La Audiencia Nacional ha condenado a 29 personas, seis de ellas exalcaldes de la Comunidad de Madrid, por delitos de corrupción cometidos mediante adjudicaciones de contratos millonarios a la empresa Cofely a cambio de comisiones y dádivas entre 2012 y 2014 en la denominada trama Púnica, informa EFE.

En una sentencia de 611 páginas, la Audiencia ha condenado a penas de prisión al exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo, al de Collado Villalba Agustín Juárez, al de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, todos del PP; al de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, de un partido independiente, además de al socialista José María Fraile, exregidor de Parla.

Asimismo, condena a prisión a los hermanos Alejandro y Mario Utrilla, el primero exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles y el segundo exdiputado regional del PP y exalcalde de Sevilla La Nueva.

Para el regidor de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas, del PP, la pena es de inhabilitación especial, en tanto que han sido absueltos los de Almendralejo (Badajoz) José García Lobato y de Valdemoro, José Carlos Boza, del mismo partido.

La principal condena ha recaído en David Marjaliza, el corruptor de esta trama y antiguo socio de Francisco Granados -no ha sido juzgado en esta pieza-, y al que le la Audiencia le ha impuesto ocho años y dos meses de prisión.

En total, el tribunal ha considerado culpables a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas que fueron juzgadas en la pieza 6 del caso Púnica por "prácticas corruptas" para la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética a la empresa Cofely a cambio del pago de sobornos a alcaldes, autoridades y funcionarios de diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Se imponen penas de más de seis años de cárcel al entonces director general de Cofely Didier Roger Maurice, al exdirector Comercial Constantino Álvarez o al que fuera director Comercial de Cofely Pedro García Pérez. A la empresa Cofely se le ha impuesto una multa de más de 3,5 millones de euros.

A juicio del tribunal, entre marzo de 2012 y octubre de 2014, los directivos de Cofely y Marjaliza actuaron como una organización criminal con una planificación integral para obtener la adjudicación de contratos de eficiencia energética en ayuntamientos ofreciendo o aceptando acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban.

La empresa conseguía datos de consumo y estado de las instalaciones antes de la licitación, pero también participaba en la conformación del expediente administrativo mediante aportación de los elementos esenciales del contrato, como el precio, la fórmula de valoración económica, duración, criterios de valoración, en su propio interés.

No solo eso, sino que en el cálculo del precio se incluían las partidas de 'project' y de auditoría, que eran los dos mecanismos defraudatorios usados para canalizar el pago de las dádivas comprometidas con políticos o funcionarios, de manera que, si este precio ofertado era aceptado como precio de licitación y finalmente se adjudicaba el contrato a Cofely, el contrato llevaría un sobrecoste a cargo del Ayuntamiento. "Esta dinámica se ha repetido, con las variantes propias de cada caso, en la práctica totalidad de los Ayuntamientos afectados, objeto de esta pieza separada", concluye el tribunal.

A muchos de los condenados, se les aplican las atenuantes de confesión tardía, dilaciones de indebidas y reparación del daño. El tribunal ha admitido que la sentencia se dicta once años después de que se iniciara el caso en junio de 2014, tardanza que atribuye, entre otros déficit estructurales, a "la sobrecarga de macrocausas que padece la Sala Penal de la Audiencia Nacional".

Hasta el momento, el principal acusado en por el caso Púnica, Francisco Granados, tan solo ha sido juzgado por una cuestión tangencial a la causa, la relativa a un chivatazo que le dio un guardia civil cuando lo estaban investigando. 

Más allá de los grandes casos como la trama Gürtel, la Operación Kitchen o el de la Policía Patriótica, que afectan al PP nacional y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y parte del que fue su Ejecutivo, la corrupción ligada al PP ha arraigado en varias de las comunidades en las que gobierna. Dos de los territorios en los que es hegemónico desde hace 30 años, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, son, con mucha diferencia, los más afectados por causas que permanecen abiertas. Pero también sucede en administraciones a las que el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo ha llegado mucho más recientemente, como Andalucía, donde el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla investiga a la Junta por los contratos sanitarios de emergencia durante la pandemia y por el incremento de los precios abonados a la sanidad privada por pruebas diagnósticas derivadas del Sistema Andaluz de Salud. Este es el estado procesal en el que se encuentran las principales causas abiertas en esas comunidades.

El caso lo tiene todo. Afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, siempre presta a saltar a la poltrona de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, si en las próximas generales no logra una mayoría suficiente para gobernar. Pero por otro lado, la causa está muy relacionada con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, a quien ha adjudicado la gestión de varios hospitales, el gigante Quirón.

La investigación nace de una inspección fiscal abierta a la sociedad Maxwell Cremona, cuyo titular es Alberto González Amador, el novio de Ayuso. La Agencia Tributaria detectó dos fraudes en el Impuesto sobre Sociedades superiores a los 120.000 euros por lo que le denunció a la Fiscalía como presunto autor de dos delitos fiscales que podrían comportar su ingreso en prisión: la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel. La instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid está lista para ir a juicio. Según fuentes fiscales, a la pareja de Ayuso no le quedará más remedio que reconocer sus delitos –algo que ya hizo en 2024, aunque el pacto no fraguó– para lograr una rebaja de pena. La titular, Inmaculada Iglesias, acordó el procesamiento el pasado 28 de mayo. Además de los delitos fiscales, a Amador se le imputa otro de falsedad documental al haber presentado facturas falsas durante la investigación en Hacienda.

Pero la parte más política del caso, la relacionada con Quirón, se inició a instancias de las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid. La jueza abrió una pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por camuflar una supuesta comisión de González Amador a la esposa de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario. Amador le pagó casi medio millón de euros por la sociedad Círculo de Belleza SL, supuestamente dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética pero que, en realidad, según Hacienda, no tenía inmuebles ni empleados: solo un ordenador portátil sin valor y unos aparatos de depilación. Es decir, que la pareja de la presidenta madrileña compró una firma sin valor y ahora se investiga si la operación sirvió para ocultar ese pago.

El caso de González Amador tiene otra derivada, el proceso abierto por el Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por desmentir bulos filtrados por el entorno de Ayuso a medios afines sobre sus delitos fiscales. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, distribuyó en dos chats de WhatsApp con 50 periodistas que la Fiscalía le había ofrecido a González Amador un pacto para reducir su condena y evitar la cárcel y luego lo había retirado "por órdenes de arriba". En realidad fue el propio abogado de González Amador el que ofreció el pacto al Ministerio Público. Tras publicarse las patrañas de Rodríguez, algunos medios las desmintieron. El Supremo cree que fue García Ortiz quien filtró a estos últimos la información, algo que el jefe de la Fiscalía ha negado siempre y de lo que no existen pruebas. Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado sí emitió un comunicado con un desmentido oficial y un relato pormenorizado de la evolución del caso. El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, procesó a García Ortiz el pasado junio por revelación de secretos. Están por ver las consecuencias que una eventual condena tendría en el caso de González Amador.

En el último congreso del PP de Madrid, celebrado en 2023, Isabel Díaz Ayuso la convirtió en su número tres. Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y diputada en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, fue catapultada al cargo de vicesecretaria de Organización y Electoral del partido en el círculo más próximo a la presidenta. Llegó a ese puesto pese a la investigación que le ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Navalcarnero. Según la instructora, en su etapa como concejala, Millán habría favorecido al empresario Francisco Vicente Roselló, al que adjudicó irregularmente contratos municipales a cambio de contratos para su hermana y su pareja, un empresario hostelero que se benefició en una unión temporal de empresas (UTE) con el presunto corruptor.

La colaboradora de Ayuso permanece imputada desde 2022 por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Siendo concejala de Juventud en Arroyomolinos, aprobó siete contratos públicos a favor de Roselló. Se investiga si el dinero recibido por el entorno de Millán sirvió para pagar la hipoteca y la comunidad de vecinos de un inmueble de su propiedad. En total, la actual diputada madrileña recibió presuntamente del empresario beneficiado por esos contratos la cantidad de 44.462 euros. La instructora se inhibió a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que Millán está aforada, pero ese órgano le ha devuelto la causa porque considera que la investigación no está terminada.

Este mes ha saltado a los medios por otro motivo. Tras la dimisión de la diputada Noelia Núñez por inflar su currículum, fue acusada de hacer lo propio con el suyo. Durante las campañas electorales para las elecciones municipales en su municipio se había presentado como licenciada en Ciencias Políticas. Sin embargo, en su relación de méritos enviada a la Asamblea de Madrid, esa licenciatura ha desaparecido para convertirse en "diplomatura de Gestión y Administración Pública". Millán ha reconocido que no es licenciada, pero asegura que los folletos electorales en los que así se presentaba no habían sido diseñados por ella.

Es un mecanismo clásico: el de fracturar contratos públicos para poder otorgarlos a dedo sin tener que abrir una convocatoria a todo el que quiera presentarse. El mismo por el que, por ejemplo, ha sido condenada la expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borrás. El caso FP también puede salpicar a un presidente de parlamento autonómico. Al de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que en las fechas en las que se produjo el escándalo era consejero madrileño de Educación. La actual consejera de Economía, Rocío Albert, era entonces la viceconsejera de Ossorio.

El motivo es el fraccionamiento de obras en institutos de Formación Profesional por un valor total de más de tres millones de euros. El empresario más beneficiado, Gabriel Navarro, aseguró en el Juzgado de Instrucción 39 de Plaza de Castilla, donde se sigue la investigación, que recibió "instrucciones precisas" del Ejecutivo madrileño para no superar los 50.000 euros en los cobros de cada una de sus sociedades. Y que era una práctica que llevaba desarrollándose muchos años.

La Fiscalía ha calificado la operativa de "claramente irregular" y ha constatado "la grosera y palmaria falta de procedimiento". El caso afecta al menos a 12 centros en los ejercicios de 2021, 2022 y 2023. La jueza, por el momento, aprecia un posible delito de prevaricación administrativa. La propia Comunidad de Madrid, a través de su Intervención General, ha confirmado al juzgado las irregularidades.

Han pasado 11 años desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco autorizó la operación que desarticuló una macrotrama de corrupción liderada por el número dos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Francisco Granados. La investigación está desgajada en múltiples piezas. La número seis, centrada en la adjudicación de 225 millones de euros de manera fraudulenta a la empresa energética Cofely, se inició el pasado abril. 13 de los 37 acusados, entre ellos varios alcaldes del PP y el socio de de Granados, el empresario David Marjaliza. En los próximos meses se espera, además, la fijación de la fecha del juicio de la pieza separada siete, en la que también se acusa a varios alcaldes de contrataciones destinadas a financiar irregularmente campañas electorales del PP, y de la número nueve, centrada en la caja B del PP de Madrid. El sustituto de Velasco, Manuel García-Castellón, sacó del caso a Aguirre y al también expresidente de la Comunidad Ignacio González, pero Granados sí se sentará en el banquillo. Otras seis piezas del caso se encuentran todavía en la fase de instrucción.

Otro caso complejo es Lezo, centrado en el saqueo del Canal de Isabel II, la empresa de aguas madrileña, y cuyo principal implicado fue el exvicepresidente de Aguirre y después presidente de la Comunidad, Ignacio González. Cuatro de las piezas ya se han instruido y están a la espera de que la Audiencia Nacional fije fecha para el juicio. Se trata de la compras infladas de otras compañías de suministro de Brasil y Colombia (Emissao e Inassa). Entre los implicados, además de González (para el que la fiscalía pide ocho años de cárcel) se encuentran varios exconsejeros del también expresidente y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, como Juan Bravo y Pedro Calvo. Otra de las piezas pendientes de que se fije el inicio de la vista es la relativa al tren entre Móstoles y Navalcarnero, adjudicado por el gobierno de González pero nunca terminado.

Si la Comunidad de Madrid tiene a un presidente encausado, en la Región de Murcia son dos. Tras su condena a tres años de cárcel por fraude y prevaricación en el caso Auditorio, Pedro Antonio Sánchez afronta ahora una nueva petición, esta vez de 13 años de cárcel, por el fraccionamiento en siete contratos menores de las obras de un edificio destinado a centro de la mujer y escuela infantil cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Se le imputan los delitos de prevaricación, fraude, falsedad de documento público y contra la ordenación del territorio. El caso está pendiente de juicio en la Audiencia de Murcia.

También está pendiente de juicio el caso de la desaladora de Escombreras, cuyo principal implicado es el que fuera presidente murciano durante 19 años, Ramón Luis Valcárcel. El fiscal pide para él 11 años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación, fraude continuado y malversación de caudales públicos. La trama pretendía dar agua a nuevas edificaciones y urbanizaciones en pleno boom inmobiliario a través de la planta desalinizadora y sin tener que pedir permiso a la Confederación Hidrográfica del Segura en contra de lo que establece la Ley de Aguas.

La Audiencia Nacional comienza a juzgar este lunes la rama murciana del caso Púnica por la que se sentarán en el banquillo en relación a contratos de reputación online el exconsejero Juan Carlos Ruiz y su jefe de gabinete, José Fidel Saura, durante el gobierno del PP que presidía Ramón Luis Valcárcel. Junto a ellos también serán juzgadas otras siete personas, entre las que figuran la que fuera directora del Instituto de Turismo de Murcia, María Dolores Martínez o el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa (que resultó absuelto en el caso de la rama leonesa de Púnica por la que ya fue juzgado), según informa EFE.

Todos ellos se enfrentan a penas que oscilan entre los cuatro años de cárcel que la Fiscalía reclama para el exconsejero regional -que dimitió de su cargo tras ser imputado en 2015- y los dos años y medio de prisión que pide para el resto por varios delitos relacionados con la mejora de la imagen y reputación de responsables políticos murcianos.

En su escrito de acusación, Anticorrupción señala que para realizar la campaña de imagen que favoreciera a Ruiz, entonces consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, se cometieron, presuntamente, varias irregularidades, como encargar los trabajos sin sacarlos a pública concurrencia.

El ministerio público pide para el exconsejero dos años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación para cargo público por un delito de fraude, además de otro año y medio de cárcel, multa de 150.000 euros y cinco años de inhabilitación por un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de prevaricación. Para la exdirectora del Instituto de Turismo, reclama, por fraude, dos años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación, y por el de prevaricación, diez años de inhabilitación.

En cuanto al que fuera jefe de gabinete de Ruiz, la Fiscalía solicita dos años y medio de prisión por fraude y ocho años de inhabilitación, así como un año y cuatro meses de prisión y multa de 100.000 euros por tráfico de influencias en concurso con un delito de prevaricación. Para los demás acusados el ministerio público solicita distintas penas según su grado de participación en los hechos.

Durante la instrucción del caso Púnica, abierto en 2014, han sido investigadas varias administraciones por la contratación de trabajos de reputación en internet encargados a las sociedades EICO y Madiva del empresario Alejandro de Pedro. Alguna, como la que afectaba a la Comunidad de Madrid gobernada por Esperanza Aguirre, ha acabado siendo archivada, y la única que por el momento ha sido juzgada, la referida a la Diputación de León, se saldó con una sentencia -la segunda dictada en el caso Púnica- que no pudo dar por probado que dichos trabajos se hiciesen en favor y beneficio personal de los acusados, exresponsables de dicha institución.

En lo referente a la rama de Murcia, la investigación alcanzó en un principio al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez -también investigado en el llamado caso Auditorio- y a la entonces senadora del PP Pilar Barreiro, si bien en ambos casos las acusaciones contra ellos por el caso Púnica no prosperaron y terminaron en archivo en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, respectivamente.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez instructor de Púnica, Manuel García Castellón, de exonerar de la causa a la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid y exlíder del PP madrileño Esperanza Aguirre.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Cuarta recuerda que la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), bajo cuyo paraguas actúa el PSOE, recurrió ante la Sala la decisión del magistrado de no atender su petición de que se replanteara no procesar a la expresidenta y a su sucesor Ignacio González en el marco de la investigación sobre la presunta caja b del PP madrileño con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011.

ADADE interesaba la revocación del sobreseimiento para un total de 61 personas, entre las que también incluía a los exconsejeros 'populares' Manuel Lamela, Salvador Victoria o Juan José Güemes, a los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Francisco Javier López Madrid, y al PP, al que quería que se le tuviera como responsable civil subsidiario.

Pero la Sala responde que las alegaciones en contra del auto de García Castellón tienen un "importante handicap" y es que "no atacan" el auto impugnado, sino que reprochan al juez de instancia el cambio de la inicial opinión sobre los investigados sin percatarse de que "lo que parecía era una campaña organizada de financiación del Partido Popular madrileño a costa del erario público, se ha quedado sin respaldo indiciario incriminatorio y se ha visto reducido a hechos concretos y aislados".

El tribunal explica que a consecuencia de esto no se puede hablar de que los investigados "constituyeran una organización criminal destinada a cometer delitos de prevaricación, malversación y falsedades documentales, puesto que hubiera sido necesario la constatación (...) de la existencia de un entramado jerárquico organizado desde la cúpula del Partido Popular en pro de su financiación (...) que no ha acontecido".

Añade que fruto de esto, también es imposible sostener "la continuidad delictiva" pretendida por Adade y por tanto varios de los hechos investigados inicialmente "han prescrito durante las actuaciones". "No parece lógico que (...) después de casi 10 años de instrucción de las actuaciones y de más de 4 de esta concreta pieza, se considere prematura la decisión de la prescripción de unos hechos que han sido concienzudamente investigados", explica.

Tras esto, la Sala aborda los supuestos en los que el PP de Madrid habría usado consejerías para llevar a cabo la supuesta labor de racaudación subrepticia, y explica que ninguno se ha acreditado. Cita por ejemplo los supuestos relativos a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, y los contratos para la reforma e inauguración de la Casa de Madrid en Argentina.

En otro de los casos investigados, el posible uso de la Consejería de Empleo y Mujer para acometer ese plan de financiación ilegal del PP, la Sala dice que según la UCO l aempresa Over Marketing y Comunicación realizó unos trabajos a cambio de 463.950 euros pero no todos se hicieron.

Si bien inicialmente se estudió como un posible delito de falsificación de documentos mercantiles y públicos en concurso ideal con un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de prevaricación, el tribunal indica ahora que lo desestima.

"No constan datos que permitan deducir que los trabajos llevados a cabo por la referida mercantil estuvieran pensados desde su inicio a la financiación del PP, ni tampoco cuales son las resoluciones administrativas dictadas a sabiendas de su ilegalidad y constitutivas de un delito de prevaricación", apunta.

Sobre el posible uso de la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para financiar al partido de forma ilegal usando contratos de obras de nuevos hospitales y centros de salud a los que indiciariamente se les añadía la claúsula del 1% para el partido, el tribunal da la razón al juez que dijo que ese sobreprecio que pagaba el contratista para publicitar la construcción no tenía por qué "ser delictivo".

Los magistrados señalan que igual ocurre con los contratos analizados y que tuvieron lugar en la Consejería de Transportes o en la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, más en concreto en el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE). Cabe recordar que en este último caso Adade sostenía que fue utilizada "para amañar contrataciones en favor de empresas de publicidad de mercantiles de Horacio Mercado desde el 2006 al 2010 sin que constara soporte documental de los trabajos realizados" y que hubo un desvío de fondos de 1,3 millones de euros.

En este caso, la Sala recuerda que García Castellón sostuvo en su resolución que "en su tramitación hubo transparencia y publicidad al igual que en la adjudicación", y respalda la decisión del instructor.

Sobre el uso de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación el Territorio, y más en concreto al organismo Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente (GEDESMA), la Sala ratifica "la ausencia de indicios delictivos apreciados por el juez".

Por lo que se refiere al desvío de fondos de la Comunidad Autónoma de Madrid a favor de FUNDESCAM ((Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid creada por el PP), la Sala tampoco ve delito.

Menciona una conversación entre Aguirre e Ignacio González sobre el límite del gasto electoral en la que afirmaba que Fundescam no habría pagado. La Sala resalta que "no consta que haya utilizado los poderes que tenía adjudicados en su condición de presidenta de la referida fundación, por lo que no sólo puede concluirse que no hubo un uso indebido de los fondos de la fundación por la citada sino que del contexto de la conversación telefónica se deduce que ignoraba cuales eran las funciones de la indicada fundación".

En general, sobre otros supuestos desvíos investigados, el tribunal recuerda que tras una fase inicial los investigadores llegaron a la conclusión de "la inexistencia de datos incriminatorios sobre un plan institucional liderado por el partido que gobernaba en la fecha de los hechos la Comunidad de Madrid destinado a subvencionar el partido en cuestión desde sus más altas instancias y con la colaboración de las diversas consejerías".

Y por último, aborda los trabajos de reputación que también fueron objeto de investigación, para subrayar que "tras una exhaustiva investigación de los hechos atribuidos a todos y cada uno de los investigados, la parte recurrente no ha aportado datos diferentes de los ya obrantes, examinados y valorados en una resolución fundada; por lo que, al igual que el resto de los pedimentos, resulta desestimada".

La Audiencia Nacional ha acordado el archivo de la pieza 10 del caso 'Púnica', en la que se indaga en determinadas adjudicaciones a empresas vinculadas al presunto 'conseguidor' de la trama Alejandro de Pedro, para la exconsejera de la Comunidad de Madrid Lucía Figar al entender que no ha resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos por los que se le incluyó como imputada.

En un auto de 27 de septiembre, recogido por Europa Press, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal da así la razón al instructor, Manuel García-Castellón, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción que recurrió a la Sala la decisión de sobreseimiento porque entendía que "la prueba recabada evidenciaba los acuerdos convenidos (...) para que los fondos públicos abonasen subrepticiamente un trabajo que EICO --empresa de De Pedro-- realizaba para la investigada Lucía Figar llevando a cabo varios ardides".

Cabe recordar que el instructor en marzo de este año acordó el archivo provisional para la exconsejera y también para el exconsejero Manuel Pérez Sánchez; el que fuera director de la Fundación para el Conocimiento Madri+d Luis Sánchez, el exjefe de Gabinete de Figar, Pablo Balbín; el exalcalde popular de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa y la directora de comunicación de éste María Teresa Alonso-Majagranzas. El argumento del juez fue idéntico al que da la Sala ahora.

Y se producía después de que la Sección Cuarta le ordenara que debía mantener esas imputaciones porque el archivo inicial se produjo en una línea de investigación que no era la adecuada.

El juez fundamentaba el archivo para Figar porque "la instrucción sumarial no ha permitido acreditar que los servicios contratados desde la Consejería de Educación a las empresas EICO/MADIVA --de Alejandro de Pedro-- tuvieran un carácter exclusivamente laudatorio de la persona física Lucía Figar, como si fuera un ente separado de su cargo, o la institución que representaba en su condición de miembro del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

La Audiencia Nacional ha condenado a las penas de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación a cuatro de los seis acusados del caso Púnica León, en el que se investigaron los contratos de reputación online en esa Diputación Provincial. Uno de ellos es el expresidente de esa institución Marcos Martínez Barazón a quien el tribunal impone una pena de 8 años y medio de inhabilitación especial con la atenuante simple de dilaciones indebidas.

La Sala absuelve a todos ellos, en contra del criterio del fiscal, de los delitos continuados de fraude a la administración, falsificación en documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público van de los 4 años y 3 meses a los 8 años y medio en esta pieza de la Operación Púnica que se centró en la provincia de León.

Así, además de a Martínez Barazón, condena a quienes fueran coordinador general e interventor de la Diputación, Pedro Vicente Sánchez y Manuel Jesús López Sánchez, respectivamente.

Esa inhabilitación recae también sobre el conocido como conseguidor de la Púnica, el informático y consultor Alejandro de Pedro. La Sala le condena a la pena de 4 años y 3 meses de inhabilitación.

Sin embargo, la Sección Primera de la Sala de lo Penal absuelve a José Antonio Alonso Conesa, socio de De Pedro en las empresas MADIVA y EICO, así como a la trabajadora de estas compañías Guadalupe Caballero. También exonera a ambas empresas del delito de cohecho.

Fue el pasado mes de febrero cuando este juicio, que se celebraba desde noviembre de 2022 por las presuntas corruptelas de la trama Púnica en los trabajos de reputación online para dirigentes de la Diputación de León y en los contratos de la estación de esquí de San Isidro, quedaba visto para sentencia.

El tribunal considera probado que De Pedro, en connivencia con Martínez Barazón --que sustituyó en el cargo a la expresidenta Isabel Carrasco después de que fuera asesinada en mayo 2014--, durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2014 llevó a cabo un procedimiento administrativo irregular que se seguía en esa Diputación para la adjudicación de la publicidad institucional.

"El acusado era consciente de que la forma en la que se giraban y emitían las facturas --para MADIVA--, y su periodicidad constituía una grave irregularidad de carácter administrativo que tenía una relevancia penal", dice la sentencia sobre De Pedro.

Suma a esto que ese procedimiento de aprobación de facturas, que arrancó con Carrasco y siguió con el sucesor, era mensual y siempre de similares importes, "en todo caso, menores de 6.000 euros y tramitadas por el trámite de urgencia" a pesar de que no fuera necesario. El tribunal cifra en 18.150 euros la cantidad facturada de mayo a octubre de 2014.

Entiende la Sala que se aplicó de forma incorrecta "la denominada doctrina del enriquecimiento injusto", y que con esas facturas se "infringía de forma clara y patente la normativa establecida en la Ley de Contratos del Sector Público". Añade que de esa forma los cuatro acusados que finalmente han sido condenados "garantizaban el pago inmediato del importe de las mismas".

De esta manera, indica el tribunal, los acusados evitaban tener que acudir a un sistema de contratación adecuado y pertinente, "abierto o negociado", como contrato permanente que era. Evitaban así tener que licitar y recibir hasta tres ofertas de otras empresas que quisieran optar y acceder a la publicidad institucional de la Diputación de León.

Se eludía de esta forma, además, un control más riguroso y exhaustivo, primero por el Servicio de Contratación, y segundo, por de la Intervención General de dicho organismo. Y esto es así porque se incluían las facturas dentro de la relación de facturas mensuales que debían fiscalizarse por dicho departamento.

De Martínez Barazón añade la Sala que si bien era probable que no tuviera conocimiento concreto de esas facturas, "ni quizás las haya visto o las haya tenido en sus manos", ello "no le priva de responsabilidad penal como último responsable de dicho organismo".

Apunta además que "tuvo contacto con Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa a la hora de contrata una serie de servicios que se iban a prestar a través de las empresas EICO y MADIVA, que incluían la inserción de banners, el tratamiento de noticias de la Diputación y la emisión de informes reputacionales", y añade que la existencia de esos documentos nunca se ha negado por el expresidente de esa diputación.

Sobre esos servicios reputacionales que brindaba De Pedro, el tribunal considera que no ha quedado acreditado que EICO los hiciera "en favor y en beneficio personal ni de Isabel Carrasco ni de su sucesor en la Presidencia de la Diputación, Marcos Martínez Barazón".

No obstante, el tribunal destaca el carácter "indisociable" entre el nombre de la persona y el cargo que representa a la hora de analizar la naturaleza pública o privada de estos trabajos reputacionales, de los que, añade, no se ha demostrado que tuvieran sobreprecio.

"Cuando estamos hablando de personas que ostentan un cargo público, y si éste es de naturaleza política más aún, resulta especialmente difícil disociar, en el ámbito de las redes sociales, la persona misma del cargo que ocupa, y más aún cuando se trata de potenciar su imagen pública", añade.

Así, apunta que "no se ha constatado en autos que este potenciamiento en redes sociales y estos trabajos de posicionamiento SEO en redes sociales, especialmente en Internet, así como la publicación de noticias referidas a las personas de los presidentes de la Diputación como tales, en relación a su cargo, que brindaban los servicios de las entidades EICO y MADIVA a través de sus diarios digitales tuviera una dimensión puramente personal o particular y dirigida a ensalzar sus trabajos realizados en el ámbito estrictamente personal".

Prueba de ello, añade, es que "en toda la documentación que se ha intervenido y que obra en la causa, respecto a este aspecto concreto, no existen noticias de carácter particular o personal de dichas personas, sino que todas las noticias hacen relación a actividades, bien de la propia Diputación como ente institucional, o bien a actividades de tales presidentes en su condición del cargo que ostentaban, el de la Presidencia de la Diputación".

Para la Sala, tampoco ha quedado probado que las facturas giradas por MADIVA no correspondieran a trabajos efectivamente realizados --"los testigos también evidencian la realidad de los mismos"--, ni que no se hubieran prestado los servicios de publicidad institucional, ni que bajo el concepto que figuraba en las mismas (inserción de banners publicitarios Diputación de León) se hubieran satisfecho de forma encubierta trabajos de reputación personal o trabajos de asesoramiento político para los presidentes de la Diputación.

Apunta que tampoco ha quedado acreditado que tales trabajos se hubieran encargado a EICO como contraprestación a que los acusados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, especialmente este último, influyeran de alguna forma en que dichos presidentes pudieran acceder a otros cargos públicos, bien dentro del partido político al que pertenecían, o bien dentro de la provincia de León o de la comunidad autónoma.

El PSOE ha recurrido ante la Audiencia Nacional la decisión del juez de Púnica de no atender su petición de que se replantee la decisión de no procesar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y a su sucesor Ignacio González en el marco de la investigación sobre la presunta caja b del PP madrileño con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011, según ha informado Europa Press.

En el escrito de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), bajo cuyo paraguas actúa la formación política, se interesa la revocación del sobreseimiento para un total de 61 personas, entre las que también incluye a los exconsejeros conservadores Manuel Lamela, Salvador Victoria o Juan José Güemes, a los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Francisco Javier López Madrid, y al PP, al que quiere que se le tenga como responsable civil subsidiario.

Al hilo, critica duramente al juez instructor, Manuel García Castellón, al que acusa de haber respondido tarde y "sin la más mínima argumentación" al recurso que presentó contra su decisión de exonerar a Aguirre.

"De su mera lectura resulta evidente que carece de la más mínima argumentación para desestimar los argumentos que exponemos en el mismo, lo que es de apreciar sólo al peso", señala en el escrito de más de 230 páginas al que ha tenido acceso Europa Press.

ADADE se queja además de que el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, hace mención en su resolución, por la que rechaza la pretensión del PSOE, a autos de la Sala de lo Penal que no tienen que ver con lo que ellos ponen en cuestión.

En concreto se refiere a la decisión de archivar la causa para todos los delitos previos a 2011 y por tanto para los investigados que en ellos habrían participado. Decisión que vuelve a recurrir indicando que la Sala en ningún momento se ha pronunciando sobre el particular.

Añade a esto que la lentitud del Juzgado en resolver el recurso de reforma "conculca" su derecho reconocido no sólo en la legislación nacional sino también en la europea a una segunda instancia. Y adelanta que ese extremo será objeto de futuros recursos.

Cabe recordar que en octubre de 2022 García Castellón acordó levantar las imputaciones que pesaban sobre Aguirre y González por esa presunta existencia de una 'caja b', si bien sí que procesó al ex consejero Francisco Granados.

Desde 2014, la AN investigaba esta pieza separada 9 sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en las autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008, así como los contratos adjudicados por la administración madrileña y, en concreto, los contratos de reputación 'online' para posicionar a altos cargos del PP en redes sociales.

García Castellón indicaba en su auto que los hechos relativos a los comicios de 2007 y 2008 estarían prescritos, pero en cambio ve indicios de delito en los de 2011, precisando que, aunque la cuenta electoral registró unos costes de 2,9 millones de euros —los declarados ante la Cámara de Cuentas—, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones.

Por ello, el juez acordó procesar a ocho personas: Granados y el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, como máximos responsables de la presunta trama, así como a Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás y las empresas EICO Reputación Management y Madiva Editorial y Publicidad.

García Castellón apuntaba a posibles delitos electorales, de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsificación y cohecho.

Así, en ese mismo auto, el juez decidió archivar para los otros 71 imputados, entre ellos Aguirre, González, Lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria, Juan José Güemes, Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid.

Para el PSOE resulta llamativo que se archive para Aguirre cuando esta "era la principal beneficiaria de toda la actividad desarrollada por esta trama de financiación del PP". Y recuerdan que, según el Ministerio Fiscal, "era la única competente para nombrar a tanto sospechoso", y que tal y como dijo otro investigado —Horacio Mercado— ella no hablaba de dinero pero participaba "muy activamente en las reuniones de estrategia".

Recuerdan que existe el principio de que nadie debe beneficiarse del delito y que para eso está la figura del partícipe a título lucrativo, "que va como anillo al dedo a la versión fabulada por el Ministerio Fiscal y asumida por el auto de que Esperanza Aguirre no se enteraba de nada".

"La realidad era que se malversaba dinero a espuertas a fin de mejorar la imagen por todos los medios posibles de la candidata recurrente a las elecciones de la Comunidad de Madrid", recuerda.

ADADE recuerda también la declaración de Aguirre ante el juez, se queja de que sólo haya sido llamada una vez, y apunta que en ella señaló que no se ocupaba de cómo se pagaban las cosas.

"Lejos de invitar a su sobreseimiento, deberían de llevarle directamente a la condena, pues ella era en aquel momento la máxima responsable del uso del dinero público del que disponía la Comunidad de Madrid y estaría entonces desde 2003 hasta 2012 que abandona el cargo, haciendo dejación de sus obligaciones", asevera.

Por otro lado, rebate la tesis del Ministerio Fiscal, asumida por el juez, de que puesto que el delito de financiación irregular de los partidos políticos no existía al tiempo de los comicios electorales de 2007 y 2008, todo lo anterior a 2011 estaría prescrito.

Señala que "desde tiempo inmemorial están regulados los delitos de malversación, de prevaricación y de falsedad documental, que se rigen por sus propias normas de prescripción y no por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Cabe recordar que el juez señaló sobre Aguirre que no podía considerarse acreditada su participación en los hechos delictivos pues no se habían evidenciado indicios que permitieran afirmar "que era conocedora de los mismos".

En concreto, aludía a una conversación entre Aguirre y González de la que decía que cabría deducir que la ex presidenta madrileña "podía sospechar o intuir que se había sobrepasado el límite del gasto electoral", pero al mismo tiempo consideraba que esa charla también revelaba "que no tenía conocimiento de cómo había sucedido".

García Castellón dejaba claro que, "aunque lo anterior podría plantear si (Aguirre) se situó en lo que se denomina ignorancia deliberada", "tal cuestión, considerando la ausencia de indicios, resulta insuficiente para sostener una acusación" contra la ex dirigente conservadora.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha finalizado la investigación en la pieza 5 del denominado caso Púnica y ha propuesto juzgar al exsecretario general del PP madrileño y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, y a otras 20 personas por contratos en los ayuntamientos de cuatro localidades madrileñas: Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el juez encuentra indicios para juzgar a Granados; al empresario David Marjaliza y a su mujer, Adela Cubas; así como a otros tres exalcaldes de Valdemoro y varios exaltos cargos del Consistorio de dicho municipio. También incluye a un exalcalde de la localidad de Moraleja de Enmedio, a técnicos municipales y personas vinculadas al Grupo Marjaliza, ha informado Europa Press.

La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, por contra, acuerda el archivo y sobreseimiento completo de la pieza 5 para dos personas. Para otras siete, el juez archiva parcialmente la causa solo en lo referente a dos de los expedientes vinculados a la participación en los procesos de licitación de la empresa Recuperaciones Oasis SL.

Los hechos, según el instructor, serían constitutivos de los delitos de cohecho en concurso real con un delito de prevaricación administrativa y revelación de Información reservada y secretos; tráfico de influencias; fraudes; cohecho de particular en concurso con un delito de prevaricación administrativa; aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero y cohecho de persona jurídica.

Según explica el auto, la pieza separada cinco se ha centrado en investigar la contratación administrativa llevada a cabo en los ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, lo que "ha permitido constatar una serie de prácticas por parte de los encargados municipales responsables del procedimiento de contratación, encaminadas a asegurar la adjudicación del contrato administrativo licitado a una determinada empresa".

En todos los contratos, indica, se constata una influencia directa o indirecta por parte del empresario David Marjaliza sobre quienes tiene la referida responsabilidad. "Se trata de lograr que la sociedad finalmente propuesta por el órgano de contratación sea precisamente aquella que al empresario interesa en cada caso", apunta.

En este caso, prosigue el juez, se pueden distinguir diversos supuestos entre los contratos sujetos a investigación. En uno de ellos, el empresario influía en los responsables del procedimiento de licitación, y además concurría en el procedimiento a través de alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control.

En otros, el empresario influía en los responsables del procedimiento de licitación, y lograba la adjudicación del contrato pese a no concurrir en la misma los presupuestos necesarios.

Por último, se constata la existencia de contratos en los que el empresario concurría al procedimiento de licitación mediante alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control, lograba la adjudicación del contrato a través de la influencia ejercida, y causaba un perjuicio económico injustificado al Consistorio.

En Valdemoro se han investigado, entre otros, los contratos de gestión del servicio de estacionamiento regulado (SER), las concesiones administrativas de cafeterías, parquin, servicio municipal de grúa, explotación de instalaciones deportivas e incluso los servicios de recogida de ropa y zapatos usados.

Según el juez, el punto de partida siempre era David Marjaliza y su vinculación con determinados cargos y autoridades de la localidad con la finalidad de lograr la obtención de contratos administrativos disfrutando de un trato privilegiado en materia de adjudicaciones.

El magistrado relata cómo Marjaliza era informado con suficiente antelación sobre el inicio de estas licitaciones, para poder preparar la documentación necesaria con evidente ventaja sobre posibles rivales, asegurándose así su adjudicación. Explica que su influencia en determinados cargos públicos de Valdemoro resultaba especialmente relevante en orden, bien a la obtención privilegiada de información respecto a los procesos de licitación, bien en su capacidad de influir en la toma de decisiones durante el proceso de litación.

Con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento económico, el empresario logró la adjudicación directa de diversos contratos menores, "prescindiendo de las más elementales normas de contratación administrativa y fraccionando de forma sucesiva una prestación que se debía haber ofertado públicamente mediante el correspondiente concurso público para su licitación".

El auto también describe los contratos en los que participó Marjaliza en Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle y apunta que como contrapartida de las adjudicaciones, el empresario pudo haber sufragado encuestas de contenido político como "una de las fórmulas empleadas por David para el pago por los favores obtenidos desde el Ayuntamiento para beneficiar a sus empresas".

El magistrado da un plazo de diez días a las acusaciones para formular el escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado traslado a la Fiscalía para que revise las penas que solicita para encausados en hasta cuatro piezas de Púnica y para la causa conocida como el Cártel del Fuego después de que este jueves haya entrado en vigor la reforma del Código Penal que afecta al delito de malversación, según ha informado Europa Press.

En varias providencias señala si a la vista de la reforma del delito de malversación, el Ministerio Público solicita el sobreseimiento para alguno de los encausados en Púnica. El magistrado también se ha dirigido al Ministerio Público y a las acusaciones personadas en el caso del Cártel del Fuego para que se pronuncien si mantienen su calificación en dicho procedimiento por las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica 14/2022 de 22 de diciembre.

En un auto y cuatro providencias, el magistrado señala que si bien ya se ha dictado en los cinco procedimientos la apertura de juicio oral, "concurren circunstancias excepcionales que llevan a considerar la posibilidad de revisar la calificación" del Ministerio Público y de las acusaciones.

Así, explica que el pasado 23 de diciembre de 2002 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

Esta nueva norma, continúa, contempla la reforma del artículo 432 del Código Penal, modificando además de su contenido los límites penológicos. "Dada la posibilidad de que la nueva regulación pudiera afectar al delito de malversación del que se acusa a los encartados, se acuerda dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que informe si, a la vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022, de 22 de diciembre, mantiene la calificación", indica el auto.

Las resoluciones se han dictado en las piezas 4, 5, 8 y 10 de la denominada operación Púnica y el caso conocido como Cártel del Fuego, la investigación por el amaño de contratos para la extinción de incendios.

La investigación sobre la caja B del PP de la Comunidad de Madrid, enmarcada en la novena pieza del caso Púnica, acumuló durante años decenas de imputados. Algunos apenas eran nombres conocidos. Otros, sin embargo, lo eran sobradamente como pesos pesados a nivel político y empresarial. Pero, al final, la extensa lista ha quedado en nada. Acabada la instrucción, nueve de cada diez investigados han logrado librarse del banquillo. Y los que han sido procesados no eran, en la mayoría de los casos, más que segundas o terceras espadas. Cargos intermedios que se han quejado amargamente en la última semana de un tratamiento "injusto y discriminatorio" respecto al de sus superiores, cuyo regreso a Púnica se torna especialmente complicado ante la posición adoptada recientemente por el Ministerio Público y el corte conservador de la sala que podría decidir si tienen que volver a la causa.

El auto de procesamiento dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dejó fuera del caso a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González. Lo hizo argumentando que el delito electoral estaría prescrito en ambos casos y que no había pruebas, a pesar de los indicios que les señalaban, de que los dos mandamases conocieran o participaran en las diferentes irregularidades detectadas. Además, decretó el sobreseimiento libre para los exconsejeros Manuel Lamela, al que se señaló como ideólogo de la "cláusula del 1%" para el "desvío de ingentes fondos de las arcas públicas", Salvador Victoria o Juan José Güemes. De nuevo, la prescripción, la falta de indicios o la imposibilidad de reproche penal alrededor de determinados hechos fueron los argumentos del instructor.

Los procesados no entienden por qué para los peces gordos no se considera delito lo que para ellos sí. Así lo expresó la ex directora general de Medios de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego, quien consideró "injusto, parcial y discriminatorio" hacer pivotar la financiación del PP sobre una "periodista" que "no formó jamás parte del Partido Popular y sobre la que existieron numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión" a los que se archiva el proceso "con desiguales argumentos". Una "contradicción" que también expuso el ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero regional Francisco Granados. En los recursos, ninguno de ellos solicita que se vuelva a meter a los expresidentes y exconsejeros en la causa. Más bien, se apoyan en la salvación de los pesos pesados para intentar librarse ellos también del banquillo de los acusados.

Quien sí parece interesada en pelear el regreso de Aguirre, González y otros tantos investigados es la acusación popular, que en esta causa ejerce el PSOE. Pero están solos. La Fiscalía Anticorrupción no va a intentar forzar una vuelta de los dos expresidentes a Púnica. Y no lo va a hacer, fundamentalmente, porque fue ella misma la que pidió al magistrado en verano que se sobreseyera la causa contra ambos. Una decisión que, no obstante, generó fuertes tensiones entre los fiscales del caso. El escrito, del que ha bebido García Castellón para decretar los sobreseimientos, solo fue firmado por Alejandro Cabaleiro, que se sumó a la investigación hace solo dos meses. María Teresa Gálvez y Carmen García, que han estado en el caso desde su origen, se negaron a rubricarlo por discrepar con el criterio de prescripción o las conclusiones relativas a Ignacio González.

El magistrado de la Audiencia Nacional, de hecho, ha seguido el criterio del Ministerio Público para la mayor parte de los investigados. Sólo se ha separado de la línea marcada en dos casos. El primero es el del exconsejero de Justicia Salvador Victoria. Anticorrupción lo consideraba "beneficiario, impulsor y solucionador" de las contrataciones con el empresario Alejandro de Pedro, algo que García Castellón rechaza: "Las relaciones entre el PP de la Comunidad de Madrid y Alejandro de Pedro se instrumentalizaron a través de los responsables de comunicación, sin que haya quedado acreditado que Victoria tuviera competencia alguna". El segundo es el de la empresaria María Luisa de Madariaga: "No resulta debidamente justificada la comisión de los delitos que se le atribuyen". Estos dos nombres serían, por tanto, los únicos que podría pelear el Ministerio Público en base al informe del pasado verano.

La acusación popular es, por tanto, la única ahora mismo que puede intentar forzar el regreso de los peces gordos a la causa. Por el momento, el único paso dado ha sido la interposición de un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de procesamiento. Un escrito en el que defienden que los hechos relativos a los comicios anteriores a 2011, los únicos contra los que el magistrado vio posible proceder, no pueden considerarse prescritos. De ahí que soliciten que se aplique "el instituto del sobreseimiento de conformidad con la jurisprudencia aportada" y, por tanto, se dicte un nuevo auto en el que se incluyan de nuevo a los que se habían librado del banquillo en base a la prescripción, entre ellos los expresidentes regionales. Una interpretación que, de admitirse, pondría en aprietos a decenas de investigados.

Será el propio magistrado García Castellón el encargado de resolver la petición de reforma. En caso de no prosperar, el asunto llegará en apelación a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En concreto, según explican fuentes del órgano judicial, lo revisará la Sección Cuarta, que es quien se hace cargo de los recursos relacionados con Púnica. La misma está compuesta, según las mismas fuentes, por media docena de magistrados: Carmen Paloma González, Juan Francisco Martel, Ángela Murillo, Teresa Palacios, Fermín Echarri y Joaquín Delgado. "De todos ellos, lo resuelven tres", concluyen las mismas fuentes. Un grupo de magistrados que, en su mayoría, están considerados parte del sector conservador de la magistratura. De hecho, solo a Carmen Paloma González se la ha asociado con el ala progresista de la carrera.

Palacios, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue una de las candidatas a suceder a Fernando Grande-Marlaska al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un puesto que ahora mismo se encuentra vacante. Martel y Echarri, por su parte, formaron parte del núcleo duro que se opuso a que se apartase a Enrique López y Concepción Espejel de los juicios vinculados a Gürtel por su cercanía con el PP. Y Delgado fue asesor del Ministerio de Justicia durante la etapa de José María Michavila y director general con Rafael Catalá al frente de la misma cartera, un pasado por el que ya ha sido apartado del tribunal que juzgará al expresidente valenciano Francisco Camps en el marco de una de las piezas de Gürtel y que, con toda probabilidad, también lo mantendrá alejado del recurso de apelación del PSOE.

A pesar de ello, desde la acusación popular confían, llegados al caso, en poder imponer su criterio respecto a las prescripciones. De hecho, ya lo consiguieron en otras ocasiones. Así, ponen como ejemplo cuando la Sección Cuarta obligó a investigar, en el marco de Púnica, el pelotazo urbanístico en Valdemoro (Madrid) previo a 2004. García Castellón había rechazado practicar diligencias relativas a ese periodo al considerar que los hechos habían prescrito. Pero la Sala de lo Penal le obligó a hacerlo. En un auto, los magistrados Martel, Palacios y González defendieron que los hechos no podían considerarse prescritos "habida cuenta de ser solo una fase de esa misma actividad criminal prolongada en el tiempo en el seno de una organización dedicada a la comisión de hechos delictivos para su enriquecimiento personal". Entonces, Anticorrupción empujaba en esa misma dirección.

Los procesados de la novena pieza del caso Púnica, centrada en el supuesto uso de una caja B en el PP madrileño para financiar campañas electorales y en el encargo de trabajos de reputación online para mejorar la imagen de cargos públicos de la formación conservadora, tratan a la desesperada de librarse del banquillo de los acusados. Y lo hacen, en buena parte de los casos, agarrándose a la exoneración dictada por el instructor, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, para los peces gordos del caso. En diferentes escritos registrados en las últimas horas, a los que ha tenido acceso infoLibre, los procesados tratan, entre otras cosas, de jugar la baza de la desigualdad de condiciones respecto de aquellos máximos responsables políticos –desde expresidentes hasta exconsejeros– que finalmente han salido de la causa limpios de polvo y paja. Una estrategia que se resume en una simple pregunta: ¿por qué lo que en un caso no se considera delito en otro sí que tiene encaje?

El experto informático Alejandro de Pedro, considerado conseguidor de la trama, es uno de los que trata de explotar esta vía. El juez instructor decidió, a mediados de octubre, continuar las actuaciones contra él por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación y malversación. En el auto de procesamiento, García Castellón sostiene que "existen indicios suficientes para afirmar" que el empresario "se concertó con los responsables políticos" de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo trabajos de reputación online que mejorasen la imagen en Internet de los principales dirigentes del Gobierno regional, "sin contratación formal y a sabiendas de que iban a destinar recursos públicos para su pago". Y que, además, accedió a que "empresas adjudicatarias de contratos públicos" le abonasen dinero "en metálico" para saldar la deuda que la Administración había contraído con él por dichos trabajos.

Pero la defensa de De Pedro exige el sobreseimiento. En su recurso de reforma y subsidiario de apelación, el empresario pone el foco, por un lado, en el caso de Lucía Figar. La exconsejera de Educación ha sido investigada en la causa por los encargos que su departamento hizo a las empresas del informático. Sin embargo, García Castellón ha decidido librarla del banquillo al considerar que no ha quedado acreditado que los "servicios contratados" tuvieran "un carácter exclusivamente laudatorio" de la figura de Figar. Y es a eso a lo que se agarra el abogado del informático, que expone en el escrito que "todas las conclusiones" a las que el instructor se refiere en relación a la exconsejera de Educación "son miméticamente aplicables" en lo relativo a las relaciones de Alejandro de Pedro y sus empresas con la Comunidad de Madrid.

Una estrategia similar sigue el empresario en relación a la supuesta entrega de 10.000 euros que le habría hecho un trabajador de Indra, Santiago Roura, y de la que siempre se sospechó que pudiera ser parte del pago de la deuda que la Comunidad de Madrid mantenía con De Pedro. Por ese dinero estuvieron imputados tanto quien fuera consejero delegado de la empresa, Javier de Andrés, como el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria, a quien se acusaba de haber ordenado el abono a la multinacional –adjudicataria multimillonaria–. Pero el instructor les ha librado alegando que no hay ningún indicio sólido de esas órdenes y que esos pagos no generan "responsabilidad penal" al quedar desligados "de una adjudicación ilegal". "Por lo expuesto si pagar con el dinero de un tercero ajeno a la administración no es típico, recibir dinero de ese tercero ajeno a esa administración también es atípico", se defiende en base a esto De Pedro.

Quien sí está a un paso del banquillo, igual que el empresario, es el ex consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás. El instructor ha decidido procesarlo por "su grado de conocimiento y participación" en los hechos relativos a la contratación de De Pedro o "la búsqueda y colaboración de las vías para favorecer los pagos al mismo", en relación a las gestiones realizadas alrededor del pago anteriormente mencionado. Pero la defensa trata de quitar valor a esa parte de la investigación. Primero, por la "intrascendencia penal de los pagos" al estar "desligados de una actividad ilegal". Y segundo porque, como se mantiene con Victoria, no hay "comportamientos" que permitan "sostener su intervención en la realización de pagos en efectivo". Además, la representación argumenta que el resto de hechos que lo sitúan bajo la lupa ya están investigados en otra pieza.

Los escritos del considerado conseguidor de la Púnica y del ex consejero delegado de la agencia pública siguen la estela de los presentados en las últimas horas por otros dos de los ocho procesados. Se trata de Isabel Gallego, ex directora general de Medios de la Comunidad de Madrid, y Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero regional. En estos dos casos, los recursos presentados apuntan más alto en el organigrama, llegando a señalar directamente a los expresidentes. "No puede tenerse por bueno que se le achaque a la Dirección General de Medios aquello que Francisco Granados, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Lucía Figar, Salvador Victoria, Borja Sarasola u otros convinieran, caso de que lo hicieran, con Alejandro de Pedro. Legal o ilegal", recordaba Gallego en su recurso.

La periodista ponía el foco en su escrito de defensa en los trabajos de reputación online que se hicieron para los dos expresidentes regionales. Y se agarraba, de nuevo, a la exoneración de Lucía Figar. "Si para la que fuera consejera de Educación no hay delito, nos falta el razonamiento expresado por el juez que permita comprender por qué sí ha de ser delito la publicidad llevada a cabo por la Dirección General de Medios acerca de los presidentes de la Comunidad de Madrid, ni por qué estos eran ajenos a la cuestión y la periodista que lo gestionaba debe ser enjuiciada", apuntaba la representación de Gallego. Es decir, la exdirectora se quejaba de que se considerase "delictivo" para ella lo que para otros era tratado como "lícito". Y, por supuesto, recordaba que por encima suya existían "numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión".

En una línea similar se pronunció el propio Granados, a quien se atribuye un delito electoral por los comicios de 2011. En su recurso, la defensa del exdirigente calificaba de "contradicción" que García Castellón no archivase las actuaciones para su cliente pero sí para "la mayoría de investigados", incluyendo aquellos "que por rango en el partido y en las propias instituciones" estaban "en plano muy superior" a él. Así, resaltaba que "los dos máximos interesados" en ganar las elecciones de 2011 eran los expresidentes madrileños, justo los "beneficiados sobreseídos como personas de rango superior". "¿Por qué el argumento utilizado para la señora Aguirre o el señor González de desconocimiento a cómo se contrataron y pagaron esos trabajos no es válido para el señor Granados?", cuestionaba el ex número dos de los conservadores madrileños en relación con los trabajos de reputación online.

Tras varios años siendo investigados en la novena pieza de Púnica, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional decretó hace poco más de una semana el sobreseimiento respecto de ambos expresidentes. Un carpetazo que, en el caso de Aguirre, el magistrado dio desechando los indicios que en su momento le llevaron a citarla como investigada. Así, García Castellón sostuvo que la exdirigente conservadora no sabía nada del uso en la trama de financiación de Fundescam, a pesar de que había presidido dicha fundación y figuraba como autorizada para el manejo de fondos en la cuenta bancaria de la misma.

El juez llega a esta conclusión en base a una llamada captada entre la expresidenta regional e Ignacio González en la que la dirigente conservadora afirma: "Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado". Aquella conversación fue intervenida, además, a comienzos de marzo de 2017, cuando quedaba poco para la detención de un González que ya entonces se sentía vigilado. A pesar de ello, el juez, al igual que el Ministerio Público, pone el audio como elemento exculpatorio. Para ambos, "la aseveración" que realiza la expresidenta "descartando" que Fundescam fuese "instrumento" para la financiación es un "indicio sólido" de que Aguirre no sabía nada.

El auto de pase a procedimiento abreviado de García Castellón evita, además, hacer mención a la famosa reunión celebrada a principios de 2004 en la que se habrían "dado las instrucciones" a los consejeros madrileños para que se contara con Daniel Horacio Mercado y con su sociedad Over Marketing para llevar a cabo las contrataciones en materia de publicidad y comunicación. Al menos dos investigados han situado en aquel encuentro, considerado punto de arranque de las irregularidades, a la propia Aguirre, de la que, según el instructor, no se ha acreditado que tuviera conocimiento ni de "la contratación" de los "trabajos" de reputación online ni de su "desarrollo" o la manera de abonarlos.

El PSOE ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de archivar la pieza separada número 9 de la macrocausa Púnica, entre otros, para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, asegurando que la investigación ha revelado "un plan concertado" desde su llegada a la Presidencia que buscaba "conseguir financiación extraordinaria" para el PP regional, según informa Europa Press.

En un escrito de 112 páginas, el PSOE insta al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 a corregir su auto del pasado viernes, por el que procesó a 8 personas —con el exconsejero madrileño Francisco Granados y el exgerente regional Beltrán Gutiérrez a la cabeza—, pero archivó para otras 70, la investigación relativa a la presunta 'caja b' del PP madrileño, con la que se habrían financiado las elecciones de 2007, 2008 y 2011.

La acusación socialista exhorta al instructor a procesar a la práctica totalidad de los exonerados apuntando específicamente a Aguirre y González, además de los ya procesados Granados y Gutiérrez, como las personas que estuvieron "en las posiciones de toma de decisión" durante los años en los que se habría concebido y desplegado este "plan, ideado desde su inicio, para financiar ilegalmente al PP".

Para el PSOE, no hay duda de que ese "plan" se inició con la llegada de Aguirre a la Presidencia en las elecciones de 2003, ante la "necesidad de proceder al pago de los gastos electorales extraordinarios en los que se había incurrido", y de que se prolongó en el tiempo "para ir sufragando los sucesivos actos, ya fuesen electorales o no, pero para los que no se reparaba en gastos".

El partido que lidera Pedro Sánchez señala que "las campañas electorales fueron el momento en que se pusieron en acción todos los recursos obtenidos con anterioridad" gracias a esta supuesta maquinaria delictiva. Son esos mismos recursos, mantiene, los que permitieron al PP "acudir a esas campañas en una situación financiera oculta y distinta a la de los demás competidores".

Los socialistas describen una dinámica de "adjudicaciones fraudulentas" de contratos públicos, algunos "fraccionados a propósito para convertirlos en contratos menores", para recompensar a las empresas de la trama que habrían hecho sus aportaciones en 'b' al PP regional, así como un enjambre de "empresas-pantalla" para ocultar la ruta del dinero, que también llegaba a los bolsillos de los presuntos conseguidores.

En este sentido, subrayan que "financiación ilegal no es sólo falsear las cuentas electorales o sobrepasar el límite de gasto electoral, sino que para llegar a tal fin debe recaudarse el dinero, lo que en este caso se hace por distintos medios, mediante adjudicación de contratos sin prestación de servicio o sobrevalorados, pagos en metálico, facturación falsa o pago con cargo a otros contratos adjudicados a terceras personas a modo de comisión a favor del PP".

El recurso pone el foco en el archivo para Aguirre y critica que el instructor no explica "qué resultados de la investigación motivan que los claros indicios delictivos que motivaron" su imputación "hayan desaparecido". "Y no lo hace", continúa, "porque nada en la instrucción posterior desmiente o contradice dichos indicios". "Al contrario, los acrecienta", asevera.

Si a ojos del PSOE ya resulta "difícil sostener que Aguirre no sabía qué se tramaba bajo su mandato, lo mismo cabe decir respecto de González". "Su posición, preeminencia e influencia hacen necesaria su participación en los hechos", aducen.

Así, ve "absolutamente contradictorio" que Aguirre y González no conociesen "a quién y cómo se adjudicaban" los contratos publicitarios porque "toda la publicidad se aprobaba y controlaba desde la Presidencia y la Dirección General de Medios, que dependían directamente de González y, a través de él, de Aguirre".

Esto es, para los socialistas, especialmente significativo en el caso de González, cuya "ignorancia" de los supuestos desfalcos "sería imposible" en tanto que se encuentra "en ambos lados del concierto", al adjudicar y decidir "cómo se gasta en campaña electoral".

Combaten igualmente la decisión del juez de rechazar su petición de imputar al PP como partícipe a título lucrativo. En este sentido, no solo piden que le procese como tal por los hechos que tuvieron lugar entre 2003 y 2013, sino además como "responsable penal" por los ocurridos desde 2014 y hasta el final del periodo investigado, cuando se le podría achacar dicha responsabilidad debido a los cambios legales.

García Castellón lo descartó al entender que sería "improcedente" considerar al PP partícipe a título lucrativo porque los hechos no guardan relación con el partido nacional, sino, en todo caso, "con el ente territorial que goza de plena autonomía y autogestión para sus intereses".

El PSOE responde que es "absolutamente falso" que el PP nacional sea una persona jurídica distinta del PP madrileño y para ello pone sobre la mesa los estatutos 'populares', conforme a los cuales --expone-- Gutiérrez dependía de la Gerencia Nacional y "la presentación de cuentas ha de hacerse de forma consolidada, por lo que el PP debe de integrar y consolidar las cuentas regionales y, por lo tanto, hacerse responsable de las mismas".

A ello anuda que el PP madrileño no era una rama cualquiera, sino una "pieza fundamental del engranaje" sobre la que el control era "mucho más estrecho", de modo que sus "actos y campañas se acordaban desde la planta primera de la sede del PP en Génova 13 y se desarrollaban en la Comunidad de Madrid o en la misma ciudad, donde residían la mayor parte de los líderes nacionales, (...) que no podían ignorar la enorme cantidad de recursos utilizados a tal fin".

Para reforzar sus argumentos, cita los fallos de 'Gürtel' que condenan al PP como partícipe a título lucrativo. "La sentencia y la jurisprudencia es clara y contundente, cualquier aportación de dinero ilícito a las cuentas ya sean electorales o a actividades del PP, se produzcan donde se produzcan, benefician al PP y en consecuencia este asume la responsabilidad", zanja.

El PSOE refuta también la premisa fijada por García Castellón que implica asumir que los hechos relativos a los comicios de 2007 y 2008 están prescritos. El instructor solo vio posible proceder por los de 2011. Según el relato judicial, aunque la cuenta electoral registró unos costes de 2,9 millones de euros —los declarados—, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones.

Los socialistas estiman que el juez no debió "aplicar automáticamente la prescripción, delito a delito, separadamente, sin tener en cuenta el contexto general y las interrelaciones entre los distintos hechos".

Argumentan que, al existir concurso delictivo, los delitos de cohecho, malversación, fraude, prevaricación y falsedad documental prescribirían a los 15 años. "Si, además, tenemos en cuenta que dichos delitos concurren en concurso medial del artículo 77 CP, conforme a la reforma del mismo operada en 2010, la pena a imponer podría ser incluso superior a los 15 años, con lo que la prescripción de dichos delitos se produciría por el transcurso de 20 años", añade el PSOE.

De todas formas, entiende que "no es el momento procesal oportuno para hacer un análisis de la prescripción de delitos en los que concurre exasperación de la pena, análisis que solo puede efectuarse en sentencia". Esto, remacha, "refuerza la imposibilidad de una declaración tan precipitada y prematura de la prescripción".

La trama Púnica, la causa de corrupción que atraviesa el PP de Madrid durante los mandatos de Esperanza Aguirre –financiación ilegal incluida–, se va a saldar con dos lugartenientes de la expresidenta, su número dos Francisco Granados y su extesorero Beltrán Gutiérrez, sentados en el banquillo y seis más que pasaban por allí. Los casi siete años de investigación y pruebas apuntaladas por la UCO, las diligencias esclarecedoras de las partes y las peticiones reiteradas de la Fiscalía Anticorrupción para imputar a Aguirre y a la cúpula se desvanecen. La exjefa de prensa Isabel Gallego se ha revelado en su escrito de defensa con un argumento aplastante: cumplía órdenes. Porque una jefa de prensa ni firma contratos ni paga por su cuenta a empresas que benefician a sus jefes. Y cualquiera que haya vivido ese ciclo negro madrileño sabe que no se movía un papel sin el mandato de arriba. 

Manuel García Castellón es ya el juez que más casos de corrupción ha disuelto del PP. Con esta causa, se consolida el patrón por el cual libra del banquillo a los artífices de las tramas más graves de los populares mientras retuerce hasta límites muy cuestionados penalmente las instrucciones de Podemos. Si hay que elegir, es peor lo primero. Las causas contra Podemos se acaban archivando; las del PP, con múltiples indicios, audios y pruebas, quedan enterradas en la impunidad y no se podrán volver a juzgar. 

Un agravio comparativo de manual entre los ERE y la condena a José Antonio Griñán por responsabilidad política, in vigilando, y este dejar salir airoso a cualquiera que haya ocupado presidencias en el PP. Ya se lo dijo Anticorrupción en una de las tantas veces que exoneró a la cúpula popular: “Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si hubiera establecido un cordón, una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar”

El problema de la Púnica no es Aguirre, es el juez. Se ha escrito mucho sobre su vuelta al Juzgado Número 6 de la Audiencia tras el mensaje entre Eduardo Zaplana e Ignacio González, ambos encausados por corrupción. “Tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted pa' acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular”. Y el titular llegó. Si se pudiera elegir a quién queremos escuchar en una comparecencia en el Congreso sería sin duda la de García Castellón. Una comparecencia que hubiera encajado bien en la Comisión de la Kitchen por el uso de agentes para destruir pruebas de Bárcenas y borrar la financiación ilegal. 

Desde nuestro derecho a saber, cabe una comparecencia donde se le pudiera preguntar por qué el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, señaló a Mariano Rajoy, en calidad de presidente del PP y del país, como su superior al frente de la Kitchen, y decidió no llamarle a declarar. Una acusación directa sobre la que no practicó una sola diligencia. Por contra, en el caso Dina, pidió la imputación de Pablo Iglesias por la imaginaria sospecha de que el exlíder de Podemos destruyó la tarjeta a sabiendas. A un expresidente del PP acusado por un exministro ni le llamó a declarar mientras intentó forzar la salida de un ex vicepresidente del Gobierno de coalición sin una sola prueba. Esto no es opinión: la Fiscalía, la Sala Segunda de la Audiencia y el Tribunal Supremo le exigieron que cesara en su intento.  

Otro detalle esclarecedor. Villarejo es el personaje común entre el robo de la tarjeta del móvil de Dina Rousselham y el móvil de la Kitchen desde donde se chateaba supuestamente con el expresidente popular. El juez Manuel García Castellón no se dignó a preguntar al PP si el número de teléfono con el que el excomisario se escribía con Mariano Rajoy era del partido. Por contra, pidió hasta tres peritajes a Londres para comprobar si la tarjeta de Dina Bousselham había sido destruida. Sobre el móvil de Rajoy recaen delitos de posible financiación ilegal, malversación y otros tantos; sobre el de la exasesora de Podemos un presunto delito informático. Y ni siquiera, para ello tenía que haberse declarado perjudicada, cosa que nunca hizo. 

En otra causa, de nuevo contra Podemos, el juez Alejandro Abascal, de la conservadora APM, lo archivó porque era un compendio de recortes de prensa que no iba a ninguna parte. Después apareció el Pollo Carvajal, jefe de la contravigilancia venezolana hasta 2014 que no quiere ser extraditado a EEUU y terminar sus días en una prisión de alta seguridad norteamericana. Carvajal acudió a García Castellón y consiguió postergar hasta hoy su extradición a cambio de su testimonio, no de pruebas. 

Desde 2020 órganos superiores de la judicatura han corregido a García Castellón su investigación a nueve dirigentes de Podemos. Desde 2020, este juez ha exonerado a Mariano Rajoy, a María Dolores de Cospedal y a Esperanza Aguirre. Todos estos casos con informes de Anticorrupción repletos de acusaciones de corrupción y la petición expresa de sus imputaciones. De nuevo, lo grave e irreparable es lo segundo. Mientras la Fiscalía de la Audiencia ha advertido a García Castellón que cruza todas las líneas en su investigación contra Podemos y la pieza que mantiene secreta, el juez ha dejado sin juzgar la financiación de los populares. Con jueces así, el PP no necesita indultos.  

Y, al final, Esperanza Aguirre logró salir del charco de ranas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido este viernes dar carpetazo a la causa que se seguía contra la expresidenta madrileña en el marco de la pieza de Púnica centrada en la supuesta financiación irregular del PP de Madrid. En apenas una veintena de párrafos, el magistrado pone punto y final a tres años de pesquisas centrados en la baronesa conservadora. Lo hace al entender que no puede considerarse "acreditada" su participación en los hechos delictivos, a pesar de los indicios acumulados durante la instrucción. Y sin esperar al exalcalde conservador de Majadahonda Guillermo Ortega, preso tras su condena en el caso Gürtel y que se había comprometido a entregar pruebas que –supuestamente– incriminarían a Aguirre en la financiación ilegal de la formación. Una decisión que, no obstante, puede ser recurrida.

La expresidenta madrileña llevaba tres años investigada en esta pieza separada de la Púnica. El magistrado decidió ponerla bajo la lupa tras la petición hecha por la Fiscalía Anticorrupción. En aquel auto, García Castellón apuntaba que existían "indicios racionales" de que habría sido Aguirre "quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". También que la "supervisión y control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier consejería en sus contratos de publicidad" se habría "centralizado al más alto nivel", bajo la "supervisión" de la presidenta regional. Y que habría existido un plan para que "fuesen los fondos públicos" los que abonasen "gastos" del partido, sus dirigentes o las campañas electorales autonómicas de 2007 o 2011.

Aquella última cuestión se centraba, en concreto, en el uso de la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam), "elemento nuclear" –en palabras de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– de toda la trama de financiación ilegal. Según el juez, el desvío de fondos se materializaba a través de las subvenciones concedidas por la Comunidad de Madrid a dicha fundación, que se mantuvieron incluso después de que una investigación periodística revelase que se había usado para financiar campañas del PP. En estos hechos, el magistrado sostenía en su auto de imputación que jugaron un papel relevante el exgerente del partido Beltrán Gutiérrez y los dirigentes conservadores Francisco Granados e Ignacio González. Y que Aguirre se "apoyó en ellos para que ejecutasen sus decisiones".

Ahora, sin embargo, el magistrado da un giro de ciento ochenta grados. Igual que hizo la Fiscalía Anticorrupción en el informe que entregó al juez antes del verano, un documento que se negaron a firmar las dos fiscales que más tiempo han llevado el caso, García Castellón sostiene que Aguirre no sabía nada de nada. Una conclusión a la que llega en base a una llamada captada entre la expresidenta regional e Ignacio González en la que la dirigente conservadora afirma: "Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado". Una conversación que fue captada, además, a comienzos de marzo de 2017, cuando quedaba poco para la detención de un González que ya entonces se sentía vigilado. A pesar de ello, el juez, al igual que el Ministerio Público, pone el audio como elemento exculpatorio.

"La llamada anteriormente expuesta pudiera revelar que la misma podía sospechar, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral, pero igualmente revela que no tenía conocimiento de cómo había sucedido, pues la aseveración que realiza en torno a la utilización de la Fundación Fundescam, descartando que fuese instrumento para ello cuando realmente lo era, es un indicio sólido de tal extremo", despacha García Castellón al respecto en el auto que exonera a la exbaronesa conservadora. Es decir, que asegurar en una llamada que podía estar intervenida que no pasaba algo que sí sucedía es una prueba lo suficientemente robusta como para poner sobre la mesa la existencia de desconocimiento. "Lo anterior podría plantear en si se situó en lo que se ha denominado ignorancia deliberada, pero afirmar tal cuestión, considerando la ausencia de indicios, resulta insuficiente para sostener una acusación", completa.

En el auto actual, el magistrado pasa por alto algunos detalles relevantes sobre el papel que jugó la expresidenta madrileña en Fundescam y que, de hecho, utilizó en el momento de su imputación. Porque, desde luego, no era para nada ajena a dicha entidad. En la cuenta bancaria de la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid figuraban como autorizadas para manejar los fondos cuatro personas, entre ellas Esperanza Aguirre. Y no era raro que eso fuese así. Al fin y al cabo, la exbaronesa había sido también presidenta de Fundescam, un cargo que dejó en 2010.

A lo largo de la investigación, se ha situado como punto de arranque de dichas irregularidades una reunión celebrada a principios de 2004 en la sede de la Presidencia del Gobierno de Madrid en la que se presentó a los miembros de su Ejecutivo a un empresario argentino. En aquella reunión, se habrían "dado las instrucciones" a los consejeros madrileños para que se contara con Daniel Horacio Mercado, y especialmente con su sociedad Over Marketing, para llevar a cabo las contrataciones en materia de publicidad y comunicación. Mercado es una figura clave en la investigación sobre la financiación ilegal del PP porque él mismo ha reconocido en sede judicial que cobró parte de los trabajos electorales de 2007 en negro o con facturas falsas endosadas a empresarios de la construcción.

Al menos dos investigados han situado a Aguirre en esa reunión durante la instrucción. Uno de ellos fue Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad, si bien en su declaración ante el juez rebajó la presión sobre la expresidenta regional al asegurar que en aquel encuentro no se les dieron "instrucciones precisas" de adjudicar contratos a la firma, tal y como declaró ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sino que se les animó a que la tuvieran en cuenta dada la calidad del lema que había diseñado para la Comunidad de Madrid. El otro que situó a Aguirre en la reunión fue el propio Mercado.

Nada de ese encuentro figura en el auto de pase a procedimiento abreviado a lo largo del apartado dedicado a la expresidenta madrileña. Así, en una quincena de párrafos, el magistrado apunta que "no ha podido acreditarse" que la dirigente conservadora tuviera conocimiento ni de "la contratación" de los "trabajos" de reputación online ni de su "desarrollo" o la manera de abonarlos. A pesar de que era ella misma beneficiaria de esos trabajos. Y tampoco ve nada raro en el cambio organizativo llevado a cabo para que "todas las contrataciones de publicidad" pasasen por una Dirección General de Medios a cargo de Isabel Gallego, subordinada de Aguirre: "Tampoco constituye un indicio de que hubiese efectuado tal nueva estructura con fines delictivos, pues ninguna de las personas respecto de las que existen indicios ha declarado que la misma participase en procedimiento de contratación con las mesas de publicidad".

"Del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre en los hechos delictivos objeto de la presente pieza separada, pues, más allá de la prescripción de los delitos electores asociados a las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos", concluye el magistrado, quien ha decidido archivar la causa para más de medio centenar de imputados –políticos y empresarios de peso–. De hecho, solo ha procesado a ocho personas: Granados y Beltrán Gutiérrez, a los que deja como máximos responsables de la presunta trama, así como a Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás y las empresas EICO Reputación Management y Madiva Editorial y Publicidad.

García Castellón ha decidido, además, dar carpetazo sin esperar al exalcalde conservador de Majadahonda, quien se había comprometido a entregar pruebas que incriminarían a Aguirre en la financiación ilegal. En concreto, Ortega garantizó al instructor que entregaría pruebas de la facturación falsa en Mercado Puerta de Toledo SA, la empresa pública que él mismo había presidido. Para poder dar esa información, el exregidor necesitaba acceder a sus archivos propios, así como revisar facturas. El problema es que no lo pudo hacer dentro del plazo que le había dado el instructor. Principalmente, según denunció hace un mes Anticorrupción, por la "inactividad del juzgado". "No ha facilitado que el mismo haya tenido acceso a su ordenador dentro del centro penitenciario", recogía el documento del Ministerio Público, desvelado por infoLibre. Un escrito que, esta vez sí, contaba con la firma de todos los fiscales del caso.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado este viernes levantar las imputaciones que pesaban sobre la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González por la presunta existencia de una caja b también en el PP de Madrid con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011, unas supuestas corruptelas por las que sí ha procesado al exconsejero Francisco Granados, ha recogido Europa Press.

De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se alinea con la Fiscalía Anticorrupción, que pidió exculpar a Aguirre al no apreciar indicios de que fuera "conocedora" de las actuaciones de la trama Púnica, por considerar que el hecho de que tuviera "el control absoluto" del PP regional es "insuficiente" para procesarla.

También sigue los pasos del Ministerio Público en lo relativo a González, ya que, aunque el fiscal vio indicios de que habría cometido un delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007, al mismo tiempo concluía que estaría prescrito.

El auto de procesamiento empuja a la fase intermedia, la antesala del juicio, esta pieza separada número 9 de Púnica, la más destacada de una macrocausa que arrancó en 2014 y que ahora componen una docena de líneas de investigación.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, encargado del caso Púnica, ha rechazado seguir "dilatando indebidamente" la investigación de la presunta caja B del PP de la Comunidad de Madrid recordando que esta "añeja instrucción" no puede extenderse sine die, según informa Europa Press.

En un auto del pasado 9 de septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 desestima los recursos de reforma presentados por la Fiscalía y por la representación del PSOE en el que se pedía al magistrado más tiempo para que el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega pudiera "emitir el escrito al que se comprometió".

En concreto, el Ministerio Público solicitó la concesión de "un nuevo plazo" para 'El Rata' a fin de que pudiera estudiar "la documentación aportada a la causa". De igual forma, la Fiscalía instó a que se entregase un ordenador personal al exalcalde, que se encuentra recluso en el Centro Penitenciario Madrid V.

Los socialistas, por su parte, no entendían "la celeridad que se quiere imprimir al proceso de instrucción justo en la recta final". "Como ya señaló la Fiscalía en otra causa, la inacción y las prisas parecen dibujar líneas rojas que blindarían al Partido Popular y sus dirigentes, en este caso a la que fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular en esta comunidad autónoma", criticaron en su recurso.

El informe que Ortega confecciona desde la cárcel versa sobre las irregularidades que denunció en el Mercado Puerta de Toledo, una pieza separada de la trama 'Púnica' en la que está imputada la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre.

El juez, sin embargo, deja claro que "no procede postergar más" la fase de instrucción "en espera de un informe que se confecciona por un sujeto que es denunciante y testigo, que ha diferido o dilatado la aportación de su testimonio al respecto y que está ocasionando notables perjuicios a las distintas personas investigadas".

Según García Castellón, la entrega del citado documento "podría verificarse en el acto del juicio oral si es que se llega a abrir juicio por tales hechos, por lo que en modo alguno se limitan los derechos de las partes acusadoras a valerse de los medios de prueba que estimen pertinentes en el momento procesal oportuno".

Esta cuestión, sin embargo, "no puede ser confundida con una autorización ilimitada y sine die en la referida confección del documento", según apunta el magistrado. "No es dable una prolongación artificiosa de un plazo, ya discutible, para la incorporación de un documento que todavía no se ha confeccionado", insiste.

Se trata de la segunda ocasión en la que el juez rechaza dar nuevas prórrogas a Ortega para que emita su informe, un balón de oxígeno que de facto que supuso dilatar el final de las pesquisas de esta pieza separada número 9 de la trama 'Púnica', cuya instrucción finalizó formalmente el juez el pasado 25 de enero.

Fue en abril de 2021 cuando 'El Rata' comunicó a la Audiencia "una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado de Puerta de Toledo", dependiente de la empresa pública IMADE. Señaló más de una decena de facturas emitidas entre 2006 y 2009 por "trabajos aparentemente ficticios" –registrados como relaciones públicas, mantenimiento o pintura– por un total de 832.560 euros.

Estas revelaciones llevaron al juez a abrir una nueva pieza, la número 13, para separarla de la 9, pero la Sala de lo Penal dio la razón a la Fiscalía Anticorrupción y mantuvo las supuestas irregularidades en el Mercado de Puerta de Toledo dentro de las pesquisas sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de 'Púnica' por cuanto García Castellón intenta determinar si existió una 'caja b' en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de la formación conservadora durante los años 2007, 2008 y 2011. Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la 'Púnica', en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.

En el primer golpe de la 'Operación Púnica', ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como presuntos miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde el año 2012 en la Comunidad de Madrid.

De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones 'a dedo' y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.

El entonces juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investigó los hechos como un todo hasta que, en 2015, dividió la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que observaba.

La novena pieza de Púnica, en la que se investiga la supuesta caja B del PP madrileño, encara su recta final. Tras varios meses de espera una vez decretado el fin de las pesquisas, la Fiscalía Anticorrupción remitió finalmente este martes al instructor del caso, Manuel García Castellón, su tan esperado escrito de conclusiones. El documento, que supera los ocho centenares de páginas y al que ha tenido acceso infoLibre, deja fuera del foco a los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González. Y reduce la acusación a una decena de personas. La prescripción, la "ausencia de indicios" o la existencia de hechos que no merecen reproche penal son los principales argumentos de una Fiscalía dividida para solicitar el sobreseimiento provisional respecto a decenas de viejos altos cargos conservadores o empresarios que durante toda la instrucción han ido desfilando como investigados. Ahora, será García Castellón el que tenga la última palabra.

El informe hace un análisis pormenorizado de más de 150 nombres propios que han ido apareciendo en la causa. Eso no quiere decir que sobre todos ellos haya estado puesta la lupa en el marco de esta pieza. En no pocos casos, Anticorrupción utiliza su escrito para dejar constancia de que o no han sido nunca citados a declarar como investigados o que los hechos que les afectan no se enmarcan en esta parte de la investigación de Púnica. En concreto, poco más de medio centenar de los personajes mencionados se han situado en algún momento de la investigación bajo el foco de la justicia. Sin embargo, solo en diez casos el Ministerio Público considera que existe material suficiente como para sentarlos en el banquillo de los acusados. En definitiva, la macropieza, al final, ha terminado diluyéndose como un azucarillo tras años de pesquisas.

Buena parte de los pesos pesados conservadores han conseguido librarse de Anticorrupción. Si hace poco más de un año el juez instructor decretaba el sobreseimiento para la expresidenta Cristina Cifuentes en relación a la adjudicación del contrato de cafetería de la Asamblea de Madrid, ahora quien recibe una buena noticia es Esperanza Aguirre. La Fiscalía da por hecho que existen "claros indicios" de falsedad electoral en las autonómicas de 2007 y 2011. Sin embargo, considera que no hay pruebas suficientes que "permitan afirmar" que la expresidenta regional fuera "conocedora" de los hechos delictivos. En este sentido, mantiene que "el genérico hecho" de que como líder del Ejecutivo autonómico tuviera "un control absoluto de todo lo que sucedía" resulta "claramente insuficiente para atribuir responsabilidad penal por hechos concretos".

Junto a ella, también su sucesor en el cargo, Ignacio González, queda fuera de la actuación de Anticorrupción. En este caso, la Fiscalía mantiene que a pesar de la "existencia documental" de haberse cometido un delito electoral, la prescripción impide dirigir "procedimiento" contra él. Una caducidad que libra de la acusación a una parte importante de investigados. Es el caso, por poner algún ejemplo, de los empresarios Óscar Sánchez o Ricardo Vázquez. El Ministerio Público les considera "colaboradores" en el entramado "para ocultar el gasto real de las campañas electorales". Sin embargo, recuerda que lo relativo a las autonómicas de 2007 y las municipales de 2008 estarían "claramente prescritas" mientras que las regionales de 2011 lo estarían "para toda declaración formal como investigado" posterior al 24 de septiembre de 2016. Un argumento que se repite también en el caso de José Ignacio Echeverría, quien fuera tesorero del PP de Madrid, consejero de Transportes y presidente de la Asamblea.

El Ministerio Público tampoco actuará contra Juan José Güemes, quien fuera consejero de Empleo y Mujer del Ejecutivo madrileño. En su caso, bajo la lupa judicial figuraba un contrato de consultoría y asistencia del que se sospechaba que habría podido servir para desviar "fondos públicos" de la segunda cartera. Una tesis que, a ojos de Anticorrupción, "no se ha visto confirmada". Es más, completa, en caso de haber existido delito este ya estaría prescrito. "Sólo la existencia de una malversación cualificada podría dar lugar a la no prescripción de las conductas, aspecto este que ha de ser descartado por completo a la luz de las pruebas documentales recabadas con posterioridad a su imputación", completa el informe.

No es el único exconsejero que ha conseguido librarse de la Fiscalía. También lo ha hecho el extitular de Sanidad Manuel Lamela. Fue imputado al ser considerado "indiciariamente" uno de los "ideólogos" de la famosa "cláusula del 1%", que reservaba hasta un máximo de ese porcentaje de los contratos adjudicados "para la ejecución de publicidad y campañas de información de la obra concernida", soslayando así "la tramitación del expediente de contratación de la supuesta publicidad y el control de la intervención de la Comunidad de Madrid sobre esos gastos". Para el Ministerio Público, la introducción de dicha cláusula en los pliegos de contratación "no cumple con los requisitos de tipicidad propios de la prevaricación".

Otra cosa, no obstante, es el uso que se hizo de la misma. "Pone de manifiesto un plan predeterminado para llevar a cabo adjudicaciones directas a empresarios de publicidad por parte de la administración", recoge el escrito. Una segunda perspectiva a la que, sin embargo, tampoco ven recorrido. Cualquier posible conducta delictiva llevada a cabo cuando era titular de Sanidad en relación al uso ilegal de dicha cláusula "se encontraría prescrito" en cuanto a un posible delito de prevaricación. Y en cuanto a una posible "malversación" por no haberse llevado a cabo las campañas de publicidad, completa Anticorrupción, "no ha quedado acreditado más allá de endebles indicios sin fortaleza para sustentar una acusación formal".

El Ministerio Público tampoco ha decidido ir contra algunos empresarios de renombre. Es el caso de Javier López Madrid, exconsejero de OHL. En este caso, mantiene el escrito, lo único que ha podido ser constatado es que su hermano aportó 20.000 euros en 2007 a Fundescam, a la que se llegó a considerar "elemento nuclear en la trama". Pero a ojos de la Fiscalía eso no es suficiente para proceder contra él. Primero, porque "no se ha podido determinar cuál fue la motivación" de esa aportación. Y segundo porque, de nuevo, los hechos vinculados al delito electoral de las autonómicas de 2007 estarían prescritos. El único que, en su caso, no habría caducado es el supuesto delito electoral de las regionales de 2011. Pero, en este caso, Anticorrupción sostiene que, más allá de unas anotaciones manuscritas, "no existe otro indicio" de "aportación irregular" alguna de López Madrid.

El escrito también deja claro que no hay pruebas suficientes de criminalidad en lo que respecta a la posible financiación irregular por parte de OHL. Esto fue, justamente, lo que también terminó salpicando en esta pieza de Púnica al empresario Juan Miguel Villar Mir. "No ha quedado acreditada la participación de OHL respecto de los hechos investigados, centrándose éstas en el posible pago a empresas de publicidad como forma de cobro por las mismas de trabajos realizados para el Partido Popular", recoge el Ministerio Público. Unos hechos vinculados a estas firmas que, en el caso del empresario, "se encontrarían prescritos".

Tampoco tienen demasiado recorrido, a ojos de Anticorrupción, las entregas de dinero en metálico en sobres al considerado conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, como parte de la deuda que la Comunidad de Madrid tendría con la empresa de éste. La Fiscalía considera acreditado que un directivo de la compañía Indra, por orden de un consejero delegado de la firma, entregó de esta manera 10.000 euros al conseguidor. Sin embargo, sostiene que dicha conducta "resulta atípica" cuando "se encuentra desligada de ilegalidad alguna entre administración y empresa adjudicataria". "Lógicamente tal conducta, cuando se “usa” dinero de la mercantil si puede constituir un acto de administración desleal, más no ha existido denuncia de la mercantil frente a su directivo por tales hechos", concluye Anticorrupción.

De Pedro es de los pocos investigados a los que el Ministerio Público pide procesar. "Se concertó con responsables políticos de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo trabajos reputacionales en beneficio de los mismos sin contratación formal y a sabiendas de que se iban a destinar recursos públicos para el pago de los mismos pese a que se trataba de trabajos de beneficio personal y directo de los políticos", concreta el escrito. La Fiscalía, además, pone el foco también en Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, que fueron secretario general y gerente del PP de Madrid; los exconsejeros Salvador Victoria y Borja Sarasola; la ex jefa de Prensa de Aguirre Isabel Gallego; el exconsejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás; quien fuera secretario general técnico en la Comunidad de Madrid Francisco Lobo y la empresaria María Luisa de Madariaga.

El escrito ha generado tensiones en Anticorrupción. El escrito solo cuenta con la firma de Alejandro Cabaleiro, el último en sumarse a la investigación. Ni María Teresa Gálvez ni Carmen García, las dos fiscales que han llevado desde mucho antes las riendas de la causa, han estampado su firma. Las diferencias en lo relativo a que se sumó a la investigación hace de Anticorrupción ha generado tensiones entre los fiscales del caso. El principal punto de fricción, los cálculos de prescripción que han dejado fuera a una parte importante de los investigados. Cabaleiro, sin embargo, cuenta con el respaldo del fiscal jefe, Alejandro Luzón.

Una diferencia de criterios que también se aprecia en lo relativo al informe sobre irregularidades que el exalcalde conservador de Majadahonda Guillermo Ortega prometió aportar al caso. A finales de junio, la Fiscalía solicitó al juez instructor que se le diera algo más de tiempo para presentar las pruebas. Cabaleiro, sin embargo, considera ahora, un mes después, que no "resulta justificado" estar "a la espera" de dicho informe. "Resultaría carente de proporcionalidad mantener la instrucción abierta 'sine día' esperando por el mismo", concluye el escrito de conclusiones del Ministerio Público.

La Fiscalía Anticorrupción cree que el hecho de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre tuviera "el control absoluto" del PP regional es "insuficiente" para procesarla en la pieza separada de Púnica en la que se indaga sobre la presunta existencia de una caja b de la formación en la capital.

Así se desprende del informe de 860 páginas, al que ha tenido acceso por Europa Press, que el Ministerio Público remitió al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, y en el que el fiscal califica de "endeble e inconsistente" parte de los indicios, que considera escasos "para sustentar una acusación formal" contra la propia Aguirre.

Y, en lo que respecta al también expresidente regional Ignacio González, Anticorrupción ha pedido al instructor que le exculpe igualmente a pesar de "la existencia documental de haberse cometido un delito electoral en las elecciones autonómicas del año 2007". En concreto, apunta el escrito, porque los hechos habrían prescrito.

El fiscal considera, además, que "no existen indicios de cambios en las adjudicaciones, ni intentos de desvío de fondos". Asimismo, cree que "la credibilidad del inicial denunciante", el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, "resulta manifiestamente insuficiente, tanto por ser testifical de referencia, como por la posterior posición procesal del mismo".

En cuanto al presunto líder de la trama Púnica, el exconsejero Francisco Granados, Anticorrupción deja claro que su "participación resultó clave" para introducir al conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, "en el ámbito" del PP en la Comunidad de Madrid y en el de las personas que realizaron parte de los trabajos de reputación sobre los que el magistrado ha puesto el foco.

Es por eso que, en su escrito, la Fiscalía solicita al juez que le envíe al banquillo por su posible responsabilidad criminal por un delito electoral, otro de cohecho y otro de tráfico de influencias.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga si el PP de Madrid tenía una 'caja b' con la que financió campañas electorales que levante la imputación de la ex presidenta regional Esperanza Aguirre y de su sucesor Ignacio González, según ha avanzado 'El Español' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Este informe del Ministerio Público era uno de los últimos trámites que quedaban por completar de cara a que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, decida a qué imputados procesa y para cuáles archiva esta pieza separada número 9 de Púnica, cuya investigación concluyó el pasado enero

La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de esta trama de corrupción por cuanto García Castellón intenta determinar si existió una 'caja b' en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la Púnica, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.

En el primer golpe de la Operación Púnica, ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.

De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones 'a dedo' y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.

El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.

Es 22 de noviembre de 2016. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil logra captar una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana. Ambos charlan sobre la carrera judicial. En un momento dado, el expresidente madrileño, que ya tenía constancia de que estaba bajo la lupa de una justicia que iba acorralando al PP en casos como Púnica, comienza a divagar sobre la posibilidad de deshacerse del magistrado Eloy Velasco, entonces provisional en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Plantea dos opciones: ascenderlo o mandarle directo a la plaza que tiene en propiedad. "Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha, tenemos un juez que está provisional… tú lo ascienden… yo le digo, a ver, venga usted pa acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular", desliza. El titular de aquel puesto era el magistrado Manuel García-Castellón.

Pocos meses después, los astros se alinean. Como ocurriera con Manuel Moix y su nombramiento al frente de la Fiscalía Anticorrupción, los deseos de González se cumplen. Velasco es ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y García-Castellón solicita volver a su plaza como titular del Juzgado Central de Instrucción 6. Por aquel entonces, el magistrado era un personaje desconocido fuera de los ámbitos judiciales. Llevaba más de tres lustros en destinos dorados en el extranjero: primero como juez de enlace en París y luego en Roma. Pero poco a poco comienza a ganar relevancia pública. Los grandes casos mediáticos –Púnica, Lezo o Tándem– se acumulan en su mesa y le colocan de forma constante en periódicos, radios y televisiones. Se convierte así en una suerte de juez estrella cuyas decisiones, sin embargo, han sido corregidas en multitud de ocasiones.

Esta misma semana, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha ordenado que diera carpetazo a la investigación secreta que mantenía abierta, a raíz de la información aportada por el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Armando El Pollo Carvajal, sobre la supuesta financiación irregular de Podemos. Los magistrados le han acusado de ampliar "artificiosamente" la causa para "investigar posibles delitos que no cabe entender relacionados con la financiación ilegal", al ser entonces esta "atípica" –no se introdujo en el Código Penal hasta 2015–. Tres meses antes, la misma Sala de lo Penal había puesto ciertos límites a las pesquisas, al tiempo que despreciaba las declaraciones de El Pollo Carvajal al considerar que se sujetaban sobre "narraciones de terceras personas".

No es el único rapapolvo que ha recibido en relación con la formación morada. Da buena cuenta de ello el llamado caso Dina, una de las piezas separadas de Tándem –la macrocausa que pivota alrededor del excomisario José Manuel Villarejo– en la que se investiga el robo de la tarjeta de móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham y la publicación de parte del contenido de la misma en diferentes medios. Tras la primera ola de la pandemia, García-Castellón decidió retirar al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias la condición de víctima en la causa. Lo hizo deslizando que la filtración a OkDiario podría haber partido incluso del propio Iglesias. Pero la Sala de lo Penal, una vez más, le corrigió: "No hay pruebas que sustenten que los hechos se han producido conforme a alguna de esas alternativas".

El magistrado, pocos días después de aquel varapalo, decidió poner punto y final a la fase de investigación. Por un lado, propuso juzgar a Villarejo y un par de periodistas. Y, por otro, envió al Supremo la parte relativa a Iglesias, poniendo sobre la mesa posibles delitos de revelación de secretos o daños informáticos.

Ambos intentos naufragaron. El Alto Tribunal rechazó la exposición razonada y criticó que el magistrado hubiera abandonado determinadas líneas de investigación. Y la Sala de lo Penal, tras un recurso de la Fiscalía, revocó el final de la instrucción y ordenó a García-Castellón que tomara declaración, entre otros, a la propia Bousselham y a Eugenio Pino, quien fuera director adjunto operativo de la Policía. Testificales que la Sala de lo Penal consideraba "procedentes" pero que el magistrado había rechazado.

García-Castellón, no obstante, se ha llevado más tirones de orejas por llegar a conclusiones antes de tiempo. La instancia superior de la Audiencia Nacional tumbó en abril de 2019, a petición de PSOE y Fiscalía, su decisión de archivar la causa contra el expresidente murciano del PP Pedro Antonio Sánchez en relación con la trama Púnica. Lo hizo al entender que el magistrado no había justificado su decisión. En el auto, la Sala de lo Penal le reprochaba que en aquel escrito omitiese, de manera "incomprensible", toda "mención a los hechos evidenciados". Por ello, García-Castellón se vio obligado a dictar un nuevo auto de archivo que, esta vez sí, terminó siendo confirmado por la instancia superior.

Por las prisas a la hora de tomar decisiones también recibió el año pasado reproches en otras dos piezas de esta macrocausa. En concreto, en la 4 y en la 10, donde se investigaban un amaño urbanístico en Valdemoro del que supuestamente se habría beneficiado El Corte Inglés y los trabajos de reputación online a políticos, respectivamente.

En el primer caso, la Audiencia Nacional acordó revocar el sobreseimiento dictado por el magistrado contra quien fuera asesor legal de los grandes almacenes y un empresario porque consideraba precipitada la decisión y todavía estaban "pendientes de practicar" algunas diligencias de investigación "relevantes". Casi tres meses antes, la Sala de lo Penal hizo lo propio con la decisión de sacar de la segunda investigación a Ignacio García de Vinuesa, que dimitió como comisionado de Víctimas del Terrorismo en el Gobierno de Ayuso tras su imputación. De nuevo, se consideró "precipitado" el movimiento.

Esto también ha ocurrido en alguna de las piezas separadas de la macrocausa Tandem. Es el caso de la número 21, donde se investiga el supuesto espionaje a través de Villarejo al expresidente de Sacyr Luis del Rivero. García-Castellón archivó la causa para Repsol, Caixabank, el presidente de la primera –Antonio Brufau– y el expresidente de la segunda –Isidro Fainé–. Una decisión que acabó tumbando la instancia superior tras el recurso de Ministerio Fiscal, empresario y Podemos. La Sala de lo Penal volvió a repetir lo mismo: no se puede dar carpetazo al asunto cuando quedan cosas por hacer para "agotar la investigación". Ahora, casi un año después, el magistrado ha vuelto a archivar. Y Anticorrupción, otra vez, a recurrir por lo mismo.

Los tiras y aflojas del Ministerio Público y de las acusaciones con el titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional han sido una constante. Principalmente, por sus "prisas" a la hora de ir concluyendo investigaciones y por su negativa a la hora de practicar determinadas diligencias. En la pieza separada 9 de Púnica, en la que se investiga la supuesta existencia de una caja B en el PP de Madrid, la Fiscalía tuvo que recurrir a la Sala de lo Penal para que el magistrado retomase la línea de investigación sobre la supuesta vía de financiación irregular del partido y la implicación de directivos de Indra. Al final, García-Castellón se vio obligado a llamar a declarar como investigadas a diferentes personas, unas diligencias que había rechazado por considerarlas "innecesarias e inútiles".

Aquella victoria fue el resultado de un recurso de Anticorrupción en el que se enfrentaba al magistrado por la urgencia a la hora de cerrar las pesquisas. En él, el Ministerio Público sostenía que el derecho de todo investigado a ser enjuiciado "en un plazo razonable" no podía convertirse "en el derecho de todo delincuente a ser descubierto e indagado con prontitud". Y se quejaba de que llevaba cuatro años esperando a que se "materializase" por completo el envío de las "informaciones e indicios" obtenidos en el marco de la Operación Lezo que García-Castellón ordenó trasladarle.

El magistrado dio por concluida el pasado mes de enero la instrucción de esta pieza, en la que se encuentra imputada la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. "No debe prolongarse, de modo indebido, el ya sobradamente añejo plazo de investigación", concluyó el juez, rechazando alargar las pesquisas varios meses más como pedían algunas acusaciones.

El asunto, sin embargo, quedó en stand by a la espera de recibir los escritos de acusación y archivo y a la espera de que el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega aportase un informe que, supuestamente, podía afectar a Aguirre. Y así se mantuvo hasta la pasada semana, cuando el magistrado decidió zanjar la investigación sin esperarle más tiempo.

Este último movimiento ha sido criticado por el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade). Esta acusación popular ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que solicitan más tiempo para el exalcalde conservador. Recuerdan que se tardó "20 meses" en poner a su disposición en el Centro Penitenciario Madrid V "la documentación" y "medios técnicos" para elaborar un "informe" que, a ojos de esta parte, "reviste vital importancia". Y cargan con dureza contra García-Castellón: "No se entiende la celeridad que se quiere imprimir al proceso de instrucción justo en la recta final. Como ya señaló la Fiscalía en otra causa, la inacción y las prisas parecen dibujar líneas rojas que blindarían al Partido Popular y sus dirigentes, en este caso a la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular en esta Comunidad Autónoma".