El corte del Estrecho de Ormuz, en Irán, suma ya cinco semanas. Apenas una veintena de buques mercantes han cruzado desde entonces este paso marítimo, un punto estratégico para la salida de materias primas desde los países del Golfo hacia el resto del planeta. Aunque el cese de las exportaciones de gas natural y el crudo ha recibido toda la atención, los fertilizantes son otro de los productos clave que atraviesan este punto, lo que ha provocado una subida de alrededor del 30% en su precio.

España depende de manera limitada de los fertilizantes de esta región y los agricultores tienen reservas para esta temporada, pero el sector advierte de que con el paso de los meses –cuando comiencen los futuros aprovisionamientos– el sector primario tendrá que asumir ese sobrecoste y posiblemente trasladarlo a los mercados. El Ministerio de Agricultura ya ha activado un plan de ayudas de 877 millones de euros y ha pedido esta semana a Bruselas un programa para asegurar el abastecimiento de abonos sintéticos durante los próximos meses.

A corto plazo, el maíz es el único cultivo que preocupa, ya que la siembra se realiza entre abril y mayo, según explica Javier Fatás, responsable de fertilizantes de la organización agrícola COAG. "Este año habrá probablemente rendimientos peores en cereal. Habrá gente que se replantee si cultivar el maíz porque la crisis ha pillado en un momento en el que algunos ya tenían sus pedidos de fertilizantes cerrados a buen precio, mientras que otros estaban pendientes de ello, y si quieren recibirlo tendrán que pagar un 30% más", valora el portavoz.

Aunque el abastecimiento de fertilizantes está garantizado a corto y medio plazo en Europa, el cierre de Ormuz sí ha golpeado el mercado interior. Alrededor de un tercio de los fertilizantes que consume el planeta atraviesan ese estrecho y de la noche a la mañana han desaparecido del mercado. La mayoría se vendían a India, Tailandia, Australia o Corea del Sur, pero como el mercado es global, cualquier escasez local de productos químicos afecta al resto del mundo. En concreto, el año pasado atravesó Ormuz el 47% del sulfuro global, el 35% de la urea y el 24% del amoniaco, según la consultora S&P Global.

Todos esos productos son imprescindibles para producir fertilizantes. La urea se puede usar como abono por sí misma, pero también es la base de los fertilizantes nitrogenados, los más comunes en el mundo agrícola. Los abonos nitrogenados complejos, que necesitan también fosfatos, son los más usados en España, pero para obtener estos fosfatos es necesario tratar la roca fosfórica con ácido sulfúrico, escribe Pablo Resco, experto en materias primas de Plataforma Tierra.

En resumen, para obtener fertilizantes son necesarios multitud de minerales y químicos que dependen del fin de la guerra en Irán, por mucho que haya otros grandes vendedores en el mundo, como Argelia, Rusia, Egipto, Marruecos o China. Paloma Pérez, secretaria general de Anffe, la patronal española de fertilizantes, subraya que esta crisis debe servir para proteger todavía más la producción nacional de abonos y considerarlo un sector estratégico. "Depender de terceros países nos hace más vulnerables al suministro exterior. Algunos países están ya limitando sus exportaciones por la guerra, como Rusia, con las de nitrato amónico", señala.

La portavoz de la industria también añade que España –y otros países europeos– han llegado a esta crisis con un gran excedente de fertilizantes en sus almacenes, lo que disminuye el riesgo de escasez. Esto se debe a que la guerra ha coincidido con la entrada en vigor de una nueva normativa europea, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, en inglés), un impuesto fronterizo sobre la entrada de fertilizantes extranjeros altamente contaminantes que ha comenzado a operar en 2026. De hecho, en diciembre de 2025, la UE importó un 140% más de abonos nitrogenados que un año antes para aprovechar los precios más bajos.

Al problema de suministro global de fertilizantes se suma la escasez global de gas natural, un componente indispensable en la producción de abonos. Esta crisis también deriva del cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasaba cada día el 20% del gas natural licuado (el que viaja por barco) que consume el mundo, hasta que fue cerrado.

Este combustible es necesario en dos partes de la cadena de producción. Primero, porque para producir amoniaco (la base de la urea) es necesario mezclar el gas natural con nitrógeno mediante el proceso químico Haber-Bosch. Y segundo, porque ese proceso necesita grandes cantidades de calor, que también se obtiene quemando gas natural.

El precio del gas natural se ha encarecido desde que comenzó la guerra un 80% en Europa, hasta los 55 euros/MWh. La urea de Egipto, la que compra España, se ha encarecido un 50%, hasta 720 dólares/tonelada. Mientras que el amoniaco cotiza a unos 600 dólares/tonelada, un 24% más que antes de la crisis. Todo esto, según Javier Fatás, ha llevado a que la tonelada de fertilizante nitrogenado que compra el agricultor medio español haya pasado de 400 euros a 500 euros, o incluso a 580 euros.

No obstante, el Ministerio de Agricultura ha activado ya una serie de ayudas para el campo que deberían aminorar el golpe e impedir una subida de los alimentos. Concretamente, una rebaja de 20 céntimos para el gasóleo agrícola –que se suma a la rebaja del IVA del combustible del 21% al 10%, para todos los consumidores–, así como una subvención para profesionales de 22 euros por hectárea cultivada en secano y 53 euros para regadío.

"Aunque no van dirigidas concretamente a fertilizantes, son la forma correcta de hacerlo", opina Fatás. "Aunque no compensan toda la subida de costes, son ayudas indispensables con un impacto rápido", valora el portavoz de COAG.

La tasa de ahorro de los hogares se situó en el conjunto de 2025 en el 12% de su renta disponible bruta, tras caer 0,7 puntos respecto a la tasa registrada en 2024.

Según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, la renta disponible de los hogares aumentó un 5,3%, hasta 1.064.458 millones de euros, mientras que el gasto en consumo creció un 6,2%, hasta 937.447 millones.

De esta forma, el ahorro resultante fue de 128.126 millones, suficientes para financiar una inversión que alcanzó 79.685 millones y creció un 10,1% interanual.

El valor añadido generado por los hogares aumentó un 5,2% y su excedente de explotación y renta mixta bruta creció un 5,1 %.

De esta manera, los hogares presentaron una capacidad de financiación de 48.664 millones de euros en 2025, 13.981 millones inferior a la registrada en 2024, lo que supone un 22,3% inferior, según detalla el INE.

Sumado el resultado de los hogares al del resto de sectores institucionales (sociedades no financieras, administraciones públicas e instituciones financieras), la economía nacional registró en 2025 una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 66.741 millones de euros, equivalentes al 4% del PIB frente al 4,3% del PIB de 2024.

Las sociedades no financieras registraron una capacidad de financiación menor, de 20.487 millones de euros en 2025 frente a 25.504 millones en 2024.

Diferente tendencia marcaron las instituciones financieras, cuya capacidad de financiación aumentó a 37.920 millones de euros, frente a los 31.830 millones de 2024.

La necesidad de financiación de las administraciones públicas se redujo un 21,34% en 2025, hasta 40.330 millones (frente a la necesidad de 51.267 millones en 2024).

La renta nacional bruta supuso 1.686.024 millones, un 6% superior a la de 2024.

España cerró 2025 con un déficit público de 40.330 millones de euros, un 2,39 % del PIB (incluido el impacto de la dana), con lo que cumple con el objetivo comprometido con Bruselas (2,5% del PIB) y marca el nivel más bajo desde el estallido de la crisis financiera.

De acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria publicados este martes por el Ministerio de Hacienda, el déficit público se redujo en 2025 en 10.937 millones de euros, un 21,3%, con respecto a 2024. Esto supone un descenso de 0,83 puntos con respecto al dato global de 2024 (3,22% del PIB).

Si se descuenta el impacto de la dana (3.550 millones), el déficit público habría cerrado en 36.780 millones, un 2,18% del PIB, 0,68 puntos menos que el dato de 2024 que incluía el gasto asociado a la catástrofe.

La ejecución presupuestaria ha sufrido fuertes oscilaciones en las últimas dos décadas, al pasar de los superávits del 'boom' inmobiliario (2005, 2006 y 2007) a los abultados déficits de la crisis financiera (superó el 11% del PIB en 2009 y 2011) y la pandemia (9,9% del PIB en 2020), con correcciones posteriores que, hasta ahora, no habían ido más allá del déficit del 2,6% del PIB anotado en 2018.

"Hemos mejorado las previsiones y hemos demostrado que España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable", ha señalado el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en un comunicado.

El Ministerio de Hacienda ha explicado que esta corrección del déficit ha sido posible gracias a la buena marcha de la recaudación tributaria, que aumentó un 10,4% en 2025, hasta los 325.356 millones de euros.

Según Hacienda, la mayor recaudación está relacionada con el crecimiento de la economía y las cifras récord de empleo, ya que la inflación explica solo 1,3 puntos de ese crecimiento.

La recaudación por IRPF ascendió a 142.466 millones, un 10,1% más, gracias al "dinamismo laboral"; la de IVA a 99.532 millones, un 9,9% más, por el impulso del consumo; y la del impuesto de sociedades a 42.266 millones, un 8,1% más, por los "altos beneficios obtenidos por las empresas".

El nuevo impuesto sobre las transacciones financieras recaudó 339 millones de euros.

En 2025, la administración central acumuló un déficit de 33.168 millones, un 29,26% menos y un 1,97% del PIB, a pesar del impacto de la dana.

Las comunidades autónomas, en cambio, duplicaron su déficit hasta los 6.650 millones (0,39% del PIB) debido a que la liquidación del ejercicio 2023, realizada en 2025, fue menos positiva que la del año anterior.

Ocho comunidades autónomas cerraron 2025 con superávit, encabezadas por Navarra (2,04% de su PIB) y Asturias (0,51%); mientras que los déficits más abultados se concentraron en Murcia (1,56%) y Comunitat Valenciana (1,54%).

La Seguridad Social registró un déficit de 5.580 millones (un 32,1% menos y un 0,33 % del PIB), una reducción que fue posible gracias a la buena evolución de las cotizaciones sociales.

Las corporaciones locales, en cambio, lograron un superávit de 5.068 millones (0,3% del PIB), un 28,4% inferior al de 2024.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó este martes que la guerra en Oriente Medio podría costar a las economías de los países árabes entre un 3,7% y 6% de su producto interior bruto (PIB) conjunto, lo que representa una pérdida de hasta 194.000 millones de dólares, según recoge EFE.

Las pérdidas podrían ser de hasta 194.000 millones de dólares (unos 170.000 millones de euros), lo que supera el crecimiento acumulado del PIB regional logrado en 2025, indicó la oficina regional de la agencia de la ONU en un informe preliminar publicado este martes.

Por otro lado, el desempleo aumentará hasta 4 puntos porcentuales, es decir, una pérdida de 3,6 millones de empleos, más que el total de puestos de trabajo creados en la región en 2025, añade el informe, titulado Escalada militar en Oriente Medio: implicaciones económicas y sociales para la región de los Estados árabes.

Este retroceso podría empujar a 4 millones de personas a la pobreza, siendo la zona del Levante (Irak, el Líbano, Jordania, Palestina y Siria) la más afectada, donde la pobreza aumentaría un 5%, unos 3,3 millones de personas, según las previsiones del organismo.

De hecho, el Levante, donde se produce además una grave escalada militar israelí en el Líbano iniciada dos días después de la guerra en Irán, absorberá el 75% del aumento total de la pobreza en la región.

Como indicó el PNUD, los resultados destacan que los impactos no son uniformes y varían significativamente en toda la región, debido a las características estructurales de sus principales subregiones.

Las estimaciones sugieren que las mayores pérdidas macroeconómicas se concentran en el Consejo de Cooperación del Golfo (Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos) y el Levante, donde la elevada exposición a las perturbaciones comerciales y a la volatilidad de los mercados energéticos provoca importantes caídas de la producción, la inversión y el comercio.

Por otro lado, se espera que el desarrollo humano, medido por el Índice de Desarrollo Humano (IDH), disminuya en toda la región aproximadamente entre un 0,2% y un 0,4%, lo que equivale a un retroceso de alrededor de medio año a casi un año en el progreso del desarrollo humano.

El director de la oficina regional del PNUD, Abdalá al Dardari, señaló en el informe que esta crisis "hace sonar las alarmas para que los países de la región reevalúen de manera fundamental sus decisiones estratégicas en materia de políticas fiscales, sectoriales y sociales".

Asimismo, evaluó sus hallazgos como "importantes" y "urgentes" para "reforzar la cooperación regional para diversificar las economías, más allá de la dependencia del crecimiento impulsado por los hidrocarburos".

La guerra, que comenzó con el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, lleva ya en curso más de un mes. Con distintas idas y venidas del presidente estadounidense, Donald Trump, que no dejan claro cuanto durará la guerra. Sin embargo, los efectos en la economía ya se están dejando notar a nivel mundial. También para Estados Unidos.

Los efectos de una prolongada guerra en Irán podrían frenar el consumo de los estadounidenses y afectar más de lo previsto a la mayor economía del mundo, advirtió la semana pasada el gobernador de la Reserva Federal (Fed), Chris Waller.

De extenderse el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel los consumidores del país norteamericano podrían comenzar a "frenar su gasto", dijo Waller a CNBC. "(Los estadounidenses) están mirando el nivel del tanque, están mirando el precio, y se fijan en cuánto dinero se va en llenar su vehículo frente a lo que pueden destinar a otras cosas", agregó el economista.

Waller, quien estuvo entre las principales opciones del presidente Donald Trump para ser el próximo presidente de la Fed, indicó que esta situación "comienza a influir en la manera en que los consumidores ven la economía". "Por lo tanto, todos estos factores podrían terminar inclinando a la (economía), no quiero decir que hacia una recesión, pero sí, de repente, hacia un debilitamiento mucho mayor de la economía de lo que habíamos previsto", reconoció Waller, uno de los miembros del comité encargado de decidir sobre la política monetaria estadounidense y nombrado por Trump para el cargo en 2020.

El euríbor a doce meses, el indicador que más se usa en España para calcular las hipotecas variables, se ha disparado como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, y cerrará marzo con la mayor subida mensual desde 2023, con lo que encarecerá las hipotecas por primera vez desde hace casi dos años.

A falta de una sola sesión para que finalice marzo, la tasa media provisional del indicador alcanza el 2,532%, lo que supone una subida de 31,1 puntos básicos respecto a febrero, cuando cerró en el 2,221%.

Este incremento es el mayor ascenso mensual del indicador desde enero de 2023, cuando escaló 31,9 puntos básicos (respecto al mes previo).

Asimismo, con esa tasa media, el euríbor ha vuelto a niveles de octubre de 2024 (2,691%), y encarecerá las hipotecas por primera vez desde abril de 2024, aunque será levemente.

Esto se debe a que hace un año, en marzo de 2025, la tasa media del euríbor era inferior a la actual, del 2,398%.

Como ejemplo, para una hipoteca de unos 150.000 euros a 25 años, con un interés del euríbor más un punto, el incremento será de unos 132 euros al año.

Si el préstamo es de las mismas condiciones, pero de una cuantía de 300.000 euros, el alza de las cuotas será de unos 260 euros anuales.

El euríbor se ha disparado este mes como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio, que ha bloqueado el estrecho de Ormuz y ha impulsado el precio de la energía.

El miedo a un alza exponencial de la inflación y al impacto en la economía ha provocado un cambio de previsión sobre la política monetaria de los bancos centrales.

Los analistas de Ebury explican que el incremento del euríbor responde directamente al aumento de las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés a lo largo de este año.

"El detonante principal ha sido el conflicto en Irán, el cierre efectivo del estrecho de Ormuz y el consiguiente repunte en los precios del petróleo y del gas natural. Como importador neto de energía, Europa es especialmente vulnerable a este tipo de disrupciones en el suministro", añaden los mismos expertos, para quienes dicha exposición no solo genera un riesgo de inflación importada, sino también de desaceleración económica.

En este sentido, precisan, el BCE ya "ha abandonado la idea de que se encontraba en una buena posición y ha puesto especial énfasis en los riesgos derivados de la situación en Oriente Medio", en particular en los posibles efectos de segunda ronda sobre la inflación.

En consonancia, y tras revisar al alza sus proyecciones de inflación, el BCE ha dejado abierta la posibilidad de una subida de tipos.

Pese a ello, los mismos analistas prevén que el euríbor se estabilice en torno a los niveles actuales, al menos hasta que aparezcan señales más sólidas y creíbles de desescalada en el conflicto bélico.

Desde Asufin, advierten de que, ante este escenario donde el euríbor mantiene una tendencia compleja y volátil, la vulnerabilidad financiera de los hogares españoles depende directamente de la modalidad de sus contratos.

Según sus datos, aproximadamente el 59% del total de hipotecas vivas en España están referenciadas a tipos variables o mixtos, y por tanto, "cualquier repunte en el índice se traduce de forma casi inmediata en un incremento de sus cuotas, reduciendo su renta disponible para el consumo".

Por el contrario, los hogares con "blindaje financiero" suponen el 41% restante, al disponer de cuotas fijas, dice Asufin, que no obstante, alerta de que las nuevas hipotecas fijas se están revisando al alza.

El ascenso del euríbor ha roto con varios meses de estabilidad, ya que el mercado no espera movimientos por parte del BCE con una inflación controlada.

No obstante, tras el estallido de la guerra, el euríbor ha pasado de una tasa diaria del 2,222% en el último día de febrero, hasta alcanzar un máximo en 2,929% el pasado día 24, el nivel más alto desde septiembre de 2024.

Asimismo, ha llegado a registrar sus mayores subidas diarias desde 2008.

La crisis energética derivada de la guerra de Irán ha llegado en un momento crítico para el sector gasista europeo. Antes del 1 de enero de 2027, los países de la Unión deben cortar por completo sus importaciones de Rusia de todo tipo de combustibles. Como parte de ese compromiso, antes del 1 de marzo todos los gobiernos debían enviar un informe a la Comisión Europea sobre cómo se desharán del gas y el petróleo ruso. Al menos 19 países ya han enviado el suyo, pero España no aclara si está en esa lista.

infoLibre ha preguntado en numerosas ocasiones por este documento, que será clave para la seguridad energética del país durante los próximos años, pero no ha obtenido respuesta. Fuentes de la Comisión Europea dijeron recientemente a este diario que 19 países ya han mandado el suyo, pero sin aclarar el nombre de esos Estados.

España y el resto de socios se comprometieron a elaborar este plan en el que tienen que especificar cómo planean sustituir esa entrada de gas, buscando nuevos socios o comprando más a los aliados actuales. El año pasado, el 13% del gas natural que importó la Unión Europea procedió de Rusia, y en España representó el 11,4% del total, según datos de Enagás. Entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2026 esa dependencia ha crecido drásticamente, hasta el 17%, según fuentes del sector basadas en datos de empresas de flujo de metaneros.

El Golfo Pérsico, la región que podría sustituir ese vacío, está ahora en guerra de manera indefinida, de manera que las opciones se reducen. Catar es el segundo mayor exportador de gas del mundo y su planta de Ras Laffan –ahora cerrada por la guerra, y semidestruida– representa el 20% del gas licuado (GNL, el que viaja por barco) que se consume en el mundo.

Esta disrupción es, además, a muy largo plazo. Por una parte, las instalaciones destruidas en Ras Laffan tardarán entre cinco y siete años en repararse, mientras que las naves que no han sido directamente bombardeadas podrían tardar meses en estar operativas. A esto se suma que Catar tiene numerosos proyectos en desarrollo para ampliar aún más sus exportaciones, pero se han paralizado por el conflicto. Este país ya ha anunciado que su nueva planta North Field East, que iba a empezar a operar en el tercer trimestre de 2026, sumando 24.000 millones de metros cúbicos de gas (24 bcm, en la jerga del sector) al mercado global cada año, se pospone al menos hasta 2027.

En medio de este caos, las potencias europeas deben dejar por escrito a quién van a comprar su gas el año que viene. España solo importa de Catar el 2% de su GNL, pero sumado al agujero que dejará Rusia y a que el mercado internacional del gas sufre ahora una competencia internacional enorme por la guerra, no será fácil buscar nuevos vendedores.

En los últimos días, según publicó Bloomberg, el Gobierno español y Naturgy han tenido conversaciones con Argelia, un histórico proveedor de gas, para que aumente sus exportaciones a la península. El gasoducto que une los dos países cruzando el Mediterráneo tiene margen para aumentar su caudal un 14%, hasta los 32 millones de metros cúbicos diarios, aunque siempre está la posibilidad de traer más todavía mediante metaneros.

En el resto del mundo, otros grandes productores de combustibles tienen planeado aumentar también su producción de gas este año, según pronostica Oxford Energy. En 2025 la capacidad mundial de exportación de gas por barco fue de 593 bcm de metros cúbicos de GNL, y en 2026 se estima que se sumarán otros 53 bcm más, principalmente por parte de Estados Unidos, Canadá y Australia, que abrirán nuevas plantas o ampliarán las ya existentes.Según ese análisis, Europa será la región del planeta que más aumentará sus compras de GNL, seguida de China y el Sudeste Asiático.

La otra opción es romper la promesa de los 27 países y posponer el fin del gas ruso, como ya han propuesto algunos países. Estados Unidos ha levantado temporalmente las sanciones al Kremlin para que las compañías rusas puedan vender su petróleo y balancear la ausencia del Golfo. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, fue el primero en reclamar que Europa haga lo mismo con el gas natural.

El pasado domingo le siguió el primer ministro belga, Bart de Wever, que pidió "normalizar las relaciones con Rusia y recuperar el acceso a energía barata". Sin embargo, tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía, rechazaron tajantemente la idea.

Según ha confirmado la Comisión Europea a infoLibre, son ya 19 países los que han remitido sus planes para abandonar el gas ruso en los próximos nueve meses, y cuatro lo han enviado para deshacerse del petróleo. España no importa crudo ruso desde mayo de 2022 ni productos refinados desde diciembre de ese año, por lo que solo debe enviar el documento correspondiente al gas natural.

El informe que debe remitir cada país es por ahora confidencial porque contiene datos sensibles de las empresas que comercian con Rusia, pero la Comisión publicará en abierto un resumen de la información recopilada un mes después a haber recibido todos los reportes. 

En concreto, estos planes incluyen los datos básicos de importaciones directas o indirectas desde Rusia, el calendario de eliminación, las opciones alternativas y medidas alternativas que puedan ayudar, como la electrificación o el uso de biogás. Asimismo, los Estados tendrán que calcular si las medidas encarecerán la factura del gas, aunque la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, adelantó en diciembre en una entrevista en infoLibre que en el trabajo previo que han realizado garantizan que no habrá repercusión en los precios de la energía.

"Hemos hecho un análisis y preguntado a las empresas qué podía ocurrir, y nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de suministro y que los precios de los consumidores no se distorsionen", dijo la ministra en esa conversación.

Las medidas aprobadas por el Gobierno para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Irán tienen, en lo fundamental, un carácter coyuntural, que da una respuesta inicial a un precio del barril de petroleo de 100 dólares y a un precio del gas de 60 euros megavatio hora. Son medidas para tres meses que sirven para intentar controlar los precios energéticos, con la intención de que no se trasladen al resto de la economía, evitando una nueva crisis de inflación.

La guerra provoca destrucción, dolor y muerte. Este es su coste más inadmisible. Pero también nos empobrece. En España importamos 400 millones de barriles de petróleo anuales. De mantenerse todo el año los precios actuales, la factura energética de España se incrementaría en 20.000 millones de dólares.

Pero el escenario de la guerra ilegal de Trump y Netanyahu contra Irán cambia cada día, incluso varias veces en un solo día. En un contexto de enorme incertidumbre existe la amenaza de que una guerra prolongada dispare los precios del petróleo hasta 150 dólares por barril y el gas por encima de los 100 euros por megavatio/hora. El impacto en la economía sería demoledor: el coste de la guerra para España se elevaría a 50.000 millones de euros anuales, solo en la factura energética. 

Este es un escenario posible que nos obliga a prepararnos como país para enfrentarnos a una situación que sería muy compleja para el conjunto de la economía mundial, con medidas estructurales que protejan el empleo, la economía, y el bienestar de la ciudadanía.

En primer lugar, intervenir en el mercado eléctrico, estableciendo un tope al precio del gas utilizado en la generación de electricidad. Con el gas cotizando en el entorno de los 60€ estamos ya en un umbral de precios que abre la posibilidad de recuperar la excepción ibérica, que será imprescindible si el precio se acerca a los 100€.

La aplicación de un tope al precio del gas en el mercado eléctrico es una medida útil mientras no se avance en una reforma fundamental: acabar con el modelo marginalista en la fijación de precios, porque retribuye al precio más alto a todas las tecnologías de producción de electricidad, con independencia de su coste de producción.

En segundo lugar, hay que establecer controles estrictos en los márgenes del oligopolio energético, tanto del petróleo como del gas, en todos los escalones, desde la compra inicial hasta la comercialización, pasando por el refino y la regasificación. Los precios de los combustibles en las gasolineras ya se han disparado, a pesar de que la gasolina y el gasóleo que venden hoy se corresponden con petróleo comprado muchos meses antes del estallido de la guerra.

En tercer lugar, hay que recuperar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías del oligopolio energético, que ganan más cuanto más sube el precio del petróleo y del gas, porque incrementan sus márgenes de operación. Una figura tributaria que se demostró muy eficaz los dos años que estuvo en vigor, con una recaudación de 1.500 millones de euros cada año que sirvieron para financiar medidas como las bonificaciones al transporte público.

En cuarto lugar, hay que avanzar de forma decidida en la electrificación de la economía, basada en el impulso de las energías renovables. La climatización, apoyando la sustitución de calderas por bombas de calor, y la movilidad, con el impulso del vehículo eléctrico, son elementos claves en la estrategia de la descarbonización de la economía. De forma inmediata hay que revisar el actual sistema de funcionamiento reforzado.

En quinto lugar, hay que potenciar el transporte colectivo, con especial protagonismo de los modos de transporte electrificado, como es el ferroviario, especialmente en cercanías y en el metro. Más usuarios del transporte público mejorando la calidad del servicio y ampliando la bonificación para los usuarios recurrentes. Es el momento de acelerar el trasvase de pasajeros del avión en vuelos de corta duración hacia el ferrocarril, de poner en marcha los planes de movilidad de las empresas y aumentar de forma significativa el peso del ferrocarril en el transporte de mercancías.

En sexto lugar, las rebajas en fiscalidad deben reorientarse para reforzar la electrificación y especialmente la electricidad generada por fuentes renovables. Por ejemplo, adaptando el impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) con este criterio. Rebajar la imposición a los combustibles fósiles, sea el IVA o los impuestos especiales, es un mal camino. Se puede utilizar de forma excepcional y breve, pero la fiscalidad es un instrumento poderoso para promover comportamientos eficientes, en este caso sustituir la importación de combustibles fósiles contaminantes por electricidad producida en España por tecnologías renovables y limpias.

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Manuel Lago es diputado por Sumar en el Congreso de los Diputados.

Argelia ha sido durante las últimas dos décadas el principal proveedor de gas natural de España, y el Gobierno aspira a que esta relación se estreche para capear la crisis energética. Sin embargo, parece que no va a poder garantizarse un suministro mucho mayor del actual porque la tubería que une los dos países ya funciona prácticamente al 100% de su capacidad. Una segunda opción es incrementar las compras de gas licuado por barco (conocido como GNL), pero Argelia tiene la mayor parte comprometido con otros compradores. A esto se suma que Italia, que ha perdido su suministro de Catar, busca desesperadamente comprar más combustible al país norteafricano.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, visitó esta semana el país norteafricano en un encuentro que llevaba meses programado, pero que ha ganado un enorme protagonismo por la crisis energética derivada de la guerra en el Golfo. Tras reunirse con el presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, y con el ministro de Hidrocarburos, Mohamed Arkab, Albares dijo este jueves que “Argelia es un suministrador de gas fiable y constante con el que tenemos una larga tradición de suministros que queremos profundizar y renovar”.

De la reunión salió el compromiso de llevar a pleno rendimiento la tubería Medgaz, que conecta ambos países a través del Mediterráneo y que tiene capacidad para mover 10.000 millones de metros cúbicos de gas al año (o 10 bcm, en la jerga del sector), una cuarta parte de las importaciones anuales de gas de España. En realidad, el gasoducto lleva operando prácticamente al 100% de su capacidad desde enero de 2026, un ritmo no visto en la última década y un 10% superior al año pasado.

Por mucho que el Medgaz funcione a pleno rendimiento, España necesita mucho más combustible en los próximos nueve meses. El mercado global de gas licuado acaba de perder el 20% de su suministro diario por el cierre del Estrecho de Ormuz. A esto se suma que el 31 de diciembre de este año, todos los países europeos deben dejar de importar gas ruso. España importó el año pasado de Rusia el 11,4% de su gas, y de Catar, el 3%.

Ese déficit difícilmente se compensará con nuevas importaciones de Argelia. Con la conexión Medgaz ya a pleno rendimiento, la única solución está en los barcos metaneros, un negocio que Argelia explota, pero donde hay poco margen de crecimiento. Fuentes del Ministerio de Exteriores señalan, de hecho, que esta vía comercial no ha estado sobre la mesa en la visita del ministro Albares.

El año pasado España importó por barco 1,9 bcm de gas natural de Argelia, según datos de Kpler, una empresa de seguimiento de metaneros, lo que equivale al 20% de lo que España recibió por tubería de ese país. El problema es que las compras de GNL dependen de acuerdos que hay que negociar continuamente en un mercado abierto y global (el conocido como mercado spot), de manera que cualquier país dispuesto a pagar más por ese combustible se puede hacer con el cargamento. A esto se suma que Argelia ya tiene acuerdos a largo plazo para vender GNL a Turquía, Francia e Italia. Según Gonzalo Escribano, experto en Energía del Real Instituto Elcano, de los 14,5 bcm de GNL que Argelia vendió en 2024, solo 4,5 bcm fueron en spot.

Los expertos tampoco creen que Argelia vaya a incrementar su producción de gas natural a corto plazo, porque es un país que históricamente ha tenido muchos problemas para mejorar su infraestructura gasista, pese a ser una potencia energética global. "El gas argelino lleva muchos años siendo una decepción. No creemos que los flujos de gas argelino vayan a aumentar de forma significativa a corto plazo", opina Andreas Schroeder, director de Análisis Energético de ICIS, una consultora energética.

Alun Davis, investigador principal de gas en Europa de la consultora S&P, también ve otras piedras en el camino. Primero, que la demanda de gas de su propia población está creciendo rápidamente y se ha comido el escueto incremento de producción que ha logrado tener desde 2020, por lo que cada vez tiene más dificultades para exportar. Segundo, que en este momento los precios del GNL en el mercado spot de Asia son más elevados que en Europa, de manera que ahora tiene un incentivo mayor para vender su gas a Asia antes que a España.

A estos problemas se suma la enorme presión y competencia que ejerce Italia. Este país importó el año pasado el 32% de su gas licuado desde Catar, un país que no va a poder exportar GNL en varios meses por los bombardeos de Irán. De hecho, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó este miércoles Argelia con el mismo objetivo que Albares.

Italia lleva cuatro años mejor posicionada que España para adquirir gas argelino tras la fuerte disputa diplomática que se produjo entre Argel y Madrid alrededor del Sáhara Occidental. El conflicto ha quedado enterrado esta semana gracias a la visita del ministro español de Exteriores, pero el daño sobre el sector energético se mantiene. Aquel choque supuso el cierre del gasoducto Argelia-Marruecos-España, una segunda conexión entre la Península Ibérica y Argelia que tenía una capacidad de exportación similar a Medgaz.

Tras esa ruptura, parte de los envíos cancelados se redirigieron hacia Italia, que cuenta con una tubería con Argelia (TransMed) cuatro veces mayor que la española, capaz de enviar anualmente 39 bcm de gas natural. A través de ese gasoducto se enviaron el año pasado 20,2 bcm de gas, según Energy Intelligence, de manera que Italia podría incrementar un 100% esas importaciones sin recurrir a barcos metaneros.

Alun Davis opina que esa ventaja es crucial en la carrera entre España e Italia por el gas argelino. "Dado que Italia es, en esencia, el único mercado con capacidad de importación disponible a través del gasoducto desde Argelia, y que los precios del mercado italiano suelen ser más altos que los españoles, cabría esperar que Italia se beneficiara de cualquier posible aumento de las exportaciones que Argelia pudiera generar", valora el experto.

Schroeder, analista de ICIS, advierte también de que aunque Italia y España sean socios, no se puede esperar que los dos países vayan a cooperar en estas conversaciones. "Italia se enfrenta a una escasez de gas porque es el país europeo más dependiente de Catar. Tendrá que asegurarse de garantizar los volúmenes de suministro a corto plazo y su prioridad no será ayudar a sus vecinos ni a otros países de la UE en momentos de crisis", opina.

No obstante, la agencia Bloomberg asegura que la visita de Meloni tuvo un resultado limitado. Sonatrach, la compañía gasista nacional de Argelia, comunicó a Italia que si quiere comprar más GNL tendrá que hacerlo en el mercado spot, pagando el sobreprecio que tiene ese combustible sobre el que se vende en contratos a largo plazo. 

La salida de María Jesús Montero de la Vicepresidencia Primera y del Ministerio de Hacienda para presentarse como candidata socialista en Andalucía ha propiciado que Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, haya asumido este viernes el cargo de vicepresidente. En el siguiente escalón de las vicepresidencias se encuentra la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ostenta la segunda, y en tercer lugar Sara Aagesen, que lidera la cartera de Transición Ecológica. En el Ejecutivo también se estrena como ministro de Hacienda Arcadi España. Con este nuevo esquema, vuelven a encontrarse en las vicepresidencias dos enfoques económicos que han generado no pocos debates en la coalición de PSOE y Sumar.

Los ministros Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz han protagonizado algunas de las disputas más llamativas dentro del seno del Gobierno, una dinámica que ya se venía dando cuando Nadia Calviño ostentaba la cartera de Economía. El subsidio por desempleo, la entrada de capital saudí en Telefónica o las prórrogas de los ERTE llenaron titulares y debates con los enfoques (nada próximos en general) desde cada uno de los ministerios. Ahora el esquema se repite y Economía vuelve a la vicepresidencia primera de la mano de Cuerpo, aunque las diferencias entre Trabajo y Economía, en realidad, nunca cesaron. La reducción de jornada, el salario mínimo interprofesional (SMI) o el registro horario han sido, y son, los frentes abiertos entre las, ahora, vicepresidencias primera y segunda. 

Sus diferencias emergen de dos enfoques diferentes sobre cómo debe ser la economía política. Carlos Cuerpo llegó al ministerio en 2023. Es un perfil técnico, poco dado a entrar en disputas políticas —ni siquiera tiene carnet del PSOE—. Comenzó su carrera en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Posteriormente, se marchó a Bruselas como analista económico antes de recalar en la política. Yolanda Díaz es abogada laboralista y tuvo su propio despacho. Comenzó su carrera política como concejala en el Ayuntamiento de Ferrol por Izquierda Unida. Su relación con los sindicatos es estrecha y durante sus primeros años de mandato contó con una posición fuerte en la mesa de diálogo social, llegando a consensos incluso con la patronal de las empresas. Un ejemplo característico de esto se produjo en 2020 cuando se acordó de forma tripartita una subida del SMI. O cuando se plantearon los ERTE por la pandemia.

Ahora las posiciones del Ministerio de Trabajo y de las patronales CEOE y Cepyme están mucho más alejadas e incluso desde el Gobierno se ha reprochado a los empresarios su negativa rotunda a participar en algunas negociaciones. Economía, en cambio, se posiciona en un terreno intermedio y ha defendido, por ejemplo, medidas especiales para las pymes en relación con el nuevo registro digital o plazos más dilatados para su posible implementación. De hecho, el fichaje digital es el enfrentamiento más sonoro que mantienen ambos ministerios en la actualidad. 

Fuentes de Trabajo señalaban recientemente a este periódico que el ministerio liderado por Carlos Cuerpo había tenido en general, y no solo ahora, una concepción económica ortodoxa y que la tónica solía ser la de disputar los pasos que se daban en el ámbito laboral. 

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo para la legislatura y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que decayó por falta de respaldo en el Congreso. También será, previsiblemente, un reestreno de los ya conocidos duelos entre las vicepresidencias primera y segunda.

Recientemente, Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba este miércoles la titular de Trabajo en el Congreso. Previamente, fuentes de Trabajo habían señalado que Economía estaba boicoteando uno de los acuerdos de Gobierno con Sumar. 

De hecho, muchas veces se ha hablado, más que de diferencias, de unas políticas económicas a dos velocidades. Si Economía pide “tiempo”, “equilibrio” o plazos más largos; Trabajo suele presionar para un aterrizaje más rápido y plazos más cortos. Es algo que se ha visto, por ejemplo, en el debate sobre la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar hasta los diez días. Tras el anuncio de Trabajo, Cuerpo respondía desde Bruselas que la propuesta debía implementarse, eso sí, “de forma equilibrada, teniendo en cuenta a las empresas”, remarcaba. 

Es habitual que Díaz apriete en el debate público y que Cuerpo replique ciñendo el debate a las medidas técnicas. “Es casi de mala persona decirle a los trabajadores que no a reducir la jornada media hora al día”, le espetaba la vicepresidenta segunda en relación a la posibilidad de reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, a lo que el ministro replicaba aludiendo a las cuestiones de fondo, es decir, a la norma, y evitando los adjetivos. Este perfil, de político solvente con los datos, calmado y con alto conocimiento técnico, le ha valido a Cuerpo ser el ministro mejor valorado, según el último barómetro del CIS, publicado en enero. Como curiosidad, cuando en 2021 Yolanda Díaz repetía aquello de “le voy a dar un dato” en los debates parlamentarios, era a ella a quien el CIS coronaba como la mejor posicionada. 

Por otro lado, el buen comportamiento de la macroeconomía española, siendo uno de los países que más a salvo se ha puesto del estancamiento que sufren países como Alemania y con un crecimiento del 2,8% en 2025, el doble que la zona euro, también ha hecho del Ministerio de Economía un reducto de buenas noticias que, sin duda, suma puntos a esta buena percepción.

Tras el anuncio ayer tarde de los nuevos nombramientos por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda ha felicitado a Carlos Cuerpo en sus redes sociales. "Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera y bienvenido Arcadi España al Consejo de Ministros y Ministras", a lo que añadía una referencia al acuerdo de Gobierno, en el que, como han insistido estos días desde Sumar, figura la reducción de jornada y el control horario. “Seguiremos trabajando en defensa del acuerdo de Gobierno y afrontando los retos que aún tenemos pendientes en nuestro país", finalizaba su texto en la red social Bluesky. 

El barril de petróleo de brent para entrega en mayo cerró hoy la semana a 112,57 dólares, un precio que refleja que el mercado no ve señales de distensión en el golfo Pérsico y que supone el precio más alto desde julio de 2022, informa EFE.

Ayer jueves, el brent cerró a 108,01 dólares, lo que significa que en un solo día ha subido 4,56 dólares, equivalente a un 4,22%. 

También el texas —de referencia en América—, que cerró hoy en 99,64 dólares el barril, marcó niveles que no se veían desde el principio de la guerra con Ucrania.

Ayer, el presidente Donald Trump postergó hasta el 6 de abril un eventual ataque contra las instalaciones petroleras iraníes al dar a entender que había negociaciones para un posible fin de la guerra, lo que no ha sido confirmado por parte de Teherán.

En la realidad, el estrecho de Ormuz no da señales de distensión, como lo demostró hoy el hecho, reportado por la organización Marine Traffic en su cuenta de X, de que dos cargueros chinos que se dirigían a Ormuz tuvieron que dar media vuelta por no contar con garantías de paso por parte de Irán (y ello pese a la alianza estratégica entre Irán y China).

En el mapa posteado en la cuenta de Marine Traffic, se ve cómo los dos cargueros, procedentes del norte, se dirigen hacia Ormuz para acceder al océano Índico, cuando dan media vuelta al embocar la entrada del estrecho, supuestamente cargados de crudo.

El cierre de facto del estrecho de Ormuz se ha convertido en la principal arma de represalia de Irán en esta guerra lanzada por Estados Unidos e Israel, y el presidente estadounidense Donald Trump no está logrando convencer a sus aliados —pese a sus múltiples llamamientos— para que formen una coalición o cualquier tipo de mecanismo que garantice un paso seguro por Ormuz.

Por ese estrecho transita un 20% del crudo mundial y un porcentaje superior de gas licuado. 

La inflación se elevó en marzo al 3,3% interanual, un punto más que en febrero, como consecuencia del encarecimiento de los carburantes tras la subida del petróleo provocada por la guerra en Oriente Medio, para llegar así a un nivel que no se alcanzaba desde junio de 2024, según informa EFE.

De acuerdo con el indicador adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), también han influido al alza en la inflación de marzo, aunque en menor medida que los carburantes, el aumento de precio del gasóleo para la calefacción y el menor descenso que hace un año de la electricidad.

La tasa estimada para la inflación subyacente, que es el índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, se mantuvo en el 2,7% interanual, igual a la registrada en marzo.

El Ministerio de Economía ha explicado en un comunicado que el comportamiento de la electricidad ha contribuido a amortiguar la inflación en marzo, dado que la apuesta por las renovables —que hoy fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019— está actuando "como escudo frente al shock energético por la guerra en Irán".

Economía defiende que su plan de respuesta, convalidado este jueves en el Congreso, está diseñado para que este impacto externo "no se traslade de forma permanente ni a la inflación, ni al poder adquisitivo de los hogares".

Asimismo, el ministerio destaca que esta semana los carburantes ya están bajando como consecuencia de las rebajas fiscales incluidas en el decreto ley que está en vigor desde el 21 de marzo, aunque siguen presionados al alza por la cotización del petróleo, los fletes y los márgenes de refino.

El petróleo brent, que antes de la guerra cotizaba a alrededor de 70 dólares el barril, ha comenzado este viernes la sesión cerca de los 110 dólares por barril.

Los datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) esta semana señalan que el precio del gasóleo en las estaciones de servicio fluctuaba entre 1,432 euros por litro y 2,205 euros tras aplicarse la rebaja fiscal a los carburantes, todavía un 23% por encima del precio máximo del 28 de febrero, fecha en la que comenzó el conflicto contra Irán.

De acuerdo con los datos publicados este viernes por el INE, solo en el mes de marzo, en comparación con febrero, los precios de consumo subieron un 1%, presumiblemente también por el impacto de las gasolinas.

El IPC armonizado (IPCA), que proporciona una medida común de la inflación que permite realizar comparaciones internacionales, se situó también en el 3,3% interanual, ocho décimas más que en febrero, y subió un 1,5% en comparación mensual. La inflación subyacente del IPCA se situó en el 2,8%.

El sector del porcino español, el más potente de la Unión Europea, comienza a convivir con la peste porcina africana (PPA). El foco original, detectado hace exactamente cuatro meses, se ha extendido a una zona mucho mayor y cada semana se detectan nuevos positivos entre los jabalíes silvestres, pero el virus continúa alejado de las granjas y no hay contagios en cerdos, lo que permite mantener el 80% del volumen de exportaciones que había antes de la crisis.

Para considerar a un país libre de la PPA y volver a acceder al 100% de los mercados internacionales deben pasar 12 meses desde la detección del último positivo, pero por ahora no ha empezado a correr ese calendario. El último reporte del Ministerio de Agricultura, del 19 de marzo, registraba cinco contagios nuevos frente al informe de la semana anterior, con un total de 232 positivos divididos en 40 focos. Y ninguna prueba apunta a un cambio de tendencia.

El titular de ese ministerio, Luis Planas, ha subrayado esta semana que aún así el sector está protegido porque la peste porcina no ha entrado en ninguna explotación, y que la mejor prueba de que el control del virus ha funcionado es que el 82% de los certificados –cada uno de los más de 400 productos que se venden procedentes del cerdo– se siguen exportando, así como el 80% del volumen total de productos. "Un país que no diese garantías no estaría ni en el 40%", comentó el ministro en una entrevista en TV3 este martes.

Lo único que ha cambiado desde el estallido de la crisis es el precio del cerdo. En las primeras semanas el coste del animal se desplomó ante la previsión de una sobreoferta –por la caída de las exportaciones–, pero el precio del cerdo vivo ha remontado sin parar en las últimas seis semanas, hasta los 1,25 euros por kilo, alrededor de un 20% más que a cierre de 2025. Y ya está muy cerca de los 1,30 euros que costaba antes de la crisis.

Esta subida no significa que el sector esté sumido en el optimismo por la situación epidemiológica, sino que es una respuesta natural del mercado tras el desplome de precios en diciembre y enero, según Miquel Àngel Bergés, director general de Mercolleida, la lonja porcina de referencia. "La subida de marzo es habitual porque en enero hay exceso de oferta de cerdo y el precio baja, para después volver a subir. En España y en Europa. Y este año se suma que en España teníamos unos precios excesivamente bajos", valora el portavoz. "De momento seguirán subiendo hasta Semana Santa, y después es incierto", añade.

Pablo Resco, experto en mercados agrarios de Plataforma Tierra, describe cómo el porcino español se mantiene en una calma tensa: los precios comienzan a asentarse y parece que las exportaciones no peligran, pero todo depende de que la PPA continúe sin saltar a un cerdo de granja. En este momento ya se han registrado casos en jabalíes silvestres en diez municipios y hay 45 explotaciones ganaderas bajo vigilancia intensa.

"El sector está preocupado, pero no estamos en el pánico del primer momento. Se ha logrado estabilizar la zona afectada y no estamos en el peor escenario", valora Resco.

La crisis ha golpeado además en un momento dorado, con un récord de producción porcina en 2025 de 5,27 millones de toneladas de producto, aunque eso hace todavía más vulnerable al sector, porque acumula un stock mayor de carne mientras la lista de compradores se ha reducido.

Una decena de países han prohibido de manera prácticamente total las importaciones de cerdo español, con Japón, México y Filipinas como los más grandes. Otros 11 tienen limitaciones parciales (entre ellos Brasil y Argentina). La buena noticia es que toda la Unión Europea y China, los dos grandes socios de la ganadería porcina española, permiten la entrada de cerdo de fuera de la provincia de Barcelona. Otros grandes compradores como Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos también tienen la puerta abierta al producto ibérico, así como otro medio centenar de países.

Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC), por su parte, señala que esta crisis porcina ha sacado a la luz otros problemas del sector. "Es un buen momento para plantearnos un debate sobre el futuro del cerdo en España", valora. Por ejemplo, si el modelo de sobreproducción es viable a largo plazo. "Creo que el crecimiento que hemos tenido en el sector no volverá a repetirse", añade. Los motivos son varios: China cada vez importa menos cerdo, el impacto ambiental de las granjas intensivas es enorme y criar a millones de cerdos genera una gran dependencia de importaciones de cereales y soja para alimentarlos. 

Varios expertos recuerdan también estos días que la crisis de la peste porcina en Alemania, que sufre desde hace cinco años, ha llevado a pique a la ganadería de cerdo de este país. La producción total ha caído en una cuarta parte desde 2020 y unas 5.000 explotaciones han cerrado.

El ministro Luis Planas también subrayó el martes que España ya está en la fase dos de la respuesta frente a la PPA –la primera fue la de controlar geográficamente el virus–, que consiste en la caza masiva de jabalíes, un animal que es capaz de extender el virus a docenas de kilómetros a la redonda. En los primeros meses del brote, el Gobierno prefirió optar por otras respuestas de control, pero a medida que el área de riesgo ha multiplicado su tamaño –abarca ya 33 municipios, para el riesgo bajo–, hace falta una respuesta más dura.

El ministerio se posiciona así con las demandas que hizo el sector porcino desde el primer minuto de la crisis, que reclamó abatir a todos los jabalíes en un área de 20 kilómetros, una medida que fue rechazada por grupos conservacionistas, como Greenpeace, que valoraron que esa vía era un error porque esos animales "son el mensajero y la víctima de la peste porcina africana, no el culpable de que haya aparecido".

El Ministerio de Trabajo seguirá adelante con la reforma del fichaje digital, una norma que endurece la forma en que los trabajadores registran su jornada y obliga a las empresas a hacerla "digital e interoperable" para que Inspección de Trabajo tenga acceso a la información. El ministerio que dirige Yolanda Díaz seguirá adelante con la tramitación del real decreto a pesar de que el Consejo de Estado —y previamente el Ministerio de Economía—, se han mostrado en contra de la formulación de la norma. Fuentes de Trabajo explican que dichos informes no son vinculantes y en ningún caso paralizan la tramitación de la norma. Señalan además que esta medida formaba parte del acuerdo de Gobierno, por lo que esperan que siga adelante pese a las dudas del Ministerio de Economía.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo para la legislatura y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que decayó por falta de respaldo en el Congreso. Por eso, las mismas fuentes señalan que si la jornada efectiva en España está en 40 horas semanales, lo lógico es que ese horario se cumpla y se controle escrupulosamente.

En la mañana de este martes el titular de Economía pedía una implementación "equilibrada" y calificaba el proyecto de "ambicioso". Desde este ministerio pedían un periodo de adaptación más largo para las pequeñas empresas y Trabajo argumentaba que muchas pymes ya utilizaban aplicaciones de fichaje, por lo que el coste sería cero para muchas de ellas. Además, las mismas fuentes de Trabajo señalan que el real decreto no modifica la ley, sino que aporta una herramienta más fiable para su cumplimiento, de forma que se evite el fraude con horas extra no pagadas ni reconocidas.

La evaluación del Consejo de Estado lanza tres críticas fundamentales al fichaje digital: la primera, que excede la potestad reglamentaria del ministerio al imponer "nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores" y que podría interferir en competencias que atañen a a la negociación colectiva; la segunda es relativa al cálculo del coste, que consideran insuficientemente fundamentado; y una tercera, que se apoya en un dictamen de la Agencia de Protección de Datos que considera que "no se cumplen las exigencias propias de la reserva de ley en la materia" por el acceso de terceros a los asientos del registro de los trabajadores.

Para el Ministerio de Trabajo estas críticas resultan desafortunadas y las mismas fuentes señalan que no supone un cambio legal, sino que simplemente implementa una herramienta digital y a la que Inspección de Trabajo puede acceder con más facilidad. La norma, insisten, busca mejorar un sistema que ya existe desde 2018 para que sea efectivo y permita atajar el grave problema de las horas extras no remuneradas, que se estiman en dos millones semanales.

También inciden en la potestad del Gobierno para regular este aspecto y subrayan que no puede depender de la negociación colectiva ni hacer excepciones según el tamaño de la empresa. Porque de ser así, insisten, no se estaría protegiendo a todos los trabajadores por igual.

Ante las preguntas de los periodistas al respecto, Carlos Cuerpo no ha entrado al choque y se ha limitado a pedir una implementación equilibrada para las pymes. Para su tramitación, la norma tendrá que pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), dependiente de su ministerio. Yolanda Díaz si ha señalado a Economía como uno de los obstáculos para la puesta en marcha de la medida y en un mensaje en red social Blue Sky señalaba que "A pesar de los intentos del Ministerio de Economía", sacarían adelante el proyecto.

En el universo de la película de ciencia ficción Dune, quien controla la única fuente de la vital sustancia, conocida como “especia”, gobierna el imperio. Esto no se debe a que sea el único recurso importante. Pero sin él, no funciona nada: ni la navegación interestelar ni el comercio entre planetas. En la película, la “especia” no es el objetivo final, pero sí el elemento que hace posible todo lo demás.

En la transición energética ocurre algo parecido. El debate público normalmente pone el foco en los paneles solares, los aerogeneradores y los coches eléctricos. Sin embargo, el verdadero recurso crítico es mucho menos visible: la capacidad de la red eléctrica. En España, la noticia que acapara titulares es que se están batiendo récords de generación renovable. Pero se omite que este hito está empezando a padecer los problemas de una limitación de la que pocos hablan: según los datos publicados por el operador del sistema eléctrico, aproximadamente el 75% de los nodos de la red de transporte ya no admiten nueva demanda eléctrica.

¿Y esto qué quiere decir? No falta electricidad: lo que empieza a escasear es la infraestructura que permite conectarla.

La red de transporte es la estructura básica del sistema eléctrico. Se encarga de conectar las zonas de generación de energía con los grandes centros de consumo. Es decir, alimenta ciudades, industrias y todo tipo de servicios. Para conseguirlo, está formada por más de 45.000 kilómetros de líneas de alta tensión que trabajan, principalmente, a 220 y 400 kilovoltios.

Desde el punto de vista de la generación, el sistema eléctrico español tiene más de 129 gigavatios de potencia instalada (dato publicado por Red Eléctrica el 31 de diciembre de 2024). Y de esta cantidad, el 66% corresponde a la energía renovable. La capacidad de generación, por tanto, no es el principal límite del sistema.

El desafío aparece en otro punto: la capacidad de conexión a la red. Las redes eléctricas tienen límites físicos asociados a la capacidad de las líneas, los transformadores y los criterios de seguridad que garantizan la estabilidad del sistema. Cuando esos límites se alcanzan en un nodo, no es posible conectar nuevas instalaciones sin reforzar previamente la infraestructura existente.

El funcionamiento del sistema eléctrico se basa en un mecanismo administrativo conocido como acceso y conexión. Cualquier instalación que quiera conectarse a la red (para generar electricidad o para consumir grandes cantidades de energía) debe solicitar un permiso en un punto concreto del sistema. Si existe capacidad disponible en ese nodo, el operador del sistema puede conceder el acceso. Ese permiso reserva capacidad en la red mientras el proyecto avanza en sus distintas fases administrativas y de construcción.

De esta forma, se garantiza que el funcionamiento del sistema eléctrico sea seguro y estable. Sin embargo, también implica que la capacidad disponible puede quedar comprometida durante varios años mientras los proyectos se desarrollan. Actualmente, existen decenas de gigavatios de potencia con permisos de acceso concedidos, asociados a proyectos industriales, energéticos o tecnológicos que todavía no se han construido.

Si estos proyectos no alcanzan determinados hitos administrativos dentro de los plazos establecidos por la regulación, los permisos caducan y la capacidad reservada vuelve a liberarse. Por lo que en los próximos años, cuando venzan muchos de esos plazos asociados a permisos concedidos desde 2020, parte de esta capacidad podría volver a estar disponible.

La cuestión no es trivial. Adquiere especial relevancia en el contexto europeo. Las políticas climáticas impulsan la sustitución progresiva de combustibles fósiles por electricidad en sectores como el transporte, la climatización de edificios o numerosos procesos industriales. Obviamente, este cambio aumenta la demanda eléctrica a medio y largo plazo.

Al mismo tiempo, están surgiendo nuevas actividades intensivas en consumo eléctrico, como los centros de datos o la producción de hidrógeno renovable. Estas requieren grandes cantidades de energía y acceso estable a la red. Y no es algo que ocurra en “un lugar muy muy lejano”, como en los cuentos infantiles: España aspira a atraer parte de estas inversiones gracias a su abundancia de recursos renovables y a la posibilidad de producir electricidad con bajas emisiones.

¿Y podemos atraerlos y mantenerlos solo con renovables en cualquier lugar geográfico del país? No. Para que estos proyectos se materialicen es imprescindible que exista capacidad de conexión en la red eléctrica. Si esa capacidad no está disponible en determinados territorios, las inversiones pueden retrasarse o desplazarse hacia otras regiones con infraestructuras más accesibles. Esto supone que la red eléctrica se está convirtiendo en un factor cada vez más relevante en la competitividad industrial.

La congestión de redes eléctricas no es un fenómeno exclusivo de España. En numerosos países están apareciendo problemas similares. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cola de proyectos energéticos que esperan conexión a la red supera ampliamente la capacidad eléctrica actualmente instalada.

En Europa, la expansión de las energías renovables y la electrificación de la economía están obligando a replantear sistemas eléctricos diseñados en gran medida para el modelo energético del siglo XX. Durante décadas, el sistema eléctrico se organizó alrededor de un número relativamente reducido de grandes centrales térmicas o nucleares. La electricidad se generaba en unos pocos puntos y se distribuía hacia los centros de consumo. Ahora, las energías renovables han cambiado esa lógica. Los parques eólicos y solares se instalan donde existen recursos naturales adecuados, lo que produce un sistema mucho más distribuido y con flujos eléctricos más variables.

Las redes existentes no siempre están dimensionadas para este nuevo patrón de generación y consumo. Así, en España, el desarrollo de la red de transporte se planifica mediante ciclos regulatorios plurianuales. El Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026 contempla inversiones superiores a 7.000 millones de euros destinadas a reforzar la infraestructura eléctrica, integrar energías renovables y mejorar la seguridad del sistema. Estas actuaciones incluyen nuevas líneas de alta tensión, ampliaciones de subestaciones y refuerzos de las interconexiones internacionales con Francia y Portugal.

Sin embargo, el desarrollo de infraestructuras eléctricas es un proceso complejo. Requiere planificación a largo plazo, autorizaciones administrativas y, en muchos casos, la construcción de infraestructuras lineales que atraviesan grandes extensiones de territorio. Esto significa que ampliar la red eléctrica suele llevar años.

Para el común de los mortales, sin conocimientos profundos del funcionamiento de la red, la transición energética suele imaginarse como un despliegue de tecnologías visibles: parques solares, aerogeneradores o vehículos eléctricos. Pero detrás de esa transformación existe una infraestructura mucho menos visible que es imprescindible para que todo el sistema funcione.

Si volvemos al símil con el universo presentado en la película de Dune, donde la especia sostiene todo el sistema político y económico, la capacidad de la red eléctrica puede convertirse en el recurso crítico que determine la velocidad real de la transición energética. Porque en una economía cada vez más electrificada, producir electricidad limpia es solo una parte del desafío. La otra consiste en construir las infraestructuras necesarias para que esa electricidad pueda llegar allí donde se necesita.

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Paula Lamo es profesora e investigadora en la Universidad de Cantabria. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

El precio de crudo brent se hunde este lunes un 8%, hasta los 103 dólares por barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que pospone durante cinco días los ataques contra objetivos energéticos iraníes porque mantiene conversaciones con Irán para un posible alto el fuego.

Al cierre europeo, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 8,03%, hasta los 103,18 dólares, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

Pocos minutos después de las 12:00 horas en España (11.00 horas GMT), el brent ha llegado a bajar casi un 17%, hasta tocar un mínimo en los 96 dólares por barril.

El barril de crudo ha reaccionado así a una declaración de Trump, publicada en su red social Truth Social, en la que asegura que Estados Unidos y Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones "muy positivas y productivas" sobre la resolución total de sus hostilidades en Oriente Medio.

"En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso", ha detallado Trump.

El anuncio hecho por Trump ha provocado un giro en la cotización del petróleo que, en el caso del brent, ha llegado a subir durante la mañana de este lunes hasta alcanzar un máximo en los 114,43 dólares.

No obstante, después de las declaraciones de Trump se ha girado fuertemente a la baja, al igual que el petróleo de Texas (WTI), que caía el 7,3%, hasta los 91,09 dólares con el fin de la cotización en los parqués europeos.

Asimismo, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, ha cerrado su cotización con una bajada del 5,6%, hasta los 56,03 euros por megavatio hora (MWh).

Casi un año después del apagón del 28 de abril, un grupo de medio centenar de expertos europeos ha concluido que el origen del episodio fue un problema de sobretensión de la red, una anomalía que no tiene precedentes en el continente. Los autores achacaron el incidente a una "tormenta perfecta" de diferentes problemas mientras subrayan que las energías renovables son absolutamente seguras, incluso si suponen el 100% de la generación de un país.

Esto no va sobre energías convencionales o renovables, sino sobre control de tensión. Y todos los tipos de generación pueden controlar la tensión", repitió en varias ocasiones este viernes Damian Cortinas, presidente del consejo de administración de ENTSO-E, la Asociación de Gestores Europeos de Redes de Transporte de Electricidad, durante la presentación del informe final sobre las causas del incidente. También han participado en el estudio expertos de todo el continente de ACER, la agencia europea de reguladores eléctricos.

Desde el mismo día del apagón, las renovables han estado en el punto de mira de una parte del sector energético, aunque los expertos en redes eléctricas ya dijeron que la participación ese día de más centrales térmicas no habría cambiado el desenlace. Los críticos subrayaron que ese exceso de solar y eólica redujo la inercia de la red, un parámetro imprescindible para controlar la frecuencia, pero el nuevo informe calcula que un 20% más de inercia no habría ayudado. "Los resultados indican que una inercia adicional habría tenido un impacto mínimo en la evolución del incidente", se lee. De hecho, la frecuencia habría caído incluso más rápido en ese escenario.

Lo que sí avisaron los expertos entonces, y ahora subraya el análisis, es que las renovables deben aportar control de tensión dinámico al sistema, una tarea que en aquel momento solo realizaban las instalaciones tradicionales, principalmente las centrales de gas natural. Esta modificación ya se ha introducido en los procesos de operación de la red eléctrica española y esta misma semana se ha inaugurado con medio centenar de instalaciones, y otras tantas se unirán próximamente.

El problema es que solo las plantas renovables construidas posteriormente a 2020 tienen instalada la tecnología para hacerlo –porque fue entonces cuando se hizo obligatorio en Europa–, y una de las recomendaciones del informe de este viernes es que se obligue también a las renovables más antiguas a adaptarse para realizar ese control de tensión dinámico

Cuando se señala la necesidad de que las renovables controlen la tensión, se apunta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la encargada de fijar los conocidos como procesos de operación del sistema eléctrico, los parámetros que deben cumplirse para garantizar la seguridad. Este organismo llevaba cinco años haciendo pruebas sobre cómo las renovables, principalmente la fotovoltaica, pueden inyectar en la red potencia reactiva –una clase de energía que permite controlar la tensión–, y esperaba introducir este mecanismo en 2026, pero con el apagón aceleró el trabajo y estuvo listo en apenas un mes, el 12 de junio.

Como ya ocurrió en el informe preliminar que presentaron en octubre, en el nuevo análisis los expertos no han señalado a ningún culpable concreto, aunque señalan problemas cuya responsabilidad recae en todos los actores del sistema: las grandes empresas eléctricas, el operador de la red (Red Eléctrica), la CNMC y el Ministerio de Transición Ecológica

"Tenemos recomendaciones para que esto no vuelva a ocurrir, pero nuestro cometido no es atribuir culpables. Eso depende de la interpretación que hagan las autoridades nacionales", dijo Cortinas el viernes. Preguntado por si Red Eléctrica tenía más responsabilidad que los demás por su papel de gestor de la red, insistió en que no hubo una única causa. "Fue una combinación de todas ellas, una tormenta perfecta".

El estudio de ENTSO-E volvió a destacar conclusiones ya conocidas, como que "algunas" las grandes plantas de ciclo combinado que debían controlar la tensión no cumplieron con su cometido– pese a que reciben una remuneración por ello, que en 2025 ascendió a 1.200 millones de euros– y no absorbieron toda la potencia reactiva que se ordenó.

También explican que muchas instalaciones de generación se desconectaron de la red cuando la tensión era elevada, pero por debajo de lo que la normativa obliga a soportar, lo que agravó la situación de manera drástica porque eso generó un efecto dominó que aumentó aún más la tensión y provocó que otras plantas se desconectasen. La red de transporte tiene una tensión media de 400 kV, pero todos los que se conectan a ella deben soportar picos de hasta 435 kV. De 19 subestaciones que examina el informe, solo seis se desconectaron dentro del rango legal, nueve incumplieron y del resto no se tienen datos concluyentes.

Lo que sí han aportado nuevo en este análisis es el papel que jugaron las desconexiones de paneles solares de pequeño tamaño (inferior a 1 MW) instalados en casas, oficinas o fábricas, un área gris que es extremadamente difícil de controlar. Aunque individualmente son instalaciones pequeñas, ese día se desconectaron por la inestabilidad de la red una cantidad ingente –alrededor de 800 MW– en los minutos e instantes previos al apagón, según ENTSO-E, incrementando aún más la tensión en el sistema.

También es cierto, destacan los autores del trabajo, que España tiene unos baremos legales de tensión demasiado grandes. Mientras que lo normal en Europa es que el límite de tensión en la red de transporte esté en 420kV (también en Portugal), en tope en España es de 435 kV. Dos horas antes del apagón ya se alcanzaron tensiones en algunos puntos superiores a 420 kV, unas cifras que en otros países habrían levantado las alarmas, pero que en España entran dentro de rango. Por eso los expertos de ENTOS-E piden rebajar ese tope al umbral estándar del continente. La CNMC también solicitó este cambio el jueves al Ministerio de Transición Ecológica dentro de su paquete de respuesta al incidente.

Otro de los problemas que destacaron fue el fallo de respuesta de las reactancias, unas máquinas que se instalan en subestaciones eléctricas para controlar la tensión de la red. En España y en muchos otros países se activan y apagan de manera manual, y eso provocó que no se conectaran a tiempo todas las reactancias necesarias aquella mañana. En los minutos previos al apagón, Red Eléctrica las desconectó para incrementar la tensión de la red, que era inusualmente baja en ese momento, pero cuando la tensión comenzó a subir de manera descontrolada, solo se conectó el 58% de la capacidad de reactancia con la que contaba el sistema eléctrico español. Los expertos proponen que ese mecanismo se automatice, como ocurre en Francia.

Los directivos de ENTSO-E insistieron durante la presentación del estudio en que muchos de las correcciones que proponen no solo van destinadas a España, sino que toda Europa, y la propia organización de gestores tienen que aprender de la experiencia ibérica. "Nunca antes había ocurrido algo así. Lo más importante que sabemos ahora es que estos problemas de sobretensión pueden afectar a gran escala y que pueden apagar un país entero. Y que ahora sabemos qué tenemos que hacer para corregirlo", subrayó Damian Cortinas.

Los efectos de una prolongada guerra en Irán podrían frenar el consumo de los estadounidenses y afectar más de lo previsto a la mayor economía del mundo, advirtió este viernes el gobernador de la Reserva Federal (Fed), Chris Waller.

De extenderse el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel, que en las últimas tres semanas ya ha desestabilizado a los mercados y disparado por encima de los 100 dólares el precio del barril de crudo, los consumidores del país norteamericano podrían comenzar a "frenar su gasto", dijo Waller a CNBC. "(Los estadounidenses) están mirando el nivel del tanque, están mirando el precio, y se fijan en cuánto dinero se va en llenar su vehículo frente a lo que pueden destinar a otras cosas", agregó el economista.

Waller, quien estuvo entre las principales opciones del presidente Donald Trump para ser el próximo presidente de la Fed, indicó que esta situación "comienza a influir en la manera en que los consumidores ven la economía". "Por lo tanto, todos estos factores podrían terminar inclinando a la (economía), no quiero decir que hacia una recesión, pero sí, de repente, hacia un debilitamiento mucho mayor de la economía de lo que habíamos previsto", reconoció Waller, uno de los miembros del comité encargado de decidir sobre la política monetaria estadounidense y nombrado por Trump para el cargo en 2020.

La Fed y su actual presidente, Jerome Powell, han estado bajo una fuerte presión por parte de Trump, que exige una bajada agresiva de los tipos bajo el argumento de que la economía marcha mejor que nunca bajo su dirección y que un retraso en la caída de las tasas afectaría esta evolución positiva.

El banco central mantuvo este miércoles sin cambios los tipos de interés, que permanecen en una horquilla de entre el 3,5 y el 3,75%, aunque aseguró que las repercusiones de la guerra con Irán son "inciertas".

Waller afirmó en la entrevista con CNBC que estaba listo para apoyar un recorte hasta que vio el reporte de empleo de febrero, en el que se destruyeron unos 92.000 empleos y adelantó que esto no quiere decir que en el futuro no apoyará una modificación en los tipos. "Simplemente quiero esperar y ver cómo evolucionan los acontecimientos; si las cosas marchan razonablemente bien y el mercado laboral continúa mostrando debilidad, volvería a abogar por un recorte de la tasa de interés de referencia más adelante este mismo año", aseguró.

Es cada vez más cara, escasa, supone la principal preocupación de los españoles y hasta pone un punto de sombra en el momento favorable que vive la macroeconomía. La vivienda está en el centro de la economía social y, a la hora de negociar el paquete de respuesta a los posibles efectos de la guerra de Irán, ha surgido como la principal polémica dentro del Ejecutivo. Sumar, ERC, Bildu y Podemos presionan para que el paquete anticrisis recoja medidas de apoyo a los alquileres, pero por el momento no parece que esta presión vaya a tener efecto. Desde la parte socialista, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicaba que las medidas del Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio están ajustadas al impacto económico que se está observando e insistía en que el escenario es distinto al que se vivió en 2022 con la invasión de Ucrania. Así, un eventual escudo en materia de vivienda quedaría condicionado al comportamiento de los precios.

“La principal medida que estamos pidiendo es la prórroga de todos los contratos de alquiler que vencen este año”, señalan fuentes de Sumar. De hecho, el propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, había declarado esta semana que la vivienda estaría entre los pilares del paquete. “En primer lugar, un nuevo escudo energético que proteja de manera reforzada a los consumidores más vulnerables. En segundo lugar, medidas de vivienda para poder proteger a las familias trabajadoras en España”, enumeró. Del lado de Economía insisten en la “flexibilidad” y en “hacer seguimiento continuo de este impacto para evaluar la eficacia de las medidas”, aunque no han concretado si a medio plazo se contemplan intervenciones específicas en el ámbito inmobiliario.

En el centro de la polémica están los alquileres, uno de los principales factores de gasto para las familias y que podría verse agravado en un eventual escenario de aumento de la inflación y subida de precios generalizada. “Las inquilinas ya necesitaban apoyo por parte de las instituciones antes de la guerra de Irán, pero la situación derivada del conflicto hace que esta intervención sea más urgente que nunca”, señalan fuentes de Sumar. Las medidas antidesahucio, prorrogadas desde 2020 —cuando se implantaron para responder a la crisis del covid y se mantuvieron por la guerra de Ucrania—, decayeron en febrero al no obtener respaldo en el Congreso por los votos negativos de PP, Vox y Junts. Pero en el escenario de una nueva crisis, Sumar, Podemos, ERC y Bildu ven una oportunidad para recuperar este escudo. La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, pedía intervenir el mercado, a la vez que Podemos criticaba la "inacción del Gobierno" y señalaba que "no se va a tomar ningún tipo de medida en materia de vivienda".

Para el Ministerio de Economía, las medidas que eventualmente se puedan tomar están condicionadas a la evolución de los precios. Por ahora, el golpe más acusado ha llegado al precio de los combustibles, pero en los organismos monetarios internacionales como la Reserva Federal estadounidense, coloquialmente conocida como la Fed, o el Banco Central Europeo (BCE) se observa la evolución de la inflación con cautela. Al igual que había hecho la Fed, el BCE decidió ayer mantener sin variación los tipos de interés en el 2%, pero aventuraba un repunte en los precios a corto y medio plazo.

"La guerra tendrá un impacto importante en la inflación a corto plazo debido al encarecimiento de los precios de la energía. Sus implicaciones a medio plazo dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto, como del modo en que los precios de la energía afecten a los precios de consumo y a la economía", apuntaba el BCE en su balance. Además, en esta nueva coyuntura, el organismo aumentó al 2,6% la subida de los precios para 2026, siete décimas más de inflación que en sus últimas previsiones. Pese a todo, la presidenta del organismo, Christine Lagarde, lanzaba también un mensaje de calma: "Estamos bien situados para navegar en esta incertidumbre", señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Otra variable a considerar a la hora de ponderar el impacto de la guerra en los bolsillos son las hipotecas. Se espera un repunte del euríbor —índice de referencia para los préstamos hipotecarios mixtos o variables— para el mes de marzo que alcanza ya el 2,4% y ha hecho que los bancos ya se centren en ofertar modalidades de hipoteca fija al 3%.

Cuerpo ha insistido en que "con Ucrania se aprobaron siete paquetes de ayuda" y no ha descartado incluir medidas más adelante, aunque tampoco ha concretado en qué podrían consistir. En anteriores experiencias, además del escudo social, el Gobierno aprobó medidas que incluían la posibilidad de alargar los plazos de pago, periodos de carencia o protocolos de refinanciación de deuda en el caso de hipotecas.

Del lado de Sumar insisten en la urgencia de la medida más allá de la crisis internacional. "En un contexto de subidas de alquiler que van desde el 25% al 70% en algunos territorios, se suma un evidente encarecimiento del coste de vida derivado del aumento de los precios del petróleo, y la vivienda tiene un impacto extraordinario en estas economías familiares que ya van al límite", señalan a infoLibre fuentes del grupo.

Hasta ahora, las iniciativas para mantener el escudo social en materia de vivienda han naufragado al pasar por el Congreso y las mismas fuentes aseguran que las negociaciones en el seno de la coalición continúan en marcha. "Seguimos negociando e insistiendo en que son medidas necesarias para este escudo social, aunque el PSOE eche balones fuera".

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha anunciado que se retira de la operación que negocia con Indra, ya que "no se dan las circunstancias que permitan una potencial operación".

El Consejo de Administración de Indra, que se ha celebrado la tarde de este jueves con carácter extraordinario, ha tomado conocimiento del escrito que les ha enviado EM&E en este sentido, según se lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la tecnológica.

Indra da por concluido el análisis que estaba efectuando para una potencial operación entre ambas compañías.

El presidente de Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), Javier Escribano, ha enviado este jueves una carta a los consejeros de Indra para comunicarles que renuncia a vender la empresa a la multinacional, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras.

Lo ha hecho un día después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiera que se resolviera el conflicto de interés que consideraba que existía antes de profundizar en el análisis de la potencial operación entre Indra y EM&E. Javier Escribano es consejero dominical de Indra en representación de EM&E y es hermano de Ángel Escribano, presidente de Indra. Ambos son propietarios del 100% de EM&E.

La sociedad pública considera que una eventual operación con EM&E "no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo".

Indra tiene previsto celebrar su consejo de administración el próximo 25 de marzo de carácter ordinario. Aunque el orden del día no se conoce públicamente, todo apuntaba a que estaba previsto que se hablara de la operación. Ahora da por cerrado el análisis que se estaba haciendo.

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró este jueves, en un desayuno organizado por RTVE y EFE, que el Gobierno desconocía que Indra explorara una operación con EM&E antes del nombramiento de Ángel Escribano como presidente de la multinacional y considera que "existe un conflicto de interés" que impide que la operación se pueda cerrar en estas condiciones. Sin embargo, Escribano desveló hace unos días en un encuentro con medios de comunicación que la operación entre ambas compañías era anterior a su nombramiento.

Fuentes conocedoras del asunto dijeron este miércoles a EFE que Escribano no pretendía renunciar a la presidencia, ya que consideraba que tenía el apoyo del Consejo de Administración y también de la Junta de Accionistas, dado que un año antes le había respaldado con más de un 98% de los votos.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, es el que tenía encomendado liderar las negociaciones para una posible operación entre ambas compañías.

El Consejo de Administración consideraba que "tiene encaje estratégico", pero aún no había decidido la fórmula concreta. El hecho de que Ángel Escribano sea el propietario de EM&E junto a su hermano Javier motivó que el Consejo de Indra acordase crear una comisión ad hoc, integrada por consejeros independientes, para supervisar la operación y gestionar el "conflicto de interés".

Entre los accionistas más relevantes, figura el fundador de grupo Ámber, Joseph Ourghoulian, que ha defendido la operación.

El fondo estadounidense Third Point LLC había expresado su apoyo a la operación.

La SEPI tiene más de un 28% de las acciones y EM&E es el primer accionista privado de Indra, con algo más del 14% de los títulos.

Con todas las miradas puestas en la guerra contra Irán y sus consecuencias, han pasado prácticamente inadvertidas las sesiones macroparlamentarias chinas de este año. Naturalmente, también sobre ellas ha planeado la tensión en Oriente Medio pero, una vez más, se cumple en cierta medida aquella sentencia dictada por el ex ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, George Yeo: “China siempre ha sido un universo en sí misma, y a veces casi se tiene la sensación de que puede seguir adelante incluso si el resto del mundo desapareciera”. No quiere esto decir que sea indiferente o hasta inmune, pero mientras la agenda de su principal competidor estratégico apunta a poner el mundo patas arriba, al parecer condición sine qua non para recuperar el aliento imperial perdido, los dirigentes chinos se afanan en hacer sus deberes internamente. 

Durante años, el interés exterior en el singular debate parlamentario chino se resumía en dos cifras de crecimiento: economía y defensa. En esta ocasión, los dos a la baja. Pero esta forma de ver las cosas ha pasado a mejor vida, en paralelo a la liquidación del viejo modelo de desarrollo. Para este año se decidió fijar un objetivo de crecimiento del PIB real de entre el 4,5% y el 5,0%. Es la primera vez desde 1991 que la cifra objetivo baja del 5%, como han apuntado muchos observadores.

El contexto de este dato es más importante que la cifra misma. Desde 2020, el objetivo fijado es que China se convierta en una economía de nivel medio para 2035, el primer gran escalón de la hoja de ruta definida por Xi Jinping con el horizonte de 2049, centenario de la fundación de la República Popular China. Según la definición del Banco Mundial, esto supondría que para entonces la renta per cápita china debe situarse en los 20.000 dólares. Y eso significaría, en la práctica, duplicar el valor del PIB per cápita en 15 años. Es evidente que está en camino de lograrlo, ya que la renta per cápita de China “solo” tendría que crecer a una tasa media anual de alrededor del 4,17% a partir de ahora. Suponiendo que China tenga una tasa media de crecimiento anual del PIB real per cápita de alrededor del 4,5% a partir de ahora, superará la premisa del Banco Mundial en 2034. Y aun así, el PIB per cápita de China seguiría representando solo el 27% del de Estados Unidos (suponiendo que el PIB per cápita de Estados Unidos crezca a una tasa media del 1,5% a partir de ahora).

La insistencia en los ingresos de la población es un hábito relativamente nuevo. Durante gran parte del denguismo, hasta el tramo final del mandato de Hu Jintao y su invocación de la armonía, las cifras de crecimiento de la economía y de los ingresos discurrían por vías distintas. Es a consecuencia de ello que China muestra un alto nivel de desigualdad de ingresos según los estándares internacionales, aunque sigue siendo inferior al de muchas otras economías emergentes. Según las últimas estimaciones, el 1% de los más ricos de China posee el 31% de toda la riqueza personal, frente al 58% en Rusia, el 50% en Brasil, el 41% en la India (y el 35% en Estados Unidos). Los millonarios y multimillonarios que hay en China siguen siendo relativamente escasos: aproximadamente uno por cada 200 adultos, es decir, el 0,5% frente al 3% de los adultos en  España o más del 8% en Estados Unidos. 

China todavía tiene un largo camino por recorrer. Al final del nuevo plan quinquenal aprobado, el nivel de vida de los hogares medios habrá mejorado significativamente, pero los niveles de renta per cápita y productividad de China seguirán estando muy por debajo de los de las economías del G7. 

La economía china no puede permitirse el lujo de ralentizarse o estancarse. La fórmula elegida para evitarlo apunta a una amplia transformación del modelo de crecimiento, destacando la importancia de las inversiones tecnológicas, no ya los productos manufacturados de bajo valor o las inversiones improductivas. Es verdad que sobre ella pesan las amenazas de la deuda, el colapso del mercado inmobiliario y el descenso del crecimiento de la productividad, pero no debiéramos infravalorar las capacidades endógenas. 

En el último plan, de los aproximadamente 20 indicadores que incluye, el énfasis se ha desplazado hacia la mejora del nivel de vida, aspecto sustancial para incrementar la significación de la demanda interna, y menos hacia el desarrollo económico en términos clásicos. Pero también en esto, con la ingente transformación de su industria, el poder de la innovación, la insistencia en la apertura al exterior y el acento en el desarrollo ecológico con el ambicioso objetivo de reducir la intensidad de carbono en un 65% para 2030, nos aguardan lecciones. Por eso que la idea de centrarse en los asuntos internos y en la calidad del crecimiento es coherente con la naturaleza de los principales desafíos que connotan su transición. Mientras, el mundo mira hacia otro lado. 

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Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China.