El Juzgado de Instancia de Briviesca (Burgos) ha dejado en libertad provisional a la exabadesa Laura García de Viedma y a otra exmonja del monasterio de Belorado que este pasado jueves fueron detenidas por la Guardia Civil por vender a través de internet obras de gran valor artístico del convento.

Las dos exmonjas están siendo investigadas por el delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Por otra parte, la Guardia Civil, tras completar su atestado, ha puesto en libertad al anticuario leonés que está siendo investigado por el delito receptación.

El abogado de las exmonjas, Enrique García de Viedma, ha explicado a la salida del juzgado que han quedado en libertad sin medidas cautelares, y ha insistido en que ellas "no han hecho absolutamente nada punible".

Ha reconocido que tienen poca información sobre la investigación de la Guardia Civil, y que dio lugar este jueves al registro de los monasterios de Belorado (Burgos) y Orduña (Bizkaia), y ha expresado su duda sobre si es procedente entrar en los conventos para proteger, en teoría, bienes de patrimonio que pudieran ser vendidos.

De lo que no tienen dudas es de que las detenciones han sido "completamente improcedentes", y ha recordado que los hechos que se investigan corresponden a la venta de obras de arte en mayo de 2023, que se anunciaron por internet, y "si se anunciaban, ellas no pensaban que estuvieran haciendo algo ilegal".

Ha explicado que, en los registros, la Guardia Civil ha acudido con un listado de bienes que teóricamente tenían que estar en el monasterio de Belorado, y en su mayoría estaban, pero desconocen de dónde ha salido dicho listado, ni tienen garantías de que sea correcto.

La exabadesa, Laura García de Viedma (sor Isabel), y la otra exmonja detenida, Susana Varo (sor Paloma), han salido con sus abogados tras declarar ante la jueza, ya en libertad provisional, y han relatado como una experiencia "muy dura" la detención y su noche en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Burgos.

Sor Isabel ha reconocido que, en un primer momento, temió sufrir un ataque de ansiedad, pero luego se puso a rezar: "Recé como en toda mi vida y se me pasó", ha afirmado ante los medios de comunicación, y ha explicado que la presencia de sor Paloma en otra celda la acompañó durante la noche.

"Mi experiencias es muy dura y difícil", ha insistido, y ha revelado que pasó frío y calor, tras 16 horas sin tomar nada caliente, pero sobre todo ha destacado que el jueves fue un día complicado porque no sabían ni por qué estaban registrando los conventos ni por qué las habían detenido.

También sor Paloma ha explicado que ha pasado frío, hambre y sueño, y que ha la jornada sido agotadora, al recordar que todo el jueves "fue una pelea, desde que se levantaron", primero con el registro en Belorado y luego con el de Orduña, para acabar detenidas y pasar la noche en los calabozos.

Las autoridades egipcias han recuperado trece piezas arqueológicas de distintas épocas del Antiguo Egipto que habían salido ilegalmente del país hacia el Reino Unido y Alemania, informaron este domingo fuentes oficiales.

Las piezas arqueológicas han sido recuperadas gracias al "extremo interés que dirige el Estado egipcio para recuperar sus antigüedades saqueadas y para preservar su patrimonio e historia cultural", anunció el Ministerio de Exteriores en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias egipcia, MENA.

Entre las piezas repatriadas desde el Reino Unido figuran un cuadro funerario de caliza del Imperio Moderno (1550 a.C. -1070 a.C.), un pequeño amuleto, parte de una corona de bronce, una máscara funeraria elaborada con abalorios y varios amuletos de piedra negra.

Las tres piezas procedentes de Alemania incluyen un cráneo, la mano de una momia y un amuleto con el 'anj', conocido como la llave de la vida.

Esta recuperación tuvo lugar después de que las autoridades británicas, a través de la Policía Metropolitana de Londres, localizaran y confiscaran las piezas tras confirmar que fueron extraídas de Egipto por una red internacional de contrabando de antigüedades.

En el caso de Alemania, la devolución se produjo después de que las autoridades de Hamburgo comunicaran a la embajada egipcia su voluntad de entregar varias piezas encontradas en el museo de la ciudad, tras verificar que habían salido ilegalmente del país.

Una capilla colapsada, en la que se ha derrumbado el techo, y otras dos afectadas es el balance de daños del incendio que en la noche del viernes afectó a la Mezquita-Catedral de Córdoba, según informa EFE.

El deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha detallado este sábado a los periodistas que la capilla colapsada es la denominada de la Anunciación, aunque el incendio se originó en la número 37, que es donde están almacenados útiles de limpieza, como las barredoras eléctricas.

Aunque aún no está confirmado, parece ser que en una de ellas se originó el fuego.

La tercera capilla más afectada es la denominada San Nicolás de Bari, aunque hay otras zonas donde también son visibles los efectos del incendio, que en la mañana de este sábado está analizando la Policía Científica.

El jefe del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel Muñoz, ha explicado que en los incendios se crea una "una capa carbonosa en las vigas, que hace que proteja el interior de las mismas, pero, al reducir la sección, pierden la resistencia". Ese ha sido, junto al peso del agua, "uno de los motivos que ha originado el colapso de una de las capillas".

Muñoz ha precisado que su intervención fue "de ataque por el interior y otro por el exterior", y ha incidido en que la mayor dificultad se la encontraron en la cubierta, porque "se tuvo que ir retirando material con palanquetas para hacer hueco y poder llegar a la zona de las vigas".

"Afortunadamente, lo pudimos sectorizar, lo pudimos cortar, de manera que no se propagó por el resto de las vigas a las distintas capillas", ha afirmado, por lo que "ha sido un trabajo muy duro por las condiciones" en las que han trabajado.

Para el alcalde de Córdoba, José María Bellido, la actuación de los bomberos "fue francamente impresionante, jugándose la vida" y, gracias a ese trabajo, "la Mezquita es realidad" y los daños no han sido mayores.

Bellido ha hecho hincapié en que la rápida extinción del incendio fue gracias al esfuerzo y a los simulacros que los bomberos realizan en el monumento desde hace muchos años.

También ha agradecido el apoyo de los alcaldes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que también se ha interesado por la situación.

El deán de la Catedral ha querido transmitir calma por los daños sufridos por la Mezquita-Catedral, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1984, y ha destacado que la zona afectada ronda los 50 metros cuadrados, del total de unos 13.000 que tiene el complejo monumental.

El incendio se originó alrededor de las 21.15 horas del viernes entre la capilla del Baptisterio y la del Espíritu Santo, en la ampliación que llevó a cabo Almanzor en el interior de la Mezquita-Catedral, que, según el deán, es de las de menor valor patrimonial, y de ahí saltó a las cubiertas del edificio.

La ampliación de Almanzor, llevada a cabo entre los años 976 y 1002, es la tercera y última que se llevó a cabo en la Mezquita-Catedral, con la incorporación de ocho naves.

El resultado de la ampliación, en la que los arquitectos copiaron la estructura de la construcción de Alhaken II, abaratando los costes y eliminando lo superfluo, confirió a esa parte de la mezquita un parecido a una construcción militar y un carácter esencialmente utilitario.

Este incendio es el tercero que sufre en su milenaria historia la Mezquita-Catedral, en la que solo se han registrado dos anteriores de los que se tenga constancia: el primero en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001.

Este sábado, los visitantes han podido visitar con normalidad la Mezquita-Catedral, excepto la zona afectada por el fuego, que se encuentra acotada y donde los efectivos del Servicio de Extinción del Ayuntamiento de Córdoba han trabajado durante toda la noche tras extinguirse el incendio pasada la medianoche.

La decisión de abrir el monumento se ha adoptado, porque los técnicos ha descartado que implique daños para la ciudadanía que acceda al recinto, según ha precisado el deán.

Nieva también ha leído un mensaje del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, que no se encuentra en la ciudad y que ha querido transmitir su agradecimiento tanto a las instituciones como a los servicios de emergencia que han colaborado en la rápida extinción del incendio.

La Junta de Andalucía trabajará de forma coordinada, principalmente con el Cabildo Catedralicio y el Ayuntamiento de Córdoba, para evaluar los daños y posteriores actuaciones tras el incendio en la Mezquita-Catedral.

Así lo ha asegurado este sábado la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que, en compañía del alcalde de Córdoba y el deán del Cabildo ha visitado la zona afectada por el incendio.

Del Pozo ha explicado que lo primero es hacer una evaluación de los daños, que aún continúan investigándose, por lo que todavía no tienen los datos y "no hay certeza de qué exactamente es lo que ha ocurrido o el alcance de los daños". Por tanto, "eso es lo primero y luego, evidentemente, habrá una primera intervención para limpiar lo más básico del humo". A continuación, se redactará el proyecto de "restauración, conservación y puesta en valor". "Para eso estamos nosotros aquí, para ayudar en todo lo que sea necesario", ha agregado.

Ha hecho hincapié en que "el Cabildo tiene mucha experiencia y son muchos años de gestión de este Patrimonio Mundial y, además, con muchísima excelencia", aunque ha insistido en la necesidad de trabajar todas las instituciones unidas.

La consejera ha puesto en valor el trabajo llevado a cabo por los bomberos del Servicio de Extinción del Ayuntamiento de Córdoba, gracias al cual el incendio pudo controlarse y extinguirse en apenas tres horas.

Tras años de insumisión, multas de la Xunta y oscurantismo, los Franco abrieron por primera vez la Casa Cornide de A Coruña. Lo hicieron obligados por la declaración BIC (Bien de Interés Cultural) del palacete del casco antiguo, con retraso y con un interior “vacío” y frío, según pudieron comprobar los primeros visitantes de un inmueble que lleva 63 años en manos de la familia del dictador, desde que en 1962 una subasta controlada por destacados franquistas locales permitió que acabara en sus manos. Una venta “simulada”, al estilo de lo ocurrido con el Pazo de Meirás.

Las puertas se abrieron este pasado lunes a las 9 de la mañana en una visita que inauguraron cinco personas, el máximo permitido por turno hasta un total de cuatro turnos hasta las 13 horas, el mínimo exigido por la Xunta. Los primeros en acceder fueron la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Francisco Jorquera; Rubem Centeno, en representación de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH), y el historiador Alfredo Vigo, del Instituto José Cornide, autor del detallado informe que hizo posible la declaración BIC del edificio.

Fue este historiador quien pudo comprobar de primera mano —aunque sin poder mostrarlo, ya que están prohibidas las fotografías y la grabación de imágenes— que todo lo que los Franco pudieron llevarse ya se lo llevaron, y que el palacete da la impresión de ser una casa vacía, desmontada y deshabitada; con estanterías sin libros y apenas ningún mueble, y con divisiones y compartimentos hechos por la familia del dictador que ocultan su estructura original. De hecho, tal como reveló Praza.gal, bienes ligados a este palacete fueron apareciendo en 2021 en el mercado de antigüedades cuando se inició el proceso para expulsar a la familia del general fascista.

“No queda ya ningún mueble de Cornide, nada”, aseguró Vigo respecto a los elementos anteriores a que el inmueble pasase a manos de los Franco. Además, destacó algunos de los objetos que pudo ver en el interior, como los techos originales de piedra, réplicas de puertas o “alguna estatua”, como una del apóstol Santiago.

Se trata de una escultura medieval traída, con toda seguridad, de otro lugar, al igual que dos columnas que podrían haber llegado a la Casa Cornide desde algún claustro. También hay una escalera antigua, del siglo XVIII, que procede del Hospital de Caridad que estaba situado a pocos metros del inmueble. Y papeles, eso sí, con el sello que señala a Franco como jefe del Estado. “Como si los hubieran dejado aposta”, advirtió uno de los visitantes.

Del techo del palacete cuelga una gran lámpara de araña de cristal y hay una enorme chimenea de mármol, así como una biblioteca totalmente vacía, según relatan varios de los visitantes, que insisten en la impresión de vacío y de nulo uso que transmite la casa, con doce habitaciones y ocho baños.

Tras una hora de visita, que es más que suficiente porque hay poco que ver, más allá de la importancia arquitectónica de un inmueble que es un ejemplo único del barroco francés en Galicia y fue construido en el siglo XVIII por Diego Cornide.

Después de pasar por manos del Ministerio de Educación y del Ayuntamiento de A Coruña, la Casa Cornide fue entregada a la familia Franco en un proceso rodeado de irregularidades que está en revisión legal y por el que la administración local ha iniciado un proceso con el que espera poder recuperarla para el público, al igual que se hizo con el Pazo de Meirás.

“El objetivo del Ayuntamiento es que esta casa vuelva al patrimonio público y mientras tanto que se garantice su protección como bien de interés cultural y que los ciudadanos puedan visitarla”, dijo Inés Rey, que calificó el día de ayer como un “momento histórico” y señaló que es “destacable que los Franco por fin cumplan la ley” sobre un bien público “que pasó a manos privadas en un momento en el que el dictador y su mujer creían que todo les pertenecía, incluido el patrimonio”.

Francisco Jorquera, portavoz municipal del BNG e invitado a la visita por ser otro de los impulsores de la declaración BIC, espera que esta apertura sea el primer paso para “la restitución” del inmueble al patrimonio público tras haber sufrido “un auténtico robo” por parte de los Franco.

Mientras tanto, fuera del inmueble, unas treinta personas volvieron a exigir la “devolución” de la Casa Cornide “al pueblo de A Coruña”. Así, Manuel Monge, presidente de Defensa do Común, convocante de la movilización, reclamó al Ayuntamiento que impulse actuaciones para que los Franco devuelvan el palacete.

“Vamos a seguir reivindicando la devolución, no solo que se abra”, dijo, tras calificar de “expolio” la entrega a los Franco de un inmueble del que piden que se amplíen los horarios de visita y el número de personas permitidas.

El Patronato del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha acordado pedir una "incidencia de ejecución" en sede judicial para informar de la "incapacidad técnica" del museo de llevar a cabo la operación de traslado de las pinturas de Sijena (Huesca) en el plazo establecido por la ley de enjuiciamiento civil ni tampoco técnicamente, según informa EFE.

Así lo ha indicado en un comunicado que se ha hecho público al acabar la reunión de hora y media celebrada este lunes por los miembros del patronato, que ha acabado sin declaraciones de sus integrantes.

En el texto se señala la "imposibilidad" de realizar el traslado de las pinturas murales para restituir la Sala Capitular del Real Monasterio de Sijena "sin ponerlas en riesgo", pero se insiste en la voluntad del museo de dar "cumplimiento" a las sentencias judiciales.

Por ello, también ha aprobado pedir a las diferentes administraciones que conforman el consorcio la creación de un grupo de trabajo de carácter técnico e integrado únicamente por personal especializado y se invita al Gobierno de Aragón a integrarse en esta comisión técnica.

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha asegurado que la decisión del patronato del Museo Nacional de Arte de Cataluña de plantear un "incidente de ejecución" de la sentencia que obliga a devolver las pinturas murales del Monasterio de Sijena obligará a solicitar su ejecución forzosa.

En declaraciones a EFE, Español ha recordado que la sentencia de 2016 del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca que ordenó la devolución de las pinturas, confirmada hace unas semanas por el Tribunal Supremo, considera posible su traslado, a tenor de las manifestaciones hechas entonces por técnicos del propio museo catalán y, por tanto, señala que es una cuestión ya juzgada.

Tras calificar de "tomadura de pelo" la decisión del MNAC -que ha alegado una supuesta "incapacidad" de sus técnicos para llevar a cabo el traslado-, ha señalado que el patronato de la institución museística podría incurrir, incluso, en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, porque la cuestión del traslado es algo ya dirimido y resuelto a favor de los intereses de Aragón.

A su juicio, es una estrategia como la utilizada con las piezas del patrimonio de Sijena que estaban en el Museo de Lleida que hubo que trasladar de forma forzosa, al oponerse sus responsables alegando que se rompía la unidad de la colección que albergaban. Ha lamentado, asimismo, que todas las opiniones técnicas sean mayoritariamente de los propios especialistas del MNAC y que se haya impedido hasta ahora el acceso de los enviados desde el Gobierno aragonés para estudiar el procedimiento a aplicar para un traslado seguro y con garantías.

Respecto a la posibilidad de que se aceptase dicho incidente de ejecución y se concluyera que las pinturas no se podrían trasladar, ha destacado que el MNAC tendría que hacer frente al pago de su valor económico actual, que en su opinión se acercaría a los mil millones de euros.

Realizada una primera lectura de ambos documentos, me lleva a una primera reflexión: la Iglesia Católica, de una manera irracional y con alevosía, lo contrario a lo que hipócritamente predican, se ha apropiado de una manera obscena y en algunos casos con tintes de prevaricar de unos bienes que nunca deberían ser suyos y que los ha hecho de su propiedad, y con ello aumento de sus bienes y enriquecimiento global o individual, aprovechándose de leyes que de una manera insensata le permitieron para compensar sus favores y, peor aún, para aumentar sus privilegios de adoctrinamiento.

Un decreto franquista del 8 de febrero de 1946, concretamente la Ley Hipotecaria, en su artículo 206, decía: “El Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél y de la Iglesia Católica, cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos”.

¿Alguien duda de cómo se apropió, en este periodo dictatorial, de algunos de estos bienes la Iglesia Católica?. Muchos conocemos historias del poder de la curia sacerdotal, durante la dictadura, principalmente durante los primeros años de la represión tras el golpe de Estado y cómo se apropiaron de muchos terrenos públicos y privados, quitándoselos a aquellos que según ellos no podían tenerlos por estar contra el nacionalcatolicismo que ellos defendían y de manera represiva sometían al pueblo que quería democracia y libertad.

Por si esto fuera poco, ya después del periodo de transición democrática y por el gobierno del Partido Popular, ponen en marcha la Ley 13/1996, del 30 de diciembre; a lo dicho por la ley franquista del 1946, se le añade el siguiente párrafo: “Mediante certificación administrativa, librada en los términos indicados en el párrafo anterior y con las mejoras y demás requisitos en cada caso establecidos, podrán inscribirse la declaración de obra nueva, mejoras y división horizontal de fincas urbanas y, siempre que no afecten a terceros, las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas del Estado y de los demás entes públicos estatales certificantes”.

En resumen, que no solo se mantuvo la ley franquista y se le permitió además a la Iglesia católica que pusiera a su nombre legalmente lo que usurpó, en algunos lugares de manera “ilegal” e irracional. Lo malo es que se hizo ya en la llamada transición democrática y después, porque esta redacción se mantuvo  hasta la aprobación de la Ley 13/2015 del 24 de junio, donde se puso fin a la posibilidad de que la Iglesia Católica inmatriculara bienes sobre la base de certificaciones expedidas por el diocesano correspondiente. Es decir, que la Iglesia Católica actuó y ha actuado amparada, de una manera irracional, por una ley franquista y un PP seguidor de esos principios nacionalcatolicistas, de una manera rapaz para la consecución de un ingente número de inmuebles por los que además no paga tributo alguno y que respondían a un triple objetivo: aprovecharse de las reformas legales, de su función de agente registrador y de una clara reglamentación registral.

Es decir, lo que ha hecho la Iglesia Católica con las inmatriculaciones es un abuso claro de derecho, sobre todo porque los bienes públicos no se adquieren por la posesión en el tiempo, sino por la titularidad, y muchos de los bienes inmatriculados, incluso eran de bien público general. Creo no equivocarme si digo que la posesión en el tiempo no sirve para adquirir bienes de dominio público  y que la inscripción es solo prueba de la existencia de un derecho, no un modo de adquisición, puesto que para esto es necesaria la existencia de un título material y previo  que justifique la titularidad del derecho real sobre un bien inmueble.

Además, como conocen los registradores de la propiedad: la ley hipotecaria en sus artículos 206 y 304 del Reglamento Hipotecario, que permitieron las inmatriculaciones a nombre de la Iglesia Católica, son a todas luces inconstitucionales en cuanto que vulneran los artículos 14 y 16 de la Constitución española y que incluso dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalan que ya es el momento de sacar y reivindicar los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, que muchos obispos de manera insensata e irracional realizaron “en nombre de Dios” para su beneficio propio.

Es triste observar cómo solo en el periodo de 1998 hasta el 2015 la Iglesia católica inmatriculó más de 34.961 inmuebles, de los cuales 20.014 son templos y dependencias complementarias y 14.947 están dedicados a otras funciones o son fincas rústicas, viviendas, solares, plazas de aparcamiento, incluso hoteles. Y que son 30.335 los inmuebles los que tienen título de certificación eclesiástica y solo son unos 4.626 los que tienen un título distinto de certificación eclesiástica.

¿Cuántos más inmuebles tendríamos si supiéramos las inmatriculaciones ilegales desde 1946 a 1998? Muchos más, seguro. Pero lo más triste es que casi 15.000 inmatriculaciones nada tienen que ver con la finalidad que, se supone, tiene la Iglesia Católica, sino que son bienes inmuebles que le reportan, a menudo sin pagar impuestos, unos beneficios que enriquecen de una manera hipócrita, por lo que predican, a una curia que se ha apropiado de una manera "ilegal" de unos bienes inmuebles de bien público general e incluso algunos de propiedad privada.

Pero si esto es malo, también lo es que se realice un estudio, se indique lo que es "ilegal" y deban ser los que han sido expoliados y "robados" sus inmuebles los que deben reclamarlos y después la Iglesia Católica "pleiteará" para ver quién se lo queda. Muy triste, ver cómo en un Estado a confesional, como indica la Constitución, la Iglesia Católica pretenda mantener unos bienes que nunca debió tener, una actitud que contradice las máximas que predica. Bastantes tropelías se han cometido en nombre de Dios, ya basta de que se nos haga ver a la ciudadanía que, en su nombre, se puede "robar", "estafar", y se pretenda además que no reivindiquemos que aquello que es del pueblo debe volver al pueblo.

Es obligación de todos los estados democráticos hacer que lo público no sea ni “robado” ni inmatriculado, y debe defenderse lo público frente a la especulación, al enriquecimiento privado a costa de la pobreza del resto y que nadie se apropie de bienes que son de dominio general, inmatricule quien inmatricule. Pienso que ese Dios a quien la Iglesia Católica tanto reclama y nos hace que respetemos y pidamos su ayuda, no debería estar muy contento con lo que sus agentes terrenales hacen en su nombre. Por cierto, por comunidades, las que más inmatriculaciones desde el 1998 hasta el 2015 han realizado son: Castilla León con 10.243, Galicia con 7.131 y Cataluña con 4192. Y la que menos, según el informe, el País Vasco con 88. Que cada uno de nosotros y nosotras saque sus conclusiones. Los documentos están en Internet y se pueden consultar y seguro que todos y todas en algunos de nuestros pueblos conocemos algún bien inmueble que ha sido inmatriculado por la Iglesia católica y siempre sabíamos que pertenecía al pueblo, es decir al bien público general y no a la Iglesia Católica.

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Ximo Estal Lizondo es socio de infoLibre.

Jamás entenderé cómo es posible que en una democracia parlamentaria los herederos del dictador Francisco Franco sigan haciendo negocios con el patrimonio hurtado a las españolas y españoles descaradamente, tanto despropósito de los herederos del dictador debe someterse a los tribunales de justicia para evitar que sigan enriqueciéndose con los patrimonios inmobiliarios despojados al pueblo. 

El Poder Judicial debería, sí es competente, instar al juez de turno o tribunal a actuar ante los  delitos encadenados (todo el patrimonio está contaminado por los hechos y las formas de obtenerlo  por la familia el capital que nada es de ellos y ellas, todo hurtado). Aún siguen sin juzgar aquellos  comportamientos de latrocinio de todo un régimen y exigir por vía judicial que devuelvan al pueblo español todo lo quitado. Los frutos de los inmensos beneficios, consecuencia de los negocios con un  patrimonio mobiliario e inmobiliario hecho con lo sustraído a las personas indefensas o amenazadas  durante todo el período dictatorial, tienen el mismo efecto. Es un enriquecimiento ilegal hecho con  patrimonios despojados a sus verdaderos dueños, propietarios o poseedores de “buena fe”, que los sublevados, aprovechando la victoria, hurtaron. 

Quienes apoyaron la sublevación con el crucifijo y el rosario, empresarios y bancos, triplicaron sus beneficios durante toda la dictadura fascista española, esquilmando las arcas de la hacienda u obteniendo contratos de todo tipo a beneficio de las empresas que apoyaron el Golpe de Estado de  Francisco Franco y para los discípulos del régimen, los adictos y sus defensores, les permitieron caciquismo localista, provinciano y regional y una administración centralizada permisiva con el  cohecho, tráfico de influencias y la apropiación indebida de lo ajeno a diario, sin pedir permiso ni  autorización o adquirirlo de manera legal. Así construyeron las familias tradicionalistas, reaccionarias  y franquistas sus patrimonios, todas no, pero en su mayoría sí. 

Sé que los miembros del Poder Judicial no lo van a hacer, nada de nada, porque tienen mucho que callar sobre otras familias herederas del franquismo y su ideología o corporativismo de clase no se lo  permite. Aunque si sería de justicia y cabe la posibilidad que el Poder Legislativo aprobara una norma contra las sanguijuelas de la dictadura que a fecha de hoy siguen haciendo negocios ilegales, caiga  quien caiga, para que devuelvan todo lo que suyo no es, sé que es un sueño, dejadme soñar.

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

Amancio Ortega, fundador de Inditex y dueño de Pontegadea, ha alcanzado un nuevo récord al convertirse en el primer español que supera los 100.000 millones de dólares de patrimonio (90.454 millones de euros), según la lista que este viernes difunde Forbes. 

Esta situación financiera sitúa a Ortega como la persona con mayor patrimonio de España y en el puesto duodécimo del ranking de las personas más ricas del mundo, según ha informado EFE.

La fortuna del empresario gallego asciende, más concretamente, a 100.700 millones de dólares (casi 91.000 millones de euros), lo que supone casi 10.000 millones de euros más que la lista del mes de noviembre. 

Este repunte notable en las cuentas de Amancio Ortega, de 87 años, se debe principalmente, recuerda Forbes, a la revalorización en los mercados, hasta el entorno del 55 % este año, de la firma Inditex, de la que es accionista mayoritario con el 59,4 % de los títulos.

También ha influido en el aumento patrimonial del empresario gallego las inversiones de su brazo inversor, Pontegadea, en el sector inmobiliaro internacinal y nacional.

En España, la lista de los más ricos elaborada por Forbes sitúa tras Amancio Ortega a una de sus hijas, Sandra Ortega (8.900 millones de dólares), Rafael del Pino (Ferrovial, 5.600 millones) y Juan Roig (Mercadona, 3.800 millones).

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha asegurado que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementó su patrimonio neto en 3.600 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros) cuando dirigía el imperio inmobiliario y no en 2.000 millones de dólares (unos 1.870 millones de euros) como se creía hasta ahora, según informa Europa Press.

En documentos que se oponen a una solicitud de los Trump para desestimar su amplio caso de fraude civil, los abogados de Letitia James dijeron que encontraron que el expresidente exageró su patrimonio neto entre 812 millones de dólares y 2.200 millones de dólares cuando hicieron los cálculos basándose en pruebas que él no cuestiona.

Sin embargo, la oficina de James, que pidió a un juez que se pronunciara sobre una de las siete demandas contra los Trump antes de su juicio el próximo mes, han informado que están listos para argumentar que la infló falsamente en hasta 3.600 millones de dólares.

"Hay mucha más evidencia más allá de lo que es indiscutible que el Pueblo presentará en el juicio, según sea necesario, para establecer hasta qué punto se sobreestimó el patrimonio neto del Señor Trump cada año entre 2011 y 2021", han escrito los abogados de la fiscal general en presentaciones de la Corte Suprema de Manhattan.

La demanda de James busca 250 millones de dólares en ganancias ilícitas y restringir severamente la forma en que los Trump hacen negocios en la Gran Manzana. Su demanda de septiembre de 2022 lo acusó a él y a sus ejecutivos de inflar el valor de los activos de la Organización Trump para garantizar mejores condiciones de préstamos y seguros.

Los expertos en valoración y contadores que trabajan con los investigadores de la fiscal general descubrieron que Trump infló su patrimonio neto entre 1.900 y 3.600 millones de dólares durante la década que cubre el caso de James al tener en cuenta factores del mercado moderno, ha dicho la fiscal.

La evidencia que Trump no cuestiona, como valorar su Trump Tower Triplex basándose en que tiene alrededor de 3.000 metros cuadrados cuando, en realidad, tiene alrededor de 929 metros cuadrados, muestra que anualmente infla su valor entre 812 millones y 2.200 millones de dólares, mostró James en presentaciones judiciales la semana pasada.

James ha descrito la asombrosa suma de 3.600 millones de dólares como "todavía conservadora" al considerar que "muchos de los datos y suposiciones utilizados por Trump y sus coacusados que los expertos en valoración aceptaron como argumento serían rechazados en una revisión de tasación en toda regla".

La oficina de la fiscal general ha explicado que Trump y sus asociados "inflaron grosera y engañosamente sus activos y patrimonio neto" a bancos y aseguradoras "basándose en esta montaña de evidencia" que establece transacciones comerciales fraudulentas.

Cuando los abogados de Trump pidieron que se desestimara el caso, la oficina de James pidió al juez de la Corte Suprema estatal Arthur Engoron el 30 de agosto que los declarara responsables de una de sus principales afirmaciones, alegando que sus estados financieros de 2011 a 2021 eran falsos o engañosos y se utilizaban repetidamente en transacciones comerciales.

El viernes, ha afirmado que una "amplia evidencia" respalda sus afirmaciones restantes: "Trump y compañía hicieron entradas falsas en registros comerciales, falsificaron estados financieros, cometieron fraude de seguros y conspiraron para violar la ley".

En su esfuerzo por lograr que se desestime el caso, los abogados de Trump han argumentado que la mayoría de los reclamos de la fiscalía han prescrito y, además, que ella carece de autoridad para presentarlos.

"En el intento obsesivo y compulsivo de la fiscal general de Nueva York de 'atrapar' al presidente Trump, ella incluso continúa arrastrando injustamente a sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr., a pesar de que no han tenido participación directa en la creación, preparación o uso de los (estados financieros)".

"Es hora de que el tribunal ponga fin a esta cruzada desestimando esta acción en su totalidad", ha escrito el abogado Michael Madaio al tribunal este viernes, oponiéndose a la solicitud del fiscal general de que Engoron falle a su favor en el reclamo principal.

Se espera que Engoron escuche los argumentos sobre las mociones de juicio sumario de James y Trump, que podrían evitar un juicio, en una audiencia el 22 de septiembre y aún debe pronunciarse sobre una solicitud de la oficina de James para imponer sanciones contra el expresidente, sus coacusados y sus abogados por repetir argumentos legales rechazados varias veces en el último año, relacionados con su capacidad para presentar el caso.

Una treintena de asociaciones patrimonialistas, reunidas en la coordinadora estatal 'Recuperando', denuncian que ninguno de los programas electorales de los cuatro principales partidos políticos incluyan medidas para recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia.

Tanto el Partido Socialista, como Sumar han eliminado las propuestas sobre esta materia de cara al 23J, a pesar de que “revertir las inmatriculaciones” era una de sus principales promesas en 2019. Pedro Sánchez llegó a anunciar en su discurso de investidura “reformas legislativas” para acabar con las inmatriculaciones eclesiásticas: "En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley, ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y el principio de igualdad”. 

Además, en el anterior programa del PSOE se hablaba de “recuperar los bienes inmatriculados indebidamente” y en el de Unidas Podemos, se llegaban a enumerar algunos de los casos más sonados, como en el de la Mezquita de Córdoba. A pesar de ello, desde Recuperando denuncian que en estos cuatro años no se ha puesto en marcha ninguna medida legislativa y creen que es evidente “la pasividad y la falta de compromiso de la coalición con esta causa”.

La única decisión adoptada por el Gobierno hasta la fecha ha sido exigir a la Iglesia la entrega del listado de bienes inmatriculados, después de que se realizara una petición parlamentaria. Gracias a esa solicitud se han conocido 34.000 de esos bienes, que fueron registrados entre 1998 y 2015, pero desde la coordinadora exigen que se hagan públicas las inmatriculaciones que se realizaron en fechas anteriores. Según sus propios datos, la cifra final es de más de 100.000 bienes, entre los que se encuentran monumentos, plazas públicas, cementerios, fincas, ermitas o viviendas repartidas por todo el país. 

El listado remitido al Parlamento venía acompañado de un informe jurídico en el que se admitía la “supuesta inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria”, aunque no se habilitaba ninguna fórmula para anular las inmatriculaciones. Por eso, Recuperando insiste en la “necesidad de llevar a cabo una reforma legislativa que invalide por inconstitucionales todas las inscripciones episcopales realizadas al amparo de la mera certificación diocesana”,  además de una ley en la que queda claro qué bienes culturales son de dominio público y no pueden ser objeto de la privatización. 

La alcaldesa de Marbella y senadora del PP, Ángeles Muñoz, ha rechazado comparecer en la investigación parlamentaria de la Cámara Alta sobre su patrimonio y se ha limitado a remitir un nuevo escrito en el que defiende que no existe ninguna irregularidad en sus propiedades, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La Mesa de la Comisión de Incompatibilidades del Senado acordó hace dos semanas citar a declarar a Ángeles Muñoz pese a que la senadora popular no tenía la obligación de comparecer en este órgano. Y precisamente por ello, la alcaldesa de Marbella ha eludido la asistencia a esta investigación, enviando de nuevo un escrito en el que asegura que todo su patrimonio "está declarado a la Agencia Tributaria".

Sin embargo, el PSOE ha desdeñado tanto este escrito como el que ya mandó hace unas semanas porque entienden que no aclaran nada sobre su patrimonio. "Ha preferido no venir y eludir su derecho a dar explicaciones mediante un escrito que no contesta a nada de lo que se le preguntaba", explican fuentes del grupo socialista.

De hecho, creen que es una respuesta "insuficiente" con la que, a su juicio, ha intentado "eludir" las preguntas durante la comparecencia a la que había sido citada.

Muñoz está siendo investigada por la Comisión de Incompatibilidades del Senado —a petición del PSOE— por la presunta violación del Código de Conducta de las Cortes Generales después de que actualizase su declaración de bienes para incluir la adquisición del 100% de una sociedad y una casa en Suecia. La alcaldesa podría haber ocultado parte de su patrimonio a la Cámara Alta, según los socialistas.

Pese a que finalmente ha declinado comparecer, la Comisión de Incompatibilidades deberá elaborar un informe la próxima semana, que será aprobado el 18 de mayo, en plena campaña electoral, y posteriormente elevado a la Mesa del Senado para determinar si Ángeles Muñoz vulneró el Código de Conducta de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de la declaración del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que grava con una cuota adicional los patrimonios de las personas físicas de cuantía superior a los tres millones de euros, será el comprendido entre los días 1 y 31 de julio de 2023, según informa Europa Press.

Según recoge el proyecto de orden ministerial que actualmente se encuentra en fase de audiencia pública, el Departamento que dirige María Jesús Montero está ultimando el diseño del modelo de declaración 718 por el que los patrimionios de más de tres millones de euros tendrán que asumir este nuevo gravamen extraordinario.

Con este impuesto —que grava el ejercicio 2022 para empezar a recaudar este 2023— se pone el foco en aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales.

Eso sí, en el también llamado impuesto de solidaridad se podrá deducir la cuota abonada en concepto del Impuesto de Patrimonio autonómico, para evitar que las grandes fortunas tributen dos veces por el mismo hecho imponible.

El nuevo gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.

Además, para la determinación de la base imponible de este impuesto, resultarán aplicables las reglas contenidas en la ley del impuesto del patrimonio, de manera que se incluye una reducción en concepto de mínimo exento de 700.000 euros.

Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar.

En cuanto al plazo de presentación, dado que de la cuota resultante de este impuesto el sujeto pasivo puede deducir la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio efectivamente satisfecha, cuyo plazo de pago termina el 30 de junio, se establece la presentación del impuesto de solidaridad el comprendido entre el 1 y el 31 de julio.

Imaginemos un país en el que el 1% más rico acapara casi 3 puntos más de la renta total que el 50% más pobre. La avería del ascensor social ha ampliado un 30% la brecha de pobreza por origen familiar. En ese país, con los servicios educativo y sanitario aún lastrados por la Gran Recesión y la pandemia, la clase media lleva tres décadas estrechándose, coincidiendo con un ciclo de políticas fiscales regresivas.

¿Quién pensaría que en ese país podía verse como algo popular, incluso electoralista, el anuncio a bombo y platillo de rebajas fiscales para aliviar al 0,2% más rico? Pues así funcionan las cosas, a pesar de que la evidencia acumulada indica que el relato sobre el que se asientan las supuestas ventajas para todos de la supresión de impuestos a los más pudientes es un frágil castillo de naipes.

No hace falta imaginar. El país es España, donde el PP ha lanzado en sus comunidades una catarata de medidas interpretadas como el arranque de la precampaña de las municipales y autonómicas de 2023. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunció la bonificación al 100% del Impuesto de Patrimonio, unos 100 millones al año que pagaban poco más de 20.000 personas. "Andaluces, bienvenidos al paraíso", saltó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, comunidad que, junto a la propia Andalucía, es la de menor gasto educativo y sanitario per cápita. Algo rezagado, el presidente murciano, Fernando López Miras, avanzó que "muy probablemente" quitará patrimonio en 2023. La puja está abierta.

El PP enmarca este embate, similar a la que lanzó contra el impuesto de sucesiones, en una ofensiva más amplia que incluye rebajas del IRPF, también con las rentas altas como beneficiarias, en este caso no únicas. En el caso de Andalucía, la pasada legislatura el tramo más beneficiado por la rebaja fue el de ingresos más altos, por encima de 120.000 euros. No parece haber el menor complejo, tampoco miedo a ser acusado de gobernar para los ricos. Porque todas estas medidas –al igual que las becas de Ayuso para parejas que ganan más de 100.000 euros o las ayudas de Moreno para aquellas con ingresos de 80.000– se presentan dentro una lógica, según la cual "donde mejor está el dinero es en el bolsillo", sea cual sea la renta. En el caso de las más altas, el desafío según esta lógica consiste en ofrecerles el trato más favorable posible para que se queden o se instalen, dinamizando así la economía, creando empleo y permitiendo al mismo tiempo que la recaudación crezca y que la riqueza de los de arriba llegue por goteo –suficiente para beber– a los de abajo. Un ejemplo: el fin del Impuesto de Patrimonio en Andalucía no sería, siguiendo al Gobierno de Moreno, un regalo al 0,2%, sino un anzuelo para pescar a 7.000 nuevos ricos de cuyos oros vivirán muchos más.

Íñigo Macías, coordinador de investigaciones de Oxfam Intermón, interrumpe el cuento de la lechera con tres objeciones. La primera es conceptual: "España tiene un déficit estructural de ingresos tributarios. Aunque las cosas vayan bien, gastamos más [de lo que ingresamos]. Una competencia entre comunidades basada en la reducción de costes, no en añadir valor, es pan para hoy y hambre para mañana". Su segunda objeción es de "mensaje". "Se oponen los ingresos públicos, los impuestos, con el crecimiento. Se habla incluso de atraco fiscal".

La tercera objeción de Macías es empírica. "Lo que sabemos –dice– es que la supresión de los impuestos al patrimonio tiene un impacto directo en los recursos públicos, que disminuyen automáticamente. Sí, hay quien habla de unos efectos indirectos que justificarían la pérdida de progresividad. Pero no hay evidencia empírica de eso", señala Macías, que cuestiona la "famosa curva de Laffer", teoría que suele emplearse para defender que las rebajas a los más ricos acaban generando más ingresos al aumentar la actividad, y el trickle-down effect, o teoría del goteo o del derrame, según la cual librar de cargas a los más pudientes favorece por irradiación a toda la sociedad.

La economista Elena Costas, cofundadora de Knowledge Sharing Network, afirma que "no hay un argumento económico que sostenga" las políticas basadas en el recorte de impuestos a las rentas más altas con la justificación de un aumento de la inversión. Dicho argumento, añade, podría haber valido "en el siglo XIX y quizás a principios del XX", pero cae con la irrupción de las clases medias y su capacidad de ahorro, que "cambian las fuentes de las que proviene la inversión". "Si pensamos en estas familias ricas que se podrían beneficiar [de estas rebajas fiscales] y destinar este dinero a la inversión, lo que vemos es que su aportación es marginal, por lo que no tendría un efecto como el que se pretende", señala.

Jacob S. Hacker, profesor de Ciencias Políticas en Yale, que se ha ocupado extensamente del estudio de la desigualdad económica, sintetiza así la cuestión en declaraciones a infoLibre: "Los impuestos sobre la riqueza de los más ricos son una de las formas más obvias de reducir la desigualdad. Cuando se aplican eficazmente, están entre los impuestos más progresivos. Reducen la desigualdad directamente y a su vez permiten recaudar sumas considerables que pueden utilizarse para reducir la desigualdad a través del gasto público". Hacker señala que "el principal argumento en contra de estos impuestos es que reducen la inversión o el esfuerzo laboral de los superricos". Pero afirma que "las pruebas que apoyan este argumento han demostrado ser muy limitadas". "De hecho –añade–, las mejores investigaciones actuales sugieren que los impuestos tendrían que ser mucho más altos de lo que son en la mayoría de las democracias ricas antes de que desalentaran el trabajo o la inversión lo suficiente como para hacerlos indeseables como respuesta a la desigualdad".

Los escépticos se apoyan en artículos como Las consecuencias económicas de los grandes recortes fiscales para los ricos, de abril de 2022, obra de los investigadores del King's College David Hope y Julian Limberg, que han analizado 50 años (1965-2015) de "drástica disminución de los impuestos a los ricos". Los autores repasan los efectos de 30 reformas en 18 países de la OCDE, incluidas algunas emblemáticas, como las de Ronald Reagan o Margaret Thatcher, y otras menos conocidas, como las de Canadá (1971), Austria (1989), Suecia (1991) y Alemania (2008). De media, cada reforma aumenta en tres años un 0,6% el porcentaje de la renta global que se lleva el 1% más rico. En cinco años, el porcentaje sube un 0,7%. En resumen: para los ricos, bien.

Pero, ¿y para la sociedad? El estudio concluye que con estas reformas el Estado pierde recursos y la economía no se revitaliza.

Hope y Limberg acreditan que cuanto más bajos son los impuestos a los ricos, más aumentan los incentivos de los altos ejecutivos para negociar "agresivamente" sus salarios, aumentando la renta que deja de estar disponible para los profesionales de menor estatus. A esto se suma un "aumento del comportamiento improductivo y de búsqueda de rentas". La economía se vuelve menos creativa. No hay impacto en la riqueza per cápita ni en la tasa de paro ni a corto ni a medio plazo. Tampoco aumenta la inversión, contradiciendo la promesa de los apóstoles del trickle down. "Nuestros resultados [...] aportan pruebas contundentes de que la reducción de impuestos a los ricos aumenta los porcentajes de ingresos superiores, pero tiene poco efecto sobre los resultados económicos", señalan los autores.

La crítica académica a la generosidad fiscal con el 1% y el 10% de arriba tiene un puntal en el afamado economista francés Thomas Piketty, que ha logrado elevar a cuestión central del debate académico la desigualdad derivada de las reformas neoliberales. Pero la crítica a la fiscalidad premium para ricos llega desde diversos frentes. En su artículo de 2017 ¿Recortes de impuestos para quién?, el profesor de Economía en Princeton Owen Zidar, un investigador crítico con Piketty, encuentra una relación entre rebajas de impuestos y crecimiento del empleo sólo cuando dichas rebajas son para el 90% de renta más baja. "El vínculo empírico entre el crecimiento del empleo y los cambios fiscales para el 10% superior es débil", añade Zidar, para quien sus resultados llaman al "escepticismo" sobre la "teoría del goteo".

A estos estudios se suma otro de 2021 de los economistas Sebastian Gechert, del Instituto de Política Macroeconómica de Düsseldorf, y Philipp Heimberger, del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena, que concluyen que las rebajas fiscales a las empresas “no tienen efectos relevantes o estadísticamente significativos en el crecimiento económico”.

La curva de Laffer no dice –como suele simplificarse– que a menos impuestos, más recaudación, sino que hay un punto de inflexión a partir del cual, si se siguen subiendo los impuestos, baja la recaudación. Jacob Lundberg, economista jefe de Timbro, un think tank liberal sueco, en su artículo La curva de Laffer para rentas altas, de 2017, analizó 27 países de la OCDE y concluyó que sólo cinco –Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Suecia– habían pasado ese punto de inflexión a partir del cual sería positivo bajar impuestos a las rentas más altas. ¿Y España? Según explicó el propio Lundberg a El Confidencial en 2019, España está lejos de ese punto de inflexión. Es decir, está en la fase en que subir impuestos equivale a recaudar más, no al revés.

En realidad, no hay más que ver los números para concluir que España tiene un sistema fiscal poco progresivo. El reciente informe Desigualdad de la renta y redistribución en España, de Clara Martínez Toledano, profesora de Economía Financiera en el Imperial College Business School, ha puesto de relieve que, sumando las principales figuras del sistema fiscal, los deciles inferiores de renta están sujetos a un tipo medio del 28%, mientras que los que figuran en el extremo opuesto de la tabla soportan un 27%, después de que la progresividad fiscal haya caído desde la crisis de 2008. Otra vez queda patente que los impuestos no logran una corrección significativa de las desigualdades. El 50% más pobre concentra un 14% y un 17% de la renta nacional antes y después de la redistribución fiscal, respectivamente. Es decir, sólo hay 3 puntos de corrección. Otro dato: en 2019 el Impuesto de Patrimonio, que paga en torno al 0,2% más rico, supuso 1.220 millones, el 0,17% del patrimonio total declarado en el país, según un informe de julio de Oxfam Intermón, que precisamente apuntaba como causa a las bonificaciones de las comunidades autónomas. La competencia entre autonomías provoca que "dos de cada tres de los más ricos no paguen el impuesto al patrimonio".

El propio Gobierno, en su plan España 2050, diagnóstico elaborado con ayuda de numerosos expertos, concluye que existe una "insuficiente capacidad recaudatoria y redistributiva" de un sistema fiscal en el que "las personas más pobres pagan más impuestos, en términos relativos, que las de clase media, y las transferencias sociales están menos focalizadas en los colectivos vulnerables que en otros países de nuestro entorno". Las políticas fiscales y sociales, añade el diagnóstico, no ejercen suficiente "acción correctora". El IRPF provoca un efecto redistributivo menor que la media de la UE. El quintil más rico recibe más transferencias públicas (30%) que el más pobre (12%). Dentro de la OCDE, España está en la vanguardia de la regresividad.

Es en esta realidad en la que ahora el PP ha desatado una carrera de rebajas fiscales sin enfoque progresivo.

Lejos de la supuesta pulcritud contable de los defensores de las bajadas de fiscales para los ricos, Carlos Martín, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares, ve un proyecto ideológico escorado a la derecha y amparado en argumentos falsos. "El PP –señala el también director del Gabinete Económico de CCOO– representa los intereses del capital más rancio, el que busca rentabilizarse no compitiendo internacionalmente, arriesgando y generando valor, sino quedándose con la cuota de mercado de los servicios públicos. Con este fin, necesita debilitarlos estrangulando su financiación para animar así su abandono por la clase media, que a continuación reclamará más bajadas de impuestos, una vez que estos servicios se los preste el sector privado". Se trata, afirma, de "hundir poco a poco al Estado ahondando en su ya de por sí elevada infrafinanciación". Y añade: "Es el cabildeo clásico de toda la vida, pero financiado con ilusión fiscal. La ilusión de que los servicios de calidad los provee mejor el sector privado, lo que es mentira y además oculta que son mucho más caros y una gran mayoría no podrá acceder a ellos".

Martín alerta de los riesgos del caso específico de Andalucía, "que no cuenta, como Madrid, con rentas extraordinarias por capitalidad para amortiguar el golpe infligido a las finanzas públicas".

De modo que ideas económicas que en el plano académico afrontan impugnaciones solventes siguen prosperando, en cambio, en el terreno político. ¿Por qué? Hacker, de Yale, ofrece una explicación en crudo: "En la práctica, la fijación de impuestos a los superricos viene determinada por la política, no por la economía. Los ricos tienen mucha influencia sobre los gobiernos y también muchos incentivos para utilizar esa influencia para evitar una mayor imposición sobre sus ingresos o su riqueza".

Hope y Limberg, del King's Colle, admiten que la idea de que los recortes de impuestos para los ricos "se filtran" hacia abajo sigue siendo "influyente", "poderosa" y "persistente", tanto entre los que toman las decisiones como entre sus votantes. Junto a Nina Weber, ambos son autores de un artículo de agosto de 2021 que trata de resolver un "rompecabezas permanente de la economía política": ¿Por qué (algunos) estadounidenses de a pie apoyan los recortes fiscales para los ricos? La respuesta está en las opiniones recogidas en una encuesta a 3.000 personas que desvela "el apoyo continuado" a las fórmulas reaganistas inspiradas por Laffer y la teoría del goteo. "Nuestros resultados muestran la rigidez de las creencias sobre el goteo, incluso ante la evidencia de que la reducción de los impuestos a los ricos se ha asociado con un menor crecimiento", concluyen los autores. Un dato: sólo el 61% apoyaba subir los impuestos no ya a los ricos, sino al 1% más rico, con ingresos anuales de más de 523.600 dólares.

Entre los republicanos, este porcentaje descendía al 31%. El sesgo según el partido no tiene mayor misterio. Estamos hablando de palabras –y de cómo esas palabras calan en la gente según sus creencias previas, determinadas ideológicamente– no de números. En 2019, en un artículo en Political Behavior, Vivekinan L. Ashok (Cornell University) y Gregory A. Huber (Yale) detectaron un amplio apoyo a los beneficios fiscales "incluso cuando está claro que los hogares con mayores ingresos obtendrán más de esos beneficios". Como explicaron los autores en el Washington Post: "Los encuestados a los que se les mostró el marco regresivo –en el que los hogares acomodados recibían el doble de dinero– seguían estando a favor de ampliar la deducción". Aunque el "paraíso" no sea para todos, parece que la esperanza de que lo sea sí.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno "no renuncia" al resto de 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia católica en España, y ha puesto en valor que ya ha "recuperado mil", según informa Europa Press.

"El Gobierno no renuncia a ninguno de esos 35.000 bienes, lo que hemos hecho es un primer acuerdo, un buen comienzo, a través del diálogo, hemos conseguido que la Iglesia católica reconozca que hay 1.000 bienes que son de otros titulares o que no les consta quién es el titular", ha precisado Bolaños.

Así lo ha manifestado el ministro este miércoles en respuesta a la pregunta de la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta, sobre si el Ejecutivo "renuncia a recuperar las decenas de miles de bienes inmatriculados ilegalmente por la Iglesia católica".

La diputada de EH Bildu ha tachado de "escándalo monumental" la inmatriculación de bienes por la Iglesia y ve "inasumible" el "apaño pactado entre el Gobierno y la Iglesia" sobre un millar de bienes. Por ello, ha pedido al Ejecutivo que sea "valiente" y "ponga fin a este expolio patrimonial sin precedentes".

Por su parte, Bolaños ha querido poner en valor las negociaciones entre el Gobierno y la Iglesia y ha asegurado que ya han continuado trabajando en la comisión sobre inmatriculaciones.

"A usted 1.000 bienes le parecerá insuficiente pero en 25 años se han recuperado cero, y este Gobierno ha recuperado 1.000", ha enfatizado el ministro de Presidencia.

La pregunta de la diputada de EH Bildu se plantea una semana después de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, en la que trataron el asunto de los bienes inmatriculados.

En concreto, según la Conferencia Episcopal Española, en dicha reunión entregaron un informe al Gobierno con 2.500 incidencias detectadas en el listado de casi 35.000 bienes inmatriculados publicado por el Ejecutivo hace un año. Entre esas 2.500 incidencias, hay mil bienes que son de terceros o sobre los cuales a la Iglesia no le consta que sean de su titularidad.

Por su parte, desde el Gobierno, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado que han llegado a un "primer acuerdo" con la Iglesia para recuperar 1.000 bienes que fueron inmatriculados indebidamente.

Mientras, el Colegio de Registradores ha asegurado que es "totalmente incorrecto" decir que esos bienes fueron inmatriculados indebidamente porque, en realidad, fueron inscritos "de acuerdo a la ley vigente" y ha subrayado que las 35.000 propiedades que aparecen en el listado están "correctamente inscritas".

Además, en una entrevista con Europa Press, el vicedecano del Colegio de Registradores, José Miguel Tabarés, ha precisado que en el informe entregado por la Conferencia Episcopal al Gobierno "en ningún momento se dice que la Iglesia vaya a devolver mil bienes", lo cual no quiere decir que no sean de su propiedad.

De hecho, han realizado un muestreo sobre los bienes que a la Iglesia no le constan o sobre los que le faltan datos y han concluido que los titulares de los mismos son los obispados.

Para ello, consideran "imprescindible que se autorice la entrada en el Pazo de Meirás y poder examinarlos in situ", indican después de que por parte del juzgado se convocase a las partes a una comparecencia, el 22 de octubre, de cara a determinar qué bienes no pueden ser retirados del inmueble, según informa Europa Press.

En referencia a anteriores escritos, la representación procesal de los Franco insiste en que no ha podido elaborar un informe pericial sobre los bienes por necesitar que se le autorice el acceso al inmueble. Por ello, pide que se requiera al Estado para que se le facilite la entrada, tanto al exterior como al interior de Meirás, a dos arquitectos designados por su parte.

Qué ufano se mostraba el portavoz de la metrópolis vaticana en España al declarar ante los micrófonos mediáticos que el departamento de negocio sanitario (la parte de hospitales que a lo largo de los siglos extirparon a la sanidad pública) negará el derecho de los españoles, reconocido por la ley, a morir dignamente eludiendo prolongadas e inútiles agonías para sufrimiento de los interesados, desesperación de familiares y amigos, y glorificación de sus quimeras. Lo decía con la petulancia de los que se arrogaron durante siglos ser dueños del privilegio de poseer las almas de todos los españoles y que, ahora, ignorando la hemorragia de defecciones que acabará con su monopolio espiritual, con su emporio de la misericordia limosnera, pretende silenciar la pérdida de influencia sobre las masas que la escuela racionalista liberó del oscurantismo y la hoguera. Ensucia el silencio con su bravata.

Viene a decir que se pasan la ley por el vuelo de la sotana. Que sus hospitales seguirán promocionando el sufrimiento inútil, agotando la capacidad de sentir dolor, intimando con el infierno de la agonía, a la rendición de los bienes materiales como despojo, en las alcancías insaciables y despiadadas de sus cuentas bancarias y últimas voluntades, arrancadas en las atribuladas antesalas de la muerte.

La retirada estratégica a la que se ven forzados por la extensión de la razón que ilumina las decisiones de los seres libres, excita las medidas desesperadas de su directorio que reclama añorante la vieja sumisión a su discurso fantasmagórico dirigido a captar capitales y limosnas liberadoras de la responsabilidad de toda suerte de canalladas suavizadas con el consuelo de tontos, “quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”, todos son pecadores, sólo es cuestión de grados, es igual el que roba que el que mata… Es el fin de su monopolio del perdón.

Acorralados en su botín secular amasado con artes inefables, arrinconados en su patrimonio inmobiliario inmatriculado in extremis en el secreto umbrío de la confesión, a solas al borde del lecho en el que yace moribundo el cuitado acosado con el horror eterno, extorsionado con las penas infernales hasta sacarle la hijuela. Hábiles traficantes del miedo y el perdón. Con su inexpresiva cara de cemento proclama ahuecando la voz que los dominios de la iglesia romana están libres de “buena muerte”. Sí, no otra cosa se filtra entre las campanudas palabras del portavoz de la Conferencia Episcopal Española, pretendiendo encubrir el interés, la parcela de poder que se escurre de sus manos.

La buena muerte daña su patrimonio, que es lo último que les va quedando. Un oligopolio que desvelado de su prosopopeya clemente y su propaganda caritativa les obliga a competir con las demás corporaciones comerciales en pie de igualdad, lo que les horroriza al mostrarles sin la coraza de siervos de dios enriquecidos por su divina providencia, no por despiadadas y rastreras maniobras veladas de vírgenes y santos y angelitos con armas sobaqueras que disparando desde las almenas de su firmamento de cartón piedra, son hoy bestias acorraladas cuyas palabras apenas encubren el odio y el rencor. Libre de eutanasia, de control responsable de la natalidad, de amor entre semejantes, libre de libertades civiles...

Lamentablemente no está libre de abusadores sexuales, de pederastas, de misoginia, de codicioso amor al dinero, de mentiras y ambiciones inconfesables, de odio a la libertad, de odio a quienes pueden expresar el amor que en ellos se tiñe de vicio nefando ante el que sucumben y que se perdonan y ocultan una y otra vez en lugar de regularlo, para poder negárselo a sus crédulos seguidores que continúan llevando los hijos cual corderos pascuales al altar de sus asaduras hirvientes para ser inmolados en la clandestina oscuridad de sudorosas aulas y sacristías, lejos de la vista del mundo… Libres de qué, argüello, libres de qué. Nunca quien medra en la esquinada sombra del secreto querrá la luz. Se delinque y perdona a la sombra de los confesionarios.

Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre

El texto, recogido por Europa Press, constaba de tres puntos que los diputados han votado por separado. Así, el primero de ellos, que pretendía instar al Ejecutivo a que, en el plazo improrrogable de tres meses, trasladara a esta Cámara el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946 hasta 2015 al amparo del derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, acompañado de sus respectivas notas simples, ha sido rechazado por los 27 votos de PSOE, PP, VOX y Cs, mientras que lo han respaldado el PNV, Bildu, ERC, Junts per Cataluña y Unidas Podemos.

El segundo punto de la proposición abogaba por que el Gobierno ordenara, en el plazo improrrogable de tres meses, mediante Orden Ministerial o Decreto, la cancelación por nulidad insubsanable de todos los asientos practicados por la jerarquía católica (en cualquiera de sus denominaciones) con arreglo al artículo 206 LH, al menos desde la entrada en vigor de la Constitución española, por flagrante inconstitucionalidad sobrevenida, que además se llevaría a cabo en ejecución de la doctrina y resoluciones vinculantes del TEDH. Este punto ha sumado el rechazo de PSOE, PP, VOX, Cs y PNV, por lo que tampoco ha salido adelante.

En tercer lugar, Bildu y ERC proponían que el Congreso instara al Gobierno a que, en el plazo improrrogable de seis meses, habilite los mecanismos oportunos para posibilitar la reclamación de la titularidad del dominio de dichos bienes por sus legítimos titulares. Tampoco este punto ha recibido la luz verde de la Comisión al cosechar 28 votos en contra (PSOE, PP, VOX y Cs) y ocho a favor (PNV, Bildu, ERC, Junts per Cataluña y Unidas Podemos).

En su defensa de la proposición no de ley, la diputada de Bildu Isabel Pozueta ha calificado de "escándalo" las inmatriculaciones de la Iglesia católica, "por cómo se han hecho, sin aportar títulos de dominio" y porque se trata de "unos 100.000 bienes inmatriculados de forma irregular". "Creemos que ya es hora de que se arbitre una solución global", ha manifestado.

Asimismo, Pozueta ha explicado que, si bien es cierto que se ha dado a conocer la lista parcial de algunos de los bienes inmatriculados, "esto no es totalmente suficiente o es totalmente insuficiente", por lo que reclaman que el Gobierno publique "toda la lista de todos los bienes" y actúe de oficio para "revertir las inmatriculaciones ilegales y solucionar así esta situación de una vez".

"Debemos revertir esta situación tan injusta, acabar con los privilegios de la Iglesia y proceder a la cancelación por nulidad insubsanable de todas las inscripciones que la Iglesia católica ha hecho sin tener título ni legitimidad para ello", ha añadido seguidamente la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Carolina Telechea.

El PSOE comparte el "el fondo"

Desde el PSOE, que ha presentado una enmienda de sustitución que ha sido rechazada, Juan Luis Soto ha afirmado que su formación política "comparte el fondo del análisis de la posición de privilegio" a la hora de inmatricular los bienes que ha tenido "históricamente" la Iglesia, pero que "hay determinadas objeciones de seguridad y efectividad jurídica" que les impiden votar a favor de la propuesta. Soto también ha aprovechado su intervención para defender que el Gobierno de Pedro Sánchez "cumple y ha cumplido con el compromiso de transparencia publicando los bienes inmatriculados por la Iglesia, desde el año 1998".

Mikel Legarda, del Grupo Parlamentario Vasco, ha declarado que es necesaria "una evaluación general de la situación generada y de los hechos consumados, y también la adopción de medidas generales que permitan dar cauce a las distintas reclamaciones particulares ante situaciones que se pudieran teóricamente considerar situaciones de hecho o incluso ante las distintas situaciones de inscripciones sin título de propiedad per sé".

La representante de Ciudadanos, Sara Giménez, ha manifestado que hay un punto de vista jurídico de partida "que hace insostenible la propuesta" y ha añadido que "se trata simplemente de un disparate inadmisible en un Estado de Derecho y un ordenamiento jurídico que se fundamenta en el principio de seguridad jurídica". Por lo demás, sostiene que Ciudadanos puede estar "relativamente" de acuerdo con solicitar al Gobierno la elaboración o publicación de un listado de los bienes.

Además, Martina Velarde (Unidas Podemos) ha comentado que su grupo "mantiene las posiciones de fondo y ha adelantado su voto a favor de la iniciativa. "Es evidente que hay que articular esa fórmula normativa que permita declarar la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas sin un título suficiente y, en particular, el patrimonio histórico de raíz religiosa que tiene que ser de dominio público, tal y como ocurre en países de nuestro entorno", ha argumentado.

En cambio, el portavoz de Vox, José María Sánchez, ha acusado a Bildu y a ERC de "anacronismo" y de creer que están "luchando contra el Antiguo Régimen". "Están desfasados ya cerca de 200 años", ha subrayado, para después recalcar que dicen "mentiras podridas".

Por parte del PP, Ana Belén Vázquez manifestado que "en 1998 la legislación hipotecaria no permitía, hasta ese momento, a la Iglesia católica inmatricular los templos, las iglesias, las capillas en Galicia porque se entendía que la propiedad era evidente".

"Éramos incluso, la confesión católica, la única que no podía inmatricular estos bienes. La inscripción de los bienes en el registro no otorga la propiedad. Solo tiene función probatoria, pero no constitutiva de la propiedad", ha recalcado la 'popular', para después señalar que la ley del 1998 articula una serie de medidas de seguridad y que "si hay algún problema, a la justicia".

Los herederos del dictador Francisco Franco ha solicitado formalmente a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia retirar del interior del Pazo de Meirás las estatuas de Abraham e Isaac del Mestre Mateo Pazo de Meirás y la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán, informa Europa Press. Así lo ha confirmado en la mañana de este sábado el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, en declaraciones a los medios en un acto celebrado en Santiago, donde ha manifestado que la intención de la Xunta es hacer valer la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) de ambos bienes (plena en el caso de las estatuas y en fase de tramitación en el de la biblioteca) para evitar que salgan de Galicia.

El titular de Cultura ha puesto el acento en que se trata de un asunto "de gran relevancia jurídica" que debe ser abordado "con solvencia" pues supone una cuestión que escapa de "planteamientos políticos" y alcanza el ámbito de la justicia.

De este modo, tras confirmar la solicitud efectuada por los herederos del dictador tras la sentencia que les permite retirar los bienes muebles que hay en el interior del pazo, el conselleiro ha manifestado que la intención de la Xunta es "intentar preservar para el patrimonio cultural de Galicia estos bienes" porque ese es "el sentir mayoritario de los gallegos".

Para ello, la vía elegida es hacer prevaler la condición de BIC de ambos elementos. En el caso de las estatuas del Mestre Mateo, están declaradas BIC desde el año 2019, mientras que la biblioteca de la escritora está incoado el expediente y, por tanto, la Xunta entiende que es "a todos los efectos" un bien protegido.

Patrimonio tiene ahora un plazo de tres meses para responder a la petición de los Franco. Durante ese tiempo, la Administración autonómica abrirá una ronda de contactos con "las instituciones culturales más singulares del país" para recabar informes sobre los que "asentar con solvencia una solución específica" que permita que estos bienes se mantengan entre el patrimonio gallego.

En concreto, la Real Academia Galega, el Consello da Cultura y la Academia de Belas Artes son las entidades a las que recurre la Xunta, que también recabará la opinión de "catedráticos de prestigio" para elaborar su estrategia legal dentro del ámbito de sus competencias.

Resto de bienes

Respecto al resto de bienes que hay en Meirás, sobre los que los herederos de Franco tienen un plazo de un mes para retirar del complejo de Sada (A Coruña); el conselleiro ha dicho que los servicios jurídicos de la Xunta han concluido que corresponde al Estado "reclamar o iniciar una declaración BIC" para su protección.

"Son bienes escritos al patrimonio del Estado. Tiene que ser el propio Estado, en base a los artículos 6 y 9 de la Ley de Patrimonio Histórico de España", ha comentado el conselleiro, que ha ofrecido la colaboración de la Administración autonómica. "Pero quien tiene que incoar ese expediente BIC es el Estado", ha añadido antes de emplazar a "hacer las cosas bien" en el plano jurídico para evitar "pasos atrás".

El que fuera secretario general de Podemos Madrid y portavoz de la formación en el Senado, Ramón Espinar, considera que el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero, deben explicar cómo han multiplicado su patrimonio desde que entraron en política hace seis años.

Así lo ha puesto de manifiesto a través de una serie de comentarios publicados en su perfil de Twitter tras conocerse que Iglesias y Montero suman actualmente un patrimonio de 1,17 millones de euros, de los que 601.518 euros son ahorros en cuentas y planes de pensiones. La pareja mantiene deudas por 462.312 euros, informa Europa Press.

Espinar, que dejó hace dos años sus cargos en Podemos por discrepancias con la dirección, no pone en duda que tanto Iglesias como Montero son personas "honorables" -"no creo que nadie lo dude", subraya-, pero piensa que un incremento "muy grande" de patrimonio en seis años en política "hay que explicarlo bien", sobre todo, dice, en Podemos.

Y no pasa nada

Según asegura, Iglesias entró en política con 45.000 euros en 2014 e Irene Montero tenía 6.000 euros en su cuenta, por lo que "Podemos tiene que asumir que forma parte del juego democrático" que, si ahora ambos declaran 600.000 euros, se les pregunte por ello. "Y no pasa nada", remarca en uno de los comentarios publicados por Espinar en la citada red social.

El otrora portavoz de Podemos en el Senado está convencido de que "nadie piensa que haya nada raro, por supuesto", pero insiste en que es "fundamental" explicar estos incrementos patrimoniales para poder exigir a los demás transparencia. "La transparencia se ejerce primero y se exige después", ha sostenido.

Ante las críticas que ha recibido en Twitter por pedir esta explicaciones, el exsenador ha reiterado: "Para pedir transparencia y explicaciones hay que empezar por darlas, seguir por exigirlas a los tuyos y luego ya ir a por los demás. Así que ofenderse mucho por pedirle a los nuestros que expliquen grandes incrementos de patrimonio es sectario y miope".

El aún vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, dejará el Ejecutivo estatal la próxima semana, para ser candidato a la Comunidad de Madrid, con un patrimonio valorado en 539.880 euros y deudas contraídas por un importe de 231.156. Junto con Irene Montero suman un patrimonio de 1,169 millones de euros, de los que 601.518 euros son ahorros, pero mantienen una deuda de 462.312 euros.

Así consta en los datos que ha hecho públicos el Gobierno sobre todas las declaraciones de bienes de los altos cargos de la Administración General del Estado que fueron cesados o nombrados a lo largo del año 2020, recoge Europa Press.

Concretamente, Iglesias tiene bienes inmuebles por valor de 233.282,15 euros y un saldo bancario de 111.098 euros, junto a un seguro de vida y planes de pensiones cuantificados en 187.500 euros y otros bienes cuyo importe se cifra en 8.000 euros. Mientras, las deudas alcanzan los 231.156 euros. 

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, declara unos activos mayores que los de su pareja y que ascienden a 629.969 euros repartidos en bienes inmuebles valorados en 335.049 euros, un saldo bancario de 107.420 euros y otros 187.500 en planes de pensiones y seguros de vida. Aunque el saldo neto asciende a 398.813 euros debido a que mantiene una deuda de 231.156,5 euros.

Declaración de Iglesias y Montero en el Congreso

Estos datos reflejan que el patrimonio del aún vicepresidente segundo del Gobierno y la Ministra de Igualdad suma 1,169 millones de euros, con un ahorro entre cuentas corrientes, seguros y planes de pensiones de 601.518 euros. Frente a ello, mantienen un endeudamiento de 462.312 euros, lo que arroja un patrimonio neto de 707.537 euros.

En su declaración de bienes en el Congreso que presentaron tras ser elegidos en 2019, tanto Iglesias como Montero ya indicaron que debían todavía 467.657 euros del préstamo hipotecario de 540.000 euros que pidieron en mayo de 2018 para comprar a medias la casa de Galapagar (Madrid) en la que viven. Ahora, la deuda que declaran entre ambos es de 462.312 euros, un importe ligeramente inferior a la cifra declarada hace dos años.

Además de esta vivienda, Iglesias también declaró en el Parlamento que poseía una segunda propiedad en Ávila -ya quedó registrada en anteriores declaraciones-, de la que es propietario al cien por cien, 114.000 euros depositados en cuentas bancarias, una motocicleta adquirida en 2012 y el coche de 2017. Incluía en esa declaración la percepción de 46.460 euros procedentes de actividades económicas.

Los ahorros de Iglesias, desde entonces han crecido considerablemente, ya que suman 306.598 euros repartidos entre: 111.098 euros en cuentas corrientes y 187.500 euros en seguros de vida y planes de pensiones, además de otros 8.000 euros de otros bienes e intereses económicos.

También crece el ahorro de Irene Montero, que en 2019 declaraba en el Congreso depósitos en cuentas por valor de 136.190 euros, frente a los casi 300.000 euros -294.920 euros- que declara ahora divididos entre 107.420 euros en cuentas y 187.500 en seguros de vida y planes de pensiones.

En esa declaración de 2019 en el Parlameto, Montero, la número dos de Podemos, añadió a la propiedad de Galapagar otras dos viviendas, un almacén, una finca urbana y otra rústica, todas al 50% y con fecha de adquisición en octubre de 2018 fruto de una herencia