciales candidatos para persuadirles de que esa alternativa evitaría el choque total con Ferraz. Pero no bastaría con convencerles. Tiene que aprobarlo así el máximo órgano de decisión del PSdeG, el Comité Nacional, que integran 400 dirigentes, convocado para mañana viernes a las 19 horas. 

La reapertura del conflicto estalló el pasado lunes en la reunión de la ejecutiva federal, a la que pertenece Vázquez. Rubalcaba trasladó dos ideas claras: que no toleraría que el PSdeG hiciese de su capa un sayo y convocase un referéndum para designar al nuevo barón territorial, saltándose los estatutos del PSOE, y que si realmente quería propiciar un cambio de las reglas de juego, llevase su propuesta al Comité Federal. Una sugerencia esta no exenta de problemas, porque los socialistas gallegos habían programado las primarias consultivas para el 1 de junio y el posterior congreso de ratificación, para el 6 de julio. Y el Comité Federal, el mayor escalón de poder del PSOE de toda España, está fijado para el 20 de julio. Ferraz respondía, ante las dudas de calendario, que no era "ningún drama" posponer todo el proceso. 

Ese mensaje lo llevaron el martes a un céntrico hotel de Santiago Óscar López, secretario federal de Organización, y Gaspar Zarrías, secretario de Política Municipal, según pudo confirmar infoLibre. En la otra parte de la mesa, Vázquez y su jefe del aparato, Pablo García, y los secretarios provinciales (el lucense José Ramón Gómez Besteiro mandó a su número dos). En la cita, los hombres de Rubalcaba insistieron en que Madrid no toleraría una violación de los estatutos por parte del PSdeG. López, según recalcó un alto dirigente de la cúpula gallega, no citó expresamente la posibilidad de la gestora, aunque la amenaza estaba, y está, viva. 

"Los Comités Nacionales los carga el diablo"

Pero más importante casi que la reunión del martes fueron los dos gestos de ayer de Vázquez. Uno: entabló numerosos contactos a lo largo del día con los secretarios provinciales, con diversos cuadros orgánicos y con los potenciales candidatos –entre ellos, Besteiro, presidente de la Diputación de Lugo, o Iván Puentes, portavoz de Novo Socialismo y exalcalde de Fene (A Coruña)–. A todos les trasladó, según fuentes próximas al secretario general, que el aplazamiento del proceso electoral "puede ser una salida". Con ella, Vázquez podría presentar su propuesta al Comité Federal. "Y está convencido de que lo gana, de que obtendría el aval de sus compañeros de toda España", aseguraban las citadas fuentes. Es muy probable que pudiera arrimar a su posición al Partido Socialista de Madrid –Tomás Gómez ha prestado un apoyo entusiasta desde el principio– y a los socialistas valencianos, que también comparten que al líder debe elegirlo la militancia, y no los delegados. Así lo han recogido al menos en un documento interno. 

En el entorno de Vázquez creen que demorar la consulta a mediados de septiembre "permitiría al PSdeG emerger como la avanzadilla", como el impulsor de una mayor democracia interna en el conjunto del PSOE. Y además supondría impedir la guerra con Ferraz, porque "a nadie conviene un choque por sólo tres meses de diferencia, y con el verano de por medio". "A él menos que a nadie le gusta la idea de posponer todo, pero la tensión con Madrid le genera una incomodidad terrible", apuntaban fuentes oficiales.

De cualquier modo, la decisión última deben tomarla, este viernes, dos órganos de dirección del PSdeG: la ejecutiva regional, convocada para las cinco, y sobre todo, el Comité Nacional, a las siete. "Y los Comités los carga el diablo, no se sabe qué puede pasar", afirmaba un portavoz. De hecho, otro alto cargo de la dirección confesaba que la "sensación" que tenía era que "la gente no estaba por la labor de aplazar" las primarias. En el grupo de opositores, se sitúa a Besteiro y al secretario provincial de A Coruña, el exministro de Justicia Francisco Caamaño. Es previsible que Pontevedra, y la poderosa agrupación de Vigo, optarán por rehuir el conflicto con Ferraz, con quien el hilo es más directo. 

Segundo gesto de Vázquez ayer: enviar a los 400 integrantes del Comité Nacional el borrador de reglamento de las primarias y del congreso extraordinario. Una prueba de "firmeza, de deteminación total", interpretaban en la cúpula gallega, para remarcar a Ferraz que la propuesta de referéndum a las bases es firme y se mantiene. 

Garantizar que la consulta sea vinculante

El reglamento remitido a los cuadros, al que ha tenido acceso este diario, no contiene fechas, ni de las primarias ni del congreso, síntoma de que la negociación camina por esa vía. El texto contiene varios elementos de cierre que pretenden garantizar que el candidato elegido por la militancia sea impepinablemente el secretario general que designen formalmente los delegados en el cónclave. 

Así, en el punto 9. c se exige a todos los aspirantes a la Secretaría General que se sometan a las primarias. Es decir, no podrán ir sólo al congreso. Además, aquellos que pierdan en el referéndum deberán "comprometerse" a tirar la toalla, a no presentarse otra vez como candidatos en el congreso. A su vez, los delegados harán "constar por escrito" su "compromiso de apoyar" en el cónclave extraordinario al candidato "que reciba más votos en la consulta interna" (10. b). En suma, se pretende que no haya sorpresas, que en la práctica el escrutinio de las primarias sea vinculante. Que el primer resultado sea "redondo".

Vázquez también incorpora al borrador su propuesta de que los militantes tendrán sobre la mesa de sus agrupaciones locales dos papeletas de color distinto. En una figurarán los nombres de los aspirantes al liderazgo del PSdeG. Y en la otra, de manera separada, la lista de los delegados al congreso. Ferraz quería que hubiera una sola papeleta, de tal forma que el candidato a la Secretaría General llevara adosados los compromisarios que le respaldaran. 

"Si es un aliciente, bienvenido sea"

Las negociaciones en el seno del PSdeG y con Ferraz seguirán hasta última hora, hasta poco antes del Comité Nacional. Si no prospera el acuerdo y el Comité Nacional decide seguir adelante con el proceso, la cúpula gallega maneja dos escenarios: que Madrid disuelva la dirección y monte una gestora o que la ejecutiva federal, o la misma Secretaría de Organización que comanda López, emita una resolución prohibiendo la celebración de las primarias. "Tienen difícil vetarlas, porque es tanto como oponerse a que haya mayor democracia. Pachi de hecho fue el último en apoyar este proceso, no votó a favor en el congreso federal de Sevilla. Pero la militancia nos lo pide. Y si esto es un aliciente, un revulsivo, bienvenido sea. Ferraz sabe que con Galicia se les abre una brecha, que a continuación vendrán más federaciones que reclamen una consulta interna", comentaba un alto colaborador del líder. 

¿Y si hay prohibición de Rubalcaba? La misma fuente anticipaba que no habría ya freno: "Seguiríamos adelante si así lo decide el viernes el Comité Nacional. No podemos salirnos de lo que decida el máximo órgano, el órgano soberano". La partida, desde luego, no ha concluido.