La corrupción del PP

Así funcionaban las dos grandes tramas de financiación ilegal del PP de Aguirre

Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, en una imagen de 2009.

En la charca de ranas del PP de Esperanza Aguirrecharca de ranas es posible que también estuviera chapoteando... la propia Esperanza Aguirre. Eso al menos cree la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido este viernes al juez de la Audiencia Nacional que cite como investigada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, dentro de la investigación sobre la financiación ilegal del partido.

Esperenza Aguirre ya había conseguido algo inédito en 40 años de democracia: que sus dos principales colaboradores en el Gobierno y en el partido encabezaran presuntamente tramas criminales de corrupción. Ignacio González es el cabecilla de la conocida como operación Lezo y Francisco Granados es el líder de Púnica. Pese a la acumulación de escándalos –el PP de Madrid fue junto al de Valencia el principal protagonista de Gürtel–, Aguirre se empeñaba en defender que no había corrupción sistémica en sus Gobiernos, que simplemente algunos de sus colaboradores le habían salido "rana".

La petición de imputación se extiende a Ignacio González y Cristina Cifuentes, los otros dos dirigentes del PP que sucedieron a Aguirre en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y a Javier Monzón, por su actuación al frente de la multinacional española Indra Sistemas –en la actualidad es el presidente del consejo de administración del grupo Prisa–. También se solicita imputar a Indra como persona jurídica.

Ahora corresponde al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica, Manuel García-Castellón, decidir si acepta la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y llama a declararlos a todos como investigados.

La investigación judicial está liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se inició hace cinco años. En sus informes relacionados con la financiación ilegal del PP, la UCO analiza la actuación de dos grandes tramas: una que parte del dinero aportado por Indra y otra que tiene su epicentro en la fundación del partido Fundescam. infoLibre explica a continuación cómo funcionaban esas tramas. 

  1. Indra, González y el millón de euros

La investigación sobre la financiación ilegal del PP a través de la multinacional Indra Sistemas y del ente público ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid) parte de la denuncia realizada en 2015 ante la Fiscalía Anticorrupción por un exdirectivo de ICM, Silvano Corujo Rodríguez. Este informó sobre una reunión celebrada el 7 de junio de 2012 en la Asamblea de Madrid, convocada por el entonces vicepresidente Ignacio González, y en la que participó entre otros el consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás. El objeto del encuentro, según manifestó el denunciante, fue la petición de un millón euros por parte de González a Nicolás para "sanear las cuentas del partido" tras las elecciones autonómicas de 2011. La UCO realizó un informe específico para corroborar la verosimilitud de la información sobre dicha reunión, fechado el 29 de mayo de 2019 y al que ha tenido acceso infoLibre.

En aquella reunión de 2012, según la versión del denunciante, también participaron Borja Sarasola –entonces una persona de confianza de González–, y Antonio González Terol, que había sido elegido alcalde de Boadilla en 2011 tras ocupar diversos cargos en el Gobierno de Aguirre. Esta semana, Pablo Casado nombró a González Terol vicesecretario de Política Territorial del PP nacional, convirtiéndolo así en uno de los principales dirigentes del partido. infoLibre preguntó a González Terol por su participación en aquella reunión de 2012 convocada por Ignacio González, pero un portavoz del partido indicó que no iba a pronunciarse al respecto.

Los registros de entrada de la Asamblea de Madrid y otra información recabada por la UCO –mensajes del teléfono de Martínez Nicolás– corroboran que el día 7 de junio de 2012 "se encontraban en la Asamblea las personas a las que apuntaba la información inicial".

Para conseguir "sanear" las cuentas del partido, como pedía González, se ideó un sistema que implicaba a la multinacional Indra Sistemas –presidida por Javier Monzón entre 1993 y 2015–, y a las empresas de dos testaferros utilizados por el PP en su trama de financiación ilegal, Óscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz Echeverria. "Las evidencias indican a juicio policial que la petición inicial de Ignacio González a José Martínez Nicolás se tradujo en que Indra Sistemas soportara determinadas deudas del Partido Popular con empresas vinculadas con Sánchez Moyano mediante la facturación de servicios no realizados", se indica en el informe de la UCO.

El análisis de la UCO demuestra que, en los años 2012 y 2013, Indra abonó 687.497 euros a la sociedad Formaselect Consulting SL, una empresa que no tenía actividad alguna y que estaba controlada por Sánchez Moyano. Y que la inmensa mayoría de ese dinero termina en compañías del otro testaferro, Juan Miguel Madoz, especialmente en una denominada Swat SL. "Cabe destacar que en el año 2012 el 81,9% del dinero que recibe Formaselect Consulting (empresa perteneciente al entramado societario de Óscar Sánchez Moyano) de Indra Sistemas acaba en las mercantiles del entramado societario de Juan Miguel Madoz Echevarría, y en el 2013 ese porcentaje sube al 100%, lo que supone a todas luces una actividad carente de lógica comercial entre las mercantiles ese año", señalan los investigadores en su informe.

Swat SL había tenido un papel clave en campañas electorales del PP. Así lo admitió por ejemplo en su declaración judicial Isabel Gallego, que fue la directora de Comunicación primero de Esperanza Aguirre y luego de Ignacio González. Gallego explicó que en aquellas reuniones con Swat SL "se planteaba la estrategia política y de comunicación, asesorándolos en ciertos mensajes de campaña". Entre los asistentes estaban Ignacio González, Borja Sarasola, Cristina Cifuentes –entonces miembro de la dirección del PP y años después presidenta de la Comunidad– y, en algunas ocasiones, también participaron Esperanza Aguirre y Francisco Granados. Dichas reuniones se celebraban a veces en el domicilio de la empresa, otras en la sede del PP y algunas en el edificio de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol.

¿Y por qué termina el dinero de Indra en los bolsillos de los testaferros del PP? La respuesta que da la UCO es esta: "Lo que se retribuye con los fondos de Indra serían los servicios prestados por las propias empresas de Moyano/Madoz al Partido Popular".

En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, Indra se vio obligada a reconocer dos cosas: que no había encontrado información que pudiera justificar los servicios prestados y que no constaba en los registros de entrada de la empresa ninguna persona que haya accedido a sus instalaciones en Madrid en representación de Formaselect. Y ello a pesar de que el servicio que supuestamente había prestado a Indra la compañía contrada por Sánchez Moyano era "formación in company", es decir, supuestamente en las instalaciones de Indra. Unos hechos que se destacan en el informe de la UCO: "Más allá de las facturas y presupuestos ya referenciados no se ha aportado ningún soporte documental que acredite los servicios facturados, lo que unido a que ninguna persona haya accedido a la empresa en representación de Formaselect (teniendo en cuenta que se trata de una formación “in company” o en instalaciones del cliente), parece evidenciar a juicio policial que se pagaron servicios no prestados".

Esta fue una de las vías por las que Indra financió al PP de Madrid, pero no la única. En 2012, Indra accedió a requerimiento de ICM a la subcontratación de la compañía Eico Online Reputación Management, propiedad de Alejandro de Pedro, que había realizado trabajos para los principales dirigentes del Gobierno madrileño.

Asimismo, explica la UCO, "se ha evidenciado un pago en efectivo en 2014 de un directivo de Indra a De Pedro, solicitado insistentemente por altos cargos de la Comunidad de Madrid y por directivos de ICM, con el objeto de sufragar la deuda generada con Eico por servicios reputacionales online a altos cargos de la Comunidad". 

Con respecto a los pagos instados a través de ICM, Martínez Nicolás manifestó en sede judicial que el entonces consejero de Presidencia, Salvador Victoria, "le habría trasmitido la necesidad de solicitar a Indra el pago de cantidades de dinero con destino a Alejandro de Pedro como consecuencia de la deuda" que tenían contraída con él.

En definitiva, en cuanto a la verosimilitud de la petición de dinero por parte de Ignacio González en aquella reunión de 2012, los investigadores argumentan que queda demostrada por las dos vías descritas: el pago por parte de Indra "de servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral del PP en 2007 y 2011", es decir a las tramas societarias de los testaferros Moyano y Madoz, y "las evidencias documentales de la aquiescencia de directivos de Indra a pagar gastos vinculados al PP de Madrid".

Hasta aquí la descripción de cómo el dinero de Indra terminaba pagando facturas y gastos del PP de Madrid. Queda por aclarar a qué respondía dicha generosidad. La respuesta es la previsible: la facturación anual media de Indra con ICM rondaba los 20 millones de euros al año.

Y parte de esa facturación estaba hinchada, al menos según la denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción Silvano Corujo, que había sido presidente de las mesas de contratación de ICM. En el acta de su comparecencia, consultada por infoLibre, Corujo empieza haciendo referencia a la citada reunión del 7 de junio de 2012: "Que el dinero se le pide a ICM a través de José Martínez Nicolás. Al día siguiente, José Martínez Nicolás le cuenta esto al declarante para que estuviera al tanto de lo sucedido y que colaborase en la consecución de ese dinero que cree que era más de un millón de euros, para el partido. El declarante le contestó que recordase el lema de ambos 'para puta y no ganar nada, mejor ser honrada'".

Y, a continuación, Silvano Corujo describe cómo entendió que había que lograr ese dinero: "Que aunque el declarante no estuvo en esa reunión, lo que entendió de lo que le transmitía José Martínez Nicolás es que la forma de obtener el dinero desde ICM debía ser inflando los sucesivos contratos licitados a partir del año 2013 siempre que fuesen susceptibles de ello". Y pone varios ejemplos de supuestas irregularidades, que le llevaron a presentar su dimisión: que ICM siguiese pagando a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) un contrato millonario, pese a que se había resuelto parte del mismo, y las adjudicaciones a Indra de los contratos del recuento electoral. Aquí pone un ejemplo demoledor: que por organizar el sistema electoral en unos comicios generales Indra cobró 13 millones, mientras que para prestar el mismo servicio en los comicios autonómicos de Madrid se embolsó cuatro millones en 2015. La desproporción parece evidente.

  2. aguirre, fundescam y sus financiadores

La otra gran trama de corrupción analizada por la UCO en el marco de la Operación Púnica parte de la abundante documentación intervenida a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, y Beltrán Gutiérrez, el gerente del partido.

"El examen y análisis de la abundante documentación incautada en el domicilio y despacho de Beltrán Gutiérrez ha puesto de manifiesto una contabilidad 'B' de gastos electorales que revela la superación sistemática de los límites de gasto electoral, así como numerosas irregularidades, muchas de ellas con relevancia penal, que suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar, como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político", se puede leer ya en un informe de la UCO fechado en marzo de 2017, en el que se analiza la financiación de los gastos de campaña del PP de Aguirre en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 y en las generales de 2008.

Los investigadores utilizan lo ocurrido en la campaña electoral de 2007, dirigida por Ignacio González, para analizar con precisión cómo funcionaba ese sistema ilegal. En concreto, describen los siguientes hechos:

– Ingresos en efectivo de procedencia desconocida, que la UCO cifra al menos en 1.014.375 euros, y abonos en efectivo a proveedores de campaña por encima del millón de euros. Existencia de una caja B para pagar a proveedores de servicios electorales.

Uso de la fundación Fundescam para pagar a proveedores servicios electorales, contraviniendo que los partidos no pueden aceptar que terceros asuman de forma efectiva el coste de sus adquisiciones de bienes, obras o servicios o cualesquiera otros gastos que genere su actividad. Fundescam, a su vez, consiguió el dinero para pagar de forma ilegal los gastos del PP de las siguientes vías: 

 

  • Aportaciones de empresarios a la Fundescam por un importe cercano a los 350.000 euros.
  • Desvío de fondos procedentes de subvenciones públicas concedidas por la Comunidad de Madrid. 
  • Dinero procedente de un Convenio con la Fundación Caja Madrid.

– Uso de la cuenta de funcionamiento del PP para pagar de manera encubierta gastos electorales por un importe cercano a los 6oo.ooo euros. El destinatario de la mayor parte de los fondos fue el empresario Óscar Sánchez Moyano. De nuevo aparece aquí Sánchez Moyano, el mismo testaferro a cuya trama societaria también abonó dinero Indra, como hemos visto en el punto anterior.

– Pago de deudas a proveedores de campaña cuatro meses después de la finalización de los comicios por encima de los 800.000 euros, a pesar de que sólo se pueden abonar gastos electorales hasta 90 días después de la votación.

                    

En esas prácticas está prácticamente todo el Código Penal que se puede incumplir en relación con unas elecciones: delito electoral continuado en concurso con malversación, falsedad documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

En la cuenta bancaria que manejaba Fundescam figuraban como personas autorizadas para manejar los fondos cuatro personas, entre ellas Esperanza Aguirre. El análisis de los movimientos de la citada cuenta, destaca la UCO, "arroja un dato muy esclarecedor y determinante en cuanto a que la inmensa mayoría de los gastos abonados desde la cuenta corriente de Fundescam en el año 2007 tendrían como finalidad la de abonar gastos electorales del PP de Madrid.

Al menos se habrían abonado por un lado un total de 209.985,45 euros que se corresponderían con gastos electorales abonados directamente por la citada Fundación; y otro montante de 240.000 euros abonado a empresas que también resultan ser proveedores del Partido Popular en la campaña electoral del año 2007 y en la que empresas vinculadas a Óscar Sánchez Moyano estarían enmascarando esos gastos electorales mediante facturación interpuesta. Lo que supondría un total de 449.985,45 euros de abonos correspondientes a gastos electorales del PP de Madrid que de manera directa o indirecta se habrían abonado desde la fundación Fundescam".

En el desvío de subvenciones públicas, jugó un papel relevante Ignacio González, pues la convocatoria se realizó desde la Vicepresidencia que él mismo ocupaba. En 2007, terminaron en las arcas de Fundescam 195.727,14 euros por esta vía, que supuestamente tenían que destinarse a "la realización de actividades que difundan el conocimiento democrático y la realidad política y sociocultural de la Comunidad de Madrid". Pero que en realidad se dedicaron a pagar gastos de las campañas de Aguirre.

Además de subvenciones públicas, en Fundescam también entró dinero de relevantes empresarios cercanos al PP de Aguirre, como Arturo Fernández, entonces también presidente de la patronal madrileña. Claro que no financiaban Fundescam gratis. A cambio recibían jugosas adjudicaciones públicas. La UCO se fija especialmente en los contratos del servicio de cafetería y comedor de la Asamblea de Madrid licitados en 2009 y 2011, que fueron para el Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández. La licitación estuvo plagada de irregularidades, entre ellas la inclusión de "criterios de valoración de las ofertas contrarios a Derecho" o "la arbitrariedad a la hora de valorar hechos idénticos". Y los investigadores se fijan en el papel de Cristina Cifuentes, que acumuló al mismo tiempo los siguientes cargos: miembro del Comité de Expertos que asesoró sobre la adjudicación, presidenta de la Mesa de Contratación, miembro del Patronato de Fundescam y también del Comité de campaña del PP de Madrid.

Los investigadores destacan que es "contrario a la legalidad" compatibizar "el ser miembro del Comité de Expertos con la de ejercer como presidenta de la Mesa de Contratación, circunstancia que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de dicho órgano. La sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria. Asimismo pertenecía al Patronato de Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones de 160.000 euros del empresario Arturo Fernández. 

En el Patronato de Fundescam también estaban Esperanza Aguirre, Francisco Granados o Beltrán Gutiérrez.

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