La coordinadora Recuperando tacha de "escandaloso" el acuerdo sobre inmatriculaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella.

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La coordinadora Recuperando, que aglutina a una treintena de asociaciones ciudadanas, ha calificado de "inasumible y engañoso" el acuerdo al que han llegado Gobierno e Iglesia para devolver miles de bienes inmatriculados. En concreto, se trataría de hasta 100.000 bienes apropiados ilegalmente por obispos de la Iglesia, entre los que destacan aquellos procedentes del patrimonio cultural de España "como la Mezquita de Córdoba, el tesoro mudéjar de Aragón o el arte prerrománico asturiano".

Desde la coordinadora acusan al Gobierno —y en primer plano al presidente, Pedro Sánchez— de incumplir la promesa anunciada durante el discurso de investidura en el Congreso de los Diputados, "cuando anunció que promovería una reforma legislativa para 'revertir las inmatriculaciones' practicadas por la Iglesia católica". La coordinadora ha destacado las denuncias previas que han venido haciendo los últimos años, así como el carácter inconstitucional de las prácticas cometidas por el clero.

"El Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral", ha denunciado la coordinadora, incidiendo en "las miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia". Todo ello, afirman, "sin haber aportado pruebas documentales de propiedad".

El acuerdo entre Gobierno e Iglesia fue publicado este lunes tras una serie de reuniones que no han trascendido en los medios, con el reconocimiento de los miembros eclesiásticos de haberse apropiado ilegalmente casi mil bienes. Este privilegio pone de relieve "una ventaja sin garantías jurídicas y manifiestamente arbitraria", que podría aplicarse a decenas de miles de fincas inmatriculadas, contradiciendo la versión de los obispos. La coordinadora Recuperando sostiene que la Iglesia carece de los apropiados títulos de propiedad, más allá, eso sí, de la autocertificación redactada por la diócesis.

La coordinadora reclama en primer lugar que se declaren nulas todas las matriculaciones episcopales "por inconstitucionalidad manifiesta sobrevenida". También reclaman al Gobierno una reforma legislativa en la Ley de Patrimonio Histórico que permita evaluar e identificar aquellos bienes pertenecientes al legado cultural que sean debidamente tratados como dominio público. "Eso es lo que sucede en nuestros dos países vecinos, Francia y Portugal, cuyo tesoro monumental de carácter religioso pertenece al Estado, aunque se mantiene su uso litúrgico sin restricción alguna."

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